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El Gobierno debe aumentar la inversión en seguridad

Esta semana, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) publicó el informe de violencia de los primeros siete meses del año. No hay sorpresas. Los homicidios subieron 21 %, lo que confirma el incremento en la sensación de inseguridad. 

Las revueltas en las cárceles se están convirtiendo en parte de las noticias cotidianas, lo que genera miedo en la población. 

El Gobierno hizo bien en aislar a los jefes de las maras, pero no estaban listos para la reacción violenta que iban a generar.

Una opción es ceder a las presiones de las maras, pactar con los jefes y regresar a esa “estabilidad” en la violencia que se tuvo en el pasado. Sería una solución temporal, ya que estos grupos criminales aprovecharían para incrementar su control sobre varias partes del territorio nacional.

La opción más difícil es no ceder y seguir manteniendo aislados a los cabecillas de las maras. Es la decisión correcta, pero requiere que se aumenten las capacidades del Estado para imponer el orden y el control ante las amenazas de estos criminales.

Ir a la “guerra” contra las maras con las capacidades actuales de las fuerzas de seguridad podría generar un escenario caótico. 

Las autoridades necesitan plantear una estrategia para incrementar no solo la presencia de las fuerzas policiales, sino también la inteligencia, el equipo y un marco legal que proteja el actuar de los policías.

Es urgente construir una cárcel de máxima seguridad. Todos los gobiernos han evitado ese tema. Han sido irresponsables. Ahora les toca a las autoridades actuales encontrar los mecanismo legales y presupuestarios para lograrlo. 

La seguridad está en crisis. El Gobierno debe redoblar esfuerzos para solucionarlo.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 28 de agosto.

Debemos utilizar los sistemas de automatización e inteligencia artificial de forma que se integren a nuestra realidad manteniendo el juicio humano.

Vi un video de TED-Ed que plantea el dilema ético de la automatización de actividades cotidianas y la programación de decisiones que, hasta ahora, eran o son tomadas por humanos. Me parece que plantea reflexiones importantes que quiero compartir.

El video adapta el conocido “dilema del tranvía” al contexto de los autos autónomos. Entre los escenarios están: chocar contra un objeto que cayó del camión de enfrente, chocar con otro auto o contra un motociclista. El video amplía los escenarios, recomiendo verlo (dura menos de 4 minutos)*.

Cada vez será más común encontrarnos con opciones automatizadas para realizar tareas que antes eran ejecutadas por humanos. Aunque en situaciones de emergencia la capacidad de reacción es mínima y casi inmediata, el ser humano puede recurrir a principios éticos para intentar tomar una decisión que minimice el daño.

Sin embargo, la reflexión que plantea el video, y que debe estar presente en esta nueva era de automatización, es: ¿cómo podemos asegurar que prevalezca la ética en decisiones predeterminadas por programadores, quienes no pueden anticipar todos los escenarios posibles? ¿Y cómo garantizar que las decisiones tomadas por inteligencia artificial, sin intervención humana directa, respondan a valores éticos? Una pregunta que, sin duda, no es fácil de responder, pero que debe ser abordada.

Esta realidad no se limita a procesos industriales o tecnológicos. El uso de inteligencia artificial también presenta dilemas éticos en el campo de las ciencias sociales. En el caso de su aplicación en políticas públicas, por ejemplo, surgen inquietudes sobre los sesgos que pueda tener la IA, así como sobre el uso, la protección y la privacidad de los datos que procesa.

Además del componente técnico, esto también plantea desafíos sociales, legales y políticos: ¿quién asume la responsabilidad cuando una máquina toma una decisión con consecuencias éticas? ¿Debe el gobierno regular el uso de la inteligencia artificial en procesos de automatización?

Es importante que, como profesionales de distintas áreas, sepamos utilizar los sistemas de automatización e inteligencia artificial de forma que se integren a nuestra realidad manteniendo el juicio humano como eje central.

*Nombre del video: Patrick Lin navigates the murky ethics of self-driving cars. 

Se pretende proteger otra vez a Joviel Acevedo.

Esta semana, un diputado presentó la propuesta en el Congreso para otorgar “perdón” al grupo de maestros que, durante casi tres meses, no dieron clases y fueron a plantarse frente al Palacio Nacional.

Esta propuesta es el colmo del cinismo, la impunidad y la corrupción. Ahora, resulta que los maestros que dejaron abandonados a más de 300 mil niños no deben enfrentar las consecuencias de sus actos.

Esta propuesta de ley está hecha para beneficiar a Joviel Acevedo y sus cómplices, que han tenido secuestrada la educación durante más de 25 años. ¿Acaso no se dan cuenta estos diputados del alto nivel de rechazo que tiene Joviel Acevedo en la población?

Varios jueces dictaminaron que las protestas de estos maestros eran ilegales y que estaban violando los derechos de los niños. Ahora resulta que estos diputados cínicos y aliados de la corrupción pretenden anular las decisiones de los jueces.

Los maestros que abandonaron las clases deben enfrentar sanciones drásticas. Desde descuentos de salarios, como lo anunciaron las autoridades de educación, hasta procesos de despidos, como piden varios padres de familia afectados, que ya no desean tener maestros irresponsables en las escuelas de sus comunidades.

Si se aprueba esta ley para beneficiar a los maestros sin escrúpulos, solo abriría la puerta para que vuelvan a tomar las calles y abandonen nuevamente sus labores. 

Lo que pretenden estos diputados es una ofensa para los miles de maestros que aman su profesión y nunca se prestaron a los intereses de Joviel Acevedo. 

Los diputados decentes deben denunciar y oponerse a este intento de burla para los niños y padres de familia que sufrieron por culpa de maestros que merecen ser despedidos. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 21 de agosto

La CSJ aprobó crear 18 nuevas Salas de Apelaciones y, en el mismo acto, designó a 20 magistrados para integrarlas (…). Este paso, aunque presentado como administrativo, plantea un problema constitucional.

Un medio reportó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó crear 18 nuevas Salas de Apelaciones y, en el mismo acto, designó a 20 magistrados —12 titulares y 8 suplentes— para integrarlas, seleccionándolos de entre magistrados que actualmente ocupan cargo de suplentes previamente electos por el Congreso. Este paso, aunque presentado como administrativo, plantea un problema constitucional: la CSJ puede crear salas, pero no nombrar magistrados titulares, ni siquiera promoviendo suplentes, pues esa facultad es exclusiva del Congreso. Veamos.

El Organismo Judicial guatemalteco está estructurado jerárquicamente. En la cúspide está la Corte Suprema de Justicia, seguida por la Corte de Apelaciones, luego los juzgados de primera instancia y, en la base, los juzgados de paz. La función de la Corte de Apelaciones, por decirlo en términos simples, es conocer lo resuelto por los jueces de primera instancia y decidir si confirma, modifica o revoca esas resoluciones. 

La particularidad guatemalteca no radica solo en esa función, sino en la forma de elegir a sus magistrados. En otros países, se accede a los tribunales de apelación como un ascenso dentro de la carrera judicial. Aquí no. El artículo 217 de la Constitución establece que los magistrados de la Corte de Apelaciones son electos, para un periodo de cinco años, por el Congreso de la República, a partir de una nómina propuesta por una Comisión de Postulación integrada por decanos de Derecho, representantes del Colegio de Abogados y Notarios y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, bajo la presidencia del representante de los rectores de universidades. En 2024, por ejemplo, el Congreso eligió a 260 magistrados, de los cuales 156 eran titulares, que luego fueron distribuidos por la Corte Suprema en 45 salas (tres titulares por sala) y 104 suplentes. La facultad de distribución de estas salas corresponde a la Corte Suprema (artículo 54 de la LOJ, literal l), así como la de fijar cuántas salas deben existir, su sede y su materia (artículo 218 de la Constitución y artículo 86 de la LOJ).

Los suplentes, como hemos dicho antes, también son electos por el Congreso, en la misma oportunidad y forma que los titulares (artículo 222 de la Constitución y artículo 36 de la Ley de la Carrera Judicial). Ahora bien, su función es estrictamente garantizar la continuidad cuando un titular falta de forma temporal (artículo 34 LCJ). Si la vacante del titular es definitiva, es nuevamente el Congreso quien debe elegir al nuevo titular, incluso entre los suplentes ya electos (artículo 23 LCJ). El Reglamento confirma lo mismo: los suplentes ejercen únicamente cuando son convocados y no se convierten en titulares por decisión administrativa de la Corte Suprema (arts. 56 y 82).

Bajo estas normas, se entiende el límite: la Corte Suprema puede crear nuevas salas y distribuir a los magistrados ya electos; lo que no puede hacer es designar directamente a nuevos magistrados titulares ni transformar suplentes en titulares. Esa facultad es exclusiva del Congreso.

La noticia, por otra parte, sugiere que los nombramientos buscan consolidar un grupo dominante en la CSJ, lo que agrava el problema. Además, la falta de transparencia en los criterios de selección —sin evidencia pública de especialización o idoneidad (Artículo 207 Const.)— genera dudas sobre la legitimidad de los perfiles elegidos. ¿Son expertos en la materia de las nuevas salas? ¿cuál fue el proceso? ¿cuáles fueron los criterios? La opacidad alimenta desconfianza.

*Columna publicada originalmente el 22 de agosto en La Hora

Un panorama y posibles hipótesis

El lunes 18 de agosto, en horas de la tarde, sorprendió la noticia de Reuters de que se estaba movilizando un despliegue militar de Estados Unidos de tres destructores U.S. Aegis lanzamisiles guiados en el sur del Mar Caribe, a propósito de un operativo antinarcóticos, y que el destino de los mismos era acercarse lo más posible las costas venezolanas. Esto, más o menos dos semanas después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. designara al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional y apenas unos días después de que la Fiscal Pam Bondi recordara que la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro Moros, subió a 50 millones de dólares y que además se le han incautado alrededor de 700 millones de dólares al régimen venezolano, capitales ilícitos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.

Esta información del despliegue militar de Estados Unidos que se dirigía hacia Venezuela, concretamente, ha sido corroborada por distintas fuentes oficiales de muy distinto signo, con declaraciones tanto a favor como en contra, que van desde la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt; el Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el diplomático y asesor de Lula Da Silva, Celso Amorim y el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres. 

Estos son los hechos comprobables. Sobre ellos, se manejan varias hipótesis:

1. Es una intervención/extracción al estilo Manuel Noriega en Panamá en 1989. Esta hipótesis es la menos probable de todas, principalmente por el discurso que ha sostenido la administración de Trump en repetidas ocasiones en contra de intervenir directamente en “cambios de régimen” de otros países.
2. Se trata de un simple operativo anti-narcóticos de rutina para perseguir redes ilícitas marítimas que buscan golpear a los carteles de la droga en la región, incluyendo los que operan en Venezuela, pero no exclusivamente. Lo que llama la atención de esta hipótesis es el tipo de despliegue con costoso armamento de guerra y además por qué deciden hacerlo precisamente en los días donde se están desarrollando reuniones diplomáticas de alto nivel en Estados Unidos. Lo cual lleva a la tercera hipótesis que se desprende de ésta.
3. Una muestra de fuerza en las fronteras extendidas de Estados Unidos —de Alaska a Panamá— precisamente en el marco de la cumbre entre Donald Trump y Putin y la posterior visita de los líderes europeos a la Casa Blanca, que tiene como objetivo una demostración de poderío continental en su área de influencia. Lo cual lleva a la cuarta hipótesis, que tampoco es excluyente de esta, sino que la complementa.

4. Una oportunidad que han aprovechado Marco Rubio y varios políticos interesados en la restitución de la democracia en Venezuela, para crear divisiones internas en el régimen venezolano y provocar traiciones y fracturas en la cúpula gobernante. 

    

A juzgar por las reacciones del régimen venezolano en los últimos días, hay que decir que el objetivo de comenzar a desestabilizarlos a lo interno se logró. Se les nota intranquilos, viendo traiciones en todas partes e incluso, según se especula, ya han comenzado a perseguir a varios de sus filas, en lo que pareciera una nueva purga. 

En efecto, lo que sí sabemos, después de seis meses del segundo gobierno de Trump en los que no hubo una posición clara hacia Venezuela, es que podemos estar frente a una nueva reedición de la estrategia de “máxima presión”, que se intentó en el primer gobierno de Trump entre 2019-2020. Y en ese sentido, como no se pelea la misma batalla dos veces, es importante esbozar qué diferencias hay entre aquel primer intento y el actual: 

1) Más cohesión interna en Washington. En Trump I, el presidente enfrentaba resistencias dentro de su propia administración: el Consejero de Seguridad John Bolton, el Secretario de Estado Mike Pompeo, la CIA y el Pentágono tenían agendas propias. Hoy, en cambio, Trump controla por completo la maquinaria gubernamental. Marco Rubio ocupa simultáneamente la Secretaría de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, y las agencias de seguridad han sido depuradas.

2) Liderazgo opositor más creíble. En 2019, la oposición venezolana carecía de credibilidad. Trump veía a Guaidó como “débil” y que “no tenía lo que se necesitaba”, según el testimonio del propio Bolton. Además, el llamado “interinato” se movía entre la improvisación y la corrupción. Se tiene pruebas de que en aquella oportunidad hubo negociaciones unilaterales con el chavismo que se salían del esquema de presión y hasta intentos de beneficiarse económicamente. Para quienes apoyan reeditar la estrategia de máxima presión, lo que falló en 2019 fue la mezcla de castigos con incentivos, que no logró generar el quiebre esperado en la élite chavista. Ahora, el panorama es distinto: María Corina Machado encarna un liderazgo que no busca enriquecerse ni pactar con el régimen, y su posición intransigente frente al chavismo marca una diferencia sustantiva.

3) Base jurídica y legitimidad. Hoy existe un sustento legal más sólido para cualquier eventual acción. Del lado venezolano, los resultados electorales del 28 de julio de 2024 otorgan una legitimidad mucho más clara que la interpretación “imaginativa” del art. 233 de la Constitución venezolana para justificar ese adefesio llamado “interinato”. Del lado estadounidense, la designación de terrorismo contra estructuras del régimen y el no reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, amplía el marco de acción.

De manera que, si bien no hay nada escrito ni sabemos cómo va a terminar este nuevo intento de subirle los costos al régimen venezolano, ha surgido otra vez un interés en Estados Unidos por Venezuela y esto abre una nueva oportunidad de posible cambio que debe aprovecharse. 

Visto así, el Día de la Biblia no impone prácticas ni castiga a quien no lo conmemora, pero sí es un acto oficial que, por su naturaleza, favorece a una tradición específica.

El 12 de agosto, el Congreso aprobó el decreto 5-2025, que declara el primer sábado de agosto de cada año Día Nacional de la Biblia en Guatemala. El artículo 2 permite, aunque no obliga, que “personas e instituciones” realcen la conmemoración con actividades educativas, culturales, cívicas y formativas.

Para evaluar esta ley, conviene empezar por el Artículo 36 de la Constitución: “El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos.” 

La libertad religiosa se mueve en dos planos. El primero es interno y absoluto: el derecho a creer, no creer o cambiar de creencia, un ámbito íntimo donde el Estado no puede entrar. El segundo es externo: la forma en que esas creencias se expresan públicamente. Aquí, el Estado debe proteger tanto la libertad positiva, que cada persona pueda vivir y manifestar su fe, como la libertad negativa, que nadie se vea obligado, presionado o relegado por no seguir la creencia mayoritaria. Esa presión puede ser explícita, mediante leyes que imponen o prohíben, o más sutil, cuando el Estado adopta gestos simbólicos que otorgan a una fe un lugar de privilegio y la presentan como la más legítima o natural.

Visto así, el Día de la Biblia no impone prácticas ni castiga a quien no lo conmemora, pero sí es un acto oficial que, por su naturaleza, favorece a una tradición específica. No es casual que la recepción haya sido distinta dentro del cristianismo guatemalteco. En una nota de Prensa Libre se puede ver cómo voces de la Iglesia católica hablaron de la necesidad de separar lo religioso de lo estatal, mientras que los líderes evangélicos entrevistados celebraron la medida como un reconocimiento a la “palabra de Dios” y a su papel en la vida nacional. Esa diferencia ilustra que la ley, aunque presentada como inclusiva, se alinea más con la visión y la agenda de un sector del propio cristianismo que con la de otro.

La Biblia, además de ser un texto sagrado para millones de creyentes, es también un referente histórico y cultural cuya influencia se extiende mucho más allá de Guatemala. Reconocer ese peso en la vida de las personas y en la historia del país es legítimo. 

Pero cuando ese reconocimiento lo hace el Estado, debe ir acompañado de una condición esencial: la neutralidad en materia religiosa. Esta no significa indiferencia hacia la fe ni negación de su importancia cultural, sino el compromiso de garantizar que todas las creencias (incluida la no creencia) reciban un trato igualitario. Implica que el espacio público y las instituciones permanezcan abiertos por igual a todas las convicciones, y que ninguna sea presentada como la oficial o la más legítima. Su valor radica en proteger a las minorías, por pequeñas que sean, frente a la presión de la mayoría y en asegurar que la convivencia no dependa de la adhesión a una fe específica.

La tradición cristiana, en sus distintas vertientes, seguirá ocupando un lugar central en la vida de millones de guatemaltecos con o sin un decreto que lo recuerde. El verdadero desafío para el Estado es que, al reconocer esa realidad, no termine reforzando divisiones y jerarquías entre credos que la propia Constitución se compromete a tratar en condiciones de igualdad.

*Columna publicada originalmente el 15 de agosto de 2025 en La Hora.

Las sociedades no deben tolerar el asesinato político

Colombia se encuentra de luto por el vil asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien tenía solo treinta y nueve años y deja huérfano a un niño de cuatro años.

Uribe Turbay era un fuerte crítico del Gobierno de Gustavo Petro. Le dispararon en la cabeza a plena luz del día durante un mitin político. Estuvo hospitalizado dos meses, hasta que falleció el pasado 11 de agosto.

Lo más triste de su historia es que su madre también fue asesinada en 1991, cuando Miguel Uribe tenía cuatro años. Es un ciclo de violencia política que parece no tener fin en ese país. 

Pero no debemos olvidar que Donald Trump sufrió un atentado hace tan solo un año. Estuvo a milímetros de que la bala ingresara en su cabeza.

Sería trágico que regresara la violencia política a la región, como la que se vivió durante la Guerra Fría. 

La democracia y el Estado de derecho es lo que permite que vivamos de forma civilizada, arreglando nuestras diferencias en las urnas o en los tribunales. 

Cuando se recurre a la violencia, entonces inicia un periodo de barbarie en donde la vida llega a tener muy poco valor. Se utiliza el asesinato para eliminar a los que piensan distinto. 

Las sociedades que inician un ciclo de violencia política pueden durar décadas en esa situación. En el caso de Guatemala, la guerra interna duró treinta y seis años, lo cual provocó un daño irreparable en nuestro tejido social. 

Para evitar caer en la violencia, los actores sociales y políticos deben actuar con prudencia, moderación y autocontención. Los discursos de odio y los extremismos son la antesala para la violencia. 

Que descanse en paz Miguel Uribe Turbay. Que su legado continúe y que la democracia prevalezca sobre la violencia.

*Columna publicada originalmente el 14 de agosto en Nuestro Diario

La democracia no es perfecta, pero es mejor que una dictadura

La democracia pasa por uno de los peores momentos. En América Latina, solo el 48 % de las personas creen que la democracia es preferible a cualquier otro tipo de gobierno.

Según Latinobarómetro, en Guatemala, solo el 29 % de las personas apoya la democracia, el 41 % es indiferente entre la democracia y una dictadura, y el 23 % prefiere abiertamente una dictadura. 

La decepción con la democracia tiene que ver con los pocos resultados que ofrecen los gobiernos en educación, salud, seguridad y nivel de vida en general.

La lógica de apoyar a un dictador es que pondrá “todo en orden” y será muy eficiente en ofrecer resultados inmediatos a las personas. 

Los venezolanos apoyaron a Chávez porque “los compró” con extensos programas sociales. A la mayoría de los venezolanos no les importó que fueran perdiendo su libertad, siempre que el dictador les resolviera la vida.

En Nicaragua pasó igual. Al inicio, todos contentos con Ortega porque estaba arreglando el país. Mientras tanto, iban perdiendo su libertad.

El Salvador pasa por la misma situación. Bukele logró resolver el problema de la inseguridad, pero a cambio ha concentrado todo el poder. Es muy probable que pase varias décadas en el poder y en algún momento su popularidad caiga. ¿Cómo actuará entonces para mantenerse en el poder?

Las dictaduras pueden ofrecen resultados de corto plazo, pero a la larga los ciudadanos pierden su libertad. 

La democracia no promete mejores niveles de vida. Para lograr salir de la pobreza se necesita de un sistema de libre mercado, mayor inversión, más empresas y trabajo duro. 

El reto está en combinar la democracia y el capitalismo para lograr el desarrollo económico y social, mientras se conserva la libertad. 

*Columna publicada originalmente el 7 de agosto de 2025 en Nuestro Diario

Se necesita eficiencia y transparencia en el gasto público

Guatemala tiene una pésima Ley de Contrataciones, lo que dificulta que la inversión pública se ejecute con rapidez, sobre todo en momento de emergencias, como el mal recordado kilómetro 44 de la ruta a Escuintla. 

La ley actual pone toda una serie de requisitos formales que solo atrasan la ejecución y no evitan la corrupción. 

Para solucionar este problema, dos diputados oficialistas han propuesto una nueva ley para agilizar el gasto público. 

La idea suena bien en el papel. Son demasiados los atrasos que se tienen en infraestructura y en construcción de escuelas, hospitales y centros de salud. Sin duda, se necesita invertir para brindar ciertos servicios básicos.

Sin embargo, esta nueva ley aumentaría las compras directas en varios ministerios y en todas las municipalidades. Serían miles de millones de quetzales que se asignarían al gusto de ministros y alcaldes, lo que aumentaría la corrupción.

Los diputados tienen el incentivo para aprobar esta ley, porque podrían beneficiarse de la falta de controles en la construcción de la obra pública, incluidos los Consejos de Desarrollo.

Es claro que el Ejecutivo tiene dificultades para impulsar la inversión pública. Fue un desafío que también tuvieron los dos gobiernos anteriores, luego de la fracasada reforma a la Ley de Contrataciones en 2015 y 2016.

La solución es hacer una reforma profunda a la Ley de Contrataciones, que promueva la eficiencia y la transparencia.  Por allí se tuvo que haber iniciado, pero se ha perdido año y medio sin que se tenga esta discusión. 

Ahora, se quiere seguir un camino fácil para el Ejecutivo, pero que presenta una puerta abierta a la corrupción. Esta nueva ley no debería ser aprobada en el Congreso. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 31 de julio