Unión económica de Centroamérica

Los centroamericanos somos gente valiente, hemos aprendido a resistir y vamos a triunfar. Panameños, ticos, nicas, catrachos, guanacos y chapines; palabras que en otras latitudes quieren decir otras cosas, en nuestra región significan hermandad, pura vida, voluntad y alegría. Somos gente con fuerza.

Si la historia se debe entender como el relato del progreso de la humanidad, Centroamérica, esta pequeña región en la mitad del continente americano, da cuentas de un pasado fuerte y turbulento, pero tiene gran futuro. No somos parte del Sur y mucho menos del Norte. Nuestros índices y problemas sociopolíticos nos definen como una de las regiones más atrasadas, pobres y violentas del planeta.

Los centroamericanos somos gente valiente, hemos aprendido a resistir y vamos a triunfar. Panameños, ticos, nicas, catrachos, guanacos y chapines; palabras que en otras latitudes quieren decir otras cosas, en nuestra región significan hermandad, pura vida, voluntad y alegría. Somos gente con fuerza.

Los centroamericanos sabemos de nuestra historia, sus dramas y sus números. Sabemos de la insolvencia moral y financiera de nuestros Estados, y a veces, de la indiferencia de nuestras élites. Sabemos de la corrupción que nos avergüenza, de la pobreza que nos lastima, de la violencia que nos mata. Y sabemos también de la tristeza que nos embarga cuando senos niega el futuro.

En los últimos meses, discutiendo con economistas y expertos en temas de desarrollo, confirmamos lo que siempre hemos sabido. Cada país de Centroamérica, por su tamaño y circunstancias, enfrenta serias dificultades para alcanzar el desarrollo.

Por eso, la región necesita un Modelo de Desarrollo fundado en su integración económica. Ese Modelo tiene tres ejes: el primero es la plataforma institucional que garantiza el Estado de Derecho en cada país. El segundo eje lo forman condiciones de libertad, respeto a la pro­ piedad y confianza en la inversión para que la economía de la región tenga un crecimiento robusto y sea capaz de crear oportunidades para todos. Y como cada país en lo individual no tiene la masa crítica o la escala para crecer a la velocidad que necesitamos, el tercer eje, indispensable, es la integración económica de Centroamérica.

Los presidentes pueden abrir  las fronteras y declarar las cuatro libertades como en Europa, para que personas, mercancías, servicios y capitales se muevan libremente en el Istmo; y tendrían que armonizar, homologar y actualizar legislación fiscal, migratoria, financiera, sanitaria y ambiental para que Centroamérica inicie, de una vez por todas, el camino al desarrollo.

Somos 50 millones de seres humanos que compartimos historia y destino, tenemos la misma cultura y hablamos el mismo idioma. Queremos ser ciudadanos de una patria grande; y por qué no, de la nación Centroamericana.

La fuerza que ha hecho avanzar al mundo está en la iniciativa individual y la acción política que dignifica a la persona y enaltece la libertad, !a justicia y la democracia.

Las mayores transformaciones sociales y económicas en la historia de la humanidad no nacieron de las marchas, las huelgas y las arengas, sino del ingenio, la industria, el comercio; y hoy más que nunca, de la tecnología.

El ábaco, la máquina de vapor, la ciencia, la computadora, el Internet y la Inteligencia Artificial han hecho avanzar a la humanidad más que cualquier manifestación, protesta, cabildo o comité.

Los centroamericanos sabemos que la confianza y la justicia dependen tanto una de la otra como la economía de la migración. Si no hay justicia la confianza se pierde y si la economía no funciona la gente se va.

No ha sido fácil; por eso, nuestra historia y nuestros dramas nos enseñaron a luchar juntos, a llorar juntos ya soñar juntos. Somos gente solidaria y estamos siempre dispuestos a dar hasta la vida por defender y sacar adelante a nuestra familia, a nuestro país y a nuestra región.

Los centroamericanos necesitamos volver a creer  en la política, en nuestros gobiernos y en el Estado. Necesitamos saber que hay un futuro por el que merece la pena luchar. Un futuro en el que hay espacio, promesa y porvenir para todos.

La respuesta es la unión económica de Centroamérica.

Un tema ausente en la discusión política nacional

Durante los años noventa, los Estados de América Latina vivieron un proceso de rediseño, bajo el paraguas del “Consenso de Washington”. Las propuestas apuntaban hacia la construcción de Estados más pequeños, que se limitaran a ejercer un control regulatorio y financiero. Mientras que las funciones de administración y prestación de servicios debían delegárseles a entes distintos de sí mismos, ya sea a entidades descentralizadas, autónomas o privadas.

En Guatemala, esta receta la encontramos en la Ley del Organismo Ejecutivo, que establece que el Estado debe apostar por dos principios: 1) Subsidiariedad, según la cual “el Estado no se arroja funciones que pueden ser ejecutadas por los ciudadanos individual o libremente asociados”; y 2) Descentralización, según la cual el Gobierno “delega la ejecución y control administrativo de ciertas funciones a entes distintos de sí mismo o a sus entidades autónomas y descentralizadas, reteniendo las funciones reguladora, normativa y de financiamiento.”

La materialización del principio de subsidiariedad resulta evidente en varias instituciones. En Salud se apostó por la subcontratación de ONGs para la prestación de servicios de salud, a través del Programa de Extensión de Cobertura (PEC). En Educación, se organizaron las juntas de padres para la autogestión y la ejecución descentralizada de los recursos educativos, a través del Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE). En agricultura, se suprimió el programa de extencionismo rural y las instituciones asociadas. En comunicaciones, Caminos (unidad que operaba cual empresa de construcción pública) fue sustituida por el fideicomiso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.

La política de descentralización cobró forma en el 2002 con la aprobación de la Ley de Descentralización. La idea era que el Gobierno iniciara un proceso de traslado de funciones (tales como educación, salud, seguridad, economía, etc.) hacia los gobiernos municipales.

Sin embargo, con los años el modelo entró en impasse. La política de subsidiariedad fue víctima del patrimonialismo de Estado, particularmente en Covial o en el PEC. O fue sujeta de presiones por grupos de interés, como el caso de la oposición sindical al PRONADE. Mientras que la política de descentralización ha quedado abortada por las limitaciones financieras de la mayoría de gobiernos municipales.

Durante la última década, varios de los casos expuestos han sido desbaratados: PRONADE en el 2008, el PEC en el 2013, y Covial que está programado a fenecer en un corto plazo. En agricultura, se ha buscado retomar el diseño institucional pre-Acuerdos de Paz. El problema es que mientras se revisa el modelo subsidiario de Estado, hace falta un debate sobre el modelo de Estado a construir. No sólo eso, sino que la readecuación de funciones estatales se realiza sobre el diseño de un Estado pensado bajo los esquemas de los noventas, lo que genera un desfase entre ordenamiento jurídico y funcionamiento institucional.

En este sentido, un tema pendiente ha sido plantear la discusión sobre el diseño estatal que se busca construir. ¿Reformamos el diseño de los noventa? ¿Desbaratamos el modelo del Consenso de Washington? ¿Construimos uno nuevo? ¿Qué modelo implementamos? Esa discusión está ausente en el debate político en Guatemala

Lo que no debemos olvidar es que hay personas de carne y hueso que huyen de sus países por temores fundados y que no encuentran protección en nuestro país. Y también que estamos bajo la jurisdicción del sistema interamericano de Derechos Humanos y el Estado de Guatemala puede ser responsable de violaciones a los derechos humanos al tener prácticas como las descritas en el reporte.

En julio de 2019 publicaba una columna por el secretismo con el que el entonces presidente, Jimmy Morales, negociaba un acuerdo para que Guatemala se convirtiera en “tercer país seguro”.

La amenaza de Trump era un factor de peso, pero el gobierno de Morales tenía poco interés en encontrar un mejor resultado y en cambio se disponía a firmar a marchas forzadas y a las espaldas de todo el mundo un acuerdo. ¿El objetivo? Agradar a la administración Trump (según él) ante los eventuales problemas que enfrentaría al dejar la presidencia.

Además de la falta de transparencia en las negociaciones, el ACA se firmó en una zona gris y en medio de una disputa legal en la Corte de Constitucionalidad con la interrogante de si el acuerdo debía aprobarse o no en el Congreso. Finalmente, no fue aprobado en el Congreso y entró en vigor.

De fondo, la principal crítica siempre fue que Guatemala no tenía las condiciones para recibir a personas que reclamaban asilo. Ni la infraestructura legal ni las capacidades institucionales del país daban para ello. En aquella columna yo mostraba mi preocupación por la eventual violación de derechos humanos que podría suponer esto.

El pasado 10 de junio, el Human Rights Institute de la Universidad de Georgetown, publicó un reporte muy bien documentado sobre la aplicación del ACA. Éste recoge el testimonio de personas que han sido remitidas a Guatemala en virtud del acuerdo y arroja conclusiones preocupantes.

De acuerdo con el reporte, el ACA viola el derecho internacional y el derecho de los Estados Unidos pues las personas que son remitidas a Guatemala en virtud del ACA no encuentran un proceso viable para buscar protección.

Ni el Código de Migración ni el sistema para tramitar el asilo en Guatemala ofrecen la protección que de acuerdo con estándares de derechos humanos deben recibir las personas que son enviadas desde Estados Unidos a Guatemala. La idea de designar a un país como “tercer país seguro” es que encuentre un estándar de protección similar al del país del cual es remitido (en este caso EE. UU.). Es bastante obvio que Guatemala no cumplía este requisito.

En resumidas cuentas, el reporte recomienda al gobierno de EE. UU. dar por terminado el acuerdo para evitar que existan más violaciones de derechos humanos.

En las recomendaciones para Guatemala, hay cuestiones muy elementales que denotan la falta de visión de las anteriores autoridades al entrar al acuerdo. Por ejemplo, se recomienda emitir un reglamento para definir el proceso de asilo en virtud del ACA, publicar el acuerdo y sus anexos en español, llevar a la práctica el sistema de asilo de conformidad con las disposiciones del Código de Migración de 2016 y sus reglamentos, hacer pública la información sobre el proceso de asilo de Guatemala y los pasos que debe seguir un solicitante de asilo en Guatemala, entre otras.

El reporte detalla lo que era previsible. Desnuda la frágil institucionalidad de Guatemala y en el caso concreto las lagunas legales que hay del Código de Migración que fuera aprobado en 2016.

Lo que no debemos olvidar es que hay personas de carne y hueso que huyen de sus países por temores fundados y que no encuentran protección en nuestro país. Y también que estamos bajo la jurisdicción del sistema interamericano de Derechos Humanos y el Estado de Guatemala puede ser responsable de violaciones a los derechos humanos al tener prácticas como las descritas en el reporte.

América Latina es una región golpeada por el subdesarrollo político. La crisis del Coronavirus vino a agravar las condiciones económicas, sociales y políticas que ya existían. Como el nuevo epicentro mundial del Covid19, los líderes políticos deben identificar la mejor estrategia para superar esta pandemia. 

Cuando en enero de este año se anunciaban las drásticas medidas de encierro aplicadas en Wuhan para contener el brote de un nuevo virus, poco imaginábamos que algunos meses después, en América Latina estaríamos ante ese mismo escandaloso escenario.

Las condiciones de América Latina antes del coronavirus eran alarmantes. Los gobiernos en su mayoría disfuncionales, sus instituciones debilitadas, sus liderazgos populistas, sus sociedades polarizadas, sus niveles de pobreza perturbadores y sus economías intentando sobrevivir en las circunstancias descritas. En pocas palabras un subdesarrollo político del que no se ha logrado salir en años y que será imposible hacerlo en medio de una emergencia como esta.

El 26 de febrero se registró en Brasil el primer caso de Coronavirus en América Latina. Desde entonces han pasado más de dos meses en los que se ha intentado ponerle freno de mano a una pandemia que va en su máxima velocidad. Hoy somos el nuevo epicentro del Covid19.

Los gobiernos en América Latina, en su herencia paternalista, han impuesto drásticas medidas para intentar reducir la cantidad de contagios. Las cuarentenas obligatorias en una región donde al menos el 50 por ciento de su población vive en la informalidad son impracticables. Los países que fueron incluso más extremos en sus encierros, hoy ven disparados los casos, como sucede en el Perú.

Hay pocas cosas que los gobiernos latinoamericanos pueden hacer frente a la pandemia; y lo poco que pueden hacer debería ser concentrar sus esfuerzos en reducir los números fatales. Para esto se debe mejorar la capacidad hospitalaria, descentralizar la atención médica y practicar pruebas masivas y aleatorias para identificar a los contagiados. Intentar dirigir la economía o incluso el comportamiento humano traerá -sin duda alguna- más tragedia.

Los gobiernos latinoamericanos han fallado históricamente en generar instituciones sólidas que respondan a sus ciudadanos, en generar políticas públicas eficientes y en generar la confianza necesaria para reducir la tensión social. Reconocer sus limitaciones sobretodo en el contexto en el que nos encontramos será fundamental para actuar de manera asertiva y dar respuesta a esta crisis.

El gran drama de América Latina es que antes de esta crisis, estábamos en crisis. Las medidas autoritarias agravan hoy e intensificarán en el futuro los males que ya veníamos arrastrando. La estrategia inteligente por parte de los gobiernos latinoamericanos incluye, una buena dosis de realidad, eficiencia en la asignación de recursos y la complicidad ciudadana para actuar con libertad y responsabilidad para hacerle frente a esta pandemia.

Enésimo intento de reforma constitucional al sector justicia 

Hace 35 años se promulgó nuestra Constitución y desde entonces hemos vivido múltiples intentos para deformarla. Solo uno de estos intentos prosperó.  ¿Por qué? ¿Fue la supuesta cura peor que la enfermedad? Cada proyecto tiene sus matices y es cierto que alguno proponía cambiar para peor. Pero no es exagerado afirmar que en nuestro país los intentos de cambio fracasan por la resistencia de los grupos de interés que ganan con mantener el sistema actual.

Al escribir estas líneas (5 de junio) aún no se conoce la propuesta de reforma constitucional al sector justicia que anunció el presidente, Alejandro Giammattei. Esperamos con ansias la propuesta del presidente para emitir el juicio respectivo.  

Hagamos un breve repaso de lo ocurrido durante los últimos 27 años. La única reforma constitucional que prosperó, fue la de 1993 (post Serranazo) dada la coyuntura crítica que se vivió. En algunos aspectos trajo cambios positivos, pero cambió para peor las cosas en el sector justicia pues amplió el corporativista y malogrado sistema de comisiones de postulación a la designación de Salas de Corte de Apelaciones.

El primer experimento fallido fue el intento de reforma constitucional de 1998 promovido como consecuencia de la firma de los Acuerdos de Paz. Este proyecto incluía una reforma al sector justicia. El texto fue aprobado por el Congreso, pero fracasó en la consulta popular de 1999.

De ahí en adelante han surgido varias iniciativas que en sus objetivos han apuntado hacia el poder judicial, pero nunca llegaron tan lejos. ProReforma en 2009 es el primer caso, pero la propuesta recibió dictamen desfavorable de la Comisión respectiva del Congreso en 2010. Le siguió la iniciativa de URL-USAC-ASIES que sí era un proyecto acotado al sector justicia y que recibió dictamen favorable en 2012, pero jamás se discutió en el pleno.

En 2011, hubo otros dos proyectos de reforma constitucional al sector justicia que ni siquiera llegaron al Congreso. Uno propuesto por Roberto Molina Barreto, entonces magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y otro promovido por el Organismo Judicial. En 2012 también fracasó una intentona de reforma constitucional del entonces presidente, Otto Pérez Molina.

El último intento parecía tener alguna posibilidad de triunfo. A finales de 2016, 52 diputados apadrinaron una iniciativa que rápidamente recibió dictamen favorable de la Comisión respectiva en el Congreso. Se respiraban aires de cambio por las protestas de 2015 y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la discusión relativa al reconocimiento del derecho ancestral fue el elemento perfecto para que los sectores reaccionarios se activaran y la reforma murió en el pleno pese a que el controversial punto fue retirado de la propuesta.

¿Qué nos dice todo esto? Que todo mundo piensa (y sabe) que el actual modelo de comisiones de postulación es un auténtico desastre y que hay que arreglar otras variables que solo se pueden corregir reformando la Constitución para lograr que la justicia funcione. Pero también nos confirma que cuando llega el momento de discutir las reformas suelen triunfar los grupos de interés que favorecen el statu quo. Muchos de estos grupos apoyan la propuesta por el día y cabildean para que muera por la noche.

Esta reforma se presenta en medio de una pandemia y en medio de una de las peores crisis de nuestro sistema de justicia. El primer factor dificultará el debate necesario de una propuesta de esta envergadura debido a las medidas de distanciamiento físico y social. El segundo factor evidenciar la necesidad de urgencia de la reforma porque existe la posibilidad de que el Congreso no cumpla a cabalidad lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Esto puede traer consigo una serie de impugnaciones que hagan colapsar el proceso de elección de magistrados y conducir la crisis a otro nivel.

No hay demasiadas razones para ser optimistas. Aunque se trate del enésimo intento de reformar la justicia de nuestro país, a quienes nos dedicamos al estudio del derecho constitucional nos corresponde ofrecer debates de altura para enriquecer la discusión y mejorar la propuesta, pero no podemos hacerlo mientras el presidente no plantee su propuesta a detalle. El diálogo y la transparencia son elementos vitales de cualquier intento de reforma constitucional. A los políticos les corresponde abrir los espacios para que esto ocurra, aunque lo previsible es que aquello no esté dentro de sus planes.

El presidente puede reconducir el camino y dotar el proceso de transparencia para ganarse la confianza de la sociedad guatemalteca. A los diputados honorables y capaces del Congreso les corresponde ser la voz de los guatemaltecos honestos que tienen sed de justicia. Eso requerirá una alta dosis de liderazgo y madurez política. Los diputados más oscuros buscarán a toda costa que nada cambie y contarán con la complicidad de los reaccionarios de siempre.

El fracaso de la reforma sería el triunfo de los intereses oscuros que siempre ganan con mantener las cosas como están. Si eso ocurre, continuaremos cavando más profundo el pozo de nuestro fracaso institucional.

Carrera judicial, ampliar plazos de magistrados y elecciones escalonadas

La experiencia 2009, 2014 y 2019-2020 ha dejado claro que el sistema de comisiones de postulación ha caducado. Si bien durante años ha existido un consenso entre diversos actores relevantes del país sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia, el analizar los pequeños detalles de un eventual texto de reforma, ahí se rompen los acuerdos y consensos.

Por ello, vale la pena reseñar algunos principios en los que -pareciera- existe cierto grado de consenso.

Apostar por el sistema de carrera judicial. Guatemala es de los pocos países a nivel mundial en que los jueces de segunda instancia (magistraturas de apelaciones) son electos mediante un proceso político (comisiones de postulación + elección en Congreso). Solventar esta situación requiere de un modelo en el que se incorpore a dichos magistrados al sistema de carrera. Si bien se podría permitir que un porcentaje de abogados que han ejercido la práctica liberal de la profesión puedan optar a dichos cargos, en la práctica, lo idea es que una mayoría de jueces de apelaciones provengan de la misma judicatura.

Ampliar los períodos de los magistrados de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Actualmente el período de ambas cortes es de 5 años; lo que naturalmente genera el incentivo perverso para que cada quinquenio los altos magistrados deban “jugar a la política” para mantener su cargo. Esta situación es todavía más compleja al analizar el efecto sobre las magistraturas de apelaciones. Resolver esta situación requiere de una ampliación del período de los magistrados; aunado siempre con un fortalecimiento del sistema de evaluación permanente y del régimen sancionatorio.

Dejar de elegir a los magistrados “en bloque”. Los magistrados de las altas cortes guatemaltecas (Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones) se eligen en un único proceso simultáneo. Esta receta genera el riesgo de que una fuerza política o una alianza de intereses pueda cooptar una corte en un momento dado. Para muestra, la elección 2014 de la CSJ fue producto de un acuerdo entre el Patriota y Líder. Esto se resuelve mediante un sistema “escalonado” de designación de magistrados, que permita renovaciones parciales de las altas cortes sin que una fuerza política pueda capturar la totalidad de los magistrados. Esto también contribuye a mantener unidad y cohesión jurisprudencial en el tiempo, y evitar cambios marcados en la línea interpretativa de las altas cortes.

Todo lo anterior, requiere -naturalmente- de una reforma constitucional. Hablar de abrir la puerta para modificar la Constitución poner nerviosos a muchos. Con justa razón. Sobran los casos en América Latina en que la medicina salió más cara que la enfermedad. Por ello, todo esfuerzo de reforma constitucional debe circunscribirse a temas y artículos en específico, con un acuerdo de madurez política de no querer aprovechar la oportunidad para modificar “otros” temas constitucionales.

Llegó el momento de replantear el sistema de elección de autoridades judiciales

Guatemala es una República con un sistema híbrido para la elección de autoridades. Por un lado, para el Ejecutivo y Legislativo, así como el poder local, se recurre a elecciones democráticas, en las cuales los partidos políticos actúan como vehículos de representación. Por otro lado, para la designación de autoridades del poder judicial, además de otros organismos de control (MP, Contraloría, TSE) se recurre a un modelo corporativista. En este, los cuerpos sociales intermedios (universidades, gremios, colegios profesionales, etc.) participan como postuladores o como electores de última instancia.

Sin embargo, luego de treinta y cinco años bajo este diseño institucional, resulta evidente que el modelo se ha agotado, o que sencillamente ya no responde a la visión original de los constituyentes.

Los últimos tres procesos de elección de Magistrados de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia han degenerado en conflictos jurídico-institucionales. En 2009, la elección de representantes del CANG ante la Comisión de Postulación mediante un sistema de representación de minorías, y la elaboración de las tablas de gradación, fueron objeto de impugnaciones. En 2014, el conflicto giró alrededor de la calificación de la “honorabilidad” e “idoneidad” por parte del el Congreso Y en 2019, el conflicto institucional fue consecuencia del incumplimiento en la evaluación de los jueces de carrera.

Tanto en 2014 como en 2019, las acciones de constitucionalidad tuvieron como consecuencia no intencionada el incumplimiento del “plazo fatal” del 13 de octubre. Cabe decir, en ninguno de los dos momentos, se generó un escenario apocalíptico de rompimiento institucional o parálisis de la justicia. Lo cierto es que para ningún sistema resulta sano que cada elección de jueces genere crisis y conflicto.

A nivel político, es indiscutible que el diseño corporativista ha servido como un instrumento para la captura del poder judicial por poderes paralelos. En 2009, se denunció la existencia de una “Terna X” dentro de la Postuladora para CSJ, cuyo encargo era otorgar altas calificaciones a los candidatos afines al entonces gobierno de la UNE. En 2014, se develó todo el mecanismo de incidencia paralela, de Roberto López Villatoro, para influir sobre la actuación de los comisionados y la integración de los listados de candidatos. También nos enteramos vía la misma confesión de Manuel Baldizón, que la elección final de la CSJ en 2014 fue producto de un acuerdo entre Baldetti, Sinibaldi y Baldizón, con el auspicio de Gustavo Herrera, y bajo promesa de lealtad de los jueces hacia sus electores.

Y ahora, en 2019-2020, se evidenció la capacidad de cooptación del sistema de justicia desde las mismas cárceles; incluso llegamos al extremo de evidenciar cómo un grupo de postuladores, operadores y candidatos a magistraturas rendían culto y pleitesía al “pulpo” de la corrupción.

El diseño original, que aspiraba a que las universidades y el Colegio de Abogados sirvieran de tamiz previo a la designación política del Congreso, hoy resulta disfuncional. Se generó el incentivo perverso para que grupos políticos y de interés buscaran tomar control de la academia, ya sea mediante proliferación de universidades de cartón o mediante intrigas políticas internas para designar a los decanos que se sentarán en las postuladoras. Mientras que las elecciones de autoridades y representantes ante postuladoras por el CANG, se convirtieron en un “micro-cosmos” de las elecciones nacionales (opacidad en el financiamiento, clientelismo, acarreo de votos, etc.).

La guinda al pastel es un modelo en el que el Congreso constituye el elector final de todos los magistrados de apelaciones. Si. Todos los jueces que conocen en segunda instancia todos los procesos judiciales no son designados por un proceso de carrera que invite a la meritocracia, sino por un proceso eminentemente político. De ahí no nos extrañemos que la justicia se politice.

Bajo ese contexto, es momento de reconocer que el sistema de comisiones de postulación ha caducado. Y que toca repensar el diseño institucional del sector justicia. Una reforma constitucional que reduzca la politización de la elección de autoridades judiciales, y que apueste por un sistema de carrera resulta urgente a la luz de la experiencia de esta última década.

Este 31 de mayo nuestra actual Constitución de 1985 cumple 35 años desde que fuera promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente.  Aquello fue el culmen de un proceso de apertura democrática que había iniciado en 1982 y que tomó forma con la promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley de Empadronamiento todas de 1983.

Aquel andamiaje legal permitió instalar las bases del Tribunal Supremo Electoral, realizar un titánico proceso de empadronamiento y convocar a elecciones y elegir a la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó nuestra Constitución de 1985.

La promulgación de nuestra actual Constitución simboliza la ruptura con nuestro pasado autoritario y el fin de aquella Constitución de 1965 que Jorge Mario García Laguardia calificaría como “una Constitución del peor tipo posible”.

En ese espíritu, el actual texto constitucional tiene una preocupación por la racionalización del poder, amplía el catálogo de derechos humanos reconocidos y, vía los artículos 44 y 46, nos introduce al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por otra parte, se crea una justicia constitucional que abre la puerta a mecanismos tendientes a dar eficacia directa a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales en la materia.

Nuestra cultura jurídica formalista y legalista está aun muy bien instalada en la comunidad de juristas y quizá por esa razón los propios constituyentes no eran capaces de prever las transformaciones que dicha apertura al sistema internacional de Derechos Humanos podría traer al constitucionalismo guatemalteco. Muy conocida es la sentencia que dictó la Corte de Constitucionalidad en del expediente 280-90, referente a la candidatura presidencial de Efraín Ríos Mott, dentro de la cual la Corte reconoce la doctrina del bloque de constitucionalidad, pero han pasado muchas cosas desde entonces.

La influencia del ius constitucionale commune latinoamericano ha traído cambios importantes para el constitucionalismo regional. El reconocimiento del control de convencionalidad, a partir del caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile de 2006, y la importación de estándares de protección de Derechos Humanos como consecuencia de los efectos erga omnes de las sentencias de la Corte IDH han puesto elementos nuevos con los que nuestro tribunal constitucional ha tenido que dialogar.

En ese sentido, vemos un criterio más amplio de la Corte de Constitucionalidad cuando dicta la primera sentencia de inconstitucionalidad por omisión en 2012 dentro el expediente 1822-2011 cuando se da un tinte más amplio a la recepción del bloque de constitucionalidad y en el expediente 3340-2013 donde reconoce que “resulta obligatoria la observancia de las sentencias emitidas por esa Corte [IDH], aunque en estas no figure el Estado de Guatemala como parte, ya que en ellas se establece la forma de interpretar el contenido de las normas de la Convención y su alcance”.

Traigo estos elementos a la mesa porque hemos visto un malestar de algún sector de juristas (y de algunos constituyentes) respecto de algunas resoluciones que ha dictado el tribunal constitucional en los últimos dos o tres años. Concretamente en estos momentos, respecto de las últimas sentencias referentes al proceso de elección de magistrados de Sala de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.

La fuente del malestar es una lectura formalista de la Constitución que contrasta con los criterios más comprensivos que ha sostenido la Corte de Constitucionalidad. Por supuesto, las sentencias de la Corte de Constitucionalidad son criticables incluso desde una óptica neoconstitucionalista o del ius constitutionale commune y no se diga desde perspectivas más conservadoras.

Pero bien haría al debate jurídico profundizar en los elementos teóricos bajo los cuales se analiza el proceder del alto tribunal. Hasta el momento vemos una actitud reaccionaria ante un fenómeno constitucional que choca con la cultura jurídica formalista. El estado actual de la crítica pretende retroceder la hora en el reloj. Pero eso no cambiará la realidad a no ser que desarrollemos marcos teóricos o analíticos que mejoren nuestra comprensión del estado actual de la justicia constitucional en nuestro entorno. Es un reto para toda la academia jurídica del país.

Las analogías entre la crisis nuclear de 1986 y la crisis sanitaria 2020 son inevitables

En el 2019, gracias a la serie Chernobyl de HBO, esta generación pudo recordar la magnitud de la catástrofe, la ineptitud y corrupción sistémica del sistema político soviético, los esfuerzos autoritarios por ocultarle al mundo el desastre nuclear y el drama humano. Quizá faltó que la serie se adentrara en los efectos que tuvo Chérnobyl sobre el régimen soviético, pero cualquier estudioso de la historia reconoce que la catástrofe nuclear en terminar de hundir un régimen que destinado al colapso.

En semanas siguientes, la analogía al “Chernobyl chino” ha emergido en círculos políticos de occidente y en diversos espacios periodísticos a nivel mundial.

El deficiente manejo por parte de las autoridades de Beijing de la crisis del coronavirus ha generado una intensa comparación con la crisis nuclear soviética de 1986. Primero, por la inactividad de las autoridades chinas en diciembre cuando los casos de “neumonía atípica” en Wuhan hacían sospechar de la posibilidad de una epidemia local. Segundo, el rechazo a informar al resto del mundo y a la Organización Mundial de la Salud sobre el primer mes de la crisis. Tercero, por el esfuerzo sistemático del aparato represivo y de propaganda china de silenciar a doctores, científicos y epidemiólogos chinos que alertaban sobre la presencia de un patógeno desconocido en Wuhan.

La analogía sistémica también es útil. La historia de Chernobyl evidenció la fragilidad e ineficiencia del sistema económico y burocrático soviético. Diseños defectuosos en el reactor nuclear; nepotismo y clientelismo en la designación de las autoridades de la planta; la excesiva burocratización que impide la rápida respuesta a la crisis. La historia del brote del Covid-19 pone precisamente en entredicho elementos del sistema político y económico chino. Patrones de consumo alimenticio de alto riesgo; incapacidad de las autoridades sanitarias chinas de cerrar los “mercados húmedos” que ya habían sido identificados como focos riesgo para la salud humana. Y ambos, coronados con un esfuerzo propagandístico por ocultar al mundo los desastres nuclear y sanitario.

Al igual que Moscú en 1986, hoy en día Beijing no admite responsabilidad por la catástrofe global. Está tratando de “encubrir el encubrimiento”. Está participando en una agresiva campaña de desinformación que se combina como un intento de mostrar a China como un modelo a seguir para el mundo junto en cuanto a la estrategia de contención de la pandemia.

Tanto la crisis de Chernobyl como el Covid-19 han demostrado que el sistema comunista en la Unión Soviética como el sistema autoritario de la China de hoy son demasiado centralizados y burocráticos para evitar una crisis, pero demasiado débiles para ocultarlas por completo.

Pero la pregunta principal es el impacto a largo plazo del desastre sanitario.

En el caso de Chernobyl, el impacto en la legitimidad del aparato burocrático soviético, en debilitar la imagen de la potencia rusa ante el mundo o de generar conflictos internos sólo se percibió años después de la catástrofe. Bajo esa línea del tiempo, el verdadero impacto de la crisis Covid-19 en el sistema chino se percibirá hasta en el 2021 0 2022, cuando el polvo se haya asentado, las responsabilidades se hayan deducido y el mundo reconozca si esta pandemia pudo haberse combatido de mejor manera si el autoritarismo chino no hubiese actuado de forma tan negligente en las primeras semanas de la crisis.

La devastación económica, social y política que dejará esta crisis en países que padecen, principalmente, de subdesarrollo político, como los nuestros, tendrá una combinación de elementos modernos de la pandemia de 1919 y la depresión económica de 1929.

Los centroamericanos no queremos perder la década que recién inicia ni estamos dispuestos a correr riesgos políticos indeseables, cuando salgamos de este oscuro túnel del tiempo, cada uno de nuestros países deberá estar preparado para tomar decisiones valientes, atrevidas, audaces, estratégicas, responsables y visionarias.

La primera, darle vida a la integración económica de la región para que enfrentemos el desafío de la recuperación económica desde una plataforma más grande, con más opciones y con más oportunidades.

Es un error de cálculo peligroso e irresponsable asumir que saldremos pronto de esta crisis y que regresaremos a eso que llamábamos “la normalidad” centroamericana. Excesiva pobreza, poco crecimiento económico y Estados débiles y con demasiada frecuencia mediocres y corruptos.

La devastación económica, social y política que dejará esta crisis en países que padecen, principalmente, de subdesarrollo político, como los nuestros, tendrá una combinación de elementos modernos de la pandemia de 1919 y la depresión económica de 1929. Ojalá no lleguemos a eso. El problema es que no lo sabemos, pero hay datos e indicios que perturban. Lo que debemos tener claro es que debemos prepararnos para lo peor y esperar lo mejor.

La responsabilidad histórica que impone esta crisis a las élites de la región, especialmente a la élite económica, está precisamente en diseñar el modelo de desarrollo para la Centroamérica post pandemia. Un modelo que cree la condiciones para atraer la inversión suficiente y la creación de oportunidades que cambien la cara, el ritmo y el futuro de nuestros países.

En ese modelo de desarrollo, indispensable e impostergable, no hay espacio para los egos, las vanidades, los feudos y los juegos de poder. Llego la hora de comportarse como la generación que fue arrasada por su indiferencia y su falta de visión.

Solo la élite económica de la región tiene los recursos y el acceso a la inteligencia que hace falta para diseñar el futuro que salvará a Centroamérica. Y ese futuro vendrá pronto. Debemos estar preparados. Este enemigo inesperado que atacó en la oscuridad y por la espalda dejará huellas profundas en el planeta. El paso de los días en cuarentena acelera el deterioro económico y hace más sensible el impacto social y emocional que imponen la falta de recursos y la soledad.

Esta pandemia vino a golpearnos en los puntos frágiles que tenemos: El sistema de salud, la economía, el subdesarrollo político, el Estado de Derecho y la cultura. Debilidades que la crisis obligará a corregir. La mayoría de habitantes del planeta necesita trabajar cada día para sobrevivir; y a como van las cosas, tocará trabajar en lo que podría ser una economía global en depresión.

Por si eso fuera poco, esta crisis obliga a salvaguardar el orden liberal, republicano y democrático de Occidente; y rechazar las erupciones autoritarias, allá donde las haya. Este es un problema global que necesita soluciones globales, pero la complejidad de la crisis en este momento geopolítico del mundo exige, en cada sociedad, estadistas, valores y liderazgo.

Estamos a las puertas de un nuevo orden mundial del que tenemos más dudas y temores que datos y certezas.

Pero no es la primera vez que la especie humana se enfrenta a eventos que cambian el curso del destino y la historia de las naciones; o como en este caso, del mundo. Las persecuciones, las guerras, las pestes, la gran depresión y otros capítulos estelares de los últimos dos milenios marcaron los momentos que definieron lo que hoy somos como especie. Una especie que no ha sido perfecta, y nunca lo será. Pero cada siglo y cada generación enfrentó su hecatombe y la superó.

De nosotros depende pasar de la intemperie y la soledad a la compañía y al abrazo de la gente que queremos. De nosotros depende construir el nuevo mundo que dejaremos a las siguientes generaciones.