El derecho de manifestar no debe ser criminalizado.

El país vive otra crisis política por la captura de dos de los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán por supuestos actos de terrorismo.

En primer lugar, hay que decir que manifestar es un derecho universalmente reconocido, no solo por la Constitución de Guatemala, sino por tratados internacionales.

Los ciudadanos tenemos todo el derecho de manifestar pacíficamente nuestro descontento contra los funcionarios públicos de cualquier rama del Estado. Es parte de nuestros derechos individuales que jamás deben ser limitados.

Pero el derecho de manifestar no debe afectar los derechos de otras personas. Los bloqueos causan pérdidas económicas enormes y no deben ser permitidos. 

En Estados Unidos, la policía actúa rápidamente para disolver los bloqueos y las personas pueden ser arrestadas, pero usualmente son liberadas a los pocos días, con cargos menores. Si solo bloquearon las calles, sin agredir físicamente a otras personas o haber causado daño a la infraestructura, no se les acusa de nada grave.

En ese sentido, acusar a los líderes de los 48 Cantones de terrorismo es un exceso que busca atemorizar a la población para que no se exprese políticamente.

El Ministerio Público, junto con una minoría, intentaron bloquear el proceso electoral de 2023 y, posteriormente, intentaron bloquear la transición pacífica del poder que constituye un pilar fundamental de cualquier República. 

En aquel lejano 2023, la joven democracia de Guatemala estuvo a punto de desaparecer por las acciones ilegales del Ministerio Público. Fueron momentos de gran tensión política por el capricho de una minoría. 

Bloquear calles jamás debe ser permitido, pero tampoco debe utilizarse el sistema judicial para intimidar a la población. Se debe velar por las garantías procesales en este nuevo caso político. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 1 de mayo de 2025