Una pandemia es una prueba de gobernanza

Hay momentos en la vida de las naciones, como una grave crisis, un acontecimiento extraordinario, una decisión de Estado o una elección, que pueden cambiar el curso de la historia y definir el destino de una generación.

En las últimas semanas vimos cómo una de las democracias más respetadas y admiradas del planeta puso a prueba sus instituciones, puso a prueba su Sistema de Justicia, puso a prueba a sus líderes y ciudadanos que creen en la democracia y a quienes respetan y defienden la ley y los valores que heredaron de los padres fundado- res de esa gran nación.

Los Estados Unidos de América demostró una vez más la fuerza y la confianza que les da la libertad, su valor principal, y el corazón y la razón de su éxito como nación. Estados Unidos demostró una vez más que el Estado de Derecho es la columna y el fundamento sobre el que luchan cada día para resolver sus problemas, aliviar sus diferencias; enfrentar los desafíos que presenta la fragilidad inherente a la democracia, precisamente por su naturaleza democrática, fundada en la libertad.

Estos son los valores y los sacrificios, la condición para construir una nación de oportunidades en libertad; una nación donde gobernantes y gobernados respetan la ley, y quien no lo hiciera, enfrenta la justicia.

En medio del drama y la expectativa mundial sobre el desenlace de un extraño paréntesis en el Faro Liberal de Occidente, como lo anunciaron los pronósticos, estamos enfrentando la segunda ola de una pandemia.

Para los habitantes de esta tierra, que estamos viviendo estos tiempos, a pesar de los capítulos difíciles de nuestra historia, sin duda, ésta es la crisis más severa y dolorosa de nuestras vidas.

En América Central, al virus, a nuestro subdesarrollo político, a la pobreza y a la debilidad estructural de nuestros Estados, se sumaron más hambre y la pérdida de oportunidades, que ya eran  escasas antes de la pandemia.

Una pandemia es una prueba de gobernanza, no la que intentan, o no, los gobiernos sin recursos humanos y financieros suficientes; una pandemia es una prueba de gobernanza personal.

El sentido de responsabilidad individual y sacrificio por los de- más, virtudes como el valor y la disciplina con que actuamos para cuidarnos unos a otros, la solidaridad, el equilibrio perfecto para preservar la economía, fuente de sobrevivencia, son la ecuación indispensable para llegar al otro lado de este valle de lágrimas con la mayor cantidad de vidas salvadas y con los ánimos fuertes para seguir luchando.

El 2021 será el año en que los países  desarrollados se vacunarán y empezarán el camino que los llevará al mundo que les tocará vivir después de una pandemia, con los cambios en el diario vivir, el trabajo desde casa, las novedades tecnológicas, la nueva realidad en los modelos de empresa y negocio, con los que sobrevivieron porque se adaptaron y los que se quedaron en el campo de batalla, porque ese era su destino. Esperamos que antes de 2022 tengamos el mismo plan para la América Latina.

Una de las grandes lecciones que dejará esta pandemia es la importancia de la economía. Ésta no puede ser instrumento o excusa de conflicto ideológico. La economía solo puede funcionar y florecer en un marco de libertad y certeza jurídica. La inversión, la creación de oportunidades y el mercado son los instrumentos que desarrollan naciones.

Cuidando la vida de los demás cuidaremos la nuestra, trabajando duro aliviaremos el dolor que provocan la pobreza y la falta de esperanza. Y si confiamos en nosotros mismos, practicamos un optimismo inteligente y somos ciudadanos presentes y defensores de la Libertad, la Democracia, la República y un modelo de desarrollo inteligente y estratégico, conquistaremos el futuro que merece la región que habitamos.

Esta es la prueba de nuestras vidas y el único camino para rescatar la senda del progreso.

Una pandemia es una prueba de gobernanza

Hay momentos en la vida de las naciones, como una grave crisis, un acontecimiento extraordinario, una decisión de Estado o una elección, que pueden cambiar el curso de la historia y definir el destino de una generación.

En las últimas semanas vimos cómo una de las democracias más respetadas y admiradas del planeta puso a prueba sus instituciones, puso a prueba su Sistema de Justicia, puso a prueba a sus líderes y ciudadanos que creen en la democracia y a quienes respetan y defienden la ley y los valores que heredaron de los padres fundado- res de esa gran nación.

Los Estados Unidos de América demostró una vez más la fuerza y la confianza que les da la libertad, su valor principal, y el corazón y la razón de su éxito como nación. Estados Unidos demostró una vez más que el Estado de Derecho es la columna y el fundamento sobre el que luchan cada día para resolver sus problemas, aliviar sus diferencias; enfrentar los desafíos que presenta la fragilidad inherente a la democracia, precisamente por su naturaleza democrática, fundada en la libertad.

Estos son los valores y los sacrificios, la condición para construir una nación de oportunidades en libertad; una nación donde gobernantes y gobernados respetan la ley, y quien no lo hiciera, enfrenta la justicia.

En medio del drama y la expectativa mundial sobre el desenlace de un extraño paréntesis en el Faro Liberal de Occidente, como lo anunciaron los pronósticos, estamos enfrentando la segunda ola de una pandemia.

Para los habitantes de esta tierra, que estamos viviendo estos tiempos, a pesar de los capítulos difíciles de nuestra historia, sin duda, ésta es la crisis más severa y dolorosa de nuestras vidas.

En América Central, al virus, a nuestro subdesarrollo político, a la pobreza y a la debilidad estructural de nuestros Estados, se sumaron más hambre y la pérdida de oportunidades, que ya eran  escasas antes de la pandemia.

Una pandemia es una prueba de gobernanza, no la que intentan, o no, los gobiernos sin recursos humanos y financieros suficientes; una pandemia es una prueba de gobernanza personal.

El sentido de responsabilidad individual y sacrificio por los de- más, virtudes como el valor y la disciplina con que actuamos para cuidarnos unos a otros, la solidaridad, el equilibrio perfecto para preservar la economía, fuente de sobrevivencia, son la ecuación indispensable para llegar al otro lado de este valle de lágrimas con la mayor cantidad de vidas salvadas y con los ánimos fuertes para seguir luchando.

El 2021 será el año en que los países  desarrollados se vacunarán y empezarán el camino que los llevará al mundo que les tocará vivir después de una pandemia, con los cambios en el diario vivir, el trabajo desde casa, las novedades tecnológicas, la nueva realidad en los modelos de empresa y negocio, con los que sobrevivieron porque se adaptaron y los que se quedaron en el campo de batalla, porque ese era su destino. Esperamos que antes de 2022 tengamos el mismo plan para la América Latina.

Una de las grandes lecciones que dejará esta pandemia es la importancia de la economía. Ésta no puede ser instrumento o excusa de conflicto ideológico. La economía solo puede funcionar y florecer en un marco de libertad y certeza jurídica. La inversión, la creación de oportunidades y el mercado son los instrumentos que desarrollan naciones.

Cuidando la vida de los demás cuidaremos la nuestra, trabajando duro aliviaremos el dolor que provocan la pobreza y la falta de esperanza. Y si confiamos en nosotros mismos, practicamos un optimismo inteligente y somos ciudadanos presentes y defensores de la Libertad, la Democracia, la República y un modelo de desarrollo inteligente y estratégico, conquistaremos el futuro que merece la región que habitamos.

Esta es la prueba de nuestras vidas y el único camino para rescatar la senda del progreso.

El Congreso de la República debe designar un magistrado titular con su respectivo suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC). En la lista de aspirantes, que se hizo pública hace poco, figuran dos diputados del Congreso: Luis Rosales (VALOR) y José Alejandro de León Maldonado (PODEMOS).

Es cierto que la Constitución dispone que los órganos respectivos los “designan” (artículo 260) y que hay unos requisitos (artículo 270). Pero eso no es una carta en blanco y ni cualquier proceso de designación debe ser válido ni cualquier persona que reúna esos requisitos mínimos debe ser designada para ocupar la magistratura.

Los órganos nominadores no son monarcas absolutos, de ahí la crítica al sistema cerrado y secreto por el que parece haber optado el presidente. Pero eso da para otra columna.

Recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece en el artículo 14 que toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente “independiente e imparcial…” y la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) también refiere que tenemos derecho a ser oídos con las debidas garantías “por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.” 

¿Qué implica esto? Que, si las designaciones que hagan los órganos nominadores no cumplen con evaluar el mérito, la capacidad y reconocida honorabilidad (artículos 113 y 270 constitucionales, además) y nos garantizan que se instalará un tribunal imparcial e independiente, se pone en entredicho nuestro derecho al debido proceso y a un juicio justo.

¿Conclusión que yo saco en abstracto? No. El Comité de Derechos Humanos ha expresado respecto del artículo 14 de la PIDCP que “El requisito de independencia se refiere, en particular, al procedimiento y las cualificaciones para el nombramiento de los jueces” (Resaltado propio). Más adelante, dice la Comisión, “Los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial, y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento” (Resaltado propio). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos va más lejos y ha establecido que es “necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento” (Resaltado propio).

Dicho lo anterior, ¿no constituye un conflicto de interés insalvable designar a un diputado como magistrado al tribunal constitucional? Considere el lector que el o los diputados aspirantes tienen la capacidad de negociar los votos para su designación, con lo cual ésta sería profundamente política y carente de cualquier consideración técnica y de criterios objetivos para su designación.

Algunos invocarán la designación de Alejandro Maldonado Aguirre en el año 2006 cuando era diputado al Congreso por el Partido Unionista como un precedente a esta cuestión. No cabe duda de que merece un debate más profundo aquel suceso, pero tampoco cabe duda de que hay diferencias importantes.

Maldonado Aguirre tenía unas credenciales que dan más crédito a su designación. En primer lugar, fue uno de los arquitectos de la actual Constitución como diputado constituyente y miembro de la Comisión de los 30 y como magistrado de la primera y tercera magistratura de la Corte de Constitucionalidad (1986-1991 y 1996-2001).

No cabe duda de que la situación hoy es muy distinta y entra en riña con los estándares en materia de Derechos Humanos que he citado antes. Una eventual designación de alguno de estos diputados daría lugar, sin duda, a un cuestionamiento en la vía constitucional.

Sí, el artículo 156 de la Ley de Amparo establece que la designación que haga el Congreso no es “impugnable”, pero ¿es acaso el amparo un medio de impugnación? No. Se trataría de una discusión referente a derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución en virtud de tratados internacionales en la materia.

El Congreso de la República debe designar un magistrado titular con su respectivo suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC). En la lista de aspirantes, que se hizo pública hace poco, figuran dos diputados del Congreso: Luis Rosales (VALOR) y José Alejandro de León Maldonado (PODEMOS).

Es cierto que la Constitución dispone que los órganos respectivos los “designan” (artículo 260) y que hay unos requisitos (artículo 270). Pero eso no es una carta en blanco y ni cualquier proceso de designación debe ser válido ni cualquier persona que reúna esos requisitos mínimos debe ser designada para ocupar la magistratura.

Los órganos nominadores no son monarcas absolutos, de ahí la crítica al sistema cerrado y secreto por el que parece haber optado el presidente. Pero eso da para otra columna.

Recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece en el artículo 14 que toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente “independiente e imparcial…” y la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) también refiere que tenemos derecho a ser oídos con las debidas garantías “por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.” 

¿Qué implica esto? Que, si las designaciones que hagan los órganos nominadores no cumplen con evaluar el mérito, la capacidad y reconocida honorabilidad (artículos 113 y 270 constitucionales, además) y nos garantizan que se instalará un tribunal imparcial e independiente, se pone en entredicho nuestro derecho al debido proceso y a un juicio justo.

¿Conclusión que yo saco en abstracto? No. El Comité de Derechos Humanos ha expresado respecto del artículo 14 de la PIDCP que “El requisito de independencia se refiere, en particular, al procedimiento y las cualificaciones para el nombramiento de los jueces” (Resaltado propio). Más adelante, dice la Comisión, “Los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial, y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento” (Resaltado propio). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos va más lejos y ha establecido que es “necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento” (Resaltado propio).

Dicho lo anterior, ¿no constituye un conflicto de interés insalvable designar a un diputado como magistrado al tribunal constitucional? Considere el lector que el o los diputados aspirantes tienen la capacidad de negociar los votos para su designación, con lo cual ésta sería profundamente política y carente de cualquier consideración técnica y de criterios objetivos para su designación.

Algunos invocarán la designación de Alejandro Maldonado Aguirre en el año 2006 cuando era diputado al Congreso por el Partido Unionista como un precedente a esta cuestión. No cabe duda de que merece un debate más profundo aquel suceso, pero tampoco cabe duda de que hay diferencias importantes.

Maldonado Aguirre tenía unas credenciales que dan más crédito a su designación. En primer lugar, fue uno de los arquitectos de la actual Constitución como diputado constituyente y miembro de la Comisión de los 30 y como magistrado de la primera y tercera magistratura de la Corte de Constitucionalidad (1986-1991 y 1996-2001).

No cabe duda de que la situación hoy es muy distinta y entra en riña con los estándares en materia de Derechos Humanos que he citado antes. Una eventual designación de alguno de estos diputados daría lugar, sin duda, a un cuestionamiento en la vía constitucional.

Sí, el artículo 156 de la Ley de Amparo establece que la designación que haga el Congreso no es “impugnable”, pero ¿es acaso el amparo un medio de impugnación? No. Se trataría de una discusión referente a derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución en virtud de tratados internacionales en la materia.

Cuando el transfuguismo es una ruptura del espíritu de una elección

En el mundo de los sistemas políticos, existen dos grandes familias de modelos de representación. Por un lado, encontramos el modelo de representación “como delegación”, según el cual se designa a un representante (o representantes) para que actúen como “delegados” del cuerpo social. Por otro lado encontramos el modelo de “representación social”, según el cual se busca que el órgano de toma de decisiones sea una representación lo más exacto y proporcional al cuerpo social.

A modo de ejemplo. Asumamos que en un colegio o universidad se busca integrar un Consejo Estudiantil como órgano de representación. Bajo un modelo de “delegación”, cada clase elegiría a su delegado, que por sus características personales (liderazgo, capacidad, etc.) llevaría sobre sus hombros la representación individual de sus electores. En cambio, bajo el modelo de “representación social”, se buscaría que en ese Consejo quede representado, de la forma más proporcional posible, las diferentes visiones, intereses y demandas del cuerpo estudiantil. 

Aunque no es del todo exacto, se asocia el sistema de elección uninominal o por persona con los modelos de representación como delegación; mientras que los modelos de “representación social” están asociados con sistemas de representación de carácter proporcional o con elección por listados. 

Esta discusión teórico-conceptual es clave para abordar el debate sobre sistemas de elección y transfuguismo desde una perspectiva más integral. 

En un modelo de “representación social”, donde el elector vota por listados elaborados por partidos políticos a través de un sistema de representación proporcional de minorías, el transfuguismo constituye una transgresión absoluta al resultado electoral, puesto que el diputado no fue electo a título personal, sino como parte de un “partido” o un “listado”. 

En cambio, cuando el sistema de votación es de carácter uninominal, el bloque o listado partidario pierde relevancia, puesto que el votante está individualizando su voto en la persona a quien delegará su representación. Esto implica que si el diputado renuncia (o es expulsado) de su partido político, el daño a la voluntad popular es menor, puesto que el elector votó por la persona mas no por un listado o partido.

Esa es la razón por la que en Guatemala el transfuguismo históricamente ha constituido una completa aberración a la representatividad electoral. Hasta 2016 la Ley Orgánica del Legislativo reconoció la figura del “bloque independiente” (11 o más diputados independientes) o no generaba costos a diputado que renunciaba a su partido y se integraba al otro. Esto incentivaba que los diputados constantemente se separaran del partido que les eligió en un interés por buscar mejor posición en los listados electorales o como mecanismo para acceder a prebendas político-financieras. 

Sin embargo, la reforma del 2016 permitió alinear el espíritu de la Ley Electoral con la Ley Orgánica del Legislativo. Al suprimir la figura del bloque independiente, y al establecer costos a los diputados que renunciaban a sus bloques (como no poder integrar Junta Directiva o Presidir Comisiones Legislativas), se logró reducir el margen de maniobra de diputados que rompían de sus partidos electores, y por ende, que se alejaban de la voluntad del elector.  

La clave de toda discusión es ¿Qué pasa si se introduce un sistema de elección de carácter uninominal? La integralidad de la reforma implicaría entonces que el diputado en lo individual tendría más valor que el bloque en sí mismo, y por ende, se debiera conceder mayor flexibilidad dentro del hemiciclo. 

Cuando el transfuguismo es una ruptura del espíritu de una elección

En el mundo de los sistemas políticos, existen dos grandes familias de modelos de representación. Por un lado, encontramos el modelo de representación “como delegación”, según el cual se designa a un representante (o representantes) para que actúen como “delegados” del cuerpo social. Por otro lado encontramos el modelo de “representación social”, según el cual se busca que el órgano de toma de decisiones sea una representación lo más exacto y proporcional al cuerpo social.

A modo de ejemplo. Asumamos que en un colegio o universidad se busca integrar un Consejo Estudiantil como órgano de representación. Bajo un modelo de “delegación”, cada clase elegiría a su delegado, que por sus características personales (liderazgo, capacidad, etc.) llevaría sobre sus hombros la representación individual de sus electores. En cambio, bajo el modelo de “representación social”, se buscaría que en ese Consejo quede representado, de la forma más proporcional posible, las diferentes visiones, intereses y demandas del cuerpo estudiantil. 

Aunque no es del todo exacto, se asocia el sistema de elección uninominal o por persona con los modelos de representación como delegación; mientras que los modelos de “representación social” están asociados con sistemas de representación de carácter proporcional o con elección por listados. 

Esta discusión teórico-conceptual es clave para abordar el debate sobre sistemas de elección y transfuguismo desde una perspectiva más integral. 

En un modelo de “representación social”, donde el elector vota por listados elaborados por partidos políticos a través de un sistema de representación proporcional de minorías, el transfuguismo constituye una transgresión absoluta al resultado electoral, puesto que el diputado no fue electo a título personal, sino como parte de un “partido” o un “listado”. 

En cambio, cuando el sistema de votación es de carácter uninominal, el bloque o listado partidario pierde relevancia, puesto que el votante está individualizando su voto en la persona a quien delegará su representación. Esto implica que si el diputado renuncia (o es expulsado) de su partido político, el daño a la voluntad popular es menor, puesto que el elector votó por la persona mas no por un listado o partido.

Esa es la razón por la que en Guatemala el transfuguismo históricamente ha constituido una completa aberración a la representatividad electoral. Hasta 2016 la Ley Orgánica del Legislativo reconoció la figura del “bloque independiente” (11 o más diputados independientes) o no generaba costos a diputado que renunciaba a su partido y se integraba al otro. Esto incentivaba que los diputados constantemente se separaran del partido que les eligió en un interés por buscar mejor posición en los listados electorales o como mecanismo para acceder a prebendas político-financieras. 

Sin embargo, la reforma del 2016 permitió alinear el espíritu de la Ley Electoral con la Ley Orgánica del Legislativo. Al suprimir la figura del bloque independiente, y al establecer costos a los diputados que renunciaban a sus bloques (como no poder integrar Junta Directiva o Presidir Comisiones Legislativas), se logró reducir el margen de maniobra de diputados que rompían de sus partidos electores, y por ende, que se alejaban de la voluntad del elector.  

La clave de toda discusión es ¿Qué pasa si se introduce un sistema de elección de carácter uninominal? La integralidad de la reforma implicaría entonces que el diputado en lo individual tendría más valor que el bloque en sí mismo, y por ende, se debiera conceder mayor flexibilidad dentro del hemiciclo. 

Según Naciones Unidas, “la pandemia del COVID-19 ha causado uno de las más grandes disrupciones de la educación en la historia, habiendo tenido un impacto prácticamente universal en estudiantes y docentes alrededor del mundo”. 

Durante los primeros meses de la pandemia, el cierre de los establecimientos educativos afectó al 94% de los estudiantes del mundo, cerca de 1,500 millones de niños y jóvenes desde preprimaria hasta educación superior en más de 200 países.

La mayoría de países han visto efectos en la educación a raíz de la pandemia, sin embargo para los países en vías de desarrollo los efectos han sido más preocupantes pues sus sistemas educativos se encontraban menos preparados para un desafío de esta magnitud. Para mediados del 2020, el 86% de los niños en educación primaria de países en desarrollo dejaron de asistir completamente a la escuela. En contraste, solo el 20% de los niños dejaron de asistir del todo a la escuela en países desarrollados, estos sistemas educativos más avanzados permitían continuar con un aprendizaje estructurado.

La implementación de la educación a distancia tampoco ha funcionado como una respuesta viable para todos los contextos. En Guatemala por ejemplo, familias de clase media con acceso a ciertos recursos han tenido que invertir, con algunas dificultades, en equipo de cómputo que no tenían y gastos adicionales en conexión a internet. Esto en el mejor de los casos, pero una gran mayoría de estudiantes y educadores siguen sin tener acceso continuo a internet. Según UNICEF, 1 de cada 3 niños y adolescentes aún no reciben educación a distancia de calidad en América Latina y el Caribe. 

Abandono escolar en Guatemala 

Datos preliminares del Ministerio de Educación indican que hasta 160 mil niños están abandonando la escuela en 2020. El 40% de estos se encuentran en sector privado, otro efecto más de la crisis económica provocada por la pandemia. Muchos de estos niños podrían integrarse al sector público, provocando un problema de sobrecarga en el sistema educativo público, que ya se encuentra en condiciones precarias. 

Actualmente, la mayoría de establecimientos educativos públicos y privados se encuentran cerrados. Muchos están implementando la educación a distancia, siendo obviamente el sector público el que se ha encontrado con la mayor cantidad de barreras para poder hacerlo eficientemente.

La educación a distancia en el sector público se ha implementado principalmente a través de hojas de trabajo, utilizando herramientas como servicios de mensajería tipo Whatsapp o mensajes de texto para comunicarse con los alumnos. Sin embargo, las barreras tecnológicas son aún demasiado grandes para ser superadas, especialmente en medio de una crisis de esta envergadura.  

El reto para el país en 2021 y los años siguientes será recuperar a los alumnos que salieron del sistema educativo y seguir luchando para mejorar las tasas de escolaridad, que ya presentaban un rezago importante antes de la pandemia. 

El esperado regreso a clases

Uno de los principales retos del 2021 para todos los países es la reapertura de las escuelas, principalmente debido al riesgo epidemiológico que representan los centros educativos y la intensa movilización de personas que implica retomar las clases presenciales. Varios países latinoamericanos han presentado sus protocolos para la reapertura segura de las escuelas; sin embargo, los principales retos a superar son carencias estructurales, como la falta de infraestructura adecuada y es difícil pensar que estos problemas, que datan de muchos años, serán superados en medio de la crisis. 

La clave para asegurar un regreso a clases aceptablemente seguro es implementar medidas sanitarias mínimas. Está claro que una buena parte de establecimientos educativos privados podrán cumplir con estos requisitos, pero el problema está en el sector público, el cual alberga a la mayor cantidad de estudiantes. La cuarta parte de las escuelas públicas del país no tienen condiciones mínimas adecuadas de agua, según Carlos Carrera, representante de UNICEF en Guatemala. 

A nivel latinoamericano, la OMS indica que el 16% de las escuelas no tiene servicios de agua, 12% no cuentan con lavamanos y 28% tienen servicios limitados para el lavado de manos. Resolver estos problemas de infraestructura se convertirá en los próximos meses en la clave para asegurar la implementación de medidas sanitarias mínimas.  

Efectos de largo plazo 

Mientras más tiempo permanezcan cerradas las escuelas, menos probable es que aquellos niños en mayor situación de vulnerabilidad regresen a estudiar. Las proyecciones de UNESCO para América Latina no son nada alentadoras, se espera que 3.1 millones de niños y adolescentes abandonen completamente las escuelas debido a la pandemia. La segunda región con el mayor retroceso del mundo. 

Este retroceso tendrá sin duda efectos de largo plazo en la educación, pero también en la capacidad de generar ingresos y el bienestar general de esta generación. Según datos de UNICEF, América Latina y el Caribe podrían perder hasta US$1.2 billones de dólares en ingresos durante el ciclo de vida de la generación de estudiantes que vivieron la gran pausa provocada por la pandemia del COVID-19.

Los países tendrán que hacer esfuerzos extraordinarios para aplacar los efectos sociales de la gran pausa e implementar estrategias que permitan mejorar la efectividad de la educación a distancia, por si volviera a ser necesario en el futuro cercano. 

1. UNICEF 2020 https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/covid-19-mas-del-95-por-ciento-de-ninos-y-ni%C3%B1as-esta-fuera-de-las-escuelas 
2. UNDP 2020 http://hdr.undp.org/sites/default/files/covid-19_and_human_development_0.pdf
3. UNICEF 2020 https://www.unicef.org/lac/media/18251/file/Educacion-en-pausa-web-1107.pdf

Según Naciones Unidas, “la pandemia del COVID-19 ha causado uno de las más grandes disrupciones de la educación en la historia, habiendo tenido un impacto prácticamente universal en estudiantes y docentes alrededor del mundo”. 

Durante los primeros meses de la pandemia, el cierre de los establecimientos educativos afectó al 94% de los estudiantes del mundo, cerca de 1,500 millones de niños y jóvenes desde preprimaria hasta educación superior en más de 200 países.

La mayoría de países han visto efectos en la educación a raíz de la pandemia, sin embargo para los países en vías de desarrollo los efectos han sido más preocupantes pues sus sistemas educativos se encontraban menos preparados para un desafío de esta magnitud. Para mediados del 2020, el 86% de los niños en educación primaria de países en desarrollo dejaron de asistir completamente a la escuela. En contraste, solo el 20% de los niños dejaron de asistir del todo a la escuela en países desarrollados, estos sistemas educativos más avanzados permitían continuar con un aprendizaje estructurado.

La implementación de la educación a distancia tampoco ha funcionado como una respuesta viable para todos los contextos. En Guatemala por ejemplo, familias de clase media con acceso a ciertos recursos han tenido que invertir, con algunas dificultades, en equipo de cómputo que no tenían y gastos adicionales en conexión a internet. Esto en el mejor de los casos, pero una gran mayoría de estudiantes y educadores siguen sin tener acceso continuo a internet. Según UNICEF, 1 de cada 3 niños y adolescentes aún no reciben educación a distancia de calidad en América Latina y el Caribe. 

Abandono escolar en Guatemala 

Datos preliminares del Ministerio de Educación indican que hasta 160 mil niños están abandonando la escuela en 2020. El 40% de estos se encuentran en sector privado, otro efecto más de la crisis económica provocada por la pandemia. Muchos de estos niños podrían integrarse al sector público, provocando un problema de sobrecarga en el sistema educativo público, que ya se encuentra en condiciones precarias. 

Actualmente, la mayoría de establecimientos educativos públicos y privados se encuentran cerrados. Muchos están implementando la educación a distancia, siendo obviamente el sector público el que se ha encontrado con la mayor cantidad de barreras para poder hacerlo eficientemente.

La educación a distancia en el sector público se ha implementado principalmente a través de hojas de trabajo, utilizando herramientas como servicios de mensajería tipo Whatsapp o mensajes de texto para comunicarse con los alumnos. Sin embargo, las barreras tecnológicas son aún demasiado grandes para ser superadas, especialmente en medio de una crisis de esta envergadura.  

El reto para el país en 2021 y los años siguientes será recuperar a los alumnos que salieron del sistema educativo y seguir luchando para mejorar las tasas de escolaridad, que ya presentaban un rezago importante antes de la pandemia. 

El esperado regreso a clases

Uno de los principales retos del 2021 para todos los países es la reapertura de las escuelas, principalmente debido al riesgo epidemiológico que representan los centros educativos y la intensa movilización de personas que implica retomar las clases presenciales. Varios países latinoamericanos han presentado sus protocolos para la reapertura segura de las escuelas; sin embargo, los principales retos a superar son carencias estructurales, como la falta de infraestructura adecuada y es difícil pensar que estos problemas, que datan de muchos años, serán superados en medio de la crisis. 

La clave para asegurar un regreso a clases aceptablemente seguro es implementar medidas sanitarias mínimas. Está claro que una buena parte de establecimientos educativos privados podrán cumplir con estos requisitos, pero el problema está en el sector público, el cual alberga a la mayor cantidad de estudiantes. La cuarta parte de las escuelas públicas del país no tienen condiciones mínimas adecuadas de agua, según Carlos Carrera, representante de UNICEF en Guatemala. 

A nivel latinoamericano, la OMS indica que el 16% de las escuelas no tiene servicios de agua, 12% no cuentan con lavamanos y 28% tienen servicios limitados para el lavado de manos. Resolver estos problemas de infraestructura se convertirá en los próximos meses en la clave para asegurar la implementación de medidas sanitarias mínimas.  

Efectos de largo plazo 

Mientras más tiempo permanezcan cerradas las escuelas, menos probable es que aquellos niños en mayor situación de vulnerabilidad regresen a estudiar. Las proyecciones de UNESCO para América Latina no son nada alentadoras, se espera que 3.1 millones de niños y adolescentes abandonen completamente las escuelas debido a la pandemia. La segunda región con el mayor retroceso del mundo. 

Este retroceso tendrá sin duda efectos de largo plazo en la educación, pero también en la capacidad de generar ingresos y el bienestar general de esta generación. Según datos de UNICEF, América Latina y el Caribe podrían perder hasta US$1.2 billones de dólares en ingresos durante el ciclo de vida de la generación de estudiantes que vivieron la gran pausa provocada por la pandemia del COVID-19.

Los países tendrán que hacer esfuerzos extraordinarios para aplacar los efectos sociales de la gran pausa e implementar estrategias que permitan mejorar la efectividad de la educación a distancia, por si volviera a ser necesario en el futuro cercano. 

1. UNICEF 2020 https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/covid-19-mas-del-95-por-ciento-de-ninos-y-ni%C3%B1as-esta-fuera-de-las-escuelas 
2. UNDP 2020 http://hdr.undp.org/sites/default/files/covid-19_and_human_development_0.pdf
3. UNICEF 2020 https://www.unicef.org/lac/media/18251/file/Educacion-en-pausa-web-1107.pdf

Reflexiones sobre criminalidad y castigos

No. No pretendo abordar la discusión sobre la pena de muerte desde la perspectiva moral, utilitaria o de derechos humanos. Para eso están los seminarios de ética, las clases de historia y de derecho internacional humanitario. O más sencillo aún, las anodinas discusiones en Twitter. 

El plan hoy es remembrar las enseñanzas de Emile Durkheim y analizar su aplicabilidad a la discusión sobre la pena capital. Recordemos. Durkheim fue uno de los primeros sociólogos en estudiar comportamientos criminales, patologías que rompen la integración social y algunos mecanismos para contener dichos comportamientos.

El francés esbozó una sencilla teoría para entender las tres razones por las que una persona cumple con una norma social: 1) Utilitarismo; 2) Miedo al castigo; o 3) por pura ética individual

Quizá el mejor ejemplo es aplicarlo al tránsito vehicular. ¿Por qué respeto yo el alto mientras estoy manejando? Sencillo. Durkheim diría que es por una de estas tres razones: 1) Respetar el alto trae consigo un valor utilitario; si no lo hago, es posible que sufra de un accidente con consecuencias materiales y humanas. 2) Si no respeto el alto, y la policía de tránsito o una cámara me descubre, tendré una multa de tránsito que generará un costo económico. O 3) Respetar el alto simplemente es lo “correcto”.

Apliquemos esas enseñanzas a la pena de muerte. Asumamos que la misma se aplicará a aquellas personas que cometan delitos peligrosos, como el asesinato, la violación, el secuestro, con los agravantes particulares por razones de edad, uso de la fuerza, etc. Eso automáticamente invalida la tercera taxonomía del modelo Durkheim. El asesino simplemente no ve el valor ético-moral de “no matar”. 

Una lógica similar aplica con la primera clasificación. Al final el asesino, violador o secuestrador calcula su utilidad en función a los beneficios potenciales de cometer el crimen. 

El único desincentivo para no cometer el delito entonces es el “miedo al castigo”. Y ojo, aquí las dos variables en juego son la probabilidad de ser castigado junto con la severidad de este. De aquí entonces que la dureza de la pena tenga poco impacto si el sistema resulta incapaz de procesar al delincuente. 

El paradigma de lo anterior son los grandes casos de corrupción del último sexenio. Pérez Molina, Baldetti, Gustado Alejos y compañía enfrentan -cada uno- acusaciones que en caso de ser declarados culpables, conllevan penas de varias décadas en prisión. Sin embargo, por falencias propias del sistema (retardos maliciosos, sobrecarga de fiscalías y juzgados, uso excesivo del amparo, mal diligenciamiento de la prueba, amedrentamiento de denunciantes y testigos, etc.) los casos no llegan a su debida conclusión.

Y ojo. Muchas pensarán que es un mal propio de los casos vinculados con delitos de cuello blanco. Sin embargo, hagamos un repaso rápido a casos vinculados con pandilleros, que a pesar de tener decenas de ingresos a los penales del país, incluso varios homicidios en su historial, los procesos eventualmente caen presa de los males del sistema. 

Dicho esto, la conclusión es evidente: sin una mejora en el sistema de justicia, sin una mejoría sustantiva en los procesos de investigación, procesos judiciales y dinámicas procesales, que permitan aumentar la posibilidad de castigo, la gravedad de la pena -por sí sola- no es suficiente para desincentivar conductas delictivas. La respuesta no es la pena de muerte en sí mismo; sino la reforma judicial. 

Reflexiones sobre criminalidad y castigos

No. No pretendo abordar la discusión sobre la pena de muerte desde la perspectiva moral, utilitaria o de derechos humanos. Para eso están los seminarios de ética, las clases de historia y de derecho internacional humanitario. O más sencillo aún, las anodinas discusiones en Twitter. 

El plan hoy es remembrar las enseñanzas de Emile Durkheim y analizar su aplicabilidad a la discusión sobre la pena capital. Recordemos. Durkheim fue uno de los primeros sociólogos en estudiar comportamientos criminales, patologías que rompen la integración social y algunos mecanismos para contener dichos comportamientos.

El francés esbozó una sencilla teoría para entender las tres razones por las que una persona cumple con una norma social: 1) Utilitarismo; 2) Miedo al castigo; o 3) por pura ética individual

Quizá el mejor ejemplo es aplicarlo al tránsito vehicular. ¿Por qué respeto yo el alto mientras estoy manejando? Sencillo. Durkheim diría que es por una de estas tres razones: 1) Respetar el alto trae consigo un valor utilitario; si no lo hago, es posible que sufra de un accidente con consecuencias materiales y humanas. 2) Si no respeto el alto, y la policía de tránsito o una cámara me descubre, tendré una multa de tránsito que generará un costo económico. O 3) Respetar el alto simplemente es lo “correcto”.

Apliquemos esas enseñanzas a la pena de muerte. Asumamos que la misma se aplicará a aquellas personas que cometan delitos peligrosos, como el asesinato, la violación, el secuestro, con los agravantes particulares por razones de edad, uso de la fuerza, etc. Eso automáticamente invalida la tercera taxonomía del modelo Durkheim. El asesino simplemente no ve el valor ético-moral de “no matar”. 

Una lógica similar aplica con la primera clasificación. Al final el asesino, violador o secuestrador calcula su utilidad en función a los beneficios potenciales de cometer el crimen. 

El único desincentivo para no cometer el delito entonces es el “miedo al castigo”. Y ojo, aquí las dos variables en juego son la probabilidad de ser castigado junto con la severidad de este. De aquí entonces que la dureza de la pena tenga poco impacto si el sistema resulta incapaz de procesar al delincuente. 

El paradigma de lo anterior son los grandes casos de corrupción del último sexenio. Pérez Molina, Baldetti, Gustado Alejos y compañía enfrentan -cada uno- acusaciones que en caso de ser declarados culpables, conllevan penas de varias décadas en prisión. Sin embargo, por falencias propias del sistema (retardos maliciosos, sobrecarga de fiscalías y juzgados, uso excesivo del amparo, mal diligenciamiento de la prueba, amedrentamiento de denunciantes y testigos, etc.) los casos no llegan a su debida conclusión.

Y ojo. Muchas pensarán que es un mal propio de los casos vinculados con delitos de cuello blanco. Sin embargo, hagamos un repaso rápido a casos vinculados con pandilleros, que a pesar de tener decenas de ingresos a los penales del país, incluso varios homicidios en su historial, los procesos eventualmente caen presa de los males del sistema. 

Dicho esto, la conclusión es evidente: sin una mejora en el sistema de justicia, sin una mejoría sustantiva en los procesos de investigación, procesos judiciales y dinámicas procesales, que permitan aumentar la posibilidad de castigo, la gravedad de la pena -por sí sola- no es suficiente para desincentivar conductas delictivas. La respuesta no es la pena de muerte en sí mismo; sino la reforma judicial.