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El dictador que “resuelve”

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La democracia no es perfecta, pero es mejor que una dictadura

 

La democracia pasa por uno de los peores momentos. En América Latina, solo el 48 % de las personas creen que la democracia es preferible a cualquier otro tipo de gobierno.

Según Latinobarómetro, en Guatemala, solo el 29 % de las personas apoya la democracia, el 41 % es indiferente entre la democracia y una dictadura, y el 23 % prefiere abiertamente una dictadura. 

La decepción con la democracia tiene que ver con los pocos resultados que ofrecen los gobiernos en educación, salud, seguridad y nivel de vida en general.

La lógica de apoyar a un dictador es que pondrá “todo en orden” y será muy eficiente en ofrecer resultados inmediatos a las personas. 

Los venezolanos apoyaron a Chávez porque “los compró” con extensos programas sociales. A la mayoría de los venezolanos no les importó que fueran perdiendo su libertad, siempre que el dictador les resolviera la vida.

En Nicaragua pasó igual. Al inicio, todos contentos con Ortega porque estaba arreglando el país. Mientras tanto, iban perdiendo su libertad.

El Salvador pasa por la misma situación. Bukele logró resolver el problema de la inseguridad, pero a cambio ha concentrado todo el poder. Es muy probable que pase varias décadas en el poder y en algún momento su popularidad caiga. ¿Cómo actuará entonces para mantenerse en el poder?

Las dictaduras pueden ofrecen resultados de corto plazo, pero a la larga los ciudadanos pierden su libertad. 

La democracia no promete mejores niveles de vida. Para lograr salir de la pobreza se necesita de un sistema de libre mercado, mayor inversión, más empresas y trabajo duro. 

El reto está en combinar la democracia y el capitalismo para lograr el desarrollo económico y social, mientras se conserva la libertad. 

 

*Columna publicada originalmente el 7 de agosto de 2025 en Nuestro Diario

¿Gastar sin restricción?

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Se necesita eficiencia y transparencia en el gasto público

 

Guatemala tiene una pésima Ley de Contrataciones, lo que dificulta que la inversión pública se ejecute con rapidez, sobre todo en momento de emergencias, como el mal recordado kilómetro 44 de la ruta a Escuintla. 

La ley actual pone toda una serie de requisitos formales que solo atrasan la ejecución y no evitan la corrupción. 

Para solucionar este problema, dos diputados oficialistas han propuesto una nueva ley para agilizar el gasto público. 

La idea suena bien en el papel. Son demasiados los atrasos que se tienen en infraestructura y en construcción de escuelas, hospitales y centros de salud. Sin duda, se necesita invertir para brindar ciertos servicios básicos.

Sin embargo, esta nueva ley aumentaría las compras directas en varios ministerios y en todas las municipalidades. Serían miles de millones de quetzales que se asignarían al gusto de ministros y alcaldes, lo que aumentaría la corrupción.

Los diputados tienen el incentivo para aprobar esta ley, porque podrían beneficiarse de la falta de controles en la construcción de la obra pública, incluidos los Consejos de Desarrollo.

Es claro que el Ejecutivo tiene dificultades para impulsar la inversión pública. Fue un desafío que también tuvieron los dos gobiernos anteriores, luego de la fracasada reforma a la Ley de Contrataciones en 2015 y 2016.

La solución es hacer una reforma profunda a la Ley de Contrataciones, que promueva la eficiencia y la transparencia.  Por allí se tuvo que haber iniciado, pero se ha perdido año y medio sin que se tenga esta discusión. 

Ahora, se quiere seguir un camino fácil para el Ejecutivo, pero que presenta una puerta abierta a la corrupción. Esta nueva ley no debería ser aprobada en el Congreso. 

 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 31 de julio

Una victoria para la educación

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Se deben publicar las negociaciones del pacto colectivo

 

Después de casi dos meses, finalmente el sindicato de maestros, liderado por Joviel Acevedo, se retiró de la Plaza de la Constitución.  Fue una victoria para los miles de niños que llevan semanas sin recibir clases.

Esta es la primera vez en casi veinte años que Joviel Acevedo sufre una derrota mediática. La figura del “líder” intocable ha desaparecido, y ya muy pocos maestros siguen sus instrucciones. 

Ahora, el Ministerio de Educación debe obligar a los maestros que participaron de esa huelga sin sentido a que recuperen el tiempo perdido. El interés de los niños debe prevalecer sobre el egoísmo de estos malos maestros.

Sin embargo, no debemos olvidar que aún queda una batalla por ganar. Las negociaciones del pacto colectivo siguen, y tanto la Corte Suprema de Justicia, como la Corte de Constitucionalidad, han impedido que sean de acceso público.

Resulta ilógico que las negociaciones de ese pacto colectivo sean secretas, ya que implican recursos de los tributarios. Todos los guatemaltecos pagamos los salarios de los maestros y tenemos el derecho de saber qué se está negociando. 

Se interpuso un nuevo recurso ante la Corte de Constitucionalidad, y se esperaría que, en esta ocasión, obligue a que las negociaciones sean totalmente públicas. Es un derecho básico que tenemos todos los guatemaltecos.

La educación pública en Guatemala debe evolucionar y, para ello, es importante dejar atrás las prácticas oscuras, politiqueras y mezquinas del mal sindicalismo que ha prevalecido en los últimos veinticinco años. 

El Mineduc está haciendo su parte, los juzgados hicieron su parte. Ahora es el turno de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cumplirá con su responsabilidad histórica?

 

*Columa publicada originalmente en Nuestro Diario el 24 de julio

Extremos peligrosos

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Es importante tender puentes.

 

Los discursos extremistas se pusieron de moda en todo el mundo, y estamos perdiendo la capacidad de dialogar respetuosamente. Esto representa un peligro para la estabilidad política de los países.

Después de la caída del comunismo, hace más de treinta años, el mundo quería dejar atrás las dictaduras, las guerras internas y los extremismos que caracterizaron la Guerra Fría.

Sin embargo, con el surgimiento de las redes sociales y el estancamiento económico en diversas partes del mundo, pareciera que el enojo y la frustración se apoderaron del discurso público. El resultado es un ambiente político sumamente tóxico, que considera enemigo al que piensa diferente. 

El peligro de estos extremismos es que fomentan el surgimiento de populistas y dictadores que prometen terminar con los “enemigos”. Estos personajes utilizan y manipulan los sentimientos de los votantes para acumular poder y romper las reglas de la democracia liberal. 

En Chile, preocupa que la candidata abiertamente comunista, Jeannette Jara, está liderando las encuestas para las elecciones del próximo noviembre. En otros países, el discurso de extrema derecha también está obteniendo apoyo.

Ante este panorama, es importante hacer un esfuerzo por regresar a los principios de la democracia liberal, que incluyen la pluralidad política y la capacidad de dialogar respetuosamente. 

En este ambiente político tóxico, el reto está en convencer a los ciudadanos que los extremismos que fomentan el odio y la división solo conducen a tragedias, como quedó demostrado en el siglo pasado en diversas partes del mundo. Ojalá aprendamos de la historia y no repitamos neciamente los horrores del siglo XX.

 

*Columna publicada originalmente el 17 de julio en Nuestro Diario

La lucha por el acceso a la información pública

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El pacto colectivo, que tiene implicaciones serias para el presupuesto nacional, el sistema educativo y los derechos laborales.

 

Todo comenzó en enero de 2024. El Ministerio de Educación, aún bajo la administración anterior, aceptó una solicitud del sindicato de maestros (STEG), encabezado por Joviel Acevedo, para declarar como “confidencial” el proyecto de pacto colectivo que estaban por negociar. Esa reserva de información fue impuesta desde el 8 de enero, antes de que iniciaran formalmente las conversaciones, y sin ninguna justificación pública.

Desde entonces, la negociación avanza bajo una reserva legal que sigue vigente hasta hoy. El pacto colectivo, que tiene implicaciones serias para el presupuesto nacional, el sistema educativo y los derechos laborales,  empezó a negociarse el 29 de febrero de 2024 y continúa sin que exista acceso pleno e íntegro a su contenido. Lo que se conoce ha salido por las propias declaraciones o peticiones del sindicato o por lo que se ha dicho en las reuniones de negociación. Pero nunca se ha levantado formalmente la confidencialidad, y el sindicato ha rechazado de forma constante cualquier intento de transparentar el documento. Para nosotros, esto representa una amenaza directa al derecho constitucional de acceso a la información pública.

El artículo 30 de la Constitución establece que los actos de la administración son públicos y que cualquier persona tiene derecho a solicitar información de su interés, salvo dos excepciones: asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, y datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. La regla general es la publicidad; la excepción, la confidencialidad o la reserva, pero siempre bajo parámetros legales claros.

La Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008) desarrolla esa garantía y distingue entre información confidencial e información reservada. La información confidencial —regulada en el artículo 22— incluye, entre otros supuestos, aquella que haya sido entregada por particulares bajo garantía de confidencia. Es justamente esta categoría la que el Ministerio de Educación de la anterior administración invocó: el artículo 1 del Acuerdo Ministerial 544-2024 deja constancia de que el proyecto fue entregado por el sindicato “bajo reserva de garantía de confidencialidad”.

Aquí es donde está el problema. El hecho de que un documento se entregue bajo esa condición no lo convierte automáticamente en confidencial. La ley no permite que la voluntad de un tercero sustituya los criterios que establece la ley. Para que la confidencialidad sea válida, el contenido debe encajar en alguno de los supuestos establecidos: datos personales sensibles, secretos profesionales o información cuya divulgación afectaría directamente derechos fundamentales. Un proyecto de pacto colectivo que compromete recursos públicos y define condiciones laborales generales no cumple con esas características. Por tanto, no debió ser tratado como confidencial.

Además, aunque la confidencialidad no está sujeta a un plazo como la reserva, tampoco puede aplicarse sin cumplir la prueba de daño que exige el artículo 26. La autoridad debía demostrar que divulgar el documento afectaría efectivamente un interés protegido por la ley, y que ese daño sería mayor que el beneficio público de conocer su contenido. Nada de eso ocurrió.

A esto se suma un obstáculo práctico: al haberse invocado el artículo 22, inciso 6, esa confidencialidad solo puede levantarse con el consentimiento de quien la impuso. El Ministerio de Educación ha manifestado públicamente su disposición de levantar la reserva de confidencialidad, pero el sindicato se ha negado de forma reiterada. Esa negativa ha convertido una garantía legal en una barrera para el escrutinio público. Por eso, en mayo de 2024, presentamos una acción de amparo preventivo ante la Corte Suprema de Justicia. Pedíamos que se levantara la reserva y se protegiera el derecho ciudadano a conocer qué se está pactando con fondos públicos. Pero la Corte rechazó incluso tramitar el amparo, alegando falta de legitimación activa y ausencia de agotamiento de recursos ordinarios (definitividad). En otras palabras, nos cerraron la puerta sin escuchar el fondo del problema.

Ante esa negativa, apelamos ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Y la CC nos dio la razón: el 6 de enero de 2025 revocó la decisión de la CSJ y ordenó que se continuara con el trámite del amparo. Reconoció que sí teníamos legitimación activa como ciudadanos y que no era necesario agotar ninguna gestión administrativa (por tratarse de un amparo preventivo).

Con esa resolución, el caso regresó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, el 16 de julio, la CSJ resolvió no conceder el amparo provisional, argumentando que “las circunstancias del caso no lo ameritan”. Es decir, reconoce que la reserva sigue vigente y que el daño es actual, pero decide no suspender el acto mientras se resuelve el fondo, lo cual tomará meses. Esa decisión es grave: si el pacto se firma mientras la confidencialidad continúa formalmente en pie, sin que la ciudadanía haya tenido acceso oficial al documento completo, el daño será irreversible. La sentencia del amparo, cuando llegue, podría hacerlo demasiado tarde, con la negociación ya concluida.

Por eso apelamos nuevamente ante la Corte de Constitucionalidad. Pedimos algo claro y concreto: que se otorgue el amparo provisional y se levante la reserva de confidencialidad mientras se resuelve el fondo del caso. Lo que está en juego es el derecho constitucional de acceso a la información pública. La ciudadanía tiene derecho a conocer de manera oficial, completa y oportuna qué se está pactando con fondos públicos.

 

*Blog publicado originalmente el 18 de julio en La Hora

A casi un año del 28J: un balance incómodo pero necesario

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Lecciones y desafíos ante una tiranía sin salida fácil

 

En unos días se cumplirá un año de las elecciones presidenciales en Venezuela, y aún el Consejo Nacional Electoral no ha podido demostrar los supuestos resultados que proclamaron ganador a Nicolás Maduro Moros. Mientras que la oposición venezolana logró demostrar digitalizando el 80% de las actas emitidas por las máquinas de votación que Edmundo González Urruria fue el ganador de esas elecciones con el 67% de los votos a su favor. 

Sin embargo, lamentablemente, como tantos fraudes electorales que han quedado impunes en la historia, el venezolano no terminó desencadenando una transición democrática, como muchos hubiesen querido que ocurriera. Las razones son variadas y tienen que ver con que la venezolana se ha consolidado como una “tiranía en forma pura”, donde el poder político se ejerce sin ningún tipo de máscara institucional ni guardando ningún tipo de forma republicana o democrática, como hacían la mayoría de los autoritarismos de la Posguerra Fría, que guardaban cierta formalidad institucional aunque fuese un disfraz. 

Inmediatamente después de cometer el fraude, el régimen venezolano desató una represión política sin precedentes que ha sido calificada por la CIDH como “terrorismo de Estado”. Actualmente, Venezuela tiene casi 1000 presos políticos, de los cuales seis han muerto bajo custodia del Estado entre 2024 y 2025. La situación de persecución ha llevado a una despolitización del país y si bien el rechazo al régimen venezolano supera el 80%, el pueblo venezolano, entendiendo que de momento un cambio político no se avizora, pareciera haberse retirado a su fuero más privado, a su situación individual más inmediata, y sus principales preocupaciones han vuelto a ser económicas.

En ese sentido, la situación de la oposición es de una debilidad tremenda debido a la arremetida brutal de la represión que desató el régimen venezolano tras robarse las elecciones. Que la gran mayoría de los dirigentes de la oposición estén presos, en el exilio o en la clandestinidad, lo demuestra. 

En ese contexto, pareciera que la estrategia de la oposición más beligerante (y por ende más perseguida) está totalmente atada a la máxima presión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de los representantes de la Florida y eso puede ser problemático por varias razones, que explicaremos de seguidas.

No hay claridad en Washington sobre Venezuela. De momento pareciera que Trump ha dejado en manos de Marco Rubio y en los políticos de la Florida el tema, sin que haya una estrategia de cambio de régimen sobre la mesa. Aunque el abordaje dual de Trump hacia Venezuela con Rubio y Grenell, que pronosticamos en entregas anteriores, fue confirmado por el New York Times en días recientes; también se conoció la información de que Estados Unidos retomó la estrategia de máxima presión hacia Cuba y Venezuela, con una variante: ya no hay zanahorias, sólo garrotes. Los que apoyan esta estrategia hacia Venezuela piensan que lo que falló en 2019 fue que simultáneamente también se ofrecían “incentivos” y “premios”, que al final no terminaron provocando el famoso “quiebre” en la élite chavista que condujera a una transición.

Voces en Washington como el ex asesor para América Latina Mauricio Claver-Carone y el senador Carlos Gimenez han declarado que es necesario pasar este “trago amargo” y que la población sufra los costos de esta política de máxima presión (suspensión de licencias petroleras, deportaciones, eliminación de visas, corte del flujo de dólares, impacto en el tipo de cambio, e incluso un posible corte de remesas y de ayuda humanitaria, etc.) para así poder salir definitivamente de los regímenes cubano y venezolano. El problema con esta estrategia es que los costos sociales para la población son muy altos y ata todas las posibilidades a los vaivenes del Departamento de Estado y como ya hemos visto en este primer semestre del segundo gobierno de Trump los vientos políticos de Washington pueden cambiar de un día a otro. 

El otro problema es que el mito del “quiebre” militar, promovido desde 2014 y reforzado en 2019, pareciera naufragar en cada intento para que esta vez sea diferente, sólo porque de nuestro lado ahora tenemos nuevos actores más creíbles: ya no es Guaidó sino María Corina. Lo cierto es que ni las sanciones, ni los incentivos, ni las promesas de negocios energéticos post-dictadura, han logrado fracturar a la Fuerza Armada venezolana. Al contrario, las corporaciones que integran a la tiranía madurista han consolidado su cohesión, mientras ganan tiempo y establecen alianzas más firmes con Rusia, China e Irán. 

En este contexto, la idea de que una sola persona, como María Corina Machado, pueda cargar con la responsabilidad de forzar un cambio histórico parece no solo irreal, sino injusta.

Aunque Machado aún cuenta con el 70% de aprobación, lo cierto es que ninguna transición política se ha gestado con una sola persona operando en la clandestinidad. Las transiciones políticas requieren de una articulación de intereses diversos (muchas veces excluyentes) y de construcción de coaliciones amplias. Machado ha sido una heroína política, pero no es ni guerrillera ni caudillo militar, y cargarle el peso de toda la transición refleja más un infantilismo colectivo que una estrategia racional. Es hora de dejar de exigirle lo imposible y de darle una salida digna a quien es sin duda la política más importante del siglo XXI venezolano. Un repliegue que le permita seguir haciendo política desde nuevos espacios, sin convertirse en mártir.

Mientras tanto, el régimen venezolano apuesta por una sucesión dinástica al estilo de Cuba y Nicaragua con la amenaza latente de Reforma Constitucional. Y al ser una tiranía en forma pura, la otra variable a considerar es que tanto Maduro, Diosdado y los hermanos Rodríguez todavía están jóvenes, no están ni cerca de llegar a la vejez, lo cual puede prolongar la vida del régimen autoritario y dificultar sustancialmente una eventual transición política. Toca pensar en el largo plazo, probablemente más largo de lo que quisiéramos, pero así son estos procesos. 

Finalmente, tenemos otra realidad y es que Venezuela se ha convertido en un teatro de operaciones del choque de potencias enfrentadas en estos momentos: es el caso de China, Rusia e Irán. Para estos países los principios de la democracia liberal no condicionan sus relaciones económicas y le otorgan un papel importante a la soberanía de los Estados. Sin embargo, esa realidad geopolítica lejos de horrorizarnos, debe más bien interpelarnos, en tanto nuestra situación es la de países pequeños y dependientes. Recordemos que lo mismo le tocó pensar a los políticos de generaciones anteriores. Tal vez el liderazgo opositor debería pensar fuera de la caja en ese sentido y abandonar la mentalidad del idealismo liberal de la Posguerra Fría. Ya no estamos en 1991 y es importante que aparezcan interlocutores dentro de la oposición que operen desde la dinámica multipolar hacia la que se está dirigiendo el mundo.

Lo cierto, es que antes de soñar con “transiciones” o “quiebres”, es imprescindible no poner la carreta delante de los caballos: lo urgente en estos momentos es trabajar en un mecanismo humanitario serio para la reducción de la represión y la liberación de presos políticos. Sin posibilidad de organización, sin garantías mínimas, cualquier estrategia de cambio está condenada al estancamiento y al fracaso.

Por lo demás, Venezuela será libre, tarde o temprano. 

La corrupción interminable

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El poder debe tener límites

 

La corrupción tiene un costo muy alto para los países. Los funcionarios públicos toman ventaja de su posición de poder para enriquecerse, mientras el resto de la población no tiene servicios públicos de calidad.

En el caso de Guatemala, los niveles de corrupción son obscenos. Cada cuatro años, vemos a diputados, gobernadores, ministros y hasta presidentes volverse millonarios con el dinero de los guatemaltecos. 

Nos hemos acostumbrado a que los funcionarios roben a manos llenas. Hemos tenido casos de hospitales, carreteras, escuelas, puentes y muchas obras más que nunca se terminan porque hubo corrupción de por medio. El funcionario y la “empresa” que se contrató salen con grandes cantidades de dinero, mientras las obras quedan tiradas.

Una élite política corrupta se hace millonaria a costa de todos los guatemaltecos y procuran controlar las instituciones del país para garantizarse impunidad. 

Esa corrupción es la evidencia que tenemos cortes, jueces y fiscales que no cumplen su deber. En vez de impartir justicia y castigar a los corruptos, terminan siendo sus defensores. 

En los últimos meses, hemos visto bastantes políticos salir libres y hasta se les está devolviendo sus propiedades millonarias. ¿De dónde sacaron ese dinero?

En otras palabras, el poder político en Guatemala no tiene límites. La élite política roba a manos llenas porque sabe que nunca enfrentará la justicia. 

Para evitar esos altos niveles de corrupción, debemos construir instituciones republicanas, con cortes independientes y un Ministerio Público que de verdad persiga la corrupción y no a sus enemigos políticos.

Si no ponemos límites al poder, nunca alcanzaremos el desarrollo.

 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 10 de julio

El pacto que no se toca

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Por ahora, el pacto colectivo entre el Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala permanece intacto.

 

Por ahora, el pacto colectivo entre el Ministerio de Educación (MINEDUC) y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), junto a sindicatos adherentes, permanece intacto. El 3 de julio pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió no suspender provisionalmente varias cláusulas impugnadas por la Procuraduría General de la Nación (PGN), aunque el análisis de fondo del caso sigue en curso.

¿Por qué debería importarnos? Porque este pacto colectivo no es un asunto menor. Los pactos colectivos definen aumentos salariales, licencias y beneficios para los trabajadores. Sin embargo, este pacto incluye algo más delicado: otorga atribuciones funcionales al sindicato sobre decisiones estatales. Según la PGN, esto vulnera la Constitución.

Uno de los aspectos más problemáticos, de acuerdo con la PGN, es que el pacto concede al STEG un papel decisivo en la admisión de nuevos sindicatos al acuerdo. El artículo 1 establece que cualquier sindicato interesado en adherirse debe presentar una “resolución del Congreso del STEG”. Es decir, la entrada de un nuevo sindicato queda sujeta a la aprobación de otro sindicato, no del Ministerio. Para la PGN, esto implica transferir una función pública —decidir quién puede formar parte del pacto colectivo— a un ente no estatal como el STEG, lo que resulta inconstitucional.

El pacto también le otorga al sindicato un rol central en la formulación y validación de programas educativos (artículo 20) y en la capacitación del personal (artículo 21). En lugar de dejar estas responsabilidades exclusivamente en manos del Ministerio, se condiciona su ejecución a consensos o aprobaciones del sindicato. Para la PGN, estas disposiciones usurpan la rectoría del sector educativo, que, conforme al artículo 194 de la Constitución y a la Ley del Organismo Ejecutivo, corresponde únicamente al Ministro de Educación.

Otra impugnación clave se refiere a las llamadas “Juntas Mixtas”. Según los artículos 45, 46 y 47, estas juntas —integradas por el MINEDUC y el sindicato— no se limitan al diálogo, sino que toman decisiones obligatorias sobre conflictos laborales, y lo hacen por consenso. Es decir, el Ministerio no puede resolver nada sin el aval del sindicato. Para la PGN, esto contraviene el principio de rectoría sectorial y la función administrativa exclusiva del Ministro (artículo 194 de la Constitución): las decisiones internas del Estado deben ser tomadas por este, no negociadas con el STEG. Al conferir poder de veto y resolución al sindicato, se transfiere una facultad pública a una entidad sindical, lo cual la Constitución prohíbe expresamente, según la PGN.

Quizá el punto más delicado está en el artículo 62 del pacto, que establece que el STEG “velará por el cumplimiento de los programas” y podrá realizar “monitoreos y evaluaciones” de los servicios educativos. Según la PGN, esta disposición contradice el marco constitucional y legal vigente: la supervisión de la política educativa es una competencia exclusiva del MINEDUC, no de una entidad sindical que representa intereses laborales.

En todos estos casos, los cuestionamientos por vía de la inconstitucionalidad de la PGN no se enfocan en las prestaciones económicas, sino en el hecho de que el pacto colectivo vigente otorga al STEG funciones públicas que comprometen el principio de legalidad y la rectoría estatal.

La CC, como hemos dicho al inicio, ha resuelto no suspender provisionalmente estas cláusulas mientras analiza el fondo del caso. Es posible que más adelante las declare inconstitucionales, pero para entonces podría ya haberse negociado uno nuevo.

La justicia no parece estar cumpliendo su papel de exigir rendición de cuentas al poderoso STEG. El 3 de mayo de 2024, presentamos un amparo —junto a un grupo de abogados— para exigir la publicidad del borrador del nuevo pacto colectivo, que había sido declarado confidencial por el MINEDUC de la administración anterior. Sin embargo, el 22 de mayo la Corte Suprema suspendió su trámite, alegando falta de legitimación activa y de definitividad.

Apelamos. El 6 de enero de 2025, la Corte de Constitucionalidad nos dio la razón: revocó la suspensión y ordenó que el proceso continuara. Aun así, el expediente sigue sin resolverse en la Corte Suprema. Mientras tanto, las negociaciones del nuevo pacto avanzan, todavía en secreto. La confidencialidad impuesta por la administración anterior sigue vigente, y solo puede levantarse mediante una resolución judicial o con el visto bueno del propio STEG, que no ha dado su venia.

Como si fuera poco, esta semana se supo que el Ministerio Público (MP) investiga al STEG por desobedecer una orden judicial de reanudar clases. La desobediencia se origina en una resolución del propio Juzgado Quinto de Trabajo, que ordenó —vía amparo— el retorno a las aulas. Lo que llama la atención es que, según reportó un diario, el MP habría solicitado que el caso se declarara bajo reserva, y un juez habría accedido. De modo que las actuaciones son desconocidas para el público, y lo único que sabemos proviene de la orden del juzgado de investigar la evidente desobediencia del sindicato a la orden de reanudar clases. Un sindicato con funciones públicas y poder político, pero sin rendición de cuentas.

 

*Columna publicada originalmente en LaHora el 4 de julio

¿Otro desgaste para el Gobierno?

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Proponer más gasto es impopular

 

El Ejecutivo está proponiendo Q161 mil millones para gastarse en 2026, un incremento de 4.5 % respecto del presente año.

Se propone un déficit fiscal de Q32 mil millones, lo que representa el 
3.2 % del total de la economía de Guatemala. Sería el segundo año consecutivo de este gobierno en plantear un déficit fiscal por arriba de 
3 %. 

El rechazo no se ha hecho esperar. Las personas todavía recuerdan todo el dinero que se le otorgó a los Consejos de Desarrollo para ganarse la voluntad de los diputados en la aprobación del presupuesto de este año.

También se tiene fresco el incremento excesivo de sueldo a los diputados, y que le pasó factura al Ejecutivo por guardar silencio ante este abuso.

Plantear un presupuesto tan abultado solo desgastará más al Gobierno. Lo peor es que, en ciertos ministerios, la ejecución de este año está bastante baja, lo que hace cuestionar la necesidad de más recursos. 

Lo mejor para el Ejecutivo sería plantear un presupuesto igual, o incluso un poco menor al que se tiene vigente, reasignando los recursos a los ministerios, programas y proyecto que pretende priorizar. 

Es cierto que, en el corto plazo, la macroeconomía del país no entrará en crisis por el déficit fiscal de 3.2 % del PIB; pero no se puede tener ese déficit todos los años, como lo está planteando el Ejecutivo. En el mediano y largo plazo, tener un déficit consistentemente por arriba de 
3 % sí es un peligro para la estabilidad macroeconómica.

Por otra parte, cabe preguntar: ¿qué está dispuesto el Ejecutivo a negociar con el Congreso para obtener la aprobación de este nuevo presupuesto? ¿Otra vez un presupuesto abultado para los Consejos de Desarrollo?

El Gobierno está planteando un suicidio político, y parece que no se enteran. 

 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el jueves 3 de julio

Las clases deben reanudarse

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Se debe sentar un precedente

 

El sindicato de maestros (STEG) liderado por Joviel Acevedo, llevan más de un mes de huelga y miles de niños están siendo afectados.

La gran mayoría de maestros decidieron cumplir su deber y siguen dando clases. Es una minoría la que decidió apoyar ciegamente las exigencias mezquinas del líder sindical.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha presentado diez amparos para levantar el plantón que tienen frente al Palacio Nacional y que se retomen las clases de forma inmediata. 

Más de la mitad de esos amparos se han resuelto de forma favorable a la niñez y han ordenado que se retomen las clases.

Sin embargo, este pequeño grupo de maestros cree estar por encima de la ley y se niegan a regresar a clases. La impunidad que les otorgaron los cuatro gobiernos anteriores les hace sentir intocables.

El gobierno actual ya les descontó una parte de su salario a los maestros que no están trabajando y ya inició procesos sancionatorios más severos. Sería de esperar que estas acciones se lleven hasta las últimas consecuencias, incluso con la destitución, si es que se niegan a obedecer los amparos otorgados.

Este es un momento crucial para la educación del país. Por años, el sistema educativo ha estado tomado por el STEG, haciendo mucho daño a nuestra niñez. La ministra debe terminar con décadas de prebendas otorgadas a ese nefasto sindicato.

La buena noticia es que Joviel Acevedo ya no tiene el mismo poder de movilización de hace años. Su falta de legitimidad es evidente, no solo ante la población, sino también ante el gremio magisterial. 

Algunos llaman a que se retomen las negociaciones entre el Gobierno y el STEG, lo cual no tiene sentido, dado que ya se les otorgó un incremento salarial a los maestros. Solo hay una salida: las clases deben reanudarse. 

 

*Columna publicada originalmente el 26 de junio en Nuestro Diario

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