La aldea global intenta adaptarse a la mayor crisis de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Con información limitada, sin entender el alcance y dimensión del virus, proyectar cómo será el futuro a resulta difícil. 

La aldea global intenta adaptarse a la mayor crisis de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Con información limitada, sin entender el alcance y dimensión del virus, proyectar cómo será el futuro a resulta difícil. Solo queda elaborar escenarios prospectivos que nos permitan imaginar algunos escenarios.

Escenario # 1 – La década pérdida: Todos pierden. Estados Unidos, Europa y China sucumben ante el Covid-19. Las políticas de reapertura económica y normalización social aceleran la llegada de una segunda y tercera oleada de contagios, lo que provoca un incremento en el número global de casos y de muertes. Bajo la amenaza de nuevos focos de contagio, las políticas de supresión y suspensión de actividades se vuelven a implementar, cada vez con mayor rigurosidad y duración. El shock a la oferta y el colapso de la demanda provoca una crisis económica sin precedentes. Estados Unidos, Europa y China luchan mediante enormes esfuerzos fiscales y monetarios por estimular la economía. No obstante, el proceso es lento y doloroso, y se extiende a lo largo de la década de 2020. Incluso, a pesar de la normalización, el mundo mantiene una “cuarentena psicológica” ya que toma mucho más tiempo desarrollar una vacuna. La reelección de Trump, mayor enfriamiento en la relación Estados Unidos – China (agravada por los reproches de occidente hacia la potencia oriental) y la parálisis de la Unión Europea acelera el proceso de “desglobalización”. Esa desglobalización, aunada a los efectos ya descritos, provoca que la recuperación económica sea lenta. El mundo pierde los destinos favoritos de la migración, y sin las remesas, el efecto dominó de la pobreza se agudiza en América Latina, África septentrional y Medio Oriente. La tensión Estados Unidos – China llega a niveles críticos y resurge el fantasma de un conflicto global.

Escenario # 2 – Unipolaridad y nuevo orden mundial. Estados Unidos y Europa resultan sumamente afectados por la crisis sanitaria y económica. Las bolsas mantienen una tendencia negativa a lo largo de 2020, provocando la gradual desvalorización de las mayores empresas occidentales. China, en cambio, se vende como el país que mejor contrarrestó la pandemia, mensaje alimentado por su autoritarismo. El espejismo de la recuperación china y el mensaje implícito de la eficiencia autoritaria provoca una crisis de legitimidad en las democracias y los mercados libres. En América Latina y África, la incapacidad de los gobiernos por atender a grandes segmentos de población en el desempleo y la pobreza agudiza el malestar social y genera movilizaciones de descontento. En la mayoría de casos, se generan condiciones para que proyectos populistas o autoritarios de izquierda resulten favorecidos. Mientras tanto, grandes consorcios chinos adquieren acciones de las principales empresas occidentales, ampliando la cabeza de playa de la China en las economías europea y norteamericana. Los paquetes de ayuda a África, Medio Oriente y América Latina -al estilo de un Plan Marshall- impulsados desde Beijing generan dependencia hacia la potencia asiática. La caída de los precios de petróleo y la lenta recuperación del consumo internacional, provoca que Arabia Saudita caiga presa de su propio dumping, lo que le arroja a los brazos de Shanghái. Mientras tanto, el desempleo y la pauperización de las clases medias norteamericana provoca -al igual que en Europa del 2010- un gradual giro hacia la izquierda. Ideas radicales, con poco asidero político, impulsadas por Bernie Sandres, Elizabeth Warren y Alexandra Ocasio ganan terreno, y el escenario de una victoria de un radicalismo demócrata en 2024 se vuelve muy probable. 

Escenario # 3 – El renacimiento de Occidente. Los avances científicos patrocinados por Estados Unidos, Reino Unido y Alemania permiten que para inicios de 2021 exista una vacuna contra el Covid-19. El esfuerzo por vacunar a los sectores más vulnerables, al tiempo que la inmunidad colectiva de rebaño se acrecienta entre la población joven, permite recobrar la normalidad económica y social a partir de 2021. Molestos con la parsimonia de la Organización Mundial de la Salud, Occidente asume el liderazgo de facilitar la vacunación global entre 2021 y 2023. Al mismo tiempo, generan un frente internacional para hacer valer la responsabilidad de China por la pandemia. La potencia oriental se ve obligada a cerrar sus mercados “húmedos”, a modificar su legislación sanitaria y, sobre todo, a adoptar políticas de mayor apertura de información. La economía, la educación y la sociedad global se adaptan rápidamente a las nuevas dinámicas sociales y culturales. El comercio electrónico se expande, los canales regionales de distribución se fortalecen, y la dependencia de la manufactura china se reduce. Las potencias occidentales, junto al sistema monetario internacional, desarrollan grandes paquetes de recuperación para los países en desarrollo, que incluye créditos a empresas locales e inyecciones de capital para infraestructura estratégica y productiva. Países con limitantes competitivos en Centroamérica, en la cuenca andina, en el áfrica occidental, la zona subsahariana y sur asiático desarrollan modelos de integración para fortalecer sus canales de producción y sus mercados internos. A su vez, los resabios del distanciamiento social incentiva a acelerar la implementación de agendas digitales. Se fomenta el trabajo a distancia, se acelera el uso de la tecnología para las actividades cotidianas. La educación se revoluciona, y gracias a la rápida implementación de modelos de formación a distancia, se abre la puerta para cerrar la brecha educativa global. La agenda digital se convierte en el principal trampolín para el desarrollo.

En nuestro caso son necesarios enfoques más heterodoxos y flexibles que tomen en cuenta las variables sociales y económicas que, hasta ahora, se siguen pasando por alto porque los especialistas de escritorio están más ocupados proyectando escenarios apocalípticos en sus modelos hipotéticos.

La tesis del distanciamiento social surge a partir de los estudios sobre la transmisión de la malaria en los mosquitos que llevó a cabo el Premio Nobel de Medicina de 1902, Ronald Ross. A través de una serie de ecuaciones diferenciales, Ross llegó a la conclusión de que la capacidad de propagación se reducía significativamente cuando la densidad de la población susceptibles a transmitir el parásito, cae por debajo de cierto umbral (a menos mosquitos, o vectores de transmisión, menos propagación del mismo). En una nota curiosa, este descubrimiento científico terminaría propiciando la construcción del Canal de Panamá en 1907, que había fracasado tras un primer intento en 1881-88 debido a la propagación de la fiebre amarilla y la malaria.

A partir de allí comenzó a considerarse con más base científica lo que la humanidad tenía milenios haciendo por intuición: que las medidas para reducir la densidad poblacional a través del llamado “distanciamiento social”, aplanaban la curva de propagación (Spinney, Pp. 81-83). Además, el modelo de Ross fue probablemente el primer ejemplo del concepto de “umbral”, que ha sido central en epidemiología desde entonces.

Así las cosas, los modelos matemáticos comenzaron a aplicarse en la naciente ciencia epidemiológica que, partiendo de ciertos supuestos, permitían proyectar y predecir escenarios hipotéticos para que desde la salud pública se pudieran hacer intervenciones que contrarrestaran brotes epidémicos. Los modelos matemáticos en epidemiología también vienen a suplir la imposibilidad de diseñar experimentos empíricos que, incluso si fuesen posibles de organizar, tendrían implicaciones éticas graves relacionadas con los grupos de control. De tal suerte que, para describir el curso de un brote futuro de enfermedad, la formulación y el análisis de un modelo matemático puede ser la única forma de comparar el efecto de diferentes estrategias de manejo de una epidemia.

En ese sentido, el modelo de Ross, que sigue vigente en la epidemiología actual (aunque con algunas variantes y aportes de otros modelos como el de Kermack-McKendrick, el de Bailey, etc.), es un modelo determinista y, aunque es una buena abstracción para elaborar escenarios futuros; obviamente no contempla todas las variables del complejo mundo en que vivimos las grandes sociedades modernas globalizadas, y el simple hecho de que las personas (a diferencia de las mosquitos) tenemos intereses distintos que incluso compiten entre sí (Buchanan y Tullock dixit) y donde los costos de la unanimidad son altísimos y prácticamente imposibles de conseguir.

También, desde el punto de vista epistemológico y de la filosofía de la ciencia, los modelos matemáticos epidemiológicos presentan lo que pensadores como Karl Popper llamaron el problema de la inducción y es básicamente un problema de cómo establecer la verdad de los enunciados universales basados en la experiencia (en este caso sería sólo una formulación hipotética a priori, porque no hay una base empírica experimental sólida), más si a partir de ellas se quieren establecer ciertas inferencias inductivas para explicar un fenómeno. La forma de saberlo es haciendo una contrastación deductiva de las teorías y ver cuánto de falsabilidad hay en ellas. Es decir, que un enunciado científico para serlo tiene que poder ser constantemente cuestionado y escrutado por la propia comunidad científica, que en esta crisis, por el contrario, más bien pareciera estar empecinada en dar ciertas verdades como absolutas y censurar y desprestigiar a quienes cuestionen sus modelos o se salgan de la corriente principal.

De hecho, lo que se ha venido a confirmar en esta crisis es que a medida que se tiene más información, las proyecciones de los modelos epidemiológicos del Covid-19 de hace meses de organizaciones del gremio médico convencional como la OMS, la fundación de Bill y Melinda Gates y de institutos como el Imperial College, parecieran fallar en cuanto a sus predicciones iniciales. Un estudio publicado en Israel por el profesor Isaac Ben-Israel, presidente de la Agencia Espacial Israelí y el Consejo de Investigación y Desarrollo, muestra que "la propagación del coronavirus disminuye a casi cero después de 70 días, sin importar dónde golpee, y no importa qué medidas impongan los gobiernos para tratar de frustrarlo". También, otro estudio publicado en el Wall Street Journal, por T. J. Rogers, Joe Malchow y Yinon Weiss demuestra a través de varias regresiones, que no existe una correlación significativa entre hacer "shut down" y frenar la propagación del Covid-19. Independientemente de si se aplica o no la supresión, la propagación termina siendo igual en los estados que se estudiaron. 

Más allá de estas observaciones epistemológicas y metodológicas sobre modelos hipotéticos; la historia de las epidemias (que sería nuestra única forma de contrastar este tipo de fenómenos en la realidad concreta), da cuenta de que las cuarentenas prolongadas y generalizadas a toda la sociedad son impracticables, nunca se han podido hacer completamente, ni siquiera en los países con capacidad para hacerlo. Y en parte por la imposibilidad de un “shut down” total, y por el fenómeno del pasaje serial[1], es que también ocurren segundas y terceras oleadas de contagio y que, finalmente, se desarrolla inmunidad de rebaño.

Por esta razón, y mientras no haya vacuna al Covid-19, en lugar de implementar cuarentenas prolongadas generalizadas y paralizar totalmente las actividades de la sociedad; un abordaje realista sería bajo un modelo estatocástico[2], que tome en cuenta el factor humano. Es decir, que se establezca una estrategia de “apretar y relajar” medidas de distanciamiento (combinar mitigación y supresión) cuando las víctimas más críticas sobrepasen cierto umbral superior al establecido ahora por estos modelos hipotéticos; y que se practique la cuarentena selectiva aislando a pacientes infectados y su entorno inmediato.

Adicionalmente, especialistas como el Dr. Scott Atlas[3], de la Universidad de Stanford, refieren que ya de facto, y a pesar de las medidas de distanciamiento, se está desarrollando inmunidad en la población porque la pruebas de anticuerpos están reflejando que los contagios son más altos de lo que los modelos arrojan. También menciona que se están dejando de lado otras enfermedades, que no se pueden diagnosticar porque todo el sistema de salud está abocado al coronavirus. Enfermedades como el cáncer, y otros padecimientos crónicos no se están diagnosticando, lo cual básicamente está condenando a muerte a miles de personas que no están recibiendo atención médica y están sufriendo el costo de oportunidad que implica que el coronavirus sea la prioridad de todo el mundo en estos momentos. Además de Atlas, hay especialistas que cada vez se inclinan más hacia la tesis de la “inmunidad de rebaño” y que argumentan que el “lock down” total básicamente lo que está haciendo es impedir que esa inmunidad se desarrolle, y por ende, que la crisis se alargue innecesariamente.

Algo que no debe dejarse por fuera es que las medidas del “lock down” total son medidas para el primer mundo que (no exentos de dificultades) se las pueden permitir. Pero en el mundo subdesarrollado estas medidas son completamente impracticables e irreales. Un estudio reciente de la Universidad de Yale reveló que las medidas de distanciamiento social aplicadas en el mundo desarrollado, traen costos económicos demasiado altos en los países del tercer mundo. Primero, no hay infraestructura ni capacidad institucional para proveer salud y asistencia social. En nuestros países la prestación de servicios sanitarios es precaria, incluso en condiciones normales, pues son sistemas de salud colapsados y en crisis antes de esta crisis. Segundo, porque los sectores pobres que viven al día (y que son la mayoría) no pueden permitirse una paralización de sus actividades económicas: para ellos, el coronavirus es sólo una probabilidad, mientras que el hambre es una certeza. Un ejemplo es que en el sondeo de percepción que hizo la FLD, un 67% de los guatemaltecos consultados (con acceso a internet) manifestaron que, de quedarse sin ingresos, podrían hacer frente a sus gastos apenas entre 15 días y dos meses. 

En resumen, el tercer mundo no cuenta ni remotamente con un Estado de bienestar como el europeo o con la infraestructura de los Estados Unidos y ciertos países asiáticos, que pueda sostener desde la seguridad social y la salud pública una crisis pandémica de estas magnitudes, y es por eso que en nuestro caso son necesarios enfoques más heterodoxos y flexibles que tomen en cuenta las variables sociales y económicas que, hasta ahora, se siguen pasando por alto porque los especialistas de escritorio están más ocupados proyectando escenarios apocalípticos en sus modelos hipotéticos.

[1] Es un fenómeno que refleja la habilidad de adaptación de un organismo a su ambiente. Cuando un organismo de patógenos débiles pasa de un animal vivo a otro, se reproduce cada vez de manera más profusa y eficiente. Esto usualmente incrementa su virulencia y su letalidad. Hoy en día, el descubrimiento de este proceso es utilizado (a la inversa) para la producción de vacunas. (Barry, John. The Great Influenza. Pp. 175-178).

[2] Allen, Linda J. S. “An Introduction to Stochastic Epidemic Models”. En https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-78911-6_3

[3] “Ep 625 | The Case for Herd Immunity and Opening Schools”. En https://podcasts.apple.com/us/podcast/ep-625-the-case-for-herd-immunity-and-opening-schools/id1065050908?i=1000472551569&mod=article_inline

Referencias:

Atlas, Scott. “The data is in —stop the panic and end the total isolation”. En https://thehill.com/opinion/healthcare/494034-the-data-are-in-stop-the-panic-and-end-the-total-isolation

Barry, John. The great influenza. The epic story of the deadliest plague in history. New York. Penguin Books. 2004.

Ben-Israel, Isaac. “The end of exponential growth: The decline in the spread of coronavirus”. En https://www.timesofisrael.com/the-end-of-exponential-growth-the-decline-in-the-spread-of-coronavirus/

Buchanan, J y Tullock, G. The calculus of consent. Indianapolis. Liberty Fund. 1999

Diamond, Jared. Guns, Germs and Steel. New York. W. W. Norton & Company. 1997.

Gilder, George. “An Egregious Statistical Horror Story”. En https://www.aier.org/article/an-egregious-statistical-horror-story-suffused-with-incense-and-lugubrious-accents/

Kuhn, Thomas. La estructura de las revoluciones científicas. México. FCE. 2004

Popper, Karl. La lógica de la investigación científica. Madrid. Tecnos. 1980

Spinney, Laura. Pale rider. The spanish flu of 1918 and how it changed the world. New York. Public Affairs. 2017.

El decreto 15-2020, aprobado el pasado 3 de abril por el Congreso, regulaba algunas medidas de “alivio” para la población por la crisis que vivimos. En términos sencillos, lo que establecía el decreto era: a) prohibir el corte de servicios básicos por falta de pago a partir del estado de calamidad; y b) prohibir el cobro de intereses o mora por falta de pago y ofrecer un convenio de pago hasta por 12 cuotas a los usuarios que no pudieran pagar las cuotas de los servicios durante la emergencia.

Los dos pecados del decreto

La idea central del decreto es razonable. Estamos parados no porque queramos, sino porque las medidas de emergencia del gobierno no permiten producir por razones sanitarias. Eso provoca que la falta de ingresos de muchas familias no les permita hacer frente a los pagos de servicios de energía eléctrica, agua potable o telefonía.

¿Cuáles son entonces los pecados? Son básicamente dos.

El primero es no establecer un criterio objetivo para otorgar los beneficios. En el caso de la energía eléctrica era fácil definir por nivel de consumo (kilovatios hora por mes) quiénes podían ser los beneficiarios. Está claro que hay hogares con mejores ingresos a quienes no hace falta dar la ayuda. La ley simplemente establecía que el privilegio era para “población guatemalteca en situación de vulnerabilidad”. En el agua potable podría ser algo similar.

El segundo pecado fue no procurar un mecanismo de compensación para las empresas involucradas. Es decir, suponer que una empresa, por grande o pequeña que sea, puede sencillamente dejar de cobrar un servicio sin menoscabo alguno es simplemente absurdo.

Veamos ejemplos de países concretos. Perú, por ejemplo, también prohibió el corte de energía eléctrica por falta de pago y estableció obligación de hacer convenios de pago hasta por 2 años. Eso sí, el decreto peruano tiene un mecanismo de compensación: el Estado asumirá el pago de intereses compensatorios a través de un fondo de inclusión social. Esto permite al usuario hacer un convenio de pago; permite a la empresa cobrar el costo financiero al Estado y no al usuario. Ambas partes compensadas.

El decreto 15-2020 tenía un mecanismo de compensación, a través de créditos blandos otorgados por el CHN, pero únicamente era para cableros y prestadores del servicio de agua potable.

Los pecados del veto presidencial

Por los dos pecados anteriores es que yo dije: yo hubiera vetado el decreto 15-2020 si fuera presidente. Sin embargo, como podrá apreciar el lector al leer el veto, ni lo hubiera hecho por las mismas razones ni habría tardado tanto en hacerlo.

El decreto tiene 5 artículos y no hacían falta semanas para vetarlo. Dada la urgencia que vive el país, no es correcto demorar tanto para vetarlo. Especialmente cuando una de las “razones” para vetarlo es que dice “luz” en lugar de energía eléctrica.

Por eso los dos pecados del veto son: a) el inexplicable retardo; y b) la pobre argumentación del veto. Es verdad que el presidente presentó una iniciativa como contrapropuesta, pero hay cosas discutibles como la disposición para otorgar fondos a la empresa de agua potable de la Municipalidad de Guatemala. Pero haría falta otra columna para analizar la iniciativa y sus virtudes y defectos.

¿Qué hacer ahora? El balón en cancha del Congreso

No se trata de inventar el agua azucarada. El Congreso debe trabajar a tiempo completo en una nueva iniciativa que supere los obstáculos técnicos del decreto 15-2020. 

Debe encontrar el equilibrio de ayuda al usuario y compensación a las partes involucradas para no generar problemas en la cadena de pagos de los proveedores. Si el decreto 15-2020 fue aprobado con 140 votos quiere decir que voluntad y votos, hay. Solo falta hacerlo realidad.

El presidente vetó el decreto 15-2020 (aprobado el 3 de abril) alegando que un artículo podía ser inconstitucional. El 30 de abril el Congreso rechazó el veto presidencial con 126 votos.

Partamos de un corolario: es urgente que el Estado dé un mecanismo de ayuda a la población y evitar el corte de servicios básicos (luz, agua, etc.). En otra columna expuse el pecado del decreto original, pero se podía corregir sin mucha dificultad.

Primacía legislativa

Dicho lo anterior, vayamos a la discusión estrictamente legal y de procedimiento. El presidente vetó el decreto 15-2020 (aprobado el 3 de abril) alegando que un artículo podía ser inconstitucional. El Congreso hoy (30 de abril) rechazó el veto presidencial con 126 votos (más de los 107 mínimos necesarios). Es cierto, el artículo 179 de la Constitución establece que:

“(…) Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las dos terceras partes del total de sus miembros [107 votos], el Ejecutivo deberá, obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los ocho días siguientes de haberlo recibido.” (Resaltado propio)

La Corte de Constitucionalidad

Ahora bien, el inciso “h” del artículo 272 de la Constitución establece que una de las funciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) es: “Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad”. (Resaltado propio). El artículo 163 de la Ley de Amparo replica esta disposición.

Por eso vale hacernos la pregunta, ¿podía el Congreso rechazar el veto y ordenar la publicación del decreto? ¿O debía enviarlo a consulta a la CC dado que el Ejecutivo lo vetó alegando inconstitucionalidad? La pregunta es relevante porque ahora cabría la posibilidad de que se impugne el decreto alegando vicios interna corporis (para decirlo sin lenguaje rimbombante, que violaron el procedimiento pues).

Algunos precedentes

No es la primera vez que hay una disputa por esto. Por ejemplo, en el expediente 1137-2007 la Corte de Constitucionalidad conoció un pulso que tuvo Oscar Berger con el legislativo. El Congreso había aprobado un decreto que ponía plazo al Ministerio de Educación para emitir un reglamento para la ley de educación y Berger lo vetó alegando vicios de inconstitucionalidad.

El Congreso, al igual que ahora, decidió rechazar el veto por mayoría calificada. Berger presentó un amparo y la CC resolvió darle la razón y resolvió que rechazar el veto sin consultar a la CC violaba el inciso “h” del artículo 272 de la Constitución.

Encontramos otro caso en la era de Jimmy Morales, en 2016. En ese entonces, con motivo de las reformas a la ley orgánica del Congreso, se había incluido un delito por no comparecer a las citaciones del Congreso. Morales entonces vetó ese artículo señalando posibles vicios de inconstitucionalidad.

El Congreso rechazó el veto y esta vez fue el diputado del FCN, Adim Maldonado quien interpuso una acción de inconstitucionalidad por vicios de procedimiento (interna coroporis), ya que el Congreso no siguió el artículo 272 de la Constitución y omitió enviar el decreto para opinión de la CC.

 ¿Qué resolvió la CC? Dio la razón, declaró inconstitucional la ley por violar el proceso legislativo y categóricamente dijo:

“(…) es evidente que dentro del procedimiento legislativo de formación de ley, en caso de que exista veto presidencial alegando inconstitucionalidad de la normativa, el Congreso de la República debe requerir a esta Corte que (…) emita opinión sobre la inconstitucionalidad señalada por el Ejecutivo, para que posteriormente, recabado el parecer de este Tribunal, pueda someterse el asunto a conocimiento del pleno del Congreso y decida si es procedente o no hacer valer la primacía legislativa regulada en el artículo 179 del Magno Texto” (Resaltado propio)

Lo más relevante de este último precedente es que fue pronunciado por la actual magistratura. Los siete magistrados (siete porque era inconstitucionalidad general) que resoliveron fueron Franciso de Mata Vela, Bonerge Orellana, Neftaly Aldana, Gloria Porras, María Cristina Fernández, Mynor Par Usen y María de los Ángeles Araujo.

Hay otros expedientes más donde se sostiene este criterio (Expediente 4-93, expediente 421-2009 O.C.). Es probable que el presidente o alguien impugnen el decreto 15-2020 por los vicios antes señalados. Será esta misma magistratura quien resuelva. Es cierto, técnicamente la Corte puede apartarse de su propia jurisprudencia, pero debe tener buenas razones para cambiar su interpretación de la Constitución. ¿Lo hará?

La pandemia de coronavirus es la mayor crisis mundial en lo que va del siglo. Cada una de sus subsecuentes crisis tendrán su impacto en el sistema internacional, en el equilibrio del poder global y en la defensa por las libertades individuales en todo el mundo. 

La escala e intensidad de las consecuencias por la pandemia en el corto, mediano y largo plazo son enormes. Por un lado, la crisis sanitaria amenaza a los más de 7 mil millones de personas al no saber a ciencia cierta los efectos del virus y no contar con un medicamento o vacuna para atacarlo. Por otro lado, expertos en economía aseguran que el impacto de la crisis financiera podría superar la recesión de 2008. Finalmente, es imposible dejar de un lado la discusión respecto a las libertades individuales de los modelos políticos y económicos líderes en el planeta.

En 2016, el entonces candidato Donald Trump, en su campaña política hizo un esfuerzo por dejar ver a China como el enemigo número 1 de Estados Unidos por sus prácticas comerciales “desleales” que desde su punto de vista dejaban miles de pérdidas en empleos y ganancias. Todo esto finalmente desencadenó en la guerra comercial en 2019 que trajo graves consecuencias para ambas economías. Por estas razones y más, algunos analistas plantean la posibilidad de un mundo postpandemia como el de la guerra fría. Esta vez las dos potencias que disputarían un juego de suma cero por la supremacía global son Estados Unidos y China.

La pandemia de COVID19 vino a alimentar ese discurso disruptivo de China como enemigo del mundo. Donald Trump insiste en nombrar al coronavirus como el “virus chino” para intentar consolidar una retórica de victimización de los estadounidenses frente a la incompetencia o perversidad de China. Sin embargo, este discurso quizá no ha jugado tan bien para Trump ante su cuestionable liderazgo en la respuesta a la crisis sanitaria que presenta un fuerte contraste con la ascendente tendencia de contagios y muertes en Estados Unidos. Según el Centro de Recursos de la Universidad John Hopkins, Estados Unidos alcanza casi el millón de personas contagiadas y registra más de 50mil fallecidos.

Todo esto sucede mientras China empieza su reapertura comercial, dona equipo de protección y lleva médicos especialistas a las ciudades más afectadas por el virus. Además, en las últimas semanas, oficiales del régimen chino empezaron una narrativa en la que culpan a los Estados Unidos de introducir el virus con una tropa del ejército. Estas acciones le han permitido ganar simpatía, sospechar de Estados Unidos y posicionarse nuevamente dentro de la contienda como la potencia global.

La pandemia ha reavivado las discusiones entre dos modelos políticos y económicos diametralmente opuestos. Por un lado, el orden mundial consolidado después de la Segunda Guerra Mundial que tiene como referente a Estados Unidos. En un modelo como este, el éxito depende -entre varias otras cosas- de los liderazgos de sus sistemas, la confianza institucional y de la fortaleza de su sociedad civil en la gestión de sus libertades. 

Por otro lado, China con su autoritarismo de “libre mercado”, un modelo que ha sido ampliamente cuestionado pero que a su vez permitió mejorar el desempeño económico de sus habitantes en un tiempo récord. Esto desde el sacrificio de derechos políticos y libertades individuales.

¿El modelo occidental de democracias podría pender de un hilo en los próximos años? ¿Habrá un único ganador por la disputa de la supremacía global? ¿Regresaremos a un mundo bipolar? Son preguntas que permanecen pero que mientras tanto, es importante reconocer que la libertad es -y siempre ha sido- el cimiento del progreso humano. El fortalecimiento de la sociedad civil, la credibilidad de los liderazgos políticos y la racionalidad científica de las políticas públicas implementadas son pilares a los que se deben aspirar para el éxito de la humanidad y especialmente, para el éxito en superar la crisis de esta pandemia.

La crisis del coronavirus es un problema serio en todo el mundo que toma formas distintas en cada país. Las condiciones particulares de países como Guatemala hacen que sea complicado implementar algunas de las medidas que se han tomado en otros países, principalmente porque no tenemos instituciones que estén preparadas para afrontar una pandemia y porque las condiciones socioeconómicas del país son precarias.

Taiwán, Singapur, Vietnam, Suecia, Corea del Sur, Alemania y Japón son algunos de los países que, por el momento, parecen estar combatiendo al virus eficientemente. Sin embargo, muchas voces calificadas de estos países advierten que todavía es temprano para saber cuál estrategia para combatir el virus es más efectiva, además que las particulares condiciones sociales, políticas, económicas e institucionales de cada país obligan a que las estrategias para combatir el virus sean distintas.

 Distanciamiento social y lockdown

Cada día existe más discusión sobre las medidas de supresión, como el distanciamiento social y los cierres económicos temporales; principalmente por los efectos casi mortales que tienen sobre las economías de los países más pobres. Países como Guatemala no han construido redes de seguridad social que permitan atender a los desempleados, a la economía informal y a los más desprotegidos. No pueden aplicar los paquetes de estímulo económico de los países ricos, sin caer en déficits enormes que podría complicarles la vida por muchos años.

 En Guatemala, la pobreza afecta a más del 59% de la población y según la FAO, cuatro de cada cinco hogares viven en situación de inseguridad alimentaria, estos son millones de personas que no saben si tendrán los suministros necesarios para alimentar a sus familias o que simplemente pasan días completos sin poder comer. Aplicar medidas muy severas de restricción para el trabajo en Guatemala, sin que el gobierno cuente con los medios para aliviar las carencias materiales de casi nueve millones de personas, es prácticamente un suicidio colectivo.

Alemania y la inversión en salud

El éxito de Alemania es en parte el resultado de muchos años de inversión estratégica en política social, particularmente de salud. El país cuenta hoy con 25,000 camas de cuidados intensivos con asistencia respiratoria, mientras que Francia o Italia tienen entre 5,000 y 7,000. El Ministerio de Salud de Guatemala anunciaba a inicios de este mes que tenía disponibles apenas 56 respiradores para uso de los pacientes con Coronavirus que los necesiten. Se estaba esperando una donación de 200 respiradores en los próximos días para los hospitales temporales.

Los hospitales públicos se encuentran permanentemente sobrecargados y la falta de insumos hospitalarios está a la orden del día. El país no tiene la infraestructura o el capital humano suficiente para atender un contagio masivo en donde, según estándares internacionales, el 20% de los infectados podría necesitar atención hospitalaria. Guatemala es el país que menos invierte en salud de la región.

Detección temprano y aislamiento en Corea, Japón, Taiwán y Singapur

Corea y Japón por otro lado, aplicaron medidas muy agresivas para intentar contener el virus. En primer lugar, ambos países hicieron testeo masivo a sus poblaciones, Corea ha estado evaluando a unas 10,000 personas al día.

Taiwán y Singapur actuaron detectando y aislando rápidamente a las personas contagiadas. El caso de Taiwán es particular debido a que la isla ya había luchado contra una epidemia en 2003 y esto los había preparado para lo que venía. Ya tenían la institucionalidad para luchar contra problemas como estos y les resultó muy efectiva.

En Guatemala no existen de momento datos oficiales sobre la cantidad de pruebas realizadas, pero algunos aseguran que no pasan de 200 al día. El país no cuenta con la infraestructura que le permita hacer testeo masivo y se ha optado por una estrategia de hacer pruebas a población en riesgo o con síntomas. Existe un problema serio de migrantes que han venido en vuelos de retornados desde EEUU y el país no cuenta con albergues para que hagan su cuarentena, varios de ellos venían infectados con el virus.

Suecia y su controversial estrategia 

Suecia, por otro lado, ha resultado bastante controversial con su estrategia pues se aplicaron medidas de contención leves. Sin embargo, un economista señala que el país tiene algunas características particulares que probablemente ayuden a que la estrategia funcione; por ejemplo, en más de la mitad de hogares suecos vive solamente una persona, haciendo que el distanciamiento social sea más sencillo y también es el país de Europa en el que más gente trabaja desde su hogar, lo que les permite mantenerse productivos.

Estas dos características importantes no existen en Guatemala, no hay datos sobre teletrabajo en el país, pero en esta economía precaria, más del 70% de la fuerza laboral está en la informalidad y de los trabajadores formales, solo un pequeño porcentaje realiza labores ejecutivas que podrían hacerse desde el hogar. Además, en Guatemala viven en promedio 4.5 personas por hogar y en el que el 18% de los hogares están conformados por la familia extendida.

¿El modelo de Vietnam para Guatemala?

Para un país con las condiciones de Guatemala, el modelo de bajo costo implementado por Vietnam podría resultar efectivo. A diferencia de Corea y Taiwán, Vietman no contaba con los recursos para hacer testeo masivo o cerrar completamente la economía. Por esta razón se decantaron por cierres parciales y focalizados en las áreas que presentaban contagios, el establecimiento de hospitales temporales regionales y el cierre total de las escuelas. Además el gobierno tomó el liderazgo en la difusión de información, apostándole a la transparencia de los datos. El problema de Guatemala es que el país adolece de una gran debilidad institucional, el Estado no puede hacer que la ley se cumpla eficientemente y esto hace difícil que la población cumpla con las medidas de protección necesarias.

¿Una receta para Guatemala?

La receta para que Guatemala combata al Coronavirus es compleja; tenemos un dilema importante, por un lado, necesitamos evitar un colapso económico total que genere más hambre, un paro total de la economía por muchos meses nos pondría en una situación de altísimo riesgo. Por otro lado, tener a la gente en la calle nos pone en un riesgo alto de contagio, si la enfermedad se sale de control puede terminar de colapsar al sistema de salud público y privado.

Para países que no pueden hacer el lockdown, algunos expertos comienzan a recomendar políticas masivas de uso de mascarillas, esto es algo que todos los países pueden pagar; también aislar a los infectados que no presentan síntomas graves y la población en riesgo en sus casas por el tiempo que sea necesario, mientras los individuos en menor riesgo continúan sosteniendo la economía. Algo muy importante es que los gobiernos emprendan campañas de información masivas, el objetivo es que la mayor cantidad de gente aprenda las conductas necesarias para disminuir el riesgo de contagio, mientras los gobiernos implementan medidas restrictivas en puntos estratégicos y se hacen intervenciones oportunas para testear a población en riesgo.

No cabe duda de que ha sido necesario tomar medidas de distanciamiento social para evitar que la tasa de contagio (R0) del virus se dispare y que los sistemas sanitarios del mundo colapsen. Aun habiéndolas implementado, Guatemala tiene ya mas de 214 casos (al 17 de abril) y no hemos hecho suficientes pruebas para conocer mejor el alcance real del contagio.

Naturalmente las medidas de supresión más drásticas han traído costos económicos enormes. En Estados Unidos solamente, 22 millones de personas han reclamado el seguro de desempleo en las últimas 4 semanas. Una cifra de escalofríos y nunca vista. El Fondo Monetario Internacional proyecta una caída del 3% para la economía mundial en 2020 con una proyección para Latinoamérica de -5.2%.

Hace unas semanas mencioné algunos de los paquetes agresivos de ayuda que han emprendido las naciones más ricas del planeta. Al fin y al cabo, estas ricas naciones tienen un amplio espacio fiscal para conseguir fondos para inyectar a las empresas de sus países para amortiguar el golpe y cuentan con estados benefactores que pueden ampliar la ayuda a sus trabajadores. Pueden permitirse el lujo de parar y ayudar a sus ciudadanos.

En los países pobres la cosa no es tan sencilla. Un interesante working paper de Zachary Barnett-Howell y Ahmed Mushfiq Mobarak para la Universidad de Yale propone un marco para analizar el problema de las medidas de distanciamiento social en países pobres. Los autores explican que las personas más pobres están menos dispuestas a hacer un sacrificio económico. Limitar la capacidad de trabajar para alguien que ingresa Q30 diarios es dejarle si su sustento elemental.

La investigación publicada por Yale señala que los estados de los países de ingreso bajo tienen poca capacidad de hacer cumplir sus medidas. Por ejemplo, limitar efectivamente la reversión de la migración interna. Al escasear el trabajo, mucha gente que había migrado a las ciudades, vuelve al campo y sin querer puede llevar el virus a las zonas rurales. Y por último, que la capacidad de estos estados para ayudar a su población son muy deficientes y gran parte de su sector obrero es informal.

El otro día expliqué cómo se repartiría el paquete de Q11 mil millones de ayuda que aprobó nuestro Congreso. El decreto se aprobó el 3 de abril, se publicó en el Diario Oficial el 8 de abril y hasta el 17 de abril se publicó el reglamento y según una nota de prensa, la ayuda llegará hasta mayo. 2 de cada 3 guatemaltecos que están en la fuerza laboral tiene un empleo informal y este será el único mecanismo de ayuda que tendrán. Será demasiado tarde y esto podría ser catastrófico para la gente que no puede trabajar ni tendrá la ayuda que necesita a tiempo.

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) será el ejecutor del programa más ambicioso: el bono familia. Asumiendo transparencia en el gasto, se pondrá a prueba su capacidad de identificar a los necesitados. En 2019, por ejemplo, ayudó a 29,671 familias con el programa “Bolsa Social” y a 58,874 familias en el programa de Bono social sobre educación y salud. Ahora, esperan llegar a 2 millones de hogares. ¿Serán capaces?

Para los trabajadores formales el futuro tampoco es alentador. Aún no tenemos cifras, pero es probable que muchos pierdan su trabajo. La alternativa que ha dado el gobierno es que patrono y trabajador acuerden una suspensión voluntaria del contrato de trabajo. Esto es, que el trabajador deje de laborar y el empleador deje de estar obligado a pagar el salario. A cambio, el Crédito Hipotecario Nacional trasladaría un monto de Q75 diarios. Al mes, esto serían aproximadamente Q2,250.00.

Para las empresas todo está más cuesta arriba. Según datos de 2017 del Ministerio de Economía, el 90.34% de empresas son microempresas. Esto es, empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores y venden entre 1-190 salarios mínimos anuales. Esto es, que aproximadamente venden entre Q2,825.10 y Q536,769.00 al año.

Es difícil pensar que estas empresas puedan sobrevivir sin ventas o con ventas reducidas durante demasiado tiempo. Las empresas pequeñas son generalmente menos productivas y son más vulnerables a sufrir por problemas de liquidez.

Recuerde el lector que empresas grandes, aquellas que tienen más de 200 trabajadores y venden más de Q4.3 millones al año, solo había 1,631 en 2017 y representan el 0.34% del total de las empresas. Estas seguramente son las que tienen más posibilidades de sobrevivir y mantener a buena parte de su planilla ante un parón de actividades como el que vivimos. Pero son tan pocas…

Algunos, como la organización IDinsight, han recomendado que los países pobres que pasen de los lockdowns a medidas tales como: uso obligatorio de mascarillas, aislamiento de los más vulnerables, mejorar el acceso al agua y campañas de información y limitar congregaciones de gente, especialemente reuniones religiosas que suelen ser espacios donde se reúnen muchas personas.

El escenario es complejo y no hacer nada no es una opción. Sin embargo, cuando en situaciones “normales”, la mitad de nuestros niños padece desnutrición crónica, cuando 1 de cada 2 guatemaltecos vive en situación de pobreza, cuando el 42% de los guatemaltecos asegura no tener suficientes alimientos, puede que ciertas restricciones a la actividad productiva traigan costos de mortalidad y morbilidad a personas en situación vulnerable. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos discutirlo con urgencia.

El contagio del Coronavirus es un problema que no conoce nivel socioeconómico o estatus social. Sin embargo, aunque es cierto que cualquiera puede contraer la enfermedad, no todas las personas tienen las mismas herramientas sociales para manejar el contagio y escapar a un desenlace fatal.

Hasta el momento, de los 10 países con más casos de Coronavirus, únicamente Irán puede considerarse un país pobre. Sin embargo, aún en estos países de ingreso alto, son las poblaciones con mayores carencias económicas las más golpeadas por el virus.

 Por ejemplo en EEUU, las comunidades afroamericanas y latinas han sido las más afectadas. En Chicago más del 70% de los muertos por Coronavirus son afroamericanos, esto a pesar que solamente representando al 30% de la población. En el condado de Milwaukee, los afroamericanos representan el 50% de los casos y el 75% de las muertes, pero únicamente son el 25% de la población. Por otro lado, en Nueva York los latinos representan el 34% de las muertes, siendo el grupo étnico con más muertes, seguidos por los afroamericanos.

La explicación se encuentra en las condiciones socioeconómicas de estos grupos étnicos; los latinos y afroamericanos en EEUU suelen tener los trabajos peor remunerados. En esta crisis, también han tenido menos oportunidades para trabajar desde casa pues trabajan en sectores económicos considerados indispensables, en áreas como la atención al cliente en todo tipo de tiendas y negocios, esto les ha colocado en la primera línea de contagio frente al virus.

Información como esta debería disparar todas las alertas en un país como Guatemala. Si la pobreza en países desarrollados, que suele ser relativamente más benigna que la nuestra, se ha cobrado la vida de miles de personas; en nuestro país, la pobreza pone a millones de personas frente a una potencial tragedia.

Según el Índice de Pobreza Multidimensional, más del 55% de la población guatemalteca vive en pobreza. Estos son más de 6 millones de personas, de los cuales 4 millones viven con menos de 16 quetzales diarios y 2 millones lo hacen en la pobreza extrema con menos de 8 quetzales al día. 

Esta pobreza que vemos en Guatemala está íntimamente ligada a muchos problemas, siendo uno de los más importantes la desnutrición. La desnutrición crónica es una condición relacionada a la precariedad, que forma personas con sistemas inmunes débiles ante cualquier bacteria o virus. Ademá, expone a quienes la padecen a enfermedades crónicas, cardiovasculares o metabólicas.

El 46.5% de los niños menores de 5 años en Guatemala son desnutridos crónicos, somos el país con la tasa más alta de desnutrición crónica de América Latina. En 20 años, apenas hemos logrado reducir la desnutrición crónica en un 8.7% y a este ritmo, nos tomará 100 años erradicarla. Según Acción contra el Hambre, si el virus se extendiera en un área con altos niveles de desnutrición, estos niños desnutridos serían los primeros en morir. 

Los guatemaltecos además, tienen una alta prevalencia de enfermedades crónicas y no transmisibles (ENT), entre las que se encuentras los diferentes tipos de cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Todas estas ENT califican como precondiciones de riesgo frente al Coronavirus

Guatemala es el país con la mayor doble carga de mortalidad (tasa entre cáncer + enfermedades cardiovasculares / enfermedades transmisibles) de Latinoamérica. Hoy el cáncer y las enfermedades cardiovasculares son ya las principales causas de muerte en Guatemala y el resto de países de la región. Estos males principalmente afectan a los más necesitados, la falta de recursos les dificulta recibir tratamientos adecuados e información que podría salvarles la vida, también les empuja a llevar vidas no saludables, alimentándose principalmente con alimentos bajos en nutrientes y potencialmente dañinos para la salud.

Otro problema asociado a la pobreza es la falta de infraestructura básica que permita tener condiciones mínimas de salubridad. Según el Censo 2018, el 41% de los hogares guatemaltecos no tienen tubería de agua instalada dentro de su casa. Esos son cerca de 8.5 millones de personas que deben recurrir a tuberías externas, chorros públicos, pozos perforados comunales, agua de lluvia, ríos, lagos, manantiales o camiones (pipas), para tener acceso al agua. Difícil seguir la recomendación de lavarse constantemente las manos cuando no se cuenta con el ingrediente principal de la ecuación.

Además, la población más pobre carece de acceso a servicios de salud. Para el año 2016, un 29% de la población no fue atendida por ningún servicio de salud formal y quienes sí lo fueron se encontraron con servicios públicos desabastecidos, lejanos y sobrepasados en sus capacidades.

La falta de información y educación es otro problema asociado a la pobreza. En Guatemala, el promedio de años de escolaridad es de apenas 6.5, este dato nos pone con Honduras en el último lugar de Latinoamérica. 8 de cada 10 guatemaltecos viven en hogares con pocos años de escolaridad y cerca de 1.5 millones de niños y jóvenes están fuera del sistema educativo. Esta falta de acceso a educación formal, suele traducirse en falta de acceso a información de calidad. Hoy sabemos que la información es clave para enfrentar situaciones como la de la pandemia del Coronavirus.

La desnutrición, las enfermedades no transmisibles, la falta de agua entubada, las carencias del sistema de salud, la falta de información, los bajos ingresos económicos y otros indicadores no mencionados en este artículo, son todas características inevitables de la pobreza en el país y todas actúan como precondiciones de riesgo frente a una crisis sanitarias como la del COVID-19.

En 1997, Richard N. Adams comentó en su estudio sobre los efectos de la pandemia de Influenza de 1918 que: “En tanto el brote de Influenza en 1918 fue una pandemia mundial, en Guatemala atacó a ladinos e indios, habitantes del campo y de la ciudad, pobres y ricos, pero no a todos con la misma fuerza. La mortalidad varió en términos étnicos. En este sentido, se parece al terremoto posterior de 1976 en el que la ubicación geográfica y la vivienda tradicional conllevaron marcadas diferencias en los niveles de pérdidas por grupo étnico.”

Lamentablemente el comentario de Adams podría fácilmente extrapolarse a la Guatemala de hoy, como una fuerte advertencia frente a la pandemia del Coronavirus. Serían en las regiones con mayor cantidad de personas en situación de pobreza, las cuales son mayoritariamente indígenas, en donde seguramente encontraríamos la mayor cantidad de muertos por la enfermedad. Se calcula que, en la Guatemala de 1918, murieron entre 75,000 y 150,000 personas por la pandemia de Influenza. Esto era en una Guatemala mucho menos comunicada y desarrollada, pero con indicadores de pobreza relativamente similares a los de hoy.

La pobreza de este país debe hacernos ver que es imperativo que Guatemala continúe centrando todos sus esfuerzos en la mitigación del contagio de la enfermedad. Debemos evitar a toda costa que el virus alcance a las comunidades más pobres y desprotegidas del país si queremos evitar una tragedia de magnitudes que probablemente nunca hemos visto; eso en el corto plazo, en el largo plazo el reto es tomarnos en serio la tarea de combatir la pobreza, no hay tragedia más grande y duradera que la pobreza de Guatemala. 

En países como Guatemala, la pobreza es también una precondición de riesgo frente al Coronavirus. O mejor dicho, es una condición que pone en riesgo a millones de personas frente a una pandemia como la que enfrentamos en este momento.

Por qué esta crisis y sus soluciones resultan distintas a la recesión 2007-2008

Cuando se empezó a visualizar que la pandemia Covid-19 provocaría una crisis económica internacional, el primer instinto fue voltear a ver la experiencia más reciente de una recesión: la crisis financiera 2007-2008. De ahí, que en primera instancia se consideró urgente contrarrestar la inminente contracción a través de políticas expansionistas en materia monetaria (la reducción en la de interés líder para fomentar más consumo) y de política fiscal (aumento del gasto de gobierno) para apuntalar la demanda agregada (total de bienes y servicios demandados a determinado nivel de precios durante un período de tiempo).

Sin embargo, los economistas rápidamente entendieron que la temida recesión post Covid-19 no era comparable con las características de la crisis financiera 2007-2008.

A diferencia de dicha crisis financiera que se caracterizó por una contracción en la demanda agregada como consecuencia del colapso en los mercados inmobiliario y financiero, la recesión post Covid-19 estaría alimentada por un shock en la oferta. Esto, como consecuencia de la disrupción en los canales de producción y distribución. Dicho de forma más sencilla: las políticas de supresión y mitigación de la pandemia (toques de queda, paros y suspensión de actividades) simplemente provocan que miles de empresas no puedan producir, que la oferta laboral se reduzca, que los canales para la exportación estén rotos o paralizados, y que el total de bienes y servicios producidos se contraiga significativamente.

En este sentido, la crisis se asemeja más a las que se producen como consecuencia de una guerra o un desastre natural, cuando la destrucción de infraestructura o la pérdida de capital y fuerza laboral provoca un shock en la oferta, entendido como una reducción en la producción de bienes y servicios.

Lo que complica el escenario actual es que el shock sobre la oferta seguramente vendrá acompañado de una caída en la demanda agregada. La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y la duración que tendrán los toques de queda o suspensión de actividades, aunado a los recortes de planilla y personal en empresas, provocará -seguramente- una reducción en el gasto de los consumidores. Y como es natural en toda crisis, la incertidumbre invita a un recorte de gastos superfluos y a la reducción en la reinversión de las empresas. Todo ello generará una contracción en la demanda agregada de bienes y servicios.

Es en este momento que se producirá el mayor riesgo global. Las empresas más dependientes del flujo de caja y que cuentan con activos limitados para hacer frente a sus obligaciones (pago de salarios, proveedores, impuestos, etc.) tendrán problemas de liquidez para cumplir con tales compromisos. Este fenómeno afectará, en primera instancia, a las Mipymes. Pero al mismo tiempo, esas empresas estarán enfrentando el problema generado por la contracción en la demanda de bienes y servicios, explicada anteriormente. Si para entonces no existen “paquetes de rescate”, se genera el escenario riesgoso de empresas que sencillamente no pueden cumplir con sus obligaciones y optan por declararse en quiebra.

Si esto ocurre, los trabajadores de esas empresas sufrirán la pérdida de sus empleos e ingresos. En ese caso, el efecto será una reducción en su consumo y una mayor depresión de la demanda agregada.

En resumen, la crisis empieza como una contracción en la oferta acompañada de una contracción en la demanda, lo que a su vez provocará una mayor reducción de la oferta y un ciclo vicioso recesivo.

Por ello, las políticas de mitigación de la crisis deben contemplar los dos extremos del proceso económico. La oferta debe apuntalarse mediante paquetes de rescate que incluyan políticas como moratorias de cuotas patronales o fiscales, la reducción de tasas impositivas, líneas de crédito blandas y alternativas de seguridad social para hacer frente al pago de planillas. Además, debe estimularse la demanda por medio de inversión pública (particularmente en salud e infraestructura), transferencias de dinero a los sectores más vulnerables (personas que subsisten en la informalidad, desempleados y familias en pobreza y pobreza extrema). Pero esto no es todo. También debe pensarse en el “día después de mañana”. Políticas dirigidas a atraer nuevas inversiones una vez la pandemia haya sido superada. La revisión del modelo de zonas francas para atraer inversión para exportaciones; la flexibilización de la regulación laboral; la introducción de “ventanillas únicas” para agilización de trámites y licencias, o la legislación para incentivar inversión pública-privada en infraestructura y vivienda social son algunas alternativas ya discutidas.

Atravesamos una época en la que las libertades están restringidas por razones de salud pública que imponen que la vida humana se asegure, vivimos un momento en el que las garantías individuales se ven suspendidas a raíz de la orden de cuarentena.

Al 30 de marzo Estados Unidos confirmó más de 160mil casos activos de Coronavirus. En el mundo se contabilizan los 780mil contagiados. Nueva York, la ciudad que nunca duerme hoy está dormida. Uno de los ejes económicos más importantes y varios puntos del globo han detenido sus actividades con la esperanza de frenar la pandemia que ya alcanzó más de 40mil muertes en apenas 3 meses.

El mundo enfrenta una crisis de salud donde rondan muchas preocupaciones, entre ellas, respecto de las consecuencias para la libertad sobre las medidas que han implementado los distintos estados para contrarrestar la pandemia.

Sabemos dos cosas del Coronavirus -Covid19-. La primera, que es altamente contagioso; y la segunda, que es potencialmente letal para cierto grupo de personas. Ante estas dos características, se convierten necesarias medidas que promuevan el distanciamiento y confinamiento social. Mientras los días avanzan, en distintas partes del mundo y en Guatemala, los estados han implementado estrategias que limitan y restringen la libertad de locomoción, tránsito y circulación para evitar la propagación masiva del virus.

Para aquellos quienes defendemos la libertad, la injerencia del estado en nuestra esfera de libertades siempre será una cuestión de alerta. Sin embargo, el mundo enfrenta una compleja situación sui generis para la cuál se requiere la implementación de medidas extraordinarias -consideradas drásticas e inadmisibles bajo cualquier otro escenario- de manera temporal mientras dura la crisis.

Bajo el modelo liberal, como mínimo, el estado tiene la responsabilidad de garantizar tres derechos fundamentales para todos los individuos: la vida, la libertad y la propiedad privada. Otra premisa importante del liberalismo es que la responsabilidad es inseparable de la libertad. Ante un escenario donde hay peligrosa contagiosidad y posible letalidad del virus para grupos específicos, la irresponsabilidad de un individuo puede convertirse en una potencial agresión al derecho a la vida de un tercero.

En un mundo ideal, podrían ocurrir dos escenarios. Por una parte, la posibilidad de individualizar la responsabilidad y que cada uno internalice esa externalidad negativa. Es decir, que cada uno, de manera libre y voluntaria se confine a su hogar. Este escenario ha resultado poco efectivo cuando analizamos casos concretos en Italia, España y Estados Unidos que no fue hasta la implementación de estrategias drásticas por parte de los estados que las personas adoptaron ese cambio. Por otro lado, se podrían adoptar medidas que permitan trazar caso por caso y limitar las libertades de grupos más reducidos o por zona geográfica y de esta manera reducir el impacto de las limitaciones.

Para las opciones expuestas, se requiere la existencia de instituciones políticas, económicas y sociales sólidas que permitan identificar estrategias para hacer cumplir las normas sin la necesidad del estado. Esto, sin mencionar la cantidad de información y fondos necesaria para implementar la trazabilidad de los casos. Lo anterior convierte cualquiera de los dos escenarios poco factibles principalmente en países del tercer mundo donde carecemos de estas condiciones.

La implementación de medidas restrictivas ante escenarios como el que vivimos quizá no es el ideal y arrastra consigo varios costos, pero sin dudas permite resolver y velar por la protección de la vida de los individuos como bien superior. No queda duda que es un momento de alerta. Tocará permanecer atentos a las disposiciones de los estados para garantizar que efectivamente las medidas no se extralimiten -en forma y temporalidad- y acaben por arrebatar de manera permanente nuestras libertades. Dicen que el precio de la libertad es la eterna vigilancia…

Fotografía tomada por: Josemaría Echeverría