El modelo de contrataciones en la infraestructura es poco transparente y en consecuencia no hay garantías de que estos fondos efectivamente irán a infraestructura.

El pasado 15 de marzo el Congreso aprobó dos decretos: el 20-2022 mediante el cual establecen un subsidio por dos meses de Q5.00 por galón de diésel y Q2.50 por galón de gasolina regular. Por otra parte, aprobaron el decreto 21-2022 mediante el cual ampliaron en Q3 mil 191 millones 243 mil 500 el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) para que teóricamente se inviertan en infraestructura.

El primer elemento para considerar de ambos decretos es que prácticamente no existió discusión parlamentaria. El decreto 20-2022 fue producto de la iniciativa de ley 6047 promovida por el Ejecutivo. La iniciativa, hoy, ni siquiera está disponible en el portal del Congreso para su consulta.

Había al menos otras dos iniciativas de ley sobre la materia que habían entrado antes al Congreso. Por una parte, la iniciativa 6037 que proponía un subsidio más oneroso que el aprobado. Por otra parte, la iniciativa 6040 que proponía cambiar el tipo impositivo del impuesto específico al combustible que actualmente es un monto fijo por galón según el tipo de combustible: Q4.70 a la gasolina superior, Q4.60 a la gasolina regular, Q4.70 a la gasolina de aviación y Q1.30 al diésel.

La 6040 proponía un valor variable para el impuesto específico a los combustibles con base a los precios internacionales del petróleo tomando como base el promedio de precios publicados en el Global Alert de Platts u otro medio similar. De este modo, el impuesto podría llegar a cero si el precio de los combustibles sobre pasa cierto nivel o quedar al nivel actual si los precios caen. La propuesta era al menos digna de discusión. Tal cosa no ocurrió.

El subsidio a los combustibles costará un total de Q745 millones y se financiará con saldos de caja. El decreto 21-2022 que asignará más de Q3 millardos a infraestructura también se financiará con reducciones de saldos de caja.

Las críticas a este decreto van por tres vías. Por una parte, la falta de debate vuelve a ser un elemento importante. La iniciativa que dio lugar a esta ley ingresó al Congreso el 1 de marzo y en dos semanas ya era una realidad sin mayor análisis de viabilidad, conveniencia, etc. ¿Cuáles obras deben priorizarse? ¿son las correctas? ¿por qué? ¿no hay otros usos más urgentes que se pueden dar a esos fondos? No se discutieron estos aspectos.

En segundo lugar, se entiende que existe una clara lógica preelectoral considerando que habrá obras en distritos locales que podrían ser capitalizadas por diputados distritales pensando en la elección del 2023.

Por último, se ha discutido de sobra que el modelo de contrataciones en la infraestructura es poco transparente y en consecuencia no hay garantías de que estos fondos efectivamente irán a infraestructura. Algunos expertos cuestionaron que había malicia al asignar parte considerable de los Q3 millardos a gastos de funcionamiento y no de inversión. Refieren que, al ser presupuestados como gastos de inversión, no deben pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), por ejemplo.

No pretendo hacer un examen exhaustivo de la iniciativa, pero sí exponer algunos problemas fundamentales que trae esta normativa.

El 8 de marzo el Congreso aprobó con 102 votos la iniciativa 5272, Ley para la Protección de la Vida y la Familia y se convirtió en el decreto 18-2022. No pretendo hacer un examen exhaustivo de la iniciativa, pero sí exponer algunos problemas fundamentales que trae esta normativa.

En síntesis, el ahora decreto 18-2022, aumenta las penas de prisión para los delitos relacionados con el aborto, prohíbe que tanto en la educación pública como privada se enseñe cualquier idea distinta a la familia entendida como unión exclusivamente de hombre y mujer, prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo (aunque no estaba permitido), crea un delito de “promoción” y “facilitación” del aborto y obliga a los médicos a rendir un informe en caso de que muera un embrión o feto sea por causas naturales o provocadas (abortos espontáneos incluidos).

Desde el punto de vista jurídico hay muchísimo que decir. Me permito señalar brevemente algunos problemas. El primero, una violación flagrante al derecho a la igualdad. Como la propia Corte de Constitucionalidad (CC) ha reconocido en una sentencia de enero de 2021 (expediente 3319-2020), el derecho a la igualdad (artículo 4 constitucional) prohíbe el trato discriminatorio a cualquier persona. Además, la Corte cita una opinión consultiva de la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos donde se establece que el principio fundamental de igualdad y no discriminación ya forma parte del dominio del ius cogens.

Esta ley básicamente institucionaliza la discriminación en especial para personas que no son heterosexuales, pero también hacia personas heterosexuales que viven en unidades familiares distintas de las definidas en esta ley. De acuerdo con el censo de 2018, el 25% de los hogares guatemaltecos tienen a una mujer como cabeza de hogar.

En segundo lugar, viola abiertamente el principio de proporcionalidad y razonabilidad que la CC ha reconocido en materia penal especialmente en los expedientes 2951-2017 y 4099-2020. La Corte ha establecido que el derecho penal es mecanismo último para la protección de derechos fundamentales. También que “no pueden existir normas que tipifiquen delitos sin fundamento alguno, ni penas excesivas que resulten innecesarias”. El aborto ya estaba penalizado y las penas que esta ley proponen son desproporcionales.

En tercer lugar, se viola el derecho a la educación. Se obliga a todas las instituciones educativas a enseñar un determinado modelo de familia y se prohíbe enseñar otras ideas “incompatibles” con esa visión. Los niños no tendrían acceso a distintas fuentes de información ni podrían siquiera contrastar ideas porque la ley ordena y proscribe ciertas ideas incluso para la educación privada.

En cuarto lugar, se viola la libertad de expresión y la seguridad jurídica. Se crea un delito que penaliza la “promoción” del aborto. ¿Qué significa promocionar el aborto? ¿hablar de ello? ¿proponer que se despenalice en el ejercicio de la libertad de expresión? La norma penal no es taxativa, no es precisa. Esto viola la seguridad jurídica reconocida en la jurisprudencia de la propia corte constitucional. También afecta la libre emisión del pensamiento porque limita desproporcionalmente el ejercicio de la libre expresión.

El presidente Giammattei en un breve mensaje sugirió al Congreso “archivar” el decreto. Adelantó que, si el Congreso no lo archiva y se lo remite, lo vetaría. De acuerdo con el mandatario, lo haría porque “adolece de deficiencias técnicas en su redacción”, viola la Constitución e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Al momento de escribir estas líneas, el Congreso aun no ha decidido sobre el particular. La petición de “archivar” el decreto ya aprobado se debe a una fórmula adoptada por el Congreso en dos episodios donde se vieron obligados a dar marcha atrás. Es el caso de las polémicas reformas al Código Penal en septiembre de 2017 y la aprobación exprés del presupuesto en noviembre de 2020.

Técnicamente el proceso legislativo termina sus etapas en el Congreso con la aprobación final de un decreto. Pero en 2017, el Congreso decidió aprobar el precedente 2-2017 mediante el cual dispuso que, si recibía objeciones sobre la constitucionalidad o conveniencia una vez aprobado un decreto, lo pondría a conocimiento del pleno y si el pleno lo aprueba por mayoría absoluta, se archivaría y no se remitiría al Ejecutivo.

Es una salida poco ortodoxa, pero que ya ha sido utilizada. Lo más preocupante es que la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) en su artículo 117 establece que, dentro del proceso de formación de ley: “En los dos primeros debates de un proyecto de ley, éste será discutido en términos generales, deliberándose sobre la constitucionalidad, importancia, conveniencia y oportunidad del proyecto”.

De modo que la ocasión para darse cuenta de estos problemas era en los primeros dos debates en el pleno. Y por supuesto, sin olvidar que la iniciativa tuvo un dictamen favorable precisamente de la comisión de legislación y puntos constitucionales.

Mientras el foco de la persecución fuesen actores políticos, personajes de grupos emergentes o actores judiciales no vinculados a las élites, no había problema.

En semanas recientes, he querido esbozar un marco explicativo sobre la evolución del poder económico y el rol de las élites tradicionales dentro del sistema político. Una premisa básica es que desde el cambio de milenio y conforme se ha consolidado el sistema patrimonialista y el ciclo autosostenible de “financiamiento de campañas – acceso a oportunidad de riqueza”, ha surgido una élite emergente, cuyo capital estaría vinculado con negocios públicos, dígase construcción de infraestructura, proveeduría del Estado, tráfico de influencias judicial y un largo etcétera.

Para 2015, era evidente el asalto de esa élite emergente sobre el sistema político. Gustavo Alejos, Manuel Baldizón, el Rey del Tenis, ex oficiales del círculo de Otto Pérez, Baldetti y su rosca, diputados, decenas de constructoras de reciente creación y dudosa procedencia, centenares de nuevos proveedores del Estado, etc. Para entonces, algunos visionarios dentro de las élites reconocían el riesgo que este capital emergente representaba para su propio poder político. Veamos algunos ejemplos concretos, válidos en ese entonces:

A inicios de 2015, un Congreso controlado por una alianza de diputados de Patriota y Líder, aprobó de forma inconsulta impuestos a la telefonía, al cemento y a la actividad minera, pasando por encima del documentado y habitual veto empresarial sobre la política fiscal. Meses después, el aumento impositivo sería suspendido por la VI Magistratura de la Corte de Constitucionalidad (vamos a ver un patrón aquí). A nivel legislativo la realidad era peor: mientras el aumento tributario y el presupuesto para el saqueo se aprobaba con toda celeridad, las iniciativas provenientes de la élite dormían el sueño de los justos.

A nivel del sector justicia, la pérdida de poder era evidente. Previo al cambio de milenio, los principales espacios del sistema judicial y de la gremialidad jurídica estaban en manos de una élite tradicional de abogados, muy vinculada a bufetes corporativos y a universidades privadas, a quienes se les denominaba “las vacas sagradas”. No obstante, desde el FRG, el Rey del Tenis, el Gato Herrera y otros más desarrollaron redes encaminadas a permitir que otros personajes -no vinculados a la élite- llegaran a la cúspide del poder judicial. Podemos hacer el ejercicio de ver cómo en la integración de la CSJ de 1999, por lo menos 9 de los 13 magistrados eran personajes vinculados a la élite tradicional; en cambio, en la CSJ del 2014, absolutamente ninguno de los magistrados electos provino de la “short list” empresarial. Lo interesante es que el mismo fenómeno ocurría de forma sistemática en casi todos los espacios de poder: SAT, contraloría, alcaldías, diputaciones, el sistema de consejos de desarrollo, etc.

Durante los primeros meses de la ofensiva de 2015, la postura de las élites tradicionales era de un respaldo absoluto al proceso. Al final del día, los actores que les competían espacios de poder, tenían precisamente en la corrupción la fuente primigenia de su poder y su autonomía. Por eso, mientras el foco de la persecución fuesen actores políticos, personajes de grupos emergentes o actores judiciales no vinculados a las élites, no había problema. Es más, incluso cuando un expresidente del Congreso proveniente del seno de las élites se vio involucrado en un caso de corrupción, el abandono de sus pares fue evidente.

“Que cada quien pague los elotes que se comió” era la frase que más se repetía en directivas y comités, dando a entender que el corporativismo y el tribalismo -aparentemente- estaban dando paso a un sentido de modernidad y un muy necesario individualismo liberal. Incluso, ofrecían expulsar a los empresarios implicados en “La Línea”. Obviamente esta promesa caería en saco roto, puesto que meses después -en la segunda temporada de El Mecanismo- se revelaría que uno de los operadores centrales de la Línea era también un codiciado tramitador, contratado por diversas empresas tradicionales para agilizar la devolución de crédito fiscal. Bueno, en su conocido estilo de apelar a lo barroco y al formalismo para defender lo indefendible, hay quien dirá que el ofrecimiento se circunscribía a expulsar a implicados en La Línea, no así a los implicados en “Impunidad y Defraudación” o “Traficantes de Influencias”, aún si la raíz de los casos era la misma. Continuará…

La influencia occidental en Ucrania supone una amenaza existencial para Rusia y esto explica sus actitudes beligerantes.

La invasión rusa a Ucrania es la peor agresión en suelo europeo desde 1945. No soy versado en la materia, así que me propongo compartir los planteamientos de los expertos. Hoy comparto la posición de John J. Mearsheimer, conocido exponente de la corriente neorrealista de las relaciones internacionales.

En 2014 publicó en Foreign Affairs una pieza titulada “Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault” y ofreció en 2015 una conferencia en Harvard que lleva el mismo título. También se puede encontrar en YouTube una ponencia suya del pasado 2 de marzo en la que comenta la agresión rusa ocurrida hace poco y hay una entrevista en The New Yorker sobre el particular.

Para Marsheimer, la explicación convencional asegura que todo es culpa de Putin quien además tiene ambiciones imperialistas y planea expandir los tentáculos rusos a otros países europeos. Él está en desacuerdo y dice que el problema esencial es que, por su ubicación geográfica, Ucrania es estratégico para Rusia en términos existenciales y de seguridad nacional.

En tal sentido, en la lógica rusa, la influencia occidental en Ucrania supone una amenaza existencial para Rusia y esto explica sus actitudes beligerantes. Considera que hay tres eventos clave. En primer lugar, la expansión de la OTAN hacia el Este. La OTAN, explica el profesor, después de la caída del Muro de Berlín, se expandió hacia el Este. Primero en 1999 cuando ingresan Polonia, República Checa y Hungría y una segunda vez, en 2004, con el ingreso de Estonia, Letonia, Rumanía y Bulgaria.

Para entonces, dice Marhseimer, Rusia lo vio con malos ojos, pero era demasiado débil para hacer algo. Pero fue en 2008, cuando la OTAN saluda el posible ingreso de Georgia y Ucrania en la alianza que las cosas cambian. Ese mismo año se desata la guerra entre Georgia y Rusia.

El segundo evento, continúa exponiendo el profesor, es la intentona ucraniana de sumarse a la Unión Europea. Esto irrita al kremlin y Víktor Yanukovich, presidente ucraniano y afín a Rusia, termina dando marcha atrás. Esto da lugar al tercer evento importante: para el kremlin las protestas que terminan con el exilio de Yanukovich en 2014 supusieron una amenaza para Rusia dado que Ucrania se convertiría en una “democracia” pro Estados Unidos y pro Occidente.

En tal sentido, la anexión de Crimea ocurre días después de la salida de Yanukovich y los rusos dejan claro que no permitirán bajo ningún motivo que Ucrania se acerque a occidente pues eso supone una amenaza existencial a la seguridad rusa, según Marsheimer.

Dicho esto, Marsheimer considera que la lógica rusa es: dado que Ucrania representa una amenaza existencial para Rusia, hará todo lo que esté a su alcance para impedir que Ucrania caiga en la órbita “enemiga”. Él predice que Rusia prevalecerá porque para ellos Ucrania es una cuestión existencial y de seguridad, mientras que para Occidente no.

Marsheimer predice que Rusia prefiere destruir Ucrania bajo la lógica de “si no puedo tenerlo de mi lado, prefiero destruirlo”. Predice también que las sanciones económicas, aunque brutales, no servirán para doblegar a Rusia que resistirá hasta el final ante una amenaza tan grande para sus intereses.

Masrheimer recibe varias críticas. En primer lugar, se le critica por no reconocer el derecho de autodeterminación de los ucranianos. Claramente hay una parte importante de la población ucraniana que quiere acercarse a Occidente y los valores de la democracia liberal y alejarse de Rusia. Para Masrheimer, bajo su prisma neorrealista, eso es moralmente deseable, pero estratégicamente inviable.

Por otra parte, se critica a Masrheimer bajo la premisa de que no fue la OTAN la que “buscó” extenderse hacia el Este de Europa, sino fueron los países como Polonia, Hungría y demás quienes buscaron y solicitaron unirse a la misma.

Al margen de nuestro acuerdo o desacuerdo con lo expuesto por John J. Marsheimer, vale la pena explorar su material sobre la crisis en Ucrania para tener elementos que nos ayuden a entender este conflicto.

Putin ha demostrado que está dispuesto a cometer las peores atrocidades, con tal de alcanzar sus objetivos

Putin ha metido al mundo en la peor crisis geopolítica desde la Segunda Guerra Mundial. Las atrocidades que está cometiendo contra el pueblo ucraniano ha provocado la indignación alrededor del mundo. Incluso dentro Rusia se han registrado diversas manifestaciones en contra de la guerra, lo que ha significado la cárcel para cientos de manifestantes rusos.

Pero la indignación y el rechazo global no han detenido las pretensiones de Putin. A pesar de la resolución de la Asamblea de la ONU y diversos organismos multilaterales condenando los ataques a Ucrania, la invasión y los bombardeos a ese país han continuado. Putin dice que todo va según lo planeado, insinuando que tanto la resistencia aguerrida de Ucrania, como las históricas sanciones económicas a Rusia fueron anticipadas en su juego perverso y que de todas formas, continuará con su objetivo.

Sin bien las sanciones económicas podrían causar una fuerte caída de la economía rusa, el flujo de divisas a ese país no estaría totalmente cerrado, debido a que ninguna de sus exportaciones de materias primas, como petróleo, minerales y gas, están siendo restringidas. La desconexión del sistema SWIFT tampoco ha sido completo, sino sólo dirigido a ciertos bancos. Eso significa que la economía rusa podrá seguir a flote con la exportación de sus materias primas, recibiendo  flujos del exterior a través de una buena parte de su sistema financiero. En ese sentido, pareciera que Putin está tranquilo que el “descalabro” económico será limitado y no significará el colapso de la economía rusa. La razón para evitar el aislamiento total de Rusia, es que Europa, principalmente Alemania e Italia, dependen fuertemente del gas de ese país.

Por otra parte, el suministro de armas a Ucrania por parte de los países occidentales podría ser insuficiente para contener el poderío militar ruso. La mayor parte de esa ayuda pareciera estar enfocada en resistir el ataque terrestre, con armas antitanques, pero el poderío aéreo y los misiles de Rusia está causando estragos en varias ciudades ucranianas, con sus incesantes bombardeos. Eso podría, tarde o temprano, menguar el espíritu de resistencia de los ucranianos.

La única forma en que Ucrania tenga una posibilidad real de ganarle a Rusia, es que los países occidentales estén dispuestos a enfrentarse a Rusia en suelo ucraniano. Pero eso significaría declararle la guerra a Rusia y el inicio de un conflicto de alcance global. La estrategia de sanciones económicas y de enviar cierto tipo de armamento a Ucrania pretende contener a Putin, sin caer en un enfrentamiento directo.

El desenlace de esta guerra podría darse pronto, con una Ucrania bajo el dominio Ruso. Por supuesto que someter a 44 millones de personas no es tarea fácil y el escenario de enfrentar focos de resistencia ucranianos es muy probable. Pero Putin ha demostrado que está dispuesto a cometer las peores atrocidades, con tal de alcanzar sus objetivos. En ese sentido, la mano de hierro con la que gobierna Rusia, se extendería también a Ucrania.

Ante este escenario, es bastante probable que los países Occidentales estén dispuestos a “ceder” Ucrania con tal de no iniciar una tercera guerra mundial. La cuestión es ¿Se quedaría Putin “satisfecho” con haber anexado a Ucrania? ¿O luego de algún tiempo irá por el resto de países de la extinta Unión Soviética? Es difícil predecirlo. En el 2014 se pensó que Putin sólo quería Crimea y que no invadiría el resto de Ucrania.

El dilema de Occidente es bastante complejo. ¿Estamos ante un escenario parecido al de la invasión a Checoslovaquia en 1938, en donde se le permite a Hitler que se quede con ese país con tal de evitar otra Gran Guerra? ¿O dejar caer a Ucrania es el “costo de la paz mundial”? A estas alturas no lo sabemos. Es claro que enfrentar directamente a Rusia por defender a Ucrania desencadenaría un conflicto global. Pero también existe la posibilidad que las ambiciones de Putin no conozcan límites.

 Las demandas de combatir la corrupción, depurar el sistema e impulsar reformas en materia electoral, de justicia, servicio civil y contrataciones públicas eran la propuesta del empresariado. 

La semana pasada, quise reseñar la evolución del poder de las élites durante los primeros años de democracia y la forma como gradualmente la consolidación del patrimonialismo de Estado ha provocado el surgimiento de una élite emergente y el desplazamiento del poder central de las élites dentro del sistema político. En esa trama, el 2015 fue un año atípico.

Para entonces, el teorema de “el que le toca” constituía la regla sobre la que se analizaban los escenarios políticos de corto plazo. Bajo ese precepto, parecía casi una certeza que Manuel Baldizón ganaría la presidencia. En ese esquema, el petenero representaba a esa élite emergente, vinculada al patrimonialismo de Estado, que con el paso del tiempo amenazaba con desplazar a la tradicional. Más que una amenaza ideológica, Baldizón era riesgoso en términos de poder político y autonomía real.

Para entonces, la posición desde la élite ante el escenario de la victoria de Líder era ambivalente y poco granítica.  Una facción fundamentalista apostaba por enfrentar a Baldizón, mediante los trucos y bromas propios de la política criolla, además de apuntalar a candidatos alternos. De ahí surgieron campañas como el “No te toca”. Algunos recurrieron al apoyo directo. Una rápida revisión de los documentos públicos del caso Construcción-Corrupción (Fase II) revela que no sólo hubo dinero de constructoras fluyendo a las sociedades vinculadas con Sinibaldi. Otros iluminados -incluso- consideraron acompañar como compañero de fórmula al entonces delfín (en el multiverso, esa realidad alterna hubiera estado muy chistosa). O qué decir del apoyo brindado a FCN-Nación, un hecho documentado y reconocido, indistintamente de los barrocos debates legales que siguieron.

En cambio, la facción utilitarista apostaba por la receta que se convertiría en norma: “es mejor estar cerca del poder, independientemente de quién lo ejerce y aún si hay que ensuciarse las manos.” Y por ahí estaban los menos -pero los había- a quienes Baldizón encantaba con su libertaria idea del flat tax de 5%.

En medio del debate sobre si Baldizón representaba o no una amenaza y cómo atenderla, cuando nadie lo esperaba, el 16 de abril de 2015 se sobrevino el escenario cisne negro. Y todo cambió.

Durante años, la demanda primordial del sector privado en materia tributaria había sido precisamente el combate a la defraudación y el contrabando aduanero. Por ello, con el mismo desagrado que el resto del país, rompieron su asimétrica alianza con Pérez Molina, aplaudieron la investigación y pidieron se profundizara. Careful what you wish for -dirían los americanos- ya que, en las siguientes temporadas de “El Mecanismo”, nos enteraríamos que de La Línea se desprenderían dos de los casos más incómodos para la élite: “Impunidad y Defraudación” y “Traficantes de Influencias”. De este último también surgió el caso por el que Sandra Torres enfrentaría proceso. Así que en términos futboleros, digamos que fue un empate, aunque encajaron gol de local.

El balance de fuerzas a lo interno no era muy distinto al de 2022. Quien hoy marca distancia de la patronal, en 2015 entendía los vientos de cambio y apostaba por la depuración. En cambio, quien hoy demuestra su complejo de filarmónico en pleno Titanic, también en 2015 se apuntó a pedir la renuncia de Otto Pérez, hasta el minuto 91 del partido. Aún así el espíritu del tiempo ya se hacía presente. Las demandas de combatir la corrupción, depurar el sistema e impulsar reformas en materia electoral, de justicia, servicio civil y contrataciones públicas eran la propuesta del empresariado. ¡Agenda más chaira por amor de Dios! Continuará…

Tal parece que la estrategia de Putin de cooperación técnica-militar, venta de armamento, relaciones comerciales, diplomacia de vacunas y corresponsalías de agencias de noticias rusas, ha rendido frutos en la región.

Contrario a otros momentos de la historia latinoamericana en el siglo pasado, a la hora de fijar posición en torno a los conflictos entre las potencias de Europa y Estados Unidos, América Latina nunca había estado tan fragmentada como ahora. A través de los años, las posturas de la mayoría de los países de la región casi siempre se habían cohesionado en torno a la posición de los Estados Unidos, en un principio, apelando a la vieja Doctrina Monroe y luego, ya en un bloque agrupado, a partir de la creación de la OEA. Tal vez con la sola excepción de México, cuya neutralidad ante conflictos externos es histórica, y luego Cuba, a partir de la revolución del 59.

2022 pareciera haber roto esa unidad histórica y está comenzando a emerger un panorama heterogéneo de actitudes diversas, e incluso ambivalentes, en relación a la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, el pasado 24 de febrero.

A vuelapluma, podemos caracterizar las posturas de los gobiernos latinoamericanos en tres grandes grupos y algunos outliers:

Las manifestaciones de condena tajante a la invasión rusa por parte de los gobiernos de Chile, Paraguay, Guatemala, Colombia y Costa Rica. En el caso de Colombia, por ser cercano a la OTAN y uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, y Costa Rica, por su histórica tradición de no tener ejército y de rechazar la vía armada para resolver conflictos.

Luego están Cuba, Venezuela y Nicaragua, que se han declarado a favor de Putin. En el caso de Cuba, por sus relaciones históricas desde los tiempos de la URSS y Venezuela, por la venta de armamento y el apoyo técnico ruso con ejercicios militares a sus Fuerzas Armadas venezolanas, pero también por sus relaciones comerciales. También recordemos que una semana antes de la invasión, el viceprimer ministro ruso, Yuri Borízov, hizo gira por estos tres países y se reunió con Díaz-Canel, Maduro y Ortega.

Por su parte, Perú, Ecuador, Honduras, México, Uruguay, Panamá, Bolivia y Argentina llamaron al cese de hostilidades y al diálogo entre las partes. México continuó con su histórica posición neutral y criticó las sanciones a Rusia, incluso enfrentándose a las presiones de Estados Unidos, su vecino y principal socio comercial.

Por otra parte, también se evidencia que la estrategia de Putin en el subcontinente van más allá de lo ideológico ya que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, en un principio se declaró neutral en el conflicto, pero ante las declaraciones de rechazo de su vicepresidente y de su representante en la ONU, tuvo que moderar su posición. Recordemos que Bolsonaro se ha acercado bastante a Putin en los últimos meses, y le ha dispensado toda clase de elogios públicamente. Otra actitud inusual ha sido la de Alberto Fernández, presidente de Argentina, quien a pocos días de la invasión realizó un viaje a Moscú a reunirse con Putin y estrechar lazos de cooperación entre ambas naciones sobre todo para agradecerle la venta de vacunas Sputnik V a inicios de la pandemia. El encuentro entre Fernández y Putin no pareciera ser una desafortunada coincidencia ni un error de cálculo, ya que las fuentes informan que Fernández deliberadamente desoyó las advertencias de Estados Unidos de que Putin ya tenía tropas preparadas en la frontera con Ucrania y, aún así, acudió al encuentro.

El 25 de febrero, un día después de la invasión, la Organización de Estados Americanos redactó una declaración conjunta, y países como Uruguay, Jamaica, Argentina y Brasil, no la suscribieron. Uruguay luego se defendió sacando un comunicado desde su cancillería en donde explicaban que ya en su intervención en la Asamblea de Naciones Unidas del 23 de febrero, habían dejado claro su rechazo frente a las amenazas de Rusia hacia Ucrania, pero después de una fuerte presión mediática, el presidente Lacalle Pou pidió revisar el voto en la OEA para luego adherirse a la declaración e incluso, en otro gesto importante, retiró la señal de RT de Uruguay.

Durante la Asamblea General de la ONU del 2 de marzo, en la que se discutió una resolución que insta a Rusia a detener su ataque a Ucrania, solamente Venezuela criticó la resolución, pero no se le permitió votar por no estar al día con sus pagos. Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua se abstuvieron. Sobre esto, también ha sorprendido la posición de El Salvador y varios analistas refieren que se debe al enfriamiento de las relaciones entre Nayib Bukele y Washington, y el interés de Bukele en que los oligarcas rusos sancionados por Occidente, inviertan en los bonos de deuda en bitcoin, que el gobierno salvadoreño está próximo a emitir.

Tal parece que la estrategia de Putin de cooperación técnica-militar, venta de armamento, relaciones comerciales, diplomacia de vacunas y corresponsalías de agencias de noticias rusas, ha rendido frutos en la región.

La receta es sencilla: aportar recursos a una campaña política, constituye el ticket para acceder a la repartición de negocios, licencias, contratos, sueldos, puntos, etc.

Durante la última década del siglo XX, Sussane Jones y Rachel McLeary publicaron investigaciones histórico-políticas sobre la génesis de la democracia guatemalteca, el rol de los actores políticamente relevantes del momento, y las dinámicas de poder real existentes en el país.

Tanto Jones como McLeary dedicaron extensos apartados a ofrecer interpretaciones sobre la relación entre las élites económicas guatemaltecas, el poder político (Partidos Políticos, Ejército) y la naciente sociedad civil, en el contexto de la primera década democrática. Guardando las distancias, ambas concluían que existía una evidente ascendencia de las élites sobre los diferentes espacios del poder. La relación simbiótica entre medios y élites, la concentración del financiamiento partidario en unas pocas chequeras privadas, junto al poder de veto de la patronal respecto a legislación y políticas públicas, constituían las pruebas más evidentes de dicho supuesto.

Sin embargo, con la llegada del FRG, esta dinámica empezó a cambiar. Lentamente. El perfeccionamiento del sistema patrimonialista (que institucionaliza la corrupción y el tráfico de influencias) generó un ciclo autosostenible de financiamiento electoral – corrupción. La receta es sencilla: aportar recursos (financieros u horas-hombre) a una campaña política, constituye el ticket para acceder a la repartición de negocios, licencias, contratos, sueldos, puntos, etc.

En estos quince años, el patrimonialismo de Estado ha provocado: 1) el surgimiento de una élite emergente vinculada a la proveeduría del Estado (siendo Gustavo Alejos un ejemplo paradigmático); y 2) mayor autonomía de los políticos respecto del poder económico tradicional, dado que los partidos aprendieron que era más eficiente -y menos laborioso- financiar campañas con dinero de dudosa procedencia, que “pasar el sombrero entre los muchachos”. Los primeros aspiran a más negocios o impunidad; los segundos piden leyes, reglamentos, políticas, ministros, directores, etc.

Esa dinámica provocó que, a partir de 2008, la relación de las élites sobre el sistema ya no fuese de completa ascendencia, sino más una especie de primus inter pares. Al final, valores subjetivos como la legitimidad discursiva, el organicismo, el tradicionalismo, la ascendencia social, la capacidad de organización institucional o la misma hegemonía socio-cultural se convirtieron en las herramientas de poder blando que permitían compensar la pérdida del monopolio sobre el poder económico.

Para muestra, a lo interno de los proyectos políticos de la UNE, Partido Patriota, FCN-Nación y VAMOS, la participación de las élites ha sido cada vez menos protagónica. Incluso, en ciertos momentos, ha resultado evidente que son meros agregados tangenciales o aliados coyunturales de proyectos que verdaderamente responden a los intereses de alguien más.

Antes de 2017, había conciencia sobre la importancia de salvaguardar algunas de las herramientas de poder blando, como la legitimidad discursiva. De ahí que todavía había pronunciamientos sobre transparencia y corrupción, la decadencia del sistema de justicia o la disfuncionalidad del aparato estatal. Eso sí, en más de alguna ocasión tuvieron que pedir permiso al entonces Presidente de la República antes de publicar (en una clara muestra sobre las verdaderas dimensiones de la ascendencia de poder, allende 2014). Continuará…

Dos meses de subsidio no harán la diferencia. 

El precio de las energías fósiles ha aumentado de manera importante durante el último año. Esto se debe a múltiples factores. Por el lado de la demanda, la recuperación económica impulsada por el relajamiento de las restricciones de la pandemia hace que la demanda de energía haya repuntado llevando consigo los precios al alza.

Por el lado de la oferta, los altos precios no han traído aparejado un incremento igual en la producción por diversas razones. Los expertos apuntan a que hay un éxodo de inversiones de los petróleos de gas y petróleo en respuesta a las agendas de los gobiernos de las naciones ricas que apuestan por un futuro en el que no exista dependencia de los combustibles fósiles. Esto hace que la oferta no incremente al ritmo que los altos precios lo harían en otras condiciones.

El conflicto en Ucrania agrega una incertidumbre a los precios de la energía, pero independientemente de este conflicto todos los diarios y expertos en materia económica ya nos advertían del encarecimiento del gas y el petróleo.

Guatemala es un país importador neto de gas y petróleo y por lo tanto espectador de estos fenómenos cuyas consecuencias ya se dejan sentir. Hace un año el cilindro de gas de 25 libras se cotizaba a Q116 y en noviembre de 2021 estaba a Q142. El galón de gasolina super se compraba al 14 de febrero de Q33.22 en la capital y hace un año se compraba a Q25.53.

El Congreso de la República respondió al alza del gas natural con el decreto 15-2021 mediante el cual otorgó un subsidio de Q8.00 al cilindro de 10 libras, de Q16.00 al cilindro de 20 libras, de Q20.00 al cilindro de 25 libras y de Q28.00 al cilindro de 35 libras. Con el subsidio el cilindro de 25 libras bajó Q20 de Q142 a Q122.

De acuerdo con el decreto 15-2021, el subsidio era por tres meses y finalizaría el 28 de febrero de 2022, o sea, hoy. El Congreso introdujo a la carrera la iniciativa de ley 6034 que disponía prorrogar dicho subsidio por dos meses más en la sesión del pasado 23 de febrero pasado, pero no obtuvo los votos necesarios para aprobarla en una sola sesión de urgencia nacional.

Cabe preguntarse si la solución a una subida de precios en el mercado internacional será un subsidio con todo lo que esto implica. Los subsidios son siempre transferencias de un sector a otro y esto tiene costos. En segundo lugar, los subsidios pueden generar incentivos perversos si su modo de implementación no es el adecuado. La intervención del diputado Arzú Escobar parecía sugerir que alguna empresa reaccionó subiendo precios al ver que se aprobaría el subsidio, por ejemplo.

Es inaceptable que el Congreso pretenda prorrogar un subsidio sin ofrecer una evaluación los méritos de la implementación del decreto 15-2021. Los precios del gas, termine pronto o no el conflicto en Ucrania, continuarán altos por mucho tiempo. Dos meses de subsidio no harán la diferencia.

Cabe preguntarse si no sería más lógico apostar a una discusión más estructural como, ¿qué barreras de importación u operación podría removerse para que baje el costo de operar una compañía de gas y esto se refleje en un mayor dinamismo económico y por tanto en precios menores?

Por otra parte, parece más razonable la propuesta del unionismo de exonerar temporalmente el Impuesto a Productos Derivados del Petróleo en el caso de la gasolina y diésel. Dado que se paga un impuesto fijo de Q4.70 por galón de super y Q4.60 por galón de gasolina, haría alguna diferencia. El erario no se vería afectado considerablemente si además consideramos que el combustible de por sí paga el 12% de IVA de importación con lo cual la recaudación por este rubro ha de ser mayor ahora que la factura petrolera ha aumentado.

A este capital no le interesa las relaciones internacionales ni la proyección comercial, puesto que su negocio es el saqueo y no la verdadera generación de riqueza.

 

En 2015, cuando los ojos de la ciudadanía aún eran vírgenes, CICIG presentó un informe sobre el financiamiento de la política en Guatemala. La investigación permitió concluir que un 50% de los recursos utilizados en campaña electoral proviene de la corrupción; otro 25% del crimen organizado; mientras que tan solo la cuarta parte proviene de los financistas privados de origen lícito y legítimo.

Dado que no contamos con estudios de años anteriores, resulta imposible hacer un análisis histórico. Sin embargo, es un secreto a sotto voce que con el paso de los años, y especialmente a partir del 2000, el peso relativo de los capitales emergentes (corrupción y crimen organizado) ha venido en aumento.

No obstante, la ofensiva anti-corrupción 2015-2017 vino a alterar los mapas de poder y a reordenar alianzas. En medio de los miedos -legítimos e ilegítimos- generados a raíz de la acción penal sin precedentes, junto a los vientos de cambio que imperaban en el país, la élite se integró a una alianza variopinta con capitales emergentes de dudosa procedencia. El objetivo era poner fin al mandato de la CICIG, detener el avance de los casos judiciales, recuperar control del sistema de justicia, disciplinar a la disidencia, limitar los espacios de oposición, etc.

Incluso, en el proceso de integrar esa alianza, ni siquiera molestó la idea de sumar esfuerzos con personajes que entre 2000 y 2004 (durante la administración FRG) abiertamente atentaron contra sus intereses empresariales. Sin embargo, tal y como demuestra la estasiología y la historia, una vez alcanzados los objetivos originales de un movimiento o alianza política, las fisuras y conflictos internos, afloran con velocidad, mas cuando los intereses de unos y otros empiezan a resultar contradictorios.

Para el capital emergente proveniente de la corrupción, la receta es sencilla: Acceso a fondos públicos y opacidad en el gasto para mantener abiertos los chorros del saqueo. En el proceso, sus chequeras se incrementan a velocidad de vértigo, e incluso, se vuelven autónomas. El ciclo del negocio es sencillo: financiar campañas para acceder a los negocios y favores de lo público. Ni más ni menos.

A este capital no le interesa las relaciones internacionales ni la proyección comercial, puesto que su negocio es el saqueo y no la verdadera generación de riqueza. Tampoco le interesa la imagen-país o las calificaciones de riesgo, puesto que el interés tampoco es la atracción de inversión o el crecimiento económico. Peor aún, conforme el mounstro continúa alimentándose a manos llenas, la principal externalidad que genera es agudizar aún más la disfuncionalidad del aparato estatal.

De ahí que la agenda statu quo sirva un interés de cortísimo plazo, mas no de largo plazo. Sin crecimiento económico, por la vía de la atracción de inversión y una mayor incorporación del país a la economía global, el principal producto de exportación de Guatemala seguirá siendo seres humanos. Sin un sistema público mínimamente funcional, el riesgo del descontento social estará a la vuelta de la esquina. En la falta de oportunidades y el descontento está la causa detrás de los 450,000 votos de Thelma Cabrera en el 2019.

Pensar en un cambio de rumbo por la vía democrática, cada vez parece más lejano. Para muestra, desde 2007, las élites tradicionales no han tenido un proyecto político propio, y han terminado sumándose a proyectos de alguien más. Y si bien la convergencia de intereses ha estado ahí, la verdad es que cada día su peso relativo en la mesa es menor. En 2017, la narrativa de “Vamos rumbo a convertirnos en Nicaragua” sirvió de motivador para integrarse a esa alianza variopinta. La paradoja de la historia es que en Nicaragua está la señal de alerta de todo lo que puede salir mal: No olviden que el mismo sistema y régimen que la cúpula nicaragüense defendía a capa y espada allende 2013, fue el que les persiguió y encarceló en 2021.