La transparencia no es una concesión: es un mandato constitucional y la base de la confianza pública
¿Qué quiere el líder sindical Joviel Acevedo? Aún no lo sabemos. Y no porque no lo hayamos preguntado, sino porque el documento que lo revelaría, el proyecto de pacto colectivo que negocia el Ministerio de Educación con el sindicato más grande de maestros, sigue siendo confidencial.
La Constitución, en su artículo 30, es clara: los actos de la administración son públicos, salvo excepciones muy específicas, como asuntos militares, diplomáticos, de seguridad nacional o datos entregados por particulares bajo garantía de confidencialidad. La regla es la publicidad; la excepción, la confidencialidad.
Un pacto colectivo de condiciones de trabajo es un acuerdo entre un sindicato y el empleador para establecer las condiciones laborales: salarios, vacaciones, beneficios y más. En este caso, no se trata de cualquier pacto colectivo: es uno negociado por el Sindicato de de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, con su empleador, el Ministerio de Educación. Este ministerio no solo define la política educativa nacional, sino que administra más de 25 mil millones de quetzales al año, un 17% del presupuesto nacional. Su impacto nos involucra a todos.
Días antes de dejar el cargo, la administración anterior recibió del sindicato este proyecto, junto con la solicitud de tratarlo como información confidencial. La Ley de Acceso a la Información Pública, en su artículo 22, inciso 6, permite esa clasificación para datos entregados por particulares bajo garantía de confidencialidad, aunque no para casos como este. Sin embargo, la ministra de entonces aceptó la solicitud, blindando el documento bajo esa figura.
Pero un pacto colectivo negociado por un ministerio es, por su naturaleza, un asunto público. No se puede aplicar una excepción de forma automática, sin evaluar el impacto sobre el derecho constitucional de millones de ciudadanos.
En mayo de 2024, junto al abogado Javier Urízar y otros colegas, presentamos una demanda para que se levante la confidencialidad y se publique el proyecto. Solicitamos un amparo provisional para conocerlo de inmediato.
Ahora, la Corte de Constitucionalidad (CC), el pasado 12 de agosto, ha resuelto esta solicitud urgente: decidió proteger a Joviel Acevedo y mantener confidencial el pacto, negando el amparo provisional. La Corte confirmó la decisión previa y consideró que, en esta etapa, no concurren circunstancias que justifiquen revelar el documento antes de la sentencia definitiva.
Aunque la decisión de la CC es un revés para la transparencia, el caso, sin embargo, no ha terminado. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe emitir su fallo final sobre si se levanta la confidencialidad. Esa será la decisión que defina si los ciudadanos podremos conocer el contenido de un acuerdo que compromete recursos públicos y el rumbo de la educación nacional. Lo único que falta es que la Corte Suprema de Justicia decida incluirlo en su agenda y emita el fallo.
La experiencia nos enseña que en pactos anteriores se han incluido cláusulas cuestionables: permitir que el sindicato decida sobre sus programas de formación y sanciones, o imponer un seguro escolar criticado por su opacidad. ¿Será que piden lo mismo esta vez?
Proteger el derecho a saber cómo se usan nuestros impuestos exige una decisión pronta y valiente. La transparencia no es una concesión: es un mandato constitucional y la base de la confianza pública. Seguiremos en la lucha, porque el acceso a la información es la mejor defensa contra los abusos y el primer paso para una educación al servicio de todos.
