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Las cortes pueden llegar a ser sumamente polémicas incluso bajo sistemas judiciales sólidos.

La famosa Corte Warren en los Estados Unidos es un buen ejemplo de ello. Corría el mes de septiembre de 1953 y la Corte Suprema de los Estados Unidos conocía el icónico caso Brown v. Board of Education. Se trataba de una demanda que presentó una estudiante afroamericana, Linda Brown, que retaba la jurisprudencia (Plessy contra Ferguson, 1896) hasta entonces vigente que declaraba que los afroamericanos y los blancos podían estar “separados pero en iguales condiciones”. Con ello existían en Estados Unidos escuelas públicas exclusivamente para blancos y otras exclusivamente para afroamericanos.

Durante las deliberaciones de la Corte Suprema, el juez presidente Fred Vinson hizo ver a sus colegas jueces que, si bien la segregación era deleznable, la Corte no podía fallar en contra de dicha práctica porque cada estado tenía derecho a decidir su propia política educativa aunque ésta fuera discriminatoria. En medio de las deliberaciones el juez Vinson murió y el entonces presidente, Dwight Eisenhower, nombró a Earl Warren como juez presidente de la Corte Suprema.

Warren tenía una visión de que la Corte Suprema debía servir, además de su función de control constitucional, como un instrumento para defender a los débiles, oprimidos y desaventajados. En tal sentido, ordenó repetir las audiencias del caso Brown y cual activista convenció a sus colegas para que, por unanimidad, resolvieran que la segregación en las escuelas públicas era contraria a la decimocuarta enmienda y así terminar con esta práctica.

Lo que siguió fue una enorme crítica a la decisión de la Corte Suprema. Muchos afirmaron que la decisión deformaba la Constitución, que se basaba en evidencia empírica cuestionable, en tanto que otros afirmaban que la Corte Suprema estaba usurpando el poder legislativo del congreso y los estados en lugar de limitarse a interpretar las leyes.

El Senador demócrata de Georgia, Richard Russell Jr, incluso aseguró entonces que la corte cometió un “claro abuso de su poder judicial” e hizo un llamado a las autoridades a resistirse a la decisión por todos los “medios legales posibles”. De hecho, varios estados intentaron abolir la educación pública para evitar cumplir con la decisión judicial y en la práctica tomó tiempo en que varios estados dieran estricto cumplimiento de la sentencia.

Salvando las distancias, en Guatemala vivimos una coyuntura complicada que ha tenido a la Corte de Constitucionalidad (CC) como un protagonista importante, algo que no ocurría desde el Serranazo probablemente. La decisión de la CC de impedir al presidente declarar al comisionado de CICIG persona non grata hace poco más de un año es en buena parte reflejo de ello.

Llamó la atención al respecto porque en el anuncio que hiciera el presidente Morales de la decisión de impedir al comisionado de CICIG el ingreso al país, él y algunos funcionarios de alto rango de su gobierno aseguraron que no tenían obligación de “acatar órdenes ilegales” y opinaron que la CC se ha “extralimitado” aunque habían respetado varias de sus resoluciones.

Es natural que las decisiones de alta relevancia de las cortes generen descontento. De hecho, son objeto de críticas por parte de la comunidad de abogados y juristas. Yo mismo he sido crítico de varias decisiones de la CC. Pero un funcionario público tiene la obligación de respetar el marco constitucional y eso incluye el respeto a las decisiones de las cortes, sin importar cuán en desacuerdo se pueda estar con sus criterios jurídicos.

En todos lados se cuecen habas, reza el dicho. Estados Unidos, una de las democracias más exitosas del mundo, ha tenido episodios de polémica y descontento con las decisiones judiciales, pero fueron capaces de superarlas en un marco de respeto a la ley y la Constitución. Lo propio es necesario que ocurra en nuestro país si aspiramos a construir una república que aún está en una fase de construcción.

Por supuesto que nuestras altas cortes son muy mejorables. Nuestros esfuerzos deben ir encaminados a generar sistemas en los que estas gocen de mayor Independencia judicial. Es imposible liberarse de la polémica, pero es posible mejorar la calidad de las resoluciones de nuestras cortes si diseñamos mejores sistemas de designación e incentivos con una carrera judicial y con judicaturas vitalicias.

Así como las redes sociales juegan un rol central en la organización espontánea de la sociedad civil que busca manifestarse, también son utilizadas por hábiles manipuladores.

En los últimos años hemos visto una explosión de alternativas y actividad en las redes sociales; desde Facebook, YouTube, QQ, Qzone, Twitter, High5, Tagged, Google plus, Tumblr y Reddit entre otras 70 más que se consideran las importantes, tienen al ser humano más “comunicado” de la historia. El mundo cambió desde que se abrieron estos espacios de comunicación libre, horizontal e inmediata. Sucesos, noticias, alertas, contactos y organización son palabras que antes se hacían realidad con mucho tiempo y esfuerzo. Hoy, suceden prácticamente de inmediato. La “primavera árabe” que luego resultó ser un “decepcionante invierno” es un ejemplo de cómo amplios grupos en sociedades cerradas y reprimidas pudieron comunicarse y organizarse para ser protagonistas en la caída de gobiernos tiránicos y corruptos. Esta historia no terminó bien pero es un referente de lo que se puede hacer con la tecnología. Aquellos pueblos árabes que vivieron momentos de gloria y que luego fueron secuestrados por los “organizados” de siempre, saben que algún día volverán a tener la oportunidad de dar una nueva batalla por su dignidad y su libertad. Y saben también que la tecnología jugará un papel estelar. Los nuevos aires ciudadanos y el importante aumento en la participación cívica en América Latina se deben en gran medida al acceso de la juventud a la información a través de la tecnología y las redes sociales, y por estas, la oportunidad de organización. También tiene todo que ver el cansancio y la frustración que provocaron la política y los políticos de hoy, en gran parte del planeta, pues la segunda profesión más antigua de la humanidad ha sido secuestrada por oportunistas,delincuentes e incapaces.

“LA ÚNICA FORMA DE CONTRARRESTAR A LAS MAFIAS QUE USAN LAS REDES PARA CONFUNDIR ES CONTAR CON UNA CIUDADANÍA CADA VEZ MÁS EDUCADA”

Ahora bien, la tecnología y las redes sociales tienen también una cara oscura, no porque estas tengan algo negativo sino por la forma en que algunas personas o gobiernos las utilizan. Estamos viendo los efectos que causaron los Wikileaks de Julian Assange o la información secreta que divulgó Edward Snowden, el ex contratista de la CIA. Estos dos personajes evidenciaron la facilidad con que se penetran los sistemas más protegidos de información y las políticas que usan algunos gobiernos para llevar a cabo sistemas de control a personas que consideran una amenaza. Cualquiera puede ser víctima de una arbitrariedad que incluso llegue a destruir su vida. El gobierno norteamericano está poniendo límites para poder intervenir en la vida privada de la gente. Sin embargo, la amenaza real está en China y Rusia, desde donde espían y atacan con estructuras cibernéticas criminales a EE.UU. y sus aliados. Todo corre peligro; desde datos personales, patentes industriales e información financiera hasta secretos de Estado.

En las redes sociales sucede otro tipo de cosas. Se sabe, cada día más, de grupos organizados por gobiernos, partidos políticos e incluso mafias, que tienen operadores con perfiles falsos contaminando las redes sociales con ataques a personas que amenazan sus intereses, llenándolas de desinformación, calumnias y noticias falsas para confundir y ahuyentar la legítima participación. Vivimos una era de oportunidades pero también de amenazas. La única forma de contrarrestar los riesgos es con ciudadanos educados y bien informados. Es urgente que el ser humano de hoy suba al nivel que las circunstancias demandan. Mientras no llegue ese día, con eso de dar explicaciones sobre las infamias que un anónimo cobarde publica en las redes, no queda otra que decir que los amigos no las necesitan, los enemigos no las creen y los estúpidos no las entienden.

El gobierno intentará convencer al gobierno de Trump que la tragedia del volcán supone una razón suficiente para otorgar el TPS.

El pasado 25 de junio el presidente Morales anunció en su cuenta de Twitter: “He instruido a la Ministra de Relaciones Exteriores, solicitar de inmediato ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Estatus de Protección Temporal (TPS), porque la política migratoria siempre ha sido una prioridad de mi gobierno.”

El mensaje del presidente sugiere varias cosas. Claro está que sería altamente deseable que se concediera un TPS para Guatemala, pero no parece que la medida pueda tener demasiado éxito. Más bien parece un intento improvisado por corregir la lenta respuesta del gobierno ante la crisis que viven los menores separados en Estados Unidos y la falta de una política clara en materia de migración durante los años que van de gobierno.

El gobierno intentará convencer al gobierno de Trump que la tragedia del volcán supone una razón suficiente para otorgar el TPS. Hay que recordar que el TPS se instituyó por el presidente George H.W. Bush en 1990 justamente para beneficiar ciudadanos de países a los cuales sea difícil retornar para los migrantes a causa de un conflicto armado, una catástrofe natural u otro evento extraordinario.

Sin embargo, el contexto no es favorable. Actualmente hay 13 países que gozan de TPS. Desde el año pasado el presidente Trump no ha hecho más que anunciar que pondrá fin o no renovará el TPS para varios países, entre ellos Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Nepal, Liberia, Sudán, entre otros.

Se dio la ampliación del TPS para Sudán del Sur y para Siria pero hay que considerar los niveles que ha alcanzado el conflicto en este último país. Aún así, únicamente se extendió la protección para los sirios que llegaron a EEUU antes de agosto de 2016, los que llegaron después deben marcharse o permanecer como ilegales.

Lo anterior no augura buen futuro y la capacidad de negociación de Guatemala tampoco es la mejor. Para algunos el traslado de la embajada de Guatemala en Israel pueda tener un peso pero el sentido común sugiere que habría sido mejor negociar algún beneficio para los migrantes previo a hacer el traslado definitivo.

Sería en el mejor interés de los guatemaltecos que el TPS se otorgue pero la visita de Mike Pence trajo un mensaje muy claro: “si quieren venir a EEUU vengan legalmente, si no, no vengan”. Por otra parte, afirmó que el éxodo de personas es una amenaza a su seguridad y que debe terminar. El vicepresidente americano pide más bien que reforcemos la seguridad de nuestras fronteras, una narrativa que no sugiere en lo más mínimo una respuesta favorable para la petición de nuestro presidente.

Han pasado poco más de noventa días y el régimen de Ortega ha intentado sofocar las protestas, valiéndose de la fuerza bruta y dejando un saldo de más de 350 muertos. 

Pocos imaginaron que lo que comenzó como un descontento a la reforma del INSS acabaría por ser la gota que derramó el vaso en Nicaragua. Al momento de escribir esta columna han pasado poco más de noventa días y el régimen ha intentado sofocar las protestas, valiéndose de la fuerza bruta y dejando un saldo de más de 350 muertos. Naturalmente el régimen se rehúsa a reconocerse responsable de tan deleznables sucesos y, como es usual, tacha a la oposición de intentar dar un golpe de Estado y de romper el orden constitucional.

Pocas dudas deberían quedar a estas alturas que el régimen de Ortega es autoritario. Desde que asumió el poder en 2007, Ortega ha cercenado los vestigios de instituciones democráticas que había en Nicaragua. Ha debilitado a la oposición; ganó las elecciones de 2017 con un claro fraude electoral que fue “legitimado” por el propio tribunal electoral; y se ha encargado de coartar la libertad de asociación haciendo complicando a la sociedad civil que ha intentado organizarse por la vía de las ONG y otras figuras legales.

Pero lo peor es que el régimen de Ortega no solo fue popular entre las filas del sandinismo. También gozó de la simpatía de parte de la élite económica y de la de varios analistas autoproclamados de derechas. Siempre se hizo eco del supuesto “éxito” económico que suponía el modelo nicaragüense al tiempo que se destacaba que Nicaragua fue, junto a Panamá, el país que mayor inversión extranjera directa recibió entre 2012 y 2016. Lógicamente Nicaragua crecía en cierta parte por un factor de convergencia y en buena medida porque el régimen de Ortega centralizaba el poder en su figura y éste ofrecía una estabilidad aparente a los inversionistas. Pero esto es insostenible en el tiempo.

Como establecen Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan los países, los sitios en los que priman las instituciones extractivas experimentan crecimiento económico. El tema es que este crecimiento suele ser altamente desigual y beneficia principalmente a la élite extractiva (Ortega y sus amigotes en este caso). Esto hace que el crecimiento sea insostenible en el tiempo porque no incentiva la innovación y la competencia, como ocurre en presencia de instituciones políticas y económicas inclusivas que dan lugar a la existencia de una economía de mercado auténtica.

Ejemplos de crecimiento económico bajo instituciones políticas extractivas abundan. La propia Unión Soviética fue admirada por su rápida industrialización. Los autores citados mencionan los casos de las islas Barbados, Cuba, Haití y Jamaica, en los siglos XVII y XVIII, que conseguían un rápido crecimiento económico con base en la mano de obra esclava en la producción de azúcar. Pero ninguno de los países citados consiguió un crecimiento sostenible bajo ese esquema.

Por eso es tan importante recalcar que el camino a la prosperidad no se consigue a través de regímenes autoritarios (extractivos) que ofrecen una aparente estabilidad. Únicamente bajo sistemas políticos inclusivos y plurales que permitan el funcionamiento de una auténtica economía de mercado, donde la innovación y la competencia sean el motor del crecimiento y puedan sacar a nuestros países del subdesarrollo. No es un invento nuevo, los países desarrollados de Occidente se han desarrollado bajo esas premisas.

El auge reciente de regímenes autoritarios, como el de Ortega y el que se desarrolla en Honduras bajo Juan Orlando Hernández, ofrecen una aparente estabilidad en el corto plazo. Ofrecen certeza en el corto plazo, pero su sostenibilidad en el tiempo no es viable y cuando la población quiere dar marcha atrás y cambiar el régimen, las consecuencias pueden ser nefastas como es el caso del asesino régimen de Ortega y Murillo.