Si un fiscal (quien sea) comete alguna infracción que tenga como consecuencia última su remoción, debe ser sujeto de un proceso disciplinario con todas las garantías del caso.

La semana pasada expresé mi preocupación por el debilitamiento institucional que trae consigo la destitución del ex titular de la FECI. Cité alguna jurisprudencia que muestra por qué la forma de la destitución no era legal. Básicamente el argumento para remover al ex fiscal Sandoval se basó en que era “personal de confianza” y eso “legitimaba” a la fiscal general para removerlo.

Quisiera poner énfasis en lo grave que es para la independencia de los operadores de justicia este precedente. Para tener un poco más de perspectiva, existen dos modelos de reclutamiento de los fiscales: el anglosajón y el continental europeo.

En el modelo anglosajón, como es el caso de EE. UU. y el Reino Unido, los fiscales son reclutados por nombramiento profesional. A su vez, dado que el modelo de persecución penal anglosajón es esencialmente adversarial o acusatorio, los fiscales tienen un grado de discrecionalidad más grande de lo que estamos acostumbrados en nuestra tradición.

Los fiscales en el sistema anglosajón tienen mayor discreción para elegir qué casos perseguir e incluso pueden pedir la desestimación del caso si lo consideran oportuno. Es frecuente que los fiscales sean abogados que sirven durante un tiempo en la fiscalía y otro tiempo en el sector privado.

Por su parte, en el modelo continental europeo, los fiscales son reclutados mediante concurso público y los ascensos siguen también una lógica de carrera fiscal. Esto tiene que ver, en parte, con el rol que se concibe al fiscal. Éste tiene el objetivo de implementar políticas estatales sin consideración específica de la víctima o del acusado. Su tarea es orientar al juez para que descubra la verdad y no condenar al acusado. Al menos teóricamente.

Para que los fiscales puedan hacer su trabajo de forma independiente, es necesario que se cumplan ciertas condiciones. Especialmente las referentes al respeto de la carrera fiscal en el modelo continental europeo. Es frecuente que los fiscales en este sistema permanezcan durante muchos años trabajando para la institución y asciendan por sus méritos dentro de ésta.

La Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) se inclina por un sistema de carrera. El artículo 76 enumera los principios de ésta y entre ellos (literal “f”) refiere a la estabilidad y dice: “El sistema de carrera profesional garantizará la estabilidad en el cargo mientras no se incurra en causal legal para el cese del mismo”.

Dentro de esa lógica, la propia LOMP estipula el proceso disciplinario en su artículo 60. Dentro de sus principios está el de legalidad que establece que los funcionarios y empleados del MP solo podrán ser sancionados cuando realicen “acciones u omisiones previstas como falta en la ley y siguiendo el procedimiento establecido en esta Ley y sus reglamentos”.

Es decir, si un fiscal (quien sea) comete alguna infracción que tenga como consecuencia última su remoción, debe ser sujeto de un proceso disciplinario con todas las garantías del caso. Tal extremo jamás ocurrió con el ex titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Su remoción, además de ilegal, debilita la independencia de los operadores de justicia y por tanto el Estado de Derecho.

Poco se ha escrito sobre la génesis de la captura del Estado de Guatemala.

Sabemos que prácticamente desde su nacimiento a la vida independiente, la política en el país se revistió de características patrimonialistas: el uso del poder político como oportunidad para obtener prebendas, privilegios y oportunidades de negocio. Sabemos también que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el patrimonio del Estado (dígase fincas estatales, frecuencias radioeléctricas, etc.) fue objeto de una constante repartición entre allegados a los gobernantes de turno y a los amigos permanentes del poder.

Sabemos también que, con la adopción de un modelo de Estado de corte subsidiario, siguiendo las recomendaciones del Plan de Ajuste Estructural a principios de los noventa, la adquisición de bienes por el Estado y la prestación de servicios públicos se convirtieron en la mayor oportunidad de negocio del país. Con el paso del tiempo, ese modelo dio lugar a ese círculo vicioso de concebir el financiamiento de campañas como el ticket de ingreso para participar en la repartición de los negocios públicos, que en el mercado local, parecieran ser lo que generan los márgenes de utilidad más atractivos.

Sin embargo, poco se ha dicho sobre la génesis de algunas de las redes de poder enquistadas en espacios relevantes de la administración pública.

En esta historia, el Gobierno del FRG (2000-2004) generó una especie de “circulación de élites” en cuanto al acceso a las esclusas del poder patrimonial. El modelo de construir un partido sobre una suerte de “federación de caciques locales” dio origen a muchos de los cacicazgos legislativos que han perdurado durante décadas. Las dinastías de los Quej en Alta Verapaz, los López en Quiché, López Villatoro en Huehuetenango, los Arévalo en Totonicapán o Crespo en Escuintla encuentran su denominador común en el paso de estos personajes por el FRG.

Atrás de ellos, como los casos judiciales recientes han demostrado, vienen aparejadas las viejas prácticas de controlar plazas en el Estado, traficar influencias en la gestión de contratos de obra gris, o influencias indebidas sobre otras instituciones públicas.

Pero esto no se queda ahí. El primer gran saqueo del IGSS lo encontramos en la administración de Carlos Wohlers y César Sandoval por allá del 2002-2003. Gustavo Herrera, uno de los poderes silenciosos detrás de las cortes, saltó a la palestra precisamente durante este período gracias a los negocios de compra-venta de propiedades con el IGSS. O qué decir de Roberto López Villatoro, otro personaje relevante en los últimos 15 años del gremio de juristas, también salió a la luz durante el periodo en cuestión.

Y así, podemos reseñar durante horas la forma en que redes patrimonialistas que han ejercido control directo o indirecto sobre ciertas municipalidades, COCODES, la Dirección de Caminos, COVIAL, el Ministerio de Agricultura tienen su génesis durante la administración del FRG.

Hay quienes se han referido a este período como la fase de la “horizontalización de la corrupción”, un momento en donde las llaves de los negocios se abrieron a más actores, a poderes locales y a élites emergentes. Sin duda, ningún régimen contribuyó más a generar un proceso de acumulación de nuevos capitales y el surgimiento de nuevas chequeras en política, como el eferregismo.

La paradoja de la historia es que gran parte de la depuración judicial 2015-2019 afectó precisamente a un grueso de los actores, redes y personajes cuyos orígenes en política los encontramos entre el 2000 y el 2004. Y aún así, actores tradicionales, a quienes se les había empezado a desplazar luego de la circulación de élites generada por el eferregismo, parecieran empecinados en defender un modelo que hace 20 años cuestionaron, y que en el fondo todos sabemos, que les deplazará tarde o temprano.

Poco se ha escrito sobre la génesis de la captura del Estado de Guatemala.

Sabemos que prácticamente desde su nacimiento a la vida independiente, la política en el país se revistió de características patrimonialistas: el uso del poder político como oportunidad para obtener prebendas, privilegios y oportunidades de negocio. Sabemos también que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el patrimonio del Estado (dígase fincas estatales, frecuencias radioeléctricas, etc.) fue objeto de una constante repartición entre allegados a los gobernantes de turno y a los amigos permanentes del poder.

Sabemos también que, con la adopción de un modelo de Estado de corte subsidiario, siguiendo las recomendaciones del Plan de Ajuste Estructural a principios de los noventa, la adquisición de bienes por el Estado y la prestación de servicios públicos se convirtieron en la mayor oportunidad de negocio del país. Con el paso del tiempo, ese modelo dio lugar a ese círculo vicioso de concebir el financiamiento de campañas como el ticket de ingreso para participar en la repartición de los negocios públicos, que en el mercado local, parecieran ser lo que generan los márgenes de utilidad más atractivos.

Sin embargo, poco se ha dicho sobre la génesis de algunas de las redes de poder enquistadas en espacios relevantes de la administración pública.

En esta historia, el Gobierno del FRG (2000-2004) generó una especie de “circulación de élites” en cuanto al acceso a las esclusas del poder patrimonial. El modelo de construir un partido sobre una suerte de “federación de caciques locales” dio origen a muchos de los cacicazgos legislativos que han perdurado durante décadas. Las dinastías de los Quej en Alta Verapaz, los López en Quiché, López Villatoro en Huehuetenango, los Arévalo en Totonicapán o Crespo en Escuintla encuentran su denominador común en el paso de estos personajes por el FRG.

Atrás de ellos, como los casos judiciales recientes han demostrado, vienen aparejadas las viejas prácticas de controlar plazas en el Estado, traficar influencias en la gestión de contratos de obra gris, o influencias indebidas sobre otras instituciones públicas.

Pero esto no se queda ahí. El primer gran saqueo del IGSS lo encontramos en la administración de Carlos Wohlers y César Sandoval por allá del 2002-2003. Gustavo Herrera, uno de los poderes silenciosos detrás de las cortes, saltó a la palestra precisamente durante este período gracias a los negocios de compra-venta de propiedades con el IGSS. O qué decir de Roberto López Villatoro, otro personaje relevante en los últimos 15 años del gremio de juristas, también salió a la luz durante el periodo en cuestión.

Y así, podemos reseñar durante horas la forma en que redes patrimonialistas que han ejercido control directo o indirecto sobre ciertas municipalidades, COCODES, la Dirección de Caminos, COVIAL, el Ministerio de Agricultura tienen su génesis durante la administración del FRG.

Hay quienes se han referido a este período como la fase de la “horizontalización de la corrupción”, un momento en donde las llaves de los negocios se abrieron a más actores, a poderes locales y a élites emergentes. Sin duda, ningún régimen contribuyó más a generar un proceso de acumulación de nuevos capitales y el surgimiento de nuevas chequeras en política, como el eferregismo.

La paradoja de la historia es que gran parte de la depuración judicial 2015-2019 afectó precisamente a un grueso de los actores, redes y personajes cuyos orígenes en política los encontramos entre el 2000 y el 2004. Y aún así, actores tradicionales, a quienes se les había empezado a desplazar luego de la circulación de élites generada por el eferregismo, parecieran empecinados en defender un modelo que hace 20 años cuestionaron, y que en el fondo todos sabemos, que les deplazará tarde o temprano.

¿Qué pasó con las ilusiones y esperanzas de democracia, desarrollo y libertad?

La democracia es un instrumento más o menos nuevo en América Latina. En los últimos 50 años, la mayoría de nuestros países transitaron de dictaduras militares a dar sus primeros pasos en el mundo de la democracia.

Le democracia republicana no es perfecta, pero es el sistema menos malo entre las opciones conocidas.

La historia, y no solo la de América Latina, nos enseña que las naciones que han alcanzado mayores niveles de desarrollo y bienestar han caminado por la senda de un orden establecido que se respeta, que se defiende, que se cuida.

Para muchos pueblos, los valores que construyen esa senda, ese orden establecido, ese camino que permite a las naciones avanzar; esos valores, son su tesoro más preciado.

Las libertades civiles, el respeto a la ley, la división de poderes, instituciones públicas administradas con capacidad, honor y honradez, y un modelo de desarrollo efectivo son esos valores que construyen la democracia republicana de verdad.

En los 50 años que llevamos aprendiendo sobre la democracia y sus valores en América Latina, hemos visto lo peor del ser humano en figuras de tiranos, déspotas y criminales que logran acceder al poder político; y hemos visto cómo, en muchos casos, al ciudadano se le ha reducido a condiciones de súbdito, siervo o esclavo.  

Cuba, Venezuela, Nicaragua, los intentos persistentes en Bolivia, Ecuador y ahora Perú, o las constantes amenazas con que viven México, Guatemala, El Salvador, Colombia y Brasil, son un ejemplo claro del populismo autocrático y destructivo que estamos viviendo en pleno Siglo XXI.    

La corrupción y la incompetencia de la derecha y de la izquierda, la indiferencia de las élites, la ausencia de convicciones democráticas, la falta de Estado de Derecho y la inexistencia de modelos de desarrollo han abierto las puertas a engendros dictatoriales y criminales que se disfrazan de políticos demócratas, pero en realidad, lo que buscan es hacer de países sus fincas y a los pueblos sus esclavos. En pleno Siglo XXI.  

¿Qué pasó con las ilusiones y esperanzas de democracia, desarrollo y libertad para los pueblos de América Latina?

Algunos expertos dicen que es “El Ciudadano” el que no pasó. El verdadero garante de la democracia, la justicia y la libertad en primera y en última instancia no está. Por eso, es El Ciudadano el gran proyecto pendiente en nuestro continente.

Vienen años difíciles para América Latina. Con Estados débiles y disfuncionales, la pandemia aceleró nuestras desgracias y está sirviendo de plataforma a la locura populista. La democracia y la libertad están en peligro y lo está también el futuro.

Los demócratas, los liberales, los hombres y mujeres que creen en el Estado de Derecho y la libertad deben salir de sus trincheras y unir esfuerzos para rescatar el espíritu y los compromisos que nuestros antepasados se trazaron hace 50 años cuando los sueños de democracia y libertad eran eso, sueños; y que hoy, con el camino andado, las lecciones aprendidas y las cicatrices adquiridas, debiéramos evitar repetir los dolores de 5 décadas y acceder con voluntad, compromiso y decisión al único camino que desarrolla, moderniza y libera naciones: la democracia liberal, la república y el ciudadano presente.   

Si los centroamericanos queremos construir una región en la que nuestros hijos, en lugar de aspirar y suspirar por emigrar al norte, tengan una oportunidad de vida en la tierra que los vio nacer, las tareas incompletas están claras, las cuentas por pagar son evidentes y nuestro compromiso con Centroamérica y con la historia hace tiempo que es una deuda pendiente.

¿Qué pasó con las ilusiones y esperanzas de democracia, desarrollo y libertad?

La democracia es un instrumento más o menos nuevo en América Latina. En los últimos 50 años, la mayoría de nuestros países transitaron de dictaduras militares a dar sus primeros pasos en el mundo de la democracia.

Le democracia republicana no es perfecta, pero es el sistema menos malo entre las opciones conocidas.

La historia, y no solo la de América Latina, nos enseña que las naciones que han alcanzado mayores niveles de desarrollo y bienestar han caminado por la senda de un orden establecido que se respeta, que se defiende, que se cuida.

Para muchos pueblos, los valores que construyen esa senda, ese orden establecido, ese camino que permite a las naciones avanzar; esos valores, son su tesoro más preciado.

Las libertades civiles, el respeto a la ley, la división de poderes, instituciones públicas administradas con capacidad, honor y honradez, y un modelo de desarrollo efectivo son esos valores que construyen la democracia republicana de verdad.

En los 50 años que llevamos aprendiendo sobre la democracia y sus valores en América Latina, hemos visto lo peor del ser humano en figuras de tiranos, déspotas y criminales que logran acceder al poder político; y hemos visto cómo, en muchos casos, al ciudadano se le ha reducido a condiciones de súbdito, siervo o esclavo.  

Cuba, Venezuela, Nicaragua, los intentos persistentes en Bolivia, Ecuador y ahora Perú, o las constantes amenazas con que viven México, Guatemala, El Salvador, Colombia y Brasil, son un ejemplo claro del populismo autocrático y destructivo que estamos viviendo en pleno Siglo XXI.    

La corrupción y la incompetencia de la derecha y de la izquierda, la indiferencia de las élites, la ausencia de convicciones democráticas, la falta de Estado de Derecho y la inexistencia de modelos de desarrollo han abierto las puertas a engendros dictatoriales y criminales que se disfrazan de políticos demócratas, pero en realidad, lo que buscan es hacer de países sus fincas y a los pueblos sus esclavos. En pleno Siglo XXI.  

¿Qué pasó con las ilusiones y esperanzas de democracia, desarrollo y libertad para los pueblos de América Latina?

Algunos expertos dicen que es “El Ciudadano” el que no pasó. El verdadero garante de la democracia, la justicia y la libertad en primera y en última instancia no está. Por eso, es El Ciudadano el gran proyecto pendiente en nuestro continente.

Vienen años difíciles para América Latina. Con Estados débiles y disfuncionales, la pandemia aceleró nuestras desgracias y está sirviendo de plataforma a la locura populista. La democracia y la libertad están en peligro y lo está también el futuro.

Los demócratas, los liberales, los hombres y mujeres que creen en el Estado de Derecho y la libertad deben salir de sus trincheras y unir esfuerzos para rescatar el espíritu y los compromisos que nuestros antepasados se trazaron hace 50 años cuando los sueños de democracia y libertad eran eso, sueños; y que hoy, con el camino andado, las lecciones aprendidas y las cicatrices adquiridas, debiéramos evitar repetir los dolores de 5 décadas y acceder con voluntad, compromiso y decisión al único camino que desarrolla, moderniza y libera naciones: la democracia liberal, la república y el ciudadano presente.   

Si los centroamericanos queremos construir una región en la que nuestros hijos, en lugar de aspirar y suspirar por emigrar al norte, tengan una oportunidad de vida en la tierra que los vio nacer, las tareas incompletas están claras, las cuentas por pagar son evidentes y nuestro compromiso con Centroamérica y con la historia hace tiempo que es una deuda pendiente.

Lo más probable es que el régimen cubano sobreviva a estas protestas, utilizando la brutalidad de siempre. Y por su parte, Chile no se convertirá en Noruega, sino en un país decadente. La mesa está servida para el radicalismo de izquierda.

América Latina atraviesa por un período convulso. Las manifestaciones en Chile y Colombia, las controversiales elecciones en Perú, la brutal represión en Nicaragua y el incipiente autoritarismo en El Salvador, son algunos ejemplos de lo tiempos turbulentos que azotan a la región. La semana pasada le llegó el turno a Cuba, con multitudinarias manifestaciones, pidiendo libertad y el fin de la longeva dictadura. ¿Qué sucede en la región? ¿Hacia dónde vamos?

Lo de Chile tomó por sorpresa al continente. En todos los indicadores sociales, económicos e institucionales, este país se encuentra entre los primeros tres puestos de la región junto con Uruguay y Costa Rica. Desde el retorno a la democracia en 1990, Chile había sido la envidia de América Latina, no sólo por sus avances económicos y sociales, sino además por su solidez institucional y democrática. Sin duda, es un país con sus propios problemas, como cualquier otro, pero nadie podría haber previsto el fuerte estallido social que sucedió hace casi dos años.

A pesar de la retórica de sus críticos, Chile no es un país de “neoliberalismo salvaje”. El Estado subsidia la salud, vivienda y educación de gran parte de la población. Y la desigualdad ha bajado consistentemente desde los años ochenta. Chile había desarrollado un sistema capitalista, con alto crecimiento económico, sólidas instituciones de gobernanza y una amplia política social. ¿Qué sucedió entonces? Un factor clave podría ser que la economía parece estancada desde el 2013 y la clase media dejó de percibir las mejoras que le había brindado el sistema desde hacía más de treinta años.

Desafortunadamente, los cambios que se vienen para ese país, lo llevarán al despeñadero. La izquierda radical ganó la mayoría en la Asamblea Constituyente y el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, encabeza las encuestas presidenciales del próximo mes de noviembre. El futuro de Chile podría ser la decadencia de Argentina, en el “mejor” de los casos; o la tragedia de Venezuela, en el peor escenario.

Por su parte, Cuba está enfrentando las protestas más grandes desde mediados de los años noventa. Al grito de “libertad” y “patria y vida”, los cubanos parecen haber perdido el miedo a la brutalidad del régimen. Los informes de prensa señalan que la escasez de alimentos, la caída del turismo, la mala cosecha de azúcar y la mala gestión de la pandemia, ha provocado un nivel de desesperación tan extremo que lanzó a las calles a miles de cubanos.

Contrario a Chile, el modelo cubano tiene poco o nada de qué presumir. Mientras que Chile fue el receptor de cientos de miles de migrantes de América Latina en las últimas décadas; todos los años, miles de cubanos tratan de llegar a Estados Unidos, huyendo de la miseria y la represión. Y mientras que Chile logró instaurar un modelo democrático desde 1990, Cuba mantiene un sistema dictatorial, que impide la disidencia política.

Lo triste de hacer estos contrastes, es que todavía hay una parte significativa de la izquierda latinoamericana que adora el modelo cubano, aun cuando se sabe de los atropellos a los derechos humano que ocurren en esa isla. ¿Cómo es posible, que en pleno siglo XXI, aún existan intelectuales que defiendan un sistema represivo tan brutal, como el cubano? Sin duda, América Latina necesita evolucionar en su pensamiento político y económico.

Y lo que más preocupa, es que esa izquierda latinoamericana que no ha evolucionado, es la que parece estar tomando el control político de la región. Pedro Castillo, cuyo movimiento político se identifica como Marxista-Leninista, definirá el futuro del Perú en los próximos años y las consecuencias podrían ser desastrosas.

Lo más probable es que el régimen cubano sobreviva a estas protestas, utilizando la brutalidad de siempre. Y por su parte, Chile no se convertirá en Noruega, sino en un país decadente. La mesa está servida para el radicalismo de izquierda.

Lo más probable es que el régimen cubano sobreviva a estas protestas, utilizando la brutalidad de siempre. Y por su parte, Chile no se convertirá en Noruega, sino en un país decadente. La mesa está servida para el radicalismo de izquierda.

América Latina atraviesa por un período convulso. Las manifestaciones en Chile y Colombia, las controversiales elecciones en Perú, la brutal represión en Nicaragua y el incipiente autoritarismo en El Salvador, son algunos ejemplos de lo tiempos turbulentos que azotan a la región. La semana pasada le llegó el turno a Cuba, con multitudinarias manifestaciones, pidiendo libertad y el fin de la longeva dictadura. ¿Qué sucede en la región? ¿Hacia dónde vamos?

Lo de Chile tomó por sorpresa al continente. En todos los indicadores sociales, económicos e institucionales, este país se encuentra entre los primeros tres puestos de la región junto con Uruguay y Costa Rica. Desde el retorno a la democracia en 1990, Chile había sido la envidia de América Latina, no sólo por sus avances económicos y sociales, sino además por su solidez institucional y democrática. Sin duda, es un país con sus propios problemas, como cualquier otro, pero nadie podría haber previsto el fuerte estallido social que sucedió hace casi dos años.

A pesar de la retórica de sus críticos, Chile no es un país de “neoliberalismo salvaje”. El Estado subsidia la salud, vivienda y educación de gran parte de la población. Y la desigualdad ha bajado consistentemente desde los años ochenta. Chile había desarrollado un sistema capitalista, con alto crecimiento económico, sólidas instituciones de gobernanza y una amplia política social. ¿Qué sucedió entonces? Un factor clave podría ser que la economía parece estancada desde el 2013 y la clase media dejó de percibir las mejoras que le había brindado el sistema desde hacía más de treinta años.

Desafortunadamente, los cambios que se vienen para ese país, lo llevarán al despeñadero. La izquierda radical ganó la mayoría en la Asamblea Constituyente y el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, encabeza las encuestas presidenciales del próximo mes de noviembre. El futuro de Chile podría ser la decadencia de Argentina, en el “mejor” de los casos; o la tragedia de Venezuela, en el peor escenario.

Por su parte, Cuba está enfrentando las protestas más grandes desde mediados de los años noventa. Al grito de “libertad” y “patria y vida”, los cubanos parecen haber perdido el miedo a la brutalidad del régimen. Los informes de prensa señalan que la escasez de alimentos, la caída del turismo, la mala cosecha de azúcar y la mala gestión de la pandemia, ha provocado un nivel de desesperación tan extremo que lanzó a las calles a miles de cubanos.

Contrario a Chile, el modelo cubano tiene poco o nada de qué presumir. Mientras que Chile fue el receptor de cientos de miles de migrantes de América Latina en las últimas décadas; todos los años, miles de cubanos tratan de llegar a Estados Unidos, huyendo de la miseria y la represión. Y mientras que Chile logró instaurar un modelo democrático desde 1990, Cuba mantiene un sistema dictatorial, que impide la disidencia política.

Lo triste de hacer estos contrastes, es que todavía hay una parte significativa de la izquierda latinoamericana que adora el modelo cubano, aun cuando se sabe de los atropellos a los derechos humano que ocurren en esa isla. ¿Cómo es posible, que en pleno siglo XXI, aún existan intelectuales que defiendan un sistema represivo tan brutal, como el cubano? Sin duda, América Latina necesita evolucionar en su pensamiento político y económico.

Y lo que más preocupa, es que esa izquierda latinoamericana que no ha evolucionado, es la que parece estar tomando el control político de la región. Pedro Castillo, cuyo movimiento político se identifica como Marxista-Leninista, definirá el futuro del Perú en los próximos años y las consecuencias podrían ser desastrosas.

Lo más probable es que el régimen cubano sobreviva a estas protestas, utilizando la brutalidad de siempre. Y por su parte, Chile no se convertirá en Noruega, sino en un país decadente. La mesa está servida para el radicalismo de izquierda.

La CC debe pronunciarse oportunamente y no parece haber razón para no dejar en suspenso el estado de prevención. Ojalá así sea por el bien del ideal del estado de derecho. En 2020 hubo acciones constitucionales contra los estados de calamidad y la CC hizo mutis. Bajó la vieja fórmula esperó y resolvió cuando se “había quedado sin materia” por cesar la vigencia de estos. Esperemos que esta vez sea distinto.

El 13 de julio la presidencia de la República publicó el decreto 5-2021 en el cual declara estado de prevención en todo el territorio nacional. Ninguno de los artículos decretados dispone enviar al Congreso dicho acuerdo para su ratificación. Ya hay acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) al respecto.

La Ley de Orden Público (LOP) vigente se promulgó en noviembre de 1965 y sufrió reformas en 1970. Todo bajo la vigencia de la Constitución de 1965. En ese sentido, el artículo 8 de la LOP dice que el presidente puede decretar estado de prevención sin necesidad de aprobación del Congreso “como lo dispone el artículo 151 de la Constitución”. ¿De cuál Constitución? De la de 1965.

Aquella Constitución en su artículo 151 establecía: “El estado de prevención no necesita la aprobación del Congreso y su vigencia no excederá de quince días”. No es el caso de nuestra actual Constitución, que en su artículo 138 establece que, al momento de declarar un estado de excepción se emitirá el decreto que corresponda en el cual “(…) se convocará al Congreso, para que dentro del término de tres días, lo conozca, lo ratifique o impruebe”.

En 2018 la CC resolvió una acción de inconstitucionalidad contra la LOP. Declaró la acción improcedente, pero emitió una denominada “sentencia interpretativa” en la que hizo ver que la LOP no era inconstitucional siempre que se hiciera de ella una “interpretación conforme”.

En términos muy generales, “interpretación conforme” se refiere a que, ante distintas interpretaciones posibles del texto legal, debe optarse por aquella que mejor se acople al texto constitucional. En este orden de ideas, el tribunal constitucional razonó que los estados de excepción deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 138 antes mencionado y ser aprobados por el Congreso.

En un dictamen derivado de una iniciativa de ley para reformar la LOP (expediente 919-2016) la CC fue aún más específica. En un pasaje del dictamen hace una acotación sobre el artículo 8 de la LOP y estableció que “el decreto que apruebe el estado de prevención por el Presidente de la República, también está sujeto a la ratificación, modificación o improbación por parte del Congreso de la República”. No parece haber lugar a dudas.

Pasando al fondo del estado de prevención, cabe mencionar que hay restricciones que podrían estar fuera de lo permitido por la LOP y la Constitución. La ley del alcohol, por ejemplo, permite regular horario de expendio de licor entre 9 de la noche y 6 de la mañana. Este ha sido la base legal para la denominada “ley seca”. Sin embargo, el nuevo horario que dispone el estado de prevención está fuera de dicho rango y se convierte en una restricción a la libertad de industria, comercio y trabajo, algo inviable mediante un estado de prevención.

La CC debe pronunciarse oportunamente y no parece haber razón para no dejar en suspenso el estado de prevención. Ojalá así sea por el bien del ideal del estado de derecho. En 2020 hubo acciones constitucionales contra los estados de calamidad y la CC hizo mutis. Bajó la vieja fórmula esperó y resolvió cuando se “había quedado sin materia” por cesar la vigencia de estos. Esperemos que esta vez sea distinto.

La CC debe pronunciarse oportunamente y no parece haber razón para no dejar en suspenso el estado de prevención. Ojalá así sea por el bien del ideal del estado de derecho. En 2020 hubo acciones constitucionales contra los estados de calamidad y la CC hizo mutis. Bajó la vieja fórmula esperó y resolvió cuando se “había quedado sin materia” por cesar la vigencia de estos. Esperemos que esta vez sea distinto.

El 13 de julio la presidencia de la República publicó el decreto 5-2021 en el cual declara estado de prevención en todo el territorio nacional. Ninguno de los artículos decretados dispone enviar al Congreso dicho acuerdo para su ratificación. Ya hay acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) al respecto.

La Ley de Orden Público (LOP) vigente se promulgó en noviembre de 1965 y sufrió reformas en 1970. Todo bajo la vigencia de la Constitución de 1965. En ese sentido, el artículo 8 de la LOP dice que el presidente puede decretar estado de prevención sin necesidad de aprobación del Congreso “como lo dispone el artículo 151 de la Constitución”. ¿De cuál Constitución? De la de 1965.

Aquella Constitución en su artículo 151 establecía: “El estado de prevención no necesita la aprobación del Congreso y su vigencia no excederá de quince días”. No es el caso de nuestra actual Constitución, que en su artículo 138 establece que, al momento de declarar un estado de excepción se emitirá el decreto que corresponda en el cual “(…) se convocará al Congreso, para que dentro del término de tres días, lo conozca, lo ratifique o impruebe”.

En 2018 la CC resolvió una acción de inconstitucionalidad contra la LOP. Declaró la acción improcedente, pero emitió una denominada “sentencia interpretativa” en la que hizo ver que la LOP no era inconstitucional siempre que se hiciera de ella una “interpretación conforme”.

En términos muy generales, “interpretación conforme” se refiere a que, ante distintas interpretaciones posibles del texto legal, debe optarse por aquella que mejor se acople al texto constitucional. En este orden de ideas, el tribunal constitucional razonó que los estados de excepción deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 138 antes mencionado y ser aprobados por el Congreso.

En un dictamen derivado de una iniciativa de ley para reformar la LOP (expediente 919-2016) la CC fue aún más específica. En un pasaje del dictamen hace una acotación sobre el artículo 8 de la LOP y estableció que “el decreto que apruebe el estado de prevención por el Presidente de la República, también está sujeto a la ratificación, modificación o improbación por parte del Congreso de la República”. No parece haber lugar a dudas.

Pasando al fondo del estado de prevención, cabe mencionar que hay restricciones que podrían estar fuera de lo permitido por la LOP y la Constitución. La ley del alcohol, por ejemplo, permite regular horario de expendio de licor entre 9 de la noche y 6 de la mañana. Este ha sido la base legal para la denominada “ley seca”. Sin embargo, el nuevo horario que dispone el estado de prevención está fuera de dicho rango y se convierte en una restricción a la libertad de industria, comercio y trabajo, algo inviable mediante un estado de prevención.

La CC debe pronunciarse oportunamente y no parece haber razón para no dejar en suspenso el estado de prevención. Ojalá así sea por el bien del ideal del estado de derecho. En 2020 hubo acciones constitucionales contra los estados de calamidad y la CC hizo mutis. Bajó la vieja fórmula esperó y resolvió cuando se “había quedado sin materia” por cesar la vigencia de estos. Esperemos que esta vez sea distinto.

El 11 de julio de 2021 pasará a la historia como la primera vez desde 1994 que el pueblo cubano tomó las calles para exigir su libertad y ponerle fin a la dictadura comunista. En medio de represión por parte del régimen, los cantos de patria y vida continuan en la Isla. ¿Veremos por fin después de más de 60 años una Cuba Libre? 

Más de 20 localidades en Cuba salieron a las calles. Las protestas iniciaron el sábado 10 de julio en San Antonio de los Baños, cerca de La Habana. Conforme videos y fotografías eran publicadas en redes sociales,  más ciudades se sumaron a los cantos de libertad. El himno de las protestas era el de la reciente canción “Patria y Vida” que narra la desgarradora realidad que enfrentan los cubanos en la Isla. 

La historia de la dictadura en Cuba comenzó en 1959 cuando con la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, se expulsó al dictador Fulgencio Batista del poder. Seis años después, en 1965, se fundó el Partido Comunista Cubano que desde entonces estableció su mandato en la Isla. Esta fue la primera revolución comunista en el continente americano. En medio de la Guerra Fría fue un importante satélite de la Unión Soviética, donde incluso fue protagonista de la Crisis de los Misiles en 1962. 

Durante mucho tiempo Cuba recibía importantes subsidios de la Unión Soviética. El 98% del petróleo importado por la isla era traído de la URSS. Con la caída del Muro de Berlín, la asistencia económica dejó de llegar. Fue entonces cuando se agravaron la escasez, el desempleo y el hambre. Esto provocó el levantamiento en 1994 conocido como “El Maleconazo”. Fue la última vez que se convocaron protestas masivas hasta ahora. 

La llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, permitió oxigenar nuevamente la dictadura. En el año 2000, un acuerdo entre ambos países favorecía a Cuba con petróleo a cambio de servicios médicos, entre otras cosas. En el mejor de los momentos, entre 2011 y 2014, el 70% del petróleo en Cuba tenía su origen en Venezuela. Se recibían cerca de 115mil barriles de petróleo diarios. Venezuela con su propia crisis ralentizó las exportaciones. En 2016 se reportaban 46mil barriles diarios, menos del 50% que en los tiempos de bonanza. 

En 2020, en un contexto adverso para la economía cubana, la pandemia agudizó aún más la crisis. La escasez de medicinas y alimentos, la crisis energética, económica y de salud fueron algunos de los catalizadores de las protestas.

Bajo la dictadura de Fidel Castro y ahora su sucesor, Díaz-Canel, se han cometido severos crímenes en contra de las libertades y los derechos humanos. Un pueblo cansado de la miseria, el hambre y la pobreza se levantó para exigir de vuelta lo que les fue arrebatado hace al menos tres generaciones. Miles de cubanos han huido de la isla en busca de una vida en libertad. 

Hoy las nuevas generaciones parecen haber perdido el miedo a la dictadura y se muestran valientes frente a un régimen que los oprime por la fuerza. En un mensaje televisado el domingo 11 de julio, el presidente de facto, Díaz-Canel,  convocó a los Revolucionarios a tomar las calles en contra de los protestantes. Además, el gobierno provocó un apagón de internet para intentar frenar los videos y fotografías de las protestas. Sin embargo, a través de VPN’s, algunos usuarios siguen compartiendo imágenes que dejan ver la represión por parte de la policía. 

El Movimiento San Isidro, un grupo de artistas a favor de la libertad y en contra de la dictadura, publicó una lista donde aparecen al menos cien personas detenidas o desaparecidas. A los capturados pretenden imputarles delitos de desorden público. Jóvenes que exigen cambios democráticos son tratados como peligrosos criminales. 

Aún con toda la evidencia sobre la violación a las libertades y derechos de los cubanos, algunos se muestran favorables al régimen y pretenden culpar al embargo estadounidense de la miseria en la Isla. Al igual que Díaz-Canel, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de las sanciones económicas de Estados Unidos. Sin embargo, es un acto cobarde atribuirle el fracaso del sistema implementado por el Partido Comunista Cubano al embargo estadounidense.

El mundo debe tener los ojos puestos en Cuba. La victoria de la libertad en la isla es la de todo el continente. Ojalá el futuro próximo narre la historia de la recuperación de la libertad para los cubanos. Esperamos que este sea el comienzo del fin de la dictadura comunista en Cuba. Los próximos días serán decisivos y muchas dudas quedan pendientes, como por ejemplo: ¿Qué rol debe jugar la comunidad internacional para empujar este cambio político? 

¿Veremos por fin después de más de 60 años una Cuba Libre?