El tráfico de drogas y la narcopolítica afectan a nuestra región con violencia, corrupción y la captura criminal del Estado; y lejos de ser un problema que se vaya a resolver, está empeorando.

El narcotráfico es una amenaza para la democracia y sus instituciones. Colombia fue el caso crítico de América Latina en los 90s por el Cartel de Medellín, con Pablo Escobar, y el Cartel de Cali. 

Para entonces, se calculaba que el narcotráfico representaba entre el 3% y el 5% del Producto Nacional Bruto de Colombia. Fue la época del presidente Ernesto Samper, a quien se acusó de recibir dinero del narcotráfico. 

Colombia fue ejemplo en la lucha contra el narcotráfico durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Pero la herencia del Gobierno de Santos deja un saldo negativo pues recibió la presidencia en 2010 con 60,000 hectáreas sembradas de cocaína y el año pasado rebasó las 200,000.

En Bolivia también hay aumento en la siembra de coca. Se calcula que en 2016 los cultivos incrementaron un 14% respecto de 2015; y aunque aún no hay cifras oficiales para 2017, se estima que la siembra sigue creciendo.

México lleva décadas de ser víctima del narcotráfico y la narcopolítica. Se calcula que cada año entran entre 30,000 y 40,000 millones de dólares por narco; cifra que casi duplica los 20,000 millones que ingresan en concepto de remesas. Para el año 2010, se afirmaba que el 72% de municipios estaban infiltrados con dinero criminal.

Guatemala padece de los mismos males. Informes serios sobre financiamiento de campañas electorales dejan claro que un 25% de fondos de las campañas tiene origen en el narcotráfico. Y un 50% de la corrupción. 

El tráfico de drogas y la narcopolítica afectan a nuestra región con violencia, corrupción y la captura criminal del Estado; y lejos de ser un problema que se vaya a resolver, está empeorando. 

Hoy en día, grandes sectores ciudadanos sienten que la política es una actividad sucia y mediocre; y que no es un lugar para los ciudadanos honestos y capaces.

El desprestigio de la política no conoce fronteras y se debe en gran medida a que ésta se alejó del ciudadano, de la ley y de la justicia; y la percepción es que a la política se acercan, en su mayoría, pícaros y oportunistas con bajo nivel moral, profesional e intelectual. 

El narcotráfico se convirtió en el cáncer de la política, el sicario de la democracia y el causante principal de la implosión del Estado de Derecho. La devastación más evidente que éste provoca está marcada por la violencia, la pérdida de vidas, la corrupción y un Estado capturado y criminal. Pero, en especial, las drogas destruyen al ser humano, quebrantan la familia y desvalorizan la sociedad.

El narcotráfico dio vida a la narcopolítica, que gobierna en algunas naciones; y por eso, están condenadas al sufrimiento y al fracaso.   

El caso más grave hoy en América Latina es Venezuela, el centro de tráfico de drogas más grande del mundo, manejado por una narcodictadura criminal que está provocando la crisis humanitaria más severa en la historia de América Latina.  

Las drogas, con su poder corruptor y su violencia, son el gran combustible para que el ciudadano pierda interés y desprecie la vida pública, le provoque desapego a la ley y le incite a no respetarla. Así se han debilitado la confianza en la democracia y la esperanza en el futuro.

El camino a la salvación pasa por la revaluación de la política y por poderes del Estado que respondan a las necesidades de nuestro tiempo; y pasa también por el rescate del respeto a la ley y por la reivindicación de la democracia.  

La política debe ser el lugar al que van los mejores; y la vida cívica, una responsabilidad ineludible para todos. 

Si Centroamérica quiere alcanzar altos niveles de desarrollo y bienestar tendremos que empezar a hablar con seriedad y compromiso de legislación intachable y efectiva, de un sistema electoral funcional y transparente y de un Estado de Derecho a prueba de fuego. 

Si Centroamérica quiere ser una región respetable y respetada, los centroamericanos debemos actuar como ciudadanos de naciones de verdad.   

Columna publicada originalmente en Estrategia y Negocios. 

Una cronología de las vinculaciones existentes en un Estado capturado.

Corría el año 2014. FECI y CICIG le seguían la pista a una red dedicada a la defraudación aduanera. Mediante interceptaciones telefónicas, armaban un rompecabezas sobre la integración de una compleja estructura criminal. Desde tramitadores, vistas de aduanas, pasando por supervisores, gerentes, intendentes, hasta el mismo superintendente. Todos, coordinados en un esfuerzo para generar riquezas ilícitas, facilitando la defraudación de impuestos en importaciones aduaneras.

La investigación determinó también que existía una estructura externa, integrada por particulares que, desde fuera del poder público, incidían en el nombramiento de funcionarios de SAT para servir los intereses de la red. El personaje que actuaba como enlace entre funcionarios y los particulares era Giovanni Marroquín Navas, cuya línea telefónica fue interceptada a partir de noviembre 2014.

Las escuchas de Marroquín permitieron identificar la trama para nombrar a Omar Franco como Superintendente de SAT, o los esfuerzos por conseguir el apoyo de Pérez Molina para nombrar un Gerente de Recursos Humanos afín a la red. Dichos episodios sustentaron la judicialización del Caso La Línea, aquel 16 de abril de 2015, y la captura de Marroquín y una veintena de personas más. Y meses más adelante, llevaría también a la captura de Roxana Baldetti y la caída de Otto Pérez Molina.

Pero eso no se quedó ahí. El análisis de las interceptaciones de Marroquín Navas evidenció que este también se dedicaba a realizar otros “trámites” tributarios. Concretamente, a entorpecer casos administrativos y penales por posible defraudación, además de agilizar devoluciones de crédito fiscal. Todo ello, mediante un proceso corrupto de pago de sobornos y cobro de comisiones ilícitas.

Esta línea de investigación permitió presentar el Caso Aceros de Guatemala en febrero 2016.

Pero esto tampoco se quedó ahí. La información recabada en los allanamientos de La Línea y del Caso Aceros, el examen financiero sobre los movimientos bancarios de Marroquín, y el análisis de más interceptaciones telefónicas de su línea, permitió identificar que la red dedicada a la tramitación de expedientes de crédito fiscal era de mayores dimensiones.

Esta ampliación de la investigación permitió que en febrero 2018 se presentara el Caso Traficantes de Influencias, en el cual se descubrió que personajes como el ex vicepresidenciable de la UNE, Mario Leal Castillo, y el diputado Felipe Alejos, captaban clientes que luego eran referidos con la estructura de Marroquín Navas. Este último mantenía el mismo rol de siempre: ser el enlace con la SAT, cobrar comisiones y trasladar los beneficios económicos indebidos a los funcionarios públicos.

El análisis financiero dentro del Caso Traficantes de Influencias permitió identificar un grupo de sociedades utilizadas por Giovanni Marroquín para captar las comisiones y pagar los sobornos. Una de ellas era “Ingeniería Integral S.A.”, administrada por su hijo, Marlon. El análisis de los movimientos financieros reveló que dicha empresa transfirió recursos a otra sociedad anónima en 2015: Maariv S.A. Dichas transferencias ocurrían a pesar de que ambas carecían de relación comercial alguna.

Una búsqueda en Google de Maariv S.A. arroja varios resultados de la página del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Porque Maariv S.A. aparece registrada como financista de la campaña UNE de 2015. 

La investigación sobre financiamiento de la campaña UNE 2015, que se conducía paralelamente a la trama anterior, permitió entender por qué Maariv recibía fondos de una sociedad vinculada a Marroquín Navas. Sencillo. Era una empresa de fachada utilizada para captar fondos e inyectarlos al partido. Igual que Promotora de Recursos Habitacionales (PROHABSA), vinculada al vice presidenciable Leal, o el Grupo Inmobiliario San Felipe, vinculado al diputado Julio Ixcamey.

Maariv, Prohabsa y San Felipe son típicos ejemplos de sociedades de cartón utilizadas para captar recursos -tanto lícitos aportados de forma anónima, o fondos provenientes de corrupción- con el fin de financiar campañas. Similar a lo que ocurría con el Grupo Estrella y el financiamiento del Patriota; o el conglomerado de empresas de fachada de Manuel Baldizón utilizadas para la campaña de Líder.

Giovanni Marroquín es el centro neurálgico que permite en una misma red de relaciones, conectar La Línea, a Pérez Molina y Baldetti, algunos empresarios, con Felipe Alejos y la UNE. Personajes como este, alrededor de quienes se configuran nodos de relaciones de negocios que trascienden partidos y sectores, sobran. Algunos ya están en prisión, pero otros muchos, siguen operando en la impunidad.

Y así, quien diría que tirando de la misma cuerda que permitió dar con La Línea y que llevaría a la caída de Pérez Molina y Baldetti en 2015, permitiría dar con el financiamiento de quienes en el papel eran sus némesis políticos: la UNE y Sandra Torres. Todo un script digno de una novela best seller, una serie de Netflix, o una de esas historias enredadas propias de Quentin Tarantino o Christopher Nolan.

Pero en realidad, ese hilo conductor es el fiel reflejo de la captura del Estado. Un sistema político que sirve para satisfacer intereses de grupos criminales sin importar banderas o ideologías. Y la lógica que, para participar de esa juerga de negocios corruptos, hay que invertir en campañas electorales.

Esta es precisamente la razón por la que creo que la FECI y CICIG se les debe permitir seguir operando, incluso más allá de septiembre 2019. Porque aún hay muchas cuerdas pendientes de las cuales hay que tirar. Pero esa es la misma razón por la que muchos quieren evitarlo a toda costa: si de la misma cuerda de la que cayó el Patriota, hoy sale golpeada la UNE, ¿qué no habrá en los otros extremos de esas cuerdas aún pendientes de tirar?

Columna originalmente publicada en El Periódico. 

Reflexiones sobre las condiciones de cara al evento electoral 2019.

En semanas recientes se ha activado la discusión prospectiva en relación a las dinámicas políticas que imperarán en el proceso electoral 2019.

Dos elementos deben considerarse como precondiciones de análisis. Primero, los efectos normativos y los nuevos incentivos que generará la reforma electoral (Decreto 26-2016).Y en segundo lugar, las alteraciones del mapa político generado como consecuencia del proceso 2015-2018, cuyas secuelas seguramente impactarán las dinámicas electorales.

El primer elemento a considerar es el efecto de la prohibición del transfuguismo. Dicha normativa, sujeta de cuestionamiento por más de 80 diputados, implicará un cambio sustancial en las dinámicas políticas y partidarias. El efecto más evidente será la obligada renovación del Congreso en 2019. Pero además, la normativa genera una agudización de la crisis del “partido franquicia”: al quedar excluida la participación de varios caciques territoriales, los partidos políticos pierden naturalmente un universo de potenciales franquiciados, situación que les obliga ahora a buscar nuevos franquiciados o a generar un modelo alternativo para la construcción de organización. No obstante la renovación de personas no garantiza un funcionamiento distinto de la institucional. Para muestra, la actual legislatura, que tuvo a más de la mitad de diputados novatos.

El segundo elemento a considerar es el financiamiento electoral. Derivado de los recientes casos judiciales y el marco regulatorio aprobado en 2016, resulta relativamente sencillo proyectar que la elección presidencial del año siguiente será austera. Sin embargo, a nivel local, se mantiene el mismo riesgo de la penetración de capitales ilícitos. Por ello, resulta de particular importancia que el Tribunal Supremo Electoral logre operativizar la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos, la cual aparentemente constituye la única barrera frente al recurso ilícito que se cuela en la base.

El tercer elemento es el voto en el extranjero. Si bien los migrantes fueron un sector clave para la elección de Jimmy Morales en 2015, gracias a su apoyo financiero y su influencia “de boca a boca” sobre votantes locales, el reconocimiento del voto en el exterior no necesariamente implica una transformación sustantiva del mapa de poder electoral. Esto se debe a que mientras no se resuelva el problema de identificación de cientos de miles de migrantes que no tienen DPI, el voto en el extranjero será exiguo. De tal forma, seguirá pensando más la influencia indirecta que el voto directo de los connacionales.

Por último, la elección 2019 se presenta como una con excesiva judicialización. Desde ya se vislumbra que la Corte de Constitucionalidad deberá resolver acciones de inconstitucionalidad contra la prohibición del transfuguismo. Mientras que potenciales candidaturas concretas, como la de Zury Ríos –por ejemplo-, podrán depender también de lo que digan las cortes. Lo mismo ocurre con la normativa relacionada a la publicidad en campaña o la publicación de encuestas, artículos que hoy están en proceso de ser impugnados en materia constitucional.

La sumatoria de todo lo anterior nos deja un escenario electoral atípico, y por ende, incierto.

Publicado originalmente en El Periódico.

Una receta para la estabilidad social.

Durante el siglo XVII, James Harrington, uno de los ideólogos del republicanismo, esbozó una receta para alcanzar la estabilidad política: el buen funcionamiento de la Res pública depende de la difusión de la riqueza y propiedad. Para Harrington, el concepto de difusión de la riqueza implicaba que una gran mayoría de ciudadanos alcanzara la condición de “propietarios”, situación que les facilitaría el acceso a oportunidades, a un nivel de vida más digno, y generaba incentivos para que más personas participaran activamente en la discusión pública.

La receta de Harrington bien podría servir como un faro para construir desarrollo y estabilidad política en Guatemala. Para nadie es un secreto que los guatemaltecos tenemos una vocación natural hacia el emprendimiento, tal y como ha demostrado durante años las encuestas del Global Entrepreneurship Monitor. Dichos estudios también han perfilado el empeño que el guatemalteco le pone al trabajo. Sin embargo, ni la vocación emprendedora, ni el espíritu trabajador ha sido suficiente para generar condiciones de desarrollo económico y estabilidad política en el país.

Por lo anterior, se requiere de un esfuerzo institucional y de política pública para generar un país de propietarios. Esto implica la adopción de marcos normativos y políticas que permitan generar certeza sobre la propiedad privada. Propuestas como la regulación de la titulación supletoria y el tracto sucesivo resultan estratégicas para facilitar que miles de pequeños propietarios puedan regularizar sus activos, y con ello, acceder a mecanismos de financiamiento.

La generación de certeza de la propiedad puede complementarse mediante políticas para incentivar la integración vertical de productores con cadenas productivas y encadenamientos para la exportación. En otras palabras, permitir que los pequeños propietarios encuentren mercados internos y externos para sus productos.

A esto debe agregarse la modernización de los sistemas de crédito, para facilitar a los propietarios y emprendedores el acceso a financiamiento, a capital semilla y capital de trabajo. Para ello se debe apostar por la flexibilización del mercado financiero, además de promover modalidades de financiamiento más horizontal. Figuras como el factoraje, el leasing, las garantías mobiliarias o las microfinanzas deben fortalecerse en nuestro marco normativo. Debemos considerar también la participación de más guatemaltecos en sociedades productivas, a través de un sistema de Bolsa de Valoresque favorezca el ahorro y la inversión.

Asimismo, debe fomentarse otras modalidades de propiedad y desarrollo productivo. El cooperativismo, la gestión comunitaria, las modalidades de empresarialidad indígena y los encadenamientos deben potenciarse, puesto que permiten a miles de guatemaltecos potenciar su productividad, integrar esfuerzos de producción, comercialización y exportación.

El complemento a todo lo anterior es vigorizar a las capas medias. Esto implicadifundir la presencia y promover más opciones para la enseñanza técnica y la educación universitaria, puesto que ambas constituyen los pilares modernos para la movilidad social. En este sentido, la inversión educativa a nivel técnico y superior debe apostar por establecer institutos de capacitación y centros universitarios en las ciudades intermedias y en los polos de desarrollo rural.

El objetivo es construir un sistema en el que la mayoría de guatemaltecos sean propietarios. El ejercicio de la empresarialidad y la propiedad privada deben ser vistos como una oportunidad para todos. Un país de propietarios, con mayor difusión de la riqueza, genera paz social, cohesión y estabilidad política.

Columna publicada originalmente en El Periódico.

Se repiten verdades y se descalifican personas. El debate de ideas, no existe.

Durante la Edad Media, el escolasticismo fue el movimiento filosófico que sustentó las enseñanzas del cristianismo. Su metodología se basaba en el principio de autoridad: una premisa se aceptaba como válida sólo por estar contenida en un texto sagrado. No había espacio para el cuestionamiento, mucho menos para debatir ideas contrarias. Pero esto cambió. La modernidad de Occidente devino a partir de los cuestionamientos a las verdades absolutas. El Renacimiento disputó la superioridad de la religión sobre el hombre; la Revolución Científica revisó las premisas aceptadas sobre la naturaleza. La Ilustración y las revoluciones liberales cuestionaron el status quo y el absolutismo.

Pero en Guatemala nos quedamos en el medioevo. Somos una sociedad escolástica, puesto que rehuimos del debate. Esto refleja un modelo de enseñanza que privilegia el adoctrinamiento sobre el pensamiento crítico. Pero también refleja la intolerancia. Cuando los argumentos ya no dan, recurrimos a inferencias ad hominen (atacar a la persona y no sus ideas), ad verecundiam (aceptar una verdad por el prestigio de su locutor), o ad baculum (apelar a la fuerza por encima de la idea).

Con esta base intelectual, resulta surrealista imaginar que el debate político podría ser diferente. A nivel ideológico, creemos que nuestra visión de sociedad está escrita en piedra, y que las recetas antagónicas son expresiones de intereses ocultos. Cuando los argumentos se agotan, se descalifica al rival tachándolo de “oligarca retrógrado”, “neoliberal vende-patrias” o “vividor socialista”. A partir de ahí, discutir sobre la sociedad que queremos, el modelo de desarrollo al que aspiramos, o la forma de alcanzarlo, resulta imposible.

Más difícil es debatir propuestas partidistas. Quien aplaude una acción de Gobierno se convierte en apologista de Jimmy Morales; quien le critica, en un “golpista”. Bajo esta categorización escolástica, el análisis objetivo, la fiscalización ciudadana, o la prensa independiente se consideran herejías modernas.

A lo anterior se agrega una práctica recurrente en el debate: el incesto intelectual que genera el mundo de las redes sociales. Derivado de los algoritmos utilizados por Facebook y Twitter, que privilegian los contenidos que resultan afines a los patrones de consumo de los usuarios, es muy común que la información a la que cada persona tiene acceso es un reflejo de la “burbuja” en la interactúa, por lo que pocas veces se produce una verdadera examinación de ideas y argumentos.

Quizá un primer paso para cambiar nuestra política pasa por superar el escolasticismo intelectual. Aprender a debatir propuestas y no a descalificar interlocutores;reconocer que debemos dejar de ser un país de suposiciones y prejuicios, para convertirnos en un país de ideas.

Columna publicada en El Periódico.

El ciudadano, con mayúscula, es la condición indispensable que permite que la democracia funcione.

La democracia nació en el Siglo VI antes de Cristo como un pacto entre clases para expulsar a los tiranos del poder en la antigua Grecia.

Hace 2,500 años se sentaron las bases de una batalla que se sigue peleando hasta el día de hoy en naciones donde a los pueblos se les priva de su libertad, se les niega la justicia y se violan sus derechos fundamentales.

En aquellos días, los antiguos griegos inventaron la idea del ciudadano, con la aspiración de que, sobre una base de igualdad política, los ciudadanos tomarían decisiones en asuntos de interés común.

A través de la historia, desde aquel lejano Siglo VI, la victoria de los griegos sobre los persas, la caída del imperio romano, la Toma de la Bastilla, el manifiesto comunista, la revolución industrial, el Tratado de Versalles y el fin del nazismo, entre otros, fueron momentos estelares de la humanidad que provocaron los contrastes que marcaron el desarrollo y la construcción de una cultura que ha dado, en especial, al occidente civilizado, niveles extraordinarios de desarrollo y bienestar. Una forma de vida que se puede resumir gracias a tres palabras: La Democracia Liberal.

Hoy, esas 3 palabras se ven amenazadas por los nacionalismos, el populismo, la corrupción, la desigualdad, el insuficiente crecimiento económico, la falta de oportunidades y la ausencia de líderes y estadistas capaces y honestos, dispuestos a servir. Y, por si fuera poco, a esto se suman gigantes desafíos como la era exponencial en la tecnología y el cambio climático.

Las generaciones del Siglo XXI debemos hacer esfuerzos extraordinarios para ajustarnos a las nuevas realidades y a la velocidad que las circunstancias imponen. Pero, en especial, debemos vigilar y proteger los valores más importantes de la civilización, como lo son, la democracia, el Estado de Derecho y la libertad.

La represión y el sufrimiento en las más de 50 dictaduras que todavía hay el mundo, y la imperfección y el subdesarrollo que persisten en las democracias; en especial, las de América Latina, obliga preguntarse si aquel invento de los griegos, que fue el ciudadano, necesita una mirada más profunda para replantear su esencia y su identidad, para que, además de esperar y exigir derechos y libertades, el ciudadano, también se comprometa a tener obligaciones y deberes fundamentales.

EL CIUDADANO es el epicentro de la democracia, la razón de ser del Estado, el punto de partida de la política y el responsable de construir verdaderos partidos políticos. El ciudadano, con mayúscula, es la condición indispensable que permite que la democracia funcione.

La política es pasión. Y las emociones superan a la razón y a la lógica; pero La Política debe volver a ser la profesión más digna y más respetada; y el ciudadano valiente, honesto y capaz su protagonista.

Eso de tomar decisiones sobre la vida de los demás debe estar en manos de los mejores.

Como los griegos, hace 2,500 años, debemos reinventar la idea del ciudadano y hacer los sacrificios que sean necesarios para que ÉSTE resurja como una fuerza cívica que sabe defender sus libertades pero que, sobre todo, sabe participar y cumplir con sus deberes ciudadanos.

Como los griegos en su día le dieron vida a la democracia para echar a los tiranos; en pleno Siglo XXI, además de vencer y desterrar a las más de 50 dictaduras que oprimen a millones, debemos entender que las democracias de mentira, la incompetencia de los gobiernos, la corrupción de los políticos y la complicidad o la indiferencia de las élites son otras formas de tiranía que castigan de igual manera, con el agravante que con su actuar falso y oportunista, desprestigian y debilitan los valores de la democracia, la justicia y la libertad.

PS: Rindo un homenaje al valiente pueblo nicaragüense por enfrentar la dictadura y luchar por su libertad. Después de Nicaragua sigue Venezuela. Vivan Nicaragua y Venezuela libres.

Espontáneas y autónomas, pero sin liderazgos ni programas

Dos autores contemporáneos, Thomas Friedman y Moisés Naim, han descrito en sus textos The World is Flat y El Fin del Poder las correlaciones de poder en el siglo XXI. Ambos, sostienen la tesis que la tecnología, las nuevas formas de comunicación, y la revolución de la información, han transformado las relaciones de influencia y poder en las sociedades.

Veamos algunos ejemplos. Hace veinte años, los programadores de contenido de las televisoras tenían el poder sobre el consumo de material televisivo y cinematográfico. Como televidentes, estábamos obligados a ver lo que el canal programaba. Ahora, en el siglo XXI, gracias a Netflix y YouTube, los consumidores tienen la libertad de sintonizar la película, la serie o cualquier contenido que desee, sin importar lo que digan los canales. Caso similar ocurre con la radio y los podcasts. O veamos la comunicación. Los teléfonos inteligentes y las redes sociales han convertido a los ciudadanos en periodistas. El mismo ciudadano informa de los hechos que acontecen en el día a día. Lo mismo ocurre con la formación de opinión, dado que ahora cualquier usuario de redes sociales se convierte en un generador de contenidos.

En pocas palabras, el poder y el mundo ahora son más horizontales que nunca.Esa horizontalidad también se traslapa al mundo de las movilizaciones sociales.

Históricamente, las manifestaciones, las movilizaciones sociales y las revoluciones tenían características jerarquizadas y verticalizadas. Generalmente la convocatoria a una protesta provenía de un líder particular, un actor con legitimidad, liderazgo o recursos; había un discurso programático. Había organización, logística y un liderazgo visible. Pensemos en el magisterio y Joviel Acevedo, o en movimiento campesino como referentes de este modelo.

Ahora, en el siglo XXI, se produce el fenómeno de la manifestación 2.0. Estas son movimientos sociales sin una conducción clara, sin liderazgos identificados,donde la autonomía y espontaneidad pesan más que los mensajes o discursos programáticos. Son movilizaciones generadas vía redes sociales, en donde la espontaneidad del individuo es la que vale: si el individuo se identifica con la razón de la manifestación, sale a la calle. Si el tema de la misma no le hace click, sencillamente el individuo se queda en su casa.

Para muestra, analicemos las jornadas del 2015 y septiembre 2017. Miles de guatemaltecos se identificaron con el tema de la manifestación: pedir la renuncia de Baldetti, de Otto Pérez en 2015, y luego, manifestar su rechazo a los decretos de impunidad del Congreso en 2017. Y por ello, salieron a las calles y paralizaron labores. Pero en medio de esas jornadas, otras demandas como la aprobación de reformas o el retraso de las elecciones, no generaron ese mismo nivel se identificación entre el ciudadano, y por ello, algunas de esas marchas no fueron tan concurridas. En pocas palabras, las manifestaciones ciudadanas de individuos se producen cuando existe una fuente de rechazo e indignación. Y al carecer de organización o liderazgos palpables, dichas movilizaciones son difíciles de articular para otros objetivos.

Lo anterior explica también por qué los actores movilizados no son actores articuladores de propuesta política. Únicamente se limitan a ser demostraciones de descontento.

La conclusión es sencilla de enumerar pero compleja de entender. En los movimientos 2.0 ya no importa quién convoca o quién es el líder. Importa el individuo como ciudadano. Si el individuo se siente identificado con el tema de la marcha, sale a la calle. Si no hay un tema de rechazo, no hay manifestación. Así de sencillo. Pero al mismo tiempo, dicha espontaneidad y autonomía de los movimientos 2.0 le condena a carecer de un discurso programático o de una línea de dirección que le permita trascender en el tiempo.

Columna originalmente publicada en El Periódico.

El proceso de lucha contra la corrupción que experimenta Guatemala ha generado incertidumbre sobre el futuro del país. 

Una parte de la sociedad guatemalteca ve con mucha suspicacia y desconfianza el proceso que está atravesando el país. Su temor es que se caiga en una espiral de ingobernabilidad que podría dejarnos en una situación peor que la que históricamente hemos vivido. Además se cuestionan las motivaciones de los actores que están detrás de este proceso de cambio y por último se señalan ciertas irregularidades o errores que se han cometido.

La primera reacción ante estos argumentos es obviarlos o bien tildarlos de formar parte del pacto de corruptos. Claro, no se puede negar que hay un pequeño grupo muy estridente que se dedica a desprestigiar la lucha contra la corrupción por intereses obscuros y perversos. Pero también hay personas que están genuinamente preocupadas por las repercusiones que podría traer este proceso, por lo que es importante establecer un diálogo constructivo entre éstos y quiénes apoyan decididamente la transformación del país.

El punto de partida debe ser visualizar la situación en la que se encontraría el país hoy en día, si no se hubiese renovado el mandato de CICIG en 2015. ¿Quién sería el presidente en estos momentos? En los meses previos a las elecciones de 2015, las encuestas daban como posibles ganadores a personajes que claramente pretendían aumentar la voracidad de la corrupción a niveles que nos hubiesen llevado rápidamente al colapso. De hecho estábamos muy cerca de ese punto, como lo han revelado los procesos judiciales actuales. Fue la intervención de CICIG lo que motivó un despertar cívico en la ciudadanía que impidió que estas personas alcanzaran el poder. ¿Podemos negar este hecho?

El segundo punto es reconocer que sin CICIG, hubiese sido imposible iniciar la lucha contra la corrupción. Ningún sector o grupo de personas del país tenía (o tiene) la fuerza para enfrentarse a todo el entramado de corrupción que tenía (o sigue teniendo) cooptado al Estado. Es ilusorio e ingenuo decir que solo nosotros como sociedad podemos acabar con las mafias incrustadas en el Estado. ¿Acaso lo habíamos podido hacer antes? ¿Acaso no la corrupción había tomado control de todas nuestras instituciones, afectando a todos los sectores de la sociedad?

El tercer punto es también admitir que en este proceso se han cometido serios errores. Por ejemplo, no se puede negar que hay personas en prisión preventiva que no deberían estar allí. Son personas a las que difícilmente se les puede llamar criminales y que tuvieron el infortunio de no comprender los alcances de lo que estaban firmando. La justicia también es saber diferenciar entre unos y otros. Pero muy distinto es tomar estos errores, que no son poca cosa, para tratar de frenar el proceso entero de transformación del país. Eso tampoco es válido. Se deben señalar los errores para que se corrijan, no para tratar de estropear la lucha contra la corrupción.

Por último, si logran sacar a CICIG. ¿Cuál será el futuro del país? Lo más probable es que se inicie un proceso de descomposición institucional que terminaría con grupos abiertamente mafiosos y criminales controlando todas las instituciones del Estado. Ante la comunidad internacional y los inversionistas quedaríamos como un país sin remedio, en donde el Estado de Derecho está totalmente ausente. ¿De verdad creemos que lograremos atraer la inversión y generar crecimiento económico con esa imagen del país?

No cabe duda que el proceso que experimenta Guatemala genera incertidumbre. Esto hace que muchas personas bien intencionadas se opongan al cambio o incluso, que estén dispuestas a tolerar los actos desvergonzados de corrupción y opacidad que realizan actualmente varios funcionarios públicos en el Organismo Ejecutivo y en el Congreso. Pero se tiene que tener claro que la tolerancia a dichos actos, es lo que nos tiene sumidos en la miseria y en las crisis recurrentes. Como bien dice la sabiduría popular “no se pude hacer lo mismo y esperar resultados diferentes”.

Artículo originalmente publicado en El Periódico.

La revolución en el estudio del deporte.

El mundo del deporte vive una revolución. La ciencia y el juego se han fusionado para potenciar a los atletas, mejorar el análisis de los resultados y rentabilizar al deporte como negocio. Todo empezó en el béisbol, cuando un grupo de matemáticos integró la Sociedad SABR, que aspiraba a un “conocimiento objetivo sobre el deporte”. El uso de la estadística para analizar las interioridades del juego alteró las estrategias durante los partidos y los métodos para identificar talento. La película Moneyball recoge esa fusión de estadística y deporte.

Esta revolución se expandió al fútbol con la publicación de Soccernomics en el 2007. Sus autores, Simon Kuper y Stefan Szymanski, recurren a la estadística y la economía para analizar el deporte. Algunos de sus hallazgos resultan interesantes en el marco la Copa Mundial de Fútbol, Rusia 2018.

Por ejemplo, las selecciones más exitosas son aquellas que mantienen el balance entre exportaciones e importaciones. Es decir, países que exportan jugadores a otras ligas, al tiempo en que sus propias ligas mantienen altos niveles de competitividad. He ahí el caso de Alemania, España, Argentina, Brasil e Inglaterra. En cambio, países con ligas basadas principalmente en importaciones –como las de los países árabes o la liga china- o en exportaciones –como muchas latinoamericanas- no tienen resultados tan positivos.

Otro hallazgo incluye la anomalía estadística entre la polémica arbitral e Inglaterra, selección cuya eliminación de mundiales tiende a estar asociada a decisiones arbitrales cuestionadas, tales como goles fantasma y expulsiones. No obstante dicha anomalía estadística, el estudio sobre decisiones polémicas arroja una conclusión contra-intruitiva: en el largo plazo, a mayor universo de casos, las decisiones polémicas que favorecen o perjudican a un equipo tienden a balancearse entre sí, por lo que las teorías conspirativas sobre buscar “beneficiar” o “castigar” a un equipo particular no tiene asidero estadístico. El punto anterior se demuestra tanto a nivel de selecciones como con clubs. Esto rompe la tesis que el Real Madrid o Barcelona reciben beneficios de parte del arbitraje.

En cuanto al desempeño, Brasil y Costa Rica son equipos que históricamente superan sus expectativas, en la relación entre posición en Ranking FIFA y resultados en mundiales. En cambio, las selecciones africanas, México y Estados Unidos tienden a ser eliminadas antes de lo esperado.

A nivel de fanaticada, los países que más disfrutan del deporte son aquellos en los extremos de calidad. Las fanaticadas en Alemania, Brasil y Argentina son fuertes dado el éxito de sus selecciones; pero países débiles futbolísticamente, como Noruega, Islas Faroe, Guatemala, Mali y Aruba también tienen una población con alta afición por el fútbol.

Un hallazgo que no augura un buen futuro para Rusia es el efecto económico de un Mundial. Contrario a la creencia, para los países en desarrollo no es buen negocio organizar mundiales, pues la relación costo-beneficio ha sido cada vez más negativa. Las economías de México después del Mundial 86, Portugal tras la Euro 2004, o Sudáfrica tras el Mundial 2010, cayeron en recesión y fueron incapaces de recuperar la inversión en infraestructura. Mientras que Brasil, en 2014, vivió los efectos sociopolíticos de una clase media descontenta por los gastos onerosos asociados a la organización del evento deportivo, mientras que los réditos esperados no llegaron.

La predicción más atrevida es la tesis sobre el cambio en el balance de poder. Kuper y Szymanski arguyen que el fútbol caerá presa de la misma tendencia de las Olimpiadas, en donde los países con grandes poblaciones y riqueza, destacan. No obstante, de los países propuestos, China, India o Estados Unidos ni siquiera clasificaron a la fase final de la competición; mientras que Japón (la última potencia que encaja en las variables identificadas) no ha despegado en cuanto a su calidad de fútbol. Lo anterior evidencia que si bien la estadística y la economía facilitan el análisis del deporte, utilizar dichas herramientas para realizar estudios prospectivos aún resulta muy atrevido.

Columna originalmente publicada en El Periódico.

Una ruta que trascienda la acción judicial.

Guatemala vive un proceso de transformación, de un viejo sistema patrimonialista,en donde la corrupción y el tráfico de influencias constituían el combustible del sistema político, a un sistema de corte republicano donde impere el Estado de Derecho. Desde abril de 2015, el Ministerio Público y la CICIG han encaminado una ofensiva frontal de combate a la corrupción, que ha dado como resultado una depuración judicial de las elites. Ese proceso ha tenido como objetivo abrir la brecha para que la transformación política pueda echar raíz y encaminarse por la vía institucional.

Sin embargo, el país se enfrenta a un dilema. Guatemala era como una casa vieja, abandonada, con cimientos al borde del colapso, el techo destruido y las paredes podridas. Y si bien el equipo de demolición ha sido exitoso en botar los cimientos podridos del viejo sistema, no queda claro quiénes serán los ingenieros que diseñen y se encarguen de construir el nuevo sistema.

El momento histórico en el que nos encontramos nos ha hecho reconocer que el combate a la corrupción, la transformación política y la construcción de una democracia institucional requiere algo más que un esfuerzo de depuración judicial. Por ello, es importante plantear una ruta hacia una agenda institucional que permita establecer los cimientos del nuevo inmueble a construir.

Primero, se necesita una agenda de reforma del Estado que cierre las llaves de la corrupción. De cara al 2019, es urgente modificar el sistema electoral y de partidos políticos para mejorar la representatividad, a través de una revisión al sistema de distritos y los umbrales de participación. Pero además, de las experiencias recientes, surge también la necesidad de evaluar los marcos normativos relacionados con el financiamiento electoral.

Es necesario también revisar la estructura y el funcionamiento del sistema de justicia, para evitar que otros “reyes del tenis” tengan injerencia sobre la elección de jueces. O qué decir del funcionamiento del sistema. Los casos de alto impacto han permitido a muchos reconocer que la justicia en Guatemala no es expedita, que el sistema está colapsado y desbordado. Atender ese mal requiere de figuras como la Aceptación de Cargos, la cual permitiría a las personas vinculadas a casos ilícitos reconocer su culpa, reparar el daño causado y recibir beneficios premiales para descongestionar el sistema. Pero además, es necesario revisar también los plazos procesales, las causales de recusación de jueces, o los plazos y requisitos en la tramitación del recurso de amparo.

Es importante atender los marcos normativos relacionados con la gestión pública. El sistema de servicio civil requiere de una modificación profunda, que permita al Estado atraer al talento humano más capacitado y remunerarle de acuerdo a metas de desempeño y no “en paquete” como ocurre con los pactos colectivos. El sistema de contrataciones públicas debe modernizarse, empezando por una separación funcional y legal entre las compras y las contrataciones. La estructura presupuestaria también requiere de una profunda revisión. Es imposible plantear política pública cuando un Gobierno se enfrenta a que más del 70 por ciento ya está comprometido por asignaciones pétreas. El planteamiento de presupuestos abiertos, de carácter multianual, con un blindaje técnico sobre los listados de proyectos de inversión, debe pasar de ser una política de un ministro a convertirse en una norma de Estado.

En el ámbito de lo privado es importante entender los vientos de cambio. Cada día son más las empresas que adoptan políticas de compliance, códigos de ética y modelos de gobernanza corporativa para atajar y prevenir prácticas de corrupción de actores individuales dentro de las organizaciones. Las políticas de ABC (Anti-Bribery and Corruption) y la certificación ISO 37001 son ahora los referentes mundiales sobre el respeto a la ley y las prácticas correctas para prevenir la corrupción, y poco a poco, se convertirán en requisitos para hacer negocios internacionales.

Pero todo lo anterior requiere de un proceso más profundo de reflexión y cambio social. Primero, reconocer que aquí todos fuimos cómplices o responsables de la debacle del sistema, ya sea por beneficio directo, indirecto, por omisión o por simple expectativa que algún día me tocaría a mí. Si no cambian aquellas concepciones que aceptaban como válidas las prácticas corruptas, o que veían como normal utilizar la política con fines de enriquecimiento privado, poco vamos a cambiar. Al final la política no es más que un reflejo de la sociedad en su conjunto.

Columna de opinión publicada originalmente en El Periódico.