Mientras el mundo batalla una de las peores desgracias de los últimos 50 años, los beneficios de la globalización se vuelven a poner sobre la mesa del debate internacional.

La tecnología nos permite interactuar con personas que se encuentran a kilómetros de distancia sin siquiera movernos de nuestros hogares. Hacer transacciones en cualquier parte del mundo es tan sencillo como dar un click. La globalización nos ofrece un mundo interconectado en el que es posible satisfacer nuestras necesidades y perseguir nuestros objetivos de manera más sencilla.

La información disponible del mundo entero y en tiempo real puede estar en la palma de nuestras manos. Todo esto es producto de años de la creatividad humana que propone soluciones a los problemas de siempre; y el ingenio de otros que nos permite soñar con la posibilidad de un nuevo y mejor futuro.

Ahora bien, la historia es testigo de que en la medida en la que el mundo se ha vuelto más complejo, sus problemas también se han intensificado. Juntos hemos enfrentado amenazas comunes como las pandemias, las guerras y los desastres naturales. Este año, y de manera inesperada, nos enfrentarnos a una de ellas.

La peste negra, la cólera y la gripe española -por mencionar algunas de las peores pandemias- provocaron la muerte de varios miles de millones de personas. Pero la experiencia acumulada y la innovación nos han permitido hacerles frente de manera más efectiva. Una tendencia consistente es que en la medida en la que la razón humana y la tecnología se combinan, se produce una reducción gradual en las tasas de mortalidad para estas enfermedades.

La expansión de nuestras redes sociales y comerciales implica responsabilidad en muchos aspectos. La libertad de interactuar con personas en otras partes del mundo es – y debe ser- inseparable de la responsabilidad de las acciones en lo individual para hacer de nuestro mundo un lugar mejor.

Ante la amenaza global que enfrentamos, muchos gobiernos han cerrado sus fronteras. Cientos de noticias con desinformación han viajado a través del mundo provocando pánico para quienes las leen. Ese miedo nos ha arrojado a creer que la interconectividad que disponemos hoy nos ha vuelto más vulnerables. No quedan dudas que hay algunos riesgos en las múltiples transacciones que ocurren a diario, sin embargo, los beneficios los superan por mucho y en todo caso, es la misma globalización la que nos ofrece alternativas para ellos.

La globalización no nos hace más débiles, por el contrario, más fuertes. Es a través de esa capacidad de generar más y mejor conocimiento que se logran encontrar soluciones a problemas complejos como el que hoy enfrentamos. Es unidos, como siempre lo hemos hecho- y con el intelecto de muchos individuos trabajando al unísono para dar respuestas a las encrucijadas de los tiempos que lograremos sobreponernos una vez más a esta amenaza común.  

La globalización no debe ser vista como un enemigo, sino, como lo que es y debe seguir siendo, nuestro mejor aliado.

La política en la era de la posverdad se ha encontrado con la pandemia del Coronavirus. La precisión de las declaraciones de los gobiernos podría tener consecuencias de vida o muerte. Es importante que informen correctamente a la población.

A medida que las autoridades de salud pública en todo el mundo luchan contra el nuevo Coronavirus, COVID-19 siendo su nombre correcto, existen otros obstáculos a los que también debemos ponerles atención: la desconfianza en los medios de comunicación, declaraciones irresponsables de los gobernantes y la desinformación en redes sociales.

El COVID-19, al igual que otras enfermedades del pasado, viene acompañado de teorías de conspiración que se han propagado tan rápidamente como el propio virus. Se comparten recetas mágicas para curar el virus por grupos de Whatsapp, videos que generan pánico en la población y hasta mensajes de racismo que asegura que todo es culpa de los chinos.

En la era de la polarización y la “posverdad”, la vida de miles de personas depende en gran parte en el uso responsable de la información. Los gobernantes y las autoridades del sistema de salud tienen una tarea titánica. A pesar de esto, presidentes como AMLO y Trump se burlan de la crisis y llaman a darse abrazos fraternales o se niegan a hacerse las pruebas de diagnóstico, respectivamente. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya considera el brote del nuevo Coronavirus como una pandemia y solicita a los gobiernos a activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias; comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse; encontrar, aislar, probar y tratar cada caso de COVID-19 y rastrear a las personas con las que haya estado en contacto.

Guatemala, con un sistema de salud tan débil, necesita de la prevención para hacerle frente a COVID-19. El presidente y autoridades locales tienen la obligación de comunicar en todos los idiomas del país los protocolos de higiene. La OMS indica que es importante lavarse las manos con frecuencia, usar geles hidroalcohólicos, mantener una distancia mínima de un metro con aquellas personas que tengan síntomas asociados a la enfermedad, y evitar tocarse la boca, nariz u ojos.¹ 

Cuando hablamos de prevención, también debemos pensar en la información que leemos y compartimos; es muy importante verificar que este contenido sea cierto. Podría haber varios efectos devastadores con toda la información falsa que está circulando. Ya tenemos personas vaciando los supermercados; el siguiente nivel son los asaltos por la histeria masiva, creyendo que el mundo está a punto de terminar. O, peor aún, aquellos que se niegan a creer que la enfermedad es realmente una amenaza y, a su vez, descartan la importancia de lavarse las manos o ir al hospital si están enfermos, o incluso confiar en sus médicos.

En un mundo tan saturado de información, las consecuencias de un mal manejo de la comunicación sobre el COVID-19 son vida o muerte. Los ciudadanos debemos saber escuchar las voces correctas y los gobernantes necesitan precisión en sus declaraciones. El impacto de esta enfermedad en los países depende en gran parte de esto.

La divulgación de contenido falso y malicioso sobre el Coronavirus ha sido un drástico recordatorio de la batalla cuesta arriba que realizan los investigadores y las empresas de internet. Facebook, YouTube y Twitter indicaron que están esforzándose para que la gente se dirija a fuentes confiables de información médica, y tenga líneas directas de comunicación con la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.²

En Guatemala ya tenemos el primer caso de COVID-19. Aprendamos las lecciones de Italia y España, donde sus gobernantes y ciudadanos no actuaron a tiempo; y son unos de los países con el mayor índice de propagación en Europa. Busquemos la prevención y exijamos a nuestros gobernantes decisiones responsables al respecto.

Referencias:

1. https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
2. https://www.nytimes.com/es/2020/03/10/espanol/negocios/coronavirus-desinformacion-redes-sociales.html?te=1&nl=el-times&emc=edit_bn_20200313&campaign_id=42&instance_id=16694&segment_id=22167&user_id=64e238e22256ab77f12fbba56b4999ff&regi_id=8959005620200313

Revolución de la movilidad, revolución de la información, interconexión global

Cuando el 31 de diciembre pasado se anunciaba el brote de una nueva cepa de Coronavirus en la provincia de Wuhan, China, la expectativa de afectar nuestras vidas cotidianas parecía remota. En 30 días, el número de pacientes afectados por el brote rondaba los 10,000. En 45 días, China, Corea del Sur, Irán e Italia eran los países más afectados por el brote y el número de afectados superaba los 70,000.

Para el día 60, el número de casos ya rondaba entorno a los 100,000 en más de 120 países.

Sin embargo, a partir del día 60 (1 de marzo) hasta ayer, la expansión de la enfermedad a nivel global ha crecido exponencialmente. En los 16 días de marzo, el número de casos identificados fuera de la China pasó de 8,000 a 88,000. Vivimos entonces la fase del crecimiento exponencial de la pandemia. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud formalmente reconoció al Covid-2019 como una “pandemia”.

En el ínterin, en Guatemala se respiraba un aura de tranquilidad. El reconocimiento tácito de nuestra posición tangencial dentro de la aldea global aunado a los controles aeroportuarios instalados desde la última semana de febrero así pensar que la pandemia nos afectaría marginalmente.

Hasta que eventualmente llegó. Primero, vía un turista que recién había visitado Italia (uno de los cuatro países más afectados originalmente) y luego, vía un grupo de visitantes a España. Y así, la revolución de la movilidad que Moisés Naím ha descrito, y que es una de las grandes manifestaciones de la aldea global del XXI nos trajo la pandemia a casa.

Sin embargo, otros fenómenos propios de la aldea global generan externalidades negativas. La revolución de la información, que nos permite seguir la evolución de la pandemia en tiempo real, genera una sobreabundancia de información. Las fake news proliferan, la desinformación fluye segundo a segundo y el pánico se multiplica con agilidad. ¿Cómo explicar entonces que en Guatemala, como en otros países de la región, escaseó el papel higiénico aún cuando no había casos confirmados ni se había implementado medidas de restricción de movilidad humana?

Así la respuesta de Gobierno ha sido efectiva. Los controles aeroportuarios tempranos permitieron identificar al universo de riesgo potencial con relativa facilidad (viajeros que visitaron países afectados por la pandemia). La suspensión de actividades educativas, deportivas, religiosas y espectáculos públicos se encamina ahora a limitar la propagación de focos de contagio local. El cierre de fronteras (gradual primero y absoluto ahora) se encamina a evitar que nuevos focos de contagio ingresen al país mientras las autoridades se enfocan en mantener bajo cuarentena y vigilancia los posibles focos de contagio local.

Previsiblemente, la siguiente fase será la limitación de la actividad cotidiana. La suspensión de ciertas actividades laborales y comerciales, el cierre de oficinas públicas, o incluso, la limitación de cualquier servicio no-esencial, tal y como ha ocurrido en Italia y España.

En cualquier escenario, el impacto social y económico será sensible. Sólo la cancelación de las actividades religiosas de Cuaresma (y quizá también) de Semana Santa implica una pérdida de varios cientos de millones de quetzales para los sectores turismo, alimentos, servicios, transporte, etc.  A ello sumemos el impacto en las cadenas de suministro globales. Ante este escenario, el siguiente paso para asegurar la oxigenación de la economía nacional requiere de una política monetaria tendiente a reducir tasas de interés, a implementar moratorias fiscales o flexibilidad de regulaciones laborales, que permitan mitigar la inminente desaceleración económica.

Y así como la pandemia llegó por la revolución de la movilidad, la revolución de las ideas y el libre flujo de información propio de la aldea global, nos da algunas luces de qué esperar en los próximos días y semanas.

La sesión del martes, 17 de marzo de 2020 terminó con la elección de 5 magistrados titulares y 5 suplentes para el periodo 2020-2026 del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La elección fue accidentada porque estaba de por medio la discusión de otros proyectos que se propusieron para hacer frente al impacto económico de la pandemia del COVID19. Pero al final se eligió TSE.

Las diferencias con la elección de CSJ y Salas de Apelaciones

La principal diferencia entre la elección de TSE y la de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Corte de Apelaciones (SdeCdeA) es que la comisión de postulación era más pequeña. Frente a los 37 comisionados que forman las comisiones de postulación de CSJ y SdeCdeA, la de TSE está integrada por 5 miembros: el representante del Colegio de Abogados (Yuri Búcaro), el rector de USAC (Murphy Paiz), el representante de los rectores de las universidades privadas (Roberto Moreno de la UVG), el decano de Derecho de la USAC (Gustavo Bonilla) y el representante de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas (Juan José Rodil, U da Vinci). Cada cual con su respectivo suplente.

 Esta comisión envió una nómina de 20 candidatos de la cual el Congreso eligió a los 5 magistrados titulares y 5 suplentes. La segunda diferencia importante respecto de la elección de magistrados de CSJ y SdeCdeA es que para TSE se necesitan dos tercios de los votos totales, es decir, 107 votos. Era la primera vez que la alianza oficialista conformada por VAMOS, TODOS, UCN, FCN, Prosperidad Ciudadana, Unionista, VALOR, parte de BIEN, parte de Victoria, y parte del PAN, debía buscar el apoyo de la UNE para lograr los votos necesarios.

En ese orden de ideas, los acuerdos para nombrar a los magistrados titulares estuvieron por entre los 139 y 147 votos. En tanto que la elección de magistrados suplentes fue más reñida por la salida de UCN y otros diputados y se zanjó con la mínima de 107 votos.

Los cinco magistrados titulares:

Es difícil resumir los perfiles de todos, pero para tener una idea general, a continuación, damos unas líneas generales de los cinco magistrados titulares:

1.    Rafael Rojas Cetina

Actual magistrado de la CSJ. Leyó los tiempos y en 2016-17 fue un aliado de la lucha contra la corrupción protagonizada por MP y CICIG. Lideró la propuesta de reformas a la Constitución para el sector justicia, impulsó la ley de registro de agresores sexuales, por ejemplo. Con el paso del tiempo, pasó a ser defensor del status quo y un actor más hostil a las causas que se impulsaban desde el MP y CICIG. Muchos leen su nombramiento en esta clave.

2.    Mynor Custodio Franco Flores.

Es un viejo conocido del sistema de justicia. Tiene más de 30 años de servir al organismo judicial y lo ha hecho como magistrado de sala de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia (CSJ). Se le recuerda porque fue parte del cuestionado proceso de elección de CSJ de 2009 en el cual el entonces comisionado de CICIG, Carlos Castresana, hizo señalamientos contra 6 integrantes de la nómina que envió la Comisión de Postulación, entre ellos Mynor Franco. Castresana hablaba de una estructura paralela, formada por el Rey del Tenis, Roberto López Villatoro. Finalmente, Franco fue designado a la CSJ y otros tres magistrados designados fueron reemplazados como consecuencia de los señalamientos.

3.    Blanca Alfaro

Fue alcalde de Masagua, Escuintla por el Partido Patriota en 2012 y por el partido LIDER en 2016. Las elecciones pasadas fue la compañera de fórmula de Edwin Escobar. Sin cuestionar sus méritos, el gran problema con su nombramiento es el notorio conflicto de interés que puede tener pasar de la política partidista directamente a la autoridad electoral.

4.    Irma Elizabeth Palencia Orellana

Era actualmente magistrada a Sala de Apelaciones y tiene un recorrido en el Estado como asesora del RIC y ha trabajado en la Procuraduría de Derechos Humanos. En 2012 estuvo en la terna para elegir PDH, pero fue elegido finalmente Jorge de León Duque. En 2017 estuvo cerca de integrar la terna final, pero por muy poco le ganó Ricardo Alvarado Ortigoza.

5.    Gabriel Aguilera Bolaños

Quizá el cuadro más interesante entre los magistrados titulares. Ha sido docente en varias universidades privadas y tiene experiencia en la práctica privada. Fue viceministro de trabajo en el anterior gobierno y luego asumió la cartera de trabajo. Fue ajeno a la embestida en contra de la lucha contra la corrupción que emprendió Morales y se caracterizó como un perfil técnico dentro de la administración anterior.

Los cinco magistrados suplentes:

En líneas generales, de los cinco magistrados suplentes, se puede decir esto:

1.    Marco Antonio Cornejo Marroquín

En el gremio es conocido por sus años en la práctica privada. Fue uno de los abogados de Efraín Ríos Montt en el juicio por genocidio y es de las filas del FRG. Con ese partido fue diputado al PARLACEN donde buscó la presidencia, pero la perdió contra Julio González Gamarra de la UNE.

2.    Noé Ventura Loyo

Es otro conocido del sistema de justicia guatemalteco. Ha sido comisario, oficial y secretario de tribunales y en 2009 y 2014 elegido magistrado de Sala de Apelaciones. Su elección en 2009 se atribuyó a vínculos con el extinto FRG, pues benefició en algún momento al general Ríos Montt. El año pasado fue protagonista por presentar un amparo contra la elección de Corte Suprema de Justicia. Su amparo fue declarado con lugar por la Corte de Constitucionalidad.

3.    Alvaro Cordón Paredes.

Tiene una trayectoria en la práctica privada. Trabaja en su firma de abogados, tiene varios posgrados y destaca en la vida pública ser árbitro de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala.

4.    Marlon Josué Barahona Catalán

Es un abogado con experiencia en la práctica privada y en la vida pública en varias instituciones, aunque no ha ocupado nunca una judicatura. Ha sido asesor en la PDH, Comisionado Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, letrado en la Corte de Constitucionalidad, asesor del presidente de la CC, entre otros.

5.    Gabriel Gómez

Sin duda uno de los perfiles más interesantes. Gabriel Gómez tiene experiencia en la prevención de delitos financieros y fue uno de los expertos que colaboró en la creación de la Ley contra el lavado de dinero, ayudó a diseñar la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la cual fue director y también colaboró en la creación del reglamento de la Ley de extinción de dominio. Ha ejercido en la práctica privada y fue vicepresidente regional de cumplimiento de Citibank. De 2009 a 2014 se desempeñó como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Las cifras de crecimiento del PIB del primer trimestre de 2020 de los países más afectados por la enfermedad registrarán estos efectos, cuando sean publicados. Y en el segundo y tercer trimestre podrían llegar incluso a ser negativas, dependiendo de la evolución de la enfermedad. ¿Pero llegaremos a una recesión mundial? Es difícil anticiparlo. 

El mundo ha entrado en pánico. Esta semana las Bolsas de valores alrededor del mundo sufrieron fuertes caídas; y en algunos casos, se registraron los peores resultados de las últimas dos o tres décadas.  En el caso del IBEX de España, es la peor caída desde que existe. Son tiempos turbulentos para la economía mundial y la interrogante es si estamos ante el inicio de una nueva crisis económica como la experimentada a finales de la década pasada; o si bien estamos ante un pánico pasajero en las Bolsas de valores, que finalmente no impactará en la economía real o los niveles de empleo.

En el mundo desarrollado las crisis económicas usualmente comienzan con la caída de las Bolsas de valores. Luego le sigue la contracción de la economía, con el cierre de empresas y los despidos masivos. El pánico pasa de los inversionistas a los consumidores, que restringen sus compras y eso hace que las ventas se reduzcan. Se cae en una espiral descendiente de malas expectativas y caída de la economía que se retroalimentan mutuamente. 

Pero no toda caída en la Bolsa de valores termina necesariamente en una crisis económica. A finales de 2018 e inicios de 2019, las Bolsas de valores de Estados Unidos experimentaron una caída significativa, que no se tradujo en una merma de la actividad económica. Las Bolsas se recuperaron en los meses subsiguientes y la economía americana creció 2.6 por ciento en promedio durante esos años. 

El problema en esta ocasión es que el temor de que la economía mundial sufra daños no es del todo infundado. El pánico al coronavirus está haciendo que varios países cierren sus fronteras, afectando el comercio mundial, la industria hotelera, transporte aéreo y terrestre, así como centros de diversión. La suspensión de los eventos deportivos, también significará una merma importante de la economía; y los centros comerciales podrían enfrentar una reducción drástica en el número de visitantes, afectando el comercio en general, sin mencionar restaurantes y cines, entre otros. En algunas ciudades, inundadas de este virus, las calles lucen vacías. La actividad económica está funcionando al mínimo. 

Las cifras de crecimiento del PIB del primer trimestre de 2020 de los países más afectados por la enfermedad registrarán estos efectos, cuando sean publicados. Y en el segundo y tercer trimestre podrían llegar incluso a ser negativas, dependiendo de la evolución de la enfermedad. ¿Pero llegaremos a una recesión mundial? Es difícil anticiparlo, aunque existe una alta probabilidad que la situación se complique en los próximos meses.

Algunos países europeos ya estaban en una situación frágil antes del coronavirus, como Alemania e Italia y esta situación podría empujarlos de lleno a una recesión. En el caso de Estados Unidos, ha registrado una actividad relativamente robusta, a pesar de la incertidumbre que generó meses atrás el comportamiento atípico de la curva de rendimientos. Pero el impacto del pánico del coronavirus en la economía en general y la situación complicada que enfrentan sus empresas petroleras, por la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, podría generar un estancamiento de su economía en los próximos meses.

La Reserva Federal parece estar dispuesta a utilizar todo su “arsenal” para evitar que la economía estadounidense entre en recesión y ha anunciado un paquete de estímulos monetarios bastante “robusto” y posiblemente veamos más acciones en el futuro cercano. El Gobierno Federal también parece estar dispuesto a utilizar la política fiscal para evitar una crisis. ¿Serán suficientes estas medidas? Lo veremos en los próximos meses. 

En el caso de China, los efectos serán bastante notorios, pero seguramente terminará el 2020 con un crecimiento de entre tres por ciento y cinco por ciento, evitando caer en terreno negativo. Pero para algunos países europeos, este será un año sumamente complicado. En el caso de Guatemala, la economía crecería entre 2.5 por ciento y 3.5 por ciento en 2020, nada catastrófico. 

Las últimas 24 horas del régimen Morales

Ni Franz Kafka en una de sus novelas oscuras y a veces surreales hubiese podido imaginar un final tan apropiado para el régimen de Jimmy Morales y la Legislatura 2016-2020.

El primer acto fue un absurdo retraso de varias horas en la sesión solemne del Congreso de la República. En un principio, se desconocían las razones, pero con el paso de las horas la verdad salió a luz: la Junta Directiva saliente quería esperar la llegada del diputado Herbert Armando Melgar Padilla para poder ser juramentado. El diputado reelecto había sufrido una seria condición médica en una visita al exterior en diciembre pasado, y sin duda, aún hace mella en su condición física.

Lo surreal del episodio fue presenciar cómo el diputado ingresó en silla de ruedas, fue juramentado para la Legislatura 2020-2024, y acto seguido, fue retirado en camilla por Bomberos Municipales.

¿Tan atractivo resulta el cargo de legislador que ser juramentado amerita poner en riesgo la vida?

Conforme pasaban las horas, era evidente que el Congreso saliente mostraba un abierto irrespeto por el cronograma de la toma de posesión. Entre el retraso por esperar a Melgar Padilla y el almuerzo extemporáneo que se ofreció a los nuevos diputados, el Congreso se retrasó en casi cuatro horas.

El bochorno fue evidente. Delegaciones de países conocidos por su puntualidad prefirieron retirarse. Otros, cuya logística de vuelos les obligó a abandonar el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias antes de iniciar la transmisión de mando. La guinda al pastel fue el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien, con su conocida capacidad de comunicación en redes, hizo mofa del retraso vía redes sociales.

Así, el evento de transmisión de mando presidencial, programado para las 3:00 de la tarde, inició hasta las 7:00 de la noche. Rápidamente las teorías de la conspiración abundaron: la Junta Directiva saliente, en común acuerdo con Morales, habían retardado lo más posible la entrega de la banda presidencial, para reducir el número de horas en que Morales se quedara sin el derecho de antejuicio.

Luego de haber dejado el cargo presidencial, la novela se hizo aún más surreal. Manifestantes que habían rodeado el PARLACEN para impedir que Morales fuese juramentado como diputado centroamericano, obligaron al organismo regional a buscar otra sede para llevar a cabo su sesión. Y así, escondidos de las manifestaciones, a mitad de la noche, y con una celeridad nunca vista, el Parlamento Centroamericano apresuró la juramentación de los diputados guatemaltecos.

Ahí llegó Morales y su acompañante, el exvicepresidente Jafeth Cabrera. El primero, con los ojos rojos, pero luciendo aires de grandeza; el segundo, cabizbajo y reconociendo en sus adentros que el poder -efímero como es- se había esfumado. Y así, a mitad de la noche, en un espectáculo surreal la dupla Morales-Cabrera fue juramentada y adquirió el tan anhelado derecho de antejuicio.

La explicación de la riesgosa -para su propia vida- juramentación de Melgar Padilla y del bochorno del PARLACEN cobró sentido el 15 de enero a las 6:00 am, cuando el Ministerio Público dirigió operativos para capturar a exfuncionarios señalados de actos de corrupción.

La trama cobró sentido. Melgar Padilla y Morales hicieron lo imposible para ser juramentados por miedo. El mismo miedo que hizo que Estuardo Galdámez, conocido por sus vanidades autoritarias, saliera huyendo después de quedarse sin inmunidad. El antejuicio quizá proteja a Morales, pero no a sus allegados. Para muestra, su financista y compadre, Othmar Sánchez, ya es prófugo de la justicia

Y así, luego del bochorno que provocó el miedo de unos pocos, Morales entra ahora en la fase en que el poder se diluye. A pesar de la cuantiosa seguridad que se recetó, no hay guardaespaldas alguno que le proteja del reproche social que ganó. A pesar del salario que se recetará como diputado del PARLACEN, ahora tendrá que adquirir el salmón y el Macallan con dinero propio y no de la SAAS. Aún si se llevó los atavíos de Casa Presidencial, día tras día, Morales caerá de nuevo en la realidad de un hombre corrompido por el poder. Poco a poco, se quedará sin su séquito de acompañantes para las interminables noches de Baco. Quizá solo el exministro Alonzo, a quien en una juerga le prometió apoyar como candidato presidencial para 2023, le acompañe por unas semanas más.

Poco a poco, la historia y la sociedad guateamteca irá mostrando su veredicto sobre Morales y el cuatrienio 2016-2020.

Un tema ausente en la discusión política nacional.

Durante los años noventa, los Estados de América Latina vivieron un proceso de rediseño, bajo el paraguas del “Consenso de Washington”. Las propuestas apuntaban hacia la construcción de Estados más pequeños, que se limitaran a ejercer un control regulatorio y financiero. Mientras que las funciones de administración y prestación de servicios debían delegárseles a entes distintos de sí mismos, ya sea a entidades descentralizadas, autónomas o privadas.

En Guatemala, esta receta la encontramos en la Ley del Organismo Ejecutivo, que establece que el Estado debe apostar por dos principios: 1) Subsidiariedad, según la cual “el Estado no se arroja funciones que pueden ser ejecutadas por los ciudadanos individual o libremente asociados”; y 2) Descentralización, según la cual el Gobierno “delega la ejecución y control administrativo de ciertas funciones a entes distintos de sí mismo o a sus entidades autónomas y descentralizadas, reteniendo las funciones reguladora, normativa y de financiamiento.”

La materialización del principio de subsidiariedad resulta evidente en varias instituciones. En Salud se apostó por la subcontratación de ONGs para la prestación de servicios de salud, a través del Programa de Extensión de Cobertura (PEC). En Educación, se organizaron las juntas de padres para la autogestión y la ejecución descentralizada de los recursos educativos, a través del Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE). En agricultura, se suprimió el programa de extencionismo rural y las instituciones asociadas. En comunicaciones, Caminos (unidad que operaba cual empresa de construcción pública) fue sustituida por el fideicomiso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.

La política de descentralización cobró forma en el 2002 con la aprobación de la Ley de Descentralización. La idea era que el Gobierno iniciara un proceso de traslado de funciones (tales como educación, salud, seguridad, economía, etc.) hacia los gobiernos municipales.

Sin embargo, con los años el modelo entró en impasse. La política de subsidiariedad fue víctima del patrimonialismo de Estado, particularmente en Covial o en el PEC. O fue sujeta de presiones por grupos de interés, como el caso de la oposición sindical al PRONADE. Mientras que la política de descentralización ha quedado abortada por las limitaciones financieras de la mayoría de gobiernos municipales.

Durante la última década, varios de los casos expuestos han sido desbaratados: PRONADE en el 2008, el PEC en el 2013, y Covial que está programado a fenecer en un corto plazo. En agricultura, se ha buscado retomar el diseño institucional pre-Acuerdos de Paz. El problema es que mientras se revisa el modelo subsidiario de Estado, hace falta un debate sobre el modelo de Estado a construir. No sólo eso, sino que la readecuación de funciones  estatales se realiza sobre el diseño de un Estado pensado bajo los esquemas de los noventas, lo que genera un desfase entre ordenamiento jurídico y funcionamiento institucional.

En este sentido, un tema pendiente ha sido plantear la discusión sobre el diseño estatal que se busca construir. ¿Reformamos el diseño de los noventa? ¿Desbaratamos el modelo del Consenso de Washington? ¿Construimos uno nuevo? ¿Qué modelo implementamos? Esa discusión está ausente en el debate político en Guatemala.

Urge una auténtica reforma administrativa que apueste por una legislación referente a la administración pública en sentido orgánico y funcional; procedimientos administrativos; contencioso administrativo; contrataciones del Estado y Servicio Civil.

El presidente Alejandro Giammattei tomó posesión de su cargo el 14 de enero de 2020 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Allí mencionó que su gobierno promovería reformas a la Ley del Organismo Ejecutivo (LOE), Ley de Servicio Civil (LSS) y Ley Orgánica del Presupuesto (LOP) entre muchas más. Este paquete legislativo lo anticipó antes de tomar posesión del cargo¹, considerando que era relevante plantear al Congreso una agenda legislativa¹ centrada en diferentes ámbitos: sector económico y presupuestario, gestión del Estado, problemática social, seguridad y justicia.

Esta iniciativa legislativa en conformidad con la Constitución Política de la República y otras leyes, resulta vital, toda vez que el Presidente de la República cuenta con iniciativa de ley², especialmente, en temas relacionados con la «administración pública». De hecho, al presidente le corresponde velar que la administración pública se «desarrolle en armonía con los principios que la orienten, y porque el régimen jurídico-administrativo del Estado propicie la eficiencia y eficacia»³.

Sin embargo, hasta la fecha el paquete legislativo dirigido a mejorar la «gestión del Estado», no procura una auténtica reforma administrativa, sino más bien, realizar unos ajustes legales bastante atomizados que no toman en cuenta una visión holística del orden jurídico positivo. La propuesta de reforma a la LOE y LSS si bien pudo despertar ilusión de una auténtica reforma administrativa ello se ha ido desvaneciendo rápidamente.

Todo indica que el objetivo primordial de la reforma de la LOE, es juridificar ciertas acciones que ha ido desplegando el organismo ejecutivo, como la recién creada Comisión Presidencial contra la Corrupción⁴ además de dotarse de instrumentos jurídicos para reorganizar la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de Guatemala que ya no goza de mucha popularidad⁵. Esto no representa un replanteamiento a fondo de la estructura y funcionamiento del organismo ejecutivo y del Estado en general.

No es el propósito discutir la conveniencia o no de la Comisión⁶ y del futuro de la Secretaría en cuestión, sino mostrar la necesidad de repensar la administración pública en el país. Las reformas anunciadas en materia de «gestión pública» del Estado serán efectivas si solo si se toma en cuenta que el país requiere superar la visión parcializada centrada en el organismo ejecutivo, puesto que la administración pública es más amplia.

De hecho, la administración pública no se agota en la administración pública nacional ejecutiva que es a todas luces administración central, que es la que está regulada exhaustivamente en la LOE. En tal sentido, cuando se habla de administración pública se debe tomar en cuenta la Administración Pública nacional descentralizada funcionalmente⁷, y en sentido más amplio, a todos los organismos del Estado y órganos «extra-poder» que desarrollan funciones administrativas siempre de carácter sublegal.

En este sentido urge una auténtica reforma administrativa que apueste por una legislación referente a la administración pública en sentido orgánico y funcional; procedimientos administrativos; contencioso administrativo; contrataciones del Estado y Servicio Civil.

La LOE es completamente obsoleta entre otras cuestiones por establecer un pésimo modelo de organización administrativa que ha creado una burocracia inservible⁸, parasitaria, y clientelar⁹ especialmente en el ámbito de las secretarías, que como ha sostenido la Corte de Constitucionalidad no desarrolla «funciones ejecutivas, es decir, no tienen competencia para ejercer la función administrativa y para participar en la formulación y ejecución de las políticas de gobierno, pues tales asuntos competen, conforme al artículo 193 constitucional, a los Ministerios de Estado»¹⁰.

Exceptuando la Secretaría General y Privado¹¹ que están previstos en la Constitución, todas las demás secretarías en tanto ejercen funciones de apoyo al presidente devienen en excesivas. Por ello urge replantear la organización administrativa del organismo ejecutivo, pero también, es vital contar con una legislación que pueda encauzar jurídicamente a todos los organismos del Estado que ejercen función administrativa¹² para con ello, poder lograr un mejor Estado de Derecho que concrete el principio de legalidad¹³.

Por ello, el paquete legislativo debe replantear la legislación referente a la gestión del Estado, pues la LOE presenta muchas falencias debido al hecho que solo desarrolla los preceptos constitucionales sobre la organización, atribuciones y funcionamiento del Organismo Ejecutivo¹⁴ además de la estructura y funciones de la administración pública nacional ejecutiva, que en realidad viene a ser algo así como los órganos superiores y de apoyo de la administración pública nacional central.

Referencias: 

[1] https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/giammattei-propone-58-ley...
[2] Art. 174 de la Constitución Política de la República
[3] Art. 7 de la Ley del Organismo Ejecutivo
[4] Acuerdo Gubernativo 28-2020
[5] Ley de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la Republica (SAAS) Decreto Número 50-2003
[6] https://www.agn.com.gt/diario-legal-publica-acuerdo-gubernativo-que-da-v...
[7] Sobre la descentralización territorial y por servicios y funcional, véase Corte de Constitucionalidad, Expediente 3130-2013 de 7 de mayo de 2015
[8] Fuentes Destarac, Mario «Secretarías de la Presidencia» en  elPeriodico, Guatemala, 13 de enero de 2020. 
[9] Art. 183 «s» de la Constitución Política de la República
[10] Véase Corte de Constitucionalidad Expediente 2861-2007 de fecha 28 de enero de 2009 y Expediente 3087-2016
[11] Art. 165 «h» y 202 de la Constitución Política de la República
[12] Véase Corte de Constitucionalidad, Expediente 2914-2008 de fecha 1 de diciembre de 2009, en relación a la función pública. 
[13] Véase Corte de Constitucionalidad, Expediente 2745-2012 de fecha 29 de noviembre de 2012; de igual modo, Corte de Constitucionalidad, Expediente 867-1995 de fecha                   22 de febrero de 1996. 
[14] Art. 1  de la Ley del Organismo Ejecutivo

El fantasma de la recesión seguirá rondando el mundo en el 2020 y sin duda, tendremos un año con bastante incertidumbre y volatilidad en la economía global.

La palabra que definió la economía mundial en 2019 fue “incertidumbre”. Las bolsas de valores alrededor del mundo vivieron momentos de estrés por  la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el comportamiento atípico en las curvas de rendimiento de Estados Unidos y Europa, el impasse del Brexit y las severas crisis políticas que experimentaron algunos países, entre otros factores.

A pesar de la incertidumbre, no se concretaron los peores escenarios y el año 2019 parece cerrar con optimismo para la economía mundial. A finales de año, las bolsas de valores registraron un alza que rompió varios récords históricos, sobre todo en Estados Unidos y algunos países de Europa. Según el FMI, la economía mundial cerrará el 2019 con un crecimiento de 3%  y la expectativa es que el 2020  sea levemente mejor, sobre todo con la “tregua” que aparentemente lograron  Estados Unidos y China; y la determinación de la Reserva Federal y varios Bancos Centrales de continuar con bajas tasas de interés. Todo parece que podemos esperar un 2020 menos turbulento… ¿O no?

Lo cierto es que los tres grandes bloques económicos del mundo, Estados Unidos, Europa y China, que juntos representan el 62% de la economía global, podrían enfrentar grandes desafíos en el 2020 y experimentar escenarios muchos más volátiles que el 2019.

Veamos el caso de Estados Unidos. Entre junio y septiembre pasado las tasas de interés de corto plazo fueron más altas que las tasas de largo plazo, algo totalmente inusual, que sucede cuando se avecina una recesión. Sin embargo, las tasas se normalizaron en el último trimestre del año y algunos  interpretaron que todo había sido una falsa alarma y afirmaron que el “peligro” había pasado. Pero hay que hacer notar que lo mismo sucedió en las recesiones de 1990-1991 y  2007-2009; las tasas de interés se comportaron extrañamente por algunas semanas o meses, luego se normalizaron y varios meses después iniciaron las crisis económicas. Por esa razón, sería muy aventurado decir que la economía de Estados Unidos está fuera de peligro. No se puede cantar victoria prematuramente.

Otro aspecto a considerar de la economía de Estado Unidos, es el comportamiento del mercado de vivienda. La Reserva Federal  de San Luis recientemente publicó un  estudio señalando que el comportamiento de este mercado en el último año, es consistente con la proximidad de una crisis económica, si se compara con lo sucedido en los meses previos de las últimas tres recesiones. Es un dato que no debe obviarse.

Y por último, ya pasaron diez años de la última recesión de la economía estadounidense y desde los años cincuenta se ha registrado por lo menos una crisis económica en cada década. Es cierto, la economía no es un reloj  y es imposible “predecir el futuro”, basándose en el comportamiento del pasado. No se puede asegurar que Estados Unidos sufrirá una recesión en el 2020; simplemente se puede decir que hay una probabilidad significativa de que eso suceda, de acuerdo a la experiencia de recesiones anteriores.

Por su parte, Europa continúa con sus dramas políticos y el Brexit seguirá siendo una fuente de incertidumbre en el 2020. La economía Alemana logró evitar entrar técnicamente en una recesión, pero es claro que se encuentra en una situación vulnerable. Gran parte de la curva de rendimiento de la Eurozona continúa en terreno negativo, debido a la política monetaria agresiva del Banco Central Europeo, pero también a la incertidumbre que se tiene sobre la economía y que provoca que los inversionistas busquen “seguridad” en los bonos del tesoro de los países más “confiables” de la Eurozona, incluso a costa de tener que perder para lograr dicha seguridad.

En el caso de China, la guerra comercial con Estados Unidos le esta pasando factura y se espera que el crecimiento del gigante asiático en 2020 sea menor al 6%, lo que sería el desempeño más bajo en varias décadas.

En América Latina se vivió un 2019 sumamente convulsionado y en el 2020 podría profundizarse. Argentina registraría su tercer año de recesión económica, en tanto que México y Brasil continuarían con un crecimiento endeble. No obstante, el incremento en el precio de las materias primas podría ayudar a mitigar parte de las crisis que atraviesan estos países, ya que mejorarían el valor de sus exportaciones.

Por último, Guatemala tendría un 2020 muy similar al 2019, con las remesas como principal motor de crecimiento. Los riesgos serían la baja ejecución del gasto público que enfrenta todo nuevo gobierno y la posibilidad de un fuerte incremento en el precio del petróleo por una eventual agudización de la crisis en Oriente Medio, que incrementaría la inflación, afectando directamente el bolsillo de los guatemaltecos.

El fantasma de la recesión seguirá rondando el mundo en el 2020 y sin duda, tendremos un año con bastante incertidumbre y volatilidad en la economía global.

Columna publicada originalmente en Revista Con Criterio. 

Los retos del Organismo Ejecutivo y del Congreso

Después de una larga transición (cinco meses) finalmente se dio la transición de gobierno. Asumió la nueva legislatura en el Congreso y el nuevo presidente y vicepresidente. Repasemos rápidamente los retos del ejecutivo y la situación del Congreso.

Retos del nuevo ejecutivo

La nueva administración tiene muchos desafíos. Las últimas encuestas hechas en la segunda mitad de 2019, dan cuenta que aproximadamente un 40% de la población piensa que el principal problema de Guatemala es la inseguridad; cerca de un tercio piensa que es la mala situación económica. Esas deberían ser las prioridades del gobierno.

Hay muchos temas de fondo que deberían ser prioridad. En primer lugar, la desnutrición crónica es un drama que padecen la mitad de nuestros niños. Literalmente les roba el futuro. El presidente Giammattei hizo una mención especial sobre ese asunto durante su discurso inaugural y ojalá se dediquen los esfuerzos prometidos para resolver el problema. No hay que inventar el agua azucarada. Chile, por ejemplo, es un caso interesante y otros países también lo han logrado.

En segundo lugar, rescatar la educación pública y la sanidad será fundamental. La cobertura de educación primaria llegó casi a un 99% hace diez años y ahora ronda el 78%. Recuperar cobertura y dar educación de calidad será un reto. La mano de obra guatemalteca tiene un promedio de 6 años y medio de escolaridad. Para desempeñarse en una economía moderna, esto es insuficiente. El problema es que los recursos no abundan y el sindicato de educación es un obstáculo para ello. Deberá enfrentarse a ellos con determinación.

En salud hay muchísimos más desafíos. Aumentar la cobertura será fundamental y hace falta mucha inversión en infraestructura con un presupuesto modesto dada la baja recaudación y la rigidez presupuestaria. Para variar, en salud también encontrará sindicatos muy poderosos.

En finanzas públicas hay que prestar atención a la baja relación entre recaudación fiscal y Producto Interno Bruto que, de acuerdo con cifras preliminares de SAT, podría ser la más baja desde 1995. Por otra parte, el Ejecutivo deberá negociar una ampliación al presupuesto dado que no se aprobó presupuesto para 2020. Veremos cómo navega en un Congreso tan fragmentado.

El Congreso

Por primera vez habrá 19 bancadas en el Congreso, la fragmentación más alta en nuestra era democrática. La elección de Junta Directiva se logró por un estrecho margen: la bancada ganadora, afín al oficialismo, sacó 82 votos (81 era el requerido) y la planilla de oposición, liderada por la UNE, obtuvo 77 votos. El dato más relevante es que la UNE se desgranó: 6 diputados suyos votaron por la planilla oficialista y sus votos fueron decisivos para esa victoria.

La coalición de 82 diputados que hizo posible la Junta Directiva que va a presidir el oficialista Allan Rodríguez consta de los 17 votos de VAMOS, 2 de Victoria, 6 de VIVA, los 9 de VALOR, los 3 de Unionista, 6 de UNE, los 12 de UCN, los 7 de TODOS, los 3 de Prosperidad Ciudadana, 1 del PAN, los 5 de Humanista, los 7 de FCN-Nación y 3 de BIEN. En total 13 bancadas.

La gran pregunta es si esa alianza que permitió formar Junta Directiva permitirá aprobar temas como la ampliación de presupuesto u otra legislación que requiera el Ejecutivo para hacer gobierno. Por otra parte, habrá que ver cómo se comporte la bancada UNE, la más grande del Congreso. Han perdido 6 elementos y los números pueden crecer en función de cómo avance el proceso contra Sandra Torres y el proceso de cancelación del partido.

Por último, no debemos olvidar que en las próximas semanas y meses se jugarán temas clave en el Congreso: elección de magistrados de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia y luego elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Dependiendo de las facciones que consigan tomar mayor control en estos nombramientos, veremos quién gana el pulso de poder en instancias clave del juego político.