¿Qué podemos aprender de la Primavera Árabe o de los eventos políticos en El Salvador, Chile, Nicaragua o Perú?
Como todo concepto sociológico, definir a la clase media es una tarea compleja. Originalmente, la idea se asoció a la pequeña burguesía surgida en la Inglaterra del siglo XVIII, y que constituía un estamento entre la nobleza y el campesinado. Más adelante, los ideólogos marxistas identificaron la existencia de un estrato entre la burguesía y el proletariado, integrado por pequeños comerciantes, profesionales y artesanos, con poder adquisitiva y propiedad privada.
Hoy, la conceptualización se ha tornado más diversa. El Banco Mundial le define en función al nivel de ingresos: aquellas personas cuyo ingreso anual oscila entre los $4,000 y $12,000 integran dicho segmento. En cambio, en la sociología y la ciencia política, se le caracteriza en función a ciertas variables como su carácter urbano o sub-urbano, la propiedad de activos, el acceso a educación y otros servicios públicos, el tipo de trabajo que desempeña, etc.
A pesar de la diversidad de definiciones, la historia ha puesto en evidencia el rol de la clase media como motor de crecimiento económico, como reserva moral de la sociedad y cómo el actor político sobre el cual orbitan los procesos de estabilidad, cambio gradual o revolución social.
En aquellas latitudes donde la estabilidad o calidad de vida de las clases medias se ve afectada por políticas económicas, por la corrupción, o por la degradación de los servicios públicos, dicho segmento ha liderado procesos de movilización para el cambio. Esa es la historia de la Primavera Árabe o de la Guatemala del 2015. En otras latitudes, la clase media actúa como contrapeso frente al abuso de poder como se ve en Venezuela o Nicaragua.
No obstante, cuando sus quejas, necesidades o su opinión dejan de importar en las decisiones públicas, la clase media fácilmente se convierte en el caldo de cultivo ideal para personalismos y mesianismos, para populismos o movimientos anti-sistema. Esa es la historia común de lo que vemos en El Salvador, Colombia, Chile y Perú.
En Guatemala, la clase media vive hoy el momento más crítico de los últimos treinta años. La pandemia puso en evidencia la condición raquítica del sistema de salud, y esa es tan sólo la punta del iceberg de un sistema que no provee satisfactores para los estratos medios. Por su parte, la tragicomedia en que se ha convertido la gestión de la pandemia y la vacunación evidencia la degradación del Estado y de lo público en general. Mientras que la contracción económica y el desempleo afectó -particularmente- a esos estratos medios urbanos (trabajadores industriales, comerciales o de servicios, trabajadores por cuenta propia, pequeños empresarios, profesionales).
Esa pauperización de los estratos medios y la sensación que el sistema dejó de responder a sus demandas y necesidades, generan la combinación ideal para que un proyecto populista (de izquierda o de derecha) gane tracción. Que no nos extrañe entonces el crecimiento de políticos con discurso anti-sistema o caudillos mesiánicos de cara a las elecciones 2023 y 2027.
Sin embargo, el enojo con la situación económica y el sistema político en general, la molestia con la tragicomedia de las vacunas y la gestión de la pandemia, son también una combinación ideal para un coctel explosivo. El tonel de combustible está ahí, cada vez con más energía potencial. La conversión de esa energía potencial a cinética puede depender de un episodio cualquiera que desate la ira popular. Las manifestaciones de noviembre 2020 por la golpeada aprobación del Presupuesto 2021 son el ejemplo paradigmático de lo anterior. Lo complejo de este escenario es que resulta muy difícil proyectar cómo evolucionan los procesos de movilizaciones abruptas.
