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A 74 años de la “nueva ciudadanía”
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Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
16 Oct 2018

En Guatemala, se consolidó la ciudadanía social como consecuencia de la revolución del 20 de octubre de 1944, que llevaría a la promulgación de la Constitución de 1945 y posteriormente a la presidencia por voto universal al Dr. Juan José Arévalo.

 

Parafraseando al historiador británico Tony Judt, si partimos desde una narrativa del horror, el siglo XX se nos presenta como un memorial de tragedias, pero si nos alejamos de esa retórica, también puede ponderarse como un siglo de importantes mejoras de la condición humana en general.

Guatemala, como el resto del hemisferio occidental, tuvo una transformación radical del Estado a través de lo que los historiadores han llamado “Revolución de Octubre”, o “Revolución del 44”. Sobre esto, vale la pena preguntarse si se trató de una “revolución”[1] en sensu stricto, entendida ésta como re-formulación del proyecto nacional republicano formulado, con más rupturas que continuidades, en el siglo XIX. 

Para unos, fue la clásica revolución militar, que sucedió en toda América Latina por esos tiempos; para otros, fue el hito que permitió la entrada definitiva de la sociedad civil a la vida política del país. Para los liberales, se trató de una revolución socialista; y para los marxistas, se trató de un proceso reformista-burgués o socialdemócrata. 

No es nuestro interés hallar la “esencia” de un hecho con interpretaciones tan dispares. Sin embargo, nos guiaremos por el análisis de sus resultados dentro de un contexto internacional de políticas de apertura democrática y de ampliación de la ciudadanía que siguieron todos los países occidentales al término de la II Guerra Mundial.

En ese sentido, suscribimos al análisis del historiador Jorge Luján Muñoz al afirmar que, en el ámbito político “el talante y el espíritu eran de reforma y renovación, inspirados en la Carta del Atlántico y la lucha contra el totalitarismo”[2]. Y en el ámbito económico, agregamos la inspiración en los acuerdos de Bretton-Woods, y la instauración del Estado de bienestar en todos los proyectos democráticos de las potencias aliadas.

La llamada “Revolución del 44” se inserta dentro de las reformas sociales que sucederían con la instauración del proyecto democrático de la segunda posguerra en Europa y Estados Unidos. En términos políticos, significó la ampliación de la base electoral con la incorporación definitiva de los analfabetos y las mujeres al sistema democrático a través del voto universal. También significó la aparición de cláusulas en las constituciones llamadas derechos sociales, donde los estados nacionales proveerían de bienes y servicios (salud, educación y seguridad social) a través del llamado Estado de bienestar. 

En ese sentido, estamos hablando de la aparición de un nuevo tipo de ciudadanía, producto de la sociedad de masas del siglo XX, la cual trasciende la definición clásica, abordada por la filósofa Adela Cortina:

“es primariamente una relación política entre un individuo y una comunidad política, en virtud de la cual el individuo es miembro de pleno derecho de esa comunidad y le debe lealtad permanente. El estatuto de ciudadano es, en consecuencia, el reconocimiento oficial de la integración del individuo en la comunidad política, comunidad que desde los orígenes de la Modernidad cobra la forma de Estado Nacional de Derecho”[3]

De tal suerte que la ciudadanía política se refiere a una relación unívoca entre los individuos y el Estado. Esta relación estaría instrumentalizada por una serie de deberes y derechos dentro de un marco legal establecido, lo que permitiría la vida libre en sociedad. Sin embargo, este concepto tiene dos vertientes: la vertiente republicana, según la cual la política es el ámbito en la que los ciudadanos buscan su bien; y la liberal, según la cual la política es un medio para poder realizar en la vida privada los propios ideales de felicidad. En ambas tradiciones se consignan también dos interpretaciones sobre el ejercicio de la ciudadanía: la ciudadanía como participación en la comunidad política y la ciudadanía como estatuto legal. 

En ese sentido, el ciudadano es aquel que no sólo se ocupa de su fuero privado sino que participa de las cuestiones públicas y delibera el procedimiento más adecuado para tratarlas sin imponer su voluntad con violencia. También, el ciudadano es el que actúa bajo la ley y espera protección de la ley. Es una base para reclamar derechos[4].

Esta definición necesariamente lleva a contemplar otras dimensiones de la ciudadanía que sobrepasan las definiciones presentadas y que desde el siglo XX se amplían para explicar la ciudadanía social:

“Desde esta perspectiva, es ciudadano aquel que en una comunidad política goza no sólo de derechos civiles (libertades individuales), en los que insisten las tradiciones liberales, no sólo de derechos políticos (participación política), en los que insisten los republicanos, sino también de derechos sociales (trabajo, educación, vivienda, salud, prestaciones sociales en tiempos de especial vulnerabilidad)”[5] 

En Guatemala, se consolidó como consecuencias de la revolución del 20 de octubre de 1944, que llevaría a la promulgación de la Constitución de 1945 y posteriormente a la presidencia por voto universal al Dr. Juan José Arévalo. 

De manera que, la ampliación de la ciudadanía política y social y la constitución del nuevo sujeto político a través del voto universal, guste o no, fue lo que terminó por darle la legitimidad a las democracias liberales occidentales de mediados del siglo XX hasta el presente. Y también ha sido el termómetro para determinar abusos de poder y regresiones en materia de libertades.

En las últimas décadas, ese proyecto democrático de la posguerra ha generado insatisfacción y descontento. Las naciones experimentaron la crisis de su vertiente económica en las décadas de los 80 y 90, con la desaparición del Estado de bienestar hacia una gestión pública que reduce la intervención del Estado y toma en cuenta el funcionamiento de los mercados. En el presente, es la vertiente política de este proyecto democrático la que se halla en crisis en todo el mundo, donde además la idea de ciudadanía se ha desvirtuado con el asunto de las identidades políticas, el cual será un tema de próximas entregas.


 

Referencias:

[1]La etimología de la palabra “revolución” es harto conocida. Viene del latín “revolutio” y significa "acción y efecto de dar vuelta atrás". En los siglos XVIII y XIX se utilizó como una forma de volver a un ideal político de la antigüedad clásica, pero la acepción moderna significa una ruptura radical con el orden establecido.
[2] LUJÁN MUÑOZ, Jorge. Breve historia contemporánea de Guatemala. Guatemala. FCE. 2016 Pp. 269
[3] CORTINA, Adela. Ibídem; p. 35
[4] CORTINA, Adela. Ibídem; p. 47
[5] CORTINA, Adela.Ibídem, p. 58

Brasil da un giro hacia el populismo
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Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
11 Oct 2018

El domingo, 8 de octubre de 2018, se celebraron las elecciones en Brasil. Jair Bolsonaro obtuvo 46% de los votos y el profesor Haddad del Partido de los Trabajadores (PT) apenas llegó a un 29.3%. Todo se decidirá en una segunda vuelta electoral.

 

Pero hace tan solo unos meses, las encuestas colocaban en primer lugar al expresidente izquierdista, Lula da Silva del Partido de los Trabajadores (PT). Algo sorprendente si tenemos en cuenta que Lula da Silva guarda prisión por su participación en el famoso caso Operação Lava Jato. Como segundo lugar aparecía Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL) quien se posicionaba como exponente de la extrema derecha brasileña.  ¿Qué fue lo que cambió?

En septiembre el Tribunal Electoral resolvió que Lula no podía ser candidato debido a su situación legal. En vista de las circunstancias, el PT decidió postular como presidenciable a Fernando Haddad, un profesor de ciencias políticas que fue alcalde de São Paulo (un candidato con una clara inclinación a la izquierda radical y para nada exento de señalamientos de corrupción). Como vicepresidenciable postularon a Manuela d'Ávila, una joven periodista afiliada al Partido Comunista de Brasil. El binomio propuesto por el PT carecía de la popularidad de Lula pese a respaldo de éste y Bolsonaro se posicionó en poco tiempo como el candidato con mayor intención de voto.

Ahora bien, ¿quién es Jair Bolsonaro? Se trata de un ex militar de reserva y diputado brasileño.  Ha mantenido un discurso lleno de polémica que lo coloca en la extrema derecha del espectro político con un tono que raya en lo antidemócrata, en el racismo y la xenofobia.

En primer lugar, Bolsonaro ha sido muy indulgente con la dictadura brasileña que gobernó entre 1964 y 1985 e incluso llegó a afirmar que el error de la dictadura fue torturar y no matar. En otra oportunidad llamó a los refugiados que venían de países africanos, Haití y Bolivia, “escoria humana” y aseguró que Brasil no tenía por qué tener fronteras abiertas para recibirlos. En otra ocasión al hablar de los cimarrones (quilombolas en portugués los afrodescendientes de esclavos que huyeron del trabajo forzoso para formar pequeños pueblos) aseguró que “no servían ni para procrear” y que eran unos holgazanes. Palabras que no deberían salir de la boca de ninguna persona, menos aún de un candidato.

En estos momentos Brasil vive momentos difíciles. Tras los fracasos de los gobiernos de izquierda del PT de Lula y Dilma, empañados por los enormes escándalos de corrupción que rodearon dichas gestiones, no extraña que un candidato de corte populista como Bolsonaro sea la reacción. Una nota de la BBC recoge la declaración de un votante que afirma “prefiero un presidente homofóbico o racista a uno que sea ladrón".

Quizá a los ojos del votante medio brasileño, cansado del fracaso del “establishment político”, Bolsonaro sea una esperanza. Pero la preocupación radica en que Bolsonaro representa un populismo que además tiene un corte autoritario. Lula fue un populista que dio resultados muy pobres, pero al menos no tenía un sesgo antidemócrata como los populismos de izquierdas en Venezuela o Bolivia. Bolsonaro parece tener un sesgo antidemócrata que puede representar un peligro para las débiles instituciones democráticas y republicanas del Brasil.

La cultura del achinchincle
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Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
03 Oct 2018

Hipoteca su dignidad a cambio de un hueso.

 

En tiempos coloniales, el concepto náhuatl de achichincle era utilizado para referirse a los indígenas que servían voluntariamente a los españoles, y seguían sus órdenes ciegamente. La idea no se enmarcaba dentro del racismo sistémico de la pigmentocracia, sino constituía una expresión de rechazo de los mismos indígenas en contra de aquellos que se plegaban a los conquistadores con el fin de obtener algún privilegio social o económico. 

En El Señor Presidente, Miguel Ángel Asturias utilizó dicho concepto para describir a los funcionarios de Estrada Cabrera que agachaban la cabeza y seguían sus designios sin cuestionar sus directrices. Cual relación amo-siervo del medioevo, el servidor intercambiaba su lealtad a cambio de la protección y beneficios del dictador. 

Hoy la idea mantiene la connotación social de la colonia, y el carácter político que le impregnó nuestro Premio Nobel. El achichincle es aquel activista o servidor público que hipoteca su dignidad, tolera humillaciones y maltratos a cambio de un hueso. Es una relación utilitaria, pues en nuestro sistema clientelar, una plaza, un contrato, o mejor aún, el reconocimiento “del jefe”, son beneficios deseados por muchos. 

El servilismo es la característica que le define. Idolatra a su patrón, por lo que mueve cielo y tierra para agradarle, aún si en el proceso atenta contra la sensatez. Se ofende cuando cuestionan a su patrón: reniega de las críticas y publicaciones que señalan las insolvencias de su señor. 

Está dispuesto todo, incluso, a acatar y ejecutar órdenes sinsentido o ilegales, aún si esto implica violentar la ley y enfrentar las consecuencias. No importa; todo sea por adular a su jefe.

La experiencia 2015-2018 ha demostrado que la cultura del achichincle acarrea riesgos. Testaferros, prestanombres, asistentes o asesores de funcionarios públicos enfrentan proceso penal o están en prisión por haber seguido las insolvencias del señor. Bueno. Alguno que otro ha logrado romper las cadenas que le ataban al señor, y se han convertido en colaborador eficaz.

La cultura del achichincle es el complemento del caudillismo y la corrupción. Así como el conquistador y el dictador representaban la decadencia de antaño, el patrón hoy es referente de la degradación del sistema. Generalmente “el jefe” es un mandatario, ministro, diputado, dirigente partidista o director de una institución, carente de visión de Estado y para quien la política no es más que negocio o auto-promoción.

Si se quiere construir institucionalidad, es imperativo sustituir la obtención de cargos públicos vía la cultura del achichincle, por un régimen de servicio civil que sustente una burocracia profesional. A nivel social, implica reconocer que el “jefe” no es infalible; que sus órdenes pueden ser ilegales y que acatarlas puede acarrear consecuencias graves.

La historia no absuelve
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Paul Boteo es Director General de Fundación Libertad y Desarrollo. Además, es catedrático universitario y tiene una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
09 Oct 2018

La historia no perdona. Y quienes hoy están en una posición de poder en Guatemala tienen que estar conscientes de la forma en que se escribirá este capítulo del país. 

 

Ejercer la función pública al más alto nivel conlleva una responsabilidad con la historia de una nación. Las decisiones que se toman afectan la vida de millones de personas, para bien o para mal. Por esa razón, hay políticos que son recordados con honores como Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y más recientemente John McCain; mientras que otros se convierten en villanos y entran a la historia con deshonra por el sufrimiento que causaron a sus respectivos pueblos, como ha sucedido con tantos dictadores africanos, asiáticos y latinoamericanos.

En Estados Unidos, una buena parte del sector político pareciera tener ese sentido de la historia. Muchos han dejado legados que los colocan en un sitial de honor en la historia de su país. La política en esa nación ha tenido estándares mucho más altos que la política en América Latina. Por supuesto que tienen sus propios escándalos y hoy no se encuentran en su mejor momento; claramente no viven en el paraíso. Pero comparado con Latinoamérica, nos llevan muchas millas de ventaja.

El gran problema del político promedio de América Latina, y de Guatemala en particular, es que sólo busca enriquecerse y sacar provecho de su posición. El prestigio, la ideología, el honor y el sentido histórico están completamente ausentes de sus motivaciones. Y lo que es peor, con el paso de los años, la calidad de la clase política guatemalteca se ha deteriorado aún más. Hoy vemos a políticos dando un espectáculo terrible de ignorancia, cinismo, cobardía y arrogancia que los hace ver como el principal obstáculo para la transformación del país.

Por supuesto, que en medio de la podredumbre que infectó a la política de Guatemala, aún quedan políticos honestos y funcionarios probos que atestiguan con tristeza cómo el Estado ha quedado en manos de personas sin escrúpulos.  Pero son una minoría y poco o nada pueden hacer, sin el apoyo decidido de la ciudadanía.

El panorama para Guatemala es desalentador si al final no logramos construir un Estado administrado por ciudadanos capaces y decentes al servicio de todos. Seguiremos hablando del país que anhelamos, pero nunca se concretará porque no contamos con un Estado funcional que lo impulse. Seremos el país de la eterna promesa y el permanente fracaso.

En medio del ambiente crispado que vive el país, los ciudadanos también hemos olvidado la responsabilidad que tenemos con la historia y las futuras generaciones. Caímos en la trampa de la polarización y el desprestigio. Ya no estamos discutiendo sobre las principales reformas que debemos impulsar para que el país tenga una oportunidad de desarrollo. En vez de eso, nos embarcamos en discusiones viscerales en donde no se aceptan matices y la descalificación ha desplazado al diálogo respetuoso y constructivo.

Hoy más que nunca se necesita que edifiquemos puentes y seamos capaces de dialogar, aun cuando defendamos puntos de vista encontrados. Es lo que hacen los países civilizados para resolver sus diferencias. Lo peor que nos podría pasar es regresar a ese pasado oscuro en donde la violencia se imponía sobre la razón. Ninguna persona decente debería avalar la violencia, la intimidación y las amenazas para silenciar un punto de vista diferente. Eso simplemente es inaceptable y nos convertiría en cómplices de una atrocidad.

La historia no perdona. Y quienes hoy están en una posición de poder en Guatemala tienen que estar conscientes de la forma en que se escribirá este capítulo del país. ¿Quedarán registrados como hombres de Estado que impulsaron y permitieron la primavera de Guatemala? ¿O la historia los recordará como villanos que robaron la esperanza de cambio de todo un pueblo? El país se encuentra en un momento crítico y se necesita de políticos con sentido de historia, que tomen decisiones en función del bienestar de la población y no del interés personal. La historia será implacable. 

 

Publicado originalmente en El Periódico.

Tomar el debido proceso en serio (Parte I)
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Jesús María es el Director del Área Institucional en Fundación Libertad y Desarrollo. Es catedrático universitario y Doctorando en Derecho por la Universidad Austral.
02 Oct 2018

Tomarse el debido proceso en serio debe ser una de las cuestiones básicas cuando se quiere construir una institucionalidad ceñida al ideal político de Estado de Derecho.

 

El eminente profesor de Harvard Ronald Dworkin irrumpió en el ámbito de la teoría del derecho con el libro cuyo título se toma en préstamo a efectos de nuestro propósito: Taking Rights Seriously (1977). Todo el mundo habla del debido proceso, pero mucho de lo que se dice sobre la garantía no es verdad y es muy superficial.

Tres errores principales dominan la discusión sobre el debido proceso en Guatemala. El primero, reduce el debido proceso al derecho a la defensa, eludiendo el haz de derechos que conforman la garantía con arreglo a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El segundo, simplifica la noción de derecho a la llamada presunción de inocencia, muchas veces poca comprendida, máxime si se analizan otros derechos rivales como el de libertad de expresión etc.

El tercero, supone que el ordenamiento jurídico de Guatemala satisface los requerimientos del debido proceso con arreglo a estándares internacionales y que las violaciones al debido proceso solo son producto de malas actuaciones por parte de determinados funcionarios o jueces. Estas tres visiones son erróneas como se tendrá ocasión de comprobar.  

En una serie de entradas semanalmente me propongo analizar la garantía constitucional del debido proceso, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. En Guatemala pese a que se menciona constantemente la palabra«debido proceso», no hay literatura constitucional especializada que analice el tópico. Por ello, trataré en la medida de lo posible, de soportar mi investigación con fuentes documentales del derecho comparado, jurisprudencia nacional e internacional, sin menoscabo de mi propia perspectiva.

En el transcurso de las semanas criticaré con contundencia aquellas opiniones académicas y políticas expresadas por otros en el país. A pesar de que en el debate político se emplea constantemente la palabra «debido proceso» para apelar a su existencia en los distintos casos que se someten a los tribunales, o bien para criticar el comportamiento de los tribunales de justicia, Ministerio Público o CICIG, ello no ha estimulado la producción de libros, artículos, informes o entradas específicas para analizar la situación jurídica.

Es menester destacar que el uso de la palabra ha trascendido del ámbito judicial y se ha convertido en tema de conversación en la televisión, prensa escrita, universidades, centros de pensamiento y hogares. Este hecho singular solo viene a mostrar el interés ciudadano en casos judiciales básicamente relacionados con temas de corrupción o cuando no, con una especie de judicialización de la política.

Al ser la corrupción un problema de Estado[1], no es en rigor un fenómeno eminentemente político, ligado a la estructura de poder, a menos que se quiera referir que el sistema político constitucional se hizo para la corrupción. Es ante la corrupción, un fenómeno politizado que sin tener naturaleza o fines políticos, determina la dinámica política y en muchos casos podría llegar a tener significación e impacto político, en campañas, legislaciones etc.[2]

La mayoría de los casos judiciales mediatizados por la prensa son penales y han desencadenado que el vocabulario judicial sea asumido por “legos” formando parte de los discursos políticos. Uno de estos términos usados es el debido proceso.

Con una larga historia que se remonta a la Magna Carta Libertatum (1215), el debido proceso tiene eco en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) de 1969 entre otras.

La referida garantía del debido proceso, implica un haz de derechos que no siempre se analizan en su conjunto. Tales derechos son a título enunciativo y no taxativo, la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia[3]; derecho a ser oído públicamente por un tribunal competente; garantías institucionales que favorezcan  independencia e imparcialidad judicial e incluso presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

Con arreglo a la tradición constitucional occidental, la garantía implica a su vez, el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Además, protege a los individuos a no declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable, en tanto la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

Además de los derechos antes referidos que conforman ese haz antes mencionado, debe incluirse el derecho a ser notificado en el idioma que la persona comprenda o si fuere el caso, asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; el derecho a ser informado en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada e incluso la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de una defensa; la obtención de un defensor, inclusive gratuito, si careciere de medios suficientes para pagarlo; y el ser juzgado sin dilaciones indebidas.

De igual modo, toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, es decir, un derecho de apelación. En el procedimiento judicial aplicable a los menores de edad a efectos penales, se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.

Conforme al principio de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.

Por último, conforme al principio non bis in ídem, nadie podrá ser juzgado, ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. Sobre todos estos derechos nos referiremos en las sucesivas entradas sobre este tema.


Referencias

[1] Njaim, Humberto, La corrupción, un problema de estado, Dirección de Cultura, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1995.

[2] García Pelayo, Manuel Idea de la política, Fundación Manuel García-Pelayo, Caracas, 1999.

[3] Art. 14.  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

Finanzas personales de fin de año
08 Dic 2017

Hablaremos con tres expertos sobre consejos para mantener sanas nuestras finanzas familiares y personales este fin de año.

 

Aprender a manejar el dinero personal o familiar, puede ser un reto; especialmente en épocas como la navideña, donde las compras de regalos, ropa y comida son parte de las tradiciones en el país.  

 

A pesar de recibir el aguinaldo, muchas personas comienzan enero con altas deudas y con problemas para cumplir con todos los gastos que requiere el inicio del año escolar.  

 

Algunos consejos que la Superintendencia de Bancos[1] recomienda para cuidar las fianzas personales son: 

 

• Hacer un presupuesto

 

• Hacerse la pregunta: “¿Realmente necesito esto?”

 

• Elaborar un plan de ahorro para tu aguinaldo.

 

• Pagar a tiempo los créditos y tarjetas. 

 

• Alejarse de lugares que puedan motivarte a hacer alguna compra compulsiva.

 

• Ser ordenado y anota cada gasto que tengas.

 

Este domingo en Dimensión, hablaremos con tres expertos sobre consejos para mantener sanas nuestras finanzas familiares y personales este fin de año. 

 

Panelistas: 

 

- María del Carmen Dardón (Gerente General de MD consultores)

 

- Alex Gudiel (Director General de Zona Cero)

 

- Siomara Rivera (Asesora en finanzas)

 

Sintoniza el programa completo este domingo a partir de las 10:00 p.m. por Canal 3 o encuéntralo aquí el lunes por la mañana:


 


 

Referencias: 

http://www.sib.gob.gt/web/sib/educacion-financiera/Finanzas-Personales

 

Hemeroteca: Las fronteras deben caer
22 Ago 2017

La revista Estrategia & Negocios entrevistó a Dionisio Gutiérrez en Octubre del 2000, donde compartió su experiencia empresarial y su visión para el desarrollo económico de la región centroamericana. 

 

 

Dionisio Gutiérrez habla sobre la experiencia de liderar uno de los grupos empresariales más importantes de la región y sobre la ventaja de llegar a mercados más grandes, como los latinoamericanos.

 

En la entrevista compartió su visión sobre la importancia de la integración centroamericana como una salida a las crisis económicas de la región: “La única salida que veo es la creación de una comunidad económica centroamericana con una sola moneda y un solo pasaporte, con la consecuente eliminación de las fronteras. (..) Si creáramos esta comunidad económica de 25 millones de personas, justifica grandes inversiones, genera grandes ahorros e impulsa gran aceleración al crecimiento, resolviendo el problema social. Sería algo similar a la Comunidad Económica Europea que dio origen a la Unión Europea.” 

 

A continuación lo invitamos a leer la entrevista completa:

 

 

 

 

Hemeroteca: "Nuestra democracia nació mal"
11 Jul 2017

La revista Al Grano entrevistó a Dionisio Gutiérrez en el año 2002 sobre la política del país y los cambios que se necesitan para alcanzar mejores niveles de desarrollo. 

 

 

Dionisio Gutiérrez habló con revista Al Grano sobre su visión de la política en Guatemala a lo largo de la era democrática: “Cuando se da la apertura democrática, nuestro nuevo sistema político nace mal. Le faltaron muchos ingredientes que lo fortalecerían. Desde el principio empezamos a tener debilidades en las instituciones garantes de la vida democrática. Creo que el pesimismo y la grave crisis social y económica que está viviendo Guatemala, es el resultado de muchos factores.”

 

Dionisio se centró en remarcar la ausencia de liderazgos que existen en el país, especialmente en el ámbito político. A la pregunta sobre ¿qué hacemos para que funcione este país, qué puede hacer el ciudadano? Respondió: “Lamentablemente la respuesta no le gusta a la gente, pero es participar en los partidos políticos. Al final del día, el que quiera de verdad cambiar nuestro país tiene que ir buscando participar en los partidos políticos y ahí hacer la diferencia; porque los partidos son los vehículos de la democracia, son los que llegan al congreso, los que llegan al ejecutivo, de ahí se eligen a los funcionarios y a los hombres y mujeres que ocupan las instituciones.” 

 

Lo invitamos a leer a continuación la entrevista completa:

 

 

 

 

 

Hemeroteca: "Debemos ser intolerantes a la incompetencia"
14 Jun 2017

"Comprometido con sus ideas, valiente para exponerlas, Gutiérrez supo enfrentar en su país (Guatemala) la presión de factores de poder político que buscaron callarlo. Pero el callar no es lo suyo."

 

Dionisio Gutiérrez fue entrevistado en el 2014 por la revista centroamericana Estrategia y Negocios. Habló sobre el desarrollo económico y social de la región y enfatizó sobre la necesidad de una sociedad civil fuerte y activa: "El cambio más importante debe darse en la actitud de las élites. La política necesita ser rescatada y pasar a manos de los mejores de la sociedad." 

 

Además, brindó su opinión sobre las políticas de Estado de largo plazo que deberían adoptarse para alcanzar el desarrollo: "Necesitamos un consenso mínimo sobre una visión de largo plazo y una estrategia. Un consenso mínimo capaz de promover el cambio.(...) El problema es que no tenemos un modelo de desarrollo. No hemos respondido a la cuestión de qué tenemos que hacer para que nuestra economías crezcan seis puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población durante 20 años, y acompañar su implementación con políticas de alto impacto, empezando por la educación." 

 

Lo invitamos a leer a continuación la entrevista completa:

 

 

 

Hemeroteca: "Tenemos que hacer un proyecto económico"
23 Mayo 2017

Revista Panorama le realiza una entrevista en 1993 a Dionisio Gutiérrez sobre su visión económica para el desarrollo de la región centroamericana. 

 

En 1993, la revista Panorama entrevistó a Dionisio Gutiérrez sobre la política y el desarrollo económico de Guatemala y Centroamérica. Dionisio enfatizó la importancia de la apertura comercial y la integración centroamericana para asegurar el crecimiento de la región. “La parte económica la veo muy mal, somos un país sin un proyecto nacional en el campo económico y eso nos obliga a vernos igual en un período largo: con mucha pobreza y atraso. Eso tiene que terminar, tenemos que hacer un proyecto nacional en el campo económico que nos dé como resultado el desarrollo del país.” 

 

Lo invitamos a leer a continuación la entrevista completa: