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La situación del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
04 Ene 2024

Este problema tiene su origen, primero, en la falta de acción del Congreso para designar a los dos magistrados suplentes mencionados anteriormente y, segundo, en la rapidez con la que se tramitó el antejuicio contra los cuatro magistrados titulares.

 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha experimentado una crisis institucional desencadenada por el proceso de antejuicio exprés gestionado por el Congreso de la República. Este proceso culminó el 30 de noviembre, al borde de la medianoche, dejando sin inmunidad a cuatro de sus magistrados titulares. Esto a partir de una denuncia por supuesta sobrevaloración en una compra de software informático para transmitir resultados electorales.

Esta situación generó una crisis institucional. El TSE está conformado por cinco magistrados titulares y cinco suplentes. No obstante, existen dos vacantes entre los suplentes debido a que uno de los designados en marzo de 2020 por el Congreso, Noé Ventura, rechazó el cargo y, en enero de 2023, renunció Gabriel Gómez, magistrado suplente de entonces.

Desde entonces, el Congreso no ha tomado medidas para designar a los dos suplentes que dejaron sus puestos vacantes. Ante la pérdida de inmunidad de los cuatro magistrados titulares, estos solicitaron licencia para ausentarse durante diciembre, lo que suscitó debates sobre la composición del TSE.

El artículo 129 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que el quórum necesario para las sesiones del TSE requiere la presencia de todos sus miembros (cinco), lo que ha generado dudas respecto a la capacidad del TSE para funcionar adecuadamente.

Es importante señalar que, por el momento, no existen asuntos urgentes que requieran la atención plena del TSE, lo que plantea la posibilidad de que sesione excepcionalmente con los cuatro magistrados, uno titular y tres suplentes, que actualmente están en funciones. 

En segundo lugar, este problema tiene su origen, primero, en la falta de acción del Congreso para designar a los dos magistrados suplentes mencionados anteriormente y, segundo, en la rapidez con la que se tramitó el antejuicio contra los cuatro magistrados titulares. 

En este contexto, Karen Fischer y Néstor Pérez interpusieron dos acciones de amparo, argumentando que el TSE se encontraba "desintegrado". Solicitaban que se obligara al Congreso a designar a los dos suplentes faltantes, y uno de ellos alegó "abandono del cargo" por parte de los magistrados titulares que habían pedido licencia.

Es relevante añadir que, con el inicio de 2024 y tras finalizar la licencia, los magistrados titulares que perdieron la inmunidad han solicitado disfrutar de vacaciones y reanudarán sus labores en febrero de 2024. Además, tanto la licencia de diciembre como las vacaciones de enero están protegidas por la legislación laboral.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó otorgar amparo provisional a los solicitantes mencionados, lo que, por el momento, mantiene la situación del TSE sin cambios. Además, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, declaró a los medios que la legislatura actual no elegirá a los dos suplentes faltantes, dejando esta tarea a la próxima legislatura.

Queda un asunto pendiente. El magistrado Mynor Franco, uno de los cuatro que perdieron la inmunidad, presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), registrada bajo el número de expediente 8081-2023, en la que cuestiona las acciones del Congreso.

Franco sostiene, entre otras cosas, que el Congreso incurrió en vicios de procedimiento el 30 de noviembre de 2023 al no revisar el informe circunstanciado preparado por la Comisión Pesquisidora, que recomendaba retirar la inmunidad de los cuatro magistrados acusados de sobrevalorar la compra de software informático para transmitir resultados electorales.

Esto es especialmente relevante porque la Ley en Materia de Antejuicio detalla el procedimiento en su artículo 17. Este artículo establece que el informe debe ser conocido por el pleno en sesión ordinaria y que, tras la discusión del informe, procede votar si se retira o no la inmunidad de los funcionarios en cuestión.

Sin embargo, en la sesión del 30 de noviembre de 2023, el Congreso omitió discutir y conocer el informe de la comisión pesquisidora. De hecho, cuando el punto estuvo en la agenda en la tarde del 30 de noviembre, el informe no se pudo tratar por falta de quórum.

Fue más tarde, tras aprobar el presupuesto para 2024, que una moción privilegiada presentada por el diputado Alberto Sánchez solicitó incluir en la agenda la votación para retirar la inmunidad.

Aunque el Congreso logró 108 votos, la votación se realizó sin conocer el informe, infringiendo el procedimiento legal. Este es el argumento del magistrado Franco, y se espera que la CC analice la situación detenidamente.

El Congreso deberá enviar un informe explicando sus acciones, y posteriormente la Corte decidirá si concede el amparo provisional. De ser así, los cuatro magistrados podrían recuperar su inmunidad y el Congreso tendría que retomar el proceso en la fase correspondiente al conocimiento del informe circunstanciado elaborado por la comisión pesquisidora. Sin embargo, esto correspondería a la nueva legislatura, ya que la Ley en Materia de Antejuicio estipula que estos asuntos deben abordarse en sesiones ordinarias, cuyo período comienza el 14 de enero.

An important ruling by the Constitutional Court guarantees the democratic transition in Guatemala
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
20 Dic 2023

Este amparo se interpuso el 6 de octubre de 2023, en respuesta a la amenaza de desobediencia a la voluntad popular, manifestada en las elecciones

 

El 14 de diciembre de 2023, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una sentencia trascendental, contenida en el expediente 6175-2023. En este caso, tuve el honor de participar como abogado en un esfuerzo cívico, fruto de un esfuerzo en equipo dedicado a la causa de este amparo. Los amparistas fueron los ciudadanos Javier Urízar Montes de Oca, Gregorio Saavedra, José Javier Gálvez, Hugo Rivas Gálvez, Sara Larios, Edgar Gustavo Lima, Ana Raquel Aquino Smith, Mateo Echeverría Román, Mariana Reyes Solórzano y Andrea Reyes López.

Este amparo se interpuso el 6 de octubre de 2023, en respuesta a la amenaza de desobediencia a la voluntad popular, manifestada en las elecciones. Esto incluía preocupaciones particulares sobre la toma de posesión de cargos electos, entre ellos, la presidencia y vicepresidencia. Ese mismo día, la CC concedió un amparo provisional, ordenando a las autoridades pertinentes cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales para asegurar la alternabilidad en el ejercicio del poder. (Dicho amparo provisional está disponible para su descarga aquí).

Quisiera destacar tres aspectos fundamentales de la sentencia (disponible para descarga aquí). 

  1. Amenaza a la renovación de mandos el 14 de enero de 2024

En el Considerando VII, la CC reconoce que, efectivamente, existe una amenaza real de que no se concreten los cambios de mando programados para el 14 de enero de 2024. Esto se debe a un motivo específico: una decisión judicial del ámbito penal –la orden del juez Orellana de suspender al partido Semilla– que podría ser invocada por el Organismo competente para impedir la transición constitucionalmente prevista.

La Corte admite que podría surgir una amenaza si se interpretan incorrectamente los efectos del fallo del juez penal que suspendió al partido Semilla, y se usen como justificación para no juramentar al binomio presidencial y a sus diputados electos. La pregunta esencial es: ¿Cómo responde la Corte a esta situación? Esto nos lleva al segundo aspecto.

 

  1. Alcance de la orden de un juez penal respecto al Partido Semilla, ganador de las elecciones presidenciales

Posteriormente, la CC clarifica que, aunque reconoció la capacidad de un juez penal de suspender a un partido político aplicando el artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (LCDO), como en el caso de Semilla, esta suspensión "no extiende facultad al Juez penal para decretar ulteriores efectos al ámbito electoral específicamente. En consecuencia, por virtud de dicha resolución, no cabría concluir que las credenciales son inválidas o cuestión parecida a ello."

Esto significa que el Congreso no puede rechazar la toma de posesión del binomio presidencial y diputados electos usando la orden judicial como pretexto, ya que esta no tiene efecto en el proceso electoral.

 

  1. Los resultados electorales son inalterables

La sentencia también establece que los resultados electorales son inalterables y deben respetarse una vez que el proceso electoral ha concluido y los resultados han sido oficializados. En el numeral romano X, la CC explica esta inmutabilidad. Incluso se hace referencia al amparo provisional del 1 de julio de 2023 (expediente 3731-2023), que llevó a la repetición de las audiencias de revisión de escrutinios, proporcionando así una doble oportunidad para que los partidos políticos fiscalizaran los resultados.

En el numeral romano XIII, la CC aborda las declaraciones del Ministerio Público (MP) del 8 de diciembre, en las cuales se señalaba a miembros del partido Semilla de ciertos delitos y se planteaba la posibilidad de anular las elecciones. La Corte, en la página 62, disipa cualquier duda al afirmar que, aunque el MP tiene la facultad de llevar a cabo investigaciones penales, estas "no pueden tener el alcance de impedir la respectiva finalización y efectos del proceso electoral" (resaltado propio).

La Corte aclara en el numeral VII de la parte resolutiva que, a pesar de las facultades de investigación del MP “y los jueces del orden penal, para juzgar los casos en que se hubiere incurrido en ilícitos penales (...) así como las facultades del Tribunal Supremo Electoral sobre evidencias serias que presenten incidencia en el ámbito de las organizaciones electorales” (resaltado propio), esto se refiere a las consecuencias que podrían tener las investigaciones del MP en relación con las organizaciones políticas (partidos), pero no afecta los resultados electorales.

La Corte finaliza su sentencia ordenando al Congreso y su Junta Directiva que garanticen la transición de mando. Además, en el punto resolutivo VI, insta a todas las autoridades a cumplir con sus funciones para asegurar una transición pacífica. Este artículo tiene como objetivo ofrecer una comprensión más profunda de los alcances de esta sentencia, la cual marca un momento decisivo en la disipación de la incertidumbre generada por los reiterados ataques al proceso electoral.

 

Un agradecimiento especial al Rule of Law Impact Lab de la Universidad de Stanford por su amicus curiae esencial en este caso. Su aporte, especialmente en estándares legales internacionales, fortaleció significativamente los argumentos ante la Corte, y sirvió para demostrar el impacto positivo de la colaboración académica en la defensa de la democracia.

Un importante fallo de la Corte de Constitucionalidad que garantiza la transición democrática en Guatemala
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Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
20 Dic 2023

Este amparo se interpuso el 6 de octubre de 2023, en respuesta a la amenaza de desobediencia a la voluntad popular, manifestada en las elecciones

 

El 14 de diciembre de 2023, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una sentencia trascendental, contenida en el expediente 6175-2023. En este caso, tuve el honor de participar como abogado en un esfuerzo cívico, fruto de un esfuerzo en equipo dedicado a la causa de este amparo. Los amparistas fueron los ciudadanos Javier Urízar Montes de Oca, Gregorio Saavedra, José Javier Gálvez, Hugo Rivas Gálvez, Sara Larios, Edgar Gustavo Lima, Ana Raquel Aquino Smith, Mateo Echeverría Román, Mariana Reyes Solórzano y Andrea Reyes López.

Este amparo se interpuso el 6 de octubre de 2023, en respuesta a la amenaza de desobediencia a la voluntad popular, manifestada en las elecciones. Esto incluía preocupaciones particulares sobre la toma de posesión de cargos electos, entre ellos, la presidencia y vicepresidencia. Ese mismo día, la CC concedió un amparo provisional, ordenando a las autoridades pertinentes cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales para asegurar la alternabilidad en el ejercicio del poder. (Dicho amparo provisional está disponible para su descarga aquí).

Quisiera destacar tres aspectos fundamentales de la sentencia (disponible para descarga aquí). 

  1. Amenaza a la renovación de mandos el 14 de enero de 2024

En el Considerando VII, la CC reconoce que, efectivamente, existe una amenaza real de que no se concreten los cambios de mando programados para el 14 de enero de 2024. Esto se debe a un motivo específico: una decisión judicial del ámbito penal –la orden del juez Orellana de suspender al partido Semilla– que podría ser invocada por el Organismo competente para impedir la transición constitucionalmente prevista.

La Corte admite que podría surgir una amenaza si se interpretan incorrectamente los efectos del fallo del juez penal que suspendió al partido Semilla, y se usen como justificación para no juramentar al binomio presidencial y a sus diputados electos. La pregunta esencial es: ¿Cómo responde la Corte a esta situación? Esto nos lleva al segundo aspecto.

 

  1. Alcance de la orden de un juez penal respecto al Partido Semilla, ganador de las elecciones presidenciales

Posteriormente, la CC clarifica que, aunque reconoció la capacidad de un juez penal de suspender a un partido político aplicando el artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (LCDO), como en el caso de Semilla, esta suspensión "no extiende facultad al Juez penal para decretar ulteriores efectos al ámbito electoral específicamente. En consecuencia, por virtud de dicha resolución, no cabría concluir que las credenciales son inválidas o cuestión parecida a ello."

Esto significa que el Congreso no puede rechazar la toma de posesión del binomio presidencial y diputados electos usando la orden judicial como pretexto, ya que esta no tiene efecto en el proceso electoral.

 

  1. Los resultados electorales son inalterables

La sentencia también establece que los resultados electorales son inalterables y deben respetarse una vez que el proceso electoral ha concluido y los resultados han sido oficializados. En el numeral romano X, la CC explica esta inmutabilidad. Incluso se hace referencia al amparo provisional del 1 de julio de 2023 (expediente 3731-2023), que llevó a la repetición de las audiencias de revisión de escrutinios, proporcionando así una doble oportunidad para que los partidos políticos fiscalizaran los resultados.

En el numeral romano XIII, la CC aborda las declaraciones del Ministerio Público (MP) del 8 de diciembre, en las cuales se señalaba a miembros del partido Semilla de ciertos delitos y se planteaba la posibilidad de anular las elecciones. La Corte, en la página 62, disipa cualquier duda al afirmar que, aunque el MP tiene la facultad de llevar a cabo investigaciones penales, estas "no pueden tener el alcance de impedir la respectiva finalización y efectos del proceso electoral" (resaltado propio).

La Corte aclara en el numeral VII de la parte resolutiva que, a pesar de las facultades de investigación del MP “y los jueces del orden penal, para juzgar los casos en que se hubiere incurrido en ilícitos penales (...) así como las facultades del Tribunal Supremo Electoral sobre evidencias serias que presenten incidencia en el ámbito de las organizaciones electorales” (resaltado propio), esto se refiere a las consecuencias que podrían tener las investigaciones del MP en relación con las organizaciones políticas (partidos), pero no afecta los resultados electorales.

La Corte finaliza su sentencia ordenando al Congreso y su Junta Directiva que garanticen la transición de mando. Además, en el punto resolutivo VI, insta a todas las autoridades a cumplir con sus funciones para asegurar una transición pacífica. Este artículo tiene como objetivo ofrecer una comprensión más profunda de los alcances de esta sentencia, la cual marca un momento decisivo en la disipación de la incertidumbre generada por los reiterados ataques al proceso electoral.

 

Un agradecimiento especial al Rule of Law Impact Lab de la Universidad de Stanford por su amicus curiae esencial en este caso. Su aporte, especialmente en estándares legales internacionales, fortaleció significativamente los argumentos ante la Corte, y sirvió para demostrar el impacto positivo de la colaboración académica en la defensa de la democracia.

The judicial farce: political persecution against the democratic opposition
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
06 Dic 2023

La dictadura venezolana ha alcanzado nuevamente cotas insospechadas de cinismo al utilizar su corrupto aparato judicial como un instrumento descarado de persecución política. La Fiscalía General de la República, convertida en una marioneta servil de un régimen inmoral y decadente, ha emprendido una cruzada para secuestrar a dirigentes del partido Vente Venezuela, como Pedro Urruchurtu, Claudia Macero y Henry Alviarez, en un intento vil de amedrentar a la valiente María Corina Machado e impedir su candidatura presidencial en 2024.

Es evidente que la dictadura, temerosa de la voluntad del pueblo venezolano, busca desesperadamente sofocar cualquier atisbo de disidencia. La táctica consiste en silenciar a líderes opositores, utilizando artimañas judiciales de supuestos "vínculos y financiación con la Exxon Mobil", para realmente criminalizar la participación política y desalentar a aquellos que se atrevan a desafiar el yugo opresor chavista.

La tiranía se aferra al poder como un parásito que teme ser erradicado por la voluntad popular expresada libremente en las urnas electorales, por lo que recurre a estas prácticas viles para mantener su control.

La Fiscalía, lejos de ser un ente imparcial y justo, se ha convertido en cómplice de la represión, actuando como un apéndice del régimen totalitario. Este ataque contra los dirigentes de Vente Venezuela no es simplemente un acto de intimidación; es una afrenta directa a la democracia y a los Derechos Humanos. La dictadura no tiene escrúpulos y está dispuesta a sacrificar la libertad y la justicia de toda una nación en aras de mantener su fachada de legitimidad.

Es imperativo que la comunidad internacional no ignore este flagrante abuso de poder. La persecución de dirigentes políticos es un síntoma claro de la degeneración moral y ética de un régimen que ha perdido todo sentido de la decencia. La solidaridad con la oposición venezolana se convierte en un deber moral, y las sanciones internacionales deben intensificarse para asfixiar económicamente a aquellos responsables de esta maquinaria de muerte, tortura y persecución.

Es hora de que los demócratas del mundo denuncien enérgicamente estos actos atroces, se solidaricen con los líderes opositores y pongan fin a la impunidad internacional de una tiranía que amenaza la estabilidad del continente. La lucha por la democracia debe ser incansable, y la comunidad internacional no puede dar la espalda a un pueblo que clama por justicia y libertad.

La farsa judicial: persecución política contra la oposición democrática
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
06 Dic 2023

La dictadura venezolana ha alcanzado nuevamente cotas insospechadas de cinismo al utilizar su corrupto aparato judicial como un instrumento descarado de persecución política. La Fiscalía General de la República, convertida en una marioneta servil de un régimen inmoral y decadente, ha emprendido una cruzada para secuestrar a dirigentes del partido Vente Venezuela, como Pedro Urruchurtu, Claudia Macero y Henry Alviarez, en un intento vil de amedrentar a la valiente María Corina Machado e impedir su candidatura presidencial en 2024.

Es evidente que la dictadura, temerosa de la voluntad del pueblo venezolano, busca desesperadamente sofocar cualquier atisbo de disidencia. La táctica consiste en silenciar a líderes opositores, utilizando artimañas judiciales de supuestos "vínculos y financiación con la Exxon Mobil", para realmente criminalizar la participación política y desalentar a aquellos que se atrevan a desafiar el yugo opresor chavista.

La tiranía se aferra al poder como un parásito que teme ser erradicado por la voluntad popular expresada libremente en las urnas electorales, por lo que recurre a estas prácticas viles para mantener su control.

La Fiscalía, lejos de ser un ente imparcial y justo, se ha convertido en cómplice de la represión, actuando como un apéndice del régimen totalitario. Este ataque contra los dirigentes de Vente Venezuela no es simplemente un acto de intimidación; es una afrenta directa a la democracia y a los Derechos Humanos. La dictadura no tiene escrúpulos y está dispuesta a sacrificar la libertad y la justicia de toda una nación en aras de mantener su fachada de legitimidad.

Es imperativo que la comunidad internacional no ignore este flagrante abuso de poder. La persecución de dirigentes políticos es un síntoma claro de la degeneración moral y ética de un régimen que ha perdido todo sentido de la decencia. La solidaridad con la oposición venezolana se convierte en un deber moral, y las sanciones internacionales deben intensificarse para asfixiar económicamente a aquellos responsables de esta maquinaria de muerte, tortura y persecución.

Es hora de que los demócratas del mundo denuncien enérgicamente estos actos atroces, se solidaricen con los líderes opositores y pongan fin a la impunidad internacional de una tiranía que amenaza la estabilidad del continente. La lucha por la democracia debe ser incansable, y la comunidad internacional no puede dar la espalda a un pueblo que clama por justicia y libertad.

The pre-trial against Supreme Electoral Tribunal magistrates
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
30 Nov 2023

Ante las sospechas de irrespeto a los resultados electorales, parece inoportuno apresurarse a desplazar a la autoridad electoral.

 

El 29 de junio de 2023, dos ciudadanos interpusieron una denuncia contra los magistrados del TSE, acusándolos de sobreprecio en la adquisición de software para la transmisión de resultados electorales. Debido a que los magistrados del TSE tienen derecho a antejuicio, la denuncia se envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el 7 de noviembre decidió remitirla al Congreso.

Según el artículo 124 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), los magistrados del TSE tienen las mismas inmunidades que los de la CSJ. Además, el artículo 13 de la Ley en Materia de Antejuicio (LMA) establece que corresponde al Congreso abordar estos casos.

La LMA determina que, al tratar un antejuicio, el Congreso debe formar una Comisión Pesquisidora. Esta Comisión, encargada de escuchar a los promotores del antejuicio y a los funcionarios implicados, así como de llevar a cabo las diligencias solicitadas, debe presentar un informe al Congreso para decidir si se retira o no la inmunidad (artículo 17).

Esta Comisión, conformada por sorteo, quedó integrada el 15 de noviembre e incluye a Enrique Montano (Unionista, presidente), Julio Longo (FCN Nación, secretario), Flavio Muñoz y Douglas Rivero del Partido Humanista, y Osmundo Ponce (URNG-MAÍZ) como vocales.

Con un ajustado margen de 3 a 2 votos, la Comisión estableció un cronograma apresurado para entregar su informe el 28 de noviembre de 2023, concluyéndolo finalmente el 29 de noviembre. Esto se debe a que, según la literal “f” del artículo 13 de la LMA, el informe solo puede discutirse en sesiones ordinarias del pleno. Dado que el periodo ordinario de sesiones concluye el 30 de noviembre y se reanuda hasta el 14 de enero de 2024, había prisa para influir en el resultado electoral o en la confianza en él.

Este punto conlleva una reflexión crítica. El antejuicio tiene como propósito evitar acusaciones sin fundamento o motivadas políticamente. Sin entrar en el mérito del caso, es claro que el objetivo de retirar la inmunidad a los magistrados no es tanto investigar la verdad como desestabilizar al TSE. Incluso el presidente de la Comisión Pesquisidora destacó que el objetivo final del movimiento era impedir la toma de posesión del presidente electo.

Este movimiento surge en un momento clave para la estabilidad institucional y la confianza pública. Si la verdad fuera el objetivo principal, se habrían explorado otras vías, como la Contraloría General de Cuentas, antes de optar por acciones precipitadas. 

Es importante recordar que el antejuicio no busca determinar la inocencia o culpabilidad, sino evaluar la oportunidad de proceder. Ante las sospechas de irrespeto a los resultados electorales, parece inoportuno apresurarse a desplazar a la autoridad electoral.

Parece improbable que el Congreso consiga los 107 votos necesarios para retirar la inmunidad. Incluso si lo lograra, los magistrados solo serían sujetos a proceso penal y no serían destituidos a menos que un juez penal ordene su prisión preventiva tras una primera declaración. Hasta entonces, el TSE continúa en funciones.

El antejuicio contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
30 Nov 2023

Ante las sospechas de irrespeto a los resultados electorales, parece inoportuno apresurarse a desplazar a la autoridad electoral

 

El 29 de junio de 2023, dos ciudadanos interpusieron una denuncia contra los magistrados del TSE, acusándolos de sobreprecio en la adquisición de software para la transmisión de resultados electorales. Debido a que los magistrados del TSE tienen derecho a antejuicio, la denuncia se envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el 7 de noviembre decidió remitirla al Congreso.

Según el artículo 124 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), los magistrados del TSE tienen las mismas inmunidades que los de la CSJ. Además, el artículo 13 de la Ley en Materia de Antejuicio (LMA) establece que corresponde al Congreso abordar estos casos.

La LMA determina que, al tratar un antejuicio, el Congreso debe formar una Comisión Pesquisidora. Esta Comisión, encargada de escuchar a los promotores del antejuicio y a los funcionarios implicados, así como de llevar a cabo las diligencias solicitadas, debe presentar un informe al Congreso para decidir si se retira o no la inmunidad (artículo 17).

Esta Comisión, conformada por sorteo, quedó integrada el 15 de noviembre e incluye a Enrique Montano (Unionista, presidente), Julio Longo (FCN Nación, secretario), Flavio Muñoz y Douglas Rivero del Partido Humanista, y Osmundo Ponce (URNG-MAÍZ) como vocales.

Con un ajustado margen de 3 a 2 votos, la Comisión estableció un cronograma apresurado para entregar su informe el 28 de noviembre de 2023, concluyéndolo finalmente el 29 de noviembre. Esto se debe a que, según la literal “f” del artículo 13 de la LMA, el informe solo puede discutirse en sesiones ordinarias del pleno. Dado que el periodo ordinario de sesiones concluye el 30 de noviembre y se reanuda hasta el 14 de enero de 2024, había prisa para influir en el resultado electoral o en la confianza en él.

Este punto conlleva una reflexión crítica. El antejuicio tiene como propósito evitar acusaciones sin fundamento o motivadas políticamente. Sin entrar en el mérito del caso, es claro que el objetivo de retirar la inmunidad a los magistrados no es tanto investigar la verdad como desestabilizar al TSE. Incluso el presidente de la Comisión Pesquisidora destacó que el objetivo final del movimiento era impedir la toma de posesión del presidente electo.

Este movimiento surge en un momento clave para la estabilidad institucional y la confianza pública. Si la verdad fuera el objetivo principal, se habrían explorado otras vías, como la Contraloría General de Cuentas, antes de optar por acciones precipitadas. 

Es importante recordar que el antejuicio no busca determinar la inocencia o culpabilidad, sino evaluar la oportunidad de proceder. Ante las sospechas de irrespeto a los resultados electorales, parece inoportuno apresurarse a desplazar a la autoridad electoral.

Parece improbable que el Congreso consiga los 107 votos necesarios para retirar la inmunidad. Incluso si lo lograra, los magistrados solo serían sujetos a proceso penal y no serían destituidos a menos que un juez penal ordene su prisión preventiva tras una primera declaración. Hasta entonces, el TSE continúa en funciones.

El antejuicio contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
30 Nov 2023
Raymond Aron in Caracas
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
27 Nov 2023

Esta es la segunda entrega de una serie sobre historia y realismo político

 

Dedicado a JMC

 

Era el año 1982, Venezuela era una pujante nación petrolera con el PIB per cápita más alto de América Latina y una intelectualidad cosmopolita que se sentía más cerca del mundo desarrollado que de su pobre y agreste vecindario. Por aquel entonces, el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, invitó a Caracas al gran pensador francés Raymond Aron, quien pronunció una intervención de incorporación en la Academia de Ciencias Políticas y Administrativas, que vale la pena reseñar por sus irradiaciones en nuestro presente, 41 años después. 

El discurso comenzó con una disculpa de Aron por no abordar el tema sugerido por la academia venezolana: la situación actual y el futuro de América Latina, centrándose más bien su disertación en uno de los grandes temas que ocuparon su quehacer intelectual en obras como El opio de los intelectuales y Democracia y totalitarismo: la condición de los intelectuales franceses en la posguerra, a propósito de los grandes debates ideológicos que se dieron en ese país durante la Guerra Fría, y en los que él mismo se vio en la obligación de tomar posición. 

Aron ve en la decisión de Francia de unirse a la Alianza Atlántica como una respuesta a la amenaza soviética, una ruptura con su pasado de enemistad con Alemania y cabe decir que, por la gran influencia germana en su pensamiento, él mismo fue un gran defensor de la amistad entre ambas naciones. También argumenta Aron que desde la posguerra, Francia tuvo una evolución positiva con una recuperación económica excepcional y logró consolidar un sistema democrático liberal exitoso, a pesar del interregno gaullista de 1958 al que curiosamente Aron se refiere como una dictadura “en sentido romano”. Señala Aron que fue muy fácil para los intelectuales franceses en aquel momento tomar posición a favor de los Estados Unidos, por la histórica valoración de Francia hacia las libertades políticas y sociales, no tanto a las económicas[1]

Aron refiere en su conferencia que estas posiciones fueron sujetas a intensos debates logrando un consenso suficiente, excepto por parte de los comunistas. Sobre todo cuando comenzó a ser evidente la represión de los soviéticos a las libertades frente a la prosperidad de los Estados Unidos. Otro punto álgido para los intelectuales franceses de aquellos años fue el tema de la descolonización y la independencia de Argelia que, a pesar de las críticas, se volvió inevitable porque ya el mundo de los viejos imperios (a excepción del soviético), había fenecido. 

Continúa Aron precisando que la Francia de la posguerra creció económicamente a un ritmo impresionante, sobrepasando para ese momento (1982) la riqueza de Gran Bretaña en un 30%, cosa que ningún francés hubiera creído ni por asomo en 1945. Esto le da pie a Aron para elaborar una clasificación en varios tipos de regímenes según sus aspiraciones: los que tienen como condición suprema el crecimiento económico y el mantenimiento de las instituciones liberales donde sin duda entran los Estados Unidos y la Europa Occidental. Sin embargo, argumenta Aron, esto no es así en otras partes del mundo en donde pareciera que se debe escoger entre crecimiento económico y libertades fundamentales. Pero también expone que incluso existen países en los que no basta que existan ni instituciones democráticas ni libertades fundamentales para que el gobierno sea eficaz y la economía se desarrolle.  

Comenta Aron que estos fueron los debates intelectuales apasionantes que se dieron en la Francia de la posguerra y que su compañero de juventud Jean Paul Sartre nunca reconoció[2]. Luego, el discurso se dirigió hacia América Latina, y Aron abordó la situación de los intelectuales en esta región frente a la de sus homólogos franceses. Reconoció la diversidad de realidades en los países latinoamericanos y la falta de una amenaza militar inmediata que pudiera compararse con la situación en Europa[3].

Finalmente, Aron concluyó su intervención expresando su confianza en que los latinoamericanos, y específicamente los venezolanos, tenían los recursos necesarios para construir una democracia y un desarrollo próspero:

“Ustedes se hayan(sic) hoy en día en una situación que a muchos respectos es original y al mismo tiempo cargada de esperanza. No faltan países latinoamericanos donde las posibilidades de la democracia son mejores que en cualquier otro momento de la historia. No faltan países tampoco que posean recursos materiales e intelectuales necesarios para el desarrollo económico pero con o sin la crisis actual nada está garantizado, nada viene dado a los hombres ni a los pueblos”. 

[1] Como refiere Aron sobre sí mismo en El opio de los intelectuales: “soy un keynesiano que a veces siente nostalgia del liberalismo”. 

[2] Gran parte de la intelectualidad francesa por aquellos años afirmaba que era preferible “equivocarse con Sartre antes que acertar con Aron”. De hecho, en lugar de ser un “intelectual comprometido” a la manera sartriana, Aron es más bien un “espectador comprometido”, un observador que tiende a ver “la verdad efectiva de la cosa” y a “despoetizar la política, quitándole la ideología”, ubicándose en una suerte de maquiavelismo moderado, o un liberalismo triste. Sobre esto, ver: Molina Cano, Jerónimo. Raymond Aron, realista político. Madrid. Sequitur. 2013

[3] Contrario a lo que afirma Aron, Latinoamérica no se hallaba tan ajena a la Guerra Fría. De los debates intelectuales, tal vez sí, pero de hecho, cabe decir que si bien la guerra fue “fría” en Europa; en América Latina, África y el Sudeste Asático, el conflicto fue bastante “caliente”: un ejemplo son las guerras civiles en Centroamérica. 

Raymond Aron en Caracas
113
Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
27 Nov 2023

Esta es la segunda entrega de una serie sobre historia y realismo político

 

Dedicado a JMC

 

Era el año 1982, Venezuela era una pujante nación petrolera con el PIB per cápita más alto de América Latina y una intelectualidad cosmopolita que se sentía más cerca del mundo desarrollado que de su pobre y agreste vecindario. Por aquel entonces, el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, invitó a Caracas al gran pensador francés Raymond Aron, quien pronunció una intervención de incorporación en la Academia de Ciencias Políticas y Administrativas, que vale la pena reseñar por sus irradiaciones en nuestro presente, 41 años después. 

El discurso comenzó con una disculpa de Aron por no abordar el tema sugerido por la academia venezolana: la situación actual y el futuro de América Latina, centrándose más bien su disertación en uno de los grandes temas que ocuparon su quehacer intelectual en obras como El opio de los intelectuales y Democracia y totalitarismo: la condición de los intelectuales franceses en la posguerra, a propósito de los grandes debates ideológicos que se dieron en ese país durante la Guerra Fría, y en los que él mismo se vio en la obligación de tomar posición. 

Aron ve en la decisión de Francia de unirse a la Alianza Atlántica como una respuesta a la amenaza soviética, una ruptura con su pasado de enemistad con Alemania y cabe decir que, por la gran influencia germana en su pensamiento, él mismo fue un gran defensor de la amistad entre ambas naciones. También argumenta Aron que desde la posguerra, Francia tuvo una evolución positiva con una recuperación económica excepcional y logró consolidar un sistema democrático liberal exitoso, a pesar del interregno gaullista de 1958 al que curiosamente Aron se refiere como una dictadura “en sentido romano”. Señala Aron que fue muy fácil para los intelectuales franceses en aquel momento tomar posición a favor de los Estados Unidos, por la histórica valoración de Francia hacia las libertades políticas y sociales, no tanto a las económicas[1]

Aron refiere en su conferencia que estas posiciones fueron sujetas a intensos debates logrando un consenso suficiente, excepto por parte de los comunistas. Sobre todo cuando comenzó a ser evidente la represión de los soviéticos a las libertades frente a la prosperidad de los Estados Unidos. Otro punto álgido para los intelectuales franceses de aquellos años fue el tema de la descolonización y la independencia de Argelia que, a pesar de las críticas, se volvió inevitable porque ya el mundo de los viejos imperios (a excepción del soviético), había fenecido. 

Continúa Aron precisando que la Francia de la posguerra creció económicamente a un ritmo impresionante, sobrepasando para ese momento (1982) la riqueza de Gran Bretaña en un 30%, cosa que ningún francés hubiera creído ni por asomo en 1945. Esto le da pie a Aron para elaborar una clasificación en varios tipos de regímenes según sus aspiraciones: los que tienen como condición suprema el crecimiento económico y el mantenimiento de las instituciones liberales donde sin duda entran los Estados Unidos y la Europa Occidental. Sin embargo, argumenta Aron, esto no es así en otras partes del mundo en donde pareciera que se debe escoger entre crecimiento económico y libertades fundamentales. Pero también expone que incluso existen países en los que no basta que existan ni instituciones democráticas ni libertades fundamentales para que el gobierno sea eficaz y la economía se desarrolle.  

Comenta Aron que estos fueron los debates intelectuales apasionantes que se dieron en la Francia de la posguerra y que su compañero de juventud Jean Paul Sartre nunca reconoció[2]. Luego, el discurso se dirigió hacia América Latina, y Aron abordó la situación de los intelectuales en esta región frente a la de sus homólogos franceses. Reconoció la diversidad de realidades en los países latinoamericanos y la falta de una amenaza militar inmediata que pudiera compararse con la situación en Europa[3].

Finalmente, Aron concluyó su intervención expresando su confianza en que los latinoamericanos, y específicamente los venezolanos, tenían los recursos necesarios para construir una democracia y un desarrollo próspero:

“Ustedes se hayan(sic) hoy en día en una situación que a muchos respectos es original y al mismo tiempo cargada de esperanza. No faltan países latinoamericanos donde las posibilidades de la democracia son mejores que en cualquier otro momento de la historia. No faltan países tampoco que posean recursos materiales e intelectuales necesarios para el desarrollo económico pero con o sin la crisis actual nada está garantizado, nada viene dado a los hombres ni a los pueblos”. 

[1] Como refiere Aron sobre sí mismo en El opio de los intelectuales: “soy un keynesiano que a veces siente nostalgia del liberalismo”. 

[2] Gran parte de la intelectualidad francesa por aquellos años afirmaba que era preferible “equivocarse con Sartre antes que acertar con Aron”. De hecho, en lugar de ser un “intelectual comprometido” a la manera sartriana, Aron es más bien un “espectador comprometido”, un observador que tiende a ver “la verdad efectiva de la cosa” y a “despoetizar la política, quitándole la ideología”, ubicándose en una suerte de maquiavelismo moderado, o un liberalismo triste. Sobre esto, ver: Molina Cano, Jerónimo. Raymond Aron, realista político. Madrid. Sequitur. 2013

[3] Contrario a lo que afirma Aron, Latinoamérica no se hallaba tan ajena a la Guerra Fría. De los debates intelectuales, tal vez sí, pero de hecho, cabe decir que si bien la guerra fue “fría” en Europa; en América Latina, África y el Sudeste Asático, el conflicto fue bastante “caliente”: un ejemplo son las guerras civiles en Centroamérica.