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Las elecciones son esenciales para la vida democrática de un país, pero últimamente han estado bajo ataque.

Hace algunas semanas Daniel Ortega dijo abiertamente que ya no se realizarán elecciones en Nicaragua para evitar que la oposición tome el control del Gobierno. Varios países, incluyendo Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Guatemala, salieron a condenar estas infames declaraciones.

Unos días después, el presidente del Congreso dijo que todo era un malentendido, ya que se realizarán elecciones, pero sin permitir la participación de «golpistas» y «traidores a la patria». Es decir, todo aquel que se atreva a criticar a Ortega y su esposa no tiene derecho a participar.

Las elecciones son esenciales para la vida democrática de un país, pero últimamente han estado bajo ataque. Los políticos perdedores, en vez de asumir su derrota, les resulta más fácil «denunciar» un supuesto fraude. Y esto lo hemos visto en candidatos perdedores de izquierda y derecha. No es patrimonio exclusivo de alguna ideología.

Lo peor son los políticos oficialistas que, teniendo el control del ejecutivo y una enorme influencia, se atreven a decir que hubo fraude y por eso perdieron ellos o sus candidatos. Allí esta el ejemplo de Petro en Colombia, pero en su momento también lo hizo el partido de Giammattei en las elecciones de 2023.

Las elecciones son importantes, porque garantizan una transición pacífica del poder. La alternativa son golpes de Estado, que abundaron en América Latina entre 1960 y 1990, lo que provoca violencia, muertes, prisioneros, exiliados y una enorme inestabilidad política que hace miserable la vida de los ciudadanos.

Los países occidentales adoptaron la democracia liberal como la forma más civilizada de resolver las diferencias políticas. En cualquier sociedad habrá siempre diversas opiniones, corrientes ideológicas e intereses que tratarán de impulsar su propia agenda. Es parte de la naturaleza del ser humano. Lo importante es resolver esas diferencias por medios pacíficos y con unas reglas del juego justas, que permitan la alternancia en el poder. 

Sin embargo, la izquierda radical cree que su visión es tan buena que debe ser impuesta por la fuerza al resto de la sociedad, a través de dictaduras. Lamentablemente, la derecha radical cree exactamente lo mismo. Ambas posturas extremistas justifican el uso de la violencia para imponer sus respectivas visiones. Para estos extremistas, las elecciones no deberían existir.

En Guatemala, debemos cuidar nuestro sistema electoral. Son más de cuarenta años que, con todas sus imperfecciones, nos han permitido vivir transiciones pacíficas del poder. Eso ya es un enorme avance en nuestro desarrollo institucional. No lo descuidemos.

*Columna publicada originalmente en Soy502

El Ejecutivo recibe amplias críticas por los nuevos subsidios

El Gobierno anunció que enviará al Congreso una propuesta de subsidio para enfrentar la crisis de los precios altos del petróleo. Se propone Q12 por cada galón de diésel y Q3 por cada galón de gasolina regular. 

Las críticas no se han hecho esperar. Algunos indican que es insuficiente. Otros cuestionan por qué se excluye la gasolina premium o súper. Pero el mayor descontento es porque se está entregando dinero a un grupo de empresas, sin que se tenga certeza de que el beneficio llegará a los ciudadanos.

El problema de dar subsidio a las empresas es que no se sabe si se está aplicando el descuento total al consumidor y/o si la empresa se está quedando con una parte de ese subsidio. El incentivo de las empresas es “inflar” inicialmente los precios, para luego decir que los bajaron con el subsidio. No hay forma de determinar si los recursos públicos están siendo utilizados correctamente.

Por esa razón, es comprensible todo el cuestionamiento al Ejecutivo. De hecho, están sufriendo un gran desgaste por esta decisión y circulan videos de algunos miembros del partido oficial cuando criticaron una medida similar que aplicó el gobierno anterior. ¿Por qué antes era malo y ahora es bueno?

Ahora la discusión se centrará en el Congreso, pero todo el descontento ciudadano expresado en redes sociales podría hacer que el oficialismo no consiga los votos suficientes. Sería una fuerte derrota para el Ejecutivo.

En situaciones extremas, lo mejor es subsidiar directamente al consumidor. En este caso, era mejor quitar el impuesto a los combustibles o bien dar transferencias directas a los grupos más necesitados. Es mucho más transparente. Lástima que decidieran el camino más cuestionado. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

La guerra en Oriente Medio nos impacta en Guatemala

En las últimas semanas, los precios de la gasolina y el diésel se incrementaron de nuevo, sobrepasando los 40 quetzales en algunos lugares. Esto vuelve a poner una fuerte presión sobre los bolsillos de las familias guatemaltecas.

La mala noticia es que el precio podría aumentar aún más, debido a que la guerra entre Irán y Estados Unidos se está complicando. Los mercados anticipan mayor escasez de petróleo y, por eso, sube el precio.

El subsidio ya se terminó y se gastaron casi dos mil millones de quetzales. Ahora los transportistas están presionando para que se apruebe otro subsidio, lo que significaría miles de millones más.

Las finanzas del gobierno no alcanzan para mantener un subsidio permanente a los combustibles. Tarde o temprano tenemos que afrontar la realidad de los altos precios del petróleo.

Lo que sí puede discutirse es abolir de una vez por todas los impuestos a los combustibles.  Ese impuesto se estableció para darle mantenimiento a las carreteras, pero es más que obvio que no cumple su propósito.

Para este año se estima recaudar 5 mil 261 millones de quetzales con este impuesto, representando 4.4 % del total de la recaudación fiscal. 

No se puede negar que esto pondría presión sobre las finanzas del Estado, pero también es cierto que este impuesto crea bastante descontento social, sobre todo en un contexto de precios altos de los combustibles.

Si se quita el impuesto a los combustibles, el precio de la gasolina bajaría entre 4.60 y 4.70 quetzales, lo cual sería un alivio para muchos guatemaltecos, sobre todo para los usuarios de motocicletas que son quienes más resienten los precios altos de la gasolina.

La solución es menos impuestos, no más subsidios. 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

La Contraloría de Cuentas se volvió un arma política

Esta semana inició el proceso de elección del nuevo Contralor General de Cuentas, un puesto desconocido para la mayoría de los guatemaltecos, pero que resulta de suma importancia para el país.

La Contraloría General de Cuentas debe fiscalizar el gasto de todas las instituciones del Estado, incluidas las municipalidades. Realiza auditorías regulares para detectar el mal uso de los recursos públicos.

Todos los años publica un informe con los hallazgos de irregularidades en el gasto público. En ese sentido, como decimos los chapines, la función de la Contraloría es “contarle las costillas” a los funcionarios públicos.

Si esta institución realizara bien su trabajo, destaparía varios casos de corrupción y sus hallazgos serían los insumos iniciales para que el Ministerio Público actúe, profundice la investigación y luego lleve los casos a los tribunales.

Sin embargo, esta institución ha estado al servicio de los gobiernos de turno. Los alcaldes y funcionarios que son amigos del poder no tienen que preocuparse, ya que la Contraloría puede hacerse de la “vista gorda”. 

La Contraloría también emite el famoso “finiquito”, que es una constancia necesaria para optar a un cargo público. En el pasado, la Contraloría ha sido utilizada para facilitarles el finiquito a los “amigos”, pero negárselo a quienes son considerados “enemigos” del poder.

Estamos próximos a las elecciones y la Contraloría podría ser utilizada nuevamente como arma política. En ese sentido, los decanos de Ciencias Económicas y Contaduría de las universidades tienen una enorme responsabilidad para el país. 

Como ciudadanos debemos estar atentos a este proceso, ya que es fundamental para la salud de nuestra democracia.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

El sistema de justicia del país se deteriora y pareciera estar diseñado y controlado para dejar en libertad a los criminales.

Esta semana vimos la actuación de dos jueces que han provocado el enojo de los guatemaltecos, afectando la confianza pública en el sistema de justicia.

El primero fue el caso de Larkin Morales. Este joven fue salvajemente atacado varias veces por un conductor hace algunos meses, lo que provocó que le amputaran la pierna, cambiando para siempre su vida.

La jueza a cargo del caso le otorgó una medida sustitutiva a la persona que cometió este crimen. Lo que más indigna es que en los videos a los que tuvimos acceso todos los guatemaltecos, se ve claramente la intención criminal del acusado, embistiendo varias veces a la víctima.

Lo más grave es que no solo se comete una vil injusticia, sino que además esta persona, que ahora está libre, representa un peligro para toda la sociedad. ¿Qué impide que vuelva a atacar a cualquier otra persona en el tráfico? ¿Qué mensaje de impunidad se envía a la sociedad?

El segundo caso es el del acusado de haber robado 20 millones de un banco del Estado. El juez a cargo le otorgó una medida sustitutiva. ¿Cómo es posible que se le brinde una medida sustitutiva a una persona acusada de un delito tan grave y con posibles influencias políticas?

La prisión preventiva puede ser un abuso y debe utilizarse solo en casos excepcionales. Sin embargo, en estos dos casos, resulta incompresible la decisión de los jueces de otorgar una medida sustitutiva a personas que representan un peligro para la sociedad y que han cometido delitos tan graves.

El sistema de justicia del país se deteriora y pareciera estar diseñado y controlado para dejar en libertad a los criminales, pero castigar a los oponentes políticos. 

Ojalá que Larkin Morales y su familia obtengan justicia.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario.

El giro a la derecha se consolida en América Latina y se abre una ventana de oportunidad

En Colombia ganó De la Espriella y en Perú ganó Keiko Fujimori. El giro a la derecha se consolida en América Latina y se abre una ventana de oportunidad para varios países.

Sin embargo, hay que tomar con cautela los últimos resultados electorales en la región. ¿Estamos ante un cambio ideológico en los votantes o simplemente es un voto de castigo a los gobiernos de turno?

Con la llegada de Hugo Chávez al poder, hace más de 25 años, se inició una “avalancha” de gobiernos de izquierda que gobernaron más de una década. La bonanza económica de aquellos tiempos y los programas clientelares consolidaron esa tendencia.

Pero a mitad de la década pasada, las economías de América Latina entraron en recesión o en estancamiento, lo que provocó gran descontento y propició el primer giro a la derecha. Con esa ola llegaron Bolsonaro a Brasil y Macri a Argentina, entre otros.

El cambio no duró mucho y pronto vimos nuevamente a la izquierda ganando elecciones. Y ahora el péndulo va de regreso a la derecha.

La conclusión es que la última década ha estado marcada por un profundo descontento en los votantes, que desean resultados rápidos.  Castigan a los gobiernos que no resuelven sus principales preocupaciones económicas o de inseguridad. 

En ese sentido, los gobiernos de derecha tienen muy poco margen de maniobra y deberán presentar soluciones rápidas si desean durar más allá de un periodo. Las redes sociales magnifican esta obsesión por la inmediatez, lo cual hace más difícil gobernar. 

Pero el principal desafío de los gobiernos de derecha será traer certeza jurídica, estabilidad institucional y crear condiciones para el crecimiento económico. No la tienen fácil. Ojalá tengan éxito.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Las personas necesitan un ambiente seguro para florecer

Uno de los grandes avances de la humanidad ha sido el desarrollo de sociedades en donde la vida, la libertad y la propiedad están protegidas. Las personas que viven en estos países gozan de altos niveles de vida.

En la antigüedad, una persona común estaba sujeta a los caprichos y deseos de los jefes de la tribu, del rey o de las autoridades locales. Eran sociedades en donde existían grandes injusticias. El que tenía el poder podía matar, meter en la cárcel o expropiar a cualquier persona.

Los primeros intentos por cambiar esa situación se dieron en Roma y Grecia, hace más de dos mil años, pero duraron poco tiempo y las mujeres estaban excluidas de todos los derechos.

El segundo intento fue en Inglaterra, hace 800 años, con el surgimiento de la Carta Magna, que les daba ciertos derechos a los ciudadanos de ese entonces. Años después, comenzaron a surgir en toda Europa las constituciones, los congresos y los tribunales, que les garantizaban muchos más derechos a los ciudadanos.

Ese sistema se extendió a Estados Unidos, que se convirtió en el símbolo de la democracia y la libertad en los últimos 250 años.

La tragedia es que en América Latina no hemos sido capaces de desarrollar un sistema que proteja los derechos de los ciudadanos. Los políticos actúan como reyes de la Edad Media, robando a diestra y siniestra, encarcelando a quienes los critican o expropiando empresas.

En Guatemala, llevamos 40 años de democracia, pero no están garantizados los derechos a la propiedad, la vida y la libertad. Somos un país inseguro, en donde los políticos hacen lo que quieren y sin consecuencias. Eso ahuyenta a las empresas y la inversión. 

¿Seremos capaces de tener certeza jurídica algún día? 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Algunos jefes ediles extorsionan a las empresas

En las últimas semanas se ha discutido el triste papel que algunos alcaldes han jugado al impedir o tratar de impedir proyectos de inversión que beneficiarían a sus comunidades y al país.

En una citación en el Congreso, la directora de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica denunció que algunos alcaldes han frenado proyectos energéticos porque exigen pagos que no están regulados en ley. 

Esta situación es una clara extorsión a las empresas, pidiéndoles “mordida”, como decimos en buen chapín. Las empresas callan ante el temor que una denuncia solamente implique más complicaciones para llevar a cabo los proyectos.

La empresa a cargo de Xochi denunció públicamente al alcalde de Mazatenango porque trató de clausurar el proyecto que estaba a días de ser inaugurado. Lo más grave de este caso es que la carretera está construida sobre terrenos totalmente privados.

Guatemala necesita con urgencia proyectos de energía eléctrica, nuevas carreteras y, por supuesto, muchas más empresas que vengan a poner sus operaciones en nuestro territorio, pero las licencias y los permisos se han constituido en un grave obstáculo. 

El Estado, en sus diferentes manifestaciones, ya sean alcaldías, ministerios u otras instituciones, utilizan las múltiples regulaciones para extorsionar a las empresas. Debe plantearse quitar regulaciones innecesarias que solamente son instrumentos de corrupción para funcionarios públicos inescrupulosos. 

Las empresas necesitan certeza jurídica y un país en donde se respete el Estado de derecho. Solo así se puede desarrollar una verdadera economía de mercado. 

Los alcaldes que extorsionan deben ser denunciados y llevados ante la ley. No se vale ser obstáculos del desarrollo.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

El problema de fondo es la miopía de los gobiernos y un servicio civil mediocre, corrupto y cortoplacista.

Guatemala tiene un grave problema de infraestructura. La economía y la población han crecido, pero las carreteras, los puertos y los aeropuertos son los mismos de hace cuarenta años, lo que genera una presión insostenible. 

El tráfico está dañando la salud mental y física de los habitantes del departamento de Guatemala y, en el interior, las carreteras en mal estado les complican la vida a los ciudadanos que necesitan movilizarse todos los días.

En la historia de la humanidad, la movilidad ha sido clave para el desarrollo económico. Las grandes ciudades surgieron cerca de ríos o mares, que permitieron la navegación para el intercambio con otras ciudades y regiones. El barco fue esencial para el desarrollo del comercio.

Con el invento del ferrocarril, los países lograron expandir sus redes comerciales a lugares más alejados de las fuentes pluviales. Los países que adoptaron esta nueva tecnología lograron convertirse en maquinarias de exportación de bienes: primero Inglaterra y luego Alemania y Estados Unidos.

El vehículo y el camión fueron otro hito en la historia que permitió agilizar la movilización de personas y bienes. Los países occidentales emprendieron grandes proyectos de autopistas para aprovechar este nuevo invento.

Si uno observa un mapa de Estados Unidos y Europa con toda su red de autopistas, carreteras, trenes, aeropuertos y puertos, puede darse cuenta de que la conectividad ha sido parte fundamental de su estrategia de desarrollo en los últimos dos siglos.

En el caso de Guatemala, no contamos con grandes ríos que faciliten la navegación, y las montañas son un desafío para construir infraestructura. Sin embargo, jamás hemos desarrollado una estrategia agresiva de construcción de autopistas, puertos, aeropuertos, que de verdad faciliten la movilidad de bienes y personas.

Una empresa que quiera colocar sus operaciones en Guatemala para exportar a toda la región se lo pensará muchas veces, porque transportar productos dentro del territorio es sumamente engorroso y los puertos son un auténtico desastre.

El problema de fondo es la miopía de los gobiernos y un servicio civil mediocre, corrupto y cortoplacista. A eso se suma el interés de “empresas” de diputados, gobernadores y otros políticos que se han quedado con la exclusividad de la obra pública en el país. No tienen ningún interés en que vengan empresas del extranjero a desarrollar grandes proyectos.

¿Podremos cambiar esta realidad algún día? Ojalá los ciudadanos exijamos cambios en esta área esencial para el desarrollo económico de los países. 

*Columna publicada originalmente en Soy502

Resulta increíble la falta de ética y moral de tres magistrados

La semana pasada lanzaba la pregunta si los magistrados de la Corte de Constitucionalidad iban a tener un mínimo aprecio por su nombre en el caso del fraude de la USAC. Ya tenemos la respuesta y tres de ellos no tuvieron empacho en validar un fraude grotesco y evidente.

No cabe duda de que la decisión está motivada para mantener la unidad de ese tridente de magistrados, que podrían hacer un terrible daño a la institucionalidad del país.

Al inicio de esta nueva Corte de Constitucionalidad se tenía la expectativa que podían hacer las cosas diferentes y que recuperarían el prestigio que alguna vez tuvo esta importante institución del país.

Sin embargo, a pocos meses de instalada, toma una de las decisiones más aberrantes y deleznables en la historia de la Corte de Constitucionalidad. Avalar la descarada ilegalidad de Walter Mazariegos quedará registrado en los libros de historia de este país, como un acto infame y vil.

Como ciudadano común, uno se pregunta ¿Acaso no piensan en la ética y la moral estos magistrados? ¿Cómo pueden ir a la iglesia y tener su consciencia tranquila? ¿O es que acaso a ciertos funcionarios la consciencia les dejó de funcionar hace mucho tiempo? 

Las crisis sociales, económicas y políticas que atraviesa Guatemala tiene su origen en la falta de ética y moral de sus élites políticas, judiciales y constitucionales. Son sepulcros blanqueados, como dice el Libro de libros. Parecen decentes por fuera, pero por dentro están totalmente podridos.

Queda reconocer la dignidad de las magistradas Astrid Lemus y Annabella Morfin, por mostrar honestidad en medio de la podredumbre de un sistema corroído por la corrupción y la inmoralidad. Gracias por ser decentes.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 11 de junio de 2026.