En 2021, el desgaste de las democracias y la represión a las libertades es cada vez más evidente en el hemisferio occidental. Todo pareciera apuntar a que nos dirigimos hacia un mundo cada vez más autoritario y la pandemia del Covid-19, ha venido a acelerar ese proceso. Los regímenes que ya eran híbridos o abiertamente autoritarios se han consolidado y han salido fortalecidos frente al manejo de la crisis; mientras que las democracias —en apariencia más caóticas por su dinámica deliberativa en la toma de decisiones— se han debilitado.

Frente a este escenario, cuatro países pertenecientes a la cuenca del Caribe latinoamericano plantean retos importantes para la comunidad internacional:

♦ El primero es Cuba, donde finalmente el 12 de julio, estallaron las protestas más grandes desde 1994. Debido a la férrea censura dentro de la isla y los cortes masivos a las telecomunicaciones, al día de hoy se desconoce todavía el saldo exacto de la represión, pero se sabe que ya hay varios muertos y desaparecidos por las protestas. Deberemos seguir de cerca los acontecimientos en los próximos días.

♦ También Haití, donde el 7 de julio fue asesinado el presidente Jovenel Moïse, lo que desató una lucha sin cuartel entre varias fracciones políticas por la toma del poder, y en donde el fin de semana ocurrió una inusual petición el Primer Ministro encargado a la comunidad internacional: que Estados Unidos envíe tropas y Naciones Unidas fuerzas de paz al país para restablecer el orden público. Las señales de que Haití finalmente se convierta en un Estado fallido son cada vez más claras y preocupantes.

♦ Luego tenemos a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega desde hace varias semanas ha tenido una arremetida brutal contra los opositores que lo adversan, mientras se prepara para unas cuestionadas elecciones presidenciales a finales de año que a todas luces serán fraudulentas. En los últimos dos meses, el régimen de Ortega incrementó la persecución, apresando (hasta el momento) a 21 personas, entre ellas cinco candidatos opositores y algunos periodistas. Las detenciones han sido completamente arbitrarias, sin respeto a ninguna garantía procesal, por lo que deberían calificarse más bien de “secuestros”. Sobre este respecto, la OEA ha exigido la liberación de los presos políticos, la CIDH ha alertado sobre una “asfixia intensa” a las libertades políticas y civiles y también el gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a 100 funcionarios del régimen nicaragüense.

♦ Finalmente está Venezuela, donde si bien desde este año el régimen de Nicolás Maduro ha pretendido dar una apariencia de “apertura”, aún sigue apelando a la represión, al encarcelamiento de la disidencia y todavía siguen persistiendo fuertes violaciones a los DDHH, como expresó hace varios días la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Cabe acotar que estos cuatro países de la cuenca del Caribe, también se encuentran entre las naciones de la región con los índices sociales más bajos del continente, con más emigración forzada, con los peores niveles de transparencia y Estado de derecho y con menos desarrollo humano. La pregunta es ¿Qué puede hacer la comunidad internacional frente esta espiral indetenible de desgaste institucional y regresión democrática? ¿Cuáles son sus límites y cuál es su margen de maniobra?

Vale la pena analizar estos dilemas para abrir el debate en torno a temas torales como los límites de la soberanía y los límites de la acción internacional frente a la emergencia cada vez más significativa en América Latina (y a escasos kilómetros de los Estados Unidos) de “rogue states”, que son Estados que amenazan la paz mundial por sus sistemas totalitarios, promoción del terrorismo y violación de los DDHH (como Cuba, Nicaragua y Venezuela); pero también de “failed states”, que son Estados incapaces de ejercer control dentro de su propio territorio (como Haití) y que también representan amenazas graves a la seguridad hemisférica.

Con relación a América Latina, la administración de Biden ha mostrado mayor interés por el tema del Triángulo Norte de Centroamérica, sin embargo, la situación en el Área Circuncaribe presenta una inestabilidad y un deterioro tan pronunciado en estos momentos, que merece ponerle atención. Mientras la política de los Estados Unidos en la región es de repliegue y de apelar a que cada país resuelva internamente sus crisis, Rusia ha ofrecido redoblar su ayuda (incluso militar) a Cuba, Nicaragua y Venezuela frente a amenazas externas.

Alejándonos de ideas fantasiosas del garrote y las intervenciones unilaterales de los Estados Unidos, una ruta a tomar que sería poco dolorosa, poco cuestionada y con buenas posibilidades de ser efectiva, es apelar al “soft power” y aprovechar el desgaste que está provocando la crisis del Covid-19 en los gobiernos de la región para proponer un plan de rescate económico, condicionado a reformas de apertura política creíbles y de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Sin embargo, esto necesita de un gran compromiso del gobierno de los Estados Unidos hacia la región (y viceversa) y de una ingente asignación de recursos para invertir en esas capacidades que sólo verán fruto en el mediano y largo plazo y que, de todas formas, no garantizarán una transición democrática ni una re-institucionalización. Pero hay que comprender que esta es la factura de años de indiferencia hacia la región. La gran pregunta es si ahora que el vecindario comenzó a incendiarse ¿Habrá un cambio en la política exterior de los Estados Unidos hacia la región o seguirán pateando el balón hacia delante?

En 2021, el desgaste de las democracias y la represión a las libertades es cada vez más evidente en el hemisferio occidental. Todo pareciera apuntar a que nos dirigimos hacia un mundo cada vez más autoritario y la pandemia del Covid-19, ha venido a acelerar ese proceso. Los regímenes que ya eran híbridos o abiertamente autoritarios se han consolidado y han salido fortalecidos frente al manejo de la crisis; mientras que las democracias —en apariencia más caóticas por su dinámica deliberativa en la toma de decisiones— se han debilitado.

Frente a este escenario, cuatro países pertenecientes a la cuenca del Caribe latinoamericano plantean retos importantes para la comunidad internacional:

♦ El primero es Cuba, donde finalmente el 12 de julio, estallaron las protestas más grandes desde 1994. Debido a la férrea censura dentro de la isla y los cortes masivos a las telecomunicaciones, al día de hoy se desconoce todavía el saldo exacto de la represión, pero se sabe que ya hay varios muertos y desaparecidos por las protestas. Deberemos seguir de cerca los acontecimientos en los próximos días.

♦ También Haití, donde el 7 de julio fue asesinado el presidente Jovenel Moïse, lo que desató una lucha sin cuartel entre varias fracciones políticas por la toma del poder, y en donde el fin de semana ocurrió una inusual petición el Primer Ministro encargado a la comunidad internacional: que Estados Unidos envíe tropas y Naciones Unidas fuerzas de paz al país para restablecer el orden público. Las señales de que Haití finalmente se convierta en un Estado fallido son cada vez más claras y preocupantes.

♦ Luego tenemos a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega desde hace varias semanas ha tenido una arremetida brutal contra los opositores que lo adversan, mientras se prepara para unas cuestionadas elecciones presidenciales a finales de año que a todas luces serán fraudulentas. En los últimos dos meses, el régimen de Ortega incrementó la persecución, apresando (hasta el momento) a 21 personas, entre ellas cinco candidatos opositores y algunos periodistas. Las detenciones han sido completamente arbitrarias, sin respeto a ninguna garantía procesal, por lo que deberían calificarse más bien de “secuestros”. Sobre este respecto, la OEA ha exigido la liberación de los presos políticos, la CIDH ha alertado sobre una “asfixia intensa” a las libertades políticas y civiles y también el gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a 100 funcionarios del régimen nicaragüense.

♦ Finalmente está Venezuela, donde si bien desde este año el régimen de Nicolás Maduro ha pretendido dar una apariencia de “apertura”, aún sigue apelando a la represión, al encarcelamiento de la disidencia y todavía siguen persistiendo fuertes violaciones a los DDHH, como expresó hace varios días la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Cabe acotar que estos cuatro países de la cuenca del Caribe, también se encuentran entre las naciones de la región con los índices sociales más bajos del continente, con más emigración forzada, con los peores niveles de transparencia y Estado de derecho y con menos desarrollo humano. La pregunta es ¿Qué puede hacer la comunidad internacional frente esta espiral indetenible de desgaste institucional y regresión democrática? ¿Cuáles son sus límites y cuál es su margen de maniobra?

Vale la pena analizar estos dilemas para abrir el debate en torno a temas torales como los límites de la soberanía y los límites de la acción internacional frente a la emergencia cada vez más significativa en América Latina (y a escasos kilómetros de los Estados Unidos) de “rogue states”, que son Estados que amenazan la paz mundial por sus sistemas totalitarios, promoción del terrorismo y violación de los DDHH (como Cuba, Nicaragua y Venezuela); pero también de “failed states”, que son Estados incapaces de ejercer control dentro de su propio territorio (como Haití) y que también representan amenazas graves a la seguridad hemisférica.

Con relación a América Latina, la administración de Biden ha mostrado mayor interés por el tema del Triángulo Norte de Centroamérica, sin embargo, la situación en el Área Circuncaribe presenta una inestabilidad y un deterioro tan pronunciado en estos momentos, que merece ponerle atención. Mientras la política de los Estados Unidos en la región es de repliegue y de apelar a que cada país resuelva internamente sus crisis, Rusia ha ofrecido redoblar su ayuda (incluso militar) a Cuba, Nicaragua y Venezuela frente a amenazas externas.

Alejándonos de ideas fantasiosas del garrote y las intervenciones unilaterales de los Estados Unidos, una ruta a tomar que sería poco dolorosa, poco cuestionada y con buenas posibilidades de ser efectiva, es apelar al “soft power” y aprovechar el desgaste que está provocando la crisis del Covid-19 en los gobiernos de la región para proponer un plan de rescate económico, condicionado a reformas de apertura política creíbles y de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Sin embargo, esto necesita de un gran compromiso del gobierno de los Estados Unidos hacia la región (y viceversa) y de una ingente asignación de recursos para invertir en esas capacidades que sólo verán fruto en el mediano y largo plazo y que, de todas formas, no garantizarán una transición democrática ni una re-institucionalización. Pero hay que comprender que esta es la factura de años de indiferencia hacia la región. La gran pregunta es si ahora que el vecindario comenzó a incendiarse ¿Habrá un cambio en la política exterior de los Estados Unidos hacia la región o seguirán pateando el balón hacia delante?

Una agenda de estabilidad social y desarrollo económico.

James Harrington, uno de los padres del republicanismo moderno, escribió hacia finales del siglo XVII que la clave para la estabilidad política en una sociedad, era la difusión de la riqueza y de la propiedad. Por difusión de la riqueza, Harrington entendía como aquel estadío ideal en el cual la gran mayoría de ciudadanos alcanzarían la condición de propietarios, y tuvieran acceso a oportunidades de desarrollo que les permitirá alcanzar un nivel de vida digno.

La Guatemala del siglo XXI debe voltear a ver a las enseñanzas de Harrington. Los guatemaltecos tenemos vocación de propietarios y de emprendedores, y nos caracterizamos por el empeño que le ponemos al trabajo. No obstante, la vocación y el espíritu trabajador no han sido suficientes para generar un nivel de vida digno para las grandes mayorías.

Por ello, la institucionalidad debe promover una mayor difusión de la propiedad. Resulta de interés primordial adoptar políticas y legislación que permitan generar certeza sobre la propiedad de la gran mayoría de guatemaltecos. La regulación de la titulación supletoria y el tracto sucesivo resulta una necesidad estratégica para facilitar la legalización de la propiedad de miles de pequeños agricultores, y que de esta forma, puedan acceder a crédito.  

Debemos también fomentar el desarrollo y difusión de sistemas de ahorro y crédito. Facilitar que emprendedores tengan acceso a capital semilla, y que los pequeños productores puedan acceder a capital de trabajo. Debemos flexibilizar el mercado financiero, y reconocer y adoptar modalidades de financiamiento más horizontal. Propuestas normativas como tasas de interés preferencial para la adquisición de vivienda social constituyen mecanismos para abaratar el crédito y facilitar el acceso a la propiedad. También debe considerar la participación de más guatemaltecos en proyectos de inversión y en sociedades productivas, a través de un sistema de Bolsa de Valores que favorezca la inversión y el ahorro productivo.

Como país debemos fomentar también otras modalidades de propiedad y desarrollo productivo. El cooperativismo, la gestión productiva comunitaria, las modalidades de empresarialidad indígena y los encadenamientos horizontales y verticales, deben promoverse, puesto que permiten a miles de guatemaltecos potenciar su productividad, integrar esfuerzos de producción, comercialización y exportación.

Además, debemos trabajar en fortalecer el desarrollo de las capas medias. Debemos reconocer que la enseñanza técnica y la educación universitaria pública constituyen uno de los elevadores sociales más efectivos en las sociedades modernas. Apostar por Institutos de Capacitación y el desarrollo de centros universitarios en las ciudades intermedias y en los polos de desarrollo rural, resulta un imperativo de país para fortalecer a su clase media.

El objetivo es aspirar a alcanzar un Capitalismo más horizontal y competitivo: un sistema en el que la gran mayoría de guatemaltecos sean propietarios. El ejercicio de la empresarialidad y la propiedad privada deben ser vistos como una oportunidad de crecimiento para todos. Un país de propietarios, con mayor difusión de la riqueza, genera paz social, cohesión y estabilidad para todos.

Una agenda de estabilidad social y desarrollo económico.

James Harrington, uno de los padres del republicanismo moderno, escribió hacia finales del siglo XVII que la clave para la estabilidad política en una sociedad, era la difusión de la riqueza y de la propiedad. Por difusión de la riqueza, Harrington entendía como aquel estadío ideal en el cual la gran mayoría de ciudadanos alcanzarían la condición de propietarios, y tuvieran acceso a oportunidades de desarrollo que les permitirá alcanzar un nivel de vida digno.

La Guatemala del siglo XXI debe voltear a ver a las enseñanzas de Harrington. Los guatemaltecos tenemos vocación de propietarios y de emprendedores, y nos caracterizamos por el empeño que le ponemos al trabajo. No obstante, la vocación y el espíritu trabajador no han sido suficientes para generar un nivel de vida digno para las grandes mayorías.

Por ello, la institucionalidad debe promover una mayor difusión de la propiedad. Resulta de interés primordial adoptar políticas y legislación que permitan generar certeza sobre la propiedad de la gran mayoría de guatemaltecos. La regulación de la titulación supletoria y el tracto sucesivo resulta una necesidad estratégica para facilitar la legalización de la propiedad de miles de pequeños agricultores, y que de esta forma, puedan acceder a crédito.  

Debemos también fomentar el desarrollo y difusión de sistemas de ahorro y crédito. Facilitar que emprendedores tengan acceso a capital semilla, y que los pequeños productores puedan acceder a capital de trabajo. Debemos flexibilizar el mercado financiero, y reconocer y adoptar modalidades de financiamiento más horizontal. Propuestas normativas como tasas de interés preferencial para la adquisición de vivienda social constituyen mecanismos para abaratar el crédito y facilitar el acceso a la propiedad. También debe considerar la participación de más guatemaltecos en proyectos de inversión y en sociedades productivas, a través de un sistema de Bolsa de Valores que favorezca la inversión y el ahorro productivo.

Como país debemos fomentar también otras modalidades de propiedad y desarrollo productivo. El cooperativismo, la gestión productiva comunitaria, las modalidades de empresarialidad indígena y los encadenamientos horizontales y verticales, deben promoverse, puesto que permiten a miles de guatemaltecos potenciar su productividad, integrar esfuerzos de producción, comercialización y exportación.

Además, debemos trabajar en fortalecer el desarrollo de las capas medias. Debemos reconocer que la enseñanza técnica y la educación universitaria pública constituyen uno de los elevadores sociales más efectivos en las sociedades modernas. Apostar por Institutos de Capacitación y el desarrollo de centros universitarios en las ciudades intermedias y en los polos de desarrollo rural, resulta un imperativo de país para fortalecer a su clase media.

El objetivo es aspirar a alcanzar un Capitalismo más horizontal y competitivo: un sistema en el que la gran mayoría de guatemaltecos sean propietarios. El ejercicio de la empresarialidad y la propiedad privada deben ser vistos como una oportunidad de crecimiento para todos. Un país de propietarios, con mayor difusión de la riqueza, genera paz social, cohesión y estabilidad para todos.

La salida que parece más feliz es que Guatemala renegocie dicho contrato. Quizás pueda renegociar la compra de la mitad de las dosis. Con esto liberaría US$79.8 millones del presupuesto para poder negociar vacunas con otros proveedores. Ya veremos en qué termina la novela.

Que la vacunación contra la COVID-19 está siendo un auténtico fracaso no admite demasiadas dudas. Al 7 de julio el portal de Our World in Data reflejaba que solo el 4.62% de la población guatemalteca había recibido al menos una dosis de la vacuna.

De acuerdo, no podemos compararnos con los países ricos que han llegado antes a comprar vacunas, que cuentan con más recursos o que incluso financiaron la I+D de algunas vacunas. Pero lo cierto es que Nicaragua es el único país latinoamericano que está detrás de Guatemala. Luego, todos los países latinoamericanos tienen mejores cifras que nosotros en cuanto a ritmo de vacunación.

Aunque el presidente ha culpado del retraso a sus autoridades sanitarias por “insistir” en el mecanismo COVAX, lo cierto es que desde un principio estaba claro que este mecanismo únicamente garantizaba vacunas para el 20% de la población para finales de 2021. Así que esto no parece una excusa válida. Para colmo, para recibir donaciones era necesario aprobar una ley para eximir de responsabilidad a las farmacéuticas. Fue hasta el 1 de julio que el Congreso aprobó el decreto 8-2021 que se publicó el 6 de juilio en el Diario Oficial.

En cambio, el gobierno optó por poner todos los huevos en una sola canasta y celebró un contrato para obtener 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V con el Fondo Ruso de Inversión Directa (FIDR). El contrato ha recibido duras críticas desde la inicial cláusula de confidencialidad que no ha impedido que el contrato se filtrara.

Algunas críticas no son centrales y nos distraen del verdadero problema. Por ejemplo, se reclama haber firmado el contrato con un supuesto intermediario, Human Vaccine. Sin embargo, no parece ser el caso. Según vemos, aparentemente se trata de la compañía rusa que comercializa las vacunas Sputnik. Para muestra el acuerdo que suscribió la propia UNICEF para suministro de vacunas con Human Vaccine.

También Hungría, Eslovaquia u Honduras celebraron contratos de compra de vacunas con Human Vaccine como se puede leer. Tampoco le pondría importancia a las cláusulas relativas a propiedad intelectual o a la reventa. Son cláusulas relativamente estándar en una negociación de ese tipo.

Lo que queda claro es que fue una torpeza absoluta apostar a comprarle el 80% de las dosis necesarias a un solo proveedor. Sobre todo, por hacerlo con condiciones absolutamente desfavorables: la compañía rusa no es responsable por retrasos en producción (como efectivamente es el caso), pagar por anticipado US$79.8 millones, entre otras.

Bolivia, que no es precisamente un modelo de éxito en la vacunación, con una población de 11.5 millones, compró desde diciembre de 2020 a Rusia vacunas para 2.6 millones. Bolivia, además está dentro del mecanismo COVAX, compró también a Sinopharm y recién canceló su contrato con Astra Zeneca ante incumplimiento de entregas.

Incluso Honduras, que está dentro de los países más atrasados en la vacunación (aunque ha vacunado al 8.54% de su población, más que Guatemala) y que tampoco es un modelo a seguir, diversificó su portafolio de compras mejor que nosotros.

Ante esta realidad cabe preguntarse, ¿qué opciones hay para agilizar la compra de vacunas? El decreto 1-2021 otorgó Q1,500 millones para la compra de vacunas. Con el contrato de Sputnik V se comprometieron Q1,229 millones. Ya no quedaría más que unos Q270 millones o US$34 millones.

En algún caso se ha planteado declarar lesivo el contrato. Es una ruta que se debe analizar con mucha atención. En el caso entre Railroad Development Co. V. República de Guatemala, el caso de la ferroviaria, Guatemala perdió el arbitraje al declarar lesivo un contrato de usufructo que había otorgado a la empresa porque el tribunal arbitral consideró que se violó el estándar mínimo de protección.

Son casos distintos, pero habrá que consultar con los expertos las posibles implicaciones de una salida como esta. El acuerdo de protección de inversión con la Federación Rusa aun no se ha ratificado.

La salida que parece más feliz es que Guatemala renegocie dicho contrato. Quizás pueda renegociar la compra de la mitad de las dosis. Con esto liberaría US$79.8 millones del presupuesto para poder negociar vacunas con otros proveedores. Ya veremos en qué termina la novela.

La salida que parece más feliz es que Guatemala renegocie dicho contrato. Quizás pueda renegociar la compra de la mitad de las dosis. Con esto liberaría US$79.8 millones del presupuesto para poder negociar vacunas con otros proveedores. Ya veremos en qué termina la novela.

Que la vacunación contra la COVID-19 está siendo un auténtico fracaso no admite demasiadas dudas. Al 7 de julio el portal de Our World in Data reflejaba que solo el 4.62% de la población guatemalteca había recibido al menos una dosis de la vacuna.

De acuerdo, no podemos compararnos con los países ricos que han llegado antes a comprar vacunas, que cuentan con más recursos o que incluso financiaron la I+D de algunas vacunas. Pero lo cierto es que Nicaragua es el único país latinoamericano que está detrás de Guatemala. Luego, todos los países latinoamericanos tienen mejores cifras que nosotros en cuanto a ritmo de vacunación.

Aunque el presidente ha culpado del retraso a sus autoridades sanitarias por “insistir” en el mecanismo COVAX, lo cierto es que desde un principio estaba claro que este mecanismo únicamente garantizaba vacunas para el 20% de la población para finales de 2021. Así que esto no parece una excusa válida. Para colmo, para recibir donaciones era necesario aprobar una ley para eximir de responsabilidad a las farmacéuticas. Fue hasta el 1 de julio que el Congreso aprobó el decreto 8-2021 que se publicó el 6 de juilio en el Diario Oficial.

En cambio, el gobierno optó por poner todos los huevos en una sola canasta y celebró un contrato para obtener 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V con el Fondo Ruso de Inversión Directa (FIDR). El contrato ha recibido duras críticas desde la inicial cláusula de confidencialidad que no ha impedido que el contrato se filtrara.

Algunas críticas no son centrales y nos distraen del verdadero problema. Por ejemplo, se reclama haber firmado el contrato con un supuesto intermediario, Human Vaccine. Sin embargo, no parece ser el caso. Según vemos, aparentemente se trata de la compañía rusa que comercializa las vacunas Sputnik. Para muestra el acuerdo que suscribió la propia UNICEF para suministro de vacunas con Human Vaccine.

También Hungría, Eslovaquia u Honduras celebraron contratos de compra de vacunas con Human Vaccine como se puede leer. Tampoco le pondría importancia a las cláusulas relativas a propiedad intelectual o a la reventa. Son cláusulas relativamente estándar en una negociación de ese tipo.

Lo que queda claro es que fue una torpeza absoluta apostar a comprarle el 80% de las dosis necesarias a un solo proveedor. Sobre todo, por hacerlo con condiciones absolutamente desfavorables: la compañía rusa no es responsable por retrasos en producción (como efectivamente es el caso), pagar por anticipado US$79.8 millones, entre otras.

Bolivia, que no es precisamente un modelo de éxito en la vacunación, con una población de 11.5 millones, compró desde diciembre de 2020 a Rusia vacunas para 2.6 millones. Bolivia, además está dentro del mecanismo COVAX, compró también a Sinopharm y recién canceló su contrato con Astra Zeneca ante incumplimiento de entregas.

Incluso Honduras, que está dentro de los países más atrasados en la vacunación (aunque ha vacunado al 8.54% de su población, más que Guatemala) y que tampoco es un modelo a seguir, diversificó su portafolio de compras mejor que nosotros.

Ante esta realidad cabe preguntarse, ¿qué opciones hay para agilizar la compra de vacunas? El decreto 1-2021 otorgó Q1,500 millones para la compra de vacunas. Con el contrato de Sputnik V se comprometieron Q1,229 millones. Ya no quedaría más que unos Q270 millones o US$34 millones.

En algún caso se ha planteado declarar lesivo el contrato. Es una ruta que se debe analizar con mucha atención. En el caso entre Railroad Development Co. V. República de Guatemala, el caso de la ferroviaria, Guatemala perdió el arbitraje al declarar lesivo un contrato de usufructo que había otorgado a la empresa porque el tribunal arbitral consideró que se violó el estándar mínimo de protección.

Son casos distintos, pero habrá que consultar con los expertos las posibles implicaciones de una salida como esta. El acuerdo de protección de inversión con la Federación Rusa aun no se ha ratificado.

La salida que parece más feliz es que Guatemala renegocie dicho contrato. Quizás pueda renegociar la compra de la mitad de las dosis. Con esto liberaría US$79.8 millones del presupuesto para poder negociar vacunas con otros proveedores. Ya veremos en qué termina la novela.

El Gobierno no ha logrado acceder a un número suficiente de vacunas para iniciar la inmunización masiva de guatemaltecos, al tiempo en que la venida de nuevas cepas del Covid-19 y el relajamiento social generan un incremento de casos, saturación de hospitales y un aumento de muertes. De ahí que se respire tanta volatilidad en el ambiente.

Alexis de Tocqueville lo definió como “la decadencia del Antiguo Régimen”. Hegel, y más adelante los dialécticos, calificaban dichos episodios como “la aceleración de las contradicciones”. Duverger y Michels lo conceptualizaron hablando sobre la “estasiología del cambio”.

Llámele como usted prefiera y bajo la interpretación doctrinaria que más le guste. Pero al final, los tres hacen referencia a un mismo momento en todo proceso de crisis, transformación política o revolución: la pérdida de legitimidad de un sistema a los ojos de la ciudadanía.

Pasemos de lo abstracto a lo concreto. En la historia reciente de Guatemala, el año 2015 constituyó lo más cercano a un quiebre de lo viejo con lo nuevo; o por lo menos constituye la crisis de mayor envergadura desde el Serranazo. Esa crisis estuvo precedida por una fase de “decadencia”, “aceleración de contradicciones” o “estasiología del cambio”. Entre 2013 y 2015, el país vivió un colapso de su sistema de salud pública, mientras la corrupción rampante de la administración Patriota generaba niveles históricos de rechazo al Gobierno. En ese momento, Roxana Baldetti se convirtió en la personificación de un sistema utilizado para el saqueo y el enriquecimiento ilícito por unos pocos, en detrimento de muchos.

Ese contexto sirvió de antesala a la experiencia de la depuración judicial por la vía de los casos de corrupción. No podemos entender la plaza y las históricas manifestaciones del 2015 sin entender el hartazgo social con la corrupción, la degradación criminal de los partidos y la decadencia en la calidad de los servicios públicos de los años anteriores.

Hoy, la sensación parece repetirse, con algunos agravantes. Ya en 2019, los 450,000 votos a favor de Thelma Cabrera y el MLP mostraba la existencia de un sentimiento anti-sistema en estratos medios y medios-bajos del corredor urbano y rur-urbano de Guatemala hacia el Occidente. En 2020, la pandemia Covid-19 provocó la peor crisis económica internacional, la pérdida de más de 60,000 empleos formales y una merma en el nivel de ingresos (y por ende en calidad de vida) para cientos de miles de personas de estratos medios urbanos. En este sentido, las manifestaciones de noviembre 2020 y el rechazo tan visceral al Presupuesto 2021 no pueden entenderse sin ver ese contexto inmediato.

Con tales antecedentes, la chambonería sistémica en la conducción del proceso de vacunación y la cuarta ola de Covid-19 se convierte en una especie de catalizador de esta volátil solución sociopolítica.

Las clases medias hoy muestran un nivel de desesperanza que no se veía en años. A pesar de la disponibilidad de recursos, el Gobierno no ha logrado acceder a un número suficiente de vacunas para iniciar la inmunización masiva de guatemaltecos, al tiempo en que la venida de nuevas cepas del Covid-19 y el relajamiento social generan un incremento de casos, saturación de hospitales y un aumento de muertes. De ahí que se respire tanta volatilidad en el ambiente.

Dicho en jerga más académica, las condiciones propicias para vivir “la decadencia del Antiguo Régimen”, “la aceleración de las contradicciones” o “la estasiología del cambio” están más que presentes.

Cual tonel de combustible, el riesgo es que cualquier evento exógeno pueda constituir el fosforazo que convierta la energía potencial del rechazo en energía cinética de movilizaciones. En 2015, el evento exógeno fue el caso la Línea. En 2020, fue la golpeada y oscura aprobación del Presupuesto. En ambos casos, nadie los vio venir. Pero el combustible siempre estuvo ahí.

El Gobierno no ha logrado acceder a un número suficiente de vacunas para iniciar la inmunización masiva de guatemaltecos, al tiempo en que la venida de nuevas cepas del Covid-19 y el relajamiento social generan un incremento de casos, saturación de hospitales y un aumento de muertes. De ahí que se respire tanta volatilidad en el ambiente.

Alexis de Tocqueville lo definió como “la decadencia del Antiguo Régimen”. Hegel, y más adelante los dialécticos, calificaban dichos episodios como “la aceleración de las contradicciones”. Duverger y Michels lo conceptualizaron hablando sobre la “estasiología del cambio”.

Llámele como usted prefiera y bajo la interpretación doctrinaria que más le guste. Pero al final, los tres hacen referencia a un mismo momento en todo proceso de crisis, transformación política o revolución: la pérdida de legitimidad de un sistema a los ojos de la ciudadanía.

Pasemos de lo abstracto a lo concreto. En la historia reciente de Guatemala, el año 2015 constituyó lo más cercano a un quiebre de lo viejo con lo nuevo; o por lo menos constituye la crisis de mayor envergadura desde el Serranazo. Esa crisis estuvo precedida por una fase de “decadencia”, “aceleración de contradicciones” o “estasiología del cambio”. Entre 2013 y 2015, el país vivió un colapso de su sistema de salud pública, mientras la corrupción rampante de la administración Patriota generaba niveles históricos de rechazo al Gobierno. En ese momento, Roxana Baldetti se convirtió en la personificación de un sistema utilizado para el saqueo y el enriquecimiento ilícito por unos pocos, en detrimento de muchos.

Ese contexto sirvió de antesala a la experiencia de la depuración judicial por la vía de los casos de corrupción. No podemos entender la plaza y las históricas manifestaciones del 2015 sin entender el hartazgo social con la corrupción, la degradación criminal de los partidos y la decadencia en la calidad de los servicios públicos de los años anteriores.

Hoy, la sensación parece repetirse, con algunos agravantes. Ya en 2019, los 450,000 votos a favor de Thelma Cabrera y el MLP mostraba la existencia de un sentimiento anti-sistema en estratos medios y medios-bajos del corredor urbano y rur-urbano de Guatemala hacia el Occidente. En 2020, la pandemia Covid-19 provocó la peor crisis económica internacional, la pérdida de más de 60,000 empleos formales y una merma en el nivel de ingresos (y por ende en calidad de vida) para cientos de miles de personas de estratos medios urbanos. En este sentido, las manifestaciones de noviembre 2020 y el rechazo tan visceral al Presupuesto 2021 no pueden entenderse sin ver ese contexto inmediato.

Con tales antecedentes, la chambonería sistémica en la conducción del proceso de vacunación y la cuarta ola de Covid-19 se convierte en una especie de catalizador de esta volátil solución sociopolítica.

Las clases medias hoy muestran un nivel de desesperanza que no se veía en años. A pesar de la disponibilidad de recursos, el Gobierno no ha logrado acceder a un número suficiente de vacunas para iniciar la inmunización masiva de guatemaltecos, al tiempo en que la venida de nuevas cepas del Covid-19 y el relajamiento social generan un incremento de casos, saturación de hospitales y un aumento de muertes. De ahí que se respire tanta volatilidad en el ambiente.

Dicho en jerga más académica, las condiciones propicias para vivir “la decadencia del Antiguo Régimen”, “la aceleración de las contradicciones” o “la estasiología del cambio” están más que presentes.

Cual tonel de combustible, el riesgo es que cualquier evento exógeno pueda constituir el fosforazo que convierta la energía potencial del rechazo en energía cinética de movilizaciones. En 2015, el evento exógeno fue el caso la Línea. En 2020, fue la golpeada y oscura aprobación del Presupuesto. En ambos casos, nadie los vio venir. Pero el combustible siempre estuvo ahí.

La pregunta del millón es cuándo tronará la alianza coyuntural engendrada en el 2018. El punto de quiebre puede ser la chambonería en el proceso de vacunación; el avance selectivo en la agenda legislativa; o quizá los conflictos naturales por la repartición de cuotas de poder de cara a las elecciones 2023.

Corría el año 2018. Los casos impulsados por FECI y CICIG tenían al sistema en jaque. La administración bicéfala de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti había generado tal centralidad en la corrupción, que prácticamente cualquier camino de investigación provenía o culminaba en la pareja presidencial.

Con el paso de los meses, se develaron casos sobre corrupción en aduanas, en la proveeduría de medicamentos, en puertos, en la obra gris, etc., etc. y un largo etcétera. Diputados, ministros, secretarios, políticos opositores, gestores de negocios, uno a uno, fueron detenidos y presentados ante la justicia.

La otra cara de la moneda era entender la lógica del financiamiento de la política: el acceso al saqueo de fondos públicos requería el pago de un derecho de picaporte, mediante aportes a las campañas electorales. Sin embargo, el avance en las investigaciones sobre financiamiento electoral empezó a poner nerviosos a decenas de actores de las élites tradicionales.

Dos rutas tangenciales complementaban el esfuerzo anterior. Investigaciones sobre el despojo de propiedades en la zona de Izabal y Petén por parte de la Red de los Mendoza o la vinculación de personajes políticos con el cartel de los Huistas ponían en la picota el avance del narco en política. La otra ruta tangencial, eran los casos sobre violaciones a derechos humanos acaecidas durante el Conflicto Armado, casos que sentaban en el banquillo de acusados a prominentes elementos del estamento militar.

Así, para 2018, existía un abanico variopinto de actores interesados en poner fin a esta primavera judicial. Originalmente, esta amplia amalgama de actores encontró en el entonces alcalde Álvaro Arzú el estandarte de oposición. Luego de su fallecimiento, la estafeta pasó a manos del Presidente Jimmy Morales, quien desde abril 2018 lideró el esfuerzo por reducir el margen de actuación de MP-CICIG, ahogar a sus aliados políticos -nacionales e internacionales- y eventualmente, poner fin a la ofensiva judicial.

Esa fue la agenda común hasta septiembre 2019, cuando finalmente concluyó el mandato de la Comisión Internacional. El siguiente esfuerzo común era tomar control de las cortes. Razón por la cual la alineación de intereses se mantuvo intacta hasta el primer trimestre 2021.

Sin embargo, cual alianza ganadora en un proceso político, el interés común ha sido superado: La CICIG fue expulsada; las cortes tomadas; los aliados ahogados. Sin un nuevo interés en común, esa amalgama de actores diversos ya no tiene razón de mantener su cohesión.

La primera fuente de tensión es eminentemente sociológica. Para los actores de élite resulta incómodo compartir banqueta con actores provenientes del capital emergente, algunos grises otros abiertamente oscuros. Lo saben y la presión por marcar distancia sube con el paso de los días.

La segunda fuente de tensión es la repartición de las cuotas de poder dentro del sistema que defendieron. Así, la Ley de Infraestructura, la Alianza Público-Privada para la concesión de la Autopista a Puerto Quetzal o varias leyes necesarias para la reactivación económica quedan condenadas a dormir el sueño de los justos, puesto que los políticos no quieren ceder su control de espacios de negocios con actores de la élite.

De tal forma, una alianza que resultó funcional para cumplir con un interés en 2018-2021 pareciera que ha perdido su razón de ser. Quizá el temor a una supuesta marea roja sea suficiente como para mantener a los actores de la élite cerca de sus incómodos amigos coyunturales. Pero al final del día, todos sabemos que en el fondo esa supuesta marea no es más que una pesadilla surreal al puro estilo de Hitchcock.

La pregunta del millón es cuándo tronará la alianza coyuntural engendrada en el 2018. El punto de quiebre puede ser la chambonería en el proceso de vacunación; el avance selectivo en la agenda legislativa; o quizá los conflictos naturales por la repartición de cuotas de poder de cara a las elecciones 2023.

La pregunta del millón es cuándo tronará la alianza coyuntural engendrada en el 2018. El punto de quiebre puede ser la chambonería en el proceso de vacunación; el avance selectivo en la agenda legislativa; o quizá los conflictos naturales por la repartición de cuotas de poder de cara a las elecciones 2023.

Corría el año 2018. Los casos impulsados por FECI y CICIG tenían al sistema en jaque. La administración bicéfala de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti había generado tal centralidad en la corrupción, que prácticamente cualquier camino de investigación provenía o culminaba en la pareja presidencial.

Con el paso de los meses, se develaron casos sobre corrupción en aduanas, en la proveeduría de medicamentos, en puertos, en la obra gris, etc., etc. y un largo etcétera. Diputados, ministros, secretarios, políticos opositores, gestores de negocios, uno a uno, fueron detenidos y presentados ante la justicia.

La otra cara de la moneda era entender la lógica del financiamiento de la política: el acceso al saqueo de fondos públicos requería el pago de un derecho de picaporte, mediante aportes a las campañas electorales. Sin embargo, el avance en las investigaciones sobre financiamiento electoral empezó a poner nerviosos a decenas de actores de las élites tradicionales.

Dos rutas tangenciales complementaban el esfuerzo anterior. Investigaciones sobre el despojo de propiedades en la zona de Izabal y Petén por parte de la Red de los Mendoza o la vinculación de personajes políticos con el cartel de los Huistas ponían en la picota el avance del narco en política. La otra ruta tangencial, eran los casos sobre violaciones a derechos humanos acaecidas durante el Conflicto Armado, casos que sentaban en el banquillo de acusados a prominentes elementos del estamento militar.

Así, para 2018, existía un abanico variopinto de actores interesados en poner fin a esta primavera judicial. Originalmente, esta amplia amalgama de actores encontró en el entonces alcalde Álvaro Arzú el estandarte de oposición. Luego de su fallecimiento, la estafeta pasó a manos del Presidente Jimmy Morales, quien desde abril 2018 lideró el esfuerzo por reducir el margen de actuación de MP-CICIG, ahogar a sus aliados políticos -nacionales e internacionales- y eventualmente, poner fin a la ofensiva judicial.

Esa fue la agenda común hasta septiembre 2019, cuando finalmente concluyó el mandato de la Comisión Internacional. El siguiente esfuerzo común era tomar control de las cortes. Razón por la cual la alineación de intereses se mantuvo intacta hasta el primer trimestre 2021.

Sin embargo, cual alianza ganadora en un proceso político, el interés común ha sido superado: La CICIG fue expulsada; las cortes tomadas; los aliados ahogados. Sin un nuevo interés en común, esa amalgama de actores diversos ya no tiene razón de mantener su cohesión.

La primera fuente de tensión es eminentemente sociológica. Para los actores de élite resulta incómodo compartir banqueta con actores provenientes del capital emergente, algunos grises otros abiertamente oscuros. Lo saben y la presión por marcar distancia sube con el paso de los días.

La segunda fuente de tensión es la repartición de las cuotas de poder dentro del sistema que defendieron. Así, la Ley de Infraestructura, la Alianza Público-Privada para la concesión de la Autopista a Puerto Quetzal o varias leyes necesarias para la reactivación económica quedan condenadas a dormir el sueño de los justos, puesto que los políticos no quieren ceder su control de espacios de negocios con actores de la élite.

De tal forma, una alianza que resultó funcional para cumplir con un interés en 2018-2021 pareciera que ha perdido su razón de ser. Quizá el temor a una supuesta marea roja sea suficiente como para mantener a los actores de la élite cerca de sus incómodos amigos coyunturales. Pero al final del día, todos sabemos que en el fondo esa supuesta marea no es más que una pesadilla surreal al puro estilo de Hitchcock.

La pregunta del millón es cuándo tronará la alianza coyuntural engendrada en el 2018. El punto de quiebre puede ser la chambonería en el proceso de vacunación; el avance selectivo en la agenda legislativa; o quizá los conflictos naturales por la repartición de cuotas de poder de cara a las elecciones 2023.