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Efficiency or Freedom?

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Las democracias liberales pueden parecer ineficientes en el corto plazo, pero son las que mejor protegen los derechos y el bienestar

 

En los últimos 40 años, el mundo ha visto el surgimiento de China como una superpotencia económica, política y militar, que ya superó a Europa y está desafiando la hegemonía de Estados Unidos en el tema comercial y tecnológico.

 

El mundo está fascinado con la eficiencia que parece mostrar China, con la construcción de infraestructura imponente que rivaliza e incluso supera la de los países occidentales. Los autos eléctricos chinos se están popularizando, lo que los podría convertir en los mayores productores de vehículos en las próximas décadas. 

 

En América Latina, el modelo de El Salvador levanta admiración y muchos proyectos políticos en la región quieren imitar al presidente de ese país. No se puede negar que logró resolver el principal problema que agobiaba a la sociedad salvadoreña, lo que le brinda altos niveles de popularidad.

 

Por el contrario, cuando se voltea la mirada a los países occidentales, parecen paralizados en fuertes e interminables disputas internas, retrasando la implementación de proyectos vitales para impulsar su crecimiento económico, solucionar problemas de salud o de educación, así como temas de seguridad.

 

Ante esta dicotomía, muchas personas prefieren la eficiencia de las dictaduras a la parálisis de las democracias. Lo que estas personas no ven son los costos que tiene la “eficiencia” de las dictaduras.

 

En primer lugar, los proyectos se realizan rápido porque no hay nadie que los cuestione y los fiscalice. El dictador es capaz de asesinar, encarcelar o provocar el exilio de cualquiera que lo contradiga. De hecho, en esas dictaduras se da un enorme derroche de dinero, corrupción generalizada y proyectos fracasados, pero nunca salen a la luz porque ya no hay oposición. No existe libertad de opinión.

 

En segundo lugar, la vida y la propiedad son muy frágiles en las dictaduras. Solo basta caerle mal al dictador o a alguien de su círculo cercano para que las personas pierdan su vida, propiedad o libertad. Los ciudadanos se convierten en esclavos del dictador. 

 

Por último, los dictadores eventualmente decaen y, con ello, sus niveles de popularidad. Cuando llega ese momento, son más violentos, con tal de no dejar el poder. Es cuando las sociedades despiertan después de un largo sueño.

 

Las democracias liberales pueden parecer ineficientes en el corto plazo, pero son las que mejor protegen los derechos y el bienestar de los ciudadanos en el largo plazo. Estados Unidos lleva 250 años dando prosperidad a sus ciudadanos, dentro de una democracia liberal, siendo un mejor referente de desarrollo. Ojalá prefiramos siempre nuestra libertad.

 

 

*Columna publicada originalmente en Soy502

 

A New Public Prosecutor's Office

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La decisión ahora está en el presidente

 

Finalmente, el presidente tiene la lista de candidatos para Fiscal General, luego de una sentencia cuestionable de parte de la Corte de Constitucionalidad. Varias organizaciones expresaron su rechazo a esa decisión. 

Ahora se esperaría que ya no exista ningún recurso legal que detenga el proceso de renovación del Ministerio Público. Sería el colmo que alguna Corte, nuevamente, pretenda retrasar el plazo establecido en la Constitución. 

El presidente tiene en sus manos elegir a una persona que traiga nuevos aires al Ministerio Público. El nuevo Fiscal General debe dejar de prestarse a juegos políticos, como lo hicieron los últimos fiscales. La persecución penal no debe estar al servicio de grupos de poder, ni ser el instrumento de persecución contra periodistas, jueces o grupos de sociedad civil.

El desafío que tiene el nuevo Fiscal es muy grande. Tendrá que recuperar la confianza de la ciudadanía en una institución que perdió totalmente la credibilidad y que sus principales figuras son de las más despreciadas en la sociedad guatemalteca.

El Ministerio Público saliente es visto como complaciente con la corrupción y sumamente agresivo con las personas que se atreven a criticarlo. Son muchas las personas victimizadas en los últimos años.

El nuevo Fiscal debe centrar sus esfuerzos en perseguir el crimen y el delito, para que los guatemaltecos podamos vivir en paz. El Ministerio Público no debe ser un arma de ataque a candidatos políticos ni pretender alterar o desconocer los resultados electorales. 

El presidente debe elegir al nuevo Fiscal de forma muy cuidadosa, para romper un largo ciclo oscuro y nefasto que destruyó una de las instituciones clave de la justicia de Guatemala. 

 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Meet the Deadline at the MP

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La Corte de Constitucionalidad debe cumplir su función

 

La Comisión de Postulación del Fiscal General ya terminó su labor y el presidente Arévalo ya tiene en sus manos la nómina de seis aspirantes, de los cuales debe elegir a uno para ser el próximo Fiscal General.

No fue un proceso fácil y estuvo bastante accidentado, pero ya se finalizó y, por el bien del país, se debe respetar el plazo para el cambio de fiscal el próximo 17 de mayo. 

Hay varios amparos y recursos judiciales pendientes de definir. Muchos de esos recursos pretenden entorpecer el proceso y que se repita todo nuevamente. El interés es impedir el cambio de fiscal o poner a alguien que le dé continuidad a la actual gestión.

Sin embargo, como en procesos anteriores, la ley establece plazos que deben respetarse. La Corte de Constitucionalidad tiene la obligación de darle certeza y estabilidad a los procesos de cambio de autoridades.  En ese sentido, debe rechazar todos los recursos espurios y malintencionados. 

Se ha llegado al extremo ridículo de pretender impedir que el presidente elija dentro de la nómina de seis aspirantes. Esa es una facultad que le otorga la Constitución y que nadie más puede asumir. 

La Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos terminar de una vez por todas con la incertidumbre y garantizar que se respeten los procesos y los plazos que establece la Constitución.

La lista de seis aspirantes puede que no guste y no satisfaga a todos, pero al final es el resultado de los procesos establecidos en la ley y debe respetarse. 

Por último, en la comisión hubo personas que demostraron independencia de criterio y no se ajustaron a ninguna agenda oscura. A ellos el reconocimiento por sus principios éticos. Y otros, que la vergüenza los acompañe siempre.

 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Does a judge have legal experience?

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Se busca retorcer la ley para excluir candidatos

 

Algunos “abogados” nos meten en discusiones absurdas, con la intención de mover agendas oscuras y dañar nuestras precarias instituciones.

Resulta que un pequeño grupo de abogados y una minoría de miembros dentro de la Comisión de Postulación de Fiscal General, no quieren darle validez a la experiencia de los jueces dentro del proceso de selección de candidatos.

Ellos argumentan que el artículo 216 de la Constitución indica como uno de los requisitos a Fiscal General “haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años”, lo cual excluye a los jueces, porque no se les menciona explícitamente.

La Corte de Constitucionalidad (CC), en el 2014, ya emitió sentencia sobre esta situación indicando que la experiencia de un juez debe ser tomada en cuenta como un ejercicio propio de un abogado. 

La Corte de aquel entonces indicó que el artículo 216 “al aludir al ejercicio de la función jurisdiccional y al ejercicio de la profesión de abogado, no se refiere a dos requisitos excluyentes entre sí, sino a los distintos ámbitos en los que puede ejercerse la profesión.”

Resulta ilógico y ridículo decir que un juez no tiene “experiencia jurídica calificada” como algunos señalan de forma malintencionada. ¿Acaso la función de un juez no es la de interpretar y aplicar las leyes constantemente? ¿Qué mejor experiencia que esta?

Es lamentable que se recurran a argumentos retorcidos para tratar de excluir candidatos. Es la historia de siempre. 

El país no aguanta más la politización de la justicia. La sentencia de la CC en 2014 fue muy clara. La nueva Corte de Constitucionalidad no debe seguir con la manipulación de la justicia. Ojalá cumplan su labor y brinden certeza a la elección del Fiscal General. 

 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

Mazariegos is not the President of USAC

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El desenlace de este segundo fraude está en manos de la Corte de Constitucionalidad.

 

Guatemala enfrenta un problema que trasciende lo coyuntural: la captura de instituciones clave por redes de poder que operan al margen de la legalidad. El pasado 8 de abril, el país presenció otro episodio de captura institucional en la Universidad de San Carlos. Este no es un hecho aislado, sino la repetición de un patrón.

Walter Mazariegos no es, ni ha sido nunca, el rector de la USAC. Su proclamación responde a un proceso viciado que perpetúa el deterioro de la única universidad pública del país.

Este guion no es nuevo. Mazariegos usurpó la rectoría de la USAC por primera vez en 2022 con el respaldo del Gobierno de Giammattei, del Ministerio Público de Consuelo Porras y de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes entregarán el cargo el 14 de abril de 2026.

Para dimensionar la gravedad del caso, es necesario explicar el sistema que se utiliza para elegir en la universidad. La USAC no elige a su rector por voto directo, sino mediante "cuerpos electorales" integrados por representantes de facultades, colegios profesionales, docentes y estudiantes. Estos cuerpos eligen a 170 electores, quienes, junto con el rector, conforman el padrón de 171 votos que decide la rectoría ante el Consejo Superior Universitario (CSU).

Durante este proceso, la oposición a Mazariegos logró victorias en aproximadamente 22 de los 34 cuerpos electorales, evidenciando un rechazo mayoritario a la actual administración. Este dato es clave, pues demuestra que, incluso bajo condiciones adversas y denuncias de irregularidades, la correlación de fuerzas no favorecía al grupo usurpador.

Al no poder controlar el resultado de las urnas, Mazariegos y su estructura activaron una segunda fase: la manipulación a través del CSU, órgano que controlan. Mediante decisiones discrecionales, el Consejo anuló o se negó a acreditar a la mayoría de los cuerpos electorales opositores bajo argumentos arbitrarios, mientras validaba sin cuestionamientos a los afines al oficialismo.

El efecto fue determinante. De los 76 electores acreditados, solo 73 participaron en la sesión de elección. Con un quórum mínimo de 39, el proceso avanzó a pesar de que la oposición intentó romper el quórum retirándose. El resultado fue previsible: Mazariegos se declaró ganador con 50 votos en un proceso diseñado a su medida.

Esto es más que una disputa universitaria; es un caso de manual sobre la captura de órganos de decisión y de tortura de la legalidad para legitimar resultados definidos de manera fraudulenta.

Las implicaciones de este fraude trascienden las aulas de la universidad. La USAC no solo forma profesionales, sino que administra una cantidad significativa de recursos públicos (no menos del 5 % del presupuesto nacional según la CPRG) y posee representación en múltiples organismos y oficinas del Estado. Su captura política afecta directamente la institucionalidad del país.

Nuevamente el desenlace de este segundo fraude está en manos de la Corte de Constitucionalidad. Su fallo no solo determinará la validez de este proceso, sino que enviará una señal sobre la capacidad de las instituciones guatemaltecas para corregir desviaciones graves del Estado de derecho. No se trata solo de quién dirige la universidad, sino de si las reglas pueden torcerse con total impunidad.

Guatemala está en un punto de inflexión. Permitir la consolidación de estos procesos equivale a seguir normalizando la captura institucional como método de acceso al poder. La USAC es un caso emblemático y el país no puede permitirse ignorarlo.

Corruption at USAC

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La elección de rector sería ilegal

 

La Universidad de San Carlos de Guatemala ha jugado un papel determinante en la vida política, económica y social del país durante más de 300 años.  Tuvo el monopolio de la educación universitaria hasta 1961, cuando se fundó la Universidad Rafael Landivar.

En las últimas décadas, la USAC ha estado envuelta en varios escándalos de corrupción, tráfico de influencias, abuso a estudiantes, privilegios a sindicatos, resistencia a la fiscalización y compra de votos en elecciones internas, que han afectado seriamente su imagen y credibilidad.

Sin embargo, el actual rector llevó la situación de la USAC a un extremo de decadencia nunca vista. En 2022, para llegar al poder hizo un fraude descarado, al impedir que entraran a votar todos aquellos delegados que no eran de su círculo de confianza. 

Con la ayuda y complicidad de las autoridades del gobierno de aquel entonces, logró ser electo rector de forma ilegal.

Ahora pretende hacer lo mismo al desconocer las votaciones en las cuales han resultado electos delegados que no le apoyan. Modificó reglamentos para que el Consejo Superior Universitario, controlado por él con trampas, fuera juez y parte en las elecciones de delegados.

Es cierto que la USAC no ha estado bien en las últimas décadas, pero lo que hace el actual rector sobrepasa todos los límites, al pretender apropiarse de forma indefinida de la única universidad que es pagada con impuestos de todos los guatemaltecos.

Las altas Cortes del país tienen la responsabilidad de poner un alto a esta evidente y descarada ilegalidad. Diversos actores de la sociedad civil, embajadas y organismos internacionales han manifestado su rechazo al actual rector. Esperemos que las cortes cumplan con su deber.

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

The Value of Religion

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El ser humano busca sentido a la vida

 

La religión ha jugado un papel importante en la vida del ser humano desde sus inicios. En todas las culturas alrededor del mundo siempre se ha tenido la creencia en un Ser Superior.

Con el tiempo surgieron las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Las tres tienen sus raíces en Abraham, el padre del pueblo judío, el ejemplo de fe en el cristianismo y uno de los personajes principales en el islam. 

Más de la mitad de la población mundial pertenece a una de estas tres religiones. Se estima que 2,400 millones de personas se declaran cristianos en el mundo. En el caso de Guatemala, el 88% de la población dice ser católico o evangélico. 

Durante esta semana, la mayoría de los cristianos conmemoran la vida, muerte y resurrección de Cristo. La vida de Cristo ejerció tal nivel de influencia que dividió la historia de la humanidad en dos. Hay un antes y un después de su vida.

Al ser un país en donde la mayoría nos declaramos cristianos, es importante reflexionar sobre las enseñas que nos dejó Cristo. Leer los evangelios puede ser edificante y nos puede ayudar a recordar el valor del perdón, el amor al prójimo, la ayuda a los necesitados, entre otras muchas lecciones.

Pero también nos puede ayudar a encontrar refugio, esperanza y optimismo en medio de un mundo lleno de incertidumbre y malas noticias. 

Estamos viviendo una época en donde las certezas se terminaron y todo se esta cuestionando. Por momentos parece que estamos a segundos de un nuevo conflicto global.

En medio del descanso de estos días, regresemos a uno de los aspectos esenciales del ser humano: buscar sentido más allá de las preocupaciones, afanes y luchas de esta vida efímera. 

 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 1/04/2026

 

Venezuela: Between Stabilization and Transition

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El poder se está reorganizando

 

A casi 3 meses del 3 de enero, la pregunta relevante en Venezuela es si ese tópico que muchos especialistas han denominado “transición”, efectivamente está ocurriendo. En ese sentido, en las líneas que siguen nos propondremos analizar las transformaciones más importantes que están ocurriendo en el país en las últimas semanas. 

De acuerdo con las etapas establecidas por la administración estadounidense: estabilización, recuperación y transición, de momento no se avizora una ruptura ni una refundación. Sin embargo, eso no significa que los hechos no avancen.  

El relevo de Vladimir Padrino López, luego de 12 años en el Ministerio de la Defensa, y la renovación de la totalidad del Alto Mando militar es una clara señal de un realineamiento interno (y también con EE. UU.). Asimismo, Delcy Rodríguez ha cambiado alrededor del 43% del gabinete y si bien no podemos anticipar si se trata de una apertura, es de notar que algunos perfiles no están vinculados al partido de gobierno e incluso pertenecen a un sector “tibio” y contemporizador de la oposición. Si bien en muchos sentidos no son las personas ideales ni con más respaldo popular, se trata de un fenómeno que el país no veía desde hace por lo menos 23 años.  

En paralelo se está dando otro proceso determinante: la elección de Fiscal General y de Defensor del Pueblo. Hasta hace días se habían animado a postularse varios perfiles de mucho valor y trayectoria en el país, lo que abrió las expectativas ante una decisión tan determinante en la eventual democratización del país donde por muchos años la persecución penal ha estado politizada y reservada casi exclusivamente a actores políticos. Hay que recordar que la Asamblea Nacional es en su mayoría chavista y en ella aún se encuentran varios de los perfiles más radicales del chavismo, comenzando por el hijo del convicto, Nicolás Maduro Guerra. Sin embargo, una buena noticia fue que el chavista radical Ernesto Villegas Poljak, retirara su postulación a la Defensoría del Pueblo y también que la Asamblea Nacional extendiera 48 horas más el proceso de postulación de aspirantes por “falta de consenso”

Esto significa que, si bien puede que no estemos viendo una transición, es evidente que hay una recomposición dentro de la estructura de poder chavista en donde el bando “más político”, representado en los hermanos Rodríguez, ha parecido imponerse sobre el resto. De allí que a lo largo de esta semana hayamos visto al sector más radical del chavismo “pataleando” por haber sido desplazados de las esferas del poder. Desde el anterior Fiscal General, Tarek William Saab, el propagandista del régimen, Mario Silva, el diputado José Vielma Mora, todos han expresado un descontento velado contra Delcy Rodríguez, quien sigue determinada en su agenda económica con Estados Unidos para atraer inversiones al país.

Mientras esto sucede, la oposición venezolana vuelve lentamente al espacio público. Este fin de semana una cantidad importante de partidos políticos de la oposición (Primero Justicia, Voluntad Popular, Causa R, Acción Democrática y Encuentro Ciudadano) retomaron sus actividades, pero más importante, Vente Venezuela, la tolda de María Corina Machado, reabrió las puertas de su sede principal en Caracas. Esto era impensable antes del 3E, ya que estos partidos han sido criminalizados y perseguidos con saña por el régimen chavista, y en los últimos años muchos de sus líderes fueron forzados a la clandestinidad y al exilio.

Luego de esta fotografía cualitativa, veamos los números del país[1]:

  • Delcy Rodríguez sigue estancada con una desaprobación del 44%
  • La evaluación de su gobierno como “regular”, subió +9% con respecto a febrero
  • Las expectativas económicas de la población con respecto la situación económica del país y la familia “va a mejorar”, registraron una caída del -13% con respecto a febrero
  • La calificación sobre si la influencia de EEUU en el gobierno de Venezuela “es positiva”, también registró una caída del -9% con respecto a febrero
  • En la pregunta sobre si Venezuela está mejor, peor o igual que cuando Maduro era presidente, se registró una caída de -13% entre quienes señalan que Venezuela está “mejor”, un aumento de +7% entre quienes responden que está “igual” y un aumento de +6% entre quienes afirman que está “peor”.

Si bien las expectativas económicas experimentan una leve caída, las expectativas políticas se mantienen: 58% afirma que el país se está volviendo más democrático y 52% responde que ha habido un aumento en las libertades civiles. 

En cuanto a la imagen del liderazgo político de la oposición: María Corina Machado sigue a la cabeza con 53% de positivo y 29% de negativo. Y quien hace semanas se perfiló como posible candidato de la oposición moderada, Enrique Márquez, aparece apenas con un 19% de positivo y un 35% de negativo. 

Esto es importante porque ante la pregunta específica de si Márquez podría ser el nuevo líder de la oposición, 38% dice que “no”, pero un 18% responde que “sí, como parte de un liderazgo compartido”. Por otra parte, ante la pregunta de si Machado debe regresar al país, 52% contesta afirmativamente. 

Si bien en lo político se respira con más libertad, el problema de fondo sigue existiendo: el liderazgo político con mayor respaldo popular no tiene las capacidades de incidencia institucional para democratizar el sistema. Y, por otra parte, quienes tienen capacidad de incidencia institucional, no concentran la preferencia popular. El dominó sigue trancado. 

En momentos como este, donde todo se reacomoda y pasan tantas cosas al mismo tiempo y donde no parece haber una síntesis, los actores menos representativos suelen ser los más decisivos. Es un proceso sin forma todavía donde hay que ver en qué desemboca. Por eso, vale la pena monitorear con herramientas y variables objetivas el desarrollo de los acontecimientos. 

Pero algo sí está claro: ya no es un solo actor el que define las reglas, hay una tutela extranjera que está pujando por cambios y hay ciertas señales en ese sentido. Sin embargo, hay que decirlo, aún Venezuela no es un sistema abierto. 


 


[1] Encuesta de Atlas Intel / Bloomberg. Marzo 2026

Should We Subsidize Gasoline, Diesel, and Natural Gas?

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Nos tendremos que apretar el cinturón

 

La guerra en Irán está teniendo sus efectos en Guatemala con el aumento del precio de la gasolina, lo que implica un duro golpe a la economía familiar de los guatemaltecos.

Las familias que tienen vehículo han aumentado el gasto de combustible, por lo que tendrán que reducir gastos en otras áreas para seguir manteniendo el mismo uso del vehículo.  También podrían reducir el número de viajes para no gastar tanta gasolina.

Quienes no tienen vehículo verán afectadas sus finanzas por el incremento en los pasajes del transporte urbano y extraurbano. Y, muy seguramente, comenzarán a incrementarse los precios de muchos productos por el aumento en los costos del transporte.

Al final, todos sentiremos los efectos de una guerra que está sucediendo a miles de kilómetros de nuestro país. Las autoridades guatemaltecas no pueden hacer nada para afectar el precio internacional del petróleo.

La solución que plantean las autoridades es subsidiar la gasolina, el diésel y el gas. En 2022, se implementó una medida similar y se gastaron más de 2 mil millones. 

El problema con estas medidas es que el dinero se les entrega a las empresas y no se sabe con certeza que se esté reduciendo el precio como deberían. No hay control.

En segundo lugar, lo más fácil y transparente sería quitar los impuestos a los combustibles. Es una locura cobrar impuestos a los combustibles y luego dar un subsidio para que bajen de precio. 

En tercer lugar, si el aumento de precios se mantiene por varios meses, las finanzas del Estado no aguantarían. Lo mejor sería que el Gobierno dedique esos recursos a solucionar la mala infraestructura. Eso tendría efectos más beneficios y permanentes para los guatemaltecos.

 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

The Pettifoggers

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Los abogados están perdiendo su prestigio
 

Según la Real Academia Española, un leguleyo es una “persona que aplica el derecho sin rigor” o bien una “persona que hace gestiones ilícitas en los juzgados”.  En Guatemala les llamamos güizaches a los abogados que son malos y que se prestan a ilegalidades.

Para nuestra desgracia, en Guatemala abundan los leguleyos o los güizaches. Hay demasiados abogados que no tienen la formación necesaria y venden su voto en las votaciones del Colegio de Abogados para obtener favores en los juzgados y en las cortes del país. 

Resulta triste y grotesco ver abogados que participan “alegremente” de fiestas y celebraciones con licor, comida y regalos para comprar sus votos. La idea de un abogado que se da a respetar cada vez es más escasa.

Pero los peores son aquellos abogados que se dedican a defender el régimen de impunidad en el país y que hacen malabares mentales para justificar actos evidentemente ilícitos que atentan contra la institucionalidad democrática del país.

Son abogados que justifican detenciones ilegales, casos sin fundamento, guerras jurídicas y hasta pretenden anular elecciones. Son abogados que con argucias pretenden descarrilar el proceso de integración de Cortes que actualmente se está desarrollando en Guatemala. 

Estos abogados no tienen ética, y con cinismo pueden defender un día una postura y al día siguiente defender una totalmente contraria. No tienen ninguna coherencia y lo único que les interesa es el poder o el dinero. 

Para estos abogados, no existe la justicia ni el Estado de derecho. Buscan en las leyes algún espacio para defender actos evidentemente injustos e inmorales.

Ojalá los buenos abogados den un paso al frente y rescaten el prestigio de su noble profesión. 

 

*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario

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