Se sabe que una dictadura está en su ocaso cuando la gente finalmente pierde el miedo.

Y pareciera que así le está sucediendo a la dictadura más larga del continente (con más de 60 años en el poder), tras la irrupción de un movimiento de artistas que con sus manifestaciones han llamado la atención del mundo y han perturbado los cimientos de las altas esferas del régimen castrista, que otrora fuese conocido por su inmensa propaganda a la que muchos “intelectuales” del siglo XX se prestaron a difundir en todo el mundo.

Se trata del Movimiento San Isidro (MSI), de oposición y disidencia a la dictadura cubana, conformado por artistas e intelectuales que combinan sus manifestaciones de activismo político con intervenciones artísticas.

El movimiento surgiría hacia 2018, como una respuesta al Decreto 349, que regula y controla la actividad artística y pretende definir desde el Estado qué es arte. Sin embargo, sería conocido mundialmente hacia finales del año pasado cuando uno de sus líderes y fundadores, el rapero Denis Solís, fue detenido por las fuerzas de seguridad del régimen, procesado por “desacato” y condenado a prisión, lo cual desató una serie de protestas y huelgas de hambre de varios artistas y otras figuras públicas de la isla (con una movilización muy intensa y prácticamente sin antecedentes recientes), que a su vez provocó una fuerte represión por parte del régimen cubano con prácticas como el “baneo” de redes sociales, la censura a la libertad de expresión, la vigilancia y hostigamiento a los manifestantes y periodistas que han cubierto los eventos.

Estas prácticas represivas hacia las expresiones culturales no son nuevas. Los gobiernos revolucionarios de izquierda son conocidos por lo que ellos llaman “el control de la hegemonía cultural” y por mucho tiempo en la isla se intervino fuertemente la producción artística e intelectual. Lo cual trae a la memoria el famoso “Caso Padilla”, en 1971, en el que se le acusó al poeta Heberto Padilla de “posiciones contrarrevolucionarias incentivadas por enemigos del extranjero” y se le obligó en un acto humillante a que se disculpara públicamente (y a la vista del mundo) con la nomenklatura cubana, lo cual hizo que muchos intelectuales (entre ellos Mario Vargas Llosa) rompieran definitivamente con Fidel Castro y la “revolución”. 

Hoy en día la situación de control de la hegemonía cultural parece haber dado un giro inesperado. Regresándonos al presente, a mediados de febrero de 2021, un grupo de artistas (Yotuel, Gente De Zona​, Maykel Osorbo, El Funky), que viven dentro y fuera de Cuba, lanzaron el tema “Patria y Vida” —en contraposición al slogan necrofílico de Fidel Castro y la guerrilla en los años sesenta: “Patria o Muerte”—, y que rápidamente se hizo viral en redes sociales y ha sido catalogado como un himno a la libertad en Cuba. Con frases contundentes como: “No más mentiras. El pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte sino Patria y Vida” y también: “Se acabó... tu cinco nueve, yo doble dos”, en referencia al año en que comenzó la revolución, 1959, y al 2020, el año en que el pueblo salió a clamar libertad.

Como era de esperarse, la reacción del régimen fue predecible. Díaz-Canel ha calificado a estas manifestaciones como “un acto de reality show imperial. El espectáculo imperial para destruir nuestra identidad y volvernos a someter”, apelando como siempre al gastado discurso ideológico anti-imperialista que ya tiene 62 años.

Mientras tanto, los demócratas del mundo observamos expectantes los acontecimientos, que hasta el momento son inciertos. Si bien los Estados Unidos, bajo la administración demócrata, parecieran haber cambiado el garrote por la zanahoria, esto podría en el largo plazo marcar el comienzo del final para la dictadura castrista porque lo que pareciera estarse fraguando en la isla es un cambio cultural en las nuevas generaciones, que ya tienen muy lejos de su horizonte temporal la épica vetusta de Sierra Maestra y de Playa Girón.

Al parecer, el soft power[1] está haciendo varias grietas en la tiranía.

[1] Soft power, o “poder blando” es un concepto acuñado por Joseph Nye para referirse al poder de la cultura o de las ideas, frente a otras formas más coercitivas de ejercer presión como acciones de tipo militar o condicionamientos de tipo económicos.

Se sabe que una dictadura está en su ocaso cuando la gente finalmente pierde el miedo.

Y pareciera que así le está sucediendo a la dictadura más larga del continente (con más de 60 años en el poder), tras la irrupción de un movimiento de artistas que con sus manifestaciones han llamado la atención del mundo y han perturbado los cimientos de las altas esferas del régimen castrista, que otrora fuese conocido por su inmensa propaganda a la que muchos “intelectuales” del siglo XX se prestaron a difundir en todo el mundo.

Se trata del Movimiento San Isidro (MSI), de oposición y disidencia a la dictadura cubana, conformado por artistas e intelectuales que combinan sus manifestaciones de activismo político con intervenciones artísticas.

El movimiento surgiría hacia 2018, como una respuesta al Decreto 349, que regula y controla la actividad artística y pretende definir desde el Estado qué es arte. Sin embargo, sería conocido mundialmente hacia finales del año pasado cuando uno de sus líderes y fundadores, el rapero Denis Solís, fue detenido por las fuerzas de seguridad del régimen, procesado por “desacato” y condenado a prisión, lo cual desató una serie de protestas y huelgas de hambre de varios artistas y otras figuras públicas de la isla (con una movilización muy intensa y prácticamente sin antecedentes recientes), que a su vez provocó una fuerte represión por parte del régimen cubano con prácticas como el “baneo” de redes sociales, la censura a la libertad de expresión, la vigilancia y hostigamiento a los manifestantes y periodistas que han cubierto los eventos.

Estas prácticas represivas hacia las expresiones culturales no son nuevas. Los gobiernos revolucionarios de izquierda son conocidos por lo que ellos llaman “el control de la hegemonía cultural” y por mucho tiempo en la isla se intervino fuertemente la producción artística e intelectual. Lo cual trae a la memoria el famoso “Caso Padilla”, en 1971, en el que se le acusó al poeta Heberto Padilla de “posiciones contrarrevolucionarias incentivadas por enemigos del extranjero” y se le obligó en un acto humillante a que se disculpara públicamente (y a la vista del mundo) con la nomenklatura cubana, lo cual hizo que muchos intelectuales (entre ellos Mario Vargas Llosa) rompieran definitivamente con Fidel Castro y la “revolución”. 

Hoy en día la situación de control de la hegemonía cultural parece haber dado un giro inesperado. Regresándonos al presente, a mediados de febrero de 2021, un grupo de artistas (Yotuel, Gente De Zona​, Maykel Osorbo, El Funky), que viven dentro y fuera de Cuba, lanzaron el tema “Patria y Vida” —en contraposición al slogan necrofílico de Fidel Castro y la guerrilla en los años sesenta: “Patria o Muerte”—, y que rápidamente se hizo viral en redes sociales y ha sido catalogado como un himno a la libertad en Cuba. Con frases contundentes como: “No más mentiras. El pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte sino Patria y Vida” y también: “Se acabó... tu cinco nueve, yo doble dos”, en referencia al año en que comenzó la revolución, 1959, y al 2020, el año en que el pueblo salió a clamar libertad.

Como era de esperarse, la reacción del régimen fue predecible. Díaz-Canel ha calificado a estas manifestaciones como “un acto de reality show imperial. El espectáculo imperial para destruir nuestra identidad y volvernos a someter”, apelando como siempre al gastado discurso ideológico anti-imperialista que ya tiene 62 años.

Mientras tanto, los demócratas del mundo observamos expectantes los acontecimientos, que hasta el momento son inciertos. Si bien los Estados Unidos, bajo la administración demócrata, parecieran haber cambiado el garrote por la zanahoria, esto podría en el largo plazo marcar el comienzo del final para la dictadura castrista porque lo que pareciera estarse fraguando en la isla es un cambio cultural en las nuevas generaciones, que ya tienen muy lejos de su horizonte temporal la épica vetusta de Sierra Maestra y de Playa Girón.

Al parecer, el soft power[1] está haciendo varias grietas en la tiranía.

[1] Soft power, o “poder blando” es un concepto acuñado por Joseph Nye para referirse al poder de la cultura o de las ideas, frente a otras formas más coercitivas de ejercer presión como acciones de tipo militar o condicionamientos de tipo económicos.

Desde el año 2000, Guatemala se ha adentrado en un camino tenebroso: la simbiosis entre la política, la corrupción y el crimen organizado.

El financiamiento ilícito abrió la puerta para que grupos interesados en el saqueo accedieran a las joyas de la corona. El IGSS, el MICIVI, el Ministerio de Salud, las Aduanas, las Gobernaciones y el sistema de COCODES se convirtieron en los botines a repartir entre financistas y sus operadores. Paralelo a ello, la invasión del narco abrió otro frente: carteles interesados en tomar control de territorios estratégicos. En las munis fronterizas, en costas, puertos y corredores de trasiego, los operadores -primero- y los capos -después- empezaron a resultar ganadores de las alcaldías. Ya en control del poder local, afianzaban el poder sobre las fuerzas de seguridad, juzgados locales, etc.

Ambos mundos se fusionaban bajo la sombrilla de la política partidaria. En la búsqueda de fondos para sufragar campañas, o liderazgos locales con capacidad de movilización, los partidos abrieron el dique para que la corrupción y el narco invadieran al sistema. Así vimos el surgimiento de barones de la droga muy vinculados al poder. La relación de las hermanas Torres y Chamalé; Roxana Baldetti y los Zetas; o Mario Estrada y su negociación con Sinaloa, fueron las primeras luces rojas de esta tenebrosa historia.

Pero olvidamos un factor. El capo guatemalteco, al mismo estilo que el colombiano, sigue el modelo del “narco-benefactor”. Suple el vacío territorial del Estado. Apoya a la comunidad. Sufraga fiestas, bautizos, casorios y velorios. Es el “hombre fuerte” de la localidad. Monta caballo y usa pistola a la vista. Algunos, bendecidos con carisma y don de palabra, se convierten en íconos del caudillo moderno. Aquellos con más visión construyen redes de abajo hacia arriba. Se vinculan con alcaldes de municipios aledaños. Apoyan candidaturas de diputados. Movilizan votantes para elecciones presidenciales o manifestaciones confeccionadas a la carta. Cooptan los COCODES, o incluso, inciden en designaciones de gobernadores.

Esa es la historia de Erick Zúñiga o los Navarijo en San Marcos; los huista en Huehuetenango y los Ipala en Chiquimula. Todos, liderazgos locales atractivos para cualquier partido político en tiempo de elecciones.

De ahí que la reciente vinculación del alcalde Esduin Jerson Javier Javier, el Tres Kiebres, con el Cartel de Ipala, no haya sorprendido a nadie. Ni siquiera a los incautos.

El modus operandi del Cartel de Ipala ya había sido perfilado por agencias antinarcóticas. Básicamente son transportistas. Reciben la droga en la frontera con Honduras y proveen el servicio de embodegamiento, embalaje y transporte hacia México. Incluso, el New York Times resaltó sus métodos innovadores, al recurrir a caramelos, sopas y galletas para transportar la droga. En ese esquema, el control de las municipalidades resulta estratégico para su operación. De ahí la vinculación del Tres Kiebres.

Lo anecdótico de todo es la forma como se descubre esa relación, en el marco de una investigación criminal. La trama no es distinta a cómo decenas de personajes políticos de alcurnia resultaron vinculados a casos penales. Hallazgos inevitables en interceptaciones telefónicas contra el líder de la red, Carlos Alexander Guerra, develó que existía una relación de colaboración entre el grupo criminal y el alcalde.

Sin embargo, las escuchas revelaron un elemento más, digno de una novela surrealista: la misma noche en que un país entero celebraba el precoz knouckout del Tres Kiebres contra IronBran, la red coordinaba el asesinato de tres opositores, quienes -por cierto- no eran del agrado del jefe edil.

La información recabada en los más de treinta allanamientos, y de proceder el antejuicio en contra de Javier Javier, permitirá profundizar la investigación para conocer su grado de relación o participación en la red. Pero independiente de cómo evolucione el caso, las lecciones políticas son más que evidentes.

Ya desde 2015, la CICIG habría señalado el vínculo del alcalde con estructuras locales de la droga. Y aún así, en 2019, Javier Javier fue reelecto con un aplastante 78% de los votos. Peor aún, saltó a la palestra con la famosa pelea contra Neto Bran, y ya en diferentes círculos políticos, no faltaban los partidos que veían en el Tres Kiebres una opción potencial para candidato presidencial. Así entonces la degradación moral de la política. Aunque el río suene, nadie voltea a ver las piedras, puesto que el dinero para el financiamiento de campañas o el liderazgo local son los activos preciados en el juego electoral.

Mientras esa simbiosis entre política, corrupción y narco no se rompa, sobrarán los Tres Kiebres. En el peor de los casos, alguno de ellos -quizá- resulte electo Presidente de la República. No estamos muy lejos.

Desde el año 2000, Guatemala se ha adentrado en un camino tenebroso: la simbiosis entre la política, la corrupción y el crimen organizado.

El financiamiento ilícito abrió la puerta para que grupos interesados en el saqueo accedieran a las joyas de la corona. El IGSS, el MICIVI, el Ministerio de Salud, las Aduanas, las Gobernaciones y el sistema de COCODES se convirtieron en los botines a repartir entre financistas y sus operadores. Paralelo a ello, la invasión del narco abrió otro frente: carteles interesados en tomar control de territorios estratégicos. En las munis fronterizas, en costas, puertos y corredores de trasiego, los operadores -primero- y los capos -después- empezaron a resultar ganadores de las alcaldías. Ya en control del poder local, afianzaban el poder sobre las fuerzas de seguridad, juzgados locales, etc.

Ambos mundos se fusionaban bajo la sombrilla de la política partidaria. En la búsqueda de fondos para sufragar campañas, o liderazgos locales con capacidad de movilización, los partidos abrieron el dique para que la corrupción y el narco invadieran al sistema. Así vimos el surgimiento de barones de la droga muy vinculados al poder. La relación de las hermanas Torres y Chamalé; Roxana Baldetti y los Zetas; o Mario Estrada y su negociación con Sinaloa, fueron las primeras luces rojas de esta tenebrosa historia.

Pero olvidamos un factor. El capo guatemalteco, al mismo estilo que el colombiano, sigue el modelo del “narco-benefactor”. Suple el vacío territorial del Estado. Apoya a la comunidad. Sufraga fiestas, bautizos, casorios y velorios. Es el “hombre fuerte” de la localidad. Monta caballo y usa pistola a la vista. Algunos, bendecidos con carisma y don de palabra, se convierten en íconos del caudillo moderno. Aquellos con más visión construyen redes de abajo hacia arriba. Se vinculan con alcaldes de municipios aledaños. Apoyan candidaturas de diputados. Movilizan votantes para elecciones presidenciales o manifestaciones confeccionadas a la carta. Cooptan los COCODES, o incluso, inciden en designaciones de gobernadores.

Esa es la historia de Erick Zúñiga o los Navarijo en San Marcos; los huista en Huehuetenango y los Ipala en Chiquimula. Todos, liderazgos locales atractivos para cualquier partido político en tiempo de elecciones.

De ahí que la reciente vinculación del alcalde Esduin Jerson Javier Javier, el Tres Kiebres, con el Cartel de Ipala, no haya sorprendido a nadie. Ni siquiera a los incautos.

El modus operandi del Cartel de Ipala ya había sido perfilado por agencias antinarcóticas. Básicamente son transportistas. Reciben la droga en la frontera con Honduras y proveen el servicio de embodegamiento, embalaje y transporte hacia México. Incluso, el New York Times resaltó sus métodos innovadores, al recurrir a caramelos, sopas y galletas para transportar la droga. En ese esquema, el control de las municipalidades resulta estratégico para su operación. De ahí la vinculación del Tres Kiebres.

Lo anecdótico de todo es la forma como se descubre esa relación, en el marco de una investigación criminal. La trama no es distinta a cómo decenas de personajes políticos de alcurnia resultaron vinculados a casos penales. Hallazgos inevitables en interceptaciones telefónicas contra el líder de la red, Carlos Alexander Guerra, develó que existía una relación de colaboración entre el grupo criminal y el alcalde.

Sin embargo, las escuchas revelaron un elemento más, digno de una novela surrealista: la misma noche en que un país entero celebraba el precoz knouckout del Tres Kiebres contra IronBran, la red coordinaba el asesinato de tres opositores, quienes -por cierto- no eran del agrado del jefe edil.

La información recabada en los más de treinta allanamientos, y de proceder el antejuicio en contra de Javier Javier, permitirá profundizar la investigación para conocer su grado de relación o participación en la red. Pero independiente de cómo evolucione el caso, las lecciones políticas son más que evidentes.

Ya desde 2015, la CICIG habría señalado el vínculo del alcalde con estructuras locales de la droga. Y aún así, en 2019, Javier Javier fue reelecto con un aplastante 78% de los votos. Peor aún, saltó a la palestra con la famosa pelea contra Neto Bran, y ya en diferentes círculos políticos, no faltaban los partidos que veían en el Tres Kiebres una opción potencial para candidato presidencial. Así entonces la degradación moral de la política. Aunque el río suene, nadie voltea a ver las piedras, puesto que el dinero para el financiamiento de campañas o el liderazgo local son los activos preciados en el juego electoral.

Mientras esa simbiosis entre política, corrupción y narco no se rompa, sobrarán los Tres Kiebres. En el peor de los casos, alguno de ellos -quizá- resulte electo Presidente de la República. No estamos muy lejos.

Una proyección sobre estabilidad social de corto plazo

El 2020 trajo consigo la peor crisis humana de los últimos ochenta años. Y aparejada, la peor crisis económica global de la última centuria. Los 2.5 millones de fallecidos y una caída de 3.5% del PIB global nos dan una pequeña lectura del recuento de los daños.

Encontrar solución a este período de incertidumbre humana y de la “Gran Interrupción Económica” recayó entonces en manos de la ciencia. Menuda tarea. Laboratorios médicos de por lo menos diez países arrancaron la mayor carrera de investigación científica en la historia de la humanidad. Y a menos de un año de haberse decodificado el genoma del Covid-19, existen ya por lo menos 12 vacunas listas para administración. Podemos decir entonces que la ciencia se anotó una gran victoria.

Sin embargo, la distribución y administración masiva de la vacuna a nivel global depende más de procesos de carácter social y político que de los científicos mismos. Ahí entonces el meollo del debate subsiguiente.

Superar la pandemia y regresar a la “nueva normalidad” requiere entonces de un enorme esfuerzo en materia de gestión política, asignación de recursos públicos y privados y de administración sanitaria.

En este contexto, la variable clave para los Estados ya ni siquiera es disponibilidad de recursos científicos o financieros. El problema ahora se vuelve institucional.

Por ello, no debe de extrañarnos que los países más rezagados de América Latina en cuanto a sus respectivos procesos de vacunación sean Paraguay, Honduras y Guatemala. El costo de la débil institucionalidad pública se paga también en un proceso de esta naturaleza.

Los problemas de los tres países son comunes: retrasos en la aprobación política de presupuestos públicos y procedimientos administrativos para adquisición masiva de vacunas; limitaciones de infraestructura (sobre todo la cadena en frío) para iniciar con la administración masiva de ciertas vacunas; y debilidad de la institucionalidad sanitaria para encaminar una logística masiva de vacunación.

Si el problema entonces es político, el riesgo potencial también es político. Al final, en un mundo sin fronteras para la información, las expectativas adquiridas de la ciudadanía se aceleran exponencialmente.

O dicho de forma más sencilla. Mientras en Guatemala la primera oleada de vacunas ha dependido exclusivamente de donaciones de los Gobiernos de Israel y de la India, países como El Salvador y -hasta- Venezuela nos llevan algunos kilómetros de ventaja en cuanto a la adquisición de vacunas. Esa comparación natural con vecinos (ya sea inmediatos o a quienes consideramos como referentes de fracasos social) acarrea un efecto de descontento, molestia e incertidumbre.

A nivel ciudadano, el rechazo hacia las autoridades se exacerba con el paso del tiempo y la percepción que la vacuna aún está lejos de venir. A nivel empresarial, la incertidumbre se mantiene en el firmamento, dado que la expectativa de vacunación masiva de trabajadores de industrias esenciales (como precondición para agilizar el retorno a la normalidad) también se percibe como muy lejana.

Lo peor del caso, es que ante las debilidades institucionales, los problemas seguramente no se limitarán a la mera adquisición de vacunas. ¿Qué ocurrirá el día que se echen a perder lotes de vacunas por mala administración de cadena de frío o limitada infraestructura para el efecto? ¿Qué ocurrirá el día que se descubra que personajes con poder político tuvieron acceso preferente a vacunas en detrimento de trabajadores de primera línea o personas en situación de riesgo? O peor aún, ¿qué pasará el día que inevitablemente se presenten efectos médicos adversos por la administración de una determinada vacuna? Estos y otros más son problemas naturales que podemos esperar en las semanas por venir.

De ahí entonces la importancia de agilizar el proceso. Ante la realidad de descontento que vimos en noviembre 2020, en donde claramente quedó evidenciado que el caldo de cultivo para un estallido social está a la orden del día, todo parecería indicar que la estabilidad política y social de corto plazo dependerá en gran medida de la capacidad institucional de administrar la vacunación contra el Covid-19.

No digan después que no se los advertimos.

Una proyección sobre estabilidad social de corto plazo

El 2020 trajo consigo la peor crisis humana de los últimos ochenta años. Y aparejada, la peor crisis económica global de la última centuria. Los 2.5 millones de fallecidos y una caída de 3.5% del PIB global nos dan una pequeña lectura del recuento de los daños.

Encontrar solución a este período de incertidumbre humana y de la “Gran Interrupción Económica” recayó entonces en manos de la ciencia. Menuda tarea. Laboratorios médicos de por lo menos diez países arrancaron la mayor carrera de investigación científica en la historia de la humanidad. Y a menos de un año de haberse decodificado el genoma del Covid-19, existen ya por lo menos 12 vacunas listas para administración. Podemos decir entonces que la ciencia se anotó una gran victoria.

Sin embargo, la distribución y administración masiva de la vacuna a nivel global depende más de procesos de carácter social y político que de los científicos mismos. Ahí entonces el meollo del debate subsiguiente.

Superar la pandemia y regresar a la “nueva normalidad” requiere entonces de un enorme esfuerzo en materia de gestión política, asignación de recursos públicos y privados y de administración sanitaria.

En este contexto, la variable clave para los Estados ya ni siquiera es disponibilidad de recursos científicos o financieros. El problema ahora se vuelve institucional.

Por ello, no debe de extrañarnos que los países más rezagados de América Latina en cuanto a sus respectivos procesos de vacunación sean Paraguay, Honduras y Guatemala. El costo de la débil institucionalidad pública se paga también en un proceso de esta naturaleza.

Los problemas de los tres países son comunes: retrasos en la aprobación política de presupuestos públicos y procedimientos administrativos para adquisición masiva de vacunas; limitaciones de infraestructura (sobre todo la cadena en frío) para iniciar con la administración masiva de ciertas vacunas; y debilidad de la institucionalidad sanitaria para encaminar una logística masiva de vacunación.

Si el problema entonces es político, el riesgo potencial también es político. Al final, en un mundo sin fronteras para la información, las expectativas adquiridas de la ciudadanía se aceleran exponencialmente.

O dicho de forma más sencilla. Mientras en Guatemala la primera oleada de vacunas ha dependido exclusivamente de donaciones de los Gobiernos de Israel y de la India, países como El Salvador y -hasta- Venezuela nos llevan algunos kilómetros de ventaja en cuanto a la adquisición de vacunas. Esa comparación natural con vecinos (ya sea inmediatos o a quienes consideramos como referentes de fracasos social) acarrea un efecto de descontento, molestia e incertidumbre.

A nivel ciudadano, el rechazo hacia las autoridades se exacerba con el paso del tiempo y la percepción que la vacuna aún está lejos de venir. A nivel empresarial, la incertidumbre se mantiene en el firmamento, dado que la expectativa de vacunación masiva de trabajadores de industrias esenciales (como precondición para agilizar el retorno a la normalidad) también se percibe como muy lejana.

Lo peor del caso, es que ante las debilidades institucionales, los problemas seguramente no se limitarán a la mera adquisición de vacunas. ¿Qué ocurrirá el día que se echen a perder lotes de vacunas por mala administración de cadena de frío o limitada infraestructura para el efecto? ¿Qué ocurrirá el día que se descubra que personajes con poder político tuvieron acceso preferente a vacunas en detrimento de trabajadores de primera línea o personas en situación de riesgo? O peor aún, ¿qué pasará el día que inevitablemente se presenten efectos médicos adversos por la administración de una determinada vacuna? Estos y otros más son problemas naturales que podemos esperar en las semanas por venir.

De ahí entonces la importancia de agilizar el proceso. Ante la realidad de descontento que vimos en noviembre 2020, en donde claramente quedó evidenciado que el caldo de cultivo para un estallido social está a la orden del día, todo parecería indicar que la estabilidad política y social de corto plazo dependerá en gran medida de la capacidad institucional de administrar la vacunación contra el Covid-19.

No digan después que no se los advertimos.

Tres casos penales y un sistema agotado

Desde 2018, CICIG y FECI han venido develando -en actos de una ópera tragicómica- la realidad de un sistema de comisiones de postulación que se ha agotado en su totalidad.

Recordemos. Con la Constitución del 85, pero particularmente luego de la Reforma Constitucional de 1993, se estableció un sistema de tipo corporativista para designar a las altas autoridades del Organismo Judicial. Ese modelo corporativista llamaba a que rectores, decanos de derecho, representantes del Colegio de Abogados y pares dentro del sistema de justicia, se encargaran de la elaboración de las nóminas de candidatos de la cual el Congreso designaría a los magistrados de las altas cortes.

La lógica parecía impecable: si la élite académica y profesional del gremio de juristas elaboraba un listado de candidatos con las más altas credenciales académicas y profesionales, los diputados quedaban amarrados de manos para cooptar las cortes del país. De esa forma, las comisiones de postulación debían de constituir la salvaguarda de que el sistema de justicia sería independiente con magistrados honorables, idóneos y electos mediante la evaluación del mérito.

Todo eso empezó a cambiar a partir del 2000. Personajes como Roberto López Villatoro (el rey del tenis), Gustavo Herrera, Estuardo Gálvez y una nueva generación de operadores entendieron los entretelones del sistema. Mediante la organización de redes clientelares de abogados, que les permitieran ganar las elecciones en el CANG, podían acceder a espacios de influencia en las postuladoras. Una vez ahí, ganaban cuotas de poder para repartir espacios en las listas de nominados. Accedían a prebendas, al asegurar que candidatos propuestos por poderes externos accedieran al listado. Y obtenían prebendas en el proceso.

El caso Comisiones Paralelas 2020, fase I, recién develado por FECI, revela una parte de la realidad. Operadores como Gálvez, Luis Fernando Ruiz o Murphy Paiz, que tienen acceso directo o indirecto a escaños en la postuladora (Gálvez y Ruiz mediante grupos gremiales que les permiten obtener un número de asientos en las comisiones) se reparten cuotas de cuántos candidatos pueden colar al listado final. Por ejemplo, el grupo de Gálvez tenía 4 representantes en la Comisión, por lo que tenía derecho a 40 candidatos; Ruiz tenía 2 representantes, por lo que tenía derecho a 20 candidatos; y así sucesivamente. Una vez repartidas las cuotas, los operadores acordaban los listados de candidatos que debían integrar la nómina. Y en un ejemplo de disciplina gremial, los comisionados votaban -casi de forma íntegra- por los candidatos acordados por sus padrinos.

La razón detrás de esa disciplina (difícil de explicar desde una perspectiva de Public Choice o de asimetrías de información) se explica con la realidad develada en el Caso Comisiones Paralelas 2014, develado por CICIG-FECI en febrero 2018. Para la elección de Cortes 2014, el Rey del Tenis (un operador de ese proceso) sufragó los gastos de campaña de un grupo gremial, incluyendo fiestas, cenas, desayunos, salones de hotel, etc. Más relevante aún, López Villatoro habría obsequiado un apartamento al entonces magistrado Eddy Orellana Donis, quien fungía como Comisionado en la postuladora. Es decir, la lealtad de los postuladores hacia los operadores es consecuencia de financiamiento de campaña o prebendas ilícitas. Eso explica la razón por la que los comisionados votan por los listados encargados por sus padrinos.

Más importante aún es conocer cómo los operadores se convierten en puentes con poderes externos. La denuncia de Comisiones Paralelas 2014, fase II, presentada por CICIG en 2019, revela la forma en que Gustavo Herrera y López Villatoro tenían contacto con dos personajes claves del entonces mundo político: Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi. Es decir, el listado acordado no sólo seguía una lógica clientelar del operador hacia su red, sino además, respondía a solicitudes y demandas de poderes superiores. Sinibaldi y Baldizón -por cierto- acordarían más delante la elección final de magistrados por el Congreso.

Caso similar se evidenció en el caso del viernes pasado. Gustavo Alejos, el pulpo de la captura del Estado, sabía que para colocar candidatos en la nómina final se requería del voto de 24 comisionados. Para ello, prefirió interactuar con operadores y no necesariamente con los comisionados en lo individual. De esa forma Galvez, Paíz y Ruiz actuaban como puentes entre la Postuladora y el interés criminal de Alejos.

Del nombre del caso del viernes pasado se deduce que habrá más fases en la investigación sobre el intento de grupos criminales y políticos de cooptar la elección de altas cortes del 2019. Pero sólo con estos hallazgos, más el aprendizaje del proceso 2014, la realidad del sistema ha quedado desnudada. Las comisiones de postulación son una gran farsa, donde la evaluación del mérito, credenciales académicas y profesionales de los candidatos es irreal. Por el contrario, donde se negocian cuotas de poder, entre grupo gremiales clientelares y poderes externos (sean políticos, económicos o criminales).

Bajo esa realidad, el sistema de justicia en Guatemala no es ni independiente, ni probo, ni meritocrático. Al final, las cortes son un botín más al servicio de las mafias. Y eso, nos vuelve un Estado fallido.

Tres casos penales y un sistema agotado

Desde 2018, CICIG y FECI han venido develando -en actos de una ópera tragicómica- la realidad de un sistema de comisiones de postulación que se ha agotado en su totalidad.

Recordemos. Con la Constitución del 85, pero particularmente luego de la Reforma Constitucional de 1993, se estableció un sistema de tipo corporativista para designar a las altas autoridades del Organismo Judicial. Ese modelo corporativista llamaba a que rectores, decanos de derecho, representantes del Colegio de Abogados y pares dentro del sistema de justicia, se encargaran de la elaboración de las nóminas de candidatos de la cual el Congreso designaría a los magistrados de las altas cortes.

La lógica parecía impecable: si la élite académica y profesional del gremio de juristas elaboraba un listado de candidatos con las más altas credenciales académicas y profesionales, los diputados quedaban amarrados de manos para cooptar las cortes del país. De esa forma, las comisiones de postulación debían de constituir la salvaguarda de que el sistema de justicia sería independiente con magistrados honorables, idóneos y electos mediante la evaluación del mérito.

Todo eso empezó a cambiar a partir del 2000. Personajes como Roberto López Villatoro (el rey del tenis), Gustavo Herrera, Estuardo Gálvez y una nueva generación de operadores entendieron los entretelones del sistema. Mediante la organización de redes clientelares de abogados, que les permitieran ganar las elecciones en el CANG, podían acceder a espacios de influencia en las postuladoras. Una vez ahí, ganaban cuotas de poder para repartir espacios en las listas de nominados. Accedían a prebendas, al asegurar que candidatos propuestos por poderes externos accedieran al listado. Y obtenían prebendas en el proceso.

El caso Comisiones Paralelas 2020, fase I, recién develado por FECI, revela una parte de la realidad. Operadores como Gálvez, Luis Fernando Ruiz o Murphy Paiz, que tienen acceso directo o indirecto a escaños en la postuladora (Gálvez y Ruiz mediante grupos gremiales que les permiten obtener un número de asientos en las comisiones) se reparten cuotas de cuántos candidatos pueden colar al listado final. Por ejemplo, el grupo de Gálvez tenía 4 representantes en la Comisión, por lo que tenía derecho a 40 candidatos; Ruiz tenía 2 representantes, por lo que tenía derecho a 20 candidatos; y así sucesivamente. Una vez repartidas las cuotas, los operadores acordaban los listados de candidatos que debían integrar la nómina. Y en un ejemplo de disciplina gremial, los comisionados votaban -casi de forma íntegra- por los candidatos acordados por sus padrinos.

La razón detrás de esa disciplina (difícil de explicar desde una perspectiva de Public Choice o de asimetrías de información) se explica con la realidad develada en el Caso Comisiones Paralelas 2014, develado por CICIG-FECI en febrero 2018. Para la elección de Cortes 2014, el Rey del Tenis (un operador de ese proceso) sufragó los gastos de campaña de un grupo gremial, incluyendo fiestas, cenas, desayunos, salones de hotel, etc. Más relevante aún, López Villatoro habría obsequiado un apartamento al entonces magistrado Eddy Orellana Donis, quien fungía como Comisionado en la postuladora. Es decir, la lealtad de los postuladores hacia los operadores es consecuencia de financiamiento de campaña o prebendas ilícitas. Eso explica la razón por la que los comisionados votan por los listados encargados por sus padrinos.

Más importante aún es conocer cómo los operadores se convierten en puentes con poderes externos. La denuncia de Comisiones Paralelas 2014, fase II, presentada por CICIG en 2019, revela la forma en que Gustavo Herrera y López Villatoro tenían contacto con dos personajes claves del entonces mundo político: Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi. Es decir, el listado acordado no sólo seguía una lógica clientelar del operador hacia su red, sino además, respondía a solicitudes y demandas de poderes superiores. Sinibaldi y Baldizón -por cierto- acordarían más delante la elección final de magistrados por el Congreso.

Caso similar se evidenció en el caso del viernes pasado. Gustavo Alejos, el pulpo de la captura del Estado, sabía que para colocar candidatos en la nómina final se requería del voto de 24 comisionados. Para ello, prefirió interactuar con operadores y no necesariamente con los comisionados en lo individual. De esa forma Galvez, Paíz y Ruiz actuaban como puentes entre la Postuladora y el interés criminal de Alejos.

Del nombre del caso del viernes pasado se deduce que habrá más fases en la investigación sobre el intento de grupos criminales y políticos de cooptar la elección de altas cortes del 2019. Pero sólo con estos hallazgos, más el aprendizaje del proceso 2014, la realidad del sistema ha quedado desnudada. Las comisiones de postulación son una gran farsa, donde la evaluación del mérito, credenciales académicas y profesionales de los candidatos es irreal. Por el contrario, donde se negocian cuotas de poder, entre grupo gremiales clientelares y poderes externos (sean políticos, económicos o criminales).

Bajo esa realidad, el sistema de justicia en Guatemala no es ni independiente, ni probo, ni meritocrático. Al final, las cortes son un botín más al servicio de las mafias. Y eso, nos vuelve un Estado fallido.

El sistema electoral es la puerta de entrada al sistema político. Cuando tenemos un sistema electoral diseñado a la medida de los grupos de interés o de quienes pueden beneficiarse de manera directa para tener cuotas de poder, nuestro sistema político será un reflejo de esa misma dinámica. 

El Tribunal Supremo Electoral presentó una propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las modificaciones surgen luego del proceso de revisión de la normativa a través de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral que incluyó a varios sectores de sociedad civil. La propuesta pretende reformar 44 artículos e  incluye algunos puntos que podrían mejorar la calidad del proceso electoral. Sin embargo, uno de los cambios  despierta los fantasmas del pasado respecto al transfuguismo. 

La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que se hizo en 2016 pretendía responder a las demandas de las protestas ciudadanas del año anterior. Uno de los grandes males que buscaba contrarrestar era efectivamente el transfuguismo. De acuerdo con los cambios incorporados en aquel entonces, se considera transfuguismo cuando un diputado renuncia a su partido. Cuando eso sucede, el diputado pasa a ser de  “segunda categoría”, los otros partidos tienen prohibido incluirlo dentro de su bloque legislativo. Es decir, pierde una serie de privilegios a los que puede optar siendo parte de un bloque legislativo, tales como presidir una comisión dentro del Congreso o ser parte de la Junta Directiva.

Pero, ¿qué sucede cuando ese partido se cancela? ¿qué pasa cuando hay una fragmentación del partido? Esos puntos no estaban incluídos en la normativa y con ese espíritu probablemente se intentó modificar la ley para que no exista ese vacío legal que antes había. La propuesta pretende modificar y excluir de la prohibición a los diputados en casos de expulsión, escisión, suspensión o cancelación de los partidos. Pero, ¿es el TSE el encargado de encaminar estos cambios? ¿Por qué se presenta ahora? ¿A quiénes podría beneficiar? 

Esta propuesta debe analizarse a la luz del contexto político pues algunos diputados podrían beneficiarse de manera directa con los cambios propuestos en esta materia. 

Actualmente hay dos bancadas a cuyos diputados una reforma en esta vía les permitiría mantener sus privilegios: la UNE y la UCN. La UNE por estar en proceso de cancelación y la UCN por ser cancelada recientemente. La UNE y la UCN tienen en conjunto la presidencia de más de 10 comisiones dentro del Congreso y puestos dentro de la Junta Directiva. De ser considerados tránsfugas, perderían sus cuotas de poder. 

Los más de 80 diputados de esos dos partidos que actualmente integran el legislativo podrían sumar la cantidad suficiente de votos para aprobar los cambios, sin debate y sin contrapesos suficientes como se ha visto en procesos anteriores con la aprobación del presupuesto en noviembre de 2020 o la juramentación a Mynor Moto en enero de este año. 

El transfuguismo en sí mismo no es algo “malo”. Sin embargo, en Guatemala los ciudadanos escogemos a nuestros diputados al votar por el listado propuesto por el partido político. Por tanto, cuando un diputado se cambia de partido, constituye una traición a la intención del votante. Más allá de eso, es importante mencionar que los partidos políticos en nuestro país no constituyen grupos ideológicos, con visión y estrategias de largo plazo, sino que  son meros vehículos electorales para acceder a puestos dentro del gobierno. Cambiarse de un partido a otro, es “más de lo mismo”.

El sistema electoral es la puerta de entrada al sistema político. Cuando tenemos un sistema electoral diseñado a la medida de los grupos de interés o de quienes pueden beneficiarse de manera directa para tener cuotas de poder, nuestro sistema político será un reflejo de esa misma dinámica. 

La reforma electoral es importante, porque permitirá construir un sistema electoral que responda al ciudadano. En la propuesta se incluyen varios puntos importantes que pueden mejorar la calidad del proceso como el posible sistema integrado del RENAP con el TSE, la franja electoral, los listados desbloqueados, entre otros aspectos que merece la pena evaluar. Sin embargo, la reforma sobre la materia del transfuguismo despierta malestar y varios fantasmas del pasado. 

Los ciudadanos debemos estar atentos a lo que pueda o no aprobarse de la propuesta de reforma a la LEPP que presentó el TSE. Los cambios que se hagan en la ley  electoral deben procurar construir un sistema electoral más transparente y representativo, a la medida del ciudadano.

El sistema electoral es la puerta de entrada al sistema político. Cuando tenemos un sistema electoral diseñado a la medida de los grupos de interés o de quienes pueden beneficiarse de manera directa para tener cuotas de poder, nuestro sistema político será un reflejo de esa misma dinámica. 

El Tribunal Supremo Electoral presentó una propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las modificaciones surgen luego del proceso de revisión de la normativa a través de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral que incluyó a varios sectores de sociedad civil. La propuesta pretende reformar 44 artículos e  incluye algunos puntos que podrían mejorar la calidad del proceso electoral. Sin embargo, uno de los cambios  despierta los fantasmas del pasado respecto al transfuguismo. 

La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que se hizo en 2016 pretendía responder a las demandas de las protestas ciudadanas del año anterior. Uno de los grandes males que buscaba contrarrestar era efectivamente el transfuguismo. De acuerdo con los cambios incorporados en aquel entonces, se considera transfuguismo cuando un diputado renuncia a su partido. Cuando eso sucede, el diputado pasa a ser de  “segunda categoría”, los otros partidos tienen prohibido incluirlo dentro de su bloque legislativo. Es decir, pierde una serie de privilegios a los que puede optar siendo parte de un bloque legislativo, tales como presidir una comisión dentro del Congreso o ser parte de la Junta Directiva.

Pero, ¿qué sucede cuando ese partido se cancela? ¿qué pasa cuando hay una fragmentación del partido? Esos puntos no estaban incluídos en la normativa y con ese espíritu probablemente se intentó modificar la ley para que no exista ese vacío legal que antes había. La propuesta pretende modificar y excluir de la prohibición a los diputados en casos de expulsión, escisión, suspensión o cancelación de los partidos. Pero, ¿es el TSE el encargado de encaminar estos cambios? ¿Por qué se presenta ahora? ¿A quiénes podría beneficiar? 

Esta propuesta debe analizarse a la luz del contexto político pues algunos diputados podrían beneficiarse de manera directa con los cambios propuestos en esta materia. 

Actualmente hay dos bancadas a cuyos diputados una reforma en esta vía les permitiría mantener sus privilegios: la UNE y la UCN. La UNE por estar en proceso de cancelación y la UCN por ser cancelada recientemente. La UNE y la UCN tienen en conjunto la presidencia de más de 10 comisiones dentro del Congreso y puestos dentro de la Junta Directiva. De ser considerados tránsfugas, perderían sus cuotas de poder. 

Los más de 80 diputados de esos dos partidos que actualmente integran el legislativo podrían sumar la cantidad suficiente de votos para aprobar los cambios, sin debate y sin contrapesos suficientes como se ha visto en procesos anteriores con la aprobación del presupuesto en noviembre de 2020 o la juramentación a Mynor Moto en enero de este año. 

El transfuguismo en sí mismo no es algo “malo”. Sin embargo, en Guatemala los ciudadanos escogemos a nuestros diputados al votar por el listado propuesto por el partido político. Por tanto, cuando un diputado se cambia de partido, constituye una traición a la intención del votante. Más allá de eso, es importante mencionar que los partidos políticos en nuestro país no constituyen grupos ideológicos, con visión y estrategias de largo plazo, sino que  son meros vehículos electorales para acceder a puestos dentro del gobierno. Cambiarse de un partido a otro, es “más de lo mismo”.

El sistema electoral es la puerta de entrada al sistema político. Cuando tenemos un sistema electoral diseñado a la medida de los grupos de interés o de quienes pueden beneficiarse de manera directa para tener cuotas de poder, nuestro sistema político será un reflejo de esa misma dinámica. 

La reforma electoral es importante, porque permitirá construir un sistema electoral que responda al ciudadano. En la propuesta se incluyen varios puntos importantes que pueden mejorar la calidad del proceso como el posible sistema integrado del RENAP con el TSE, la franja electoral, los listados desbloqueados, entre otros aspectos que merece la pena evaluar. Sin embargo, la reforma sobre la materia del transfuguismo despierta malestar y varios fantasmas del pasado. 

Los ciudadanos debemos estar atentos a lo que pueda o no aprobarse de la propuesta de reforma a la LEPP que presentó el TSE. Los cambios que se hagan en la ley  electoral deben procurar construir un sistema electoral más transparente y representativo, a la medida del ciudadano.