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El funcionamiento de la democracia está en juego

Esta semana dio inicio el proceso para renovar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, una institución que representa el corazón de nuestra democracia. 

En el proceso están involucrados el rector y el decano de la Facultad de Derecho de la USAC. También las universidades privadas designan un representante de los rectores y un representante de los decanos. Por último, el Colegio de Abogados también elige un representante. 

En total son cinco personas que tienen en sus manos el futuro de las instituciones democráticas del país. Si se eligen malos magistrados, se podría agravar la crisis que ha sufrido esa institución en los últimos años, poniendo en riesgo la estabilidad de nuestra democracia.

Es necesario que las universidades privadas cumplan su deber histórico y elijan a sus dos representantes de forma responsable, para que todo el proceso goce de legitimidad y respetabilidad. De igual forma, el Colegio de Abogados debe realizar el proceso de elección de su representante con la mayor participación posible de sus agremiados, llamando al voto informado. 

Los nuevos magistrados deben tomar posesión el 20 de marzo del próximo año y tendrán pocos meses para preparar las elecciones del 2027, por lo cual deben ser personas con una larga trayectoria profesional que les permita cumplir con el desafío que tienen por delante.

Como sociedad, debemos poner toda nuestra atención en este proceso. No podemos ser indiferentes, porque el futuro del país está en juego. Los nuevos magistrados tendrán a su cargo dos procesos electorales: los de 2027 y 2031. Cumplamos nuestro deber ciudadano y vigilemos con interés este proceso.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario.

La semana pasada el Congreso eligió a la nueva Junta Directiva para el período 2026-2027

La semana pasada el Congreso eligió a la nueva Junta Directiva para el período 2026-2027, presidida por el diputado Luis Contreras, del partido CREO, en una alianza que consolida al bloque oficialista. Esa elección, sin embargo, no puede entenderse sin mirar el episodio previo que la hizo posible: un amparo ante la Corte de Constitucionalidad que, una vez más, metió al máximo tribunal en el corazón de la política parlamentaria.

El conflicto se originó en la sesión del 28 de octubre. Ese día, el diputado Sergio Celis presentó una moción privilegiada para alterar el orden del día y proceder a la elección del Primer Secretario de la Junta Directiva, vacante desde la separación de la diputada Paz del bloque VOS. La moción fue aprobada con 89 votos, en presencia de 111 diputados. El Pleno tenía quórum suficiente, pero cuando se pidió verificar asistencia, el presidente del Congreso, Nery Ramos, constató que en la mesa solo permanecía un secretario. La Ley Orgánica del Organismo Legislativo exige la presencia del presidente, o de un vicepresidente, y dos secretarios para considerar integrada la Junta Directiva. Con base en esa ausencia, Ramos decidió cerrar la sesión. El tablero mostraba entre 96 y 98 diputados presentes, es decir, quórum del Pleno, pero no de la Directiva.

Tres diputados de oposición interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Alegaron que el cierre de la sesión fue arbitrario, que el Congreso sí tenía quórum y que la moción privilegiada debía conocerse “de manera ininterrumpida”. Argumentaron que el presidente pudo integrar la mesa con otro secretario o declarar la sesión permanente, pero optó por suspenderla para bloquear la elección. La Corte coincidió con ellos. En una resolución expedita, otorgó amparo provisional y ordenó reanudar la sesión el 4 de noviembre a las 2 de la tarde, en el punto exacto donde se interrumpió. Además, instruyó a la Directiva a mantener la sesión abierta, a no levantarla por ausencia de secretarios y a garantizar el debate hasta la elección.

Así fue. El 4 de noviembre el Congreso sesionó bajo orden judicial y eligió las dos vacantes de la Junta Directiva 2025-2026, y luego a la nueva Junta para 2026-2027.

El episodio, sin embargo, deja preguntas de fondo. Esta Corte, tan diligente para corregir una maniobra parlamentaria que, aunque cuestionable, tenía remedios políticos propios, no se mostró igual de rápida en el pasado reciente. La legislatura anterior abusó del poder cerrando micrófonos, limitando el uso de la palabra y manipulando los tiempos de votación sin que el tribunal reaccionara con la misma urgencia. Entonces, la Corte no fue garante del principio de legalidad con igual fervor. Hoy sí. Esa asimetría, más que jurídica, es política: la justicia constitucional se vuelve selectiva, sensible a quién ocupa el poder y quién lo impugna.

La maniobra de Ramos, romper la integración de la Junta Directiva para detener una votación incómoda, es difícil de defender. Pero el Congreso tiene mecanismos internos para resolver esos problemas. Probablemente, sin dicho amparo, se habría sesionado de igual manera el 4 de noviembre y se habría podido retomar la moción privilegiada por los cauces internos y ordinarios. En otras palabras, existen remedios políticos. La pregunta es si una Corte Constitucional debe convertirse en corrector de los desórdenes internos del Legislativo, especialmente cuando estos no son reiterados ni irreversibles.

El amparo también tuvo una intención política evidente: quienes lo promovieron buscaban forzar la reanudación de la sesión para elegir la Junta Directiva del período 2025-2026, en la que la oposición creía tener los votos. Al final, el cálculo falló y el oficialismo ganó esa elección. Pero más allá del resultado, el recurso judicial usado para inclinar una correlación de fuerzas interna revela un uso instrumental del amparo y de la propia Corte.

*Columna publicada originalmente en La Hora

La insistencia en desconocer las elecciones

En las últimas semanas, el Ministerio Público aumentó sus ataques al gobierno, llegando al extremo de pedir, una vez más, que se desconozcan los resultados de las elecciones de 2023.

En su momento, la Corte de Constitucionalidad dictaminó que los resultados de las elecciones fueron válidos y que se tenía que garantizar la toma de posesión de las nuevas autoridades. 

A más de dos años de aquellas elecciones, el Ministerio Público todavía insiste en que el presidente Arévalo no puede ser presidente. Es un total absurdo que solo pone en evidencia las intenciones de golpe de Estado por parte del Ministerio Público. 

Es cierto que Arévalo tiene un nivel de aprobación bastante bajo, pero también es cierto que la credibilidad del Ministerio Público está por los suelos.  

Es tal el nivel de rechazo que tiene el Ministerio Público que cuando presenta casos, solo genera empatía hacia los acusados. Sucedió con Semilla en 2023, con la elección del Colegio de Abogados en 2025 y con algunos activistas sociales que han sido víctimas de esta guerra legal. 

De esa cuenta, las acciones del Ministerio Público no le generan desgaste al gobierno, sino más bien lo terminan fortaleciendo en la opinión pública. 

Así como la Fiscal General debe terminar su período en mayo de 2026, el Presidente debe terminar su período en enero de 2028. Debemos respetar los plazos constitucionales si deseamos vivir en una democracia republicana. 

La Corte de Constitucionalidad está llamada a terminar con los abusos del Ministerio Público. Se debe dejar de retorcer la ley y el derecho para perpetuarse en el poder, como lo pretenden las actuales autoridades de esa institución. La democracia debe prevalecer. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

La libertad de expresión en Guatemala vive momentos críticos.

“Artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna.”

La libertad de expresión en Guatemala vive momentos críticos. Ya lo advertí en otra columna al abordar el caso en el que el Ministerio Público intentó perseguir penalmente a periodistas y columnistas de elPeriódico porque al juez del proceso contra José Rubén Zamora no le parecían sus opiniones. Ese impulso censor reaparece ahora por otra vía: el uso desviado, fuera de su texto, de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer para castigar el discurso político.

No es un fenómeno nuevo. Como reportó La Hora, figuras públicas como Sandra Torres o Roxana Baldetti ya habían intentado usar esa normativa para blindarse de la crítica. La novedad es que ahora los tiros vienen desde la propia fiscalía, ya que en 2024 un periodista como Diego España fue alcanzado por una denuncia de una agente fiscal. Este año, el turno fue del político Roberto Arzú.

Y este caso ilustra bien esa distorsión. La fiscal general denunció al político Roberto Arzú por publicaciones en TikTok en las que, en tono provocador, afirmó que si tuviera el poder “sacaría a la fiscal general” usando una expresión claramente hiperbólica y propia del lenguaje político exaltado. No describía una acción real ni una amenaza concreta, sino una exageración para enfatizar su rechazo hacia una figura pública. Aun así, el Ministerio Público la tomó literalmente, solicitó medidas de protección al amparo de la Ley contra el Femicidio y, más tarde, intentó promover una orden de captura por supuesta desobediencia. El juzgado rechazó esa petición al considerar que las medidas dictadas eran preventivas y no podían interpretarse de forma extensiva para restringir la libertad de expresión. Una decisión correcta, valiente y bien fundamentada.

¿Por qué esta discusión es relevante? Porque este caso, como los anteriores, muestra cómo en estos casos la Ley contra el Femicidio se ha convertido, en la práctica, en un bozal. Se usa como un mecanismo de censura, prohibido constitucionalmente, al imponer medidas de seguridad que prohíben a los denunciados hablar o referirse a las denunciantes, incluso en el marco de un debate público. No se trata de un problema de la ley en sí, sino de su aplicación: los jueces, llamados a garantizar su correcta interpretación, han terminado torciéndola, atribuyéndole sentidos que no existen y extendiendo su alcance hasta donde la propia norma nunca quiso llegar.

La Ley contra el Femicidio no fue creada para castigar el discurso político, sino para proteger a las mujeres frente a actos de violencia motivados por su condición de género. El artículo 1 establece que solo aplica cuando existe una agresión física, psicológica, económica o de menosprecio cometida por razón de género y en el marco de relaciones de poder o confianza, ya sea en el ámbito privado o público. El artículo 2 reafirma que la ley se activa cuando se vulnera el derecho de la mujer a una vida libre de violencia; no cuando alguien emite una opinión o una crítica dura. Y el artículo 3, al definir el “ámbito público”, no lo hace para incluir toda interacción social, sino para reconocer que también puede haber violencia de género en entornos laborales, educativos o comunitarios, por ejemplo, el acoso o la discriminación institucional.

Nada de eso ocurre en la confrontación entre un político (o un periodista, en otros casos) y una funcionaria que se encuentran en plano de igualdad y sin relación de subordinación. No hay vínculo de poder, ni motivación por el hecho de ser mujer, ni un patrón de violencia de género. Hay una expresión política, tosca si se quiere, pero política al fin, y por lo tanto protegida por el artículo 35 de la Constitución. Los jueces están llamados a velar porque la ley se aplique dentro de sus verdaderos límites, no a aplicarla fuera de lo que establece su texto hasta convertirla en un arma para restringir la libertad de expresión. De lo contrario, se traiciona su sentido original y se erosiona la confianza en la justicia. Por eso, la decisión del juez Gilberto Godoy es correcta y digna de aplausos en un contexto donde la justicia es, con demasiada frecuencia, manipulada.

Por razones de espacio, quedará pendiente abordar tres aspectos. El primero: la censura es la peor forma de restringir la libre expresión porque implica suprimir ideas; prohibir a los denunciados “hablar” es un caso grave y extremo. Segundo: el efecto disuasorio que se busca, intimidar y desalentar el debate público. Y tercero: que al restringir el discurso no solo se afectan los derechos de quien es silenciado, sino también el derecho del público a recibir información e ideas. Al final del día, el corazón de la libertad de expresión es, y seguirá siendo, el mercado de las ideas.

*Columna publicada originalmente en La Hora el 24 de octubre

La guerra judicial llega a extremos ridículos

El Ministerio Público presentó otro caso de supuesta corrupción en el Ministerio de Salud por el convenio que se firmó con la UNOPS, aduciendo que se dañaron los intereses de Guatemala.

Sin ninguna evidencia de cheques, transferencias o flujos de dinero, el Ministerio Público denunció una supuesta red de corrupción que involucraría a Gustavo Alejos, al presidente Bernardo Arévalo y al secretario de Comunicación, Santiago Palomo. 

Insisto: no presentaron una sola prueba y, sin embargo, se atrevieron a dar semejantes declaraciones irresponsables. 

No es la primera vez que el Ministerio Público presenta casos sin fundamento para afectar a sus enemigos políticos. En el 2023 denunciaron un supuesto fraude electoral que jamás han sido capaces de demostrar. Han acusado a muchas personas que luego son declaradas inocentes en los juicios.

El gobierno de Estados Unidos señaló recientemente a la Fiscal General de impedir y dañar el trabajo contra la corrupción en el país, lo que pone en riesgo potenciales nuevas inversiones en Guatemala. Esto implica que el Ministerio Público se convirtió en los últimos años en un obstáculo para el desarrollo económico.

La UNOPS permitió ahorros importantes en el IGSS y ha dado buenos resultados en el Ministerio de Salud. Pareciera que el Ministerio Público desea que los guatemaltecos paguemos más por los medicamentos, comprando solo a los proveedores locales. 

Este caso es un absurdo desde cualquier punto de vista. La única intención es beneficiar a los vendedores de medicinas locales, que durante años han utilizado el Ministerio de Salud como fuente de riqueza. 

Se debe dejar de utilizar la justicia para una guerra política. El circo debe terminar. 

*Columna publicada originalmente el 23 de octubre en Nuestro Diario

Pasados dos meses del inicio de este despliegue en el Caribe, pareciera que cada escalada es más difícil de sostener que la anterior, lo cual ha obligado a los Estados Unidos a aumentar la apuesta a medida que pasa el tiempo

Desde hace varias semanas, tanto NBC como el New York Times y el Financial Times, confirmaron que el objetivo real del despliegue antinarcóticos en el Caribe, que ya ha detonado siete narcolanchas y un submarino en aguas internacionales es, en última instancia, un cambio de régimen en Venezuela. En días recientes, hemos experimentado una escalada en las acciones de Estados Unidos, tras dos importantes anuncios de la administración estadounidense: cierre del canal diplomático  de negociación con el régimen venezolano y la autorización deoperativos terrestres en Venezuela. 

Luego de la designación del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua como organizaciones terroristas, de aumentar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares y de notificar ante el Congreso de los Estados Unidos que el gobierno estaba en “conflicto armado” con los carteles de la droga; Washington sigue subiendo las apuestas, a pesar de que el régimen venezolano, a través de la figuras de Jorge Rodríguez quien se ha autodenominado “jefe del Diálogo por la Paz de Venezuela”, ha intentado por al menos tres vías, entablar comunicación con la Casa Blanca y por lo que sabemos, esas vías serían: Richard Grenell (ya cerrada por Trump), Qatar (que en palabras del ex asesor de Biden, Juan González, está “perdiendo tracción” en la administración norteamericana) y una tercera vía que permanece desconocida. 

Si bien informaciones como que los hermanos Rodríguez están negociando un “madurismo sin Maduro”, también llamado “Cartel Lite” y también la filtración a los medios de la autorización de acciones encubiertas de la CIA, son el tipo de operaciones psicológicas que ayudan a crear el clima de desconfianza y divisiones internas que podría desembocar en traiciones en cualquier gobierno normal, no hay que obviar que el chavismo tiene 26 años de aprendizaje resistiendo este tipo de estrategias mediáticas, depurándose a lo interno a través de purgas y perfeccionando todo tipo de estrategias de contrainteligencia militar, lo que ha convertido al aparato de poder en una estructura cerrada y cohesionada. 

Pasados dos meses del inicio de este despliegue en el Caribe, pareciera que cada escalada es más difícil de sostener que la anterior, lo cual ha obligado a los Estados Unidos a aumentar la apuesta a medida que pasa el tiempo para mantenerse creíbles. De hecho, la nota de NBC refiere que algunos funcionarios de la administración Trump “están decepcionados porque la escalada militar de Estados Unidos no parece haber debilitado el control de Maduro sobre el poder ni haber provocado ninguna respuesta significativa”. Esto es llamativo porque el tiempo que pasa sin una acción definitiva, en lugar de ayudar a aumentar la sensación de aislamiento y la paranoia en el régimen venezolano, para que se quiebren y finalmente claudiquen, más bien les afianza en la idea de que el gobierno de Estados Unidos está postergando a toda costa la decisión de ejecutar una acción de fuerza contra ellos, lo que los lleva a su vez a la decisión de cerrar filas y seguir trasladándole el costo a Donald Trump para que se vea obligado a hacer lo que en el fondo saben que no quiere hacer. A la vez que saben que mientras pase el tiempo, más desacuerdos hay dentro de los Estados Unidos sobre la legalidad de las operaciones en el Caribe y sus implicaciones a futuro. Lo cierto es que la ultimate call está en el presidente Trump y el tiempo le juega en contra. Sin duda, se encuentra frente a una decisión determinante para su gobierno. 

En todo este entramado merece una mención especial el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Una noticia que le devuelve el aliento y le otorga oxígeno a la incansable lucha del pueblo venezolano por su libertad. Además de ser un merecido reconocimiento al trabajo de organización del pueblo venezolano entre 2023 y 2024, que llevó al triunfo electoral y a la demostración del fraude del 28 de julio. El gesto de dedicarle el premio al presidente Donald Trump, fue sin duda un acierto que terminó por ser bien recibido en la Casa Blanca y que sirvió para alinear agendas comunes y que además ratificó que la estrategia por la liberación de Venezuela está completamente subordinada a los designios de Washington. A diferencia de su primer gobierno, donde se le dio un excesivo leverage y protagonismo al “interinato”; en esta oportunidad, Trump quiere dejar muy claro dos cosas: quien está a cargo de la estrategia en última instancia es el gobierno de Estados Unidos y las acciones que se realicen en Venezuela responden únicamente a los intereses de Estados Unidos, de allí declaraciones como “la persona que ganó” y “no sé quién es ella”. Es la doctrina del America First. Sin embargo, si bien fue una movida inteligente de parte de María Corina subordinarse a Washington, eso también la “ata” a cualquier decisión que termine tomando el gobierno estadounidense que pueda tener una ganancia intermedia o incluso ninguna ganancia para ella (ver el caso de Zelensky en Ucrania, quien incluso contando con un ejército y con el apoyo de Europa, no tiene mucho margen frente a lo que decida Trump). 

Ahora cabe la pregunta, ¿Hasta dónde están todos dispuestos a llegar? Revisemos la historia y veremos que, incluso con las enormes diferencias entre ambos casos, la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela ha escogido una estrategia similar, más no idéntica, a la de Fidel Castro en Cuba durante la crisis de los misiles de 1962: trasladarle todo el costo de un eventual ataque a los Estados Unidos. Sin embargo, en aquella oportunidad, Nikita Khrushchev, convencido de la superioridad nuclear de los Estados Unidos, nunca buscó enfrentarse militarmente a la potencia del norte, sino utilizar los misiles como una herramienta de negociación con John F. Kennedy y de ninguna forma usar armas atómicas para defender a La Habana ni mucho menos comenzar una guerra que no habrían podido ganar. De allí que finalmente prevaleciera la cordura, para cólera de Castro, a quien ciertamente no le importaba en lo más mínimo sacrificar la vida de su pueblo para satisfacer su narcisismo. 

¿Qué lecciones nos arroja este episodio de la historia? Si bien la tiranía venezolana ha intentado por todos los medios desescalar el conflicto, llegados a este punto, lo más seguro es que dejarán que los Estados Unidos se vean en la obligación de cumplir sus amenazas. El régimen venezolano no se va a quebrar ni van a sacar una bandera blanca antes, pero tampoco van a lanzar la primera piedra. Aunque enfrentan presiones externas, sanciones internacionales, su estrategia es esencialmente defensiva: resistir, desgastar y obligar al adversario a ser quien dispare primero.

La confianza en las autoridades está por los suelos

La fuga de veinte mareros de la cárcel de Fraijanes II es el mayor escándalo que ha enfrentado este gobierno. Es un duro golpe a su imagen y credibilidad. 

La inseguridad y la violencia han crecido este año y las maras se encuentran en el centro del debate público luego que fueron declaradas terroristas por el gobierno de Estados Unidos.

No hay excusa ni explicación que justifique semejante descuido en el sistema penitenciario. Después de un año y medio gobernando, se esperaría que hubiesen tomado el control de las cárceles. 

Lo más grave es la tardanza en responder a la crisis por parte del presidente. Al momento de escribir este artículo, aún no se había pronunciado, luego de más de dos días desde que se hizo pública la noticia. Este largo silencio solo desgasta aún más su dañada imagen. 

Ahora toca plantear una nueva estrategia de seguridad con nuevas autoridades, ya que es políticamente inviable mantener a las actuales.

A la crisis en infraestructura, ahora se suma esta crisis en seguridad, lo que podría hundir aún más los niveles de aprobación del gobierno.

El presidente tendrá que redoblar esfuerzos con su equipo para poner orden en las cárceles y combatir las maras. Este tema, junto con el de infraestructura, son las prioridades que necesita resolver rápidamente.

El Congreso también debe asumir su responsabilidad, haciendo las reformas legales necesarias y aprobando los recursos para que se construyan cárceles de alta seguridad de forma urgente. 

Por su parte, el Ministerio Público debe investigar a los guardias y al director de ese centro carcelario. Los responsables deben enfrentar las penas correspondientes. Solo así se evitará que se repitan en el futuro estos hechos lamentables. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 16 de octubre. 

Lo que pareció un triunfo político del Congreso es, en realidad, un retroceso republicano.

Lo ocurrido con el Decreto 7-2025 no es un simple desacuerdo político entre el Congreso y el Ejecutivo. Es, en el fondo, un ataque directo al equilibrio republicano que nuestra Constitución consagra.

El Decreto 7-2025 pretende permitir que los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) ejecuten obras con menos controles. El Presidente de la República, ejerciendo su facultad constitucional de veto —regulada en el artículo 178 de la Constitución—, devolvió el decreto con observaciones el 3 de octubre de 2025, es decir, dentro del día catorce del plazo de quince días que la Constitución le otorga desde su recepción, mediante el Acuerdo Gubernativo 182-2025.

El Ejecutivo publicó dicho acuerdo en el Diario de Centro América el 6 de octubre —día quince desde la recepción del decreto—, aunque esa publicación no forma parte del procedimiento constitucional del veto.

El Congreso, sin embargo, decidió desconocerlo, alegando que la publicación se realizó el último día del plazo —el 6 de octubre— y que, según el Decreto 1816 de 1968, los acuerdos gubernativos entran en vigor tres días después de su publicación. Según esa interpretación, el veto habría “entrado en vigor” fuera del plazo constitucional y, por tanto, sería inválido.

Este razonamiento es jurídicamente insostenible. El Decreto 1816 se aplica a acuerdos y decretos de carácter reglamentario o de observancia general, es decir, a normas que crean obligaciones o derechos para la ciudadanía. El veto presidencial, en cambio, no crea normas; es un acto político-jurídico de comunicación interorgánica entre el Ejecutivo y el Legislativo. 

La Constitución es clara: “Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los quince días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado.” Lo esencial es la devolución, no la publicación. Así lo establece el artículo 178.

La Corte de Constitucionalidad, en su Opinión Consultiva 519-94, estableció que el veto presidencial debe formalizarse mediante un Acuerdo en Consejo de Ministros y que su remisión al Congreso —por ser un acto de comunicación interorgánica— no requiere refrendo ministerial ni publicación. Lo determinante es el acto institucional (el acuerdo adoptado) y su comunicación oportuna al Legislativo.

Al ampararse en una ley de 1968 para invalidar un veto emitido conforme a la Constitución de 1985, el Congreso incurre en un uso manipulado y claramente incorrecto del derecho. La propia Corte, en resoluciones relacionadas con el Decreto 1816, ha precisado que dicho cuerpo normativo se aplica a disposiciones de carácter general emitidas por autoridades con potestad normativa, no a actos interorgánicos como el veto presidencial.

Esa interpretación fue desarrollada con mayor claridad en la sentencia del 23 de febrero de 2017, expediente 3100-2014, donde la Corte analizó el alcance del principio de publicidad previsto en el artículo 180 de la Constitución y en los artículos 2 al 4 del Decreto 1816. En ese fallo sostuvo que la obligación de publicar en el Diario Oficial recae sobre las normas de observancia general, pues la publicación constituye el presupuesto indispensable de su vigencia y exigibilidad. De ese fallo se desprende que los actos que carecen de efectos normativos frente a los ciudadanos —como el veto presidencial— no se encuentran sujetos a ese requisito.

Por tanto, la tesis del Congreso no solo es errónea: es una excusa jurídica para eludir el control constitucional. Debido a que el veto fue por motivos de inconstitucionalidad, debieron remitir la iniciativa a la Corte de Constitucionalidad para que emitiera opinión sobre su constitucionalidad. En lugar de hacerlo, el Congreso anuló de facto una potestad presidencial, alterando el equilibrio entre los poderes del Estado.

Lo ocurrido no afecta a una persona ni a un gobierno en particular. Afecta a la Constitución misma. El veto presidencial es una de las herramientas de control cruzado que garantiza el equilibrio entre poderes. Al desconocerlo, el Congreso ha reducido al Ejecutivo a un actor meramente decorativo en la formación de las leyes.

Si esta posición se mantiene, el principio de frenos y contrapesos quedará herido. Lo que ayer pareció un triunfo político del Congreso es, en realidad, un retroceso republicano.

De momento, un grupo de diputados ha presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para impugnar el procedimiento seguido por el Congreso. Falta ver si el tribunal asumirá su papel de garante del orden constitucional, o si permitirá que este precedente erosione, una vez más, la arquitectura institucional del país.

Porque en esta pugna, la víctima no fue el Presidente. La víctima fue, una vez más, la Constitución.

*Columna publicada el 10 de octubre en La Hora

El dinero público no debe desperdiciarse

Los políticos y varios grupos de presión están de fiesta en Guatemala. Cada vez se ponen más creativos para gastarse los recursos de los tributarios.

Los transportistas están pidiendo Q35 millones para transporte gratuito de personas mayores. Un grupo de diputados propone Q110 millones para subsidios a personas que vieron afectadas sus viviendas por los sismos de este año.

Los veteranos militares piden Q1,900 millones para recibir Q24,000 cada uno en los próximos dos años. Esto es adicional a los miles de millones que ya han recibido los expatrulleros y que todavía siguen demandando más dinero. ¿Por cuánto tiempo más se les tendrá que regalar dinero?

A esto se suma el aumento del presupuesto que se está planteando para el 2026, que ya incluye varios programas sociales.

Sin duda hay muchas necesidades en el país. Eso es innegable, pero la solución no es regalar dinero a diestra y siniestra. Los políticos quieren quedar bien y ganar votos con el dinero que no les pertenece.

Mientras el gasto en salarios del gobierno ha crecido en los últimos 15 años, la inversión se redujo y el resultado es que nuestras carreteras se caen a pedazos.  Los diputados se aumentaron el sueldo, pero también los trabajadores del Ministerio Público y ahora los del Organismo Judicial. Todos felices a costa del esfuerzo y trabajo de los guatemaltecos que pagamos impuestos.

Regalar el dinero o simplemente aumentar el gasto en salario no mejorará las condiciones de vida de los guatemaltecos.

La fiesta que están haciendo con nuestros recursos debe terminar. Los diputados, los magistrados y el ejecutivo deben rendir cuentas a la población. Ya basta de tanto cinismo y desvergüenza. 

 *Columna publicada originalmente el 9 de octubre en Nuestro Diario