La situación política de Nicaragua es un llamado a la acción para todos aquellos comprometidos con la libertad y la democracia en toda la región latinoamericana.

El lunes 15 de abril, en Ciudad de Guatemala, se llevó a cabo un evento que congregó a destacados expertos y activistas para examinar la situación política de Nicaragua. Organizado por The Dialogue, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y el Movimiento Cívico Nacional, este encuentro se centró en discutir la situación y los posibles escenarios de la nación centroamericana. Se presentaron dos estudios que arrojaron luz sobre desafíos cruciales que enfrenta el país del istmo.

El primer informe, "Captura del Estado en Nicaragua - El argumento a favor de la presión internacional", elaborado por Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de The Dialogue, expuso cómo la cúpula orteguista ha capturado al Estado. Se destacó el papel crucial de las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica en la profundización de este fenómeno al incrementar significativamente las ayudas y el financiamiento externo al régimen nicaragüense en los últimos años.

La conclusión del informe resaltó la necesidad de que las instituciones financieras internacionales revisen sus prácticas de préstamo actuales para que sean más rigurosas y adopten medidas que promuevan el gasto eficiente y transparente, favoreciendo así verdaderamente el desarrollo y la democracia en la región, en lugar de contribuir involuntariamente a la consolidación de regímenes corruptos o autoritarios que violan sistemáticamente derechos humanos.

El segundo estudio, "Esfuerzos para mitigar el riesgo de radicalización y sucesión dinástica en Nicaragua", enfatizó la necesidad de ejercer presión externa como parte de una estrategia integral para identificar áreas que puedan catalizar el compromiso entre los grupos cívicos y el régimen y así iniciar una transición democrática. Se trazaron acciones para debilitar las prácticas autoritarias que consolidan este régimen, como el clientelismo y los favores económicos que sustentan lealtades y que convierten al orteguismo en una cúpula familiar.

El estudio destacó la existencia de una arquitectura de poder en Nicaragua, apoyada en cinco pilares que garantizan el control del régimen de Ortega-Murillo: el aislamiento internacional, el monopolio de la fuerza, la captura del Estado, la criminalización de la democracia y la propaganda. Se señaló cómo el régimen ha logrado capturar el Estado a través de una élite económica “obediente”, mediante mecanismos como la confiscación, la extorsión fiscal y la expulsión de disidentes.

Estos estudios, parte del trabajo realizado por una comisión internacional sobre política y mediación en Nicaragua, son el resultado de una labor exhaustiva que comenzó en julio de 2018. Los comentarios y análisis estuvieron a cargo de los miembros del grupo de trabajo de la comisión, entre quienes destacan Manuel Orozco, Eliseo Núñez y Ana Quirós, los tres nicaragüenses expatriados, quienes ofrecieron una visión detallada de la realidad nicaragüense.

Además de los temas contenidos en los informes, otro punto preocupante que surgió durante el evento fue el uso de la migración ilegal como herramienta política de negociación con Estados Unidos. Nicaragua ha sido responsable de un flujo migratorio significativo en los últimos años, además de convertirse en un país de tránsito para el gran contingente proveniente de Sudamérica, principalmente de Venezuela, uno de sus aliados regionales más importantes, y otros como Cuba. Esta triada autoritaria ha recurrido históricamente a la instrumentalización de la migración ilegal al norte, amenazando la seguridad del continente. Dado que es un año electoral en Estados Unidos, este tema debería estar en el centro de las discusiones y del debate público, siendo clave seguir demandando respuestas duraderas y contundentes de alcance internacional para combatir el chantaje de estas tres tiranías hacia la democracia más importante del mundo.

La persecución a la Iglesia católica también fue objeto de análisis, especialmente en un país donde el catolicismo es una parte integral de la identidad nacional. La represión y el encarcelamiento a seminaristas, sacerdotes y obispos representa una clara violación a la libertad religiosa y de expresión, mereciendo la denuncia y la atención del mundo libre y democrático.

Además de estos puntos críticos, se enfatizó la importancia de buscar estrategias pacíficas para abordar la crisis en Nicaragua, considerando la larga historia de violencia que ha marcado al país por décadas. La situación actual demanda un enfoque integral que involucre a actores nacionales e internacionales en la búsqueda de soluciones políticas que no rompan el tejido social ni escalen el conflicto hacia una espiral peligrosa que cause aún más inestabilidad a la región.

Sin duda, la situación política de Nicaragua es un llamado a la acción para todos aquellos comprometidos con la libertad y la democracia en toda la región latinoamericana.

La situación política de Nicaragua es un llamado a la acción para todos aquellos comprometidos con la libertad y la democracia en toda la región latinoamericana.

El lunes 15 de abril, en Ciudad de Guatemala, se llevó a cabo un evento que congregó a destacados expertos y activistas para examinar la situación política de Nicaragua. Organizado por The Dialogue, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y el Movimiento Cívico Nacional, este encuentro se centró en discutir la situación y los posibles escenarios de la nación centroamericana. Se presentaron dos estudios que arrojaron luz sobre desafíos cruciales que enfrenta el país del istmo.

El primer informe, "Captura del Estado en Nicaragua - El argumento a favor de la presión internacional", elaborado por Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de The Dialogue, expuso cómo la cúpula orteguista ha capturado al Estado. Se destacó el papel crucial de las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica en la profundización de este fenómeno al incrementar significativamente las ayudas y el financiamiento externo al régimen nicaragüense en los últimos años.

La conclusión del informe resaltó la necesidad de que las instituciones financieras internacionales revisen sus prácticas de préstamo actuales para que sean más rigurosas y adopten medidas que promuevan el gasto eficiente y transparente, favoreciendo así verdaderamente el desarrollo y la democracia en la región, en lugar de contribuir involuntariamente a la consolidación de regímenes corruptos o autoritarios que violan sistemáticamente derechos humanos.

El segundo estudio, "Esfuerzos para mitigar el riesgo de radicalización y sucesión dinástica en Nicaragua", enfatizó la necesidad de ejercer presión externa como parte de una estrategia integral para identificar áreas que puedan catalizar el compromiso entre los grupos cívicos y el régimen y así iniciar una transición democrática. Se trazaron acciones para debilitar las prácticas autoritarias que consolidan este régimen, como el clientelismo y los favores económicos que sustentan lealtades y que convierten al orteguismo en una cúpula familiar.

El estudio destacó la existencia de una arquitectura de poder en Nicaragua, apoyada en cinco pilares que garantizan el control del régimen de Ortega-Murillo: el aislamiento internacional, el monopolio de la fuerza, la captura del Estado, la criminalización de la democracia y la propaganda. Se señaló cómo el régimen ha logrado capturar el Estado a través de una élite económica “obediente”, mediante mecanismos como la confiscación, la extorsión fiscal y la expulsión de disidentes.

Estos estudios, parte del trabajo realizado por una comisión internacional sobre política y mediación en Nicaragua, son el resultado de una labor exhaustiva que comenzó en julio de 2018. Los comentarios y análisis estuvieron a cargo de los miembros del grupo de trabajo de la comisión, entre quienes destacan Manuel Orozco, Eliseo Núñez y Ana Quirós, los tres nicaragüenses expatriados, quienes ofrecieron una visión detallada de la realidad nicaragüense.

Además de los temas contenidos en los informes, otro punto preocupante que surgió durante el evento fue el uso de la migración ilegal como herramienta política de negociación con Estados Unidos. Nicaragua ha sido responsable de un flujo migratorio significativo en los últimos años, además de convertirse en un país de tránsito para el gran contingente proveniente de Sudamérica, principalmente de Venezuela, uno de sus aliados regionales más importantes, y otros como Cuba. Esta triada autoritaria ha recurrido históricamente a la instrumentalización de la migración ilegal al norte, amenazando la seguridad del continente. Dado que es un año electoral en Estados Unidos, este tema debería estar en el centro de las discusiones y del debate público, siendo clave seguir demandando respuestas duraderas y contundentes de alcance internacional para combatir el chantaje de estas tres tiranías hacia la democracia más importante del mundo.

La persecución a la Iglesia católica también fue objeto de análisis, especialmente en un país donde el catolicismo es una parte integral de la identidad nacional. La represión y el encarcelamiento a seminaristas, sacerdotes y obispos representa una clara violación a la libertad religiosa y de expresión, mereciendo la denuncia y la atención del mundo libre y democrático.

Además de estos puntos críticos, se enfatizó la importancia de buscar estrategias pacíficas para abordar la crisis en Nicaragua, considerando la larga historia de violencia que ha marcado al país por décadas. La situación actual demanda un enfoque integral que involucre a actores nacionales e internacionales en la búsqueda de soluciones políticas que no rompan el tejido social ni escalen el conflicto hacia una espiral peligrosa que cause aún más inestabilidad a la región.

Sin duda, la situación política de Nicaragua es un llamado a la acción para todos aquellos comprometidos con la libertad y la democracia en toda la región latinoamericana.

Tras el rechazo del Congreso, al gobierno le queda la opción de recurrir a procedimientos internos mediante acuerdos ministeriales o gubernativos.

El 10 de abril de 2024, el presidente Bernardo Arévalo, en consejo de ministros, aprobó un estado de calamidad, que posteriormente fue rechazado por el Congreso el 11 de abril, con 83 votos en contra.

La justificación del Ejecutivo para la declaración del estado de calamidad fue la crítica situación generada por los incendios forestales en Guatemala. Según un dictamen técnico de CONRED, hasta esa fecha se habían registrado 1,433 incendios que afectaron aproximadamente 7,375 hectáreas de cobertura forestal, con 69 incendios todavía activos. La escasez de recursos humanos, materiales y financieros parece haber sobrepasado la capacidad de respuesta institucional.

El artículo 138 de la Constitución guatemalteca permite la limitación temporal de ciertos derechos constitucionales en circunstancias de emergencia extrema, con el objetivo de proteger el bienestar público. La implementación de un estado de calamidad permite al gobierno adoptar medidas excepcionales que, en situaciones normales, estarían restringidas. Estas medidas incluyen la regulación de la movilidad de personas, la centralización de la gestión de servicios públicos y privados, y la restricción de reuniones para mejorar la respuesta a la crisis y mitigar daños adicionales, entre otras.

No obstante, el decreto propuesto por el presidente no se centraba primordialmente en restringir los derechos constitucionales, a diferencia de lo ocurrido durante la pandemia, sino en facilitar la adquisición de bienes y servicios de manera excepcional. Este permitía compras directas sin necesidad de adherirse a los procesos de contratación pública estipulados por ley, una medida justificada por la urgencia de los incendios, y buscaba flexibilizar la recepción de donaciones

El objetivo del gobierno es adquirir equipamiento esencial para combatir tanto los incendios forestales como los no forestales de manera efectiva. Los insumos necesarios, según la CONRED, incluyen herramientas manuales como azadones, batefuegos, machetes y palas, así como equipos especializados como bombas Matabi y rastrillos forestales. Además, se requiere de equipamiento aéreo, incluyendo aeronaves de ala fija y rotativa, esenciales para operaciones de supresión de incendios y acceso a áreas remotas para la descarga precisa de agua o retardantes.

Los artículos 8 al 10 del estado de calamidad pública estipulaban facilitar la adquisición de bienes por medio de donaciones y la disponibilidad de partidas presupuestarias. El artículo 8 proponía que todas las donaciones recibidas durante este periodo estuvieran exentas de impuestos (IVA, y DAI) y de procedimientos aduaneros, lo que agilizaría la recepción y uso inmediato de recursos vitales para la crisis. También se buscaba exonerar a dichas donaciones de los procedimientos de registro contable exigidos por la Ley Orgánica del Presupuesto en su artículo 53 para acelerar la captación de donaciones.

Por otro lado, el artículo 10 permitiría al gobierno reasignar espacios presupuestarios de manera ágil en caso de agotamiento de las partidas destinadas a herramientas necesarias para combatir los incendios, habilitando así una asignación presupuestaria para tal fin.

Es importante destacar que, aunque el estado de calamidad habría facilitado la captación de donaciones y permitido una compra ágil por excepción, la efectividad de las distintas entidades para distribuir la ayuda necesaria o combatir los incendios de manera eficaz depende de la capacidad institucional. Un estado de calamidad, por sí solo, no garantiza la superación de estas limitaciones estructurales.

Tras el rechazo del Congreso, al gobierno le queda la opción de recurrir a procedimientos internos mediante acuerdos ministeriales o gubernativos enfocados en agilizar el trámite de las donaciones y la importación de la cooperación internacional, buscando otras herramientas legales que les permitan agilizar las adquisiciones.

Tras el rechazo del Congreso, al gobierno le queda la opción de recurrir a procedimientos internos mediante acuerdos ministeriales o gubernativos.

El 10 de abril de 2024, el presidente Bernardo Arévalo, en consejo de ministros, aprobó un estado de calamidad, que posteriormente fue rechazado por el Congreso el 11 de abril, con 83 votos en contra.

La justificación del Ejecutivo para la declaración del estado de calamidad fue la crítica situación generada por los incendios forestales en Guatemala. Según un dictamen técnico de CONRED, hasta esa fecha se habían registrado 1,433 incendios que afectaron aproximadamente 7,375 hectáreas de cobertura forestal, con 69 incendios todavía activos. La escasez de recursos humanos, materiales y financieros parece haber sobrepasado la capacidad de respuesta institucional.

El artículo 138 de la Constitución guatemalteca permite la limitación temporal de ciertos derechos constitucionales en circunstancias de emergencia extrema, con el objetivo de proteger el bienestar público. La implementación de un estado de calamidad permite al gobierno adoptar medidas excepcionales que, en situaciones normales, estarían restringidas. Estas medidas incluyen la regulación de la movilidad de personas, la centralización de la gestión de servicios públicos y privados, y la restricción de reuniones para mejorar la respuesta a la crisis y mitigar daños adicionales, entre otras.

No obstante, el decreto propuesto por el presidente no se centraba primordialmente en restringir los derechos constitucionales, a diferencia de lo ocurrido durante la pandemia, sino en facilitar la adquisición de bienes y servicios de manera excepcional. Este permitía compras directas sin necesidad de adherirse a los procesos de contratación pública estipulados por ley, una medida justificada por la urgencia de los incendios, y buscaba flexibilizar la recepción de donaciones

El objetivo del gobierno es adquirir equipamiento esencial para combatir tanto los incendios forestales como los no forestales de manera efectiva. Los insumos necesarios, según la CONRED, incluyen herramientas manuales como azadones, batefuegos, machetes y palas, así como equipos especializados como bombas Matabi y rastrillos forestales. Además, se requiere de equipamiento aéreo, incluyendo aeronaves de ala fija y rotativa, esenciales para operaciones de supresión de incendios y acceso a áreas remotas para la descarga precisa de agua o retardantes.

Los artículos 8 al 10 del estado de calamidad pública estipulaban facilitar la adquisición de bienes por medio de donaciones y la disponibilidad de partidas presupuestarias. El artículo 8 proponía que todas las donaciones recibidas durante este periodo estuvieran exentas de impuestos (IVA, y DAI) y de procedimientos aduaneros, lo que agilizaría la recepción y uso inmediato de recursos vitales para la crisis. También se buscaba exonerar a dichas donaciones de los procedimientos de registro contable exigidos por la Ley Orgánica del Presupuesto en su artículo 53 para acelerar la captación de donaciones.

Por otro lado, el artículo 10 permitiría al gobierno reasignar espacios presupuestarios de manera ágil en caso de agotamiento de las partidas destinadas a herramientas necesarias para combatir los incendios, habilitando así una asignación presupuestaria para tal fin.

Es importante destacar que, aunque el estado de calamidad habría facilitado la captación de donaciones y permitido una compra ágil por excepción, la efectividad de las distintas entidades para distribuir la ayuda necesaria o combatir los incendios de manera eficaz depende de la capacidad institucional. Un estado de calamidad, por sí solo, no garantiza la superación de estas limitaciones estructurales.

Tras el rechazo del Congreso, al gobierno le queda la opción de recurrir a procedimientos internos mediante acuerdos ministeriales o gubernativos enfocados en agilizar el trámite de las donaciones y la importación de la cooperación internacional, buscando otras herramientas legales que les permitan agilizar las adquisiciones.

El último cuarto de siglo en Venezuela se ha caracterizado por la persistente lucha por la democracia entre el autoritarismo chavista-madurista y la oposición, una confrontación marcada por episodios de represión extrema que han dinamitado la posibilidad de un proceso electoral verdaderamente libre y con garantías en el país.

Desde la perspectiva del politólogo de Harvard, Steven Levitsky, la evolución del régimen venezolano ha transitado de un autoritarismo competitivo (2000-2012), basado en la figura carismática de Hugo Chávez quien contaba con el apoyo de una amplia mayoría del electorado y quien además no titubeaba en gastar ingentes recursos públicos para alimentar la maquinaria de dádivas y de acarreo de votos. Para luego, con Nicolás Maduro, pasar a un autoritarismo abiertamente hegemónico (2013-presente), donde a falta de carisma y petrodólares, los procesos electorales se han visto seriamente menoscabados por prácticas represivas y autoritarias que han erosionado la confianza en el proceso electoral dentro y fuera de Venezuela. La manipulación de la ley electoral y gerrymandering de los circuitos, la construcción de mayorías artificiales con el voto corporativo, los impedimentos para la actualización del padrón electoral, el férreo control del órgano electoral por parte del gobierno de Nicolás Maduro, el ventajismo en el uso indiscriminado de recursos del Estado para la campaña oficialista, la judicialización de candidaturas, las inhabilitaciones a opositores políticos, el secuestro de las tarjetas de partidos de oposición con candidaturas “mampara” para dividir el voto opositor, la poca transparencia en el conteo de votos por la inescrutabilidad del sistema informático y el impedimento de observación internacional, han socavado la legitimidad de los comicios, impidiendo una competencia política justa y transparente.

En el contexto de las elecciones venideras del 28 de julio de 2024, la oposición de nuevo se enfrenta a todos estos obstáculos que merman su capacidad para ganar elecciones. Aunado a esto, en los últimos meses, el régimen ha intensificado su represión contra líderes opositores como Pedro Urruchurtu y Magaly Meda, quienes se encuentran a resguardo junto con otros perseguidos en la Embajada de Argentina en Caracas. Además de acciones como el encarcelamiento de los activistas Rocío San Miguel, Dignora Hernández y Henry Alvíarez, el hostigamiento a periodistas críticos como Orlando Avendaño, e incluso el asesinato de disidentes exiliados como el teniente Ronald Ojeda en Chile, tienen el claro objetivo de desmoralizar y socavar la participación electoral de la gran mayoría de los venezolanos (alrededor del 88.5%[1]) que desean un cambio de gobierno. 

Adicionalmente, hace pocos días, la Asamblea de mayoría chavista aprobó una “Ley contra el Fascismo”, que busca ser el nuevo instrumento para perseguir y acallar cualquier intento de disidencia o protesta contra el gobierno en los próximos días. 

Pareciera que tal y como están planteadas las cosas de momento, las vías para una eventual victoria electoral opositora parecieran totalmente cerradas. En medio de este contexto, surge una pregunta crucial: ¿Puede la oposición venezolana efectivamente ganar las elecciones del próximo 28 de julio?

A pesar de la altísima impopularidad de Nicolás Maduro, reflejada en una intención de voto del 7%, la fragmentación y debilidad dentro de la oposición plantean obstáculos significativos para alcanzar finalmente una victoria electoral. 

En este sentido, la situación actual de la oposición venezolana revela un escenario sumamente complejo y desafiante. Manuel Rosales, la única candidatura de oposición reconocida por el régimen, enfrenta altos niveles de rechazo por parte del electorado (alrededor del 85% de opinión negativa), lo que limita su capacidad para movilizar un apoyo significativo. Por otro lado, la inhabilitación de María Corina Machado, la candidata con mayor intención de voto (72% según Meganálisis), representa un obstáculo insuperable para materializar ese respaldo popular en resultados electorales concretos.

Ante este panorama, se vislumbra la necesidad de una negociación política entre las partes involucradas como un paso fundamental para superar el estancamiento y abrir camino hacia una oportunidad real de lograr una transición democrática. A pesar de que ya se han desmentido conversaciones entre las partes, la reciente declaración de la designada por María Corina Machado, la Dra. Corina Yoris, en una entrevista para el diario Clarín, no descarta por completo la posibilidad de un eventual acuerdo entre Rosales y Machado para lograr derrotar a Nicolás Maduro. 

En última instancia, la victoria opositora depende en gran medida de la capacidad de la propia oposición para superar sus divisiones internas, articular una estrategia coherente y movilizar el apoyo popular en contra del régimen autoritario de Nicolás Maduro. También cabe destacar que la consolidación de una alternativa democrática requerirá en las próximas semanas no solo de la unidad del liderazgo político, sino también del respaldo de la comunidad internacional y la sociedad venezolana en su conjunto. 

Solo a través de la conjunción de todos estos factores se podrá avanzar hacia la restauración de la democracia en Venezuela, lo cual tampoco significa que lo logremos, pero no hay más alternativa que intentarlo.

[1] Todas las cifras son tomadas de la encuesta de Meganálisis. Marzo 2024. 

El último cuarto de siglo en Venezuela se ha caracterizado por la persistente lucha por la democracia entre el autoritarismo chavista-madurista y la oposición, una confrontación marcada por episodios de represión extrema que han dinamitado la posibilidad de un proceso electoral verdaderamente libre y con garantías en el país.

Desde la perspectiva del politólogo de Harvard, Steven Levitsky, la evolución del régimen venezolano ha transitado de un autoritarismo competitivo (2000-2012), basado en la figura carismática de Hugo Chávez quien contaba con el apoyo de una amplia mayoría del electorado y quien además no titubeaba en gastar ingentes recursos públicos para alimentar la maquinaria de dádivas y de acarreo de votos. Para luego, con Nicolás Maduro, pasar a un autoritarismo abiertamente hegemónico (2013-presente), donde a falta de carisma y petrodólares, los procesos electorales se han visto seriamente menoscabados por prácticas represivas y autoritarias que han erosionado la confianza en el proceso electoral dentro y fuera de Venezuela. La manipulación de la ley electoral y gerrymandering de los circuitos, la construcción de mayorías artificiales con el voto corporativo, los impedimentos para la actualización del padrón electoral, el férreo control del órgano electoral por parte del gobierno de Nicolás Maduro, el ventajismo en el uso indiscriminado de recursos del Estado para la campaña oficialista, la judicialización de candidaturas, las inhabilitaciones a opositores políticos, el secuestro de las tarjetas de partidos de oposición con candidaturas “mampara” para dividir el voto opositor, la poca transparencia en el conteo de votos por la inescrutabilidad del sistema informático y el impedimento de observación internacional, han socavado la legitimidad de los comicios, impidiendo una competencia política justa y transparente.

En el contexto de las elecciones venideras del 28 de julio de 2024, la oposición de nuevo se enfrenta a todos estos obstáculos que merman su capacidad para ganar elecciones. Aunado a esto, en los últimos meses, el régimen ha intensificado su represión contra líderes opositores como Pedro Urruchurtu y Magaly Meda, quienes se encuentran a resguardo junto con otros perseguidos en la Embajada de Argentina en Caracas. Además de acciones como el encarcelamiento de los activistas Rocío San Miguel, Dignora Hernández y Henry Alvíarez, el hostigamiento a periodistas críticos como Orlando Avendaño, e incluso el asesinato de disidentes exiliados como el teniente Ronald Ojeda en Chile, tienen el claro objetivo de desmoralizar y socavar la participación electoral de la gran mayoría de los venezolanos (alrededor del 88.5%[1]) que desean un cambio de gobierno. 

Adicionalmente, hace pocos días, la Asamblea de mayoría chavista aprobó una “Ley contra el Fascismo”, que busca ser el nuevo instrumento para perseguir y acallar cualquier intento de disidencia o protesta contra el gobierno en los próximos días. 

Pareciera que tal y como están planteadas las cosas de momento, las vías para una eventual victoria electoral opositora parecieran totalmente cerradas. En medio de este contexto, surge una pregunta crucial: ¿Puede la oposición venezolana efectivamente ganar las elecciones del próximo 28 de julio?

A pesar de la altísima impopularidad de Nicolás Maduro, reflejada en una intención de voto del 7%, la fragmentación y debilidad dentro de la oposición plantean obstáculos significativos para alcanzar finalmente una victoria electoral. 

En este sentido, la situación actual de la oposición venezolana revela un escenario sumamente complejo y desafiante. Manuel Rosales, la única candidatura de oposición reconocida por el régimen, enfrenta altos niveles de rechazo por parte del electorado (alrededor del 85% de opinión negativa), lo que limita su capacidad para movilizar un apoyo significativo. Por otro lado, la inhabilitación de María Corina Machado, la candidata con mayor intención de voto (72% según Meganálisis), representa un obstáculo insuperable para materializar ese respaldo popular en resultados electorales concretos.

Ante este panorama, se vislumbra la necesidad de una negociación política entre las partes involucradas como un paso fundamental para superar el estancamiento y abrir camino hacia una oportunidad real de lograr una transición democrática. A pesar de que ya se han desmentido conversaciones entre las partes, la reciente declaración de la designada por María Corina Machado, la Dra. Corina Yoris, en una entrevista para el diario Clarín, no descarta por completo la posibilidad de un eventual acuerdo entre Rosales y Machado para lograr derrotar a Nicolás Maduro. 

En última instancia, la victoria opositora depende en gran medida de la capacidad de la propia oposición para superar sus divisiones internas, articular una estrategia coherente y movilizar el apoyo popular en contra del régimen autoritario de Nicolás Maduro. También cabe destacar que la consolidación de una alternativa democrática requerirá en las próximas semanas no solo de la unidad del liderazgo político, sino también del respaldo de la comunidad internacional y la sociedad venezolana en su conjunto. 

Solo a través de la conjunción de todos estos factores se podrá avanzar hacia la restauración de la democracia en Venezuela, lo cual tampoco significa que lo logremos, pero no hay más alternativa que intentarlo.

[1] Todas las cifras son tomadas de la encuesta de Meganálisis. Marzo 2024. 

¿Cómo es que esta resolución ayuda a desatar las razones de la suspensión ante el Comité Olímpico Internacional (COI)?

El 20 de marzo, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala emitió una resolución que contribuye en el levantamiento de la suspensión de Guatemala ante el Comité Olímpico Internacional (COI). 

Esta resolución aceptó un desistimiento en la acción de inconstitucionalidad previamente interpuesta por el Tribunal Eleccionario del Deporte Federado (TEDEFE) en contra de tres acuerdos emitidos por el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) en 2021 y 2022:

1. Acuerdo 011/2021-CE-COG Estatutos Del Comité Olímpico Guatemalteco, Aprobados por el Comité Olímpico Internacional.
2. Acuerdo 01/2022-CE-COG Código Electoral del Comité Olímpico Guatemalteco.
3. Acuerdo 02/2022-CE-COG Código de Ética del Comité Olímpico Guatemalteco y del Movimiento Olímpico en el Territorio Nacional.

¿Cómo es que esta resolución ayuda a desatar las razones de la suspensión ante el Comité Olímpico Internacional (COI)? La cronología de eventos nos ayudará a conocer el contexto de esta situación compleja:

• 9 de octubre de 2021: El COG elige a la planilla de Jorge Rodas para dirigir su Comité Ejecutivo en un proceso marcado por una ausencia de competencia directa, debido a la falta de una constancia transitoria (mal llamado finiquito) por parte de Gerardo Aguirre, el rival. La elección resultó en 9 votos a favor y 28 votos nulos.
• Noviembre de 2023: El COI declara no reconocer la elección del Comité Ejecutivo liderado por Rodas. En respuesta, el COG implementa nuevos estatutos y establece una Comisión Electoral según el nuevo Código Electoral (normas detalladas al principio). Bajo esta nueva normativa, se celebran elecciones en marzo de 2022, ganadas por la planilla de Gerardo Aguirre, en elecciones que gozaban del reconocimiento del COI.
• Conflicto Legal: La creación de la Comisión Electoral bajo el nuevo Código Electoral generó controversia, ya que el decreto 76-97 asigna al TEDEFE la organización de elecciones deportivas. No obstante, se argumentó que en caso de discrepancia entre la ley nacional y la Carta Olímpica, prevalecería esta última, basándose en el artículo 170 del decreto mencionado.

Ahora abordamos el núcleo de la resolución del 20 de marzo pasado. Este desistimiento se refiere un caso de agosto de 2021, a la acción de inconstitucionalidad promovida por el TEDEFE y la consiguiente decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), que generó controversia al suspender provisionalmente varios artículos de los nuevos estatutos y códigos, tenía el objetivo de cuestionar la validez de las elecciones de marzo de 2022 y, efectivamente, restablecer la validez de la elección de Rodas de octubre de 2021. Este esfuerzo culminó el 2 de noviembre de 2022, cuando la CC, en otro caso, concedió un amparo provisional en favor de la planilla de Rodas, ordenando que se les otorgara posesión de sus cargos.

La naturaleza polémica de estas decisiones no puede subestimarse. Primero, surge el debate sobre la capacidad jurídica del TEDEFE para interponer tal acción dado que carece de personalidad jurídica, y, aún así, la Corte procedió a aceptar su caso. Además, la decisión de la Corte de anular los estatutos del COG, que contaban con el respaldo del COI, añade otra capa de complejidad a este asunto. Sin duda, este caso invita a una discusión más detallada en futuros análisis.

 Centrando nuestra atención en la resolución del 20 de marzo de 2024, su importancia radica en que, al aceptar el desistimiento por parte del TEDEFE, se reviven los estatutos de 2021, que recibieron la visto bueno del COI. Esto también revalida la normativa electoral que fundamentó las elecciones de marzo de 2022, en las que resultó vencedor Aguirre, eleccions que también cuentan con el visto bueno del COI.

Es crucial destacar que, en su fallo, la Corte especifica que el anuncio hecho por el Comité Ejecutivo del COG el 25 de febrero de 2024 en el Diario Oficial, mediante el cual pretendían "derogar" los estatutos de 2021 (Acuerdo 011/2021-CE-COG), carece de validez. Esto se debe a que tal acción corresponde exclusivamente a la Asamblea General del COG, y no al Comité Ejecutivo por iniciativa propia. De manera que no queda duda que los estatutos de diciembre de 2021 del COG, quedan vigentes.

¿Cómo es que esta resolución ayuda a desatar las razones de la suspensión ante el Comité Olímpico Internacional (COI)?

El 20 de marzo, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala emitió una resolución que contribuye en el levantamiento de la suspensión de Guatemala ante el Comité Olímpico Internacional (COI). 

Esta resolución aceptó un desistimiento en la acción de inconstitucionalidad previamente interpuesta por el Tribunal Eleccionario del Deporte Federado (TEDEFE) en contra de tres acuerdos emitidos por el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) en 2021 y 2022:

1. Acuerdo 011/2021-CE-COG Estatutos Del Comité Olímpico Guatemalteco, Aprobados por el Comité Olímpico Internacional.
2. Acuerdo 01/2022-CE-COG Código Electoral del Comité Olímpico Guatemalteco.
3. Acuerdo 02/2022-CE-COG Código de Ética del Comité Olímpico Guatemalteco y del Movimiento Olímpico en el Territorio Nacional.

¿Cómo es que esta resolución ayuda a desatar las razones de la suspensión ante el Comité Olímpico Internacional (COI)? La cronología de eventos nos ayudará a conocer el contexto de esta situación compleja:

• 9 de octubre de 2021: El COG elige a la planilla de Jorge Rodas para dirigir su Comité Ejecutivo en un proceso marcado por una ausencia de competencia directa, debido a la falta de una constancia transitoria (mal llamado finiquito) por parte de Gerardo Aguirre, el rival. La elección resultó en 9 votos a favor y 28 votos nulos.
• Noviembre de 2023: El COI declara no reconocer la elección del Comité Ejecutivo liderado por Rodas. En respuesta, el COG implementa nuevos estatutos y establece una Comisión Electoral según el nuevo Código Electoral (normas detalladas al principio). Bajo esta nueva normativa, se celebran elecciones en marzo de 2022, ganadas por la planilla de Gerardo Aguirre, en elecciones que gozaban del reconocimiento del COI.
• Conflicto Legal: La creación de la Comisión Electoral bajo el nuevo Código Electoral generó controversia, ya que el decreto 76-97 asigna al TEDEFE la organización de elecciones deportivas. No obstante, se argumentó que en caso de discrepancia entre la ley nacional y la Carta Olímpica, prevalecería esta última, basándose en el artículo 170 del decreto mencionado.

Ahora abordamos el núcleo de la resolución del 20 de marzo pasado. Este desistimiento se refiere un caso de agosto de 2021, a la acción de inconstitucionalidad promovida por el TEDEFE y la consiguiente decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), que generó controversia al suspender provisionalmente varios artículos de los nuevos estatutos y códigos, tenía el objetivo de cuestionar la validez de las elecciones de marzo de 2022 y, efectivamente, restablecer la validez de la elección de Rodas de octubre de 2021. Este esfuerzo culminó el 2 de noviembre de 2022, cuando la CC, en otro caso, concedió un amparo provisional en favor de la planilla de Rodas, ordenando que se les otorgara posesión de sus cargos.

La naturaleza polémica de estas decisiones no puede subestimarse. Primero, surge el debate sobre la capacidad jurídica del TEDEFE para interponer tal acción dado que carece de personalidad jurídica, y, aún así, la Corte procedió a aceptar su caso. Además, la decisión de la Corte de anular los estatutos del COG, que contaban con el respaldo del COI, añade otra capa de complejidad a este asunto. Sin duda, este caso invita a una discusión más detallada en futuros análisis.

 Centrando nuestra atención en la resolución del 20 de marzo de 2024, su importancia radica en que, al aceptar el desistimiento por parte del TEDEFE, se reviven los estatutos de 2021, que recibieron la visto bueno del COI. Esto también revalida la normativa electoral que fundamentó las elecciones de marzo de 2022, en las que resultó vencedor Aguirre, eleccions que también cuentan con el visto bueno del COI.

Es crucial destacar que, en su fallo, la Corte especifica que el anuncio hecho por el Comité Ejecutivo del COG el 25 de febrero de 2024 en el Diario Oficial, mediante el cual pretendían "derogar" los estatutos de 2021 (Acuerdo 011/2021-CE-COG), carece de validez. Esto se debe a que tal acción corresponde exclusivamente a la Asamblea General del COG, y no al Comité Ejecutivo por iniciativa propia. De manera que no queda duda que los estatutos de diciembre de 2021 del COG, quedan vigentes.

Apoyándonos en la teoría de juegos y la IA en la búsqueda de desenlaces más claros, nos planteamos una sencilla matriz de recompensas sobre los posibles resultados, de acuerdo a las ganancias o pérdidas para cada parte según cada decisión. 

Ya fue anunciada la fecha de las elecciones presidenciales por el Consejo Nacional Electoral: 28 de julio de 2024. A cuatro meses y unos pocos días de que se efectúen los comicios en Venezuela, surgen interrogantes cruciales sobre si este proceso desencadenará en un cambio de sistema o en un recrudecimiento del autoritarismo imperante desde hace un cuarto de siglo. 

Lo primero que hay que tomar en cuenta es que la ganadora de las primarias opositoras de 2023, María Corina Machado, según encuestas recientes, tendría una clarísima ventaja con 69.1% de intención de voto, frente a Nicolás Maduro, que apenas cuenta con el 7.4% de apoyo de los votantes venezolanos[1]. La segunda variable a tomar en cuenta es que el 26 de enero de 2024 fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia la inhabilitación por 15 años de Machado para participar en elecciones. Esto coloca la lucha por la democracia en Venezuela en otra fase y plantea retos formidables en el corto plazo. 

En entregas anteriores, se analizaron los tres posibles escenarios que se pueden dar en los próximos meses, tomando en cuenta experiencias de la historia reciente en la región. En ese sentido, nos planteamos el escenario óptimo de Nicaragua 1990, el escenario intermedio de Chile 1989 y el escenario negativo de Nicaragua 2021. 

Sin embargo, ya que el escenario óptimo está totalmente descartado y apoyándonos en la teoría de juegos y la IA en la búsqueda de desenlaces más claros, nos planteamos una sencilla matriz de recompensas sobre los posibles resultados, de acuerdo a las ganancias o pérdidas para cada parte según cada decisión. Primero, definimos las acciones posibles para cada actor y las posibles respuestas del otro actor. Luego asignamos una recompensa a cada combinación de acciones, reflejando el resultado esperado para cada actor.

Para María Corina Machado (MCM):

1. Endosarle su voto a un sustituto aceptable para el régimen
2. Llamar a la abstención electoral en protesta para deslegitimar el proceso

Para el régimen de Maduro (RM):

1. Mantener la inhabilitación a María Corina Machado pero permitir que ésta nombre a un sustituto aceptable para el oficialismo
2. No permitir elecciones libres

Ahora, utilizando esta información, podemos construir una matriz de recompensas simplificada:

Matriz de Recompensas

En esta matriz:

Las recompensas están asignadas de manera arbitraria y representan un equilibrio entre los intereses de ambas partes. Por ejemplo, la recompensa más alta para Machado se asocia con la acción de no cooperar y llamar a la abstención, ya que esto podría desafiar la legitimidad del proceso electoral y potencialmente debilitar al régimen actual. Sin embargo, esto también podría provocar represalias y una posible intensificación de la represión política.

Análisis de la matriz:

Primer escenario: Ambos cooperan: MCM endosa voto a sustituto / El régimen mantiene inhabilitación pero permite sustituto (5, 5):

• El régimen de Maduro acepta que corra un candidato opositor de su elección que cuente con el respaldo del liderazgo de Machado y de la mayoría de la oposición y ofrece condiciones electorales mínimas a cambio de impunidad en el gobierno de transición. María Corina accede a trasladar su apoyo al candidato mas viable que cuente con la aprobación del régimen y de la mayoría de la oposición. Se gana la elección y hay una transición. 

Segundo escenario: MCM coopera nombrando un candidato sustituto / El régimen no permite elecciones libres (-10, 10)

• Machado accede a trasladar su apoyo al candidato mas viable que cuente con el apoyo del régimen y de la mayoría de la oposición. El gobierno inabilita a cualquier candidato que Machado apoye. No hay transición. 

Tercer escenario: MCM no coopera y llama a la abstención / El régimen mantiene inhabilitación a MCM pero deja correr a otros candidatos (10, -10)

• Se diluye el voto opositor entre los candidatos que finalmente competirán contra Maduro y, al no contar con el respaldo de la persona que ostenta la preferencia mayoritaria del electorado (MCM), la oposición pierde la elección. No hay transición. 

Cuarto escenario: Ninguno coopera MCM Llama a la abstención / El régimen no permite elecciones libres (-5, -5):

• No hay transición. Se intensifica la represión política, mayor aislamiento internacional. 

Conclusiones

En este punto, la opción más favorable parece ser la del primer escenario en donde ambas partes cooperan. Aunque esta opción no es perfecta e implica grandes costos para Machado y el régimen de Maduro, permite cierta legitimidad al proceso electoral al incluir un sustituto aceptable para el oficialismo, y además, María Corina podría beneficiarse al mantener cierta participación en el proceso político. El problema con este escenario es que la decisión principal no está en Machado, sino en el régimen, al verse en la necesidad de hacer ciertas aperturas políticas a cambio de impunidad y de los incentivos que la contraparte les ofrezca en una eventual transición. Si esa premisa no se cumple, y el régimen se niega a cooperar, no importa la decisión que tome Machado, no habría transición política. 

 [1] Encuesta Meganálisis. Marzo 2024

En el mundo de hoy, los problemas nos doblegan y las necesidades nos humillan, pero, es allí, donde debemos encontrar paz en la tormenta y esperanza en el ser humano, la razón de ser de la creación.

Si es cierto que la historia de la especie humana ha evolucionado en ciclos, los buenos y los malos, también lo es que, a partir del año 2000, el mundo empezó a dar señales de cambio, desencuentro e incertidumbre.

Los tambores de guerra empezaron a retumbar, y no se callan; la economía global se hizo insuficiente y la tecnología nos tiene subidos en una rueda de circo que a veces marea porque aumenta su velocidad por segundo.

Llegamos al final de un año más, que exige que nuestra fe en la humanidad no se rinda ante la brutalidad de la barbarie, por la violencia y por la muerte de inocentes; debido a tanto político impresentable y mentiroso, y a causa de castigos injustos o el pago de culpas ajenas.

Estamos a las puertas de un nuevo año, en el que aspiramos a que los hombres y mujeres de la América Latina no sean más aquel personaje humilde y estoico que sube, la piedra al cerro, los déspotas al poder, y luego emigra para sobrevivir; no precisamente cruzando el Rio Bravo en dirección a la Patagonia.

Los tiempos que vivimos nos exigen que encontremos la serenidad para reconciliarnos, la inteligencia para hacer realidad nuestras metas e ilusiones, y la humildad para aceptar que a esos lugares solo nos llevarán la determinación, el compromiso y los sacrificios necesarios.

Si es cierto que la madurez es cuestión de información y aprendizaje, el mundo de hoy nos ofrece la primera con abundancia; pero es vital que sepamos filtrar, discernir y escoger entre el trigo y la paja, para alcanzar madurez y conocimiento, sin olvidar que, el camino hacia la felicidad está, no tanto en llegar, como en intentarlo, dando lo mejor de ti.  

La vida no es tanto lo que buscas como lo que encuentras. Nada te caerá de arriba si no subes a buscarlo. Está bien tener fe, pero son la voluntad, el trabajo y la persistencia lo que mueve montañas.  

En el mundo de hoy, los problemas nos doblegan y las necesidades nos humillan, pero, es allí, donde debemos encontrar paz en la tormenta y esperanza en el ser humano, la razón de ser de la creación. Solo así, podremos volver a los días de la siembra y de la danza.

En mi nombre y el del alto mando de nuestra Fundación, Feliz Navidad y nuestros mejores deseos por un gran 2024.