Hasta el momento ha tenido un desempeño regular.

Esta semana se cumplió el primer año de la presidencia de Bernardo Arévalo y es importante evaluar los primeros resultados de su gestión.

Dentro de los aspectos positivos, se puede mencionar que la economía cerró 2024 con un crecimiento de 3.7%, la inflación en 1.7%, se espera que la inversión extranjera directa haya sobrepasado $1,600 millones y el sistema bancario muestra solidez y crecimiento.

Esto significa que se mantuvo la estabilidad macroeconómica, que es uno de los pilares más importantes para la economía del país. Por supuesto, esos niveles de crecimiento son insuficientes para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos; pero al menos no se tuvo una caída de la economía como algunos esperaban.

Sin embargo, hubo aspectos que se pudieron mejorar. El Ministerio de Comunicaciones estuvo en el ojo del huracán por la poca ejecución y la alta rotación de ministros.

No es fácil enfrentarse a las estructuras de corrupción que dominaron ese ministerio en las últimas dos décadas, pero el presidente necesita encontrar la fórmula para poner en marcha la reconstrucción de las carreteras y puentes. Es un tema urgente que afecta la calidad de vida de los guatemaltecos.

En seguridad se logró continuar con la reducción de homicidios, aunque las extorsiones se incrementaron. Este también es un tema muy sensible para los guatemaltecos y el gobierno necesita mostrar resultados más contundentes en 2025.

Se puede decir que este gobierno no es el peor que hemos tenido, como algunos aseguran: pero tampoco es el mejor, como otros afirman. Debemos ver los aspectos positivos y negativos con cabeza fría, sin caer en los extremismos inútiles.

Para 2025, con un presupuesto bastante alto, los guatemaltecos esperan mejores resultados. Ojalá lo logren.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 16 de enero.

La civilización occidental tiene raíces cristianas.

La religión está bajo ataque en muchos países. Movimientos extremistas propagan la idea que la religión hace daño a la sociedad y que debe ser eliminada.

El ataque a la religión no solo es verbal, sino que en algunos casos ha llegado también a acciones criminales. En algunos países incluso han quemado o vandalizado iglesias católicas o evangélicas.

Actualmente la mayoría de los países desarrollados son muy poco religiosos. Las iglesias se están vaciando y varias han sido cerradas. Debido a esta situación es que algunos señalan que la poca religiosidad es la que permitió el desarrollo de los países ricos y que, por el contrario, la alta religiosidad de los países pobres es lo que les mantiene en la pobreza.

Quienes piensan esto olvidan que los países ricos fueron muy religiosos durante su proceso de desarrollo. Tanto en Europa como en Estados Unidos el cristianismo jugó un papel muy importante en su proceso de industrialización. Fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que las personas comenzaron a olvidarse de la religión. Pero para entonces ya eran países ricos.

Los países pobres no deben renunciar a la religión para desarrollarse. Por el contrario, se deben profundizar valores religiosos como la honradez, la honestidad, el trabajo duro, la responsabilidad, la puntualidad etc.  Fueron estos valores los que permitieron el desarrollo de los países occidentales.

Por supuesto, hay políticos que quieren utilizar la religión para manipular a las personas y ganar votos. No debemos prestar atención a esta clase de políticos hipócritas que hacen muy mal uso de la religión.

No se trata de imponer la visión cristiana a toda la sociedad, porque cada persona debe tener libertad de conciencia. Simplemente se trata de defender el derecho de las personas a vivir su cristianismo.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 26 de diciembre.

El Ministerio Público debe recuperar su credibilidad

La misión del Ministerio Público debería ser la investigación y persecución penal de todos los delitos que se comenten en el territorio guatemalteco, sin ningún tipo de agenda política.

Lamentablemente, en la última década, el Ministerio Público ha sido desvirtuado y se le ha instrumentalizado para perseguir a enemigos políticos. A partir de 2015, la CICIG planteó casos importantes que expusieron el profundo entramado de corrupción que tienen atrapadas nuestras instituciones.

Sin embargo, con el tiempo, la CICIG también planteó casos que llevaban una intención política y que, al final, terminaron desvirtuando lo bueno que habían hecho inicialmente. Durante esa época, se cometieron graves injusticias.

Lo triste es que el Ministerio Público actual no tiene ningún caso de alto impacto como los que logró CICIG en 2015. Existe la percepción que el MP actual se ha dedicado a una agenda exclusivamente política.

Fue el actual MP que procuró poner en duda nuestro sistema electoral, que tanto nos ha costado preservar durante casi 40 años. También intentó, sin éxito, impedir la transición pacifica del poder. Y, recientemente, se han dedicado a atacar insistentemente al partido oficial y a periodistas.

Cabe preguntarse: ¿Acaso no hubo corrupción en el gobierno pasado? ¿Por qué no se investigó a profundidad lo que pasó en ese período? ¿Por qué la obsesión con el partido oficial y con ciertos periodistas? Al MP actual cabe perfectamente la frase: “Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley”.

Esta guerra jurídica que se inició hace varios años debe terminar. No podremos avanzar mientras se instrumentalice la justicia para atacar a los enemigos políticos. Debemos aspirar a construir una justicia independiente. El MP debería recapacitar, reconducir su rumbo y recuperar su credibilidad.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 12 de diciembre.

¿Tendrán un “as” bajo la manga que cambiará el curso de la historia?

La política venezolana pareciera estar cargada de incógnitas de cara al 10 de enero de 2025. A pesar de las adversidades, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado insisten en una narrativa optimista: “Quien está contra la pared es Maduro”, declara Machado, mientras González promete regresar “por cualquier vía”para asumir la presidencia. Estas afirmaciones nos llevan a preguntarnos si ambos líderes saben algo que el resto de los venezolanos y la comunidad internacional desconocemos. ¿Tendrán un “as” bajo la manga que cambiará el curso de la historia?

Para desentrañar la incógnita sobre si existe una estrategia de cara al 10 de enero, es preciso observar más de cerca los mensajes contradictorios que el propio liderazgo opositor emite en sus apariciones: en las mismas alocuciones donde María Corina Machado habla de la debilidad del régimen de Maduro, también les pide públicamente a los gobiernos de Javier Milei en Argentina y al gobierno de los Estados Unidos “actuar hoy, no en enero”. Ésta no parece ser una postura muy consistente ni un comentario prudente si realmente se estuviera trabajando en una estrategia para la toma del poder. De hecho, no hay que leer entre líneas, la propia Machado ha admitido claramente que la posibilidad de una transición depende del propio Nicolás Maduro, viéndose forzado por la presión que se ejerza sobre él, sí, pero en última instancia, la decisión de dejar el poder está en el propio régimen venezolano.

Lamentablemente, el contexto político venezolano no da señales alentadoras para un cambio de mando real en esa fecha. En oportunidades anteriores, hemos adelantado varios escenarios y la conclusión es que Maduro mantiene el control del aparato estatal y, con él, la capacidad de imponer su voluntad en el territorio venezolano. Por otro lado, la oposición, aunque respaldada internacionalmente, carece del control del territorio y de los recursos que puedan garantizar una toma efectiva del poder.

La insistencia en un cambio inminente el próximo 10 de enero se interpreta más bien como mera estrategia política para mantener la moral de la gente a quienes les fue arrebatada la soberanía popular el 28J. Pero esto no significa que no hay nada qué hacer ni que nada pueda pasar.

Los constantes llamados de González y Machado a la comunidad internacional para intensificar la presión sugieren que buscan crear una ventana de oportunidad en medio de la incertidumbre que rodea la transición política en Estados Unidos y las fracturas internas del chavismo.

Sin embargo, apostar todo al 10 de enero como una fecha de quiebre puede ser peligroso. Si González no logra ingresar a Venezuela o es detenido, la oposición podría sufrir un golpe moral y de credibilidad devastador. Por otra parte, el régimen chavista podría utilizar su intento como una oportunidad para reforzar su narrativa de "victoria sobre el imperialismo" y aumentar la represión contra los opositores con supuestas conspiraciones y atentados.

En este momento, la pregunta no es si Edmundo González Urrutia y María Corina Machado saben algo que el resto de los venezolanos no sabemos, sino si están preparados para capitalizar cualquier oportunidad inesperada que surja en los próximos días en esta nueva ventana que se abre para la toma del poder.

Si no, será otra fecha simbólica más en esta larga lucha de los últimos 26 años por recuperar nuestra democracia.

El costo de la vida creció, pero hubo estabilidad

Llegamos al final del año y es un buen momento para examinar cómo se desempeñó la economía de Guatemala. ¿Fue un buen o un mal año para la economía del país?

Primero, veamos el incremento de precios, que es lo que más afecta a las familias guatemaltecas. En 2022 y 2023 los precios crecieron 6.7% en promedio, aunque algunos precios crecieron mucho más y algunos un poco menos. Fueron dos años muy duros para el bolsillo de los guatemaltecos.

Durante el presente año el incremento de precios ha seguido, pero a un ritmo menor, de 3.1% en promedio. En octubre, la inflación interanual se ubicó en tan solo 1.16%, la cifra más baja desde 2020.

Los precios no volverán a ser los mismos que hace 4 años, pero es una buena noticia que la inflación está en los niveles más bajos desde hace muchos años. Esperemos que así siga.

Por otra parte, se espera que la economía cierre el 2024 con un crecimiento de 3.5%, el promedio de los últimos 10 años. Es decir, la economía de Guatemala no tuvo un desempeño sobresaliente, pero tampoco estuvo mal, a pesar de los múltiples problemas que hubo en la infraestructura del país.  

No cabe duda de que los guatemaltecos somos bastante resilientes, pero también es cierto que las remesas siguen siendo un motor de crecimiento importante del país. La estabilidad de nuestra economía en la última década y media se debe al incremento incesante de las remesas y no al buen desempeño de los gobiernos.

Por último, es interesante que el crédito otorgado por los bancos sigue con un crecimiento robusto y la Inversión Extranjera Directa llegará a $1,800 millones según estimaciones del Banco Central.

En conclusión, no fue un mal año para la economía de Guatemala, pero seguimos con los problemas de siempre. Veremos que nos espera en 2025.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 5 de diciembre.

La situación de Georgia es un reflejo de los desafíos que enfrentan los países del Cáucaso y Europa del Este en sus relaciones con Occidente y Rusia.

El 28 de noviembre, estallaron protestas en Georgia tras el anuncio del Gobierno de suspender las negociaciones para ingresar a la Unión Europea (UE) hasta 2028. Esta decisión se sumó a la creciente frustración por los resultados de las elecciones parlamentarias de octubre, que muchos consideran fraudulentas. En un contexto de tensión entre Europa y Rusia, la situación política en Georgia se vuelve aún más crítica.

Contexto de las protestas en Georgia

Georgia ha manifestado su deseo de unirse a la UE desde 2017, cuando este objetivo se incluyó en su Constitución. En 2023, el país obtuvo el estatus de candidato para integrarse oficialmente. Sin embargo, el 79 % de la población que apoya esta adhesión se enfrenta a un Gobierno que prioriza sus vínculos con Rusia y que ha implementado "políticas autoritarias y antioccidentales".

Unas elecciones decisivas

Las elecciones parlamentarias de octubre fueron un punto de inflexión. Expertos, ciudadanos y la oposición consideran que los comicios fueron fraudulentos, y esto ha sido un motor fundamental de las protestas. Para los manifestantes, el futuro de Georgia está en juego: ¿se alejarán de Rusia y se acercarán a Europa, o estarán nuevamente bajo la influencia de Moscú?

Para el Kremlin, la victoria del partido gobernante es positiva, ya que mantiene la cercanía y el apoyo de un aliado estratégico en la región del Cáucaso. Sin embargo, en Georgia, el descontento es evidente. Si las protestas logran mantenerse y presionar al gobierno, existe la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones, lo que podría abrir la puerta a un parlamento más prooccidental.

Es importante señalar que, de celebrarse las elecciones presidenciales el 14 de diciembre, se realizarán en un formato completamente nuevo, ya que se utilizará el voto indirecto a través de un Colegio Electoral de 300 miembros. No obstante, Mikheil Kavelashvili, el candidato del partido Sueño Georgiano, que controla el gobierno, es probablemente quien ganará.

Similitudes con la Revolución de las Rosas de 2003

Este no es el primer enfrentamiento entre la sociedad civil y un gobierno pro-ruso en Georgia. En 2003, una situación similar dio lugar a la Revolución de las Rosas, que derrocó a un régimen acusado de fraude electoral. Sin embargo, a diferencia de aquellas protestas, las manifestaciones actuales han sido mucho menos pacíficas.

Si los manifestantes logran mantener la presión, podría repetirse el resultado de la Revolución de las Rosas: que el Gobierno no logre controlar la situación y que se convoquen nuevas elecciones que reorienten al país hacia una mayor integración con Occidente.

Reflexión final

La situación de Georgia es un reflejo de los desafíos que enfrentan los países del Cáucaso y Europa del Este en sus relaciones con Occidente y Rusia. Las próximas semanas serán clave. Si las protestas logran que se repitan las elecciones, Georgia podría dar un paso importante hacia su integración en la UE, pero la desilusión hacia los partidos tradicionales seguirá presente.

Con las elecciones presidenciales a la vista, los georgianos deben mantener la presión, pues la presidenta en funciones se ha distanciado del Gobierno desde su elección en 2018 y ha sido opositora del mismo. Si se celebran las elecciones presidenciales y gana el candidato oficialista, las esperanzas de Georgia de unirse a la UE y acercarse más a Occidente se verán aplazadas, si no destruidas. Lo que está claro es que el futuro de Georgia y su posición en el tablero geopolítico están en juego.

El peligro creciente de un nuevo conflicto mundial

En la actualidad, hay tres lugares en el planeta en donde se libran conflictos que podrían provocar una nueva guerra global. Es el momento de mayor peligro desde los años sesenta.

El primer lugar es Ucrania, en donde la guerra cumple casi tres años. Putin pensó que la invasión a ese país sería fácil y rápida, como había sido con Crimea ocho años antes. Pero la ayuda de Estados Unidos y los países europeos le complicaron la vida a Putin.

Trump ha indicado que logrará resolver ese conflicto, poniendo a ambas partes a negociar, pero eso implicaría que Ucrania esté dispuesta a perder una parte importante de su territorio. Además, el escenario se complicó en las últimas semanas, porque Estados Unidos y otros países autorizaron a Ucrania utilizar misiles de largo alcance del ejército de esos países.

Putin ha respondido utilizando los misiles hipersónicos, los más veloces y modernos del mundo, que solo tienen Rusia y China. El ejército de Estados Unidos no tiene estos misiles.

Las alarmas se han encendido en los países europeos ante el escenario que la guerra en Ucrania se extienda al resto del continente.

Mientras tanto, el conflicto en Israel tampoco parece tener salida. El mayor peligro en esa región es que Irán e Israel se declaren la guerra, lo que arrastraría a Estados Unidos a apoyar a Israel, mientras que China y Rusia apoyarían a Irán. Hasta el momento, se han lanzado ataques mutuamente, sin provocarse daños significativos.

Por último, China sigue hostigando a Taiwán y está esperando el momento adecuado para invadir la Isla, lo que provocaría la reacción de Estados Unidos y Europa.

El mundo vive momentos críticos. El ascenso de dictadores y el “deseo de guerra” que parecieran tener nos coloca al borde de un conflicto global.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 28 de noviembre. 

El 26 de noviembre se aprobó una reforma clave que impacta directamente en el sistema político del país.

La modificación al artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (LCDO) aclara que la disposición sobre suspensión de personas jurídicas en casos de delincuencia organizada no aplica a partidos políticos. Esto corrige el uso indebido de la norma que permitió la suspensión provisional del partido Semilla, la cual deberá quedar sin efecto.

Recordemos que el partido Semilla fue suspendido provisionalmente en julio de 2023, por orden del juez séptimo penal. Este fue el primer caso en el que se aplicó el artículo 82 de la LCDO para suspender una persona jurídica, pero además, lo hizo contra un partido político.

Desde entonces, Semilla ha permanecido suspendido. Aunque su presidente y diputados lograron asumir sus cargos, los diputados electos del partido no pueden integrar la Junta Directiva ni presidir comisiones en el Congreso porque, al estar suspendido, se les considera “independientes”.

Cuando esta reforma entre en vigor (es decir, tras ser enviada al presidente, sancionada y publicada en el Diario Oficial), Semilla podrá solicitar al juez séptimo que levante la medida. Este proceso no debería tomar mucho tiempo, aunque es posible que el tribunal busque alargarlo innecesariamente. 

Una vez que se levante la suspensión, el partido recuperará su personalidad jurídica, y sus diputados podrán volver a integrar la Junta Directiva del Congreso y presidir comisiones.

Pero el problema va más allá del caso de Semilla. La suspensión del partido nunca debió ocurrir. El artículo 223 de la Constitución garantiza la libre formación y funcionamiento de los partidos políticos, y establece que únicamente la Ley Electoral y de Partidos Políticos puede regular estos casos. La disposición del artículo 82 de la LCDO, que se aplicó arbitrariamente, contradecía este principio fundamental.

Los constituyentes de 1985 fueron claros: querían superar cualquier lógica que permitiera bloquear el funcionamiento de los partidos políticos. Durante los debates constitucionales, señalaron que garantizar un sistema democrático funcional era esencial para evitar los abusos del pasado.

Lamentablemente, en 2023 la Corte de Constitucionalidad falló en proteger este principio. Tanto en su respuesta a una opinión consultiva del Tribunal Supremo Electoral como al conocer una inconstitucionalidad contra el artículo 82 de la LCDO, adoptó una posición ambigua que terminó avalando su aplicación arbitraria.

Lo que ocurrió con esta modificación legal trasciende el caso Semilla. La reforma elimina una disposición que permitió abusos del derecho penal en contra de los partidos políticos, algo que contradecía tanto la Constitución como la intención de los constituyentes de 1985.

Se dio un paso clave para proteger nuestra democracia, pero queda claro que aún hay mucho por hacer para garantizar el respeto a las reglas del juego democrático.

Los dilemas humanitarios y políticos que plantea la migración seguirán evolucionando.

La crisis migratoria es uno de los desafíos más grandes del siglo XXI. Más de 110 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse a nivel mundial debido a causas tan diversas como guerras, persecuciones y crisis económicas. Esta cifra refleja la magnitud de la crisis, cuyas consecuencias se han manifestado en un auge de discursos nacionalistas y políticas de control migratorio.

La crisis humanitarias sigue siendo una de las razones por las cuales las personas emigran, ya sean causadas por guerras o por represión política. Un 65 % de los refugiados y personas en necesidad de protección internacional provienen de cuatro países: Siria, Venezuela, Ucrania y Afganistán, según datos de ACNUR. Aunque la mayoría de las personas desplazadas suelen ser acogidas en países vecinos, también hay quienes se movilizan hacia países más lejanos. 

La acogida de refugiados puede ser entendida como parte del compromiso global de luchar por los derechos humanos, un estándar que se defiende en muchas sociedades occidentales. Esta “responsabilidad moral” se ha visto reflejada en los esfuerzos de los países desarrollados o aquellos con mejores condiciones para acoger a quienes huyen de crisis. Sin embargo, el aumento en el número de refugiados e inmigrantes ha desatado una ola de discursos nacionalistas en países como Europa y Estados Unidos.

En teoría política, los dilemas derivados de la migración han sido objeto de estudio durante mucho tiempo y, probablemente, seguirán siéndolo a largo plazo, sin una solución fácil ni rápida. Estos dilemas incluyen temas como la integración cultural frente a la preservación de la identidad cultural, y los derechos de los migrantes frente a los derechos de los ciudadanos nacionales, que, a mi juicio, son algunos de los más relevantes en el contexto global actual.

El primer dilema central es el de la integración versus la preservación cultural. A medida que los migrantes llegan a nuevos países, surge la pregunta: ¿deben adaptarse a los valores, las costumbres y normas de la sociedad que los acoge? ¿O tienen el derecho de mantener sus propias culturas y tradiciones, incluso si esto entra en conflicto con las costumbres del país receptor? Aunque muchos sostienen que los migrantes deben poder preservar su cultura, ¿cómo garantizar que esta preservación no se convierta en un obstáculo para la integración social?

El segundo dilema se refiere a los derechos de los migrantes versus los derechos de los nacionales. Algunos países europeos, por ejemplo, ofrecen a los refugiados beneficios como alimentos, vivienda, y acceso a salud y educación. Sin embargo, muchos ciudadanos de los países receptores argumentan que estos recursos deberían estar destinados prioritariamente a los nacionales, especialmente en tiempos de austeridad o crisis económicas. La percepción de que los migrantes representan una carga económica crece cuando los servicios públicos, como la educación o la sanidad, se ven saturados.

En definitiva, la migración es un fenómeno complejo que exige un enfoque multidimensional. Los dilemas humanitarios y políticos que plantea seguirán evolucionando, pero es innegable que la migración, ya sea por causas económicas, sociales o políticas, seguirá siendo una constante.