Lo inquietante de este “viraje” es que se pone en relieve todo lo que está dispuesto a hacer el régimen de Maduro para mantenerse en el poder, incluso si eso implica renunciar a sus bases ideológicas de revolución socialista y anti-liberal.

Muchos analistas se han referido al “viraje” que estaría dando el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en las últimas semanas, a la luz de ciertos cambios puntuales que indicarían una supuesta “apertura” para retomar algún tipo de gobernabilidad con la oposición y de estabilización económica en el país suramericano.

Algunas de estas señales serían, primero, que la Asamblea Nacional (2021-2024), de mayoría chavista, tras varias negociaciones, nombró a dos rectores opositores de los cinco cargos directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE). En segundo lugar, hace semanas, el Fiscal General de Venezuela reconoció ante la Corte Penal Internacional las violaciones a DDHH y crímenes de Estado perpetrados a opositores al régimen. En tercer lugar, Maduro concedió el permiso del ingreso del Programa Nacional de Alimentos de la ONU tras años de negar la ayuda humanitaria. Asimismo, en cuarto lugar, se resolvió otorgar arresto domiciliario a los seis exejecutivos de Citgo cuya detención arbotraria generó tensiones con EE.UU y preocupación por el respeto a los DDHH y las garantías procesales en el país.

Además, en el aspecto económico –luego de una de las hiperinflaciones más graves de la historia, de una economía completamente estatizada y de muchas expropiaciones a empresas privadas–, por lo menos desde 2019, se han ido derogando los controles de precios y la ley de ilícitos cambiarios que prohibía la circulación de moneda extranjera en el país, se han liberado las importaciones y se han entablado conversaciones con la principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, para fomentar mecanismos de reactivación del sector privado nacional.

Cabe decir que el precio que ha pagado la sociedad venezolana para que finalmente el régimen chavista aplicara un mínimo de racionalidad económica y acatara las peticiones de la comunidad internacional de regresar a cierta gobernabilidad, ha sido altísimo y se ha pagado con la sangre y la vida de millones de venezolanos, víctimas de una crisis humanitaria sin precedentes en la historia del continente. Los números no mienten: de acuerdo con cifras recientes del Fondo Monetario Internacional, desde 2013 hasta 2020, Venezuela ha perdido alrededor del 80% de su Producto Interno Bruto. Para ponerlo en contexto: durante la Segunda Guerra Mundial, Polonia (que literalmente desapareció del mapa de Europa), perdió el 42% de su PIB. Eso coloca a Venezuela como uno de los casos de destrucción de riqueza más dramáticos de la historia reciente. También, de acuerdo con datos de la Encovi 2020, el 96% de los venezolanos viven en pobreza, superando incluso las cifras de Haití y convirtiéndose en el país más pobre de América Latina y uno de los más pobres del mundo. Sin contar que Venezuela ocupa el segundo lugar –después de Siria– del mayor número de refugiados en el mundo, con 5 millones y medio de desplazados, según reseña la ACNUR.

En días recientes, el dictador de Venezuela Nicolás Maduro, como parte de esta estrategia de “lavarse la cara” frente a la opinión pública internacional, ofreció una larga entrevista al medio de comunicación Bloomberg desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, en donde conversó de sus intenciones de acercarse a la administración Biden, aunque refiere que de momento no ha habido “ni una señal” o interés de Washington en propiciar un diálogo. Además, hace un llamado a abandonar la “demonización” de Venezuela en los Estados Unidos y sentar las bases creíbles para una negociación para regularizar las relaciones entre ambos países en términos de “ganar/ganar”. Y en lo económico, comenta que la relación del gobierno venezolano con los tenedores de bono y el sector petrolero ha sido “impecable” y que es posible invertir en Venezuela, además de la necesidad del levantamiento de las sanciones económicas de EEUU hacia Venezuela, y señalar la apertura económica que está teniendo Venezuela hacia el capital privado nacional y extranjero y el deseo de regresar a la vía democrática con una oposición que acepte las reglas del juego.

Lo inquietante de este “viraje” es que se pone en relieve todo lo que está dispuesto a hacer el régimen de Maduro para mantenerse en el poder, incluso si eso implica renunciar a sus bases ideológicas de revolución socialista y anti-liberal.

La gran pregunta es: ¿Le creemos?

Lo inquietante de este “viraje” es que se pone en relieve todo lo que está dispuesto a hacer el régimen de Maduro para mantenerse en el poder, incluso si eso implica renunciar a sus bases ideológicas de revolución socialista y anti-liberal.

Muchos analistas se han referido al “viraje” que estaría dando el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en las últimas semanas, a la luz de ciertos cambios puntuales que indicarían una supuesta “apertura” para retomar algún tipo de gobernabilidad con la oposición y de estabilización económica en el país suramericano.

Algunas de estas señales serían, primero, que la Asamblea Nacional (2021-2024), de mayoría chavista, tras varias negociaciones, nombró a dos rectores opositores de los cinco cargos directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE). En segundo lugar, hace semanas, el Fiscal General de Venezuela reconoció ante la Corte Penal Internacional las violaciones a DDHH y crímenes de Estado perpetrados a opositores al régimen. En tercer lugar, Maduro concedió el permiso del ingreso del Programa Nacional de Alimentos de la ONU tras años de negar la ayuda humanitaria. Asimismo, en cuarto lugar, se resolvió otorgar arresto domiciliario a los seis exejecutivos de Citgo cuya detención arbotraria generó tensiones con EE.UU y preocupación por el respeto a los DDHH y las garantías procesales en el país.

Además, en el aspecto económico –luego de una de las hiperinflaciones más graves de la historia, de una economía completamente estatizada y de muchas expropiaciones a empresas privadas–, por lo menos desde 2019, se han ido derogando los controles de precios y la ley de ilícitos cambiarios que prohibía la circulación de moneda extranjera en el país, se han liberado las importaciones y se han entablado conversaciones con la principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, para fomentar mecanismos de reactivación del sector privado nacional.

Cabe decir que el precio que ha pagado la sociedad venezolana para que finalmente el régimen chavista aplicara un mínimo de racionalidad económica y acatara las peticiones de la comunidad internacional de regresar a cierta gobernabilidad, ha sido altísimo y se ha pagado con la sangre y la vida de millones de venezolanos, víctimas de una crisis humanitaria sin precedentes en la historia del continente. Los números no mienten: de acuerdo con cifras recientes del Fondo Monetario Internacional, desde 2013 hasta 2020, Venezuela ha perdido alrededor del 80% de su Producto Interno Bruto. Para ponerlo en contexto: durante la Segunda Guerra Mundial, Polonia (que literalmente desapareció del mapa de Europa), perdió el 42% de su PIB. Eso coloca a Venezuela como uno de los casos de destrucción de riqueza más dramáticos de la historia reciente. También, de acuerdo con datos de la Encovi 2020, el 96% de los venezolanos viven en pobreza, superando incluso las cifras de Haití y convirtiéndose en el país más pobre de América Latina y uno de los más pobres del mundo. Sin contar que Venezuela ocupa el segundo lugar –después de Siria– del mayor número de refugiados en el mundo, con 5 millones y medio de desplazados, según reseña la ACNUR.

En días recientes, el dictador de Venezuela Nicolás Maduro, como parte de esta estrategia de “lavarse la cara” frente a la opinión pública internacional, ofreció una larga entrevista al medio de comunicación Bloomberg desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, en donde conversó de sus intenciones de acercarse a la administración Biden, aunque refiere que de momento no ha habido “ni una señal” o interés de Washington en propiciar un diálogo. Además, hace un llamado a abandonar la “demonización” de Venezuela en los Estados Unidos y sentar las bases creíbles para una negociación para regularizar las relaciones entre ambos países en términos de “ganar/ganar”. Y en lo económico, comenta que la relación del gobierno venezolano con los tenedores de bono y el sector petrolero ha sido “impecable” y que es posible invertir en Venezuela, además de la necesidad del levantamiento de las sanciones económicas de EEUU hacia Venezuela, y señalar la apertura económica que está teniendo Venezuela hacia el capital privado nacional y extranjero y el deseo de regresar a la vía democrática con una oposición que acepte las reglas del juego.

Lo inquietante de este “viraje” es que se pone en relieve todo lo que está dispuesto a hacer el régimen de Maduro para mantenerse en el poder, incluso si eso implica renunciar a sus bases ideológicas de revolución socialista y anti-liberal.

La gran pregunta es: ¿Le creemos?

Sus características patrimoniales trascienden ideologías y banderas políticas.

Los primeros dos artículos del texto constitucional establecen la razón de ser del Estado. “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. “Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona.”

Los artículos constitucionales y las mediciones institucionales parten de la premisa que nuestro sistema es moderno en su concepción. Es decir, que el fin de los Estados es organizar y coordinar las relaciones sociales para promover el mayor bienestar del colectivo. No obstante, el Estado de Guatemala se revierte de rasgos de pre-modernos, sobre todo, en la concepción de la razón de ser del aparato estatal.

En estas latitudes no hemos alcanzado una característica de la modernidad: la distinción entre el dominio público y el dominio privado en la esfera de lo político. En Guatemala los bienes del Estado se conciben como patrimonio privado al servicio de los intereses de los gobernantes. Para muestra, los contratos públicos y la proveeduría del Estado se han convertido en la segunda mayor fuente de riqueza emergente, detrás de lo ilícito. Asimismo, las aduanas, la seguridad social, los puertos, el deporte federado y los consejos de desarrollo son las grandes joyas de la corona para los negocios.

Por tanto, el conflicto es no es más que el resultado de la disputa entre diferentes grupos por acceder a la repartición del patrimonio del Estado. La actuación legislativa tiene como principal motivación la búsqueda de asignaciones del listado geográfico de obras. Y el financiamiento de campañas electorales no es más que el pago de derecho de piso para acceder a estas fuentes de enriquecimiento.

No obstante, el modelo no es exclusivo de los partidos. En las últimas décadas, nuevos actores -sindicatos, grupos indígenas, profesionales, etc.- han emergido en la arena política en búsqueda de espacios de incidencia. Sin embargo, en lugar de gestarse nuevas correlaciones de poder, en el caso guatemalteco, el interés de los actores emergentes es acceder a la repartición de bolsones presupuestarios. El rol de los sindicatos de salubristas y educadores es un ejemplo de búsqueda de rentas, vía el Programa de Extensión de Cobertura y los leoninos pactos colectivos. Ocurre lo mismo cuando agrupaciones campesinas juegan el rol de intermediarios en la distribución del fertilizante o en la gestión de conflictos agrarios.

En este sistema patrimonial, la legislación y las decisiones jurídicas se conciben como la otorgación de una gracia, privilegio, concesión o exención a grupos de interés.

La última característica pre-moderna del Estado es su burocracia. Salvo varias excepciones institucionales, la mayoría de funcionarios no se elige por mérito, sino por compadrazgo, afinidad o relación servil con un miembro superior de la jerarquía burocrática. La concepción de los partidos como agencias de empleo evita la consolidación de un funcionariado profesional propio de un Estado moderno. La aspiración de acceder a un puesto público ya no es una expresión de civismo, sino la búsqueda del enriquecimiento vía el abuso de poder.

En este sentido, el Estado de Guatemala es sumamente eficiente y efectivo para realizar las funciones para las que se le concibe: constituir un árbitro gestor de oportunidades de riqueza. La cultura patrimonial trasciende ideologías y colores partidistas. El Estado es un botín donde la protección de la vida, la libertad y el desarrollo integral de la persona no tienen cabida.

Sus características patrimoniales trascienden ideologías y banderas políticas.

Los primeros dos artículos del texto constitucional establecen la razón de ser del Estado. “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. “Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona.”

Los artículos constitucionales y las mediciones institucionales parten de la premisa que nuestro sistema es moderno en su concepción. Es decir, que el fin de los Estados es organizar y coordinar las relaciones sociales para promover el mayor bienestar del colectivo. No obstante, el Estado de Guatemala se revierte de rasgos de pre-modernos, sobre todo, en la concepción de la razón de ser del aparato estatal.

En estas latitudes no hemos alcanzado una característica de la modernidad: la distinción entre el dominio público y el dominio privado en la esfera de lo político. En Guatemala los bienes del Estado se conciben como patrimonio privado al servicio de los intereses de los gobernantes. Para muestra, los contratos públicos y la proveeduría del Estado se han convertido en la segunda mayor fuente de riqueza emergente, detrás de lo ilícito. Asimismo, las aduanas, la seguridad social, los puertos, el deporte federado y los consejos de desarrollo son las grandes joyas de la corona para los negocios.

Por tanto, el conflicto es no es más que el resultado de la disputa entre diferentes grupos por acceder a la repartición del patrimonio del Estado. La actuación legislativa tiene como principal motivación la búsqueda de asignaciones del listado geográfico de obras. Y el financiamiento de campañas electorales no es más que el pago de derecho de piso para acceder a estas fuentes de enriquecimiento.

No obstante, el modelo no es exclusivo de los partidos. En las últimas décadas, nuevos actores -sindicatos, grupos indígenas, profesionales, etc.- han emergido en la arena política en búsqueda de espacios de incidencia. Sin embargo, en lugar de gestarse nuevas correlaciones de poder, en el caso guatemalteco, el interés de los actores emergentes es acceder a la repartición de bolsones presupuestarios. El rol de los sindicatos de salubristas y educadores es un ejemplo de búsqueda de rentas, vía el Programa de Extensión de Cobertura y los leoninos pactos colectivos. Ocurre lo mismo cuando agrupaciones campesinas juegan el rol de intermediarios en la distribución del fertilizante o en la gestión de conflictos agrarios.

En este sistema patrimonial, la legislación y las decisiones jurídicas se conciben como la otorgación de una gracia, privilegio, concesión o exención a grupos de interés.

La última característica pre-moderna del Estado es su burocracia. Salvo varias excepciones institucionales, la mayoría de funcionarios no se elige por mérito, sino por compadrazgo, afinidad o relación servil con un miembro superior de la jerarquía burocrática. La concepción de los partidos como agencias de empleo evita la consolidación de un funcionariado profesional propio de un Estado moderno. La aspiración de acceder a un puesto público ya no es una expresión de civismo, sino la búsqueda del enriquecimiento vía el abuso de poder.

En este sentido, el Estado de Guatemala es sumamente eficiente y efectivo para realizar las funciones para las que se le concibe: constituir un árbitro gestor de oportunidades de riqueza. La cultura patrimonial trasciende ideologías y colores partidistas. El Estado es un botín donde la protección de la vida, la libertad y el desarrollo integral de la persona no tienen cabida.

Pedro Castillo será el próximo presidente de Perú. Su agenda propone cambios agresivos al sistema político peruano. Guatemala y Perú guardan muchas similitudes: instituciones débiles, corrupción, un sistema de partidos fragmentado, ineficiencia en la respuesta de la pandemia… tantas que algunos aseguran que en un futuro próximo podríamos ver un escenario electoral parecido al que los peruanos acaban de enfrentar. ¿Cómo llegó aquí el Perú? 4 puntos para entenderlo.

Cada día que pasa, se hace más oficial: Pedro Castillo, el candidato de extrema izquierda por el partido Perú Libre, será el próximo Presidente de Perú. Según información de la ONPE, el 50.13% de los votantes, es decir 8, 835,970 personas votaron por él, 44 mil 240 personas más que su contrincante de extrema derecha, Keiko Fujimori (49.88%). Algunos expertos aseguran que la sociedad peruana cometió un suicidio democrático. Pero, ¿cómo llegó el Perú a esto? ¿Qué elementos hay en el sistema peruano que provocó el malestar suficiente para llevar a dos candidatos radicales y con cuestionables credenciales democráticas a la segunda vuelta? 

1. Corrupción 

Es prácticamente imposible analizar este fenómeno y no identificar a la corrupción como uno de los factores del desencanto con el sistema. En 2016 se destapó la crisis de Odebrecht y se descubrieron varios casos de corrupción. 4 presidentes, 4 exgobernadores regionales, 2 exalcaldes y 4 líderes políticos (entre ellos Keiko Fujimori) fueron vinculados a ellos. Los peruanos se movilizaron a las calles durante varias semanas para mostrar su descontento. 

En los últimos 4 años, Perú ha tenido 4 presidentes (Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti) y los últimos 6 mandatarios se han visto envueltos en escándalos de corrupción. A tan solo 5 meses de las elecciones generales, el congreso destituyó a Martín Vizcarra como presidente luego de aprobar una moción de vacancia por supuesta “incapacidad moral”, asumió Manuel Merino quien renunció a los pocos días y finalmente Sagasti fue el encargado de conducir el proceso de transición democrática para las elecciones. 

En Perú, más del 60% de la población considera la corrupción como su principal preocupación. Ante un sistema político desarmado de funcionarios porque una gran mayoría estaban vinculados a casos de corrupción, surgieron varios actores nuevos en el terreno político, entre ellos Pedro Castillo. El plan de gobierno de Perú Libre lleva por nombre “Perú, al bicentenario sin corrupción”.

2. Pandemia  

Con la pandemia los escándalos de corrupción no cesaron y los números de fallecidos eran alarmantes, más de 180 mil personas han muerto por covid19. Se registró un 150% más de muertes de lo esperado. A pesar de que los criterios para contabilizar las muertes por covid son diferentes para cada país, la tasa de mortalidad por la enfermedad per cápita en Perú es una de las más altas del mundo.

El 70% de la fuerza laboral en Perú participa en el sector informal (en Guatemala la tasa también es del 70%) por lo que a pesar de las restricciones muchos salían a trabajar y con ello los números de contagio estuvieron al alza.  La vacunación también avanza lento, un escaso 4% de la población ha sido vacunado. Una de las promesas de Pedro Castillo es que para fin de año se vacunará a toda la población mayor a los 18 años. 

La corrupción y la ineficiente gestión del gobierno con la pandemia prácticamente empaparon los debates electorales.

3. Fragmentada primera vuelta

 Una de las instituciones más importantes de la democracia son sus partidos políticos. En Perú, al igual que en Guatemala, los partidos políticos sirven como meros vehículos electorales y para las elecciones abundan nuevos partidos. La primera vuelta electoral fue caótica. 18 partidos postularon candidatos a la presidencia de la República. Esta fragmentación tan amplia en las propuestas provocó que los dos candidatos de los extremos se vieran beneficiados y resultaran favorecidos. 

En el extremo izquierdo, Pedro Castillo (quien en primera vuelta obtuvo el 18.9% de los votos), líder del sindicato de maestros,  y candidato del partido Perú Libre que se autodenomina de corte marxista-leninista-maoísta y heredero de Sendero Luminoso.  En el extremo derecho, Keiko Fujimori (quien obtuvo el 13.4% de los votos), hija del dictador Alberto Fujimori (1990-200) y lideresa del partido Fuerza Popular. 

Quizá lo más revelador de aquella primera vuelta fue que a pesar de la diversidad de opciones, el 17% de los votantes (3% más que Keiko Fujimori) escogiera el voto nulo. Esto se podría interpretar como una manera de demostrar el rechazo a las ofertas electorales que se perciben como “parte del sistema”. 

4. Una segunda vuelta radicalizada

 Así se encaminó Perú a la segunda vuelta. Enfrentaba un escenario complejo: dos radicales compitiendo por ser el “ente conciliador” de la voluntad peruana. Sin embargo, en lugar de moderarse y negociar, los candidatos se radicalizaron aún más. A los unos se les vendió como los asesinos de la democracia, a los otros, como los salvadores de ella, cuando en realidad  ambos, a pesar de sus diferencias, tenían dudosas credenciales democráticas y representaban serias amenazas a la estabilidad política y a la libertad. 

La segunda vuelta electoral se celebró el pasado 6 de junio. Durante las primeras horas del conteo de los votos, Keiko Fujimori parecía salir victoriosa de su tercer intento por llegar a la presidencia. Sin embargo, con el paso de las horas y el cierre de los resultados, Pedro Castillo arrebató esa sensación triunfalista y se declaró ganador. Aunque la ONPE ya terminó de contabilizar los votos, los datos aún están pendientes de oficializarse hasta que se resuelvan algunas impugnaciones que se presentaron.

Lo que le espera al Perú en el bicentenario de la independencia es una serie de reformas al sistema. La población en diferentes momentos ha manifestado su rechazo en contra del “status quo”. Según la propuesta de Castillo, uno de los principales puntos a los que dará atención es a la salud en el contexto de la pandemia. Luego, propone cambios en el sistema de educación, en la economía, en el sistema tributario, en la nacionalización de recursos como el gas, sobre una posible reforma agraria y hasta cambios en la constitución. Es complejo predecir lo que viene, pero sin duda, como dijo Vergara en New York Times, tiempos recios vive el Perú.

Pedro Castillo será el próximo presidente de Perú. Su agenda propone cambios agresivos al sistema político peruano. Guatemala y Perú guardan muchas similitudes: instituciones débiles, corrupción, un sistema de partidos fragmentado, ineficiencia en la respuesta de la pandemia… tantas que algunos aseguran que en un futuro próximo podríamos ver un escenario electoral parecido al que los peruanos acaban de enfrentar. ¿Cómo llegó aquí el Perú? 4 puntos para entenderlo.

Cada día que pasa, se hace más oficial: Pedro Castillo, el candidato de extrema izquierda por el partido Perú Libre, será el próximo Presidente de Perú. Según información de la ONPE, el 50.13% de los votantes, es decir 8, 835,970 personas votaron por él, 44 mil 240 personas más que su contrincante de extrema derecha, Keiko Fujimori (49.88%). Algunos expertos aseguran que la sociedad peruana cometió un suicidio democrático. Pero, ¿cómo llegó el Perú a esto? ¿Qué elementos hay en el sistema peruano que provocó el malestar suficiente para llevar a dos candidatos radicales y con cuestionables credenciales democráticas a la segunda vuelta? 

1. Corrupción 

Es prácticamente imposible analizar este fenómeno y no identificar a la corrupción como uno de los factores del desencanto con el sistema. En 2016 se destapó la crisis de Odebrecht y se descubrieron varios casos de corrupción. 4 presidentes, 4 exgobernadores regionales, 2 exalcaldes y 4 líderes políticos (entre ellos Keiko Fujimori) fueron vinculados a ellos. Los peruanos se movilizaron a las calles durante varias semanas para mostrar su descontento. 

En los últimos 4 años, Perú ha tenido 4 presidentes (Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti) y los últimos 6 mandatarios se han visto envueltos en escándalos de corrupción. A tan solo 5 meses de las elecciones generales, el congreso destituyó a Martín Vizcarra como presidente luego de aprobar una moción de vacancia por supuesta “incapacidad moral”, asumió Manuel Merino quien renunció a los pocos días y finalmente Sagasti fue el encargado de conducir el proceso de transición democrática para las elecciones. 

En Perú, más del 60% de la población considera la corrupción como su principal preocupación. Ante un sistema político desarmado de funcionarios porque una gran mayoría estaban vinculados a casos de corrupción, surgieron varios actores nuevos en el terreno político, entre ellos Pedro Castillo. El plan de gobierno de Perú Libre lleva por nombre “Perú, al bicentenario sin corrupción”.

2. Pandemia  

Con la pandemia los escándalos de corrupción no cesaron y los números de fallecidos eran alarmantes, más de 180 mil personas han muerto por covid19. Se registró un 150% más de muertes de lo esperado. A pesar de que los criterios para contabilizar las muertes por covid son diferentes para cada país, la tasa de mortalidad por la enfermedad per cápita en Perú es una de las más altas del mundo.

El 70% de la fuerza laboral en Perú participa en el sector informal (en Guatemala la tasa también es del 70%) por lo que a pesar de las restricciones muchos salían a trabajar y con ello los números de contagio estuvieron al alza.  La vacunación también avanza lento, un escaso 4% de la población ha sido vacunado. Una de las promesas de Pedro Castillo es que para fin de año se vacunará a toda la población mayor a los 18 años. 

La corrupción y la ineficiente gestión del gobierno con la pandemia prácticamente empaparon los debates electorales.

3. Fragmentada primera vuelta

 Una de las instituciones más importantes de la democracia son sus partidos políticos. En Perú, al igual que en Guatemala, los partidos políticos sirven como meros vehículos electorales y para las elecciones abundan nuevos partidos. La primera vuelta electoral fue caótica. 18 partidos postularon candidatos a la presidencia de la República. Esta fragmentación tan amplia en las propuestas provocó que los dos candidatos de los extremos se vieran beneficiados y resultaran favorecidos. 

En el extremo izquierdo, Pedro Castillo (quien en primera vuelta obtuvo el 18.9% de los votos), líder del sindicato de maestros,  y candidato del partido Perú Libre que se autodenomina de corte marxista-leninista-maoísta y heredero de Sendero Luminoso.  En el extremo derecho, Keiko Fujimori (quien obtuvo el 13.4% de los votos), hija del dictador Alberto Fujimori (1990-200) y lideresa del partido Fuerza Popular. 

Quizá lo más revelador de aquella primera vuelta fue que a pesar de la diversidad de opciones, el 17% de los votantes (3% más que Keiko Fujimori) escogiera el voto nulo. Esto se podría interpretar como una manera de demostrar el rechazo a las ofertas electorales que se perciben como “parte del sistema”. 

4. Una segunda vuelta radicalizada

 Así se encaminó Perú a la segunda vuelta. Enfrentaba un escenario complejo: dos radicales compitiendo por ser el “ente conciliador” de la voluntad peruana. Sin embargo, en lugar de moderarse y negociar, los candidatos se radicalizaron aún más. A los unos se les vendió como los asesinos de la democracia, a los otros, como los salvadores de ella, cuando en realidad  ambos, a pesar de sus diferencias, tenían dudosas credenciales democráticas y representaban serias amenazas a la estabilidad política y a la libertad. 

La segunda vuelta electoral se celebró el pasado 6 de junio. Durante las primeras horas del conteo de los votos, Keiko Fujimori parecía salir victoriosa de su tercer intento por llegar a la presidencia. Sin embargo, con el paso de las horas y el cierre de los resultados, Pedro Castillo arrebató esa sensación triunfalista y se declaró ganador. Aunque la ONPE ya terminó de contabilizar los votos, los datos aún están pendientes de oficializarse hasta que se resuelvan algunas impugnaciones que se presentaron.

Lo que le espera al Perú en el bicentenario de la independencia es una serie de reformas al sistema. La población en diferentes momentos ha manifestado su rechazo en contra del “status quo”. Según la propuesta de Castillo, uno de los principales puntos a los que dará atención es a la salud en el contexto de la pandemia. Luego, propone cambios en el sistema de educación, en la economía, en el sistema tributario, en la nacionalización de recursos como el gas, sobre una posible reforma agraria y hasta cambios en la constitución. Es complejo predecir lo que viene, pero sin duda, como dijo Vergara en New York Times, tiempos recios vive el Perú.

El futuro de la democracia liberal está en peligro y los ciudadanos de muchos países corremos el riesgo de perder nuestra libertad. Lo cierto es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

La democracia en el mundo está pasando por un momento crítico; la revista The Economist publicó su Índice de Democracia 2020 en el cual apunta que actualmente solo el 8.4% de la población mundial vive en democracia plenas y que el 50.6% de la población vive en regímenes híbridos o autoritarios.

Según la revista británica, el 2020 puso a prueba las democracias del mundo, una de las razones fue la pandemia del COVID-19 la cual despertó la tentación autoritaria de muchos gobiernos que recibieron carta blanca para limitar derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos. Lamentablemente la democracia mundial no pasó la prueba satisfactoriamente y se experimentó una reducción generalizada en el punteo del Índice de democracia global, el cual está actualmente en su punto más bajo desde que se comenzó a producir este informe en 2006.

Este retroceso democrático tiene muchas explicaciones, el profesor de Harvard Yascha Mounk asegura que la crisis que parece atravesar la democracia liberal en el mundo se debe a que se han separado sus dos ingredientes principales: la democracia, entendida como el respeto a la voluntad del pueblo, y el liberalismo, que asegura la igualdad de derechos y la igualdad ante la ley. De allí que se han creado regímenes que se dicen liberales en donde aparentemente se respeta la ley y los derechos pero no se atiende la voluntad popular, no son democráticos; también democracias poco liberales que atienden a la voz del pueblo sin respetar la ley, los derechos, los procedimientos y las instituciones.

El deterior de la democracia en Occidente es cada día más evidente y la región centroamericana no es la excepción. Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se encuentran en procesos de franco deterioro institucional, siendo Nicaragua el caso más grave, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha tomado recientemente la decisión de detener ilegalmente a 13 opositores políticos en las vísperas de las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre. Una acción como esta hace evidente que el dictador está consciente que ha perdido popularidad y teme que una elección libre pueda dejarle fuera del poder.

El caso de Nicaragua fue escalando lentamente y en un período de cuatro años pasó de ser un autoritarismo competitivo a un régimen autoritario tradicional, con un saldo de más de 300 muertos por violencia política y una oposición política completamente derrotada.

Los casos del El Salvador, Guatemala y Honduras son distintos; El Salvador tiene actualmente en el poder al presidente más popular de América Latina, Nayib Bukele se sienta en el trono de este pequeño país centroamericano con una cómoda popularidad que fácilmente está por arriba del 80% dependiendo de la encuesta que se consulte. Esto le ha dado a Bukele gran facilidad para tomar control de los tres poderes del Estado y comenzar un proceso de desplazamiento de las muy corruptas élites políticas tradicionales de aquel país, todo con la venía de un pueblo hastiado del bipartidismo ARENA/FMLN que había gobernado por varios años, con resultados muy pobres.

El caso salvadoreño cabe en lo que el profesor Mounk llama una democracia sin derechos, Bukele cumple con el mandato que le dan sus votantes de depurar a la clase política de su país sin detenerse a ver si sus acciones cumplen con un mínimo estándar republicano. De momento Bukele es muy popular pero la deteriorada economía de su país puede ponerle en aprietos pronto y eso le complicaría seguir gobernando con tanta popularidad, el futuro de El Salvador es incierto pero la historia nos enseña que la acumulación de poder en una sola figura rara vez termina en algo bueno.

Por otro lado, Mounk diría que Guatemala y Honduras caen en las categorías de regímenes en apariencia liberales pero sin democracia. Los gobernantes de ambos países son altamente impopulares y gobiernan sin mayor apoyo del pueblo, su mayor soporte es una frágil legitimidad que les otorga un aparente respeto a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos.

El deterioro democrático que han sufrido estos países es visible pero por momentos se requiere analizar cada caso con una lupa para poder encontrar las trampas que el sistema utiliza para desgastar sus instituciones. Activistas, defensores de derechos humanos y políticos de oposición sufren ataques pero no directamente de los gobiernos, el sistema encontró que es más eficiente utilizar vías alternas para amenazarles e impedir su trabajo.

Estos regímenes híbridos como les llama The Economist, no tienen figuras autoritarias fuertes en la presidencia, el poder está desconcentrado en varios actores que lo ejercen para poder seguir alimentándose de la corrupción y otras actividades ilícitas. El ánimo de mantener el poder, y lo que une a estos actores, es la posibilidad de seguir haciendo negocios ilícitos y para asegurarlo han cooptado a los tres poderes del Estado, municipalidades y otras entidades autónomas.

El futuro de la democracia liberal está en peligro y los ciudadanos de muchos países corremos el riesgo de perder nuestra libertad. Lo cierto es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

El futuro de la democracia liberal está en peligro y los ciudadanos de muchos países corremos el riesgo de perder nuestra libertad. Lo cierto es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

La democracia en el mundo está pasando por un momento crítico; la revista The Economist publicó su Índice de Democracia 2020 en el cual apunta que actualmente solo el 8.4% de la población mundial vive en democracia plenas y que el 50.6% de la población vive en regímenes híbridos o autoritarios.

Según la revista británica, el 2020 puso a prueba las democracias del mundo, una de las razones fue la pandemia del COVID-19 la cual despertó la tentación autoritaria de muchos gobiernos que recibieron carta blanca para limitar derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos. Lamentablemente la democracia mundial no pasó la prueba satisfactoriamente y se experimentó una reducción generalizada en el punteo del Índice de democracia global, el cual está actualmente en su punto más bajo desde que se comenzó a producir este informe en 2006.

Este retroceso democrático tiene muchas explicaciones, el profesor de Harvard Yascha Mounk asegura que la crisis que parece atravesar la democracia liberal en el mundo se debe a que se han separado sus dos ingredientes principales: la democracia, entendida como el respeto a la voluntad del pueblo, y el liberalismo, que asegura la igualdad de derechos y la igualdad ante la ley. De allí que se han creado regímenes que se dicen liberales en donde aparentemente se respeta la ley y los derechos pero no se atiende la voluntad popular, no son democráticos; también democracias poco liberales que atienden a la voz del pueblo sin respetar la ley, los derechos, los procedimientos y las instituciones.

El deterior de la democracia en Occidente es cada día más evidente y la región centroamericana no es la excepción. Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se encuentran en procesos de franco deterioro institucional, siendo Nicaragua el caso más grave, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha tomado recientemente la decisión de detener ilegalmente a 13 opositores políticos en las vísperas de las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre. Una acción como esta hace evidente que el dictador está consciente que ha perdido popularidad y teme que una elección libre pueda dejarle fuera del poder.

El caso de Nicaragua fue escalando lentamente y en un período de cuatro años pasó de ser un autoritarismo competitivo a un régimen autoritario tradicional, con un saldo de más de 300 muertos por violencia política y una oposición política completamente derrotada.

Los casos del El Salvador, Guatemala y Honduras son distintos; El Salvador tiene actualmente en el poder al presidente más popular de América Latina, Nayib Bukele se sienta en el trono de este pequeño país centroamericano con una cómoda popularidad que fácilmente está por arriba del 80% dependiendo de la encuesta que se consulte. Esto le ha dado a Bukele gran facilidad para tomar control de los tres poderes del Estado y comenzar un proceso de desplazamiento de las muy corruptas élites políticas tradicionales de aquel país, todo con la venía de un pueblo hastiado del bipartidismo ARENA/FMLN que había gobernado por varios años, con resultados muy pobres.

El caso salvadoreño cabe en lo que el profesor Mounk llama una democracia sin derechos, Bukele cumple con el mandato que le dan sus votantes de depurar a la clase política de su país sin detenerse a ver si sus acciones cumplen con un mínimo estándar republicano. De momento Bukele es muy popular pero la deteriorada economía de su país puede ponerle en aprietos pronto y eso le complicaría seguir gobernando con tanta popularidad, el futuro de El Salvador es incierto pero la historia nos enseña que la acumulación de poder en una sola figura rara vez termina en algo bueno.

Por otro lado, Mounk diría que Guatemala y Honduras caen en las categorías de regímenes en apariencia liberales pero sin democracia. Los gobernantes de ambos países son altamente impopulares y gobiernan sin mayor apoyo del pueblo, su mayor soporte es una frágil legitimidad que les otorga un aparente respeto a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos.

El deterioro democrático que han sufrido estos países es visible pero por momentos se requiere analizar cada caso con una lupa para poder encontrar las trampas que el sistema utiliza para desgastar sus instituciones. Activistas, defensores de derechos humanos y políticos de oposición sufren ataques pero no directamente de los gobiernos, el sistema encontró que es más eficiente utilizar vías alternas para amenazarles e impedir su trabajo.

Estos regímenes híbridos como les llama The Economist, no tienen figuras autoritarias fuertes en la presidencia, el poder está desconcentrado en varios actores que lo ejercen para poder seguir alimentándose de la corrupción y otras actividades ilícitas. El ánimo de mantener el poder, y lo que une a estos actores, es la posibilidad de seguir haciendo negocios ilícitos y para asegurarlo han cooptado a los tres poderes del Estado, municipalidades y otras entidades autónomas.

El futuro de la democracia liberal está en peligro y los ciudadanos de muchos países corremos el riesgo de perder nuestra libertad. Lo cierto es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

Independencia frente a lo económico, lo mediático y lo social.

Desde la transición democrática, diversos autores (Sussane Jones, Rachel McLeary, entre otros) exploraron la relación que imperaba entre los actores políticos y las élites económicas tradicionales. La simbiosis del poder mediático con el económico, la concentración del financiamiento partidario en unas pocas chequeras, junto al poder de veto de la patronal, constituían las pruebas de los términos de subordinación de los políticos hacia el poder privado.

Sin embargo, con la llegada al poder de Alfonso Portillo, y particularmente desde las elecciones 2011, la relación ha venido en un proceso de reconversión. Cada día, los actores políticos tienen más independencia respecto de las élites tradicionales del país.

En el ámbito económico, el sistema patrimonial y la rentabilización de los negocios públicos, ha generado un modelo autosostenible de financiamiento electoral. Los contratos de obra gris con empresas propias o afines, el listado geográfico de obras, la intermediación en la proveeduría del Estado, las plazas fantasmas o las comisiones por tráfico de influencias, han generado un ‘capital semilla’ que permitiría a los partidos enfrentar los cotos de la campaña. Ese capital semilla minimiza la dependencia de los candidatos frente financiamiento proveniente del capital tradicional y algunas formas de capital emergente lícito.

La muestra de lo anterior es la conclusión del informe de CICIG sobre el financiamiento de la política, en el que se cuantificaba que el aporte empresarial “a penas” representaba el 25%; mientras que la corrupción y el crimen organizado representaban 75% de los fondos de campaña.

En otras palabras, los partidos prefieren capitalizarse vía la repartición del patrimonio del Estado o reclutar financistas locales de dudosa procedencia, a recurrir a la tradicional práctica de “pasar el sombrero”. Primero, porque la porosidad del gasto público permite acceder a mayores recursos a un menor costo político. Y segundo, porque esta receta le otorga a los partidos mayor margen de maniobra frente a los financistas de antaño, sus demandas y agenda político.

En el ámbito mediático ocurre algo similar. La tradicional romería ante el Ángel de la Democracia ya no tiene la trascendencia de antaño. La proliferación de cables locales, de emisoras de corte localista, la consolidación de nuevas opciones en el mercado, y ahora, el surgimiento de medios de comunicación asociados a candidatos y dirigentes políticos, genera mayor nivel de independencia frente a los poderes tradicionales de la comunicación. En su momento, Manuel Baldizón intentó construir un consorcio mediático precisamente con fines estrictamente políticos.

En lo social, los partidos hoy prefieren recurrir al clientelismo que pactar con organización de base local. Salvo organizaciones como los sindicatos de maestros y salubristas, y alguna que otra agrupación campesina, los grupos políticos carecen de incentivos para establecer alianzas con organizaciones de base. Por el contrario, los particos prefieren recurrir al clientelismo o al reclutamiento de caciques locales, como estrategia para construir organización territorial.

Con estas condiciones, el futuro político del país se presenta como un enfrentamiento al desnudo de fuerzas políticas, sin mayores ataduras a otras expresiones del poder. La autonomía de lo político finalmente se alcanzó, gracias al patrimonialismo, el clientelismo y el crimen organizado.

La visita de la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris dejó algunos mensajes claros. En primer lugar, le dijo a los centroamericanos que piensan emprender el peligroso viaje hasta ese país “no vengan”. Esas palabras le valieron el reproche del ala más progresista de su partido. En segundo lugar, sentenció: “buscaremos erradicar la corrupción, donde quiera que exista”.

En realidad, la visita no trajo muchas novedades. El mensaje de “no vengan” estaba claramente dirigido al público estadounidense más que a los centroamericanos. Hay cifras que pueden explicarlo: una reciente encuesta de Ipsos muestra que 61% de los americanos piensa que la solución para detener la migración ilegal es aumentar los fondos para agencias de seguridad y protección fronteriza, un 71% está de acuerdo con incrementar los castigos a los traficantes de personas, 63% favorece imponer sanciones económicas a México para motivarlos a tomar acción y  un 44% favorece continuar con la construcción del muro.

En ese sentido, se anunció la creación de un centro de atención a migrantes que sean enviados desde México y Estados Unidos. Aún no se sabe en qué términos funcionaría, pero suena a un rebranding del tercer país seguro.

En términos de ayuda, ofrecieron US$40 millones desde USAID para un programa de ayuda a mujeres jóvenes, US$48 millones para emprendimient, desarrollo e inversión. Por otra parte, la vicepresidenta Harris ofreció enviar 500,000 dosis de vacunas contra COVID-19.

En el ámbito del combate al crimen y la corrupción quedan algunos temas a los que habrá que prestar atención. A finales de abril Homeland Security (DHS) anunció la Operación Centinela que se propone combatir estructuras de tráfico de personas. Agencias de seguridad de EE. UU. colaborarían con autoridades locales para identificar esas redes y a sus miembros.

Durante la reunión entre Harris y Giammattei, se oficializó la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (Joint Task Force Alpha). Esta fuerza de tarea va en la línea de la Operación Centinela porque anuncia esfuerzos para perseguír a grupos de tráfico y trata de personas, así como de transferencias de capacidades a autoridades locales para perseguir ese tipo de delitos.

Pero, por otra parte, anuncia que el Departamento de Justicia (DOJ) aumentará sus esfuerzos en cuanto a “investigaciones, enjuiciamientos y recuperación de activos” relacionados con la corrupción. A su vez, anuncian que trabajarían con fiscales locales para ayudarles a plantear casos de corrupción en estos países. Las herramientas legales de las que partirá EE. UU. son la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y la Kleptocracy Asset Recovery Initiative.

No está claro en qué términos trabajarán y sobre todo cuán lejos pueden llegar considerando el ámbito de actuación que la legislación americana antes mencionada permite. Pero en términos de cooperación en materia de lucha contra la corrupción, es la noticia más destacada de la visita de la vicepresidenta de EE. UU. Habrá que prestar atención a esta fuerza de tarea.