El pueblo ucraniano es un ejemplo de valentía.

Hace tres años inició la brutal invasión contra Ucrania. Sin ninguna razón o provocación, Rusia lanzó un ataque a ese país, con la intención de derrocar al gobierno de Zelensky y sustituirlo por un títere.

Se pensó que Rusia iba a ganar la guerra rápidamente. Sin embargo, la valentía del pueblo ucraniano, junto con el apoyo de los países europeos y de Estados Unidos, hizo retroceder al ejército ruso y la guerra se extendió hasta hoy.

Luego de tres años, y bajo una nueva administración, Estados Unidos no desea seguir apoyando la causa ucraniana. El argumento es que la guerra podría extenderse por muchos años más, con un alto costo para los contribuyentes estadounidenses.

Los países europeos, por el contrario, han expresado todo su apoyo a Ucrania y están decididos a aumentar sus gastos en defensa para enfrentar las intenciones imperialistas de Putin.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos mantuvieron gastos en defensa relativamente bajos, para evitar la carrera armamentista que los llevó a las guerras mundiales. Confiaron en que Estados Unidos se haría cargo.

Pero ante el ascenso de China, las agresiones de Rusia y la retirada de Estados Unidos, los europeos tendrán que hacerse cargo de su propia seguridad de ahora en adelante.

Parte fundamental de la seguridad de Europa consiste en defender a Ucrania. Si Rusia se sale con la suya, todo el continente europeo estará en riesgo.

Las negociaciones de paz seguirán en las próximas semanas. Ucrania y Europa están dispuestos a dar la batalla por su libertad, aún sin el acompañamiento de Estados Unidos.

Ucrania no debería ceder terreno a Rusia y debería ser incorporado a la OTAN como garantía de protección ante futuras agresiones por parte de Rusia.

La paz no debe ser a costa de la libertad e integridad de Ucrania.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 27 de febrero.  

El estado de la democracia en Guatemala ha experimentado un deterioro progresivo en los últimos años.

Entre los múltiples factores que han contribuido a esta situación se encuentran el retroceso en la libertad de expresión, el aumento de obstáculos a la participación política—evidenciado en las elecciones de 2023 con la descalificación arbitraria de al menos tres candidatos presidenciales y otros aspirantes a cargos de elección popular—y el agravamiento de los ataques al proceso electoral mediante acciones penales, como la aplicación de la Ley de Delincuencia Organizada contra partidos políticos, entre otros.

Hoy, en Xela, se presenta otro escenario alarmante. El concejo municipal ha decidido excluir de sus funciones a tres concejales titulares y a un suplente pertenecientes a la oposición. Para entender el contexto, es importante recordar que en las elecciones generales de 2023, el alcalde Juan López, del Partido Humanista (PHG), fue electo con 17,557 votos, mientras que el comité cívico Sacándole Brillo a Xela (SBX) obtuvo 10,179 votos y la coalición Valor-Unionista, 7,274. Como resultado, el concejo municipal—integrado por 14 miembros, incluyendo al alcalde, tres síndicos y diez concejales—quedó conformado de la siguiente manera: el PHG aseguró, además del alcalde, tres síndicos titulares y cinco concejales titulares; SBX obtuvo tres concejales titulares; y Valor-Unionista, dos concejales titulares. Además, se adjudicaron un síndico suplente y cuatro concejales suplentes, distribuidos entre los partidos conforme a sus resultados electorales.

El conflicto comenzó cuando la mayoría del concejo se opuso a que los concejales de SBX transmitieran en directo las sesiones. La tensión escaló cuando una concejal denunció por violencia contra la mujer a los opositores de SBX. Poco después, un juzgado tomó una decisión tan absurda como arbitraria: impuso medidas de seguridad que prohibieron a los concejales de SBX acudir a la sede municipal—su lugar de trabajo y el de la denunciante—, impidiéndoles ejercer sus funciones en el concejo.

Más tarde, otro concejal presentó una queja argumentando que SBX, en virtud de un convenio de colaboración para implementar un programa de “pasos y pedales” en el municipio—convenio que, según los representantes de SBX, expiró en 2020 sin recibir fondos municipales—se habría constituido en “contratista” del Estado. El argumento se basó en el artículo 45, literal b, del Código Municipal, que prohíbe a los contratistas ocupar cargos en el concejo. Sin embargo, esta interpretación resulta insostenible, ya que un comité cívico no puede equipararse a un contratista, y la calificación de contratista debe evaluarse individualmente, respetando el debido proceso, lo que evidentemente no ocurrió en este caso.

Aunque en primera instancia una corte frenó la destitución arbitraria, en noviembre de 2024 la Corte de Constitucionalidad revocó dicha protección, aduciendo cuestiones formales, particularmente la competencia del tribunal que otorgó la medida, además de argumentos sobre la definitividad. Esta decisión reactivó la exclusión de los concejales de SBX, lo que acarrea graves consecuencias: en primer lugar, vulnera el principio de que son los votantes quienes eligen a sus representantes; y en segundo lugar, viola abiertamente los derechos políticos de los electos y de sus electores.

El caso de Xela ilustra, una vez más, cómo las municipalidades—históricamente espacios con escaso control ciudadano—pueden convertirse en escenarios de prácticas que erosionan la democracia. Es fundamental mantener una vigilancia constante, ya que lo ocurrido en Xela podría replicarse en otras corporaciones municipales.

En una próxima columna abordaré el caso de Roberto Arzú, en el cual el Estado de Guatemala y la CIDH han suscrito una Solución Amistosa a raíz de las irregularidades observadas en su exclusión de las elecciones de 2023.

*Columna publicada originalmente el 28 de febrero en La Hora.

Guatemala necesita ayuda para frenar el narcotráfico.

Recientemente, Guatemala fue mencionada en el Congreso de Argentina. Lamentablemente, no fue para bien, sino señalando un hecho que, de llegarse a comprobar, sería grave para el país.

El congresista argentino Rodolfo Tailhade señalaba que Federico Machado, un supuesto narcotraficante requerido por Estados Unidos, habría señalado que facilitó aeronaves para las campañas electorales de Guatemala en 2015 y 2019.

Esto es una acusación grave porque implicaría a dos expresidentes de Guatemala. Hay que aclarar que todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Así que no podemos dar por sentado que estas declaraciones son ciertas.

Debemos ser responsables porque también hay mucho juego político de fondo y hay que esperar a que se realicen las investigaciones. Mientras tanto, las personas señaladas deben considerarse totalmente inocentes.

Pero resulta evidente y preocupante que el narcotráfico está contaminando la política de Guatemala. Hace poco, un exdiputado fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. La exvicepresidenta y el exministro de gobernación del desaparecido Partido Patriota aún son solicitados por la justicia de Estados Unidos, acusados de narcotráfico.

También se han señalado a alcaldes por narcotráfico. El dinero de estas actividades ilícitas ha logrado entrar en todos los ámbitos de la política de Guatemala y trata de influir en las distintas instituciones de justicia para garantizarse impunidad.

El riesgo para Guatemala es que el narcotráfico llegue a ser tan poderoso que terminemos siendo un “narcoestado”. Esto significa que el Estado de Guatemala terminaría estando al servicio del narcotráfico y no al servicio de la población.

Luchar contra estos delitos es muy difícil y no podemos hacerlo solos.  La ayuda de Estados Unidos resulta indispensable.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 20 de febrero.  

Los accidentes son constantes y nada cambia.

Esta semana* vivimos unos de los momentos más trágicos para el país. El accidente de la Calzada la Paz dejó luto y dolor en decenas de familias guatemaltecas. No hay palabras que alcancen a dar consuelo por su pérdida.

Lo que más duele de esta situación es que el accidente pudo haberse evitado. Para iniciar, las autoridades de tránsito de la PNC indicaron que el piloto no tenía la licencia adecuada para conducir buses de transporte público.

En segundo lugar, el bus era bastante antiguo y, muy probablemente, no tenía el mantenimiento adecuado. Esta combinación de factores provocó una pérdida irreparable.

Lo peor es que no es la primera vez que sucede. El transporte extraurbano es un peligro constante para los guatemaltecos. Los buses son viejos, van a alta velocidad, no respetan a los otros conductores y muchos pilotos no cuentan con la licencia obligatoria.

Para evitar estas tragedias debe actualizarse la regulación. Se deben prohibir los buses luego de ciertos años de antigüedad y se les debe colocar un controlador de velocidad a las unidades. Además, deben estar sujetos a evaluaciones periódicas. Las sanciones por incumplimiento deben incrementarse.

Pero también deben renovarse las instituciones encargadas de supervisar el transporte extraurbano. Es ampliamente conocido que existe una enorme corrupción en esas instituciones para garantizar impunidad y no hay control real sobre ese tipo de transporte. Vemos con mucha frustración cómo los buses son un atentado en las carreteras.

El riesgo es que toda la conmoción y la tristeza por esta tragedia desaparezca en unas semanas y la situación siga igual, hasta que suceda el próximo accidente fatal.

Esta vez debe ser diferente. Los guatemaltecos merecemos un transporte público seguro. Ya basta de tanta irresponsabilidad.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 13 de febrero.  

El Gobierno debe trazar una ruta para el desarrollo.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha sido el centro de las noticias internacionales. Primero, fue el conflicto con Colombia, en donde Gustavo Petro resultó cediendo a las peticiones de Trump.

Luego, le llegó el turno a Canadá y México, pero, finalmente, llegaron a un acuerdo para reforzar la seguridad de las fronteras que comparten con Estados Unidos.

Los mensajes del nuevo Gobierno de Estados Unidos para América Latina son claros: quieren detener la migración y el tráfico de drogas. El tema de seguridad nacional es uno de los ejes centrales de Trump.

Para los países del norte de Centroamérica, incluido Guatemala, eso implica reforzar el rol de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Sistema de Justicia para combatir las redes que se dedican al tráfico de personas y los grupos del narcotráfico.

Sin embargo, esto no es suficiente. El enfoque de mano dura tiene ciertos efectos en el corto plazo, pero, al final, el incentivo para migrar es tan fuerte que las personas están dispuestas a correr grandes riesgos con tal de lograr el sueño americano.

La solución de largo plazo pasa por crear fuentes de trabajo bien pagadas que incentiven a las personas a quedarse en Guatemala. Costa Rica es un país mucho más pobre que Estados Unidos, pero es capaz de generar un mínimo de oportunidades laborales con las cuales los ticos se sienten contentos y no buscar dejar su país.

La oportunidad para Guatemala está en plantear una ruta de desarrollo consensuada entre los actores relevantes del país y, en la cual, Estados Unidos pueda colaborar. No hay que inventar el agua azucarada. El tema de infraestructura y logística resulta vital.

Debemos dejar de apostar a la migración como fuente de estabilidad económica del país. Es momento que hagamos las tareas pendientes durante décadas.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 6 de febrero.  

Las recientes declaraciones sobre la invasión rusa a Ucrania y la guerra que se ha librado son un mal precedente para Occidente y el mundo libre. ¿Por qué? 

En primer lugar, esto representa un cambio radical en la política exterior de Estados Unidos. Desde el inicio de la invasión por parte de Rusia, en febrero de 2022, Estados Unidos tomó la postura de “nada sobre Ucrania sin Ucrania”, validando dos de los principios básicos de la relaciones internacionales: el de la soberanía y el de la autodeterminación. 

Rusia fue clara sobre sus intenciones al invadir Ucrania: frenar el avance de Occidente en su área de influencia. Pero ¿no tiene derecho Ucrania a decidir su política, así como los valores políticos, económicos y sociales que rigen a su país? Ucrania, como país soberano, tiene derecho a determinar su propio futuro y debe ser parte de las negociaciones. Además, Ucrania ha sido clara en sus deseos: unirse a la OTAN y a la Unión Europea, dejar de estar bajo la influencia rusa y adoptar los valores de Occidente. 

Es importante señalar que Europa también ha pedido ser parte de las negociaciones, ya que el resultado de la guerra en Ucrania afecta directamente la seguridad del continente. A pesar de que Estados Unidos ha declarado que Europa no tiene cabida en las conversaciones por su bajo aporte a la guerra, los datos demuestran que los aportes de Europa a Ucrania superan los de Estados Unidos. 

Llegar a un acuerdo bilateral sin la participación de Ucrania, basándose en los puntos que circulan, que “se cedería el territorio ucraniano que Rusia ha invadido ilegalmente hasta el momento; que Estados Unidos no dará garantías de seguridad a Ucrania y tampoco se le admitirá en la OTAN” sería darle una victoria fácil a Rusia, dejándola actuar sin consecuencias. Incluso se ha planteado que Rusia regrese al G7, tras haber sido expulsada por la anexión de Crimea en 2014.

Por otro lado, la imagen que Estados Unidos está transmitiendo es la de dejar de ser aliado clave de Europea en términos geopolíticos y de seguridad, un papel que ha jugado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En este escenario, Europa se encontaría en una situación complicada. Rusia es conocida por no cumplir con sus compromisos y, como todos sabemos, tiene tendencias expansionistas. ¿Podrá Europa, especialmente los países del Este, prevenir una nueva invasión de Rusia? ¿Será capaz Europa de defenderse de la amenaza rusa sin el apoyo de Estados Unidos? ¿Cómo garantizar que Rusia no vuelva a invadir Ucrania si no hay seguridad garantizada? Incluso si Europa desplegara tropas en Ucrania en caso de un acuerdo, los expertos temen que no sería suficiente sin la ayuda de Estados Unidos. 

Esto sería una clara victoria para Putin, pero también marcaría un precedente peligroso para otros autócratas con deseos expansionistas, como es el caso de China. 

Si bien la política exterior de Estados Unidos ha tenido un enfoque geopolítico, realista y estratégico acorde con sus intereses nacionales, también se ha caracterizado por la búsqueda del equilibrio del poder. Históricamente, Estados Unidos ha tenido un papel importante en la defensa del orden internacional frente a amenazas hostiles, y no se puede negar que uno de los componentes de su política exterior también se ha dirigido por valores.  

La paz nos trajo la posibilidad de la libertad.

Recientemente se celebró el 28 aniversario de la firma de la paz que puso fin a 36 años de guerra interna en nuestro país.

Resulta lamentable que muchas personas critiquen la firma de la paz diciendo que el país no ganó nada. Estas personas indican que los acuerdos de paz solo sirvieron para darle más espacio a la izquierda y al tema de derechos humanos, lo que supuestamente arruinó el país.

Me confieso de derecha, promercado y defensor de los derechos individuales. Eso implica que siempre voy a estar a favor de la libertad de expresión y de la diversidad política. Esto último, la diversidad política, significa que en cualquier sociedad libre deben existir diversidad de ideas, incluso las contrarias a las nuestras.

La paz, la democracia y la república implica que las ideas de la derecha y la izquierda pueden convivir y turnarse en el poder.  Solo en las dictaduras y los totalitarismos es que se impide la diversidad de ideas. En ese sentido, criticar los acuerdos de paz porque permitieron la participación política de la izquierda, me parece un desacierto y una muestra de intolerancia.

Por otra parte, un país que tiene un conflicto armado vigente no atraerá nuevas empresas y las personas tendrán temor de expandir sus negocios a las áreas afectadas. Eso explica por qué durante el período de la guerra gran parte del interior del país no tenía muchos de los servicios que ahora tiene.

La paz permitió que se mejorara la infraestructura del país y que las empresas expandieran sus operaciones en todo el territorio nacional. Aún falta mucho, pero se han hecho avances significativos en los últimos 25 años.

La firma de la paz no resolvió y no resolverá los grandes problemas del país, pero fue un paso importante para la construcción de un país desarrollado. Algún día lo lograremos.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 9 de enero.

Los abogados están llamados a tener dignidad.

El próximo 7 de febrero se realizará la elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, algo que pasa inadvertido para la mayoría de los guatemaltecos, pero que resulta crucial para la justicia en el país.

El Colegio de Abogados participa en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y el Fiscal General. También tiene influencia en el INACIF, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la USAC y hasta en el deporte federado.

Es claro que quienes dirigen el Colegio de Abogados resultan teniendo una enorme influencia política en el país y, por esa razón, en los últimos años, diversos grupos han tratado de tomar el control de ese órgano. Además, que manejan muchos millones, producto de los famosos timbres notariales y las cuotas que cobran a los abogados.

En las últimas décadas hemos visto una decadencia brutal en las elecciones del Colegio de Abogados. Muchas planillas compran votos con edecanes, licor, fiestas y chicharrones. Es un triste espéctalo de personas que se supone tienen un nivel de educación alto, pero que al final terminan comportándose sin dignidad y respeto hacia sí mismos. ¿Vender el voto y la consciencia por comida, fiestas y licor?

La gran mayoría de abogados no participan en estas elecciones, precisamente por ese espectáculo grotesco que dan algunas planillas. Sin embargo, hoy más que nunca, esos abogados honestos deben participar y vencer el clientelismo barato que ha imperado en este tipo de elecciones.

El crimen organizado y las redes de corrupción quieren dominar por completo la elección en el Colegio de Abogados. Por eso, los abogados honestos deben dar un paso al frente y cumplir con el país. Vaya a votar este 7 de febrero y salve a Guatemala del crimen organizado.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 29 de enero. 

Es momento de construir cárceles de alta seguridad.

En los últimos 14 años la seguridad ha venido mejorando en Guatemala. En el 2009 se registraron casi 6,500 asesinatos, el año más violento de las últimas tres décadas. A partir de 2010 se comenzó a ver una mejora consistente, lo que permitió que el año pasado se registraran menos de 3,000 asesinatos.

Gracias a la mejora en la seguridad se han salvado miles vidas en Guatemala durante la última década. Hoy tenemos mejores índices de seguridad que Venezuela, México, Colombia, Brasil, Ecuador, Belice y Costa Rica. Sin duda tenemos que celebrar y mantener estos avances.

El desafío está en no conformarnos y en aspirar a tener mejores índices de criminalidad, como los de Chile o Paraguay, que son países bastante seguros en América Latina. Eso requiere mayores esfuerzos por parte de la Policía Nacional, pero también que el Ministerio Público arme mejor los casos, que los jueces impartan justicia y que el Sistema Penitenciario tenga el control de todos los presos.

El descontrol de las cárceles ha sido uno de los principales problemas que no hemos podido resolver. Durante décadas, las cárceles han sido controladas por los mismos criminales, mareros o narcotraficantes. Desde las cárceles se planifican y ordenan asesinatos, no digamos el tema de las extorsiones.

Tomar control de las cárceles debe ser prioridad para el gobierno. Para ello se necesita mejorar las condiciones y el control de los guardias del sistema penitenciario. También invertir en cárceles de alta seguridad, que mantengan aislados a los cabecillas del crimen.

Invertir en seguridad vale la pena. Nos brinda mejor calidad de vida a todos los ciudadanos. Hasta el momento, ningún gobierno ha invertido en esas cárceles de alta seguridad, pero son urgentes para resguardar nuestras vidas. ¿Se animará este gobierno?

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 23 de enero. 

Cuatro países de América Latina celebrarán elecciones presidenciales y legislativas en 2025.

La región, sumida en crisis políticas, sociales y económicas, debe estar al tanto de los resultados de las mismas y sus tendencias ideológicas. Ante un contexto de inconformidad e incertidumbre, es de esperar que el voto esté marcado por el castigo y por opciones alternativas que ofrezcan promesas atractivas a sus problemas.

Ecuador

Ecuador será el primer país de los cinco en llevar a cabo elecciones generales el 9 de febrero. El país está especialmente marcado por una crisis de inseguridad, de apagones eléctricos y de crisis económica, que determinará el voto de los ecuatorianos. Los candidatos que encabezan las encuestas son el actual presidente, Daniel Noboa del partido Acción Democrática Nacional, de derechas, y Luisa González del partido Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, de izquierdas. 

Las encuestas muestran un resultado incierto, pues en algunas Noboa lidera la intención de voto y, en otras, lidera González. Sea cual sea el resultado, se espera una segunda vuelta. Expertos indican que las elecciones se definirán entre “castigar a Noboa, que no ha logrado solucionar los problemas más graves del país, o rechazar el regreso del correísmo, al que persigue la sombra de la corrupción y el autoritarismo”.

Bolivia

Las elecciones en Bolivia se celebrarán el 10 de agosto, las cuales estarán definidas entre la continuación del evismo o la alternativa opositora, así como la confrontación de Luis Arce con Evo Morales. El país también enfrenta una crisis económica, la cual ha debilitado la popularidad del oficialismo y podría representar una oportunidad para la alternancia en el poder. 

En diciembre de 2024, se habló de un compromiso de unidad con otros personajes opositores para vencer en los comicios al Movimiento al Socialismo, sin embargo, anteriormente, los esfuerzos en conjunto no han tenido el éxito esperado. Ante esta situación, se han confirmado candidaturas opositoras como la de Jorge “Tuto” Quiroga. 

Chile

En Chile, las elecciones del 16 de noviembre se llevarán a cabo en un contexto donde el gobierno de Boric dejó qué desear para sus votantes en 2021 tras el rechazo de la reforma constitucional y las promesas de reforma social. En la izquierda, los líderes y candidatos son inciertos. Michelle Bachelet, a quien las encuestas posicionan con mayor probabilidades de votos de posibles candidatos de izquierda, ha declarado que no participará en el proceso electoral  de este año. 

Por el contrario, las encuestas indican que los candidatos de derechas son quienes, por el momento, tienen mayor apoyo. Evelyn Matthei, del Partido Unión Demócrata Independiente de derechas, tiene alrededor del 23 al 28 % de menciones en sondeos. Además de Matthei, y excluyendo a la única persona de izquierda, Michelle Bachelet, que se posiciona entre las primeras menciones, se escucha a José Antonio Kast, del Partido Republicano de la extrema derecha, y a Johannes Kaiser, de derecha conservadora, cuya popularidad parece ir en aumento. 

Honduras

Las elecciones en Honduras se celebrarán el 30 de noviembre, tras unas primarias el 9 de marzo. El ejercicio electoral estará marcado por la lucha contra la corrupción, la inseguridad, el narcotráfico y la economía.

El partido oficialista de izquierdas, Libre, involucrado en acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico, podría postular a Rixi Moncada, respaldada por Xiomara Castro y el expresidente Zelaya. Sin embargo, esta es una constante en los partidos más fuertes en el país. Por ejemplo, el Partido Nacional, que se proclama de derechas, históricamente vinculado a la corrupción y al narcotráfico, sigue siendo una fuerza relevante, con Ana García, esposa del expresidente Hernández, como posible candidata.

Por su parte, el Partido Liberal, autodenominado centrista, también enfrenta su propia cuota de controversias, pero Salvador Nasralla, exmiembro de dicho partido, destaca como uno de los candidatos más populares en las primarias.

Conclusión

El 2025 estará marcado por elecciones cruciales para el futuro político de la región. En un contexto de creciente desconfianza política, crisis económicas y sociales, y la consolidación de opciones autoritarias, el voto de los latinos podría verse definido más allá de un análisis ideológico, reflejando un deseo de cambio en áreas como la seguridad, la corrupción y la estabilidad económica. Esperamos que las decisiones de estos países los conduzcan hacia naciones más libres, democráticas y prósperas, y que marquen un nuevo rumbo en la política latinoamericana.