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Incómodos pero eternos acompañantes
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
08 Abr 2020

Los virus y microbios representan la adaptación por selección natural más acabada, por el desarrollo de su capacidad de habitar, transmitirse y propagarse de una forma cada vez más sofisticada y eficiente en fecundos huéspedes como los humanos. Por milenios, nos hemos convertido en el vehículo predilecto de estos incómodos acompañantes por nuestra propia hegemonía como especie. Se podría decir que los virus y las enfermedades infecciosas masivas son el gran costo de nuestro éxito evolutivo.

 

Cuando Hernán Cortés llegó a la ciudad de Tenochtitlán, en 1520, trajo con él no sólo a un ejército de 600 hombres, sino un contingente de viruela que arrasaría por los próximos cien años ─hasta 1618─ con más del 90% de la población de lo que alguna vez fue el Imperio Azteca, que se desplomó en ese lapso, de 20 millones a 1.6 millones de habitantes[1] [2].

Los virus, bacterias, microbios, gérmenes e infecciones siempre han escoltado a la humanidad desde sus más remotos orígenes. Por milenios, a lo largo de nuestra historia evolutiva, la humanidad ha sido el reservorio más grande de estos microorganismos y, cada tanto, surge un virus de un alcance devastador que arrasa poblaciones enteras.

Con el surgimiento de la agricultura hace 10,000 años, a partir de la llamada Revolución Neolítica, también surgen las pandemias y las enfermedades infecciosas multitudinarias: por el simple hecho de que la agricultura permitió el sostenimiento de enormes poblaciones humanas mucho más densas, sedentarias y populosas que las comunidades de cazadores-recolectores. Por ende, aumentó la capacidad de propagación a gran escala de las enfermedades[3]. Así las cosas, las también llamadas “civilizaciones hidráulicas”, asentadas en los márgenes de grandes ríos y cuerpos fluviales (y por ende, aguas residuales), fueron un prolífico caldo de cultivo para gérmenes y bacterias, particularmente con la agricultura de irrigación. La ganadería y la cría de animales para el consumo, también ha sido una fuente de enfermedades infecciosas por el contacto que hay entre los humanos y las bacterias de restos fecales y larvas animales. Y, finalmente, el almacenamiento y provisión de alimentos propio de las sociedades agrícolas-sedentarias, también ha sido desde entonces, un foco de bacterias, gérmenes y parásitos potencialmente letales que se transmiten de animales a humanos.

Posteriormente, con el surgimiento de poblaciones cada vez más urbanas y la formación acelerada de ciudades algunos siglos atrás, las rutas comerciales y las migraciones constantes; las enfermedades infecciosas han sido para la humanidad, un enemigo más letal que las guerras, las hambrunas y los desastres naturales y, desafortunadamente, un acompañante más común que los flagelos anteriores.  

Con la Revolución Industrial, las poblaciones urbanas de los grandes centros industriales y, consecuentemente, con el surgimiento de la sociedad de masas y la globalización entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX; las pandemias se han convertido en un peligro latente debido a la hiper-conectividad en las comunicaciones aéreas, que en cuestión de horas puede llevar a un virus de un continente a otro.

Los primeros registros de enfermedades infecciosas conocidas, según el geógrafo e historiador Jared Diamond, los tenemos alrededor del 1600 a. C en Egipto, en el caso de la viruela; desde el 400 a. C. en el caso de las paperas y desde el 200 a. C en el caso de la lepra. Adicionalmente, la poliomielitis fue descubierta en 1840 y el VIH en 1981.

De las pestes más letales registradas en la historia, está la Plaga Antonina (168-180), que fue una pandemia de sarampión que acabó con la vida de millones de ciudadanos romanos; la Peste Negra, en 1348, que acabaría con un tercio de la población de la Europa bajomedieval y, obviamente, la pandemia de la Gripe Española de 1918, que terminó con la vida de más de 20 millones de personas (cifras conservadoras) alrededor del mundo.

Desde el punto de vista de la historia evolutiva, los virus y microbios representan la adaptación por selección natural más acabada, por el desarrollo de su capacidad de habitar, transmitirse y propagarse de una forma cada vez más sofisticada y eficiente en fecundos huéspedes como los humanos. Por milenios, nos hemos convertido en el vehículo predilecto de estos incómodos acompañantes por nuestra propia hegemonía como especie. Se podría decir que los virus y las enfermedades infecciosas masivas son el gran costo de nuestro éxito evolutivo como civilización.

Hoy, en plena pandemia del COVID-19, si bien contamos con vacunas a muchas enfermedades infecciosas que nos han azotado por milenios, si bien tenemos antibióticos, adelantos médico-científicos, disciplinas como la epidemiología y acceso (casi) universal a la salud en buena parte del mundo; nos percibimos frágiles e impotentes para enfrentar a este nuevo virus, pero debemos entender (con un poco de perspectiva histórica y resiliencia), que no será el primero ni el último con el que tendremos que lidiar como humanidad.

 

 

[1] DIAMOND, Jared. Guns, Germs and Steel. New York. W. W. Norton & Company. 1997. Pp. 209

[2] HARARI, Yuval Noah. Sapiens. A brief history of humankind. New York. Harper Perennial. 2014.Pp. 293

[3] Esto no significa que las poblaciones humanas pequeñas y aisladas, estén libres de enfermedades infecciosas. La evidencia arqueológica sólo indica que en la organización tribal y clánica y de grupos humanos más pequeños de cazadores-recolectores nómadas del paleolítico, la propagación de enfermedades era más “contenida” y por su tamaño, no podían sostener grandes epidemias. (DIAMOND, Jared. Ob Cit. Pp. 202 et. HARARI, Yuval Noah. Ob CIt. Pp. 55)

Budget Expansion: Were All Expenses Approved Urgent and Necessary?
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
08 Abr 2020

 El Congreso aprobó la semana pasada una ampliación del presupuesto con la excusa de contrarrestar la crisis del Coronavirus.


La semana pasada explicamos en qué consistía el paquete de ayuda que aprobó el Congreso la madrugada del pasado 3 de abril. El fin de semana aprobaron otros decretos de urgencia que también ampliaron el presupuesto. Dar seguimiento al aumento total de presupuesto se hace difícil dado que las aprobaciones se hacen por montos parciales. 

En este espacio, presentamos un cuadro que resume las ampliaciones del presupuesto que hicieron los decretos 12-2020, 13-2002 y 20-2020 y una explicación para todo público de lo que significan estos cambios.

Egresos:

Como verá, el monto total de las ampliaciones presupuestarias asciende a casi Q20 mil millones. El presupuesto original para 2020 era de Q87.7 mil millones, con lo cual estas ampliaciones aumentan el presupuesto original en un 22.6%. ¿Cómo se financiará este aumento de presupuesto? De la siguiente manera:

Ingresos:

En pocas palabras, ¿en qué se gastará todo ese dinero?

Ver las tablas es un poco confuso. Explicaremos en qué se gastarán esos casi Q20 mil millones en palabras un poco más asequibles para el público general:

  1. Plan de rescate. Por la crisis causada por COVID-19: Q. 11 mil millones. Como lo explicamos, Q6 mil millones van al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para transferir hasta Q1,000 a personas en situación de pobreza. Otros Q3 mil millones al Fondo de Protección del Empleo que servirá para pagar Q75 diarios a los trabajadores cuyos contratos sean suspendidos y Q2 mil millones para un Fondo de Protección de Capital y Trabajo, que serán préstamos para profesionales y empresas en problemas.
  2. Otras ayudas. Hay otras ayudas que suman unos Q4.1 mil millones. Unos Q630 millones van al INDE para apoyo a la tarifa social de energía eléctrica, unos Q400 millones son para compra de alimentos que debe hacer el MAGA y Q50 millones son para ampliar el programa de protección al adulto mayor a través del Ministerio de Trabajo. Otros Q2.7 millones van al CHN para préstamos.
  3. Salud. Uno de los temas prioritarios era apoyar al sistema de salud a salir de esta crisis. En total se le asignan Q1.6 miles de millones más al Ministerio de Salud. De esos, Q426 millones serán para pago de salarios y un bono riesgo al personal de salud. Los restantes Q1.2 miles de millones serán para infraestructura hospitalaria, ventiladores, pruebas, equipo especial de protección, entre otros. Estos Q.1.6 millones apenas representa el 8% del total de ampliaciones presupuestarias.
  4. Salarios. Esta es la parte más criticable del paquete. Aquí no tenemos en cuenta los salarios del sistema de salud para quienes es comprensible el aumento de salarios. Aquí se aprobó una ampliación de Q1 mil millones para pagar los aumentos salariales que negociaron Jimmy Morales y Joviel Acevedo en su momento. Hay otros Q450 millones que van para salarios del Ministerio de Gobernación, mismos que uno puede justificar cuando las fuerzas de seguridad trabajan 24/7 por el estado de calamidad. Pero el millardo que va para el sindicato de educación es muy cuestionable.
  5. Planes de gasto público. Otro de los objetivos de estas ampliaciones presupuestarias es “impulsar” el gasto público que suman unos Q.1.3 miles de millones. En ese sentido, hay un monto de Q600 millones que irá a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDEs). Lamentablemente, la corrupción en los CODEDEs es enorme y lo más probable es que esos Q600 millones sean un botín que se repartirán los actores involucrados. También hay un presupuesto de Q724 millones para que el Ministerio de Comunicaciones ejecute varias obras.
  6. Fortalecimiento a la justicia. Se aprobaron unos préstamos que sumando llegan a Q1 millardo para fortalecimiento y modernización del sector justicia. Eso incluye un préstamo por US$60 millones para el MP y fondos para la cuestionable Oficina para la prevención de la tortura y la inoperante Contraloría de Cuentas. Eran compromisos previamente adquiridos.
  7. Servicio de la deuda. Hay Q1.2 miles de millones para pagar el servicio de la deuda pública. Quizá el único comentario que se puede hacer es si en ese rubro cabía la posibilidad de negociar algún acuerdo con los acreedores institucionales para demorar el pago de intereses dada la situación actual.

 

Como podrá apreciar el lector, hay una parte considerable de los gastos que se pudo cuestionar oportunamente. Es el caso del presupuesto para pagar al sindicato de educación. Por otra parte, hay fondos que tendrán un destino poco transparente como el dinero que irá a los CODEDES. 

Nadie puede cuestionar que los paquetes de rescate económico eran necesarios dado que una parte importante del sector productivo está paralizado por las medidas de distanciamiento social. La gran pregunta será, ¿será capaz el gobierno de ejecutar esos ambiciosos planes de ayuda? ¿llegará la ayuda a los más necesitados a tiempo y de forma transparente? ¿llegarán esos créditos a las empresas que lo necesitan de forma oportuna? ¿o cerrarán muchas empresas antes de que la ayuda llegue? Esperemos por el bien de nuestro país que el gobierno tenga éxito.

Ampliación de presupuesto: ¿eran todos los gastos aprobados urgentes y necesarios?
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
08 Abr 2020

 El Congreso aprobó la semana pasada una ampliación del presupuesto con la excusa de contrarrestar la crisis del Coronavirus.


La semana pasada explicamos en qué consistía el paquete de ayuda que aprobó el Congreso la madrugada del pasado 3 de abril. El fin de semana aprobaron otros decretos de urgencia que también ampliaron el presupuesto. Dar seguimiento al aumento total de presupuesto se hace difícil dado que las aprobaciones se hacen por montos parciales. 

En este espacio, presentamos un cuadro que resume las ampliaciones del presupuesto que hicieron los decretos 12-2020, 13-2002 y 20-2020 y una explicación para todo público de lo que significan estos cambios.

Egresos:

Como verá, el monto total de las ampliaciones presupuestarias asciende a casi Q20 mil millones. El presupuesto original para 2020 era de Q87.7 mil millones, con lo cual estas ampliaciones aumentan el presupuesto original en un 22.6%. ¿Cómo se financiará este aumento de presupuesto? De la siguiente manera:

Ingresos:

En pocas palabras, ¿en qué se gastará todo ese dinero?

Ver las tablas es un poco confuso. Explicaremos en qué se gastarán esos casi Q20 mil millones en palabras un poco más asequibles para el público general:

  1. Plan de rescate. Por la crisis causada por COVID-19: Q. 11 mil millones. Como lo explicamos, Q6 mil millones van al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para transferir hasta Q1,000 a personas en situación de pobreza. Otros Q3 mil millones al Fondo de Protección del Empleo que servirá para pagar Q75 diarios a los trabajadores cuyos contratos sean suspendidos y Q2 mil millones para un Fondo de Protección de Capital y Trabajo, que serán préstamos para profesionales y empresas en problemas.
  2. Otras ayudas. Hay otras ayudas que suman unos Q4.1 mil millones. Unos Q630 millones van al INDE para apoyo a la tarifa social de energía eléctrica, unos Q400 millones son para compra de alimentos que debe hacer el MAGA y Q50 millones son para ampliar el programa de protección al adulto mayor a través del Ministerio de Trabajo. Otros Q2.7 millones van al CHN para préstamos.
  3. Salud. Uno de los temas prioritarios era apoyar al sistema de salud a salir de esta crisis. En total se le asignan Q1.6 miles de millones más al Ministerio de Salud. De esos, Q426 millones serán para pago de salarios y un bono riesgo al personal de salud. Los restantes Q1.2 miles de millones serán para infraestructura hospitalaria, ventiladores, pruebas, equipo especial de protección, entre otros. Estos Q.1.6 millones apenas representa el 8% del total de ampliaciones presupuestarias.
  4. Salarios. Esta es la parte más criticable del paquete. Aquí no tenemos en cuenta los salarios del sistema de salud para quienes es comprensible el aumento de salarios. Aquí se aprobó una ampliación de Q1 mil millones para pagar los aumentos salariales que negociaron Jimmy Morales y Joviel Acevedo en su momento. Hay otros Q450 millones que van para salarios del Ministerio de Gobernación, mismos que uno puede justificar cuando las fuerzas de seguridad trabajan 24/7 por el estado de calamidad. Pero el millardo que va para el sindicato de educación es muy cuestionable.
  5. Planes de gasto público. Otro de los objetivos de estas ampliaciones presupuestarias es “impulsar” el gasto público que suman unos Q.1.3 miles de millones. En ese sentido, hay un monto de Q600 millones que irá a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDEs). Lamentablemente, la corrupción en los CODEDEs es enorme y lo más probable es que esos Q600 millones sean un botín que se repartirán los actores involucrados. También hay un presupuesto de Q724 millones para que el Ministerio de Comunicaciones ejecute varias obras.
  6. Fortalecimiento a la justicia. Se aprobaron unos préstamos que sumando llegan a Q1 millardo para fortalecimiento y modernización del sector justicia. Eso incluye un préstamo por US$60 millones para el MP y fondos para la cuestionable Oficina para la prevención de la tortura y la inoperante Contraloría de Cuentas. Eran compromisos previamente adquiridos.
  7. Servicio de la deuda. Hay Q1.2 miles de millones para pagar el servicio de la deuda pública. Quizá el único comentario que se puede hacer es si en ese rubro cabía la posibilidad de negociar algún acuerdo con los acreedores institucionales para demorar el pago de intereses dada la situación actual.

 

Como podrá apreciar el lector, hay una parte considerable de los gastos que se pudo cuestionar oportunamente. Es el caso del presupuesto para pagar al sindicato de educación. Por otra parte, hay fondos que tendrán un destino poco transparente como el dinero que irá a los CODEDES. 

Nadie puede cuestionar que los paquetes de rescate económico eran necesarios dado que una parte importante del sector productivo está paralizado por las medidas de distanciamiento social. La gran pregunta será, ¿será capaz el gobierno de ejecutar esos ambiciosos planes de ayuda? ¿llegará la ayuda a los más necesitados a tiempo y de forma transparente? ¿llegarán esos créditos a las empresas que lo necesitan de forma oportuna? ¿o cerrarán muchas empresas antes de que la ayuda llegue? Esperemos por el bien de nuestro país que el gobierno tenga éxito.

Facing the Coronavirus: the reality of the Guatemalan health system
35
Luis Miguel es Director del Área Social de Fundación Libertad y Desarrollo, catedrático universitario y tiene una maestría en Administración Pública de Escuela de Gobierno.
07 Abr 2020

El panorama para Guatemala frente a la crisis del COVID-19 no es alentador, nuestro éxito para enfrentar esta pandemia dependerá de la capacidad del gobierno de implementar medidas de emergencia y contención.

El sistema de salud guatemalteco vive en una permanente crisis provocada por la falta de recursos, el saqueo permanente del presupuesto del Estado y la falta de capacidades para diseñar e implementar políticas públicas que atiendan eficientemente las necesidades de salud de la población.

La crisis del COVID-19 colapsó los sistemas de salud de Italia y España, los cuales, según la Organización Mundial de la Salud, ocupaban los puestos 2 y 7 en el ranquin de los mejores sistemas de salud del mundo; Guatemala ocupa el puesto 78 de 100 países. Debemos estar conscientes que nuestro sistema de salud no tiene la capacidad de enfrentar esta emergencia. 

Con la aparición de un primer caso de posible contagio comunitario en Patzún, Chimaltenago; Guatemala podría comenzar a enfrentar la fase de aceleración de la epidemia. Ha llegado el momento de poner nuevamente la voz de alerta sobre el sistema de salud que nunca construimos.

Para el año 2016, el sistema de salud guatemalteco estaba compuesto por el sector público en el cual el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social atendió al 47.27% de la población, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social al 12.12% y Sanidad Militar y el Hospital de la Policía Nacional Civil al 1.21%. Por su parte, el sector privado atendió al 10.3%  de la población.

Estos datos reflejan que un 29.1% de la población no fue atendida por ningún servicio de salud formal. Estamos hablando de 4.8 millones de personas que seguramente no tienen acceso a servicios ni a tratamientos de salud o se automedican para evitar visitar un servicio de salud público o privado. 

Una gran mayoría de estas personas con acceso insuficiente o nulo a servicios de salud, residen en área rurales, mayoritariamente indígenas. Estás poblaciones además tienen muchos años afectadas por la pobreza, la insalubridad y los altos índices de desnutrición crónica, lo que reduce su capacidad de enfrentar cualquier enfermedad. 

Guatemala además cuenta con apenas 0.4 médicos por cada 1,000 habitantes. España e Italia cuentan con 4.1 por cada 1,000 habitantes, El Salvador tiene 1.6, Costa Rica 1.1, Panamá 1.6, Chile 1.1 y Colombia 2.1 médicos por cada 10,000 habitantes. El departamento de Guatemala concentra al 73% de todos los médicos del país, eso es 1 médico por cada 348 habitantes. En el otro extremo está Quiché, en donde hay 1 médico por cada 11,489 habitantes. 

Según el Banco Mundial, existen en el país 0.6 camas hospitalarias por cada 1,000 personas. Como dato comparativo Italia tiene 3.4, España 3.0, El Salvador 1.3, Costa Rica 1.2, Panamá 2.3, Chile 2.2 y Colombia 1.5 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes.

Los países que están teniendo algunos éxitos contra esta enfermedad, lo han hecho explotando las capacidades de sus sistemas de sanidad públicos. Guatemala es el país con el menor gasto público en salud como porcentaje del PIB de Centroamérica. Además el gasto total en salud de Guatemala es mayormente privado, como muestra el siguiente cuadro.

 

Guatemala es el único país en la región en donde el gasto privado es mayor al publico, sin embargo, en 2017, el sector público atendió precariamente a más de 10 millones de personas y el sector privado apenas a 1.7 millones. 

Lo que nos muestran los datos anteriores es que, en las condiciones económicas actuales, en donde la capacidad de gasto de muchas personas podría verse muy afectada debido a la paralización de la economía y la consecuente pérdida de empleos, un país como Guatemala se podría ver en serios problemas, pues la mayor parte de su gasto en salud se realiza en el sector privado y esto deja a una gran cantidad de población desprotegida, a merced de un sistema de salud público que ya se encuentra sobrepasado.

De hecho, desde hace muchos años tenemos datos y ejemplos de cómo los hospitales del sistema nacional de salud público están rebasados en sus capacidades, esto ha sido advertido por el Ministerio de Salud y reportados por los medios de comunicación:

  • En menos de 5 años la demanda de servicios de salud se incrementó en 10 millones de consultas pasando de 19.3 millones a 29.1 millones en 2016 y el 87.75% de las mismas fueron atendidas por el sector público, lo que llevó al colapso de varios hospitales y centros de salud en ese año.
  • La atención del Hospital General del IGSS superó su capacidad instalada. Al 31 de diciembre de 2015 habían sido trasladados 1,050 pacientes al Centro Médico Militar
  • Al año 2016, los hospitales del país tenían una capacidad operativa de 2.6 millones de casos y habían atendido 2.2 millones, operando, en promedio, a un 85% de su capacidad.
  • También en 2016, el hospital público de Jalapa, que tenía una capacidad instalada de 80 camas, para atender 29,200 casos, terminó el año con 36,205 casos, lo que significó operar en un 124% de su capacidad; en ese mismo año 6 hospitales más se encontraron funcionando en más de un 90% de su capacidad instalada. 
  • También el Hospital del IGSS en Izabal reportó la atención del 108% de casos que puede atender según su capacidad instalada (IGSS, Boletín estadístico de salud 2013). 

El panorama para Guatemala frente a la crisis del COVID-19 no es alentador, nuestro éxito para enfrentar esta pandemia dependerá de la capacidad del gobierno de implementar medidas de emergencia y contención que han resultado exitosas en otras latitudes y de lograr que los ciudadanos cumplan con las disposiciones gubernamentales. Dos tareas nada sencillas en un país con institucionalidad precaria.

El mundo del futuro cercano, con otras pandemias al acecho, demanda una reflexión profunda sobre la necesidad de salud pública de calidad, especialmente en países como Guatemala en donde la salud ya estaba en crisis antes de la pandemia.

A ciegas en un campo minado
115
Daphne Posadas es Directora del Área de Estudios Internacionales en Fundación Libertad y Desarrollo. Participa en espacios de análisis político en radio, televisión y medios digitales. Está comprometida con la construcción de un mundo de individuos más libres y responsables.
07 Abr 2020

Ante la confirmación de lo que podrían ser los primeros brotes comunitarios de coronavirus en el país es necesario la implementación de una estrategia agresiva de pruebas de detección. La cantidad escasa de insumos médicos para atender una tasa alta de contagiados hace fundamental obtener información para asignar eficientemente los recursos.

El pasado 5 de abril se confirmaron 5 casos más de covid19 en Guatemala, todos circunscritos en el municipio de Patzún, Chimaltenango. La cantidad total de infectados ya supera las 7 decenas. De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud, aún no se ha logrado identificar la fuente de los contagios, lo cual los convierte en los primeros brotes comunitarios en el país. Con base en la experiencia alrededor del mundo, es a partir de este momento en que el número de pacientes positivos podría incrementarse de manera exponencial.

Al hacer un análisis comparado de las medidas que se han implementado por los países para atender la crisis, casos como los de Corea del Sur o Taiwán llaman la atención por su aparente efectividad. Pese a su cercanía con China, han logrado mantener de manera más o menos estable la tasa de contagios y mortalidad por el virus. Estos países aprendieron sus lecciones y lograron identificar las mejores estrategias para “aplanar la curva” en sus experiencias con los brotes del SARS (2002) y MERS (2015). Estas son básicamente tres: testeos masivos, uso de mascarilla y trazabilidad de los casos. Para el caso de Corea del Sur, se han efectuado casi 4,000 pruebas por cada millón de habitantes. En Guatemala, apenas 874 en total.

Además de la alta contagiosidad del coronavirus, una de las razones por las cuales resulta complicado detectarlo a tiempo es que presenta síntomas muy similares a los de una gripe común. El efecto de esto es que varias personas continúan con sus actividades cotidianas y desconocen su condición. Es precisamente en este escenario en el que se produce una ola de contagios masivos. Lo anterior, sin tomar en cuenta que, en al menos un tercio de los casos positivos, los pacientes son asintomáticos. Para dar un ejemplo, en Islandia se efectuaron pruebas a toda su población y el 50% de aquellos que resultaron positivos no presentaban síntomas.

El valor de las pruebas radica en la información que nos permiten obtener. En Guatemala hay una disponibilidad escasa de camas para cuidados intensivos, respiradores, personal médico, etc. En un panorama como este, resulta fundamental identificar hacia dónde deben estar dirigidos. Si logramos comprender quién está infectado, cómo se y dónde se produjo la infección, será posible asignar los recursos de manera correspondiente.

Hay mucha incertidumbre respecto al camino que se debe tomar para evitar que nuestro ya precario sistema de salud colapse. Las pruebas nos permiten recopilar datos y por tanto es posible hacer más eficiente la toma de decisiones respecto a la asignación de recursos. Además, tomando en cuenta el grave impacto económico que una cuarentena prologada puede provocar en nuestro país, será fundamental desarrollar decisiones tácticas para reducir el impacto de la crisis.

Este es un escenario atípico en la historia de Guatemala. Ante el desconocimiento y la incertidumbre vale la pena evaluar las experiencias de otros países e intentar mejorar nuestra respuesta a partir de esos ejemplos. Antes de que las cosas mejoren, la situación empeorará y mucho. Es por esto que nos encontramos en un momento crucial y que podría determinar el éxito o no de las medidas implementadas. Será fundamental la coordinación entre el sector público y privado para la gestión y análisis de las pruebas de detección, de lo contrario estaremos a ciegas ante un campo minado.

Enfrentando al Coronavirus: la realidad del sistema de salud guatemalteco
35
Luis Miguel es Director del Área Social de Fundación Libertad y Desarrollo, catedrático universitario y tiene una maestría en Administración Pública de Escuela de Gobierno.
07 Abr 2020

El panorama para Guatemala frente a la crisis del COVID-19 no es alentador, nuestro éxito para enfrentar esta pandemia dependerá de la capacidad del gobierno de implementar medidas de emergencia y contención.

El sistema de salud guatemalteco vive en una permanente crisis provocada por la falta de recursos, el saqueo permanente del presupuesto del Estado y la falta de capacidades para diseñar e implementar políticas públicas que atiendan eficientemente las necesidades de salud de la población.

La crisis del COVID-19 colapsó los sistemas de salud de Italia y España, los cuales, según la Organización Mundial de la Salud, ocupaban los puestos 2 y 7 en el ranquin de los mejores sistemas de salud del mundo; Guatemala ocupa el puesto 78 de 100 países. Debemos estar conscientes que nuestro sistema de salud no tiene la capacidad de enfrentar esta emergencia. 

Con la aparición de un primer caso de posible contagio comunitario en Patzún, Chimaltenago; Guatemala podría comenzar a enfrentar la fase de aceleración de la epidemia. Ha llegado el momento de poner nuevamente la voz de alerta sobre el sistema de salud que nunca construimos.

Para el año 2016, el sistema de salud guatemalteco estaba compuesto por el sector público en el cual el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social atendió al 47.27% de la población, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social al 12.12% y Sanidad Militar y el Hospital de la Policía Nacional Civil al 1.21%. Por su parte, el sector privado atendió al 10.3%  de la población.

Estos datos reflejan que un 29.1% de la población no fue atendida por ningún servicio de salud formal. Estamos hablando de 4.8 millones de personas que seguramente no tienen acceso a servicios ni a tratamientos de salud o se automedican para evitar visitar un servicio de salud público o privado. 

Una gran mayoría de estas personas con acceso insuficiente o nulo a servicios de salud, residen en área rurales, mayoritariamente indígenas. Estás poblaciones además tienen muchos años afectadas por la pobreza, la insalubridad y los altos índices de desnutrición crónica, lo que reduce su capacidad de enfrentar cualquier enfermedad. 

Guatemala además cuenta con apenas 0.4 médicos por cada 1,000 habitantes. España e Italia cuentan con 4.1 por cada 1,000 habitantes, El Salvador tiene 1.6, Costa Rica 1.1, Panamá 1.6, Chile 1.1 y Colombia 2.1 médicos por cada 10,000 habitantes. El departamento de Guatemala concentra al 73% de todos los médicos del país, eso es 1 médico por cada 348 habitantes. En el otro extremo está Quiché, en donde hay 1 médico por cada 11,489 habitantes. 

Según el Banco Mundial, existen en el país 0.6 camas hospitalarias por cada 1,000 personas. Como dato comparativo Italia tiene 3.4, España 3.0, El Salvador 1.3, Costa Rica 1.2, Panamá 2.3, Chile 2.2 y Colombia 1.5 camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes.

Los países que están teniendo algunos éxitos contra esta enfermedad, lo han hecho explotando las capacidades de sus sistemas de sanidad públicos. Guatemala es el país con el menor gasto público en salud como porcentaje del PIB de Centroamérica. Además el gasto total en salud de Guatemala es mayormente privado, como muestra el siguiente cuadro.

 

Guatemala es el único país en la región en donde el gasto privado es mayor al publico, sin embargo, en 2017, el sector público atendió precariamente a más de 10 millones de personas y el sector privado apenas a 1.7 millones. 

Lo que nos muestran los datos anteriores es que, en las condiciones económicas actuales, en donde la capacidad de gasto de muchas personas podría verse muy afectada debido a la paralización de la economía y la consecuente pérdida de empleos, un país como Guatemala se podría ver en serios problemas, pues la mayor parte de su gasto en salud se realiza en el sector privado y esto deja a una gran cantidad de población desprotegida, a merced de un sistema de salud público que ya se encuentra sobrepasado.

De hecho, desde hace muchos años tenemos datos y ejemplos de cómo los hospitales del sistema nacional de salud público están rebasados en sus capacidades, esto ha sido advertido por el Ministerio de Salud y reportados por los medios de comunicación:

  • En menos de 5 años la demanda de servicios de salud se incrementó en 10 millones de consultas pasando de 19.3 millones a 29.1 millones en 2016 y el 87.75% de las mismas fueron atendidas por el sector público, lo que llevó al colapso de varios hospitales y centros de salud en ese año.
  • La atención del Hospital General del IGSS superó su capacidad instalada. Al 31 de diciembre de 2015 habían sido trasladados 1,050 pacientes al Centro Médico Militar
  • Al año 2016, los hospitales del país tenían una capacidad operativa de 2.6 millones de casos y habían atendido 2.2 millones, operando, en promedio, a un 85% de su capacidad.
  • También en 2016, el hospital público de Jalapa, que tenía una capacidad instalada de 80 camas, para atender 29,200 casos, terminó el año con 36,205 casos, lo que significó operar en un 124% de su capacidad; en ese mismo año 6 hospitales más se encontraron funcionando en más de un 90% de su capacidad instalada. 
  • También el Hospital del IGSS en Izabal reportó la atención del 108% de casos que puede atender según su capacidad instalada (IGSS, Boletín estadístico de salud 2013). 

El panorama para Guatemala frente a la crisis del COVID-19 no es alentador, nuestro éxito para enfrentar esta pandemia dependerá de la capacidad del gobierno de implementar medidas de emergencia y contención que han resultado exitosas en otras latitudes y de lograr que los ciudadanos cumplan con las disposiciones gubernamentales. Dos tareas nada sencillas en un país con institucionalidad precaria.

El mundo del futuro cercano, con otras pandemias al acecho, demanda una reflexión profunda sobre la necesidad de salud pública de calidad, especialmente en países como Guatemala en donde la salud ya estaba en crisis antes de la pandemia.

2020 y la Semana Santa que no fue
30
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
06 Abr 2020

Nadie esperaba una Semana Santa sin procesiones, ni alfombras o el Centro Histórico y La Antigua Guatemala sin movimiento. No imaginábamos vivir un 2020 sin nuestras tradiciones y en medio de una pandemia.

Pamplona tiene las Ferias de San Fermín, Andalucía la Semana Santa de Sevilla. México tiene el Grito de la Independencia y el Día de los Muertos. Colombia tiene el Carnaval de Barranquilla; Brasil el carnaval de Río. Estados Unidos tiene el Super Bowl, el 4 de julio, Acción de Gracias y el Desfile de las Rosas.

Guatemala tiene su Semana Santa.

Sin duda, ninguna actividad en Guatemala moviliza la cantidad de personas, inyecta la cantidad de recursos económicos, expone al unísono tantos elementos propios del patrimonio artístico nacional, tiene tanto valor histórico o genera una experiencia sensorial tan completa, como la Semana Santa.

Vale la pena recordar que si bien las procesiones de Semana Santa tiene un origen religioso, con el paso de los años, el fenómeno ha trascendido a otros ámbitos de la vida social al punto en que se ha convertido en un Patrimonio propio de los guatemaltecos precisamente por su valor social, artístico y cultural.

Antigua Guatemala se colma de turistas interesados en conocer la experiencia visual de las procesiones y las alfombras. Sólo el quinto domingo de cuaresma, cuando recorre las calles empedradas la procesión de San Bartolomé Becerra, ingresan a la ciudad colonial más de medio millón de personas.

El impacto económico de la temporada es muy importante. En 2011, el buen amigo Mario García Lara junto al Grupo Satélite determinaron que la Semana Santa en Antigua genera un movimiento económico de alrededor de $85 millones de dólares (por inflación y crecimiento real debió rondar los $120 millones en 2019), los cuales se focalizan en hoteles, restaurantes, transporte, comercio vinculado al turismo, artesanías y en el sector informal. A ello sumemos los ingresos que se agencia la municipalidad por los cobros de parqueo o por ingreso al municipio y los arbitrios por asignación de locales comerciales.

En el Centro Histórico, miles de personas retoman el control sobre ese espacio público que se ha ido perdiendo ante el bullicio urbano y la delincuencia. Solo entre Jueves y Viernes Santo, se estima que la zona 1 recibe casi 1 millón de visitantes, quienes van en búsqueda de experiencias culturales que además de las procesiones, incluye la gastronomía de la época, la floristería estacional, los diseños artísticos de andas, o simplemente la experiencia de caminar por el centro en búsqueda de la procesión o del sagrario.

A ello sumemos algunos valores propios del patrimonio vinculado a la época. La imaginería de pasión guatemalteca es quizá una de las más reconocidas a nivel mundial, al punto en que obras de escultores como Mateo de Zúñiga y Juan Ganuza encontraron su camino hasta templos y colecciones privadas en Iberoamérica, España e Italia. Las marchas que se interpretan en las procesiones de Semana Santa, son -después de la marimba- el segundo mayor aporte de Guatemala a la música occidental. Obras de autores nacionales se han incorporado al repertorio musical de la semana mayor andaluza e italiana.

La relación entre la Semana Santa y la historia política del país también es de suma relevancia. La imagen de Jesús de la Merced, de la cual era devoto el Presidente Rafael Carrera, ostenta el grado de “Coronel del Ejército” y el título de “Patrón Jurado Contra las Calamidades”. En tiempos de pandemia, vale recordar que la imagen ha sido procesionada en momentos de calamidad: en 1717, salió en procesión luego de la erupción del Volcán de Fuego; en 1724 y 1774 luego de plagas de chapulines; en 1783 por la peste que acabó con el ganado y 1801 por la peste de langosta; en 1857 en rogativa por la paz ante la invasión de William Walker y los filibusteros; y en 1976 luego de los terremotos del 4 de febrero.

Desde mediados del siglo XVI a la fecha, las procesiones nunca se suspendieron. Ni siquiera en tiempos de la Reforma Liberal y su dogma secularizador y anti-clerical llegaron al extremo de cancelar procesiones.

Esta es una consecuencia extraordinaria del Covid-19. Todo el folclor que gira alrededor de la Semana Santa quedó en suspenso. Las imágenes y las andas quedaron guardadas; los espacios públicos vacíos. El derrame económico no llegó. Los platillos, los dulces y bebidas tradicionales no se prepararon. Las marchas sonaron en Spotify y no en las calles. Los 50,000 cucuruchos se quedaron en casa con las túnicas guardadas. El corozo y las jacarandas escasearon. Y ni el Patrón contra las Calamidades salió a las calles, porque a diferencia de las anteriores, esta calamidad obligó a que todos se quedaran en casa.

Para los cucuruchos y devotos religiosos, este 2020 trajo una nueva forma de hacer penitencia: no cargar y no tener procesiones. Y para todos los que amamos esta tradición tan guatemalteca, la esperanza de que al quedarnos en casa haremos posible que en 2021 estemos todos y nos saludemos en filas.

Extreme measures for an unprecedented crisis
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Paul Boteo es Director General de Fundación Libertad y Desarrollo. Además, es catedrático universitario y tiene una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
03 Abr 2020

La tragedia del Coronavirus no es solo por la pérdida de miles de vidas, sino también lo es por las serias dificultades económicas que enfrentarán millones de personas alrededor del mundo.

Conforme avanzan las semanas los efectos del Coronavirus son más dramáticos. El número de contagiados cambia a cada hora y Estados Unidos se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia. El último informe de la Casa Blanca sobre el tema advierte que podrían ser entre 100 mil y 240 mil el número de fallecidos por este virus.  Estamos a las puertas de lo que podría convertirse en una de las peores tragedias que enfrente la humanidad en el último siglo.

Desafortunadamente, la tragedia no es solo por la pérdida de miles de vidas, sino también lo es por las serias dificultades económicas que enfrentarán millones de personas alrededor del mundo. Solo en Estados Unidos, más de 3 millones de trabajadores reclamaron el seguro de desempleo en la semana del 16 al 21 de marzo. Las estimaciones más fatalistas indican que hasta 47 millones de personas podrían perder su empleo en Estados Unidos en los próximos meses; es decir, un tercio de la fuerza laboral estaría desempleada, algo jamás visto en la historia de ese país.

Efectos para Guatemala

Los efectos para Guatemala podrían ser igualmente desastrosos. Para empezar, las remesas podrían experimentar una fuerte caída. En la crisis 2007-2009 estas cayeron 9.3% y en aquella ocasión el desempleo hispano en Estados Unidos pasó de 4.8% a 13%. En esta oportunidad el desempleo podría alcanzar niveles récord y la caída en las remesas podría ser drástica. Según la OIM, más de 6 millones de guatemaltecos se beneficiaron de los más de $10,500 millones que ingresaron en remesas durante 2019. ¿Qué sucedería si las remesas cayeran 20%, 30% o 40%? Los efectos serían graves para muchas familias guatemaltecas.

Las exportaciones también se verán afectadas. Un tercio de nuestras exportaciones tienen como destino Estado Unidos y otro tercio México y Centroamérica; todos países vulnerables y que seguramente enfrentarán crisis económicas. En este contexto, las exportaciones podrían caer un 10% este año, en un escenario bastante conservador.

Por otra parte, el sector turismo sufrirá pérdidas cuantiosas. Aún cuando la situación se “normalice” en los meses de mayo o junio, muchas personas alrededor del mundo no querrán o no podrán viajar en los siguientes meses por temor o por limitaciones económicas. En lo que resta del año podrían desaparecer muchas empresas relacionadas con la industria turística a nivel mundial y por supuesto, también en Guatemala; afectando principalmente a comunidades del interior que depende totalmente de esta actividad. Hoteles, restaurantes, centros turísticos, agencias de viajes, entre otros, podrían entrar en quiebra y no recuperase.

Además de los factores externos, se deben agregar los efectos de estas cuatro semanas de suspensión de actividades en el país. Para muchas micro y pequeñas empresas, esta medida representa la quiebra. Las personas que sobreviven en la informalidad están enfrentando una situación muy crítica ante la paralización de actividades. Y las empresas grandes también están sufriendo. Si las empresas gigantes de Estados Unidos están atravesando problemas de liquidez, no digamos las empresas “grandes” de Guatemala.

¿Qué podemos hacer ante esta situación crítica?

Lo primero es que las medidas que se tomen para detener el avance del virus inflijan el menor daño posible a la economía. ¿Que habrá costos económicos que se tienen que asumir?, por supuesto. ¿Que se tienen que hacer sacrificios extraordinarios?, no cabe la menor duda. Se debe exigir estrictas medidas de seguridad a las empresas para que cuiden la salud de sus empleados. Algunos sectores tendrán que seguir suspendidos. Pero no se puede “apagar” toda actividad económica, porque eso representaría una crisis humanitaria de desempleo y hambre en los próximos meses a niveles nunca vistos.

En ese sentido, no se puede decir que cuidar la salud es humano y cuidar la economía es frívolo. Si la economía de un país cae, los costos humanos son igualmente dramáticos. Se deben atender las dos variables, por el bien de todos los guatemaltecos.

Lo segundo es que dado el costo económico que tendrá esta crisis, se tienen que tomar medidas extraordinarias. Las medidas encaminadas a brindar un cheque por Q1,000 o Q1,500 a las personas más necesitadas, por los próximos tres o cuatro meses son acertadas. Lo importante es que se focalicen en quienes de verdad lo necesitan y que sea totalmente transparente.

Por otro lado, se deben crear mecanismos de crédito blando para pequeñas y medianas empresas. La crisis que están atravesando estas empresas no se debe a un mal manejo o irresponsabilidad; es por una catástrofe humana que ha paralizado el mundo entero. En ese sentido, se deben hacer todos los esfuerzos posibles por brindarles la liquidez necesaria para que sobrevivan.

También debe considerarse hacer una reducción temporal en los impuestos a las empresas formales, con el objetivo de facilitarles liquidez y que no se vean en la necesidad de despedir empleados. Se debe procurar preservar el empleo formal en el país, sobre todo porque es sumamente escaso.

Por último, es urgente que se activen proyectos de infraestructura que mejoren nuestra competitividad, de cara a la recuperación de la economía.  Para ello es de suma importancia reformar el marco legal de las Alianzas Público-Privadas, con el fin de quitarle el poder arbitrario que tiene actualmente el Congreso para extorsionar a las empresas interesadas en participar en esta modalidad. Será imposible concretar los proyectos de gran envergadura que están en planificación, si los diputados siguen con la desvergüenza de siempre.

Todas estas medidas requieren recursos. Debemos tener la flexibilidad para aceptar que el déficit fiscal será mayor al que usualmente estamos acostumbrados. Vivimos una crisis global en la que se tienen que tomar medidas extraordinarias. Por supuesto, en estos momentos resulta ofensivo que muchos funcionarios públicos pretendan aumentos o “bonos de riesgo”. Los recursos del Estado deben destinarse para los millones de guatemaltecos que se quedarán sin ingresos en las próximas semanas y meses.

La crisis que viene es de gran envergadura y para enfrentarla exitosamente, requiere de flexibilidad, creatividad y responsabilidad en las políticas públicas.

 

Artículo publicado originalmente en Prensa Libre: https://www.prensalibre.com/economia/fund-libertad-y-desarrollo-como-combatir-el-coronavirus-sin-apagar-la-economia/

Medidas extremas para una crisis sin precedentes
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Paul Boteo es Director General de Fundación Libertad y Desarrollo. Además, es catedrático universitario y tiene una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
03 Abr 2020

No se puede decir que cuidar la salud es humano y cuidar la economía es frívolo. Si la economía de un país cae, los costos humanos son igualmente dramáticos. 

Conforme avanzan las semanas los efectos del Coronavirus son más dramáticos. El número de contagiados cambia a cada hora y Estados Unidos se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia. El último informe de la Casa Blanca sobre el tema advierte que podrían ser entre 100 mil y 240 mil el número de fallecidos por este virus.  Estamos a las puertas de lo que podría convertirse en una de las peores tragedias que enfrente la humanidad en el último siglo.

Desafortunadamente, la tragedia no es solo por la pérdida de miles de vidas, sino también lo es por las serias dificultades económicas que enfrentarán millones de personas alrededor del mundo. Solo en Estados Unidos, más de 3 millones de trabajadores reclamaron el seguro de desempleo en la semana del 16 al 21 de marzo. Las estimaciones más fatalistas indican que hasta 47 millones de personas podrían perder su empleo en Estados Unidos en los próximos meses; es decir, un tercio de la fuerza laboral estaría desempleada, algo jamás visto en la historia de ese país.

Efectos para Guatemala

Los efectos para Guatemala podrían ser igualmente desastrosos. Para empezar, las remesas podrían experimentar una fuerte caída. En la crisis 2007-2009 estas cayeron 9.3% y en aquella ocasión el desempleo hispano en Estados Unidos pasó de 4.8% a 13%. En esta oportunidad el desempleo podría alcanzar niveles récord y la caída en las remesas podría ser drástica. Según la OIM, más de 6 millones de guatemaltecos se beneficiaron de los más de $10,500 millones que ingresaron en remesas durante 2019. ¿Qué sucedería si las remesas cayeran 20%, 30% o 40%? Los efectos serían graves para muchas familias guatemaltecas.

Las exportaciones también se verán afectadas. Un tercio de nuestras exportaciones tienen como destino Estado Unidos y otro tercio México y Centroamérica; todos países vulnerables y que seguramente enfrentarán crisis económicas. En este contexto, las exportaciones podrían caer un 10% este año, en un escenario bastante conservador.

Por otra parte, el sector turismo sufrirá pérdidas cuantiosas. Aún cuando la situación se “normalice” en los meses de mayo o junio, muchas personas alrededor del mundo no querrán o no podrán viajar en los siguientes meses por temor o por limitaciones económicas. En lo que resta del año podrían desaparecer muchas empresas relacionadas con la industria turística a nivel mundial y por supuesto, también en Guatemala; afectando principalmente a comunidades del interior que depende totalmente de esta actividad. Hoteles, restaurantes, centros turísticos, agencias de viajes, entre otros, podrían entrar en quiebra y no recuperase.

Además de los factores externos, se deben agregar los efectos de estas cuatro semanas de suspensión de actividades en el país. Para muchas micro y pequeñas empresas, esta medida representa la quiebra. Las personas que sobreviven en la informalidad están enfrentando una situación muy crítica ante la paralización de actividades. Y las empresas grandes también están sufriendo. Si las empresas gigantes de Estados Unidos están atravesando problemas de liquidez, no digamos las empresas “grandes” de Guatemala.

¿Qué podemos hacer ante esta situación crítica?

Lo primero es que las medidas que se tomen para detener el avance del virus inflijan el menor daño posible a la economía. ¿Que habrá costos económicos que se tienen que asumir?, por supuesto. ¿Que se tienen que hacer sacrificios extraordinarios?, no cabe la menor duda. Se debe exigir estrictas medidas de seguridad a las empresas para que cuiden la salud de sus empleados. Algunos sectores tendrán que seguir suspendidos. Pero no se puede “apagar” toda actividad económica, porque eso representaría una crisis humanitaria de desempleo y hambre en los próximos meses a niveles nunca vistos.

En ese sentido, no se puede decir que cuidar la salud es humano y cuidar la economía es frívolo. Si la economía de un país cae, los costos humanos son igualmente dramáticos. Se deben atender las dos variables, por el bien de todos los guatemaltecos.

Lo segundo es que dado el costo económico que tendrá esta crisis, se tienen que tomar medidas extraordinarias. Las medidas encaminadas a brindar un cheque por Q1,000 o Q1,500 a las personas más necesitadas, por los próximos tres o cuatro meses son acertadas. Lo importante es que se focalicen en quienes de verdad lo necesitan y que sea totalmente transparente.

Por otro lado, se deben crear mecanismos de crédito blando para pequeñas y medianas empresas. La crisis que están atravesando estas empresas no se debe a un mal manejo o irresponsabilidad; es por una catástrofe humana que ha paralizado el mundo entero. En ese sentido, se deben hacer todos los esfuerzos posibles por brindarles la liquidez necesaria para que sobrevivan.

También debe considerarse hacer una reducción temporal en los impuestos a las empresas formales, con el objetivo de facilitarles liquidez y que no se vean en la necesidad de despedir empleados. Se debe procurar preservar el empleo formal en el país, sobre todo porque es sumamente escaso.

Por último, es urgente que se activen proyectos de infraestructura que mejoren nuestra competitividad, de cara a la recuperación de la economía.  Para ello es de suma importancia reformar el marco legal de las Alianzas Público-Privadas, con el fin de quitarle el poder arbitrario que tiene actualmente el Congreso para extorsionar a las empresas interesadas en participar en esta modalidad. Será imposible concretar los proyectos de gran envergadura que están en planificación, si los diputados siguen con la desvergüenza de siempre.

Todas estas medidas requieren recursos. Debemos tener la flexibilidad para aceptar que el déficit fiscal será mayor al que usualmente estamos acostumbrados. Vivimos una crisis global en la que se tienen que tomar medidas extraordinarias. Por supuesto, en estos momentos resulta ofensivo que muchos funcionarios públicos pretendan aumentos o “bonos de riesgo”. Los recursos del Estado deben destinarse para los millones de guatemaltecos que se quedarán sin ingresos en las próximas semanas y meses.

La crisis que viene es de gran envergadura y para enfrentarla exitosamente, requiere de flexibilidad, creatividad y responsabilidad en las políticas públicas.

 

Artículo publicado originalmente en Prensa Libre: https://www.prensalibre.com/economia/fund-libertad-y-desarrollo-como-combatir-el-coronavirus-sin-apagar-la-economia/

¿Qué aprobó el congreso en la madrugada del 3 de abril?
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Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
03 Abr 2020

Una reunión plenaria agendada para las 14:00 horas terminó en varios enfrentamientos entre diputados y en decisiones trascendentales para el país tomadas hasta la madrugada.

El Congreso tenía agendada reunión plenaria a las 14:00 horas del jueves, 2 de abril. La reunión comenzó con más de 5 horas de retraso, con acceso limitado a los medios de comunicación. Fue hasta  la madrugada del 3 de abril, que esta concluyó con la aprobación de 3 decretos. Entre ellos la polémica aprobación de una medida que no se había tomado desde la reforma constitucional de 1993: que el Banco de Guatemala (Banguat) financie directamente la  deuda del gobierno con emisión monetaria.

Hay que recordar que el Congreso ya había aprobado el decreto 12-2020 donde ampliaba parcialmente el presupuesto para atender temas urgentes del COVID-19 y para pago de salarios de burócratas, entre otras cosas. Ahora, los diputados aprobaron estos tres decretos en complemento:

A.    Decreto 13-2020, titulado “Ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por el COVID-19”,

B.    Decreto 15-2020, titulado “Medidas adicionales de protección para la población de los efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-2019”.

C.   Préstamo por US$60 millones para fortalecimiento del MP a través del decreto 14-2020.

Nos enfocaremos en explicar los primeros dos decretos pues el último se explica por sí solo.

Decreto 13-2020: “Ley de rescate económico”

El primer aspecto importante, es que el paquete costará Q11 mil millones que se financiarán con deuda. El presupuesto nacional que regía para 2020 era de Q87.8 mil millones. Eso quiere decir que estos Q11 mil millones de deuda son un 12.5% del tamaño del presupuesto original.

El segundo aspecto importante, es que, por primera vez desde la reforma constitucional de 1993, el Banco de Guatemala (Banguat) financiará directamente esa deuda del gobierno con emisión monetaria. El artículo 133 de la Constitución prohíbe al Banguat financiar al gobierno directamente, salvo “en casos de catástrofes o desastres públicos” con previa aprobación de dos tercios de la mayoría del Congreso (más de 107 votos) lo cual ocurrió esta vez.

¿Cómo se distribuyen esos Q11 mil millones? En tres programas:

a.    Q6 mil millones para el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el “Fondo Bono Familia” que consiste en una transferencia monetaria hasta por un monto de Q.1,000 para los más necesitados. ¿Cómo los identificarán?  Quienes consuman por mes menos de 200kw/h de energía eléctrica califican para tarifa social subvencionada y por tanto para este beneficio. ¿Cómo se canalizará la ayuda? El MIDES debe identificar a los beneficiarios y hacerles llegar la ayuda a través de transferencia bancaria. Eso implica que el MIDES debe encontrar mecanismos para facilitar apertura de cuentas para quienes no estén bancarizados.

b.    Q2 mil millones para el “Fondo para la protección del empleo”. Este fondo estará para pagar Q75 diarios a trabajadores cuyos contratos sean debidamente suspendidos con autorización del Ministerio de Trabajo. Se había especulado que fuera el IGSS quien pagar a trabajadores suspendidos, pero ellos alegaban no tener fondos. Ahora será el CHN el llamado a cubrir salarios de trabajadores cuya relación se suspenda por imposibilidad de operar por el estado de calamidad. La suspensión en sí lleva su trámite y estará a cargo de cada empresa.

c.     Q3 mil millones para el “Fondo de crédito de capital de trabajo” que servirá para que el Crédito Hipotecario Nacional otorgue créditos blandos por un monto máximo de Q250,000 para empresas que puedan necesitarlo en esta crisis. La idea es dar un salvavidas a las empresas que están paralizadas por el estado de calamidad mientras dure. Hay que decir que este artículo enmienda lo aprobado en el decreto 12-2020 donde se permitía dar préstamos a los PEP, personas expuestas políticamente y que había causado mucha indignación.

Decreto 15-2020: “Medidas adicionales de protección…”

Este decreto es más escueto y en general dispone:

a.    Prohíbe a los prestadores de servicios básicos (agua, energía eléctrica y telefonía) dos cosas: 1) suspender el servicio por impago y 2) cobrar multa, mora, intereses u otra penalización por el retardo en el pago. Las cuotas que no paguen los usuarios, mientras dure el estado de calamidad, se deben prorratear en 12 pagos posteriores.

b.    Fondo para financiar a prestadores de agua potable, cableros y entidades educativas. Como consecuencia de los impagos de los usuarios y a la imposibilidad de suspender servicios, las empresas que prestan servicios podrían tener problemas de liquidez. Para solventarlo, la ley propone un fondo que solo aplicaría a prestadores de agua potable y cables. Se deja fuera a la empresa eléctrica y a las telefonías.

c.     También se incluye a las entidades educativas para que puedan pedir préstamos al CHN para pagar nóminas. Esto porque en el decreto 12-2020 se les había prohibido interrumpir servicio por impago y cobrar mora por 3 meses desde que comenzó el estado de calamidad.

Conclusión:

En líneas generales, tiene sentido dar ayuda a la población ante una situación de emergencia como la que vivimos, donde las medidas de distanciamiento social impiden a un grueso importante de los trabajadores y empresas operar y generar ingresos.

La preocupación central estará en cuán rápido y transparentemente pueda el MIDES hacer llegar esas transferencias monetarias a los necesitados. Mucha gente que vive al día ya no tiene ingresos y si la ayuda demora, será trágico.

Lo mismo se puede decir de los fondos para dar préstamos a las empresas y la ayuda para trabajadores suspendidos. Las empresas deberán aplicar, presentar su papelería y gestionar los préstamos correspondientes. Igualmente, las empresas y trabajadores deben gestionar la suspensión para que el CHN brinde los Q75 diarios a los trabajadores suspendidos.

¿Cuánto tiempo durarán las medidas de distanciamiento social? Es crucial tener escenarios para que la gente pueda proyectar sus decisiones futuras. Está claro que una economía tan precaria como la nuestra no aguantará demasiado.

Prohibir las empresas de servicios básicos cobrar mora es un acto de ayuda a la clase trabajadora del país que lo necesita. Pero puede meter en problemas de liquidez a las empresas y de momento únicamente el servicio de agua potable cuenta con un fondo para gestionar préstamos para hacerlo. De forma llamativa, además del servicio de agua, los cableros podrán optar a esos créditos también. Digo llamativo porque algunos diputados son dueños de empresas de cable.

Por último: se ha activado un mecanismo excepcional de financiamiento con emisión monetaria por primera vez desde que se reformó la Constitución en 1993. Uno echa de menos que antes de acudir a este mecanismo (o de forma paralela) no se haga un esfuerzo por recortar gastos innecesarios.

No olvidemos que el decreto 12-2020, también de emergencia por esta crisis, incluía ampliación de presupuesto, por ejemplo, de Q567 millones para pagar beneficios salariales que negoció Jimmy Morales con el sindicato de educación. Es inaceptable no sentar a los sindicatos para renegociar estas ayudas.

Miles de familias guatemaltecas verán ineludiblemente reducidos sus ingresos y otras perderán su empleo de forma prolongada. Otros que viven de remesas sufrirán. Curiosamente quienes tienen menor peligro de perder su empleo son los empleados públicos. Dado que gozan de una permanencia de la que no gozan los trabajadores de sector privado en esta crisis, lo menos que podrían aceptar es una rebaja en sus beneficios. Esta crisis nos afecta a todos y todos tenemos que poner de nuestra parte. A sus oídos, sindicatos públicos.