Los magistrados deben tener un mínimo de decencia

Los guatemaltecos fuimos testigos de las ilegalidades, trampas y argucias que hizo Walter Mazariegos para tratar de quedarse como rector de la USAC. Hace algunos días, un juzgado declaró nulas “las elecciones” donde se hizo fraude para intentar perpetuar a Mazariegos.

Seguramente, el grupo de Mazariegos ahora va a presentar acciones en la Corte de Constitucionalidad para revertir la decisión correcta del juzgado. La pregunta es: ¿Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tendrán un mínimo de aprecio por su nombre y dignidad?

Resulta vergonzoso cómo, en los últimos años, ciertos jueces, magistrados, fiscales y otros funcionarios públicos han cometido graves ilegalidades, sin importar el daño a su reputación. Parece que lo único que les interesa es el dinero o “el premio” que seguramente deben haber recibido.

Los ejemplos claros son los exfiscales Consuelo Porras y Rafael Curruchiche. Llegaron a ser los personajes más rechazados por los guatemaltecos. Sus nombres quedaron inscritos en el libro de los grandes oprobios de este país y serán recordados como algunos de los hijos más infames que ha parido esta patria.

Las ilegalidades que hizo Mazariegos en la USAC fueron más que evidentes para cualquier ciudadano. No se necesita ser especialista en la constitución, ni siquiera ser abogado para comprender esos actos grotescos. 

Así que cualquier argucia legal que quieran utilizar algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad para tratar de proteger al grupo de Mazariegos, quedará evidenciada como una clara ilegalidad.

Hay personas que pierden el norte moral y que cruzan límites que las retratan como personajes viles. Ojalá ese no sea el caso de los magistrados de la CC.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

La democracia es el FIN de la transición, no el MEDIO. 

Venezuela lleva varios años atrapada en una discusión conceptual que puede ser perjudicial a la luz de los eventos que comenzaron a desarrollarse el 3 de enero de 2026, y no es otra que la discusión de la transición democrática. Por un lado, este tópico tan manido de la ciencia política moderna más bien se suele analizar ex post en los manuales sobre el tema y es muy difícil de dilucidar mientras se desarrolla. De hecho, pretender hacerlo, genera expectativas irreales en la población y precisamente, por ser una categoría tan ambigua, puede obstaculizar los pasos previos que se necesitan para que una democracia funcional pueda emerger efectivamente. Las siguientes líneas pretenden ser un aporte en el tema. 

En la mayoría de los casos, la transición no es la democracia

Para comenzar, afinemos el concepto: una transición política es un período excepcional que tiene por objetivo crear las condiciones para que un nuevo mando suceda a un mando existente. Podemos aplicarlo a la política, pero también puede trasladarse a cualquier otro tipo de organización humana. 

En la discusión venezolana suele asumirse que transición y democracia son sinónimos, también que política y democracia son lo mismo aunque eso es otro tema. Históricamente, transición y democracia no son equivalentes. En la mayoría de los casos, las transiciones han sido etapas híbridas donde conviven elementos del régimen saliente y el emergente. De manera que, un gobierno democráticamente electo sería lo que viene DESPUÉS de una transición si el resultado de ésta es exitoso, pero no es el mecanismo mediante el cual la transición se desarrolla. 

Históricamente, ha habido varias fórmulas que se han adoptado para las transiciones políticas como la junta, el triunvirato, la presidencia provisional de consenso, el gobierno de unidad nacional, etc. De hecho, en el caso particular de Venezuela, hemos tenido por lo menos tres fórmulas en nuestro siglo XX: 1) 1945, con la Junta Revolucionaria de Gobierno, una suerte de gobierno colegiado entre AD y la oficialidad joven de las Fuerzas Armadas. 2) En 1958, por la Junta de Gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal y 3) En 1993, con la designación por parte del Congreso del Dr. Ramón J. Velásquez como presidente provisional para completar el período presidencial tras la destitución de Carlos Andrés Pérez[1]. Todas estas fórmulas excepcionales ad hoc que tuvieron por objetivo preservar la continuidad del Estado y preparar el camino para un nuevo mando político que surgiría de una elección posterior.

¿A qué se debe entonces la confusión? Principalmente a tres razones que señalaremos a continuación:

1. Una razón de orden casuístico: las transiciones electorales de la posguerra fría o también llamada tercera oleada democrática. Entre la década de los ochenta e inicios de los dos mil en la región latinoamericana, debido al contexto mundial del fin de la guerra fría (un período muy acotado que demostró no ser eterno ni mucho menos “el fin de la historia”), se dieron varios casos donde a través de unas elecciones se logró un cambio de régimen autoritario por otro democrático. Los tres casos emblemáticos son Chile en 1989, Nicaragua en 1990 y México en el 2000. El problema es que en estos tres casos los gobiernos salientes entregaron voluntariamente el poder, el cual no es el caso de Venezuela. De hecho, si las elecciones bastaran por sí solas para sacar a un régimen autoritario del poder, lo habríamos logrado el 28 de julio de 2024 y no habríamos necesitado un 3 de enero de 2026. Una transición por vía electoral implica que tanto los actores del gobierno como del Estado acatan la regla mayoritaria y entregan el poder. Ya sabemos de sobra que el chavismo no opera bajo esos supuestos y eso es lo que también saben los Estados Unidos. Por eso, hacer otra elección en el vacío sin tener control ni certeza de que tanto el gobierno y el Estado venezolano acatarán el resultado es repetir el 28J por segunda vez.

    

2. Una razón de orden concreto o material: la situación en la que nos puso el propio Estados Unidos el 3E. Tras la operación Absolute Resolve, la Casa Blanca optó por una suerte de “transición blanda o gradual”, que preservó la estructura del chavismo remanente, en lugar de apostar por la tesis del “cambio de régimen”. Independientemente de la valoración moral que cada quien haga de esa decisión, lo cierto es que de ella se desprende que los americanos tienen como prioridad preservar la continuidad del Estado, normalizar la política y crear las condiciones para una eventual apertura democrática. Es decir, Estados Unidos nos puso en el escenario de una transición pactada o negociada con el chavismo en donde ningún sector elimina totalmente al otro. Un escenario que la oposición venezolana se ha tardado cinco meses finalmente en aceptar, pero que estuvo muy claro desde las primeras horas de ese día. El famoso plan de tres fases de estabilización, recuperación/reconciliación y transición, apunta precisamente en esa dirección. Tomemos en cuenta que en las tres fases no está la palabra democratización, así que es probable que la transición no incluya una expresión democrática plena en el corto plazo, sino que sería una etapa en donde se construyen las bases para que una democracia sea viable posteriormente. Si bien el mismo Secretario de Estado ha afirmado en varias oportunidades que el objetivo final es lograr una elección democrática, no podemos descartar del todo la tesis de la transición como un gobierno pactado y no como un gobierno electo democráticamente.

    

3. Una razón de orden teórico: la confusión entre Estado y gobierno. Es probable que la confusión entre transición y democracia sea impulsada por todo tipo de intereses partidistas de corto plazo ante la necesidad de la oposición de medir sus liderazgos luego de décadas de libertades políticas confiscadas, pero también es el resultado de la poca comprensión de la idea de Estado en Venezuela. La mayoría de las personas en Venezuela piensan el poder exclusivamente desde la perspectiva del gobierno: quién manda, quién gana una elección, quién ocupa los ministerios, etc. Sin embargo, el Estado es una realidad más permanente y tiene que ver con el conjunto de instituciones que le dan continuidad al poder político y que trasciende los gobiernos de turno. Y como el chavismo en estos 27 años lo que hizo fue politizar al Estado venezolano a través del gobierno, la fórmula de la transición pactada lo que busca es garantizar la continuidad del Estado para evitar un colapso que lleve a la desintegración social. Por eso, la “transición” no puede reducirse a una simple sustitución de gobernantes y cargos que no sabemos si va a ser aceptada por quienes tienen el poder ahora mismo y que tampoco sabemos si va a durar siquiera en el mediano plazo cuando termine el período de Donald Trump y, por ende, el “tutelaje estadounidense”. De allí que, tanto los Estados Unidos como los inversionistas, necesiten acuerdos de Estado de largo plazo. 

Así que quienes esperan una democracia inmediata, muy probablemente quedarán decepcionados. Quienes entiendan la naturaleza de una transición política estarán mejor preparados para lo que viene en los próximos meses. 

[1] Con este ejemplo, lo que estamos tomando en cuenta es la figura “formal” de la presidencia provisional de consenso, porque la fórmula se aplica en medio de una crisis política de un gobierno democrático, y no entra totalmente en el contexto que estamos describiendo.

Si el Congreso no actúa, habría consecuencias para el país

En el Congreso de la República se está discutiendo la Ley Contra el Lavado de Dinero, que tiene como objetivo impedir que el dinero de origen ilícito entre a circular en la economía formal.

Los narcotraficantes, mareros, terroristas y corruptos tienen el problema de cómo gastar el dinero que obtienen de sus actividades criminales e ilícitas. Sus ingresos los obtienen en efectivo y muchos tratan de poner negocios de mentira para ingresar ese dinero al sistema financiero y, desde allí, poder gastarlo sin problemas.

Por impulso de organismos internacionales, la mayoría de los países cuentan con leyes contra el lavado de dinero. No es una cuestión opcional, sino un acuerdo impulsado por los países desarrollados.

Debido a que los grupos criminales son muy dinámicos en encontrar formas de lavar el dinero ilícito, las leyes contra el lavado de dinero tienen que actualizarse cada cierto tiempo. En Guatemala, la última modificación a la ley se hizo en 2010 y los organismos internacionales están pidiendo que se actualice. 

En los próximos meses, Guatemala recibirá una comisión internacional para evaluar el tema. Si el Congreso no aprueba la nueva ley, seremos incluidos en una lista de países que no colaboran con el tema.

Si llegamos a ser incluidos en esa lista, las consecuencias económicas pueden ser muy graves. Los países desarrollados pondrían veto a sus empresas y a sus sistemas financieros para interactuar con el sistema financiero guatemalteco. 

Automáticamente seríamos sospechosos de facilitar el lavado de dinero y eso nos puede aislar del resto del mundo. El Congreso debe aprobar la Ley Contra el Lavado de Dinero, sin excusa y sin demora. Dejen de ser tan irresponsables.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Seguir haciendo lo mismo nos dará malos resultados

Con el cambio de Fiscal General, ya casi se cierra el superciclo de cambios de autoridades en distintas instituciones del país. Queda pendiente el cambio de Contralor General de Cuentas, del Presidente del Banco Central y del Superintendente de Bancos. 

Lo que podemos concluir hasta el momento es que Guatemala necesita un cambio en la forma en que se eligen magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral  y el Fiscal General, entre otros.

El modelo de comisiones de postulación está agotado, por lo que debemos buscar modelos alternativos. De igual forma, es una locura cambiar a todos los magistrados de la CC, la CSJ y el TSE al mismo tiempo. Eso le otorga un enorme poder de influencia a ciertos grupos de interés.

La discusión de un nuevo modelo debe ser exclusiva de este tema. Tratar de incluir otros cambios institucionales solo hará imposible que se logren acuerdos, por lo que el modelo obsoleto seguirá vigente por muchas décadas más.

Las distintas organizaciones de la sociedad civil deben mostrar una enorme madurez para centrar los esfuerzos en cambiar solo la justicia y nada más. 

La discusión sobre este tema fundamental para el país debe ser planteada y liderada por el Congreso o por el Organismo Ejecutivo, para que tenga viabilidad política. De lo contrario, quedará como un ejercicio interesante, pero sin posibilidades reales de implementarse. 

Por otra parte, debemos tomar ideas de otros modelos, adaptarlos a nuestra realidad y pensar si funcionará aún con el paso del tiempo. Si se abre la posibilidad de cambio, debemos aprovecharla para alcanzar una justicia independiente, pronta y cumplida. No habría más oportunidades.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

La creación de riqueza ocurre en la certeza legal

En Guatemala nos hemos acostumbrado a vivir en constante incertidumbre sobre el futuro del país. Los golpes de Estado, la guerra civil y, en las últimas décadas, las guerras judiciales sembraron zozobra entre los guatemaltecos.

Durante las elecciones de 2023, la eliminación de candidatos presidenciales y luego las acciones del Ministerio Público provocaron la crisis política más grave desde el Serranazo. Se quiso poner en duda la legitimidad de las elecciones y peligró la transferencia pacífica del poder.

Los ocho años de Consuelo Porras pasarán a la historia como los más nefastos de esa institución. Muchos políticos acusados de corrupción salieron libres y hasta recuperaron los bienes que les habían sido confiscados. Mientras que la persecución judicial a periodistas fue la norma.

La Fiscal sembró el terror en la sociedad civil y brindó impunidad a los grandes actores de la corrupción.

Sin embargo, durante la CICIG también se utilizó el Ministerio Público con fines políticos. No es casualidad que Thelma Aldana pretendiera lanzar su candidatura presidencial y que Iván Velásquez terminara siendo ministro de Gustavo Petro. Un fiscal debiera evitar a toda costa involucrarse en política, porque tendrá la tentación de politizar la justicia.

Es momento de terminar los terremotos políticos. Logramos superar los golpes de Estados, alcanzamos la firma de la paz y ahora nos toca despolitizar la justicia. Nunca más se debieran utilizar las Cortes de Justicia ni el Ministerio Público para tomar el poder político. 

Las batallas políticas deben darse en los partidos políticos, en las elecciones y en los votos en el Congreso. Ojalá todos hayamos aprendido la lección. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

La tarea para Gabriel García Luna y su equipo es titánica y las expectativas ciudadanas no podrían ser más altas.

La reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad de mantener firme el proceso de renovación del fiscal general, al rechazar los amparos e inconstitucionalidades que buscaban frenarlo, marca un punto de inflexión. Consuelo Porras y su equipo dejan tras de sí una estela de destrucción institucional profunda. Ahora, la tarea para Gabriel García Luna y su equipo es titánica y las expectativas ciudadanas no podrían ser más altas.

Los números ayudan a dimensionar la magnitud del daño que dejan Consuelo Porras y su equipo en la institución. Según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), con base en datos oficiales del propio Ministerio Público, la efectividad institucional cayó de 14.03% entre 2018 y 2019 a apenas 6.44% en 2024 y 2025, una reducción del 54%. En delitos de alto impacto —homicidios, femicidios, extorsiones y corrupción— la impunidad alcanza el 93.69%, lo que significa que apenas seis de cada cien casos reciben una respuesta efectiva. En promedio, cada fiscal o auxiliar resuelve menos de un caso efectivo por mes.

Lo más preocupante es que este colapso ocurrió mientras el presupuesto del Ministerio Público crecía de manera acelerada. En 2018, la institución contaba con Q1,842 millones; para 2025, el presupuesto ascendió a Q4,828 millones, un incremento del 162%. Más recursos no se tradujeron en mejores resultados. Al contrario: la brecha entre gasto y desempeño evidencia una crisis de gestión, de prioridades y, posiblemente, de integridad institucional

A ello se suma una denuncia especialmente grave: la manipulación estadística. Según el mismo reporte, el Ministerio Público habría contabilizado archivos y desestimaciones como “casos resueltos” para inflar artificialmente sus indicadores de eficiencia, llegando incluso a reportar cifras superiores al 100% en varios departamentos. 

A este fracaso administrativo se suman los 118 casos de persecución política contra exoperadores de justicia, periodistas, activistas y voces críticas que dejaron una huella política y humana imposible de ignorar. Estos procesos han sido opacos, abusando de la figura de "reserva" para criminalizar voces críticas. Esta estructura convirtió al Ministerio Público en un instrumento de intimidación y control.

El momento más crítico de la gestión de Consuelo Porras llegó con el intento de intervenir en el proceso electoral de 2023, cuestionando la voluntad popular expresada en el voto y alimentando narrativas de fraude sin sustento. En cualquier democracia funcional, una fiscalía debe proteger el orden constitucional, no convertirse en un actor que comprometa su estabilidad.

Por eso, el desafío de la nueva administración no es detener un supuesto "péndulo ideológico", sino detener el proceso sistemático de destrucción institucional de los últimos ocho años. 

La reconstrucción institucional exigirá auditorías internas, revisión de prácticas procesales, fortalecimiento de capacidades técnicas, depuración de estructuras y, sobre todo, señales claras de independencia. También demandará algo políticamente incómodo, pero indispensable: esclarecer los abusos cometidos desde la propia institución y garantizar justicia para quienes fueron víctimas de persecución arbitraria durante la gestión de Consuelo Porras.

The Beacon Award honors leaders who uphold democratic values in the face of authoritarian pressure

Washington, D.C. — Freedom House will award the 2026 Beacon Award to Dr. Dionisio Gutiérrez, President of Fundación Libertad y Desarrollo, in recognition of his decades of leadership in defending freedom, democracy, and the rule of law amid a global environment marked by insecurity and institutional erosion.

The Beacon Award honors leaders who uphold democratic values in the face of authoritarian pressure. This year, Freedom House recognizes Dr. Gutiérrez, highlighting his 45-year commitment to defending individual liberty, republican democracy, and Western values.

Dr. Gutiérrez is a prominent civic leader and communicator with extensive experience in the private sector and the media. He serves as a board member and trustee of business, academic, and think tank organizations. He was the first Latin American to serve on the Freedom House Board. He also hosts the weekly program Razón de Estado, broadcast across the Americas on NTN24, and has received multiple international recognitions from leading institutions in the United States and from the Spanish Crown.

In 2025, the Beacon Award was presented to the government and civil society of Taiwan for their efforts to safeguard democracy and promote freedom.

The ceremony will take place on May 20, 2026, at the prestigious Andrew W. Mellon Auditorium in Washington, D.C., as part of Freedom House’s annual awards gala. This year’s event also marks the organization’s 85th anniversary.

A distinguished international delegation is expected to attend, including leaders from the U.S. government, civil society and philanthropy, members of the diplomatic corps, and the media.

El mundo parece dirigirse a una fuerte crisis económica

La guerra en Irán entró en una fase de estancamiento, lo que pone en grave peligro la economía mundial. El punto crítico es el cierre del estrecho de Ormuz, que tiene paralizado el 20 % del comercio mundial de petróleo.

La guerra lleva diez semanas y, hasta el momento, muchos países han resistido haciendo uso de sus reservas de petróleo. Pero conforme pasa el tiempo, esas reservas van disminuyendo y aumenta el riesgo de que los países comiencen a racionar la venta de combustible. Algunos países de Asia ya están en esa situación.

Además, los ataques dañaron plantas de gas en varios países aledaños, lo que podría implicar que también suba el precio de este producto. Así que el escenario más probable en los próximos meses es mayores incrementos en los precios de la gasolina y el gas propano.

Algunas instituciones señalan que, si la situación en Irán no se resuelve pronto, el mundo podría enfrentar la peor crisis energética en décadas. Estaríamos ante precios de la gasolina nunca vistos, lo que generaría un duro golpe en las finanzas familiares.

A nivel personal, lo mejor es ser muy prudente en los gastos ante la posibilidad de un escenario complicado en los próximos meses. 

A nivel de política pública, es muy poco lo que se puede hacer. Extender el subsidio a los combustibles por varios meses más pondría una fuerte presión sobre las finanzas públicas. Habría que buscar alternativas más eficientes, transparentes y que beneficien directamente a los más necesitados.

Ojalá que la guerra en Irán termine pronto. No solo por las vidas en juego, sino también por el sufrimiento económico que se puede evitar. En todo caso, habría que prepararse para el peor escenario, esperando lo mejor. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Las democracias liberales pueden parecer ineficientes en el corto plazo, pero son las que mejor protegen los derechos y el bienestar

En los últimos 40 años, el mundo ha visto el surgimiento de China como una superpotencia económica, política y militar, que ya superó a Europa y está desafiando la hegemonía de Estados Unidos en el tema comercial y tecnológico.

El mundo está fascinado con la eficiencia que parece mostrar China, con la construcción de infraestructura imponente que rivaliza e incluso supera la de los países occidentales. Los autos eléctricos chinos se están popularizando, lo que los podría convertir en los mayores productores de vehículos en las próximas décadas. 

En América Latina, el modelo de El Salvador levanta admiración y muchos proyectos políticos en la región quieren imitar al presidente de ese país. No se puede negar que logró resolver el principal problema que agobiaba a la sociedad salvadoreña, lo que le brinda altos niveles de popularidad.

Por el contrario, cuando se voltea la mirada a los países occidentales, parecen paralizados en fuertes e interminables disputas internas, retrasando la implementación de proyectos vitales para impulsar su crecimiento económico, solucionar problemas de salud o de educación, así como temas de seguridad.

Ante esta dicotomía, muchas personas prefieren la eficiencia de las dictaduras a la parálisis de las democracias. Lo que estas personas no ven son los costos que tiene la “eficiencia” de las dictaduras.

En primer lugar, los proyectos se realizan rápido porque no hay nadie que los cuestione y los fiscalice. El dictador es capaz de asesinar, encarcelar o provocar el exilio de cualquiera que lo contradiga. De hecho, en esas dictaduras se da un enorme derroche de dinero, corrupción generalizada y proyectos fracasados, pero nunca salen a la luz porque ya no hay oposición. No existe libertad de opinión.

En segundo lugar, la vida y la propiedad son muy frágiles en las dictaduras. Solo basta caerle mal al dictador o a alguien de su círculo cercano para que las personas pierdan su vida, propiedad o libertad. Los ciudadanos se convierten en esclavos del dictador. 

Por último, los dictadores eventualmente decaen y, con ello, sus niveles de popularidad. Cuando llega ese momento, son más violentos, con tal de no dejar el poder. Es cuando las sociedades despiertan después de un largo sueño.

Las democracias liberales pueden parecer ineficientes en el corto plazo, pero son las que mejor protegen los derechos y el bienestar de los ciudadanos en el largo plazo. Estados Unidos lleva 250 años dando prosperidad a sus ciudadanos, dentro de una democracia liberal, siendo un mejor referente de desarrollo. Ojalá prefiramos siempre nuestra libertad.

*Columna publicada originalmente en Soy502

La decisión ahora está en el presidente

Finalmente, el presidente tiene la lista de candidatos para Fiscal General, luego de una sentencia cuestionable de parte de la Corte de Constitucionalidad. Varias organizaciones expresaron su rechazo a esa decisión. 

Ahora se esperaría que ya no exista ningún recurso legal que detenga el proceso de renovación del Ministerio Público. Sería el colmo que alguna Corte, nuevamente, pretenda retrasar el plazo establecido en la Constitución. 

El presidente tiene en sus manos elegir a una persona que traiga nuevos aires al Ministerio Público. El nuevo Fiscal General debe dejar de prestarse a juegos políticos, como lo hicieron los últimos fiscales. La persecución penal no debe estar al servicio de grupos de poder, ni ser el instrumento de persecución contra periodistas, jueces o grupos de sociedad civil.

El desafío que tiene el nuevo Fiscal es muy grande. Tendrá que recuperar la confianza de la ciudadanía en una institución que perdió totalmente la credibilidad y que sus principales figuras son de las más despreciadas en la sociedad guatemalteca.

El Ministerio Público saliente es visto como complaciente con la corrupción y sumamente agresivo con las personas que se atreven a criticarlo. Son muchas las personas victimizadas en los últimos años.

El nuevo Fiscal debe centrar sus esfuerzos en perseguir el crimen y el delito, para que los guatemaltecos podamos vivir en paz. El Ministerio Público no debe ser un arma de ataque a candidatos políticos ni pretender alterar o desconocer los resultados electorales. 

El presidente debe elegir al nuevo Fiscal de forma muy cuidadosa, para romper un largo ciclo oscuro y nefasto que destruyó una de las instituciones clave de la justicia de Guatemala. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario