Estamos en peligro de nuevas guerras comerciales.

Desde 1945, ya casi 80 años, el mundo inició el proceso de globalización más exitoso de la historia de la humanidad. Muchos países alrededor del mundo comenzaron a reducir los impuestos a las importaciones y el comercio pasó de representar el 10% de la producción mundial en 1945 a más de 60% en 2008.

Estados Unidos lideró la apertura al comercio internacional, con la convicción que el intercambio era el camino hacia la prosperidad y la democracia.

Durante décadas, América Latina implementó una política de rechazo al comercio, con la idea que podíamos crecer promoviendo las industrias locales. Fue una idea errónea que nos aisló del mundo y que prevaleció hasta los años ochenta, pero a partir de los noventa la región se comenzó a integrar al comercio mundial. Esto trajo productos de mejor calidad y a precios más bajos, lo cual benefició a todos los consumidores.

Lamentablemente, en los últimos años, se ha perdido el entusiasmo por el libre comercio. Estados Unidos, el país que lideró esta política durante más de 70 años, inició una guerra comercial con China y ha impuesto aranceles a la Unión Europea. Donald Trump, el presidente electo de ese país, ha amenazado a Europa con poner aranceles de 10% a todos los productos de ese continente y ha hecho igual amenaza a México.

En el caso de Inglaterra, que fue el país líder de la globalización entre 1870 y 1914, decidió salirse de la Unión Europea, la segunda zona de libre comercio más grande del mundo.

El libre comercio impulsa mayor crecimiento económico, más empleo, mejores productos, menores precios. La pobreza se reduce.

A pesar de las políticas en contra del libre comercio que podrían implementarse en los siguientes años, no debemos olvidar los beneficios de permitir que las personas intercambien con total libertad.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 14 de noviembre. 

La confirmación de la nominación del senador cubanoamericano Marco Rubio como Secretario del Departamento de Estado podría influir significativamente en la política de Estados Unidos hacia Venezuela

Venezuela pasó de ser una de las prioridades en la política exterior estadounidense durante el primer gobierno de Donald Trump, a tener menciones marginales en su campaña de reelección en 2024. La razón de este viraje puede deberse, en una parte, al tono que tuvo su reciente campaña de enfocarse en los problemas económicos e internos de los Estados Unidos, y por otra parte, al fracaso estrepitoso de su administración anterior en lograr una transición democrática en el país petrolero.

A continuación, hagamos un breve recuento de lo ocurrido en el primer gobierno de Trump con respecto a Venezuela. El 11 de agosto de 2017, Trump dijo que “Venezuela no está tan lejos. Hay muchas opciones para Venezuela, y si fuese necesario, entre ellas está la opción militar”. Posteriormente, a partir el relato del ex secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, donde narra que a comienzos de 2019[1] “Trump insistió en que se inclinaba hacia una intervención militar y después hacerse con el país porque «en realidad forma parte de Estados Unidos»”[2] (p. 269). Sin embargo, rápidamente, Bolton hizo desistir a Trump de la idea de la intervención para que se decantara por una estrategia de presión sostenida con sanciones económicas al sector petrolero y apoyo con fondos a la oposición venezolana para finalmente provocar un quiebre en el ejército venezolano. Previsiblemente, una estrategia dependiente de una variable tan etérea como la eventual traición de los militares venezolanos, desembocó en una lucha de desgaste e hizo que Trump “perdiera interés y la confianza en el equipo de Guaidó” y culpara a Bolton de no haber podido lograr que la oposición derrocara a Maduro. 

En días recientes, a través de un reportaje de WIRED, se hicieron públicos los intentos de la CIA de derrocar a Nicolás Maduro en el primer gobierno de Trump. El reportaje confirma que estos intentos comenzaron, efectivamente, hacia finales de 2018 y su primera acción fue un sabotaje digital al ejército venezolano. Sin embargo, refiere el reportaje que las operaciones de la CIA no llegaron a buen puerto gracias a: “las tensiones entre una administración con partidarios de la línea dura centrados con láser en deponer al autócrata venezolano y una CIA profundamente reacia, pero sin embargo obligada, a seguir las órdenes de la Casa Blanca”[3].

Pero la CIA no fue la única que opuso resistencias a la liberación de Venezuela, según el reportaje: “cuando los funcionarios de la administración pidieron que los recursos de hacking de la NSA se redirigieran a Venezuela, un ex funcionario de la era Trump dijo que los altos funcionarios del Pentágono «se opusieron con fuerza»”, que la estrategia de la agencia fue “puramente perezosa” y que la propia directora de la CIA Gina Haspel, se oponía claramente a las órdenes de la administración y que "nunca aceptó hacer nada agresivo en Venezuela”  debido a los traumas históricos de otras intervenciones estadounidenses en los países de la cuenca del Caribe en el siglo pasado. Así las cosas, los funcionarios de la CIA y los departamentos de Estado, Tesoro y Defensa, formaron una mesa de trabajo aparte y esta nueva instancia "reaccionó en una dirección opuesta a lo que consideraban agresividad de Bolton”.

Luego de eso, la disposición y el moméntum por la liberación de Venezuela se perdieron, llegó la administración de Joe Biden, que dio marcha atrás con la política de sanciones y entró en negociaciones con el régimen venezolano para la liberación de detenidos como el testaferro de Maduro, Alex Saab, preso en Miami por lavado de activos y los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, presos en New York por narcotráfico, a cambio de una jugosa licencia de operaciones para extraer petróleo de Venezuela que ha sido renovada hasta mediados de 2025[4]. 

¿Qué puede pasar en su segundo gobierno? Dos escenarios y sus probabilidades

La confirmación de la nominación del senador cubanoamericano Marco Rubio como Secretario del Departamento de Estado podría influir significativamente en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. A continuación, se analizan dos escenarios posibles y se evalúa la probabilidad de cada uno ante esta potencial designación:

1. Máxima presión 2.0:

En este escenario, la administración Trump retomaría una estrategia de presión intensificada contra el régimen de Nicolás Maduro, implementando sanciones económicas más severas y apoyando activamente a la oposición venezolana. Marco Rubio ha sido un crítico constante del gobierno de Maduro y ha promovido sanciones y medidas firmes contra su régimen. Su nombramiento como Secretario de Estado aumentaría la probabilidad de que este enfoque se materialice, ya que su historial indica una inclinación hacia políticas de línea dura en relación con Venezuela.

2. Acuerdo entre hombres fuertes:

Este enfoque implicaría una política más pragmática y transaccional, donde Estados Unidos buscaría acuerdos con el régimen de Maduro que beneficien sus intereses estratégicos, como la reducción de la migración o el acceso a recursos energéticos, sin insistir en una democratización inmediata. Aunque Rubio ha mostrado pragmatismo en ciertos temas, su postura histórica hacia Venezuela sugiere que es menos probable que adopte una estrategia que implique concesiones significativas al régimen de Maduro sin avances democráticos.

A continuación, esta matriz permite visualizar la probabilidad relativa de cada posible dirección política hacia Venezuela bajo el liderazgo de Rubio en la Secretaría de Estado:

[1] El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, entonces presidente del Poder Legislativo, bajo una interpretación “imaginativa” del articulo 233 de la Constitución venezolana, y ante la ilegitimidad de Nicolás Maduro para un siguiente mandato presidencial, fue proclamado presidente interino de Venezuela. La idea de este “interinato” era provocar una división en las Fuerzas Armadas y una transición a la democracia. Ninguna de las dos cosas ocurrió y el “interinato” finalizó en diciembre de 2022 con un desgaste y un desprestigio tremendo. Sobre esto ver: “La destitución de Juan Guaidó y el último clavo al ataúd de la oposición venezolana” https://www.fundacionlibertad.com/articulo/la-destitucion-de-juan-guaido-y-el-ultimo-clavo-al-ataud-de-la-oposicion-venezolana

[2] Bolton nunca profundizó mucho en lo que quiso decir Trump realmente con esta afirmación, pero puede interpretarse como un regreso a la llamada doctrina Monroe de “América para los americanos”, que EE. UU. aplicó durante todo el siglo XIX y que luego, a comienzos del siglo XX, expandió hasta Centroamérica y el Caribe con la doctrina del garrote, usándola como justificación para intervenir militarmente en esos países. Sabemos que la aproximación de Trump y los conservadores a las relaciones internacionales está muy impregnada del “Neorrealismo”, una escuela de pensamiento que entiende los límites territoriales de los EE. UU., mucho más en un mundo multipolar. Por esta razón, no busca expandirse militarmente más allá de sus áreas de influencia naturales: México, Centroamérica y el Caribe.

[3] No es de extrañar que los planes encubiertos de cambio de régimen asistidos por la CIA en Venezuela fracasaran, dada la historia de esa agencia desde su creación en la Guerra Fría. Un buen recuento de sus fracasos y golpes de suerte, se encuentran en el libro de 2007 del periodista Tim Weiner: Legacy of Ashes.

[4] En marzo 2022, comenzaron los primeros acercamientos entre el gobierno demócrata de Joe Biden con el régimen venezolano, con la llegada de una misión del Dpto. de Estado que arribó a Caracas y se reunió con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. A partir de allí comenzaron a aliviarse y levantarse ciertas sanciones económicas y se liberaron a detenidos como los sobrinos de la primera dama venezolana, presos en Nueva York por narcotráfico y tal vez el canje más importante: el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, que se encontraba preso en Miami por lavado de activos. A cambio, el régimen debía comprometerse de descriminalizar a la oposición y celebrar elecciones libres en 2024. Sin embargo, no cumplieron los acuerdos y cometieron un fraude electoral sin ninguna consecuencia. Sobre esto, ver: ¿Por qué fracasó el Acuerdo de Barbados y qué sigue en Venezuela? https://www.fundacionlibertad.com/articulo/por-que-fracaso-el-acuerdo-de-barbados-y-que-sigue-en-venezuela ¿Por qué Maduro no cayó el 28J ni ha caído en las semanas posteriores? https://www.fundacionlibertad.com/articulo/por-que-maduro-no-cayo-el-28j-ni-ha-caido-en-las-semanas-posteriores

Debemos aprender a convivir con diversidad de ideas

Vivimos en un mundo de discursos de odio y conflictividad. La extrema izquierda y la extrema derecha están propagando mensajes que dividen peligrosamente a los países en dos bandos que se consideran enemigos entre sí.

En los años noventa, luego de la caída del comunismo, el mundo quería reconciliarse. Se había vivido varias décadas de una guerra fría entre el capitalismo y el comunismo, que dejó muerte y destrucción.  La mayoría de las personas que vivieron esa época oscura querían pasar la página y enfocarse hacia el futuro.

Pero una minoría de extrema izquierda y extrema derecha, nunca dejaron atrás esa guerra fría. Para ellos, se tenía que continuar la lucha por desaparecer al otro. Ese discurso de odio se ha incrementado, creando graves conflictos en nuestras sociedades.

La extrema izquierda y la extrema derecha no están dispuestos a dialogar. Ninguno de los dos bandos es democrático. Quieren gobernar y desaparecer a los que consideran una amenaza. Cualquiera que los cuestione automáticamente se hace merecedor de la cárcel, el exilio o la muerte. Son movimientos violentos y sin escrúpulos.

Los ciudadanos no debemos dejarnos arrastrar por estos extremismos. La democracia implica vivir en diversidad de ideas y no se debe perseguir a las personas por sus convicciones.

Las derechas e izquierdas democráticas deben rechazar los extremismos, dando lugar a un diálogo y un debate respetuoso. Es totalmente normal estar en desacuerdo. Cada quién debe defender sus ideas, pero siempre respetando la dignidad de las otras personas.

El liberalismo que surgió hace cuatro siglos y que transformó el mundo para siempre, tenía dentro de sus principios, la libertad de expresión y la libertad de conciencia. No dejemos que los extremistas nos arrastren a la violencia.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el lunes 11 de noviembre. 

El actual modelo de construcción colapsó.

La infraestructura del país entró en una grave crisis. Derrumbes, puentes colapsados y carreteras en muy mal estado, lo que significa largas colas y mayores costos de transporte.

Es probable que esto implique un aumento de precios en el futuro. La situación es crítica, porque termina afectando a las familias más necesitadas. Sin embargo, estamos cosechando lo que se ha hecho mal en las últimas décadas.

A mediados de los años noventa la infraestructura del país también entró en crisis. La Dirección General de Caminos había colapsado por los altos niveles de corrupción y entonces se creó COVIAL, una nueva unidad dentro del Ministerio de Comunicaciones que contrataría a empresas para que se hicieran cargo de la infraestructura del país.

La idea era que las empresas privadas harían un mejor trabajo que Caminos. Sin embargo, con el tiempo, muchos diputados, alcaldes, gobernadores y personas con conexiones políticas comenzaron a crear empresas para conseguir los contratos de COVIAL. Para conseguirlos, pagaban altos porcentajes en “mordida”, lo que resultaba en infraestructura de muy mala calidad.

COVIAL terminó siendo atrapado por una red de corrupción inmensa que ha ganado dinero haciendo pésimos trabajos de conservación vial, que se cae en los inviernos y que hay que reconstruirla constantemente. Y el problema se extiende a todo el MICIVI.

Actualmente, se está discutiendo en el Congreso una Ley de Infraestructura, que pretende corregir los graves problemas en el actual modelo de construcción. Esa ley debe aprobarse, aunque deben analizarse muy bien los detalles de varios artículos para evitar los errores del pasado.

No podemos darnos el lujo de aprobar un nuevo marco legal que termine teniendo los mismos vicios de Caminos o COVIAL. El Congreso tiene la palabra.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 31 de octubre de 2024.

¿Tiene posibilidades reales de asumir la investidura?

Antes de analizar el 10E2025, revisemos algunos conceptos clave de teoría política:

En oportunidades anteriores, hablamos de la soberanía, que en términos realistas es el nomos de la tierra, es decir, la capacidad de establecer un orden político de mando-obediencia sobre un territorio, idealmente a través del derecho. Esta concepción de soberanía (Hobbes, Bodino) se aleja de la idea liberal de "soberanía popular" (Suárez, Rousseau), antecedente iluminista de la legitimidad democrática a través de elecciones que asumimos contemporáneamente como incuestionable y eterna.

En Venezuela, lamentablemente, la situación actual muestra la manifestación más trascendental y ahistórica de lo político: el poder reside en quien tiene el control efectivo del Estado-territorio. En este contexto, la “soberanía popular” del pueblo venezolano, al estar confiscada en la práctica, pasa a un segundo plano frente a quien ejerce el mando real del espacio político.

Con esto claro, ¿Qué significa el 10 de enero de 2025 para González Urrutia?

Analicemos dos escenarios:

Escenario 1: Toma de posesión simbólica desde el exilio

• Una investidura simbólica, similar a la de la Segunda República Española en los años 30, le brindaría una "legitimidad" en el ámbito internacional, pero sin control del territorio venezolano. Este escenario implicaría emprender cuanto antes un trabajo político de largo aliento en varios países con el objetivo de que nos brinden un apoyo efectivo (económico, presión con sanciones, inteligencia, etc.) para restituir nuestra soberanía popular, más allá de declaraciones diplomáticas de salón.

Escenario 2: Intento de ingresar a Venezuela para la toma de posesión

• Este escenario presenta retos que pondrían a prueba el compromiso de varios gobiernos con la defensa de la democracia venezolana:

1. Pérdida del estatus de asilado político de González Urrutia en España: Según la Convención de Ginebra de 1951, si el asilado regresa al país del que huyó, pierde automáticamente su estatus de asilo en el país que se lo otorgó. Y aunque Edmundo González asuma el costo de perder el asilo en España, colocando a ese gobierno en un impasse con el régimen chavista debido a las negociaciones que tuvieron lugar para permitir su exilio, nos enfrentamos a otro escenario a continuación.

2. Las autoridades venezolanas pueden bloquear su ingreso por rutas aéreas, como ha sucedido en otras oportunidades con ex presidentes de la región (Fox, Quiroga, Moscoso y Rodríguez este año), e incluso con presidentes en funciones (Giammattei en 2019), que han querido ingresar a territorio venezolano y les ha sido negada la entrada. Y en el caso de que se intente ingresar por vía terrestre, habría una posible profundización de la tensión diplomática con los gobiernos de Colombia y Brasil (de por sí ya distanciados de Maduro) por permitirle a Edmundo González el acceso a Venezuela a través de sus fronteras.

Además de lo antes descrito, juega en contra otro factor y es el desfase entre los tiempos de la crisis venezolana con los tiempos de la transmisión de poder en Estados Unidos. Básicamente, gane quien gane la elección presidencial en la potencia del norte, todo apunta a que no disminuirá la polarización en ese país y habrá una transición de mando compleja el 20 de enero de 2025. Hasta esa fecha, 10 días después de la toma de posesión en Venezuela, Estados Unidos no revisará su postura hacia el país y eso le compra tiempo a Nicolás Maduro para que pueda imponerse por todas las vías y tener controladas las variables que necesita para gobernar.

De manera que, a poco más de 2 meses, las probabilidades de que Edmundo González Urrutia logre tomar posesión como presidente de la República en territorio venezolano el 10 de enero de 2025 son escasas, por no decir nulas.

Si el Gobierno quiere mantener su popularidad, debe brindar resultados. No tiene opción.

La población busca soluciones a sus problemas.

El Gobierno cumplió nueve meses en el poder, lo que nos permite hacer una evaluación preliminar de su trabajo. En general, se puede decir que ha sido muy similar a otros gobiernos durante su primer año, en cuanto a una ejecución baja del presupuesto.

Durante los primeros meses, los nuevos funcionarios públicos se están adaptando y aprendiendo el trabajo que les toca hacer. Las instituciones de gobierno son complejas de manejar y hay muchos interesados en tratar de influir en las decisiones; desde los sindicatos, hasta contratistas del Estado que desean ganar contratos. Todos los gobiernos pasan por ese proceso de aprendizaje durante los primeros meses.

Sin embargo, a partir de cierto punto, los nuevos funcionarios tienen que pasar del aprendizaje a la acción. La población necesita obtener respuestas en seguridad, carreteras, educación, salud y otros servicios básicos.

La “luna de miel” termina y las personas comienzan a dejar de ser comprensivas y exigen soluciones.  Es probable que el Gobierno haya llegado a ese punto y de ahora en adelante, la población les exigirá mayores resultados, sobre todo después de la ampliación presupuestaria.

Uno de los puntos más críticos y visibles ha sido la infraestructura. Por años el Ministerio de Comunicaciones ha sido centro de corrupción y se han hecho muy malas obras. Eso explica la crisis que estamos pasando. Pero las autoridades actuales tienen que encontrar una solución y levantar de nuevo las carreteres y puentes afectados en los últimos meses.

Sin carreteras en buen estado, a las personas se les dificulta trabajar, transportar sus productos, hacer compras, entre otras actividades. Esto provoca gran malestar y termina desgastando al Gobierno.

Si el Gobierno quiere mantener su popularidad, debe brindar resultados. No tiene opción.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 24 de octubre de 2024.

Recientemente se han instalado las nuevas Salas de la Corte de Apelaciones y la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), las cuales estarán en funciones para el periodo 2024-2029.

Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso interno en la CSJ, la presidencia ha sido asumida de forma interina por el vocal I, el magistrado Carlos Lucero, quien dirigió un discurso a los presentes.

Me llamó la atención una parte de su intervención: “Hemos escuchado el clamor de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca en relación a que ya estamos hartos de la confrontación y de la persecución política, pues se cree o se sospecha que la justicia se ha politizado y que la política se ha judicializado. Yo creo que es tiempo de acabar con esos estereotipos que solo nos han llevado a la confrontación y desestabilización…”.

No cabe duda de que la justicia guatemalteca ha sido politizada e instrumentalizada como un mecanismo de control social para silenciar opositores, periodistas críticos y operadores de justicia que han llevado casos contra poderosas figuras de la política nacional. 

Lo irónico es que, el mismo día de la juramentación de las altas cortes, el Ministerio Público logró que un juez emitiera una orden de captura contra Ramiro Muñoz, quien fuera registrador de ciudadanos y que se disponía a asumir como magistrado de la Corte de Apelaciones.

No tiene sentido debatir los méritos de la acusación, pues resulta evidente que la forma y el momento de su detención tenían un tinte de castigo por no haberse plegado en 2023 para operar la cancelación del partido del actual gobierno, durante la intentona de algunos operadores de justicia de desconocer las elecciones de 2023.

Ojalá las palabras del presidente en funciones de la Corte sean escuchadas. De manera similar, el diputado Luis Aguirre y otros políticos se han pronunciado sobre la necesidad de poner un freno a dicha politización. Este sería el primer paso para comenzar la restauración de la confianza en una justicia que tiene muchas deudas pendientes con la población.

Los nuevos magistrados pueden cambiar el destino del país.

La semana pasada trascendió la noticia de que liberaron a los integrantes de una peligrosa estructura criminal, llamados “Los Oajaca”, que habían sido condenados a más de 200 años de prisión por asesinato y otros delitos graves.

Esto provocó una lluvia de críticas en redes sociales hacia el tribunal que tomó esta terrible decisión. A los pocos días de dejarlos en libertad, el líder de esta banda criminal fue detenido nuevamente cuando intentaba ingresar armas a la cárcel Pavoncito. ¿Alguna duda de la pésima decisión de este tribunal?

En los últimos años, el sistema de justicia de Guatemala ha dejado en libertad a una gran cantidad de personas acusadas de diversos delitos y crímenes. Pareciera que quienes tienen suficientes recursos económicos e influencia lograrán comprar impunidad.

Un sistema de justicia que está al servicio de la corrupción, la criminalidad y el narcotráfico solo provoca pobreza, violencia y conflictos sociales. No se puede vivir en paz si no se tiene un sistema de justicia que funcione, castigando a los malos y trayendo justicia a los buenos ciudadanos.

Ante este panorama desolador, los nuevos magistrados tienen la oportunidad de hacer historia y traer nueva esperanza de justicia al país.  Deben demostrar independencia de cualquier grupo de interés o de cualquier grupo político. Solo así lograrán emitir sentencias apegadas a derecho, que traigan paz a los guatemaltecos.

Pero, además, deben trabajar en aspectos prácticos, como aumentar la cantidad de tribunales a nivel nacional para reducir el tiempo de los juicios, entre otras medidas administrativas.

Existe la percepción que la justicia de Guatemala sirve para proteger criminales y perseguir inocentes. Ojalá esto cambie con los nuevos magistrados. La historia los juzgará.

 Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 10 de octubre de 2024.

Centroamérica debe evitar asociarse con dictadores

La semana pasada, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) aprobó que Rusia fuera agregado como observador permanente de este órgano regional. China y Venezuela también están como observadores permanentes que, al igual que Rusia, son gobernados por dictadores. Estas son pésimas noticias para Centroamérica, que está luchando por conservar su débil democracia.

El Parlacen fue fundado en 1991 y el objetivo es promover la integración de Centroamérica. Está conformado por diputados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá. En el caso de Costa Rica y Belice, decidieron no formar parte.

Las decisiones que se toman en el Parlacen no tienen efecto en ningún país y, en ese sentido, su papel ha sido irrelevante en el avance de la integración regional. Lamentablemente, esta institución es vista como refugio de expresidentes acusados de corrupción, y se percibe que los diputados que la conforman hacen poco o nada a cambio de jugosos sueldos. Son cuatro años de vacaciones pagadas por los tributarios de nuestros países.

El rechazo al Parlacen ha crecido en los últimos años, y en cada elección surgen las promesas de sacar a Guatemala de esta institución. Pero cuando llegan al poder, se olvidan, y los guatemaltecos seguimos gastando en una institución inútil. El colmo es que quienes prometieron en campaña cerrar el Parlacen hoy forman parte de este.

La integración regional es importante. Centroamérica debe avanzar en la libre circulación de productos, personas y capitales en la región. Es importante para el desarrollo económico y social. Pero el Parlacen no contribuye en nada a este objetivo.

La incorporación de China y Rusia al Parlacen es un gran peligro para nuestros países. Es el momento que Guatemala siga el ejemplo de Costa Rica y nos salgamos del Parlacen.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 3 de octubre de 2024.

El Congreso debe cumplir los plazos de ley.

Luego de varias semanas, las Comisiones de Postulación han terminado su trabajo y ya entregaron al Congreso de la República las listas de los aspirantes a las Altas Cortes del país.

Ahora queda en manos de los diputados elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los 260 magistrados de las Cortes de Apelaciones. El Congreso tiene la responsabilidad de elegirlos a más tardar el 12 de octubre, para que se cumpla con la renovación de las Cortes de Justicia el 13 de octubre.

Los plazos que establece la Constitución deben respetarse para garantizar que ni presidentes, diputados o magistrados pretendan quedarse en el poder. Los tres poderes del Estado deben renovarse cada cierto tiempo para que la Democracia Republicana funcione adecuadamente.

Desde 1985 hemos cumplido con los plazos constitucionales en el caso de presidentes y diputados. Sin embargo, en el 2019, se quebrantó la Constitución al prolongar por más de cuatro años el período de la Corte Suprema de Justicia que solo debía durar de 2014 a 2019. Esa Magistratura duró 9 años, lo cual fue totalmente inconstitucional.

En esta ocasión no debe repetirse el error de 2019. Las Comisiones de Postulación ya cumplieron con su labor y el Congreso debe actuar con prontitud.

Como en 2019, un grupo de abogados ya interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad para invalidar el trabajo de las Comisiones de Postulación. Lo más probable es que se interpongan más amparos en los próximos días.

Sin embargo, se esperaría que la actual Corte de Constitucionalidad sea diferente a la anterior y que no permita que se quebrante nuevamente la Constitución de la República.

Tanto el Congreso, como la Corte de Constitucionalidad tienen una responsabilidad histórica con los guatemaltecos. No nos fallen. 

_{Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 26 de septiembre.}