Los eventos sorpresivos de los últimos días permitieron descartar algunos de los escenarios políticos planteados por analistas y alteraron las premisas generales de todo el mapa nacional.

Un parteaguas en los balances de fuerza.

Hace unas semanas, cuando se valoraban las premisas generales de la coyuntura política nacional, el análisis de escenarios se encaminaba hacia alguno de estos cuatro caminos:

1) Una abierta confrontación entre el bando del MP y la CICIG, con el Gobierno de la República y sus aliados en el Congreso y en la Municipalidad de Guatemala, como consecuencia de la presentación de nuevos casos de alto impacto.

2) La continuación de una dinámica de estabilidad volátil, similar a la de los últimos meses, en la cual se profundizan las investigaciones de corrupción al tiempo en el que el Gobierno y aliados juegan a socavar el trabajo de los investigadores.

3) La posibilidad de un escenario “tipo 2015”, en el cual la presentación de casos judiciales de alto impacto generara un reacomodo de fuerzas que alterara los balances en algunas instituciones del país.

4) La posibilidad que los actores “pro-statu quo” retomaran control del Ministerio Público y, silenciosamente, condujeran una estrategia para ahogar lentamente la lucha contra la corrupción de cara al 2019.

Sin embargo, como ocurre en el ejercicio de escenarios, el devenir de los acontecimientos no solo permitió descartar algunas de las posibilidades prospectivas, sino que además, los eventos más sorpresivos de los últimos días, alteran las premisas generales de todo el mapa nacional.

Por un lado, el resultado del trabajo de la Comisión de Postulación para Fiscal General prácticamente hizo descartable el último escenario, sobre una lenta restauración del statu quo. De los candidatos seleccionados, los seis parecieran estar comprometidos con continuar y profundizar el proceso de lucha contra la corrupción 2015-2018. Por otro lado, luego del caso “Financiamiento Electoral Ilícito 2015” y la posterior declaración de “Mea Culpa” por parte de un grupo de financistas, la posición judicial del mandatario se complicó, puesto que ahora resulta bastante complejo para el Gobierno alegar motivaciones políticas o espurias detrás de la investigación.

Pero el factor de cambio se activó el viernes al final de la tarde, con la noticia del fallecimiento súbito del alcalde capitalino. Desde octubre, Arzú se convirtió en el articulador de la alianza anti-CICIG, y era quizá el caudillo detrás de las posiciones de Morales en el Ejecutivo, de su hijo Álvaro en el Congreso y algunos otros actores de reparto. Sustraer al alcalde de la ecuación implica un cambio importante en el balance de fuerzas. Aquí en este escenario, muerto el rey, no queda claro quién será el nuevo rey. Para el presidente Morales, implica quedar en mayor situación de debilidad y soledad ante la precaria situación política y judicial que enfrenta. Para el ministro Degenhart, pupilo de Arzú y materialización concreta de su influencia en el Gobierno, implica una merma importante del capital de respaldo para las acciones operativas contra la CICIG. Y en el Congreso, sin la figura del caudillo articulador, la ya debilitada alianza pro-oficialista la tendrá más difícil en su esfuerzo de alcanzar las mayorías para impulsar cualquier tipo de acción legislativa.

Sin embargo, entender las motivaciones subjetivas es más complejo. El duelo nacional durará, cuando mucho, siete días. Y en ese marco, se presentan dos alternativas. Que ante el shock político que generó el deceso del alcalde, puede que simplemente los actores en el Ejecutivo y Congreso queden en la pura inamovilidad. Y con ello, la pelota pasaría a la cancha del MP y CICIG y la posibilidad de nuevas acciones judiciales. La otra alternativa es que en una última expresión de desesperación, –muy remota debo decir– apelen a la “energía del mártir” para intentar enderezar alguna estrategia de expulsión de la CICIG. El problema para la alianza es que aún en condiciones previas al 27 de abril su gesta se veía cuesta arriba; ahora, la pendiente solo se ha agudizado. En estas condiciones, la capacidad de articular una estrategia anti-CICIG ha mermado.

Columna originalmente publicada en El Periódico.

Las actividades ciudadanas de las semanas pasadas fueron exitosas, principalmente porque nos ayudaron a darnos cuenta que no estamos solos y que podemos darnos la mano en temas importantes sin traicionar nuestros principios.

Dos eventos importantes marcaron la agenda de la discusión pública nacional de las últimas semanas; el primero fue la convocatoria al Frente Ciudadano contra la Corrupción y el segundo, el Tercer Encuentro Ciudadano de la Fundación Libertad y Desarrollo.

Ambos eventos tenían como propósito dar un apoyo valiente, público y sonoro a los esfuerzos de la lucha anticorrupción, abanderada por el Ministerio Público de Thelma Aldana y la CICIG de Iván Velásquez. Ambos eventos lograron su objetivo.

Dos cosas llaman la atención de estas actividades ciudadanas:

La primera es que los guatemaltecos seguimos siendo una sociedad tribal. No superamos esos años escolares en los que teníamos un grupo cercano de amigos e infantilmente celamos a quienes se relacionaban con el grupo que consideramos contrario.

Basta ver los comentarios de rechazo que se lanzaron en contra de quienes valientemente se pararon en la tarima del Frente contra la corrupción o se sentaron a discutir en el Encuentro Ciudadano.

Ejemplos de esta actitud tribal hay muchos, veamos los casos de Lenina García y varios activistas de izquierdas que fueron y están siendo criticados por presentarse al lado de los empresarios; también esos mismos empresarios recibieron críticas por sentarse al lado de los líderes indígenas, supuestos enemigos naturales del sector privado. Lo interesante es que las críticas no venían únicamente de sus detractores, como sería de esperar, también vinieron de personas cercanas a su misma tribu.

Ojo que el problema no es la crítica, sino la mezquindad disfrazada de crítica con la que se cuestiona a quienes se atreven a asumir el costo político de ser moderados y participar en una discusión multisectorial. Pareciera que hay quienes se alimentan del conflicto y son más felices cuando pueden seguir viendo al país en la incertidumbre y desconfianza; mientras pregonan que el país debe cambiar, pero solo si cambia a su manera.

El segundo punto que llama la atención, es el debilitamiento que el discurso anti CICIG ha sufrido en las última semanas. Ya queda muy poco de aquellos vociferantes opositores de la lucha anticorrupción. El “para cuándo este o aquel” y las quejas de justicia selectiva se fueron diluyendo con los casos presentados, no les ha quedado más que recluirse en quejas sobre la forma como se desarrolla el proceso, las conferencias de prensa y las fotos de los capturados en los medios son el nuevo objetivo.

Llegará el día en el que los opositores bienintencionados, que todavía existen, se darán cuenta que sus preocupaciones y miedos están siendo utilizados por la mafia, los corruptos y sus mercenarios para entorpecer un importante proceso de limpieza institucional. Ojalá lo vean a tiempo y su tozudez no les impida ponerse del lado correcto de la historia. Sus dudas y críticas sobre un proceso que es perfectible, pueden ser de mucha utilidad; pero primero, debemos lograr un acuerdo mínimo sobre el apoyo que se necesita para que esto llegue a las últimas consecuencias.

Esta puede ser una oportunidad para que quienes tienen dudas legítimas, pero apoyan la lucha anticorrupción, puedan separarse de quienes jamás estarán de acuerdo porque sus intereses o los de sus conocidos se ven afectados con el fortalecimiento de la justicia.

Como decía el comisionado Iván Velásquez en la entrevista presentada durante el Tercer Encuentro Ciudadano, la verdad puede ser liberadora para quien está dispuesto a aceptar su culpa. Las personas que han cometido errores pueden salir redimidas de este proceso y ayudar en el camino de reconstrucción institucional que vamos a necesitar. Ejemplos hay y se vale soñar.

Lo que no se vale es continuar apañando corruptos por el miedo a la incertidumbre y sostener un sistema con políticos y funcionarios que se hacen ricos a costa de la pobreza de otros. El diálogo entre actores de la sociedad puede servir para diluir esa incertidumbre y ojalá comenzar el proceso de reconstrucción.

Las actividades ciudadanas de las semanas pasadas fueron exitosas, principalmente porque nos ayudaron a darnos cuenta que no estamos solos y que podemos darnos la mano en temas importantes sin traicionar nuestros principios. Debemos afrontar cualquier situación con honestidad, como se hizo en la actividad del Frente contra la corrupción y en el Encuentro Ciudadano, eso inevitablemente apartará a los deshonestos del camino.

Publicado originalmente en República.

La idea del diálogo entre moderados era interesante porque invitaba a dejar de lado la estridencia de los extremistas. 

El tímido llamado a la posibilidad de un diálogo entre moderados, levantó una pequeña polémica entre algunos grupos, analistas y comentaristas. Que a alguien le moleste un llamado a dialogar puede sonar extraño, pero no lo es tanto cuando se comprende el problema.

La molestia surgió en realidad de un malentendido en redes sociales. Lo que debiera interpretarse como una invitación a poner en pausa los temas irreconciliables, se entendió como un intento de excluir a aquellos que tienen ideas fuertes y las defienden.Pero el llamado a dialogar entre moderados, en estos momentos de crisis política, era importante; nos recordaba que hemos dejado pendiente la tarea de construir espacios de interacción social.

Generemos + espacios de diálogo entre moderados para darle rumbo al país y no permitir q el ruido de los radicales y mafias nos polarice + pic.twitter.com/asZgiwtfFI

— Salva Biguria (@sbiguria) 3 de octubre de 2017

Los moderados no son los tibios, tampoco son aquellos que se ubican en el centro del espectro político-ideológico, sino quienes comprenden que el momento político exige hacer algunas concesiones; que el diálogo es necesario, pero que jamás será posible sin la disponibilidad de querer hacerlo y la comprensión de que la ausencia de cohesión deja el camino libre para que gobierne la mafia.

La idea del diálogo entre moderados era interesante porque invitaba a dejar de lado la estridencia de los extremistas. Ser extremista en tiempos de crisis es peligroso porque estos momentos llaman a encontrar salidas de corto y mediano plazo. Esto es difícil cuando las posturas son diametralmente opuestas y casi imposible cuando los actores no están dispuestos, siquiera, a reunirse y hablar.

En el río revuelto los intereses espurios son los beneficiados. Estos han disfrazado su mezquindad de posturas extremas, simplificando el debate público y utilizando argumentos de fácil comprensión. Se esconden entre los extremistas porque saben que la postura radical es cómoda y fácil de entender. No requiere ningún esfuerzo estar encerrado en un círculo en donde jamás se me cuestiona lo que creo.

El momento histórico llama a que moderemos posturas. De nada sirve tener una sociedad civil dividida e ideologizada, mientras los políticos son totalmente pragmáticos. Discutir en los medios y las redes sociales es positivo, pero difícilmente tendrá algún efecto si la discusión no se traslada al Congreso y a la arena política.

Para que el Congreso sea el espacio en donde se discutan las ideas, primero hay que allanar el camino, tirando las barreras de entrada que montaron los corruptos. Este es un momento para acuerdos entre los grupos que no están comprometidos con las mafias; los temas difíciles podrán ser batallados cuando el sistema político deje de estar cooptado. Si se logra ese primer objetivo, las discusiones que vengan serán menos complicadas, porque habremos tendido algunos puentes para el futuro.

Necesitamos que más personas se ubiquen en el momento político actual. Que vean la necesidad de lograr acercamientos entre distintos sectores influyentes de la sociedad civil. Que se busquen acuerdos sobre los grandes temas que hoy nos ocupan: la lucha anticorrupción, la reforma al sistema de justicia y la reforma electoral; todos pilares de un proceso de fortalecimiento institucional que nos puede ayudar a salir del entumecimiento social.

Lo único que el sicario digital realmente necesita, es insertar en su incauto receptor una duda lo suficientemente razonable sobre una persona o causa para lograr una reacción. 

En la era de la información la batalla política se está librando también con la desinformación. Los victimarios son sicarios digitales, mercenarios o auténticos activistas; y las víctimas son reputaciones y causas. Sus efectos en países empobrecidos como Guatemala ciertamente aún no llegan a las masas, pero es que el objetivo no es necesariamente la masa, los objetivos suelen ser las élites.

Identificar al sicario no es difícil. No todos son anónimos, pero sí comparten características: tienden a ser muy insistentes con sus temas, reciben retroalimentación de cuentas anónimas, sus opiniones orbitan en torno a mensajes generados por cabezas visibles y suelen tener información rebuscada que, descontextualizada, apoya sus ataques.

Muchos los consideran todavía irrelevantes pero con suficiente esfuerzo y paciencia las balas de los sicarios digitales pueden penetrar hasta las cabezas preparadas y bienintencionadas. Las estrategias son variadas y van desde sutiles mensajes lanzados al aire, hasta sofisticadas campañas digitales que incluyen una minuciosa planificación, recursos y defensa frente a posibles retaliaciones legales.

Lo único que el sicario digital realmente necesita, es insertar en su incauto receptor una duda lo suficientemente razonable sobre una persona o causa para lograr una reacción. Con campañas de distintos alcances se han paralizado importantes discusiones de política pública y se han minado reputaciones.

Por supuesto que estas estrategias no son nuevas. Simplemente se han beneficiado de la tecnología para crecer exponencialmente en número y estridencia, además de ser cada día más difíciles de rastrear. Su existencia presenta un doble peligro, pues además de destruir, también dan razón a políticos oportunistas que saltan ante cualquier intento de callar a sus críticos.

La medicina puede salir más cara que la enfermedad sí permitimos que, en aras de callar a los sicarios, nos callen a todos.

Por eso la respuesta ante los mercenarios digitales no debe ser la censura sino la transparencia, los atacados no deben escudarse en el miedo sino enfrentar a los mentirosos y calumniadores dando la cara y desarmando el discurso simplón. Una foto sacada de contexto o editada, un parentesco incómodo o una mentira flagrante pueden enfrentarse, tomando una actitud honesta y valiente.

En el engaño quedará el “comodón” que prefiera creer al sicario; contra el incauto y crédulo no se puede hacer mucho. El honesto revisará fuentes, analizará mensajes y averiguará intenciones. Al final no hay mentira que aguante más de dos rounds contra el peso de la verdad.

El dedo acusador sobre los sicarios digitales no distingue colores o banderas. En muchos sectores de la sociedad hay deshonestos invirtiendo tiempo y recursos en preparar ataques digitales. Los netcenters son una realidad, se disfrazan de empresas formales y sus empleados usualmente son jóvenes sin malicia pero con ganas de trabajar.

Estas estrategias han llevado la discusión pública al suelo. Toca a los decentes recoger los pedazos del debate público y reconstruirlo en nuevos espacios de discusión,para que ya no se desperdicien esfuerzos y recursos en mercenarios digitales y se inviertan en espacios físicos o virtuales de convivencia que promuevan el debate político honesto.

Como espectadores nos toca distinguir la sátira política del ataque político; la discusión sana del acoso y la fiscalización del asesinato de reputaciones. No seamos reproductores del sistema insano que alimenta a los sicarios digitales. La nueva política tendrá que discutirse de frente, por más incómodos que sean los temas.

Texto original en: http://republica.gt/2017/07/27/sicariato-digital/

Los guatemaltecos nos incomodamos por la existencia de los "cuida carros", pero olvidamos que son un efecto de la realidad en la que vivimos. 

Cada vez que un guatemalteco tiene alguna diligencia en la ciudad de Guatemala, se enfrenta con varios problemas. Seguramente el primero será el tráfico, seguido por la inseguridad en las calles y el poco estacionamiento que hay en diversos sectores. Este último punto es aprovechado por varias personas que aparecen con trapos y silbatos en la vía pública, ofreciendo el servicio de “cuida carros”.

Este servicio no se encuentra regulado bajo ningún reglamento municipal. Ninguna persona está autorizada por la municipalidad para cobra u ofrecer espacio de estacionamiento en la calle (a diferencia de aquellos autorizados para brindar este servicio en propiedad privada). El problema es que los guatemaltecos hemos apoyado este tipo de transacciones informales por el miedo a que los mismos “cuida carros” nos dañen el vehículo o roben nuestras pertenencias. Incluso, hemos aceptado tarifas de hasta Q30 para reducir los daños a nuestra propiedad por la inseguridad de la zona.

Ahora bien, es importante entender la magnitud del problema de los “cuida carros”. Ellos son el efecto visible de una sociedad con una fragilidad institucional grande, que no ha podido ofrecer buenos servicios a nivel municipal y mucho menos fomentar la inversión para aumentar los empleos en Guatemala.

Por un lado, la municipalidad ha fallado en brindar calles con buena iluminación, espacios públicos dignos, seguridad y espacios para estacionarnos de manera ordenada. Y por el otro, la falta de ofertas laborales y de oportunidades hace que los “cuida carros” se refugien en la informalidad buscando una respuesta a su necesidad de ingresos.

A todo esto se le suma la ausencia de regulación sobre el uso de las vías. Es más, la única legislación en relación a la forma de cobro en las calles es el Acuerdo Municipal 46-2001[2] que regula el uso del espacio en la vía pública (especialmente aquel que tiene poca duración), en lugares autorizados, bajo el sistema de parquímetros por la Municipalidad de Guatemala. Sin embargo, también es un sistema que se encuentra rezagado y que sufre daños constantes por los mismos “cuida carros” o por los conductores para evitar pagar por el servicio.

Otras ciudades del mundo como Madrid y Washington han vuelto sofisticados los sistemas de parquímetros, con aplicaciones móviles que facilitan el pago al momento de estacionarse en la vía pública. Además, se implementaron políticas de seguridad para mejorar la experiencia en distintos sectores de estas ciudades; incentivando así, el uso correcto de este sistema.

En nuestro país falta mucho por alcanzar este tipo de tecnología y organización. Incluso se desconocen servicios como el marbete que ofrece la Municipalidad para parquearse frente al área de parquímetros el tiempo que se desee, pagando una cuota mensual. [3] Pero para que esto tenga el efecto esperado en la Ciudad de Guatemala, es importante que la Municipalidad tome acciones más fuertes para educar a los conductoressobre sus derechos en el espacio público, el uso del parquímetro y las áreas en donde es o no permitido parquearse. Además de brindar los servicios básicos que se necesitan en esos espacios.

Es un esfuerzo necesario para mejorar la experiencia de los conductores. Pero hasta que esto suceda, las calles seguirán teniendo las reglas del juego que conocemos: Personas sin trabajo formal, dedicadas a cuida carros, aprovechando el poco ordenamiento vehicular y la inseguridad de nuestra ciudad.

Referencias:

1. http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/salariominimo.html

2. http://old.congreso.gob.gt/Legislacion/Ver_acuerdo.asp?id=4979

3. http://diariodigital.gt/2016/08/estacionate-frente-parquimetros-sin-nece...

Los análisis técnicos se los dejo a los técnicos, esto es un desahogo ciudadano sobre la reforma fiscal. 

Ya sea porque los quieren subir, se los roban o no los pagan como debieran, pareciera que todo el tiempo estamos hablando de impuestos. Sin duda, el tema provoca reacciones diversas, algunos los alaban, otros los repudian, pero al final, y usando palabras del profesor Richard Murphy (director de Tax Research en el Reino Unido[1]), los impuestos no son más que una herramienta económica. No debemos sacar de proporción su importancia.

Según el profesor Murphy, al hablar de impuestos, como hacemos al referirnos a cualquier otra herramienta, debemos preguntarnos: ¿está siendo utilizada para hacer el trabajo correcto, en la forma y en el momento correcto? La respuesta a esta pregunta debiera ser el centro de la discusión. Si la respuesta es un rotundo no, ¿Acaso no tenemos derecho los ciudadanos de oponernos a un aumento de impuestos?

El problema es que la discusión sobre los impuestos pareciera ser siempre unilateral. El ciudadano que responsablemente paga sus impuestos, está bajo constante asedio con argumentos como: no se paga lo suficiente, usted es poco solidario y por su culpa (clase media privilegiada) existe la pobreza en este país. Pero casi nunca se habla del tipo de país que se está construyendo con los impuestos de ese ciudadano. Las propuestas son usualmente reformas tributarias a medias. Casi nunca están diseñadas para facilitar el pago de los impuestos y tampoco incluyen planteamientos concretos para combatir la evasión fiscal, mejorar la calidad del gasto y el destino de los fondos.

Y es que si la discusión del por qué pagar impuestos es moral, la discusión de por qué no pagar más impuestos también lo es. Su implementación tendrá irremediablemente un efecto sobre la calidad de vida de las personas que los pagan. ¿Es correcto pedirle a la gente que deposite más dinero si no podemos asegurar que efectivamente servirá para reducir las abrumadoras brechas sociales? ¿Se piensa en algún momento cómo impactará la reforma la economía de las personas de a pie, su capacidad de ahorro y por lo tanto sus planes a futuro? ¿Es correcto hacer una reforma tributaria y afectar a muchas personas para mejorar la capacidad de endeudamiento del país?

La actitud casi predatoria de quiénes recetan más impuestos es bastante intransigente. Están todo el tiempo buscando esquinas para recortar los ingresos de los ciudadanos y pareciera que nunca piensan en cómo hacer crecer el número de contribuyentes o de empresas que pagan impuestos. Hablemos seriamente de buscar una política económica integral. Dejemos de engañarnos, no vamos a tener el desarrollo y la política social de los países nórdicos con el crecimiento económico de Guatemala.

Hemos estado dando la respuesta equivocada a la pregunta correcta: ¿Cómo alcanzamos el desarrollo? La respuesta no puede ser simplemente: busquemos más y mejores formas de cobrarles impuestos a los de siempre. En algún momento tenemos que pensar en el crecimiento económico, preocuparnos por generar suficiente empleo formal y robustecer a la clase media, no debilitarla más. Seguir postergando esta tarea solo generará más pobreza. Podríamos llegar a tener una carga fiscal del 12, 15 o 20% del PIB y seguir sin tener una idea clara de cómo invertir bien ese dinero. Aumentar la carga fiscal, solo por cumplir con un estándar internacional, no puede ser un objetivo.

Que quede claro que no me opongo a una política social fuerte y a la necesidad de contar con instituciones públicas bien financiadas, especialmente en un país como Guatemala. Pero quiero algún tipo de certeza respecto al destino del dinero, y que alguien me diga qué estamos haciendo como país para mejorar sustancialmente el crecimiento económico mediocre que tenemos desde hace más de 30 años. Quiero alguna dirección, algún mensaje de buena fe. No espero grandes cambios de este gobierno, soy realista, lo que espero son buenos mensajes.

Cierro con una reflexión para nuestros diputados: grupos organizados de izquierdas y derechas se han expresado en contra del actual paquetazo tributario, muchos ciudadanos también nos estamos expresando en contra. Si los diputados lo aprueban sin chistar y no se comienza una discusión seria que permita generar una propuesta más integral ¿A quién representan realmente los diputados?

Referencias:

[1] Murphy, R. The morality of taxation, or David Cameron got this one wrong.

Acabó un proceso accidentado y lleno de datos interesantes que hicieron de esta elección una muy particular.

Sobre las elecciones en general

En primer lugar, estrenamos nuevas reglas electorales y por primera vez el acceso a los medios de comunicación no fue un factor clave. En segundo lugar, la descalificación de cinco candidatos presidenciales marcó profundamente el tono de la primera vuelta. Jamás había ocurrido tal cosa en nuestra historia democrática y peor aun si tenemos en cuenta que dos de las descalificadas (Zury Ríos y Thelma Aldana) sumaban la intención de voto de 1 de cada 4 electores de acuerdo a las encuestas de abril.

Por otra parte, se vio un distanciamiento mayor entre las estructuras locales y los candidatos presidenciales. Si en 2015 Jimmy Morales ganaba la elección con un partido que no ganó una sola alcaldía, en 2019 Alejandro Giammattei gana la presidencia y su partido obtiene apenas 29 alcaldías lo cual equivale al 8.5% de las alcaldías de todo el país.

La UNE fue el “LIDER” de esta elección. Hace 4 años el partido de Baldizón conquistaba 130 alcaldías, equivalentes al 39% de corporaciones municipales del país, pero en aquel entonces la UNE les ganó el boleto a segunda vuelta. Ahora, la UNE ganó 108 alcaldías, cerca de un tercio de las alcaldías del país, pero no fue capaz de ganar la elección presidencial. El vínculo alcalde-diputado distrital se mantiene, pero el vínculo entre líderes locales y candidatos presidenciales parece importar cada vez menos.

Los votos nulos y en blanco: el segundo lugar en primera vuelta

No deja de llamar la atención que es la primera vez en nuestra historia democrática que los votos en blanco y votos nulos, como porcentaje de los votos válidos, suman el segundo lugar en la elección presidencial. En primera vuelta, Sandra Torres sumó el equivalente al 25.5% de los votos válidos y los votos nulos y en blanco sumaron el 15% en tanto que Alejandro Giammattei sumó el 14%.

Por supuesto que es discutible afirmar que todos los votos en blanco y, especialmente los votos nulos, muestran rechazo. Entre los votos nulos hay votos que se anulan por «error» del votante. En esta elección despertó curiosidad el hecho de que el voto nulo tendría el efecto de repetir las elecciones si obtenía más del 50% del total de votos válidamente emitidos.

Aunque para ser justos, los votantes no lo tenían muy claro. De acuerdo con la encuesta de Prensa Libre publicada en junio de este año, el 29% de los ciudadanos creía que los votos nulos no tenían valor y un 28% dijo no saber nada al respecto. Pero también es verdad que más del 74% pensaba que una boleta en blanco era equivalente a un voto nulo, aunque no es así. De modo que esos votos nulos y en blanco, algo nos dicen del malestar de los votantes.

La remontada más grande y la caída de la participación más grande en un balotaje

Otra lección que nos deja esta elección es el enorme antivoto de Sandra Torres. Las encuestas de Fundación Libertad y Desarrollo y Prensa Libre colocaban el antivoto de Torres entre un 34% y 54% respectivamente.

El balotaje demostró el rechazo: por primera vez desde la elección de 1990, el candidato que ocupó el segundo lugar en primera vuelta consiguió ganar la elección. Pero más impactante aún: fue el crecimiento más grande, en términos absolutos, de un candidato de una primera a una segunda vuelta. El voto a favor de Alejandro Giammattei creció un 211%. En cambio, los votos a favor de Sandra Torres únicamente crecieron un 23%, el tercer peor crecimiento en las nueve elecciones presidenciales de nuestra era democrática.

Se habló mucho del abstencionismo en la segunda vuelta y ciertamente fue la segunda tasa de abstencionismo más alta en las nueve elecciones presidenciales desde 1985. Sin embargo, más preocupante es aún el hecho de que fue la elección donde más cayó la participación entre la primera y la segunda vuelta: cayó un 19.5%. Hubo departamentos como Huehuetenango donde el abstencionismo alcanzó casi el 70% en segunda vuelta.

Un congreso atípico

Las elecciones legislativas también nos dejan algunos datos interesantes. Nos queda un congreso fragmentado con 19 bancadas, la fragmentación más alta de nuestra era democrática. También cayó la tasa de diputados reelectos.

Si no tomamos en cuenta las elecciones legislativas del año 1994, que ocurrieron post reforma constitucional y post serranazo que disolvieron anticipadamente el Congreso, esta es la segunda tasa más baja de diputados reelectos con un 31.65%. Se reeligieron únicamente 50 diputados de los 158 que había la legislatura pasada. La tasa más baja de reelección desde 1985 ocurrió en las elecciones de 1990 cuando únicamente se reeligieron 23 de los 100 diputados que conformaban la primera legislatura lo cual equivale a un 23% de reelectos.

El partido oficial la tendrá difícil en el legislativo. Obtuvo 17 escaños, lo cual equivale al 11% del total de escaños en el Congreso, es la segunda “bancada oficial” más baja de la historia democrática y supera únicamente al FCN Nación en las elecciones pasadas cuando obtuvieron únicamente 11 escaños equivalentes al 7% de asientos totales. La gran diferencia es que el FCN Nación salió de compras y acabó con una bancada de 36 diputados, equivalente al 22.5% de diputados.

Ahora el transfuguismo no está permitido y aquellos diputados que renuncien a su bloque legislativo quedan como diputados de segunda categoría sin poder integrar Junta Directiva ni presidir comisiones de trabajo. Veremos cómo se las ingenia el partido de Alejandro Giammattei para navegar en ese contexto con estas reglas.

Las circunstancias en Venezuela son tan extraordinarias, que hay que estar ahí para comprender los grados de dificultad y peligro que se corren cada segundo.

Como lo demuestra la historia de la humanidad, el hombre tiene infinita capacidad para destruir, corromper y traicionar. A través de los siglos, la ambición, los acuerdos incumplidos, la desconfianza y los intereses personales nos han llevado a dictaduras y guerras que han producido esclavitud, muerte y desolación.

El narcodictador Nicolás Maduro y sus secuaces pasaron hace tiempo el punto de no retorno. Ya no pueden dejar el poder y salir de Venezuela en condiciones de derrotados políticos. Sus crímenes son tantos y están tan comprometidos con mafias transnacionales que ya no existe una geografía en el planeta que los pueda o los quiera resguardar con impunidad. Y ellos lo saben. Morirán con las botas de criminales puestas.

Es posible que antes se maten entre ellos por intrigas, desconfianza y traiciones, y porque cada uno sabe la calaña de alimaña que es el otro.

Los oficiales del ejército viven incomunicados y temerosos de que los mercenarios rusos y la inteligencia cubana los vean como traidores a la causa; y que ellos y sus familias paguen las consecuencias.

Rusos y cubanos manejan a Maduro como una marioneta y los niveles de desconfianza e incertidumbre en las filas del ejército crecen cada día. A estas alturas, ningún general confía en ningún general.   

La situación es tan precaria y de sobrevivencia, que, el miedo se interpone entre un pueblo que clama libertad y el pánico a morir en el intento por alcanzarla. 

Es cierto que miles de ciudadanos salen valientemente a las calles a protestar y a apoyar a su presidente encargado, pero faltan las armas en la oposición. Falta la pólvora, el plomo y la sangre que, como demuestra la historia, es la terna que derrota dictaduras. Terrible realidad.       

Qué fácil es acusar a Leopoldo López de ser responsable del fiasco del 30 de abril para terminar con la usurpación en Venezuela o señalar a Juan Guaidó por errores de coordinación. Las circunstancias en Venezuela son tan extraordinarias, que hay que estar ahí para comprender los grados de dificultad y peligro que se corren cada segundo.

La comunidad internacional ha mejorado su actitud, pero no lo suficiente. Estados Unidos ha subido el tono en la retórica y las amenazas verbales, pero en eso se ha quedado. A estas alturas ya es evidente que todos se han visto las cartas y que lo que queda es un cambio de estrategia y de conducta. 

Parece que el presidente Trump usará la situación de Venezuela en función de su reelección. Y esto no es buena noticia para el pueblo venezolano.

Se habla también de un trueque entre Estados Unidos y Rusia: Ucrania por Venezuela, y más flexibilidad comercial con China a cambio de que volteen la cara a otro lado cuando los americanos saquen a Maduro de su ratonera con media docena de misiles de medio alcance. 

Los días del dictador están contados. Lo que sigue siendo un misterio es la fecha y el costo. En vidas y en recursos materiales.

Cuando caiga la dictadura, que caerá, el mundo occidental y los venezolanos deberán volcarse a fondo a la reconstrucción democrática, institucional, económica y social de la tierra de Bolívar. Pero el esfuerzo especial deberá estar en la reconstrucción del tejido social y la sanidad emocional de un pueblo que lo ha pasado muy mal. 

El drama de la Venezuela chavista deberá ser una lección para Venezuela y para toda América Latina. La pregunta de siempre es, ¿cuántas generaciones durará la lección? ¿O cuántos años?

La experiencia nos demuestra que el ser humano tiene gran capacidad para tropezar con la misma piedra y caer en el mismo hoyo una y otra vez. Ahí están Nicaragua, Argentina, Bolivia y probablemente Guatemala, para mencionar solo algunos. 

Por eso, al final, la lección es que la evolución de la humanidad y los grandes cambios toman siglos y generaciones. No se alcanzan en nuestro tiempo de vida. ¿Alivio y resignación? No lo sé.    

La historia no perdona. Y quienes hoy están en una posición de poder en Guatemala tienen que estar conscientes de la forma en que se escribirá este capítulo del país. 

Ejercer la función pública al más alto nivel conlleva una responsabilidad con la historia de una nación. Las decisiones que se toman afectan la vida de millones de personas, para bien o para mal. Por esa razón, hay políticos que son recordados con honores como Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y más recientemente John McCain; mientras que otros se convierten en villanos y entran a la historia con deshonra por el sufrimiento que causaron a sus respectivos pueblos, como ha sucedido con tantos dictadores africanos, asiáticos y latinoamericanos.

En Estados Unidos, una buena parte del sector político pareciera tener ese sentido de la historia. Muchos han dejado legados que los colocan en un sitial de honor en la historia de su país. La política en esa nación ha tenido estándares mucho más altos que la política en América Latina. Por supuesto que tienen sus propios escándalos y hoy no se encuentran en su mejor momento; claramente no viven en el paraíso. Pero comparado con Latinoamérica, nos llevan muchas millas de ventaja.

El gran problema del político promedio de América Latina, y de Guatemala en particular, es que sólo busca enriquecerse y sacar provecho de su posición. El prestigio, la ideología, el honor y el sentido histórico están completamente ausentes de sus motivaciones. Y lo que es peor, con el paso de los años, la calidad de la clase política guatemalteca se ha deteriorado aún más. Hoy vemos a políticos dando un espectáculo terrible de ignorancia, cinismo, cobardía y arrogancia que los hace ver como el principal obstáculo para la transformación del país.

Por supuesto, que en medio de la podredumbre que infectó a la política de Guatemala, aún quedan políticos honestos y funcionarios probos que atestiguan con tristeza cómo el Estado ha quedado en manos de personas sin escrúpulos.  Pero son una minoría y poco o nada pueden hacer, sin el apoyo decidido de la ciudadanía.

El panorama para Guatemala es desalentador si al final no logramos construir un Estado administrado por ciudadanos capaces y decentes al servicio de todos. Seguiremos hablando del país que anhelamos, pero nunca se concretará porque no contamos con un Estado funcional que lo impulse. Seremos el país de la eterna promesa y el permanente fracaso.

En medio del ambiente crispado que vive el país, los ciudadanos también hemos olvidado la responsabilidad que tenemos con la historia y las futuras generaciones. Caímos en la trampa de la polarización y el desprestigio. Ya no estamos discutiendo sobre las principales reformas que debemos impulsar para que el país tenga una oportunidad de desarrollo. En vez de eso, nos embarcamos en discusiones viscerales en donde no se aceptan matices y la descalificación ha desplazado al diálogo respetuoso y constructivo.

Hoy más que nunca se necesita que edifiquemos puentes y seamos capaces de dialogar, aun cuando defendamos puntos de vista encontrados. Es lo que hacen los países civilizados para resolver sus diferencias. Lo peor que nos podría pasar es regresar a ese pasado oscuro en donde la violencia se imponía sobre la razón. Ninguna persona decente debería avalar la violencia, la intimidación y las amenazas para silenciar un punto de vista diferente. Eso simplemente es inaceptable y nos convertiría en cómplices de una atrocidad.

La historia no perdona. Y quienes hoy están en una posición de poder en Guatemala tienen que estar conscientes de la forma en que se escribirá este capítulo del país. ¿Quedarán registrados como hombres de Estado que impulsaron y permitieron la primavera de Guatemala? ¿O la historia los recordará como villanos que robaron la esperanza de cambio de todo un pueblo? El país se encuentra en un momento crítico y se necesita de políticos con sentido de historia, que tomen decisiones en función del bienestar de la población y no del interés personal. La historia será implacable. 

Publicado originalmente en El Periódico.

Las cortes pueden llegar a ser sumamente polémicas incluso bajo sistemas judiciales sólidos.

La famosa Corte Warren en los Estados Unidos es un buen ejemplo de ello. Corría el mes de septiembre de 1953 y la Corte Suprema de los Estados Unidos conocía el icónico caso Brown v. Board of Education. Se trataba de una demanda que presentó una estudiante afroamericana, Linda Brown, que retaba la jurisprudencia (Plessy contra Ferguson, 1896) hasta entonces vigente que declaraba que los afroamericanos y los blancos podían estar “separados pero en iguales condiciones”. Con ello existían en Estados Unidos escuelas públicas exclusivamente para blancos y otras exclusivamente para afroamericanos.

Durante las deliberaciones de la Corte Suprema, el juez presidente Fred Vinson hizo ver a sus colegas jueces que, si bien la segregación era deleznable, la Corte no podía fallar en contra de dicha práctica porque cada estado tenía derecho a decidir su propia política educativa aunque ésta fuera discriminatoria. En medio de las deliberaciones el juez Vinson murió y el entonces presidente, Dwight Eisenhower, nombró a Earl Warren como juez presidente de la Corte Suprema.

Warren tenía una visión de que la Corte Suprema debía servir, además de su función de control constitucional, como un instrumento para defender a los débiles, oprimidos y desaventajados. En tal sentido, ordenó repetir las audiencias del caso Brown y cual activista convenció a sus colegas para que, por unanimidad, resolvieran que la segregación en las escuelas públicas era contraria a la decimocuarta enmienda y así terminar con esta práctica.

Lo que siguió fue una enorme crítica a la decisión de la Corte Suprema. Muchos afirmaron que la decisión deformaba la Constitución, que se basaba en evidencia empírica cuestionable, en tanto que otros afirmaban que la Corte Suprema estaba usurpando el poder legislativo del congreso y los estados en lugar de limitarse a interpretar las leyes.

El Senador demócrata de Georgia, Richard Russell Jr, incluso aseguró entonces que la corte cometió un “claro abuso de su poder judicial” e hizo un llamado a las autoridades a resistirse a la decisión por todos los “medios legales posibles”. De hecho, varios estados intentaron abolir la educación pública para evitar cumplir con la decisión judicial y en la práctica tomó tiempo en que varios estados dieran estricto cumplimiento de la sentencia.

Salvando las distancias, en Guatemala vivimos una coyuntura complicada que ha tenido a la Corte de Constitucionalidad (CC) como un protagonista importante, algo que no ocurría desde el Serranazo probablemente. La decisión de la CC de impedir al presidente declarar al comisionado de CICIG persona non grata hace poco más de un año es en buena parte reflejo de ello.

Llamó la atención al respecto porque en el anuncio que hiciera el presidente Morales de la decisión de impedir al comisionado de CICIG el ingreso al país, él y algunos funcionarios de alto rango de su gobierno aseguraron que no tenían obligación de “acatar órdenes ilegales” y opinaron que la CC se ha “extralimitado” aunque habían respetado varias de sus resoluciones.

Es natural que las decisiones de alta relevancia de las cortes generen descontento. De hecho, son objeto de críticas por parte de la comunidad de abogados y juristas. Yo mismo he sido crítico de varias decisiones de la CC. Pero un funcionario público tiene la obligación de respetar el marco constitucional y eso incluye el respeto a las decisiones de las cortes, sin importar cuán en desacuerdo se pueda estar con sus criterios jurídicos.

En todos lados se cuecen habas, reza el dicho. Estados Unidos, una de las democracias más exitosas del mundo, ha tenido episodios de polémica y descontento con las decisiones judiciales, pero fueron capaces de superarlas en un marco de respeto a la ley y la Constitución. Lo propio es necesario que ocurra en nuestro país si aspiramos a construir una república que aún está en una fase de construcción.

Por supuesto que nuestras altas cortes son muy mejorables. Nuestros esfuerzos deben ir encaminados a generar sistemas en los que estas gocen de mayor Independencia judicial. Es imposible liberarse de la polémica, pero es posible mejorar la calidad de las resoluciones de nuestras cortes si diseñamos mejores sistemas de designación e incentivos con una carrera judicial y con judicaturas vitalicias.