La guerra judicial llega a extremos ridículos
El Ministerio Público presentó otro caso de supuesta corrupción en el Ministerio de Salud por el convenio que se firmó con la UNOPS, aduciendo que se dañaron los intereses de Guatemala.
Sin ninguna evidencia de cheques, transferencias o flujos de dinero, el Ministerio Público denunció una supuesta red de corrupción que involucraría a Gustavo Alejos, al presidente Bernardo Arévalo y al secretario de Comunicación, Santiago Palomo.
Insisto: no presentaron una sola prueba y, sin embargo, se atrevieron a dar semejantes declaraciones irresponsables.
No es la primera vez que el Ministerio Público presenta casos sin fundamento para afectar a sus enemigos políticos. En el 2023 denunciaron un supuesto fraude electoral que jamás han sido capaces de demostrar. Han acusado a muchas personas que luego son declaradas inocentes en los juicios.
El gobierno de Estados Unidos señaló recientemente a la Fiscal General de impedir y dañar el trabajo contra la corrupción en el país, lo que pone en riesgo potenciales nuevas inversiones en Guatemala. Esto implica que el Ministerio Público se convirtió en los últimos años en un obstáculo para el desarrollo económico.
La UNOPS permitió ahorros importantes en el IGSS y ha dado buenos resultados en el Ministerio de Salud. Pareciera que el Ministerio Público desea que los guatemaltecos paguemos más por los medicamentos, comprando solo a los proveedores locales.
Este caso es un absurdo desde cualquier punto de vista. La única intención es beneficiar a los vendedores de medicinas locales, que durante años han utilizado el Ministerio de Salud como fuente de riqueza.
Se debe dejar de utilizar la justicia para una guerra política. El circo debe terminar.
*Columna publicada originalmente el 23 de octubre en Nuestro Diario
