Independencia frente a lo económico, lo mediático y lo social.

Desde la transición democrática, diversos autores (Sussane Jones, Rachel McLeary, entre otros) exploraron la relación que imperaba entre los actores políticos y las élites económicas tradicionales. La simbiosis del poder mediático con el económico, la concentración del financiamiento partidario en unas pocas chequeras, junto al poder de veto de la patronal, constituían las pruebas de los términos de subordinación de los políticos hacia el poder privado.

Sin embargo, con la llegada al poder de Alfonso Portillo, y particularmente desde las elecciones 2011, la relación ha venido en un proceso de reconversión. Cada día, los actores políticos tienen más independencia respecto de las élites tradicionales del país.

En el ámbito económico, el sistema patrimonial y la rentabilización de los negocios públicos, ha generado un modelo autosostenible de financiamiento electoral. Los contratos de obra gris con empresas propias o afines, el listado geográfico de obras, la intermediación en la proveeduría del Estado, las plazas fantasmas o las comisiones por tráfico de influencias, han generado un ‘capital semilla’ que permitiría a los partidos enfrentar los cotos de la campaña. Ese capital semilla minimiza la dependencia de los candidatos frente financiamiento proveniente del capital tradicional y algunas formas de capital emergente lícito.

La muestra de lo anterior es la conclusión del informe de CICIG sobre el financiamiento de la política, en el que se cuantificaba que el aporte empresarial “a penas” representaba el 25%; mientras que la corrupción y el crimen organizado representaban 75% de los fondos de campaña.

En otras palabras, los partidos prefieren capitalizarse vía la repartición del patrimonio del Estado o reclutar financistas locales de dudosa procedencia, a recurrir a la tradicional práctica de “pasar el sombrero”. Primero, porque la porosidad del gasto público permite acceder a mayores recursos a un menor costo político. Y segundo, porque esta receta le otorga a los partidos mayor margen de maniobra frente a los financistas de antaño, sus demandas y agenda político.

En el ámbito mediático ocurre algo similar. La tradicional romería ante el Ángel de la Democracia ya no tiene la trascendencia de antaño. La proliferación de cables locales, de emisoras de corte localista, la consolidación de nuevas opciones en el mercado, y ahora, el surgimiento de medios de comunicación asociados a candidatos y dirigentes políticos, genera mayor nivel de independencia frente a los poderes tradicionales de la comunicación. En su momento, Manuel Baldizón intentó construir un consorcio mediático precisamente con fines estrictamente políticos.

En lo social, los partidos hoy prefieren recurrir al clientelismo que pactar con organización de base local. Salvo organizaciones como los sindicatos de maestros y salubristas, y alguna que otra agrupación campesina, los grupos políticos carecen de incentivos para establecer alianzas con organizaciones de base. Por el contrario, los particos prefieren recurrir al clientelismo o al reclutamiento de caciques locales, como estrategia para construir organización territorial.

Con estas condiciones, el futuro político del país se presenta como un enfrentamiento al desnudo de fuerzas políticas, sin mayores ataduras a otras expresiones del poder. La autonomía de lo político finalmente se alcanzó, gracias al patrimonialismo, el clientelismo y el crimen organizado.

La visita de la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris dejó algunos mensajes claros. En primer lugar, le dijo a los centroamericanos que piensan emprender el peligroso viaje hasta ese país “no vengan”. Esas palabras le valieron el reproche del ala más progresista de su partido. En segundo lugar, sentenció: “buscaremos erradicar la corrupción, donde quiera que exista”.

En realidad, la visita no trajo muchas novedades. El mensaje de “no vengan” estaba claramente dirigido al público estadounidense más que a los centroamericanos. Hay cifras que pueden explicarlo: una reciente encuesta de Ipsos muestra que 61% de los americanos piensa que la solución para detener la migración ilegal es aumentar los fondos para agencias de seguridad y protección fronteriza, un 71% está de acuerdo con incrementar los castigos a los traficantes de personas, 63% favorece imponer sanciones económicas a México para motivarlos a tomar acción y  un 44% favorece continuar con la construcción del muro.

En ese sentido, se anunció la creación de un centro de atención a migrantes que sean enviados desde México y Estados Unidos. Aún no se sabe en qué términos funcionaría, pero suena a un rebranding del tercer país seguro.

En términos de ayuda, ofrecieron US$40 millones desde USAID para un programa de ayuda a mujeres jóvenes, US$48 millones para emprendimient, desarrollo e inversión. Por otra parte, la vicepresidenta Harris ofreció enviar 500,000 dosis de vacunas contra COVID-19.

En el ámbito del combate al crimen y la corrupción quedan algunos temas a los que habrá que prestar atención. A finales de abril Homeland Security (DHS) anunció la Operación Centinela que se propone combatir estructuras de tráfico de personas. Agencias de seguridad de EE. UU. colaborarían con autoridades locales para identificar esas redes y a sus miembros.

Durante la reunión entre Harris y Giammattei, se oficializó la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (Joint Task Force Alpha). Esta fuerza de tarea va en la línea de la Operación Centinela porque anuncia esfuerzos para perseguír a grupos de tráfico y trata de personas, así como de transferencias de capacidades a autoridades locales para perseguir ese tipo de delitos.

Pero, por otra parte, anuncia que el Departamento de Justicia (DOJ) aumentará sus esfuerzos en cuanto a “investigaciones, enjuiciamientos y recuperación de activos” relacionados con la corrupción. A su vez, anuncian que trabajarían con fiscales locales para ayudarles a plantear casos de corrupción en estos países. Las herramientas legales de las que partirá EE. UU. son la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y la Kleptocracy Asset Recovery Initiative.

No está claro en qué términos trabajarán y sobre todo cuán lejos pueden llegar considerando el ámbito de actuación que la legislación americana antes mencionada permite. Pero en términos de cooperación en materia de lucha contra la corrupción, es la noticia más destacada de la visita de la vicepresidenta de EE. UU. Habrá que prestar atención a esta fuerza de tarea.

Una síntesis de la visita de Kamala Harris a Guatemala

La visita de la Vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala se puede resumir de la siguiente forma. Queda más que claro que para la administración Biden, atender la migración ilegal proveniente del triangulo norte de Centroamérica es una prioridad estratégica. Pero a diferencia de la administración Trump que priorizó el cierre de la frontera sur y el endurecimiento de controles fronterizos, la agenda demócrata incluye un enfoque más holístico en “atender las causas estructurales que provocan migración”. Dígase, falta de crecimiento económico y oportunidades en la región, la violencia e inseguridad, además de la corrupción y la debilidad institucional.

Siguiendo la fórmula trazada por Teddy Roosevelt desde hace más de un siglo, Harris y el séquito de asesores para Centroamérica siguen aquella premisa de “speak softly but carry a big stick”.

El discurso dócil ha quedado más que patentizado en el interés de la administración Biden de trabajar en conjunto con gobiernos locales. Cabe decir, que dados los recientes acontecimientos en El Salvador y Honduras, la administración Giammattei es percibida en Pennsylvania Avenue como la más potable para la agenda bilateral en la zona.

Sin embargo, de las reuniones con sociedad civil, Harris también recibió una dosis dura de realidad: desde 2019, Guatemala ha entrado en una agenda regresiva en cuanto a fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción.

De ahí que el discurso amigable se complementa con un gran garrote. El anuncio de la inmediata creación de la Fuerza de Tarea Alfa, una especie de comité transnacional para perseguir trata de personas y corrupción envía el mensaje que Washington pretende arremangarse la camisa y meterse de lleno en el combate de estructuras criminales en la región. Por un lado, el Departamento de Justicia se involucrará directamente en el esfuerzo por identificar, perseguir y desarticular estructuras vinculadas al coyotaje y trata de personas. Pero por otro lado, también se integrará un equipo especial de investigadores y fiscales norteamericanos para perseguir casos de corrupción, recuperar activos vinculados a prácticas corruptas y cleptocráticas, además de extender el acompañamiento y apoyo técnico a FECI.

El problema de la receta radica en la pérdida de poder real de las agencias norteamericanas en la región. Quizá el legado más negativo de la administración Trump, fue la pérdida de músculo político por parte de las legaciones diplomáticas en el triángulo norte, como consecuencia de la apertura de canales paralelos de comunicación entre actores locales y Casa Blánca (dígase el efecto lobby).

De ahí entonces que el éxito o fracaso de este nuevo capítulo de la agenda anti-corrupción de Washington depende de la capacidad de reconstruir mecanismos de poder real. La Lista Engel puede constituir un primer paso para designar y sancionar a actores relevantes que cuya actuación ha contribuido a debilitar la institucionalidad anti-corrupción en el país. Otra herramienta de poder real será la capacidad de la Fuerza de Tarea Alfa de encauzar acciones legales contra personajes clave del mapa político regional.

Al final Washington tiene que entender que el poder de los tweets ha menguado en el último quinquenio. Y que solo mediante acciones judiciales, de poder real o de sanción moral, realizadas de manera sistemática y contundente, se podrá romper con la rosca de inamovilidad que se ha construido en el sistema político nacional. De lo contrario, la agenda anti-corrupción caerá en saco roto. Y atrás de ello, cualquier esfuerzo por fortalecer institucionalidad y generar certeza jurídica fracasará.

Independencia frente a lo económico, lo mediático y lo social.

Desde la transición democrática, diversos autores (Sussane Jones, Rachel McLeary, entre otros) exploraron la relación que imperaba entre los actores políticos y las élites económicas tradicionales. La simbiosis del poder mediático con el económico, la concentración del financiamiento partidario en unas pocas chequeras, junto al poder de veto de la patronal, constituían las pruebas de los términos de subordinación de los políticos hacia el poder privado.

Sin embargo, con la llegada al poder de Alfonso Portillo, y particularmente desde las elecciones 2011, la relación ha venido en un proceso de reconversión. Cada día, los actores políticos tienen más independencia respecto de las élites tradicionales del país.

En el ámbito económico, el sistema patrimonial y la rentabilización de los negocios públicos, ha generado un modelo autosostenible de financiamiento electoral. Los contratos de obra gris con empresas propias o afines, el listado geográfico de obras, la intermediación en la proveeduría del Estado, las plazas fantasmas o las comisiones por tráfico de influencias, han generado un ‘capital semilla’ que permitiría a los partidos enfrentar los cotos de la campaña. Ese capital semilla minimiza la dependencia de los candidatos frente financiamiento proveniente del capital tradicional y algunas formas de capital emergente lícito.

La muestra de lo anterior es la conclusión del informe de CICIG sobre el financiamiento de la política, en el que se cuantificaba que el aporte empresarial “a penas” representaba el 25%; mientras que la corrupción y el crimen organizado representaban 75% de los fondos de campaña.

En otras palabras, los partidos prefieren capitalizarse vía la repartición del patrimonio del Estado o reclutar financistas locales de dudosa procedencia, a recurrir a la tradicional práctica de “pasar el sombrero”. Primero, porque la porosidad del gasto público permite acceder a mayores recursos a un menor costo político. Y segundo, porque esta receta le otorga a los partidos mayor margen de maniobra frente a los financistas de antaño, sus demandas y agenda político.

En el ámbito mediático ocurre algo similar. La tradicional romería ante el Ángel de la Democracia ya no tiene la trascendencia de antaño. La proliferación de cables locales, de emisoras de corte localista, la consolidación de nuevas opciones en el mercado, y ahora, el surgimiento de medios de comunicación asociados a candidatos y dirigentes políticos, genera mayor nivel de independencia frente a los poderes tradicionales de la comunicación. En su momento, Manuel Baldizón intentó construir un consorcio mediático precisamente con fines estrictamente políticos.

En lo social, los partidos hoy prefieren recurrir al clientelismo que pactar con organización de base local. Salvo organizaciones como los sindicatos de maestros y salubristas, y alguna que otra agrupación campesina, los grupos políticos carecen de incentivos para establecer alianzas con organizaciones de base. Por el contrario, los particos prefieren recurrir al clientelismo o al reclutamiento de caciques locales, como estrategia para construir organización territorial.

Con estas condiciones, el futuro político del país se presenta como un enfrentamiento al desnudo de fuerzas políticas, sin mayores ataduras a otras expresiones del poder. La autonomía de lo político finalmente se alcanzó, gracias al patrimonialismo, el clientelismo y el crimen organizado.

La visita de la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris dejó algunos mensajes claros. En primer lugar, le dijo a los centroamericanos que piensan emprender el peligroso viaje hasta ese país “no vengan”. Esas palabras le valieron el reproche del ala más progresista de su partido. En segundo lugar, sentenció: “buscaremos erradicar la corrupción, donde quiera que exista”.

En realidad, la visita no trajo muchas novedades. El mensaje de “no vengan” estaba claramente dirigido al público estadounidense más que a los centroamericanos. Hay cifras que pueden explicarlo: una reciente encuesta de Ipsos muestra que 61% de los americanos piensa que la solución para detener la migración ilegal es aumentar los fondos para agencias de seguridad y protección fronteriza, un 71% está de acuerdo con incrementar los castigos a los traficantes de personas, 63% favorece imponer sanciones económicas a México para motivarlos a tomar acción y  un 44% favorece continuar con la construcción del muro.

En ese sentido, se anunció la creación de un centro de atención a migrantes que sean enviados desde México y Estados Unidos. Aún no se sabe en qué términos funcionaría, pero suena a un rebranding del tercer país seguro.

En términos de ayuda, ofrecieron US$40 millones desde USAID para un programa de ayuda a mujeres jóvenes, US$48 millones para emprendimient, desarrollo e inversión. Por otra parte, la vicepresidenta Harris ofreció enviar 500,000 dosis de vacunas contra COVID-19.

En el ámbito del combate al crimen y la corrupción quedan algunos temas a los que habrá que prestar atención. A finales de abril Homeland Security (DHS) anunció la Operación Centinela que se propone combatir estructuras de tráfico de personas. Agencias de seguridad de EE. UU. colaborarían con autoridades locales para identificar esas redes y a sus miembros.

Durante la reunión entre Harris y Giammattei, se oficializó la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (Joint Task Force Alpha). Esta fuerza de tarea va en la línea de la Operación Centinela porque anuncia esfuerzos para perseguír a grupos de tráfico y trata de personas, así como de transferencias de capacidades a autoridades locales para perseguir ese tipo de delitos.

Pero, por otra parte, anuncia que el Departamento de Justicia (DOJ) aumentará sus esfuerzos en cuanto a “investigaciones, enjuiciamientos y recuperación de activos” relacionados con la corrupción. A su vez, anuncian que trabajarían con fiscales locales para ayudarles a plantear casos de corrupción en estos países. Las herramientas legales de las que partirá EE. UU. son la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y la Kleptocracy Asset Recovery Initiative.

No está claro en qué términos trabajarán y sobre todo cuán lejos pueden llegar considerando el ámbito de actuación que la legislación americana antes mencionada permite. Pero en términos de cooperación en materia de lucha contra la corrupción, es la noticia más destacada de la visita de la vicepresidenta de EE. UU. Habrá que prestar atención a esta fuerza de tarea.

Una síntesis de la visita de Kamala Harris a Guatemala

La visita de la Vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala se puede resumir de la siguiente forma. Queda más que claro que para la administración Biden, atender la migración ilegal proveniente del triangulo norte de Centroamérica es una prioridad estratégica. Pero a diferencia de la administración Trump que priorizó el cierre de la frontera sur y el endurecimiento de controles fronterizos, la agenda demócrata incluye un enfoque más holístico en “atender las causas estructurales que provocan migración”. Dígase, falta de crecimiento económico y oportunidades en la región, la violencia e inseguridad, además de la corrupción y la debilidad institucional.

Siguiendo la fórmula trazada por Teddy Roosevelt desde hace más de un siglo, Harris y el séquito de asesores para Centroamérica siguen aquella premisa de “speak softly but carry a big stick”.

El discurso dócil ha quedado más que patentizado en el interés de la administración Biden de trabajar en conjunto con gobiernos locales. Cabe decir, que dados los recientes acontecimientos en El Salvador y Honduras, la administración Giammattei es percibida en Pennsylvania Avenue como la más potable para la agenda bilateral en la zona.

Sin embargo, de las reuniones con sociedad civil, Harris también recibió una dosis dura de realidad: desde 2019, Guatemala ha entrado en una agenda regresiva en cuanto a fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción.

De ahí que el discurso amigable se complementa con un gran garrote. El anuncio de la inmediata creación de la Fuerza de Tarea Alfa, una especie de comité transnacional para perseguir trata de personas y corrupción envía el mensaje que Washington pretende arremangarse la camisa y meterse de lleno en el combate de estructuras criminales en la región. Por un lado, el Departamento de Justicia se involucrará directamente en el esfuerzo por identificar, perseguir y desarticular estructuras vinculadas al coyotaje y trata de personas. Pero por otro lado, también se integrará un equipo especial de investigadores y fiscales norteamericanos para perseguir casos de corrupción, recuperar activos vinculados a prácticas corruptas y cleptocráticas, además de extender el acompañamiento y apoyo técnico a FECI.

El problema de la receta radica en la pérdida de poder real de las agencias norteamericanas en la región. Quizá el legado más negativo de la administración Trump, fue la pérdida de músculo político por parte de las legaciones diplomáticas en el triángulo norte, como consecuencia de la apertura de canales paralelos de comunicación entre actores locales y Casa Blánca (dígase el efecto lobby).

De ahí entonces que el éxito o fracaso de este nuevo capítulo de la agenda anti-corrupción de Washington depende de la capacidad de reconstruir mecanismos de poder real. La Lista Engel puede constituir un primer paso para designar y sancionar a actores relevantes que cuya actuación ha contribuido a debilitar la institucionalidad anti-corrupción en el país. Otra herramienta de poder real será la capacidad de la Fuerza de Tarea Alfa de encauzar acciones legales contra personajes clave del mapa político regional.

Al final Washington tiene que entender que el poder de los tweets ha menguado en el último quinquenio. Y que solo mediante acciones judiciales, de poder real o de sanción moral, realizadas de manera sistemática y contundente, se podrá romper con la rosca de inamovilidad que se ha construido en el sistema político nacional. De lo contrario, la agenda anti-corrupción caerá en saco roto. Y atrás de ello, cualquier esfuerzo por fortalecer institucionalidad y generar certeza jurídica fracasará.

La trascendencia del Congreso en el juego republicano.

Uno de los elementos centrales de todo sistema republicano, es la existencia de balances de poderes, y mecanismos de frenos y contrapesos. Los mismos hacen posible que en el marco de un sistema político, los diferentes organismos de Estado se contrapesen a sí mismos, con el objetivo de reducir la potencial arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos.

En el caso guatemalteco, es evidente que existe una concentración de frenos y contrapesos en manos del Congreso de la República, institución que por diseño constituye un “Primero entre iguales” entre los poderes del Estado. Veamos.

El Congreso de la República tiene en sus manos una serie de mecanismos para balancear y controlar al Ejecutivo. El más evidente, son las citaciones a funcionarios del Ejecutivo y las interpelaciones a Ministros. El Legislativo tiene además la facultad de pedir el “voto de falta de confianza” contra los Ministros del Ejecutivo. También, el Congreso tiene en sus manos la facultad de aprobar el Presupuesto del Gobierno, y de aceptar o no la liquidación presupuestaria que anualmente elabora la Contraloría General de Cuentas. Además de lo anterior, el Legislativo tiene la competencia de los procesos de antejuicio contra Ministros Presidente y Vicepresidente. Y por si fuera poco, el principio de “Supremacía Legislativa” faculta al Congreso a sobreseer vetos presidenciales.

Por su parte, el Legislativo tiene tres herramientas de control hacia el Organismo Judicial: la elaboración y fiscalización del Presupuesto del Organismo Judicial; la elección de magistrados de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia; y la competencia para conocer antejuicios contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

De parte del Ejecutivo, éste tan sólo tiene dos herramientas de control hacia el Legislativo: el poder del veto presidencial, y la confirmación ministerial en el caso de un voto de falta de confianza. Pero ambos, quedan subordinados al principio de “supremacía legislativa”, por lo que al final del día, el Congreso puede igual sobreseer lo actuado por el Ejecutivo.

Mientras que de parte del Organismo Judicial hacia el Legislativo, este tiene la competencia de conocer los antejuicios contra diputados.

Del mapa anterior resalta entonces que el adecuado funcionamiento del sistema republicano descansa sobre los hombros del Organismo Legislativo. La mala utilización de las herramientas de control, ya sea por omisión o como recurso de bloqueo o chantaje político, no sólo genera ingobernabilidad, sino además, debilita el funcionamiento del sistema en su conjunto. Pero además, dado que el sistema republicano concentra muchas de las funciones de control inter-orgánico en el Congreso, el funcionamiento de este organismo resulta de trascendental importancia para todo el aparato del poder público.

Por ello, resulta imperativo fortalecer la representatividad del aparato legislativo. Por tal razón, la discusión de cómo hacer más democráticos los partidos políticos, cómo acercar al votante con sus representantes, cómo reducir los incentivos perversos en la integración del Congreso, resulta de importancia estratégica para el buen funcionamiento de todo el sistema.

La trascendencia del Congreso en el juego republicano.

Uno de los elementos centrales de todo sistema republicano, es la existencia de balances de poderes, y mecanismos de frenos y contrapesos. Los mismos hacen posible que en el marco de un sistema político, los diferentes organismos de Estado se contrapesen a sí mismos, con el objetivo de reducir la potencial arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos.

En el caso guatemalteco, es evidente que existe una concentración de frenos y contrapesos en manos del Congreso de la República, institución que por diseño constituye un “Primero entre iguales” entre los poderes del Estado. Veamos.

El Congreso de la República tiene en sus manos una serie de mecanismos para balancear y controlar al Ejecutivo. El más evidente, son las citaciones a funcionarios del Ejecutivo y las interpelaciones a Ministros. El Legislativo tiene además la facultad de pedir el “voto de falta de confianza” contra los Ministros del Ejecutivo. También, el Congreso tiene en sus manos la facultad de aprobar el Presupuesto del Gobierno, y de aceptar o no la liquidación presupuestaria que anualmente elabora la Contraloría General de Cuentas. Además de lo anterior, el Legislativo tiene la competencia de los procesos de antejuicio contra Ministros Presidente y Vicepresidente. Y por si fuera poco, el principio de “Supremacía Legislativa” faculta al Congreso a sobreseer vetos presidenciales.

Por su parte, el Legislativo tiene tres herramientas de control hacia el Organismo Judicial: la elaboración y fiscalización del Presupuesto del Organismo Judicial; la elección de magistrados de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia; y la competencia para conocer antejuicios contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

De parte del Ejecutivo, éste tan sólo tiene dos herramientas de control hacia el Legislativo: el poder del veto presidencial, y la confirmación ministerial en el caso de un voto de falta de confianza. Pero ambos, quedan subordinados al principio de “supremacía legislativa”, por lo que al final del día, el Congreso puede igual sobreseer lo actuado por el Ejecutivo.

Mientras que de parte del Organismo Judicial hacia el Legislativo, este tiene la competencia de conocer los antejuicios contra diputados.

Del mapa anterior resalta entonces que el adecuado funcionamiento del sistema republicano descansa sobre los hombros del Organismo Legislativo. La mala utilización de las herramientas de control, ya sea por omisión o como recurso de bloqueo o chantaje político, no sólo genera ingobernabilidad, sino además, debilita el funcionamiento del sistema en su conjunto. Pero además, dado que el sistema republicano concentra muchas de las funciones de control inter-orgánico en el Congreso, el funcionamiento de este organismo resulta de trascendental importancia para todo el aparato del poder público.

Por ello, resulta imperativo fortalecer la representatividad del aparato legislativo. Por tal razón, la discusión de cómo hacer más democráticos los partidos políticos, cómo acercar al votante con sus representantes, cómo reducir los incentivos perversos en la integración del Congreso, resulta de importancia estratégica para el buen funcionamiento de todo el sistema.

Esto diagnosticaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el sistema de justicia de Guatemala en 1968:

“The court system in Guatemala is not only antiquated but the quality of the judges is very low. The security forces feel they can not rely on the courts for the administration of justice, and, unfortunately, some of their recent experiences have not served to reassure them. The judges are not only often incompetent, but they are in many cases corrupt, and responsive to pressures and threats. Also, the entire judicial process makes it very difficult to prosecute anyone appre hended” (Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers – United States. Department of State, David C. Geyer. Pp. 231)

A pesar de que Guatemala ha tenido logros importantes desde la apertura democrática en los ochentas, el problema de la justicia pareciera ser una rémora que se arrastra desde los peores momentos del conflicto armado interno.

Desde la teoría política se asume que cuando por cualquier contingencia se rompe el contrato social —bien sea por guerras, desastres naturales o pestes—, el hombre vuelve al estado de naturaleza primigenio del “todos contra todos” y la violencia pasa a ser la moneda de cambio en la sociedad.

Durante estas eventualidades, muchos se aprovechan del vacío de Estado (o, en todo caso, del árbitro neutral que imparte justicia y resuelve los conflictos entre terceros) y la gente comienza a tomar la justicia en sus propias manos y pareciera que se justifica romper las cláusulas más básicas de convivencia social. Son momentos donde brotan las pulsiones más salvajes de nuestro sistema límbico y como humanos nos alejamos de los límites de contención impuestos por la razón, las leyes y la moral.

Esta es una de las tantas lecturas que se desprenden de la más reciente novela de Francisco Pérez de Antón, Heridas tiene la noche, que se desarrolla en un momento verdaderamente traumático de la historia reciente de Guatemala: el aciago año 68.

Un año especialmente sangriento para Guatemala en donde las guerrillas urbanas escalaron el conflicto llevándolo a unos extremos de radicalización nunca antes vistos en el país (al menos hasta ese momento) y en donde la Ciudad de Guatemala se convertiría en un escenario de guerra sin cuartel en el que también harían parte los escuadrones anti-insurgencia, la policía y el ejército. Un año en donde hubo asesinatos políticos, secuestros y desapariciones de personajes de alto perfil y relevancia que llenaron a la población de miedo e incertidumbre frente al futuro.

Pero esta narración no es un relato desde la historia política reciente, sino desde la vida cotidiana del ciudadano de a pie que de pronto se vio atrapado en una intrincada maraña de intereses políticos manejados por los países en pugna durante la Guerra Fría que hicieron de Guatemala su campo de batalla.

Ese ciudadano anodino del año 68 está encarnado en el personaje principal de la novela, Aloiso Ayarza, quien buscará desesperadamente justicia por el asesinato de su hermano y se estrellará de frente contra un poder político ejercido arbitrariamente que no le interesa impartir justicia sino imponerse sobre el bando enemigo. Y en esas circunstancias, tendrá que maniobrar él solo para hallar a los culpables del crimen contra su familia.

De hecho, en uno de los momentos finales de la novela, Ayarza sostiene una acalorada discusión con el escabroso inspector Garellano en donde le increpa por el hecho de ser parte de un aparato de poder corrompido desde sus entrañas:

— El mayor promotor de la venganza es un sistema judicial corrupto. Uno como aquel al que usted pertenecía. Las personas recurren a la justicia más primitiva cuando la justicia institucional no funciona. O no la permiten funcionar, como hacían ustedes…

En el presente, medio siglo después, apenas 20% de los guatemaltecos confían en el Ministerio Público; y sólo 8% confían en la Corte de Constitucionalidad y en el Organismo Judicial, respectivamente[1]. Lo cual indica que en términos de percepción, el asunto no ha mejorado. Seguimos siendo un territorio sin ley con profundos rezagos en esta materia y, de hecho, varios expertos indican que la causa de nuestros problemas actuales estriba precisamente en la debilidad y precariedad de nuestro Estado de derecho.

La solución pareciera ser bastante clara más no sencilla de acometer, pero sólo fortaleciendo la justicia, invirtiendo en capacidades, mejorando la calidad institucional y robusteciendo nuestro Estado de derecho, dejaremos de repetir los ciclos nefastos del pasado.

[1] Encuesta Fundación Libertad y Desarrollo- CID Gallup. Julio 2019

Esto diagnosticaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el sistema de justicia de Guatemala en 1968:

“The court system in Guatemala is not only antiquated but the quality of the judges is very low. The security forces feel they can not rely on the courts for the administration of justice, and, unfortunately, some of their recent experiences have not served to reassure them. The judges are not only often incompetent, but they are in many cases corrupt, and responsive to pressures and threats. Also, the entire judicial process makes it very difficult to prosecute anyone appre hended” (Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers – United States. Department of State, David C. Geyer. Pp. 231)

A pesar de que Guatemala ha tenido logros importantes desde la apertura democrática en los ochentas, el problema de la justicia pareciera ser una rémora que se arrastra desde los peores momentos del conflicto armado interno.

Desde la teoría política se asume que cuando por cualquier contingencia se rompe el contrato social —bien sea por guerras, desastres naturales o pestes—, el hombre vuelve al estado de naturaleza primigenio del “todos contra todos” y la violencia pasa a ser la moneda de cambio en la sociedad.

Durante estas eventualidades, muchos se aprovechan del vacío de Estado (o, en todo caso, del árbitro neutral que imparte justicia y resuelve los conflictos entre terceros) y la gente comienza a tomar la justicia en sus propias manos y pareciera que se justifica romper las cláusulas más básicas de convivencia social. Son momentos donde brotan las pulsiones más salvajes de nuestro sistema límbico y como humanos nos alejamos de los límites de contención impuestos por la razón, las leyes y la moral.

Esta es una de las tantas lecturas que se desprenden de la más reciente novela de Francisco Pérez de Antón, Heridas tiene la noche, que se desarrolla en un momento verdaderamente traumático de la historia reciente de Guatemala: el aciago año 68.

Un año especialmente sangriento para Guatemala en donde las guerrillas urbanas escalaron el conflicto llevándolo a unos extremos de radicalización nunca antes vistos en el país (al menos hasta ese momento) y en donde la Ciudad de Guatemala se convertiría en un escenario de guerra sin cuartel en el que también harían parte los escuadrones anti-insurgencia, la policía y el ejército. Un año en donde hubo asesinatos políticos, secuestros y desapariciones de personajes de alto perfil y relevancia que llenaron a la población de miedo e incertidumbre frente al futuro.

Pero esta narración no es un relato desde la historia política reciente, sino desde la vida cotidiana del ciudadano de a pie que de pronto se vio atrapado en una intrincada maraña de intereses políticos manejados por los países en pugna durante la Guerra Fría que hicieron de Guatemala su campo de batalla.

Ese ciudadano anodino del año 68 está encarnado en el personaje principal de la novela, Aloiso Ayarza, quien buscará desesperadamente justicia por el asesinato de su hermano y se estrellará de frente contra un poder político ejercido arbitrariamente que no le interesa impartir justicia sino imponerse sobre el bando enemigo. Y en esas circunstancias, tendrá que maniobrar él solo para hallar a los culpables del crimen contra su familia.

De hecho, en uno de los momentos finales de la novela, Ayarza sostiene una acalorada discusión con el escabroso inspector Garellano en donde le increpa por el hecho de ser parte de un aparato de poder corrompido desde sus entrañas:

— El mayor promotor de la venganza es un sistema judicial corrupto. Uno como aquel al que usted pertenecía. Las personas recurren a la justicia más primitiva cuando la justicia institucional no funciona. O no la permiten funcionar, como hacían ustedes…

En el presente, medio siglo después, apenas 20% de los guatemaltecos confían en el Ministerio Público; y sólo 8% confían en la Corte de Constitucionalidad y en el Organismo Judicial, respectivamente[1]. Lo cual indica que en términos de percepción, el asunto no ha mejorado. Seguimos siendo un territorio sin ley con profundos rezagos en esta materia y, de hecho, varios expertos indican que la causa de nuestros problemas actuales estriba precisamente en la debilidad y precariedad de nuestro Estado de derecho.

La solución pareciera ser bastante clara más no sencilla de acometer, pero sólo fortaleciendo la justicia, invirtiendo en capacidades, mejorando la calidad institucional y robusteciendo nuestro Estado de derecho, dejaremos de repetir los ciclos nefastos del pasado.

[1] Encuesta Fundación Libertad y Desarrollo- CID Gallup. Julio 2019