Legados institucionales y de política pública

Guatemala ha mantenido una polarización que nubla la vista y eleva las pasiones.

Evaluar la gestión de Jimmy Morales sigue siendo un juego binario: Si en su momento fui pro-Gobierno me hago de la vista gorda y reconozco que Morales quizá no fue “tan malo después de todo”. Si en su momento fui anti-Gobierno, caracterizo a Morales como el peor Presidente de la era democrática.

Sólo la historia juzgará fielmente lo ocurrido en Guatemala entre 2015 y 2019, y particularmente, el período agosto 2017-septiembre 2019. Cual Tiempos Recios, seguramente en seis décadas seguiremos debatiendo si todo aquello fue una conspiración del soviet de la calle 42 o si efectivamente se persiguió a los responsables de capturar el Estado guatemalteco para fines criminales.  Esa conclusión, sin duda, vendrá aparejada con la lectura de la historia sobre lo que realmente representó Jimmy Morales: el defensor de la soberanía y de la sociedad guatemalteca; o el defensor del statu quo y cómplice de las redes que han capturado al Estado de Guatemala.

Como ese debate resulta polémico para el contexto actual, quizá valga la pena evaluar la gestión de Jimmy Morales sobre otras variables. Por ejemplo, las políticas públicas y sus legados institucionales.

A nivel institucional, resulta alarmante lo ocurrido con la Policía Nacional Civil y el servicio diplomático. En el caso del primero, un esfuerzo de más de una década, con apoyo norteamericano, fue echado por la borda por el interés de tener mandos policiales “leales políticamente”. A nivel de la Cancillería, el daño fue mucho peor. Una institución que estuvo relativamente blindada de los vaivenes políticos, fue utilizada como un burdo botín. Embajadores y funcionarios de carrera sustituidos por amigos personales o personajes a quienes había que devolver favores políticos.

Los avances en indicadores económicos y sociales también son nulos. Los indicadores sobre desnutrición no se redujeron. La cobertura escolar no se amplió sustancialmente. La violencia homicida mantiene su tendencia decreciente, pero hasta hoy, no hay explicaciones de las razones detrás de este avance. Y todos ellos, fueron promesas -escuetas- de campaña de FCN y Jimmy Morales.

Quizá dos avances concretos es la recuperación de la red vial y superar la crisis de abastecimiento hospitalario de los años 2013-2015. Pero ambos casos se limitan a buenos ejercicios de gestión administrativa más que a políticas públicas de Gobierno.

En infraestructura, el legado anunciado con bombos y platillos es la inauguración del Libramiento de Chimaltenango. No hay ninguna obra de relevancia estratégica o innovadora de alcance nacional. Aunque, también es importante resaltar los avances mostrados a nivel de la gestión del Aeropuerto Internacional La Aurora, caso que al igual que los reseñados anteriormente, parece estar más relacionado con gestión individual que con políticas de gobierno.

A nivel de servicios públicos, poco ha mejorado. Guatemala sigue siendo un país sin correo, como lo era a principios de 2016. Por poco, estuvimos a punto de retornar al Ancien Regime en la emisión de licencias, y aunque se evitó una crisis inmediata, hace falta solución de largo pazo.

A nivel de política pública, un conteo reciente publicado por personeros de la Asociación Diálogos, señalaba que el Gobierno de Morales únicamente aprobó 6 nuevas políticas. Mientras que los últimos tres, aprobaron entre 19 y 36. Es decir, la producción de nuevas líneas de acción normativa y política fue muy deficiente en comparación con gestiones de gobiernos anteriores.

Y quizá estas pinceladas permitan esbozar una gran conclusión de la gestión de Morales: los avances que se identifican en estos cuatro años parecen más vinculados a la gestión individual de Ministros o Directores de instituciones, y no a nivel de política de gobierno. Mientras que a nivel macro, la gestión inter-institucional, los indicadores económicos y sociales o los legados institucionales parecen estar igual o peor que como se encontraban cuando Morales asumió la jefatura del Estado.

Para muchos la salida de Jimmy Morales del gobierno significa que puede ser perseguido legalmente, pero el artículo 27 del Tratado del PARLACEN se convertiría en un obstáculo. 

Como es de público conocimiento, los presidentes de los países que forman parte del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) se convierten en diputados de dicho cuerpo una vez entregan el cargo (artículo 2, inciso “b” del Tratado constitutivo). El artículo 27 del Tratado del PARLACEN establece que sus diputados tienen las mismas inmunidades que tienen los diputados de los congresos o asambleas nacionales. Debido a que los diputados al Congreso de la República de Guatemala gozan de derecho de antejuicio, los diputados guatemaltecos al PARLACEN, también.

La resolución de la CC del 2004

Dicho eso, hay mucha confusión en buena parte de la población, ya que en redes sociales circulan fragmentos de una conocida sentencia que dictó la Corte de Constitucionalidad (CC) en los expedientes acumulados 12-2004 y 213-2004 donde se declaró la “inconstitucionalidad” de los artículos del Tratado Constitutivo del PARLACEN referentes a la inmunidad de los diputados.

Sin embargo, al respecto caben dos aclaraciones: a) que el Protocolo del PARLACEN se reformó en el año 2008 y la jurisprudencia posterior de la CC ha ido en otro sentido; y b) que en todo caso el órgano encargado de aplicar el Protocolo del PARLACEN es la Corte Centroamericana de Justicia y no nuestros tribunales domésticos.

Reformas al PARLACEN en 2008 y jurisprudencia de la CC

En el 2008 se hicieron reformas al Tratado Constitutivo del PARLACEN las cuales fueron aprobadas por el Congreso de Guatemala mediante Decreto 58-2008. En el año 2012 se planteó una acción de inconstitucionalidad contra los artículos del Tratado que disponen la incorporación automática de los ex presidentes y ex vicepresidentes de los países miembros.

En aquel fallo, expediente 56-2012 de la CC, se rechazó el planteamiento de inconstitucionalidad aduciendo que el artículo 27 de la Convención de Viena en Materia de Tratados establece que “Una parte no podrá invocar la disposiciones de su derecho interno como justificación el incumplimiento de un tratado”. En tal sentido, la Corte consideró que no podía declarar inconstitucional el articulado de un tratado internacional porque con ello estaría incumpliendo un compromiso que adquirió el Estado de Guatemala conforme a las normas del derecho internacional.

Concretamente en el caso de la inmunidad de los diputados al PARLACEN, sirva el caso de Rafael Espada como ejemplo de una continuidad de la jurisprudencia anterior. En 2015 Espada, ya entones ex vicepresidente y por tanto diputado al PARLACEN, presentó un amparo contra una decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que este tribunal afirmaba que no tenía inmunidad por aquella sentencia del año 2004 a la que me referí al inicio. La CC en expediente 3955-2015 falló a favor de Espada y refirió al expediente 56-2012 dejando muy claro que aquella sentencia del año 2004 no era aplicable por las cuestiones de derecho internacional que explicamos antes.

El caso Portillo y la comptencia de la Corte Centroamericana de Justicia

Según la edad del lector, recordará o no que la discusión de la inmunidad de los diputados al PARLACEN y la incorporación automática de los ex presidentes a dicho parlamento tiene un precedente muy sonado en 2004: Alfonso Portillo. Cuando Portillo culminó su mandato y pasó al PARLACEN, fue acusado penalmente y por virtud de aquel falló de la CC del año 2004, los tribunales guatemaltecos no respetaron su inmunidad.

Portillo acudió a la Corte Centroamericana de Justicia y en sentencia de fecha 5 de mayo de 2008 esta corte resolvió “Declarar no ejecutable la resolución de la Honorable Corte de Constitucionalidad de Guatemala de fecha 20 de julio del dos mil cuatro, contenida en los expedientes acumulados 12-2004 y 213-2004 (…)”. ¿La razón? Por una parte, el propio artículo 27 de la Convención de Viena sobre tratados y, por otra parte, que por el artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa estamos bajo la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia y es dicho tribunal el encargado de dirimir las controversias derivadas de los convenios en materia de integración.

¿Conclusión? Jimmy Morales tiene inmunidad porque será diputado al PARLACEN. La única pregunta válida es, ¿en qué momento adquiere la inmunidad? El reglamento interno del PARLACEN dice en su artículo 19 que: “La Diputada o Diputado Centroamericano Titular que ha sido juramentado, toma posesión del cargo a partir de dicho momento, adquiriendo todos los derechos y obligaciones inherentes.” (resaltado propio). En tal sentido, cabe interpretar que Morales adquirirá la inmunidad cuando sea juramentado. ¿Habrá tiempo para que las autoridades lo procesen antes de su juramentación? Parece difícil.

Una característica esencial para la institucionalización de las organizaciones políticas.

De acuerdo con la teoría sobre procesos de institucionalización, dos características esenciales de aquellas organizaciones que alcanzan el nivel de “institución” es haber desarrollado mecanismos para resolver disputas internas y que logran sobrevivir procesos de circulación de liderazgos.

Esas dos características han estado tradicionalmente ausentes en el sistema de partidos políticos luego de la transición democrática. La mayoría de los partidos han mostrado una incapacidad sistémica para atender la disidencia interna, fomentar la competencia de liderazgos y generar transiciones de poder de forma institucionalizada.

Por ejemplos, a principios del nuevo milenio, el Partido de Avanzada Nacional vivió una escisión entre sus principales liderazgos, lo que a la postre llevó a que cada una de las facciones en disputa fundaran sus propias organizaciones políticas: el Partido Unionista y el Partido Solidaridad Nacional.

Caso similar ocurrió con la UNE, de cuyo seno emergieron los partidos Líder y Todos, ambos vinculados con liderazgos alternos (Manuel Baldizón y Roberto Alejos) que, al no encontrar espacios de disidencia dentro del partido, optaron por crear sus propias organizaciones.

 Y así podríamos reseñar incontables historias dentro del mundo político-partidista de las últimas dos décadas. Y en todos casos la historia parece ser la misma: cuando surgen liderazgos alternos o grupos disidentes dentro de la organización madre, al no existir mecanismos formales de disputabilidad o de competencia para acceder a los puestos de toma de decisiones.

Atender este problema implica redefinir algunas de las reglas internas del funcionamiento de los partidos políticos, pero además, implica un cambio de patrones culturales de comportamiento.

A nivel de normativa, la utilización de mecanismos como elecciones primarias, voto secreto en las asambleas partidarias, la obligatoriedad para que se postulen dos o más planillas en las elecciones internas de los partidos, o que deba utilizarse alguna fórmula proporcional de minorías, permite que distintas facciones accedan a espacios de poder dentro de los partidos.

Pero luego, también se requiere de un cambio de patrones culturales. En Guatemala la disidencia se considera traición. Cuando la competencia de ideas o planteamientos dentro de una organización es parte fundamental del enriquecimiento programático. También se asume que los “platos sucios se lavan en casa”, cuando en algunas ocasiones publicitar la existencia de visiones encontradas dentro de una institución ayuda -precisamente- a mostrar la amplitud de visiones que coexisten.

Reconocer el valor del debate político interno, desarrollar mecanismos que permitan visibilizar las disputas internas, además de fortalecer los órganos encargados de dirimir conflictos (tales como el Tribunal de Honor o el Órgano de Control y Fiscalización) resultan necesarios para fomentar la disputabilidad en el marco de la institución partidaria.

Con esas rutas, quizá resulte posible pensar en partidos donde coexistan facciones con distintas ideas programáticas, en donde haya realmente competencia por los espacios de toma de decisiones, y en donde se respete a las minorías disidentes.

Si cada país de Centroamérica mantiene su subdesarrollo económico, político y social, se consolidará el problema multidimensional de la región y será una amenaza creciente para todo el continente.  

Centroamérica está formada por 6 países en 499 mil kilómetros cuadrados y tiene 49.3 millones de habitantes, de los cuales 42% son pobres, tienen 2.4 hijos por mujer, escasa educación, mala salud y pocas oportunidades.  

En Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua viven el 81% de centroamericanos, y de ellos 48% son pobres. Estos 4 países tienen los peores índices sociales del continente y los niveles más bajos de inversión y creación de oportunidades. Costa Rica está deteriorando sus números por problemas internos y por ser parte de un vecindario muy disfuncional. Panamá es la excepción, pero su futuro está ligado al centro del Continente.  

En los últimos 30 años las economías de la región han tenido un crecimiento marginal e insuficiente, con el que tardarían, en promedio, 30 años en duplicar su PIB per cápita. Y la población ha crecido 67%, aumentando la pobreza. Con estos números, estos países, serán siempre pobres y fuente de migración ilegal.

La corrupción, la falta de inversión y escasez de oportunidades, el alto crecimiento poblacional y la inseguridad han provocado que 1 de cada 3 centroamericanos quieran emigrar.

El 80% de las drogas que llegan a USA pasan por Centroamérica dejando una secuela creciente de violencia y corrupción. Pero lo más grave es que el poder corruptor del narcotráfico convirtió a Guatemala y a Honduras en narco Estados y los demás corren el mismo riesgo.

Solo en Guatemala se calcula que el 75% del financiamiento de las últimas cinco campañas electorales provino de la corrupción y el narcotráfico.  

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen economías mayoritariamente dependientes de las remesas familiares provenientes de la migración ilegal, la corrupción y el narcotráfico.

Es una amenaza para la seguridad del hemisferio continental el hecho que desde las dictaduras militares de los 70s y 80s hasta hoy, se han formado y consolidado grupos criminales que han incursionado en la política y están convirtiendo los países de la región en Estados criminales y narco Estados. La política, el congreso, el sistema de justicia y el poder ejecutivo están contaminados, y en muchos casos secuestrados, por el crimen organizado.

Las proyecciones para los próximos 20 años, si no hay cambios drásticos en la forma en que se gobierna la región, serán más pobreza, migración ilegal, narcotráfico y crimen organizado; y, por lo tanto, una amenaza a la seguridad del hemisferio.

La realidad es que la región está formada por países pequeños, mal administrados y poco competitivos para el mundo de hoy, y separados, no tenemos economías de escala.

Los dos pilares del desarrollo de las naciones son: instituciones democráticas que garantizan el Estado de derecho y el crecimiento económico.

Abrir la posibilidad a un crecimiento económico más vigoroso facilitaría el fortalecimiento de las instituciones democráticas de la región.

Los pueblos creen en la democracia y en el Estado de Derecho cuando tienen qué comer. 

Si cada país de Centroamérica mantiene su subdesarrollo económico, político y social, se consolidará el problema multidimensional de la región y será una amenaza creciente para todo el continente.  

La opción audaz y ambiciosa es la creación de una Comunidad Económica Centroamericana –CECA–que promueva la inversión, impulse la creación de oportunidades y facilite la coordinación en materia de seguridad transnacional.

Centroamérica lleva 70 años discutiendo la integración económica. Ha habido avances, pero son insuficientes. Hoy se identifica una ventana de oportunidad –que podría durar 24 meses– porque hay más consenso sobre los desafíos del mundo de hoy entre quienes toman las decisiones, pero, en especial, porque se reconoce que estamos fracasando y que llegó la hora de intentar algo distinto.

¡Qué regalo sería este para Centroamérica en 2020!

Un modelo intermedio para la votación al Congreso.

La convocatoria a un proceso de reformas de segunda generación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en el marco de la integración de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) abre la puerta para realizar reformas más profundas al sistema de elección de autoridades.

Desde hace varios años, un tema que ha sido foco de discusión es el modelo de elección de diputados. Bajo el sistema de representación proporcional de minorías, el ciudadano emite su voto por listas cerradas, inalterables y bloqueadas. Esto apuntala el poder de los partidos, pues son las agrupaciones políticas quienes ostentan el poder de determinar el orden de sus candidatos y distinguir entre aquellos candidatos con posibilidades de ser electos y aquellos de relleno. En otras palabras, solo los candidatos ubicados en los primeros puestos de la lista tienen posibilidad de alcanzar una curul.

Asimismo, este modelo también ha implicado que la correlación de fuerzas dentro del Congreso constituye el reflejo de la voluntad de la ciudadanía. El votante es quien decide a qué partido le da la mayoría, a quién convierte en fuerza de oposición o en bisagra minoritaria.

No obstante, el sistema se distorsiona debido al transfuguismo. Y por transfuguismo se entiende tanto el formal (cuando el diputado abiertamente renuncia al bloque que le eligió y se declara independiente – o anteriormente, se integraba a otro bloque), o el informal (cuando el diputado a pesar de pertenecer al bloque que le eligió adopta posturas distintas a las del partido político). Todo ello ocurre dado que una vez electo, el diputado convierte en el dueño de su curul. De tal forma, al renunciar al bloque que le eligió o al tomar una postura distinta al partido, el diputado está alterando esa correlación de fuerzas políticas legislativas, definida por el voto ciudadano.

Ante esta falencia, las propuestas son diversas. Algunos promueven la elección uninominal, en la que el votante emite su sufragio por una persona y no por un listado. El problema con este modelo es que ante el tamaño tan extenso del actual sistema de distritos electorales, el proceso de escrutinio de votos resultaría muy complejo.

Veamos un ejemplo real. En la elección 2019, veintiseis (26) partidos políticos postularon candidato por el Distrito Guatemala (magnitud 19). Asumiendo que los listados estaban completos (cosa que no es así en la práctica) esto implicaría que las Juntas Receptoras de Votos tendrían que contabilizar -individualmente- el voto de 494 candidatos.

Asimismo, el efecto negativo de todo sistema uninominal es que tiende a desincentivar la consolidación de partidos, puesto que los caciques adquieren más importancia que la estructura institucional de un partido. El mismo argumento puede hacerse con narco-candidaturas. El candidato con una fuente infinita de recursos, podría -en lo individual- desplegar millonarias campañas clientelares para ganar la curul. Si en un mismo distrito, varios candidatos están en esa situación, tendríamos una competencia de narco-caciques individuales, y el partido dejaría de importar.

Ante estas disyuntivas, se puede explorar alternativas intermedias. El caso más cercano es El Salvador, en donde se modificó el modelo de elección de listas cerradas a listados semiabiertos. Bajo este sistema, el partido propone el orden de candidatos, pero el votante tiene la potestad de reacomodar la lista de acuerdo con sus preferencias. Esto le prioriza a liderazgos alternos, representantes de grupos étnicos o de género, lo que fortalece la representatividad sin debilitar al partido, ni generar campañas de candidatos y no de partidos. En otras palabras, el votante puede reordenar el listado de candidatos, castigando a aquellos que considera poco aptos para representarle, y premiar a aquellos liderazgos que quizá no fueron postulados en los primeros espacios de las listas.

De tal manera, las listas semiabiertas se convierten en un mecanismo para democratizar el partido, pues le resta el monopolio de decisión a la estructura central. Además, constituye un mecanismo para promover la circulación de liderazgos. Por lo menos, en El Salvador, este modelo ha obligado a ARENA y al FMLN a reconsiderar el rol de sus líderes tradicionales frente a líderes emergentes, dado que los votantes han decidido premiar a nuevos políticos, postulados en la cola de los listados de candidatos, y castigar a los dinosaurios que lideran los listados.

Que sus resoluciones resulten contrarias a los intereses del poder.

En reiteradas ocasiones, he sostenido la hipótesis que a lo largo de la historia reciente, Guatemala ha sido un país sin la institucionalidad necesaria para canalizar y resolver conflictos por la vía política. Esta falencia genera la necesidad de un “árbitro de última instancia”: un actor que juega el rol de mediador, filtro político, garante del orden y salvaguarda final del sistema. Hasta 1993, ese rol lo jugó el Ejército. Pero con la transición democrática, dicha función se trasladó gradualmente a la Corte de Constitucionalidad (CC).[1]

No obstante, con el paso de los años, y ante la incapacidad de las élites de apostar por el fortalecimiento de la institucionalidad, la función pretoriana de un “arbitro de última instancia” sólo se ha profundizado.

Por ello, fácilmente podemos reseñar como, desde 1993 a la fecha, pero particularmente, a partir de desde 2001, la CC ha estado en el epicentro de todos los procesos y momentos políticos más relevantes del país. Desde discusiones sobre inscripciones de candidatos electorales, procesos de elección de funcionarios de segundo grado (magistrados, contralor, Fiscal General), pasando por discusiones de reformas tributarias, la aplicación de convenios internacionales en materia de derechos humanos, procesos de antejuicio, la prohibición para comercializar cachinflines, hasta casos penales de alto impacto, en todos, la Corte de Constitucionalidad ha sido el árbitro final del conflicto político en el país.

Argumentar que existe una “extralimitación” de parte de la CC resulta discordante a la luz de la experiencia reciente; y más si se considera que desde el diseño del ordenamiento político vigente se dejó en claro que “No hay ámbito que no sea susceptible de amparo” (Art. 265 de la Constitución). A ello sumemos que entre 2009 y 2010 (hace dos magistraturas), la CC amplió la legitimación activa para presentar acciones de control de constitucionalidad contra los actos de la administración pública.

Vale la pena preguntarse entonces, ¿qué ha cambiado de 2016 a la fecha? ¿Por qué tanta animadversión de Gobierno y de ciertos sectores clave del país hacia la actual magistratura constitucional?

Sencillo. Lo que ha cambiado ha sido el balance de fuerzas. Durante décadas, los fallos de la Corte de Constitucionalidad en aquellos casos de trascendencia política se alineaban más con la visión e intereses de los estamentos político, económico y militar. En 2003, la CC se alineó con el poder político de turno y ordenó la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. En 2011, la CC acuerpó la posición de una gran parte del sector privado y ordenó no inscribir a Sandra Torres como aspirante a la presidencia. En 2013, acogió las demandas de actores privados y militares, y anuló el juicio por Genocidio contra Efraín Ríos Montt. A lo largo de los años, la Corte ha anulado reformas tributarias o se ha convertido en un contrapeso ante interpretaciones discrecionales de la administración tributaria en casos fiscales.

Por estos, y otros casos más, es que a la CC se le ha considerado como una salvaguarda final del sistema.

No obstante, en un proceso que aún debe estudiarse, la designación de magistrados del 2016 arrojó un resultado atípico: La integración de Corte con una mayoría que no necesariamente resultaba afín a los actores de poder. Esta es quizá, la primera Corte de Constitucionalidad con una mayoría “Contra-Poder”.

Esta dinámica se ha materializado en los casos relacionados con la aplicación del Convenio 169 de la OIT; las resoluciones que obligan a repetir las designaciones de gobernadores; las resoluciones sobre casos de “interna corporis” relacionados con actuaciones del Congreso; los casos sobre decisiones de política exterior de Gobierno; y las resoluciones que reconducen el proceso de elección de magistrados Apelaciones y CSJ. En todos, la CC ha resuelto en contra de la visión imperante de grupos de poder.

Ese es el pecado capital de la actual magistratura. La función pretoriana sigue siendo la misma de los últimos 25 años. La amplitud del marco de actuación, también. Lo que ha cambiado ha sido el sentido de las resoluciones. De ser suplementos del poder, la Corte es hoy un órgano “contra-poder”.

[1] https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/01/09/el-arbitro-de-ultima-instancia-dentro-del-sistema-politico/

Un grupo de 43 abogados presentamos una solicitud abierta al presidente de la República, Jimmy Morales, para que dé el veto al decreto 10-2019.

Conforme pasan los días y entramos en modo navideño, nos distraemos de los temas de trascendencia nacional. El 12 de noviembre el Congreso de la República aprobó como un relámpago y de forma intempestiva el decreto 10-2019 que reforma el Código Procesal Penal.

El decreto 10-2019, para decirlo más sencillo, introduce la “aceptación de cargos”. En otra columna expliqué por qué este decreto es esencialmente un grosero instrumento de impunidad. Acá recapitulo en lo esencial.

Los problemas del decreto 10-2019

En primer lugar, para delitos de menor impacto ya existen procedimientos para evitar enviar a prisión a aquellas personas responsables por delitos cuya pena de prisión no excede de cinco años. ¿Para qué es esta ley entonces? Pues para delitos más graves. ¿Todos? No, para delitos muy bien escogidos.

Para efectos prácticos, este decreto no beneficiaría a quienes estén acusados de homicidio, secuestro, violación, por poner algunos ejemplos. ¿Qué delitos sí reciben este beneficio? Pues ni más ni menos que aquellos asociados a la corrupción tales como cohecho activo y pasivo (dar y recibir sobornos), peculado (en lenguaje coloquial, robarse dinero del Estado), malversación de fondos, abuso de autoridad, asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, entre otros.

Quiere decir que esta ley está pensada en un 80% para delitos que podrían enfrentar muchos diputados que dejarán su curul en enero próximo. Y, luego, el decreto aplica a otro catálogo de delitos que no excluyeron porque la aprobación del decreto nunca tuvo la más mínima discusión técnica. Muestra de ello es que las cuatro enmiendas que vuelven a este decreto una receta de impunidad para políticos, aparecieron súbitamente en el pleno el mismo 12 de noviembre ante un inusual quórum.

¿Cómo beneficia esta ley a los políticos acusados de corrupción?

Esa es la pregunta que se hacen muchos. Bueno, una de las enmiendas que aprobó el Congreso de última hora establece que, si una persona acepta la culpa en su primera declaración, recibe una rebaja de la mitad de la pena. Pero hay una imprecisión, ¿la mitad de qué pena? Los delitos tienen penas de prisión que están fijadas en cierto rango. Por ejemplo, quien cometa el delito de asociación ilícita enfrenta una pena de prisión de 6 a 8 años. ¿La mitad de qué pena será el beneficio? ¿de 6 años? ¿o de 8?

Hay un principio en derecho penal que dice que “en caso de duda, procede lo más favorable al reo”. En un sistema jurídico como el nuestro, con debilidad institucional muy patente, no extrañaría que los tribunales apliquen una interpretación antojadiza de esta máxima e interpreten que los acusados serán beneficiados por la mitad de la pena más baja. En cualquier caso, delitos graves como la asociación ilícita, un delito de la ley contra la delincuencia organizada, podrían librarse sin poner un pie en prisión o recibir penas muy bajas.

El deber presidencial

Naturalmente es imposible profundizar en este corto espacio otros males del decreto 10-2019. Pero lo poco que he dicho da cuenta de lo burdo y grave de la situación. En tal sentido, un grupo de 43 abogados presentamos una solicitud abierta al presidente de la República, Jimmy Morales, para que dé el veto a este decreto.

Como el lector probablemente sepa, una vez el Congreso aprueba un decreto, éste debe pasar al presidente quien puede sancionar el decreto (aprobarlo) o vetarlo. Si lo veta, el decreto debe regresar al Congreso y ahora harían falta 105 votos para aprobarlo. Afortunadamente, los diputados no tienen 105 votos y por ello el presidente Morales tiene el poder de frenar este decreto de impunidad.

El comunicado que menciono no está firmado únicamente por abogados jóvenes como yo. Si da un vistazo a la lista verá a notables abogados, algunos de ellos ex magistrados de los más altos tribunales, por poner un ejemplo. Ojalá el presidente haga lo correcto. Aunque es improbable, los ciudadanos debemos hacer que nuestra voz se escuche.

La integralidad de fomentar mayor competencia, reordenar distritos y abrir listados.

Quizá la mejor forma de explicar las debilidades del modelo de representación generado por el actual sistema electoral, es hacer una analogía con un supermercado.

Actualmente, el supermercado electoral está abastecido por unas cuantas marcas. Pero estas han cerrado filas y buscan evitar que entre nueva competencia. Lógico. Cualquiera que ha asumido el costo de ingresar al sistema, naturalmente quiere limitar que otros lo hagan. Por ello, las marcas electorales (o partidos políticos tradicionales) desean mantener barreras altas de ingreso: 27 mil afiliados (0.3% del total de empadronados), requisitos de organización en 50 municipios y 12 departamentos, plazos amplios y rígidos para realizar las asambleas, por mencionar algunas.

Pero el problema no se queda ahí. Resulta que en el supermercado las góndolas son excesivamente grandes y están desordenadas. Peor aún, los productos están mezclados, lo que limita una adecuada segmentación. En la misma góndola, usted encontrará frutas, bebidas, artículos de limpieza y farmacia. Esto ocurre en el sistema electoral por la existencia de distritos electorales muy grandes.

Por ejemplo, Guatemala, cuya magnitud es de 19 diputados, es un distrito excesivamente grande. En él, poblaciones significativas y con características económicas y socio-culturales disímiles entre sí eligen todas a un mismo grupo de representantes. Por ejemplo, los vecinos de Mixco (segundo municipio más poblado del país) inciden en la elección de representantes de otros conglomerados poblacionales, y con características sociales y económicas distintas, como los del sur (Villa Nueva o Amatitlán) o los del norte del distrito (San Juan Sacatepéquez, San Raymundo o San Pedro Ayampuc). O veamos el caso de Alta Verapaz, de magnitud nueve, en donde coexisten dos regiones geográfica, social y económicamente diferentes –la Franja Transversal del Norte y la zona del Polochic– y ambas eligen al mismo bloque de representantes. El mismo análisis puede realizarse al estudiar otros distritos como el Central (ciudad de Guatemala), Quiché, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango.

Pero para terminarla de amolar, resulta que por el diseño del sistema, el consumidor no solo está obligado a buscar sus productos en góndolas grandes y desordenadas, sino que además, está obligado a comprar “en paquete” o “canasta”. En otras palabras, usted no puede adquirir solo una manzana, sino que debe comprar una canasta de productos que le trae otros artículos más, que en algunos casos son de mala calidad, son saldos o simplemente que resultan nocivos para su salud. Ese es el efecto de los listados cerrados: el ciudadano está condenado a votar en paquete; a no poder individualizar a los candidatos que le ofrecen las agrupaciones políticas. Así es como se cuelan diputados vinculados a grupos de interés oscuro, o peor aún, a grupos delincuenciales organizados.

He aquí la lógica de los tres ejes centrales de la propuesta de reforma electoral: abrir la competencia, ordenar las góndolas electorales y permitir al votante individualizar su compra.

Reducir las barreras de ingreso busca facilitar que nuevas marcas puedan aspirar a vender su producto. Y ojo, estar en el Supermercado no es garantía que el producto sea comprado. Simplemente es un asunto de permitir más competencia. Al final del día, será el consumidor quien decida si compra la marca vieja y conocida, o se va por lo nuevo. Para hacer esto posible, es necesario reducir los costos de formación partidaria, no solo en términos de afiliados sino también de organización.

El ordenamiento de las góndolas pasa por establecer circuitos electorales. Con ello, se permitirá segmentar los mercados electorales, acercar al elector con su representante y permitir que poblaciones más homogéneas concentren su círculo de representación.

La apertura de los listados permitiría al elector individualizar su voto: podría premiar directamente a los candidatos que le parecen atractivos, indistintamente de su posición en la lista.

La integralidad de la reforma no debe olvidarse. Reordenar las góndolas y romper el sistema de “voto en paquete”, no será tan efectivo si no se incrementa la competencia.

Se sometió a discusión la iniciativa 5311 que contenía la “Ley de aceptación de cargos” y por arte de magia surgieron 4 enmiendas que cambiarían la historia del proyecto original. Acá he publicado un análisis para los lectores interesados en profundizar.

¿120 diputados en el hemiciclo en noviembre? Quienes siguen las noticias saben que esto no es algo que suela pasar, menos en tiempos transición. Pero este 12 de noviembre sucedió. Se preguntará el lector qué puede motivar algo así. Juzguemos por los hechos: se sometió a discusión la iniciativa 5311 que contenía la “ley de aceptación de cargos” y por arte de magia surgieron 4 enmiendas que cambiarían la historia del proyecto original (acá el decreto final). Acá he publicado un análisis para los lectores interesados en profundizar. Por ahora, vamos a comentar algunas cuestiones básicas.

El presidente del Congreso rápidamente mostró su “sorpresa” por las críticas a lo aprobado aduciendo que el decreto no es más que lo que presentó en su momento la CICIG. Eso es una verdad a medias, porque las cuatro enmiendas presentadas cambiaron completamente el sentido original de la propuesta; y es un discurso polarizante porque, si bien CICIG propuso una ley de aceptación de cargos (no esta), eso no la hace automáticamente deseable o adecuada.

¿Cuál es la crítica entonces? En concreto, son tres:

1. Quien paga, sale libre: el espíritu original de una ley de aceptación de cargos es ofrecer beneficios a aquellos acusados que reconozcan su culpa, sí. Pero esos beneficios deben ser acordes a la gravedad del delito que se persigue. Por eso la versión original de la ley decía que si un imputado aceptaba su culpa, recibía una rebaja de la pena de prisión, pero esa rebaja no era conmutable. Es decir, que en la versión original si una persona era acusada de cohecho pasivo (recibir sobornos), que tiene una pena de 5 a 10 años de prisión, podía recibir un beneficio de rebaja de la pena de prisión. Así, en el mejor de los casos, podía pedir su rebaja de 5 años de prisión con lo cual hubiera ido a prisión 2 años y medio. ¿Qué aprobaron los diputados? Que esa rebaja se puede “conmmutar”, es decir, que la pena de prisión se puede “convertir” en el pago de una suma de dinero. Siguiendo mi ejemplo anterior, una persona acusada de cohecho pasivo puede aceptar los cargos, recibir una rebaja de pena de prisión de 5 años a 2 años y medio y acto seguido pagar una suma de dinero y marcharse impune sin poner un pie en prisión. Sale más barato ser corrupto ahora, ¿no?

2. Catálogo de delitos a la carta: aprendieron su lección de 2017 y ahora no cualquier delito es sujeto de este beneficio. La ley aprobada en definitiva excluye cerca de una veintena de delitos para los cuales no se puede aplicar este beneficio tales como asesinato, violación, secuestro, etc. Esto para decir que “esta ley no provocará la salida masiva de delincuentes comunes y mareros”. Pero olvidan mencionar que esta ley sí aplicará a delitos de delincuencia organizada, por ejemplo; aplica para delitos típicos de casos de corrupción como tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo (pagar o recibir sobornos), peculado (robar fondos públicos), asociación ilícita, etc. ¿Por qué delitos se persigue a la mayoría de políticos acusados por corrupción desde 2015? Por los que acabo de enumerar y para los cuales sí aplica el beneficio de aceptación de cargos. ¿Coincidencia?

3. Aniquilar la figura del colaborador eficaz: el colaborador eficaz es aquel acusado por delitos relacionados con el crimen organizado que “delata” al líder de una estructura a cambio de un beneficio que puede ser la reducción de su pena o incluso su libertad. La generosidad del beneficio depende de la calidad de la información que el acusado dé. Si la información que da sirve para capturar a un pez gordo, el beneficio es grande; si la información es medianamente buena, el beneficio es menor. Esta ley, en cambio, dice que quien acepte cargos no puede recibir el beneficio de ser colaborador eficaz. ¿Cuál es el problema? Pues que con esta ley hay muy pocos incentivos para ser colaborador eficaz ahora que un acusado puede aceptar su culpa, recibir una reducción de la pena de prisión y luego “conmutar” esa pena de prisión y pagar una suma de dinero para salir libre. Es mejor salir libre sin los costos que lleva “delatar” alguien y por eso la figura de la colaboración eficaz pierde fuerza. Sí, ya sé, los diputados que aprobaron esta ley me dirán que “el beneficiado por aceptación de cargos está obligado a declarar como testigo si lo citan”. Pero a diferencia de la colaboración eficaz, donde la rebaja de la pena depende de la calidad de la información proporcionada, en esta ley solo se obliga a comparecer como testigo y aunque proporcione información de poco valor, recibe el beneficio. Un desastre total.

Hay muchos más problemas, pero estos tres puntos son los más relevantes para informar al ciudadano común, que tiene un día ocupado y que los temas jurídicos y políticos le son ajenos.

Por ahora, el decreto debe llegar al despacho del presidente Jimmy Morales. Morales tiene en sus manos vetar esta ley y evitar que entre en vigor o sancionarla y ordenar su publicación. ¿Hará lo correcto?

Los valores que hicieron grande a occidente, se están perdiendo. Y el resultado, podría ser desastroso para el mundo.

El mundo vive una paradoja. Nunca antes en la historia de la humanidad se había tenido tan alto nivel de vida y sin embargo, las protestas, el descontento ciudadano y las crisis políticas están brotando rápidamente en diferentes partes del orbe.

Los partidos políticos de extrema derecha o extrema izquierda cada vez obtienen más votos en las urnas, lo que refleja la creciente polarización que  está permeando en nuestras sociedades.

El discurso en contra de la globalización ya no es propio de la izquierda, sino que ha sido adoptado por actores considerados de derecha que cuestionan los beneficios del libre comercio, critican el multilateralismo y culpan a los migrantes de todos los males que aquejan a sus países.

Estados Unidos por su parte, tiene la intención de replegarse en su política exterior y con ello abdica de su liderazgo mundial,  dejando vacíos de poder que son llenados rápidamente por Rusia o China, como quedó demostrado tras su retirada de Siria.

Europa atraviesa por una crisis de identidad, con el proceso del Brexit inyectando gran incertidumbre económica y política, los movimientos independentistas a flor de piel y las dudas constantes sobre los beneficios de ser parte del segundo bloque económico más grande del mundo. Y lo peor de todo, es que Europa parece ser un continente totalmente rezagado respecto a la competencia tecnológica y empresarial entre China y Estados Unidos. La capacidad de influencia global de Europa ha venido decayendo paulatinamente en las últimas décadas, y corre el riesgo de llegar a ser casi irrelevante en los próximos veinte años.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales crearon varias instituciones multilaterales para tratar de garantizar que no se repitiera la tragedia que recién acababan de experimentar. La ONU, el Banco Mundial, el FMI y la OTAN fueron producto de esos acuerdos. Sin embargo, hoy se cuestiona toda esa institucionalidad, en parte porque algunas de estas organizaciones se han visto envueltas en escándalos que han mermado su credibilidad; otras simplemente han perdido efectividad, pero también se debe a que las nuevas generaciones ven muy lejanos los horrores de la Primera y la Segunda Mundial, y no perciben ninguna utilidad de las instituciones que surgieron luego de ese conflicto global.

Con el aumento del descontento social y la consolidación de las opciones extremistas en el poder, las democracias occidentales se irán debilitando y en las próximas dos décadas es posible que lleguemos a ver regímenes dictatoriales, en donde alguna vez vimos democracias prósperas.

En América Latina, tenemos ejemplos de la decadencia que pueden sufrir los países, como es el caso de Venezuela, que pasó de ser la democracia más próspera de la región a finales de los años ochenta,  a la dictadura decadente que es hoy en día. O Argentina, que era una potencia mundial a inicios del siglo XX y en las últimas décadas ha experimentado tantas crisis económicas, que han mermado seriamente la calidad de vida de sus habitantes.  ¿Tendrá Chile el mismo destino?

La desesperación, el sentimiento de injusticia y la decepción con la democracia que prevalece en los ciudadanos de muchos países occidentales, podría cambiar si se inicia un nuevo período de alto crecimiento económico como el que se vivió en los noventas y los primeros siete años del presente siglo, que benefició a una amplia clase media.  Sin embargo, con las amenazas de guerras comerciales y el agotamiento de los estímulos monetarios y fiscales de la última década, es posible que el mundo experimente una nueva recesión en los próximos dos años, lo cual exasperaría más el ánimo de las personas.

La batalla por la democracia liberal, la defensa de los derechos individuales, la libertad de expresión y de prensa, el libre comercio y en general los valores que hicieron grande a occidente, se están perdiendo. Y el resultado, podría ser desastroso para el mundo.