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Es una oportunidad para corregir el rubo

Varios países de la región tuvieron elecciones este año y la sorpresa ha sido la victoria de los candidatos de derecha. Parece que los votantes están “castigando” a la izquierda por no dar los resultados esperados. 

En el caso de Bolivia, luego de veinte años de la influencia de Evo Morales, finalmente ganó un candidato de derecha, en medio de una grave crisis económica, que incluye escasez de gasolina y alimentos.

En Chile, todo parece indicar que ganará Antonio Kast el próximo 14 de diciembre, con lo cual la derecha retomará el poder, luego del fracasado gobierno de Gabriel Boric. Ese país se encuentra en un estancamiento económico y una grave crisis de seguridad. 

Honduras, por su parte, le dio la espalda al partido de Xiomara Castro, quien deja el poder en medio de graves escándalos de corrupción y un creciente descontento ciudadano.  Castro fue una aliada incondicional de la dictadura de Maduro en Venezuela. 

Pero no debemos confundirnos. Este giro no implica que América Latina ahora siente una gran simpatía por las propuestas de derecha. Es simplemente que las personas buscan resultados ante las crisis económicas, sociales, políticas o de seguridad que enfrentan nuestros países. 

Si los nuevos gobernantes de derecha no aprovechan esta oportunidad para hacer transformaciones para lograr mayor crecimiento económico, mejor seguridad y más acceso a servicios públicos, la izquierda estará de vuelta en cuatro o cinco años.

Pero, sobre todo, esta ventana de oportunidad debe aprovecharse para consolidar el Estado de Derecho y hacer los cambios institucionales que permitan contar con Estados más eficientes y una auténtica democracia liberal. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

El Congreso aprobó el Decreto 27-2025, que contiene el Presupuesto General de la Nación para 2026, repitiendo un patrón ya conocido.

El Congreso aprobó el Decreto 27-2025, que contiene el Presupuesto General de la Nación para 2026, repitiendo un patrón ya conocido: aprobación de madrugada, por urgencia nacional y con mínima deliberación. Con un total de Q163 mil millones, este es el presupuesto más alto de la historia reciente y equivale al 16.1% del Producto Interno Bruto, un nivel sin precedentes para el país.

Uno de los puntos críticos es el artículo 163, que establece una asignación extraordinaria de Q6,312.1 millones a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). El propio decreto señala que estos recursos deben destinarse “prioritariamente” a proyectos de agua potable, saneamiento, alcantarillado, manejo de desechos sólidos e infraestructura básica, pero también deja abierta la posibilidad de financiar prácticamente cualquier obra local: desde caminos rurales y drenajes hasta edificios de usos múltiples e infraestructura vial urbana.

Aunque el artículo indica que los proyectos deben cumplir procesos de planificación y publicarse en Guatecompras, la amplitud del catálogo y las excepciones incluidas, como la no aplicación de ciertas restricciones del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto en proyectos de agua, terminan debilitando los controles técnicos.

Según explicó Ricardo Barrientos (ICEFI) en una entrevista que le hice junto a Erick Coyoy (ASIES), al sumar el aporte ordinario, este aporte extraordinario y los traslados de saldos autorizados en el Decreto 7-2025, los Codedes podrían administrar alrededor de Q16,600 millones en 2026. Esto los convertiría en una superestructura de gasto con más recursos que el Ministerio de Salud, el segundo ministerio más grande en términos de presupuesto después de Educación.

El problema, señalan los analistas, no es solo el monto, sino la manera en que se distribuye. En la práctica, la tabla de asignación municipal opera con criterios políticos y no técnicos.

A eso se suma la preocupación por los proyectos incluidos en los anexos del presupuesto. Como advirtió Barrientos, muchos carecen del número de registro correspondiente en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), lo que implica que no cuentan con estudios de preinversión, factibilidad o costos: requisitos básicos para asegurar viabilidad. Incluir proyectos sin SNIP abre la puerta a obras improvisadas, sobrevaloradas o inviables, y refleja un patrón conocido: presupuestos inflados para distribución política, no para inversión efectiva.

Otra alerta está en las transferencias a organizaciones no gubernamentales. Aunque debe revisarse en el artículo específico del decreto, los analistas señalaron que se aprobaron Q2,400 millones hacia ONG, replicando esquemas cuestionados en legislaturas pasadas y mezclando organizaciones legítimas con otras de reciente creación o vinculadas a actores políticos.

Pasemos ahora al terreno legal. Este decreto reproduce un vicio que he señalado y del que también adolece el Decreto 7-2025: la llamada “multianualidad” de los fondos de los Codedes. El artículo 54 del Decreto 27-2025 amplía el presupuesto 2026 de los Consejos Departamentales de Desarrollo con los saldos por devengar de ejercicios anteriores. Así, el dinero no ejecutado no se extingue al cierre del año, sino que se traslada automáticamente al siguiente.

Esta lógica se conecta directamente con el artículo 2 del Decreto 7-2025, que adiciona el artículo 45 Ter a la Ley Orgánica del Presupuesto y permite que los saldos no devengados de las asignaciones extraordinarias a los Codedes permanezcan disponibles en la Cuenta Única del Tesoro, además de facultar al Ministerio de Finanzas a ampliar el Presupuesto General por vía administrativa. En la práctica, ambos mecanismos crean un régimen multianual excepcional para los Codedes, al margen del principio de anualidad y de la unidad del presupuesto, y constituyen, a mi juicio, una clara inconstitucionalidad.

Además, todo este entramado tiene un costo político evidente. Para el oficialismo, el acuerdo que permitió la aprobación del presupuesto implicó pagar un precio altísimo, sin que a cambio se avanzara en leyes sustantivas para el país ni en las prioridades estratégicas del propio gobierno. Mientras se multiplicaron recursos para estructuras locales con débil control y clara utilidad política, quedaron fuera de la agenda reformas indispensables en materia de transparencia e institucionalidad. El resultado es un presupuesto que fortalece clientelas, pero no impulsa políticas de Estado.

En conjunto, el presupuesto aprobado para 2026 concentra recursos extraordinarios en mecanismos políticamente manejables, reduce controles técnicos y debilita la disciplina fiscal. Tanto la forma de aprobación como el contenido del decreto profundizan los patrones más oscuros del ciclo presupuestario guatemalteco.

*Columna publicada originalmente en La Hora

El presupuesto aprobado tiene los mismos vicios del pasado

El presupuesto 2026 fue aprobado y, como en años anteriores, será un gran bolsón de corrupción para alcaldes, diputados y muchos otros funcionarios públicos. El Congreso repartió a manos llenas y sin restricción.

El Ejecutivo tampoco se salva de la responsabilidad, ya que fue el que propuso inicialmente este presupuesto, que ha sido criticado por diversos actores de sociedad civil, incluidos varios tanques de pensamiento. 

De nuevo se le dedican miles de millones a los Codedes, que han sido la fuente de corrupción durante años. Ese fue el pago que recibieron los diputados para aprobar este presupuesto.

Se incluyeron más de Q30,000 millones de deuda que, si bien no pone en riesgo la macroeconomía en el corto plazo, sí es un incentivo para que en los años siguientes se siga endeudando al país a niveles que ya no serían sostenibles. 

Para el 2026 se tiene contemplado pagar más de Q17,000 millones solo en intereses. Dedicamos más dinero a pagar intereses que al Ministerio de Salud. De hecho, solo el Ministerio de Educación recibe más dinero que el dedicado al pago de intereses. 

Lo más triste de todo es que la deuda que adquirimos termina en corrupción, despilfarro y negligencia. 

El Estado de Guatemala, en sus diferentes ramas y entidades, es altamente corrupto. Darle más recursos solo alimenta esa corrupción que termina robándonos la posibilidad de desarrollarnos. 

La reforma del Estado, para que sea más transparente y eficiente, sigue durmiendo el sueño de los justos. Pero la clase política no tiene ningún incentivo para cambiar el Estado porque si no, se les terminaría la fiesta de corrupción. Otro año más, los tributarios pagaremos impuestos y los políticos seguirán robando. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

El salario del fiscal no solo puede conocerse; debe estar publicado de oficio.

El jefe de la Fiscalía Especial (FECI) contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, afirmó recientemente que su salario no puede hacerse público porque la Ley de Acceso a la Información Pública lo prohibiría. Según dijo, el salario de una persona “no se puede proporcionar” y mencionó, con poca precisión, el artículo 24 de dicha ley. Más allá de la cita errónea, el problema es otro: el argumento invierte por completo la lógica del derecho de acceso a la información y confunde al ciudadano sobre el alcance de sus garantías constitucionales.

La Constitución parte de una idea sencilla: los actos de la administración son públicos. El artículo 30 reconoce el derecho de toda persona a obtener informes, copias y certificaciones de esos actos, salvo en tres supuestos muy concretos: asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional y datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. El régimen es, por diseño, de apertura. La regla es la publicidad, las reservas son excepcionales y taxativas.

Si el salario del fiscal fuera realmente información “no pública”, tendría que encajar en alguno de esos supuestos constitucionales. Pero su remuneración no es un asunto militar, no es una gestión diplomática en curso y no es un dato entregado por un particular bajo confidencialidad. Es, más bien, un dato directamente vinculado al uso de recursos públicos. De entrada, la Constitución ya inclina la balanza del lado del ciudadano, no del funcionario.

La Ley de Acceso a la Información Pública desarrolla esta lógica. En sus primeros artículos refuerza el principio de máxima publicidad, la transparencia en el manejo de recursos públicos y la obligación de la administración de rendir cuentas. No estamos ante una norma pensada para blindar a los funcionarios, sino para abrir las ventanas del poder público y permitir que cualquier persona lo supervise.

La propia ley define al Ministerio Público como sujeto obligado: debe proporcionar la información pública que se le solicite. Y, más aún, le impone obligaciones específicas de transparencia activa. El artículo 10 establece un catálogo mínimo de información que debe estar disponible en todo momento, sin necesidad siquiera de una solicitud. Entre esos datos se encuentran el número y nombre de funcionarios y empleados, así como los salarios, honorarios, dietas, bonos, viáticos y cualquier otra remuneración que perciban.

Es decir, el salario del fiscal no solo puede conocerse; debe estar publicado de oficio. La única salvedad que admite el artículo 10 es cuando la divulgación ponga en riesgo el sistema de seguridad nacional, la investigación criminal o la inteligencia del Estado. Resulta difícil sostener, con seriedad, que la publicación del monto que recibe el jefe de una fiscalía encaje en esa categoría.

Tampoco lo rescatan las figuras de “información confidencial” o “reservada” reguladas por la misma ley. La información confidencial abarca, entre otras cosas, datos sensibles de la vida privada: hábitos personales, salud, creencias religiosas, vida sexual u otras cuestiones íntimas. El salario de un funcionario, pagado con fondos públicos, no forma parte de ese ámbito. Y la información reservada se limita a temas de seguridad nacional, diplomacia, propiedad intelectual, investigaciones penales o estabilidad económica, entre otros supuestos igualmente ajenos al caso.

Para que una autoridad pueda negar información alegando confidencialidad o reserva, la ley exige además una prueba de daño: demostrar que la divulgación amenaza efectivamente el interés protegido y que ese perjuicio es mayor que el interés público de conocer. Aplicado al salario del fiscal, el ejercicio resulta absurdo. El daño, en todo caso, lo sufre la transparencia cuando se oculta un dato que permite auditar el uso del dinero de los contribuyentes.

La reacción ciudadana cuando se conocieron los salarios de los diputados y el aumento a los Q66,000 mostró por qué estas normas importan. La publicidad de la información no es un formalismo: es lo que permite que la opinión pública juzgue si las remuneraciones son proporcionales, si existen privilegios injustificados o si el gasto en personal responde a criterios razonables. Lo mismo vale para el Ministerio Público.

Cuando un funcionario invoca de manera incorrecta la Constitución y la Ley de Acceso para negar lo que debe ser público, el mensaje es preocupante. Puede ser desconocimiento de la ley o simple mala fe; cada quien sacará sus conclusiones. Pero el derecho es claro: el salario del fiscal es información pública. Y ejercer ese derecho no es molestia ni curiosidad malsana. Es, sencillamente, hacer valer una garantía que la propia Constitución nos reconoce.

*Columna publicada originalmente en La Hora

Con planificación, perseverancia y disciplina podemos lograrlo

La ilusión del mundial terminó para Guatemala dejando decepcionados a una gran cantidad de aficionados. En algunos partidos, la selección nacional brilló y parecía capaz de ganarse el boleto al evento mundialista, pero luego perdió ante rivales relativamente fáciles.   

La selección fue bastante errática en sus resultados. A momentos ilusionaba y luego volvíamos a decepcionarnos. Para los aficionados chapines fue como una montaña rusa, con momentos de gloria y luego de amargas derrotas.

Sin embargo, la selección se fue con honor, al haber jugado un excelente partido ante Surinam. Si tan solo así hubiese jugado los partidos anteriores, pero ahora ya no se puede hacer nada, sino pensar en el mundial de 2030.

Lo primero que tenemos que hacer es superar la barrera mental de que Guatemala es incapaz de ir a un mundial. Muchos chapines creen que es una causa perdida y que mejor ni lo intentemos. 

Pero Erick Barrondo, Adriana Ruano y Jean Pierre Brol demostraron que Guatemala es capaz de lograr lo que considerábamos imposible, ganando las primeras tres medallas olímpicas para nuestro país.

Con su ejemplo, estos tres deportistas demuestran que, con disciplina, constancia, sacrificios y una voluntad inquebrantable, los chapines somos capaces de ser competitivos a nivel mundial. 

Por esa razón, los encargados del deporte nacional y del fútbol en particular, deben hacer una gestión profesional, transparente y ética que le brinde todo el apoyo a los deportistas en los siguientes cuatro años para lograr el sueño mundialista. 

La selección actual parece prometedora y si se le da continuidad, podría llegar a cumplir el sueño del mundial 2030. No es fácil, pero es un sueño posible para Guatemala.

*Columna publicada originalmente el 20 de noviembre en Nuestro Diario

El funcionamiento de la democracia está en juego

Esta semana dio inicio el proceso para renovar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, una institución que representa el corazón de nuestra democracia. 

En el proceso están involucrados el rector y el decano de la Facultad de Derecho de la USAC. También las universidades privadas designan un representante de los rectores y un representante de los decanos. Por último, el Colegio de Abogados también elige un representante. 

En total son cinco personas que tienen en sus manos el futuro de las instituciones democráticas del país. Si se eligen malos magistrados, se podría agravar la crisis que ha sufrido esa institución en los últimos años, poniendo en riesgo la estabilidad de nuestra democracia.

Es necesario que las universidades privadas cumplan su deber histórico y elijan a sus dos representantes de forma responsable, para que todo el proceso goce de legitimidad y respetabilidad. De igual forma, el Colegio de Abogados debe realizar el proceso de elección de su representante con la mayor participación posible de sus agremiados, llamando al voto informado. 

Los nuevos magistrados deben tomar posesión el 20 de marzo del próximo año y tendrán pocos meses para preparar las elecciones del 2027, por lo cual deben ser personas con una larga trayectoria profesional que les permita cumplir con el desafío que tienen por delante.

Como sociedad, debemos poner toda nuestra atención en este proceso. No podemos ser indiferentes, porque el futuro del país está en juego. Los nuevos magistrados tendrán a su cargo dos procesos electorales: los de 2027 y 2031. Cumplamos nuestro deber ciudadano y vigilemos con interés este proceso.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario.

La semana pasada el Congreso eligió a la nueva Junta Directiva para el período 2026-2027

La semana pasada el Congreso eligió a la nueva Junta Directiva para el período 2026-2027, presidida por el diputado Luis Contreras, del partido CREO, en una alianza que consolida al bloque oficialista. Esa elección, sin embargo, no puede entenderse sin mirar el episodio previo que la hizo posible: un amparo ante la Corte de Constitucionalidad que, una vez más, metió al máximo tribunal en el corazón de la política parlamentaria.

El conflicto se originó en la sesión del 28 de octubre. Ese día, el diputado Sergio Celis presentó una moción privilegiada para alterar el orden del día y proceder a la elección del Primer Secretario de la Junta Directiva, vacante desde la separación de la diputada Paz del bloque VOS. La moción fue aprobada con 89 votos, en presencia de 111 diputados. El Pleno tenía quórum suficiente, pero cuando se pidió verificar asistencia, el presidente del Congreso, Nery Ramos, constató que en la mesa solo permanecía un secretario. La Ley Orgánica del Organismo Legislativo exige la presencia del presidente, o de un vicepresidente, y dos secretarios para considerar integrada la Junta Directiva. Con base en esa ausencia, Ramos decidió cerrar la sesión. El tablero mostraba entre 96 y 98 diputados presentes, es decir, quórum del Pleno, pero no de la Directiva.

Tres diputados de oposición interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Alegaron que el cierre de la sesión fue arbitrario, que el Congreso sí tenía quórum y que la moción privilegiada debía conocerse “de manera ininterrumpida”. Argumentaron que el presidente pudo integrar la mesa con otro secretario o declarar la sesión permanente, pero optó por suspenderla para bloquear la elección. La Corte coincidió con ellos. En una resolución expedita, otorgó amparo provisional y ordenó reanudar la sesión el 4 de noviembre a las 2 de la tarde, en el punto exacto donde se interrumpió. Además, instruyó a la Directiva a mantener la sesión abierta, a no levantarla por ausencia de secretarios y a garantizar el debate hasta la elección.

Así fue. El 4 de noviembre el Congreso sesionó bajo orden judicial y eligió las dos vacantes de la Junta Directiva 2025-2026, y luego a la nueva Junta para 2026-2027.

El episodio, sin embargo, deja preguntas de fondo. Esta Corte, tan diligente para corregir una maniobra parlamentaria que, aunque cuestionable, tenía remedios políticos propios, no se mostró igual de rápida en el pasado reciente. La legislatura anterior abusó del poder cerrando micrófonos, limitando el uso de la palabra y manipulando los tiempos de votación sin que el tribunal reaccionara con la misma urgencia. Entonces, la Corte no fue garante del principio de legalidad con igual fervor. Hoy sí. Esa asimetría, más que jurídica, es política: la justicia constitucional se vuelve selectiva, sensible a quién ocupa el poder y quién lo impugna.

La maniobra de Ramos, romper la integración de la Junta Directiva para detener una votación incómoda, es difícil de defender. Pero el Congreso tiene mecanismos internos para resolver esos problemas. Probablemente, sin dicho amparo, se habría sesionado de igual manera el 4 de noviembre y se habría podido retomar la moción privilegiada por los cauces internos y ordinarios. En otras palabras, existen remedios políticos. La pregunta es si una Corte Constitucional debe convertirse en corrector de los desórdenes internos del Legislativo, especialmente cuando estos no son reiterados ni irreversibles.

El amparo también tuvo una intención política evidente: quienes lo promovieron buscaban forzar la reanudación de la sesión para elegir la Junta Directiva del período 2025-2026, en la que la oposición creía tener los votos. Al final, el cálculo falló y el oficialismo ganó esa elección. Pero más allá del resultado, el recurso judicial usado para inclinar una correlación de fuerzas interna revela un uso instrumental del amparo y de la propia Corte.

*Columna publicada originalmente en La Hora

La insistencia en desconocer las elecciones

En las últimas semanas, el Ministerio Público aumentó sus ataques al gobierno, llegando al extremo de pedir, una vez más, que se desconozcan los resultados de las elecciones de 2023.

En su momento, la Corte de Constitucionalidad dictaminó que los resultados de las elecciones fueron válidos y que se tenía que garantizar la toma de posesión de las nuevas autoridades. 

A más de dos años de aquellas elecciones, el Ministerio Público todavía insiste en que el presidente Arévalo no puede ser presidente. Es un total absurdo que solo pone en evidencia las intenciones de golpe de Estado por parte del Ministerio Público. 

Es cierto que Arévalo tiene un nivel de aprobación bastante bajo, pero también es cierto que la credibilidad del Ministerio Público está por los suelos.  

Es tal el nivel de rechazo que tiene el Ministerio Público que cuando presenta casos, solo genera empatía hacia los acusados. Sucedió con Semilla en 2023, con la elección del Colegio de Abogados en 2025 y con algunos activistas sociales que han sido víctimas de esta guerra legal. 

De esa cuenta, las acciones del Ministerio Público no le generan desgaste al gobierno, sino más bien lo terminan fortaleciendo en la opinión pública. 

Así como la Fiscal General debe terminar su período en mayo de 2026, el Presidente debe terminar su período en enero de 2028. Debemos respetar los plazos constitucionales si deseamos vivir en una democracia republicana. 

La Corte de Constitucionalidad está llamada a terminar con los abusos del Ministerio Público. Se debe dejar de retorcer la ley y el derecho para perpetuarse en el poder, como lo pretenden las actuales autoridades de esa institución. La democracia debe prevalecer. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario