Observador Económico

Las remesas se han convertido en un pilar importante de la economía guatemalteca. En el año 2016 alcanzaron la cifra record de $7,160 millones, lo que equivale a 10.5% del PIB del país y sobrepasaron, por primera vez, el total de las exportaciones de la industria manufacturera que fueron de $6,597 millones.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, las remesas benefician a más de 6.2 millones de guatemaltecos (38% de la población), incluyendo a 2.1 millones de niños y adolescentes. Muchas familias dependen casi de forma exclusiva de las remesas que reciben de sus familiares radicados en Estados Unidos.

Las remesas han permitido dinamizar y transformar la economía de ciertos lugares del interior del país. En pueblos y aldeas en donde una alta proporción de la población ha migrado hacia Estados Unidos, se puede constatar un mejor nivel de vida, en comparación con aquellos lugares en donde no se registra este fenómeno. Es innegable que la migración y las remesas han ayudado a aliviar la precaria situación de millones de guatemaltecos, al permitirles acceso a una vivienda más digna y a obtener servicios de educación y salud para sus hijos.

Sin embargo, desde el punto de vista humano y social, las remesas constituyen una terrible tragedia para Guatemala, ya que el país está expulsando a su población ante la incapacidad de construir un sistema que genere crecimiento económico, oportunidades de trabajo y desarrollo para todos.

Las remesas también tienen un efecto macroeconómico nocivo, ya que han contribuido a mantener artificialmente fuerte el tipo de cambio, que si bien brinda cierto grado de estabilidad a la economía, al final daña las exportaciones del país[1]. ¿Se puede hacer algo para evitar este efecto secundario no deseado de las remesas? ¿Qué papel puede y debe jugar el Banco Central?

Guatemala registra un déficit persistente en la Cuenta Comercial. Las importaciones han sido más grandes que las exportaciones en las últimas décadas, lo que significa que por esta vía gastamos más dólares de los que obtenemos de las exportaciones. Esta es una situación poco preocupante en una economía normal, en tanto el tipo de cambio flote libremente y no existan distorsiones en la economía[2]. Dado que los países no imprimen dólares, la forma usual de financiar este déficit es con la entrada de capitales en esa moneda, ya sea a través de empresas extranjeras o bien con inversiones en las bolsas de valores locales[3].

En el caso de Guatemala, las entradas de capitales no alcanzarían para financiar el déficit en la balanza comercial. La inversión extranjera directa no es significativa, al igual que las inversiones en la bolsa. Tal como lo muestra el cuadro anterior, el déficit comercial es financiado en su mayoría por la entrada de remesas, lo cual representa una situación poco usual en la teoría económica. En el 2016, incluso la entrada de remesas superó el déficit comercial.

Esto claramente mantiene bajo el tipo de cambio de manera artificial. Después de la devaluación continua que se registró en los años noventa, a partir del inicio de la década pasada el tipo de cambio ha girado en torno a Q7.8 por un dólar. Se han tenido episodios de depreciación acelerada, como en la crisis mundial del 2009, pero luego regresa nuevamente a un valor cercano al de referencia. En la actual coyuntura, el tipo de cambio ha registrado más bien una apreciación, derivado del incremento significativo en las remesas y la reducción de las importaciones.

Lo importante de señalar, es que sin la entrada constante de remesas, el tipo de cambio tendría que haber registrado una depreciación significativa para que las importaciones se restringieran y las exportaciones se incrementaran. Eso habría hecho que la balanza comercial no fuera tan deficitaria, dado que como país no somos capaces de atraer el capital suficiente para financiar un déficit tan alto como el que actualmente se registra[4]. El mercado hubiera operado para reducir el déficit comercial.

Bajo el actual esquema de influjo de remesas y de tipo de cambio relativamente bajo, se ha estimulado el consumo interno, lo que explicaría en parte el desarrollo en ciertos sectores de la economía. Pero al mismo tiempo, se han afectado las exportaciones, ya que el tipo de cambio bajo impide ser más competitivo en el exterior.

Tenemos que comprender que si la economía guatemalteca desea crecer al ritmo que lo hicieron los tigres asiáticos en la segunda mitad del siglo XX, la clave se encuentra en colocar productos en el exterior. Enfocarse en el mercado local no generará los niveles de crecimiento que el país necesita para cambiar radicalmente su realidad económica y social. Todos los países que han registrado alto crecimiento económico de forma sostenida en los últimos 60 años, ha sido gracias a su estrategia de exportaciones.

La pregunta que surge después de este diagnóstico es ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación? ¿Cómo evitar que las remesas, con los beneficios que trae a más de 6.2 millones de guatemaltecos, no termine dañando la competitividad de las exportaciones?[5] Lamentablemente, la respuesta no es fácil y no puede depender de una sola variable, sino del conjunto de políticas públicas que generan crecimiento en el largo plazo.

Una de las opciones es que el Banco Central pueda jugar un rol más activo en el mercado de divisas, con lo cual podría devaluar la moneda para que alcance un valor más cercano al que el mercado dictaría en ausencia de las remesas. Sin embargo, hay dos problemas con este enfoque:

1 El primero es que tan efectiva sería la intervención del Banco Central para revertir la tendencia del tipo de cambio. Con el influjo masivo anual de remesas, el Banco Central tendría que ser bastante agresivo para lograr mantener un tipo de cambio más alto. Eso significaría inyectar más quetzales a la economía al momento de comprar los dólares, lo que eventualmente podría crear presiones inflacionarias, si el crecimiento de la economía no es capaz de absorber dicho incremento en la masa monetaria. ¿Tiene el Banco Central la capacidad de revertir el efecto de las remesas, sin poner en riesgo su misión de velar por la estabilidad en el nivel de precios?[6] Lo cierto es que sería imposible asegurar tajantemente que una intervención agresiva en el tipo de cambio, no pueda derivar en una inflación de dos dígitos. El riesgo siempre es latente[7].

2El segundo punto importante es el cambio en el diseño institucional que implicaría para el Banco Central. Existe el consenso en economía que la inflación es en última instancia un fenómeno monetario. Si bien en el corto plazo existen factores de demanda que afectan la inflación, en el largo plazo es causado por la política monetaria. De esta cuenta, la tendencia en las últimas décadas ha sido cómo diseñar un Banco Central que tenga los incentivos correctos para que no se desvíe de su misión de velar por la estabilidad en el nivel de precios.

El caso del Banco Central de Chile es un ejemplo de la evolución que ha experimentado la Banca Central. En los setenta, éste financiaba parte del presupuesto público, lo que obviamente causaba una fuerte inflación, que llegó a 508% en el año 1973. El programa de estabilización macroeconómica que se llevó a cabo en los ochenta rindió sus frutos y la inflación, aunque todavía alta, fue más baja que la reportada en la década anterior. En esta década el Banco Central todavía tuvo una intervención activa en el mercado cambiario.

Sin embargo, a partir de inicios de los años noventa se implementó un marco institucional que tenía como objetivo brindar autonomía al Banco Central, para que se enfocara lo más posible en su objetivo de mantener estable la inflación. Inicia entonces a implementar un esquema de metas de inflación, que consolida totalmente a inicio de los años dos mil y que hoy rige la política monetaria de ese país.

Actualmente el Banco Central de Chile no tiene como objetivo un cierto nivel de tipo de cambio, sino exclusivamente cumplir con la meta de inflación establecida, para que los agentes tengan un “ancla nominal” o la certeza en la planificación económica[7]. Se tiene el consenso que el Banco Central no es capaz de generar crecimiento en el largo plazo y que su aporte principal, es mantener controlada la inflación.

Aún con sus imperfecciones, el Banco Central de Guatemala ha procurado imitar este esquema de operación e intentar colocarle como misión contrarrestar el efecto de las remesas, implicaría un cambio institucional severo que pone en riesgo los logros que ha tenido en el control de la inflación.

¿Qué alternativa queda entonces? Implementar un auténtico programa de competitividad que permita que los exportadores (y cualquier empresa en general) puedan operar con eficiencia en el país. No hay que inventar el agua azucarada. El Foro Económico Mundial tiene varios años de estar publicando un informe en donde establece cuáles son los factores que determinan la competitividad de un país en el largo plazo.

En el caso de Guatemala, el factor más crítico es el institucional. Sin un Estado que funcione, una devaluación del tipo de cambio no tendría un efecto duradero en el crecimiento económico y solo podría abrir la puerta a riesgos inflacionarios. Aun cuando Dani Rodrik, un prestigioso académico turco, sugiera que la devaluación del tipo de cambio es un buen sustituto de ambientes institucionales defectuosos, la historia de América Latina demuestra que no hay atajos para el crecimiento de largo plazo.

Junio 2016

Con un sistema de salud en quiebra, con poca capacidad de atención y con problemas de corrupción, la crisis en salud se convierte en un estado permanente para Guatemala. 

El sistema de salud público en Guatemala está prácticamente quebrado. Los médicos no cuentan con los insumos básicos para realizar su labor, la comida es insuficiente para los pacientes y a muchos trabajadores se les debe meses de salario. Esta es la realidad del sistema de salud pública que llega a extremos deplorables y que enfrenta crisis recurrentes.

Los casos judiciales de alto impacto del último año han puesto al descubierto las redes de corrupción que tomaron el control de la salud pública del país. Tanto el Ministerio de Salud, como el IGSS han sido saqueados sistemáticamente en la última década, a través de compras sobrevaloradas de medicinas y de contratos anómalos para la prestación de servicios, que resultan ser de muy mala calidad. En el caso IGSS-PISA, la corrupción costó la vida de varios pacientes.

Acabar con la corrupción en el Ministerio de Salud y en el IGSS es fundamental para que los ciudadanos podamos aspirar a contar con un servicio de salud pública de alta calidad. Sin embargo, esto no es suficiente. La forma en que está estructurado el sistema de salud del país coloca bastante presión sobre las finanzas públicas y es prácticamente imposible atender la totalidad de demanda de servicios de salud a través del Ministerio de Salud.

En el informe "Planes de beneficios en salud de América Latina", publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2014, resalta la siguiente afirmación: “Ningún país del mundo tiene los recursos suficientes para proveer a todos sus ciudadanos la totalidad de los servicios, con los máximos estándares de calidad posibles; cualquiera que crea lo contrario vive en un mundo de fantasía”. Sin duda esta es una aseveración controversial, pero revestida de mucho realismo, sobre todo para países como el nuestro, con un limitado nivel de desarrollo económico.

Ante la precariedad de recursos, es necesario diseñar un sistema de salud que atienda la demanda de los más pobres, pero que aquellos ciudadanos que puedan, realicen aportes para darle viabilidad financiera al sistema. En el caso de Guatemala, eso significaría ampliar la cobertura del IGSS, para que el Ministerio de Salud disponga de más recursos para la población con mayor vulnerabilidad.

El sistema de salud de Guatemala está compuesto por el Ministerio de Salud, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la red de hospitales privados. Además, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa brindan servicios de salud a sus trabajadores, pero representan un porcentaje mínimo de la población total.

La mayor presión claramente la recibe el Ministerio de Salud, ya que atiende la mayoría de las consultas médicas en el año, lo cual es comprensible por los altos niveles de pobreza e informalidad que registra el país. Ésta presión se ha incrementado en los últimos años. En el 2011 el Ministerio de Salud registró un total de 13.9 millones de consultas médicas; para el año 2014 se incrementó a 18.7 millones. Por su parte, el IGSS atendió 6.2 millones de consultas en el año 2014; y el sector privado solamente 1.82 millones de consultas.

El gasto en salud, público y privado, ha pasado de 3.9% del PIB en el año 1995, a 6.3% del PIB para el año 2014. Si se desglosa esta cifra, el gasto público en salud pasó de 1.6% del PIB en 1995, a 2.4% en el 2014; mientras que el gasto privado pasó de 2.3% a 3.9% del PIB, durante el mismo período. El gasto privado en salud se incrementó sustancialmente a inicios de la década pasada, pero luego ha disminuido paulatinamente a partir del año 2008. La diminución en los gastos privados en salud ha coincidido con un incremento en las consultas en los hospitales públicos, lo que podría estar indicando un deterioro en el poder adquisitivo de las familias guatemaltecas.

El gasto privado en salud alcanzó Q17, 963 millones en 2014, de los cuales Q 1,848 millones fueron financiados por instituciones sin fines de lucro; Q 856 millones por seguros privados y el resto por el bolsillo de los hogares. La compra de medicamentorepresentó el 23% del total del gasto privado en salud; mientras que las consultas externas y los servicios de hospitalización representaron el 60% del total.

En cuanto a la infraestructura disponible, el Ministerio de Salud Pública cuenta con 44 hospitales y 1,487 centros y puestos de salud para atender a más 11 millones de guatemaltecos; mientras que el IGSS cuenta con 24 hospitales, 43 consultorios y 11 puestos de salud para atender a 2.9 millones de afiliados y beneficiarios. En el sector privado de salud se tienen registrados 103 hospitales y más de 3,300 clínicas generales y especializadas que están disponibles para toda la población, pero que solo una proporción relativamente pequeña de la misma tiene las posibilidades de pagar.

Si se compara la capacidad de atención del Ministerio de Salud Pública con la del IGSS, claramente éste último tiene ventaja debido a los recursos con los que cuenta para atender a sus afiliados. Mientras que el Ministerio de Salud gastó Q 4,503 millones en el 2014 para atender a más de 11 millones de guatemaltecos, que realizaron 18.7 millones de consultas; el IGSS gastó Q 5,393 millones para atender a 2.9 millones de beneficiarios, que realizaron 6.2 millones de consultas.

El gasto en medicamentos que realizó el IGSS en el 2014 fue de Q 2,281 millones; mientras que el Ministerio de Salud solamente gastó Q 498 millones. La diferencia se debe a que el IGSS provee a sus afiliados de medicamentos para tratar todo tipo de enfermedades; mientras que el Ministerio de Salud solo brinda medicamentos básicos.Estas cifras revelan que, aún con sus deficiencias, el IGSS cuenta con más recursos para proveer de servicios de salud a sus afiliados. Si se mide en términos per cápita, el IGSS destina 5 veces más recursos por afiliado, de lo que destina el Ministerio de Salud Pública por cada persona que tiene bajo su cobertura.

El primero es la deuda que el Estado tiene con la institución. Para finales del año 2014 esta deuda ascendía a más de Q 27,800 millones, de los cuales el 80% corresponde al incumplimiento del aporte que cada año debe hacer el Estado al presupuesto del IGSS, según la ley orgánica de la institución. Históricamente, este ha sido un aporte que el Estado ha incumplido. El resto de la deuda, que asciende a más Q 5,100 millones, es por el impago de las obligaciones del Estado como patrono. Además el IGSS tiene cuentas por cobrar a municipalidades y a empresas privadas que ascienden a más de Q 1,400 millones. Esta situación ha provocado que el IGSS no cuente con todos los recursos que debería y repercute en la calidad de los servicios que presta.

El otro problema que enfrenta el IGSS es la reducción en la cobertura. En 1981, el 30% de la fuerza laboral estaba afiliada a la seguridad social, mientras que en la actualidad solamente lo está el 19%. Las normas de afiliación, las quejas sobre la calidad del servicio y la escasa creación de empleo formal de la economía guatemalteca, ha provocado que la cobertura de la seguridad se reduzca drásticamente. Muchos ciudadanos han preferido afiliarse a los seguros privados o bien, simplemente se han quedado sin ningún tipo de cobertura, lo que supone más presión para el Ministerio de Salud.

En el contexto de pobreza que vive Guatemala, no cabe duda que el gobierno tiene un rol importante que jugar en la salud de los ciudadanos. Actualmente interviene a través de dos sistemas, el IGSS y el Ministerio de Salud, que funcionan de forma descoordinada y que atienden a diferentes segmentos de la población. En el corto plazo, se debe buscar solucionar la grave crisis que afronta el Ministerio de Salud, pero no se tiene que perder de vista que el diseño financiero del sistema de salud necesita transformarse, para que sea sostenible en el mediano y largo plazo.

Se tiene que apostar por fortalecer el IGSS, ya que como demuestran las estadísticas, tiene mayor capacidad financiera para operar. Este análisis excluye el sistema de pensiones, que tiene una dinámica distinta y que afronta sus propios problemas de viabilidad financiera. Pero en cuanto a los servicios de salud, la expansión de la cobertura del IGSS provocaría que el Ministerio de Salud afronte menos presiones. La población continúa creciendo a un ritmo relativamente alto y las enfermedades crónicas están tomando mayor relevancia dentro del perfil epidemiológico de los guatemaltecos, lo que significaría costos de atención más altos por paciente. Si el IGSS no amplía su cobertura, el Ministerio de Salud enfrentará crisis financieras más graves en el futuro.

Fortalecer el IGSS implica efectuar reformas importantes en esta institución. Las normas sobre afiliación, las cuotas que se deben pagar y el sistema de administración y gobernanza deben cambiar para garantizar una operatividad más eficiente. Pero también se tiene que incentivar la creación de empleo formal, lo que implica atraer mayores niveles de inversión, para que más empresas se instalen en el país.

Atender los problemas de salud del país, también requiere pensar en un sistema de prevención de enfermedades eficaz y no reactivo, como lo es en la actualidad. Además las municipalidades tienen que cumplir su responsabilidad en el tratamiento de las aguas residuales para evitar que la población se enferme por ingerir agua contaminada, lo que constituye uno de los principales motivos de consultas en los hospitales públicos.

Por último, hablar de fortalecer el IGSS no implica descuidar el Ministerio de Salud, sino tan solo comprender que, si la cobertura del Seguro Social continúa reduciéndose, la presión sobre las finanzas públicas se incrementará sustancialmente y será menos probable que puedan atenderse las necesidades de salud de la población. Se debe discutir a fondo la viabilidad financiera de nuestro sistema de salud y no asumir que con erradicar la corrupción, automáticamente se tendrá salud de calidad para todos.

¿Es la desigualdad el origen y la causa última de los grandes males que aquejan al mundo?

Octubre 2015

La desigualdad es una preocupación mundial que se está discutiendo de forma amplia a nivel académico, político y mediático. No es que sea un tema nuevo. Ha estado allí desde hace varias décadas, pero no se le había prestado tanta atención como en la actualidad [1]. Se señala que la desigualdad es una seria amenaza para la democracia, daña el crecimiento económico, provoca violencia, impide la movilidad social y condena a millones de personas a la pobreza y la miseria. En este sentido, la desigualdad sería el origen y la causa última de los grandes males que aquejan al mundo.

Incluso algunos autores han llegado a sugerir que la desigualdad podría influir en la creación de las burbujas crediticias y por tanto en los ciclos económicos. La explicación es que en sociedades desiguales, las personas con menos recursos tratarían de mejorar su estatus económico adquiriendo deudas por encima de su capacidad financiera, lo que eventualmente conduciría a una crisis económica.

La desigualdad también ha sido asociada con un desarrollo social precario. Se señala que los países más igualitarios tienen mejores indicadores sociales que aquellos que son altamente desiguales. La conclusión sería que para mejorar las condiciones sociales, promover la igualdad es indispensable, no importando el nivel de desarrollo económico de los países.

Las relaciones que se señalan entre desigualdad y diferentes variables económicas, políticas y sociales son diversas, por lo que deben ser analizadas y discutidas a profundidad. Pero también es importante discutir las razones de la desigualdad. En algunos casos, la desigualdad se deberá a la globalización y a cambios tecnológicos, por lo que son procesos difícilmente controlables; mientras que en otros casos las razones se deberán a un diseño institucional inadecuado que impide el desarrollo económico y social de los países, dando como resultado que una proporción considerable de la población no logre incorporarse al mercado laboral formal.

Es importante también indicar que en algunos casos, la desigualdad se da por el poco desarrollo del capitalismo y no al revés. Eso se aplica para los países en vías de desarrollo, en donde el proceso de industrialización todavía no termina de consolidarse.

1. Los economistas clásicos plantearon, implícitamente, el tema de la desigualdad, como lo señala Thomas Piketty en su libro

En su libro, El capital en el Siglo XXI, Thomas Piketty señala que en las últimas décadas la desigualdad se ha incrementado de forma considerable. Este es un fenómeno que se ha observado en los países desarrollados desde los años setenta y, según el autor, podría profundizarse en las próximas décadas, con consecuencias indeseables.

El incremento de la desigualdad en los países desarrollados tiene distintas explicaciones. Una de ellas es el cambio tecnológico que ha experimentado el mundo, lo que ha beneficiado a ciertas industrias, pero también ha dejado obsoletas a otras. Los trabajadores que cuentan con el mayor capital humano, son capaces de aprovechar estos cambios tecnológicos, incrementando sustancialmente sus ingresos. Sin embargo, los trabajadores que no cuentan con el conocimiento y las habilidades necesarias para enfrentar el cambio, muchas veces son desplazados y sus ingresos se reducen o se estancan.

El otro fenómeno que afectó a los países avanzados en las últimas décadas fue el surgimiento de los países asiáticos. La globalización facilitó el movimiento de capitales y el intercambio comercial, lo que provocó que las inversiones aumentaran en los países del Este Asiático, en detrimento de los países avanzados. El movimiento de capitales de países desarrollados hacia los países asiáticos se debió a que éstos últimos ofrecían mejores condiciones para las empresas. Las rigidices del mercado laboral y los altos impuestos que tenían que afrontar las compañías en los países avanzados, hicieron que cambiaran sus operaciones hacia países más amigables para la inversión.

El resultado del auge económico de los países asiáticos fue la pérdida de puestos de trabajo en los países avanzados y un estancamiento en los salarios de sus trabajadores. Esto provocó que descendiera la proporción del ingreso nacional que recibía el trabajador promedio de estos países, incrementando la desigualdad.

La reacción de los países avanzados ante la pérdida de competitividad de sus economías fue reducir los impuestos a las empresas. En 1981 el Impuesto Sobre la Renta promedio que aplicaban los siete países más industrializados del mundo era de 50%; mientras que en la actualidad es de 30%. Claramente esto influyó en el aumento de la desigualdad, pero también evitó que los países avanzados perdieran más inversiones. Las reformas que realizaron varios de los países industrializados se debieron al estancamiento económico que estaban experimentando en ese momento.

En su libro, Piketty señala que el capitalismo tiende, de forma inexorable, a la concentración de la riqueza y que la reducción de la desigualdad que se registró en los países desarrollados en la primera mitad del siglo XX, se debió a dos factores exógenos: la gran depresión y las guerras mundiales. Según este autor, sin estos eventos, la desigualdad hubiera continuado incrementándose hasta niveles extremos durante el siglo pasado. La proyección de Piketty es que la actual tendencia hacia la concentración de riqueza que experimentan los países desarrollados se agudizará y, si los gobiernos no intervienen, podría provocar serios problemas en el futuro.

Lo que Piketty no profundiza en su libro es que al mismo tiempo que ha aumentado la desigualdad dentro de los países desarrollados, también se han dado dos tendencias importantes en el mundo. La primera es que la desigualdad entre países desarrollados y varios países en desarrollo, se ha reducido significativamente. El movimiento de capitales que perjudicó a los países avanzados, representó una oportunidad sin precedentes para varios países en desarrollo.

Mientras que los siete países más industrializados del mundo (G7) multiplicaron, en promedio, por catorce su PIB per cápita de 1970 a 2014; los países del Este Asiático y el Pacífico, lo multiplicaron por treinta. Esto evidencia que la brecha económica entre los países más industrializados y los países del Este Asiático se redujo en las últimas cuatro décadas.

Si se toma en consideración sólo los Tigres Asiáticos, la reducción de la brecha es mucho más dramática. En 1970 el PIB per cápita promedio de estos países era de $ 725, lo que representaba el 23% del PIB per cápita promedio de los países más industrializados. En la actualidad, el PIB per cápita promedio de los Tigres Asiáticos representa el 93% del PIB per cápita promedio del grupo de países más industrializados. Estos países asiáticos son considerados hoy en día parte del mundo desarrollado.

Por supuesto, esto no es una tendencia generalizada y varios países son más pobres, en relación a los países avanzados, de lo que eran hace treinta años. No obstante, varios países han logrado reducir la brecha económica con los países avanzados.

La otra tendencia importante, es que la desigualdad ha disminuido en varios países en desarrollo. Debido al crecimiento económico robusto que experimentaron en la última década, varios países de América Latina redujeron sus niveles de desigualdad. Contrario a la tesis de Piketty, en este caso el crecimiento económico no se tradujo en un incremento de la desigualdad. Por supuesto, varios países de la región implementaron programas sociales que ayudaron a este resultado. Pero la fuerza que impulsó una reducción importante de la desigualdad fue la creación de empleos formales y el incremento de los salarios, debido a los mayores niveles de inversión que reportaron estos países.

“En casi todos los países de América Latina se redujo la desigualdad en los últimos quince años.”

En casi todos los países de América Latina se redujo la desigualdad en los últimos quince años. Además, la pobreza se redujo de forma significativa en la región, al pasar de 48% en 1990 a 28% en 2014. Estos datos sugieren que para reducir la desigualdad es indispensable lograr mayores niveles de crecimiento económico, acompañado de programas sociales que ayuden a aquellos que cuentan con un capital humano tan escaso, que no le permita incorporarse al mercado laboral de forma exitosa.

Lo cierto es que, contrario a la visión pesimista de Piketty, el mundo realizó grandes avances en las últimas cuatro décadas. Millones de personas salieron de la pobreza, la clase media se expandió en diversos países, se mejoraron considerablemente los indicadores sociales y la desigualdad se redujo entre países y a lo interno de varios países.

A la luz de esta evidencia, resulta contradictorio que se piense que el capitalismo es el responsable de los males que aquejan al mundo o que este sistema conduce inexorablemente a niveles excesivos de desigualdad. El aumento de la desigualdad en el mundo desarrollado tiene que ver con cambios tecnológicos y con una pérdida de competitividad, en términos relativos, que ha causado que las inversiones emigren hacia los países en desarrollo.

Sin duda, los países avanzados tendrán que introducir reformas que les permitan superar la crisis que actualmente están atravesando; mientras que los países en desarrollo deberán profundizar sus niveles de industrialización para continuar con la reducción en los niveles de desigualdad. En ambos casos, es importante mejorar el capital humano, para garantizar que las personas puedan adaptarse a los cambios vertiginosos de la tecnología. Si en algo tiene razón Piketty, es que mejorar el capital humano es fundamental para reducir los niveles de desigualdad y facilitar la movilidad social.

Sin cambios en la Ley de Compras y Contrataciones y en la Ley de Servicio Civil es de esperarse que este presupuesto sea un nuevo botín para una extensa red de intereses que se ha tejido a lo largo de las últimas décadas. Como todos los años, los gastos superan a los ingresos, por lo que tendremos un nuevo aumento de la deuda pública.

El proyecto de presupuesto para el año 2016 que ha enviado el Ministerio de Finanzas al Congreso, trae muy pocas sorpresas. Como todos los años, los gastos superan a los ingresos, por lo que tendremos un nuevo aumento de la deuda pública. La opacidad en el gasto público también está presente, ya que sin cambios en la Ley de Compras y Contrataciones, ni en la Ley de Servicio Civil es de esperarse que este presupuesto sea un nuevo botín para una extensa red de intereses que se ha tejido a lo largo de las últimas décadas. Lo que recibiremos los guatemaltecos a cambio de nuestros impuestos será lo de siempre: servicios públicos de muy mala calidad.

“Lo que recibiremos los guatemaltecos a cambio de nuestros impuestos será lo de siempre: servicios públicos de muy mala calidad. ”

Los supuestos sobre los cuales se elaboró el proyecto de presupuesto consideran que la economía mundial tendrá un desempeño ligeramente mejor al que ha reportado el presente año, lo cual parece razonable. Sin embargo, es importante considerar que la incertidumbre es la que ha caracterizado a los mercados mundiales en los últimos meses. La volatilidad de las bolsas de valores, las dudas sobre la economía de China, la situación vulnerable de Grecia y su previsible impacto en la zona Euro, así como la posible subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal el próximo año, son aspectos que continúan vigentes y que podrían impactar negativamente en el desempeño de la economía mundial en 2016, con el consiguiente efecto en la recaudación de ciertos impuestos.

En el caso de la economía de Guatemala, ésta se ha beneficiado con la caída en el precio de las materias primas, sobre todo del petróleo, el trigo y el maíz, al ser importadores netos de estos productos; aunque se han visto afectados algunos productos de exportación, como el azúcar. En este sentido es previsible que el crecimiento de la economía guatemalteca en 2016 sea muy similar a la registrada en el presente año, a menos que se concreten algunos de los riesgos antes mencionados sobre la economía mundial.

Es importante mencionar que la crisis política que atravesó el país en los últimos meses parece no haber tenido un impacto significativo sobre la economía nacional, aunque claramente sí afectó la institucionalidad de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Los proyectos de inversión que se detuvieron en un inicio, probablemente sean puestos en marcha de nuevo, ahora que parece haber menguado la crisis política.

Los supuestos sobre el comportamiento de las variables económicas en los que descansa el presupuesto 2016 parecen razonables; sin embargo la debilidad por la que atraviesa la SAT y los efectos de una reforma fiscal que ha sido seriamente cuestionada, son aspectos que podrían impedir que se logren las metas fiscales el próximo año. Desde el 2012 el incumplimiento en las metas de recaudación tributaria ha sido la norma y el presente año no será la excepción. El presupuesto vigente presenta ingresos tributarios de Q 54,701 millones, sin embargo la SAT estima que finalmente sólo se logrará recaudar Q 50, 424 millones. A final de año, la brecha fiscal alcanzaría Q 4,247 millones, la más alta desde el año 2009, cuando ésta sobrepasó los Q 6,600 millones debido a la crisis económica.

Para el año 2016 se tiene contemplado que los ingresos tributarios sean Q 54,555.80 millones, un incremento de 8.2% respecto a los ingresos efectivos que se alcanzarían en el presente año, según la SAT. Sin embargo, durante el presente año la recaudación crecería solamente 2.8% respecto al año 2014. El impuesto sobre la renta, el IVA sobre las importaciones y la regalías por explotación de hidrocarburos, han mostrado una reducción en los primeros ocho meses del año. Esto hace suponer que en un escenario optimista, la recaudación crecería entre 4% y 5% el próximo año, tres puntos porcentuales menos que lo estimado en el proyecto de presupuesto.

Además, la estimación de la recaudación del impuesto a la distribución del cemento es de Q 351 millones, lo cual está sobrestimado en Q 250 millones debido a que la CC anuló recientemente el incremento a éste impuesto, que se había aprobado en el presente ejercicio fiscal. Lo más prudente sería que el Congreso revise las estimaciones de los ingresos fiscales que contiene el proyecto de presupuesto, para evitar cometer nuevamente un error de sobrestimación en los mismos.

Por la parte de los gastos, el proyecto de presupuesto para 2016 se incrementa en Q 1,714 millones respecto al presupuesto vigente para el presente año. Este incremento se debe en gran parte al aumento en el rubro de Servicios de la Deuda Pública, que pasa de Q 9,308 millones en 2015 a Q 12,448 millones en 2016. El pago de intereses se incrementa en Q 971 millones, mientras que las amortizaciones aumentan en Q 2,169 millones. Estas cifras ponen el foco una vez más en la pesada carga en la que se ha convertido la deuda pública para las finanzas del Estado. En este presupuesto se han agregado Q 1,710 millones para el pago de las pérdidas operativas del Banco Central, que pocas veces han sido consideradas dentro del presupuesto. Los costos de la política monetaria también pasan la factura dentro del presupuesto del Estado.

El presupuesto del Ministerio de Educación se incrementaría en Q 592.3 millones, algo que a simple vista parecería positivo. Sin embargo, estos fondos se destinarían principalmente para el aumento salarial contemplado para el próximo año en el pacto colectivo de este Ministerio. Del año 2007 a la fecha el presupuesto de esta cartera se ha duplicado. En parte se ha debido al incremento de personal, que pasó de 129 mil a 202 mil en los últimos ocho años; pero también se ha debido al pacto colectivo de la cartera, que contiene aumentos salariales que ponen en peligro las finanzas del Estado.

Este es un fenómeno que se ha experimentado de forma generalizada en el presupuesto durante la última década. En el año 2007 el pago de salarios representaba el 20.8% del total del Presupuesto del Estado, mientras que en 2014 éste representó el 29%. Lamentablemente, este incremento de personal y de salarios no se ha realizado de forma ordenada ni con la transparencia que corresponde. Las plazas dentro del Estado han sido otra fuente de corrupción y han servido para pagar favores políticos. Es parte del botín que se reparten todos los años.

Por último es importante mencionar que, debido a que los organismos internacionales le han cerrado las puertas temporalmente al gobierno de Guatemala, el déficit fiscal será financiado principalmente con colocación de deuda interna. Esto tiene sus inconvenientes, dado que podría provocar un aumento de las tasas de interés y también disminuir el ritmo de crecimiento del crédito al sector privado. Lo mejor sería que no existiera déficit fiscal. Sin embargo, es algo que en el corto plazo resulta imposible de lograr.

Lo cierto es que el nuevo gobierno tiene que tomar muy en cuenta las señales que envían los organismos internacionales al no querer otorgar préstamos al país. Sólo un presupuesto transparente es útil para lograr el desarrollo de Guatemala. Por eso resulta impostergable la modificación de Ley de Compras y Contrataciones y la Ley de Servicio Civil. Si no se hacen esas modificaciones, el presupuesto del Estado continuará siendo el botín de políticos inescrupulosos.

América Latina logró sortear con relativa facilidad la crisis financiera que estalló a finales de 2007 en Estados Unidos y que luego se propagó rápidamente por el resto del mundo desarrollado; sin embargo, la desaceleración de las economías de América Latina es preocupante, sobre todo porque las condiciones macroeconómicas sólidas que se tenían en el año 2009, han cambiado.

La economía mundial no termina de recuperarse de la crisis financiera que estalló a finales de 2007 en Estados Unidos y que luego se propagó rápidamente por el resto del mundo desarrollado. En lo más intenso de la crisis económica los principales países emergentes parecían relativamente inmunes. Mientras los países avanzados reportaron una contracción de 3.4% en el año 2009, los países emergentes todavía crecían 3%, impulsados sobre todo por China e India, que crecieron más de 8% durante ese año.

Por su parte, América Latina logró sortear la crisis con relativa facilidad. Debido a la solidez macroeconómica que gozaban en ese momento, varios países de la región impulsaron políticas contra-cíclicas, lo que ayudó a que la caída de la economía latinoamericana fuera solamente de 1.3% en el año 2009. Posteriormente, en el año 2010 y 2011, mostró una fuerte recuperación impulsada por el buen desempeño de Brasil, Chile, México y Argentina.

Sin embargo, en los últimos dos años la economía de América Latina ha mostrado una desaceleración considerable. En el 2014 la región creció 1.3% y se estima que en el presente año crezca solamente entre 0.50% y 0.8%. Además, la Inversión Extranjera Directa cayó 16% en el año 2014, después de alcanzar un máximo histórico de $ 190 millardos en 2013. Las economías de Sudamérica son las más afectadas por el momento, aunque algunas de las economías de América Central también enfrentan serios desafíos.

Entre 0.50% y 0.8%

SE ESTIMA QUE CREZCA LA ECONOMÍA DE LATINOAMÉRICA EN EL PRESENTE AÑO

La desaceleración de las economías de América Latina es preocupante, sobre todo porque las condiciones macroeconómicas sólidas que se tenían en el año 2009, han cambiado. Algunos países han incrementado su deuda pública significativamente, mientras que en otros la inflación está fuera de control. La región se encuentra hoy en día menos preparada para enfrentar una nueva crisis de lo que estaba en el año 2009. ¿Podrá salir fácilmente la región latinoamericana de este nuevo estancamiento económico?

La situación económica por la que atraviesan varios países de América Latina se debe en gran parte a factores externos, pero también en algunos países están influyendo situaciones internas. Cada país enfrenta situaciones muy particulares, pero existen ciertos elementos comunes que están afectando a la mayoría de países latinoamericanos.

Dentro de los factores externos se encuentra la caída en los precios de las materias primas. El fuerte crecimiento que experimentó Latinoamérica en la década pasada se debió primordialmente al incremento en la demanda y el precio de las materias primas que produce y exporta la región. El Índice de Precios de Materias Primas que pública el FMI indica que, en promedio, los precios de éstas se triplicaron entre finales de 2001 y mediados de 2008; luego en el año 2009 cayeron fuertemente con la crisis mundial y posteriormente se recuperaron y alcanzaron cierta estabilidad en los años subsiguientes.

En el caso de Chile y Perú se vieron beneficiados con el incremento del precio del cobre y otros minerales; en Bolivia con el precio del gas; en Colombia, México, Venezuela y Ecuador con el precio del petróleo; en Brasil con el precio de minerales y productos agrícolas; Argentina y Uruguay con el precio de productos agrícolas. En el caso de los países centroamericanos los resultados fueron mixtos. Por una parte se incrementó el precio del azúcar, el café y el banano, que están entre los principales productos de exportación de algunos países del Istmo; sin embargo, el incremento del precio del petróleo y ciertos granos básicos tuvo efectos negativos en los costos de producción y de transporte de ciertas industrias.

Esta bonanza en los precios de las materias primas se revirtió y desde mediados de 2014 han descendido 33%, en promedio, lo que provocó que el valor de las exportaciones regionales descendiera 2.5% el año pasado. Los países más afectados fueron Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Si bien el precio de las materias primas aún es alto en relación al inicio de la década pasada, éstos podrían caer más si las condiciones de la economía mundial desmejoran.

Entre 17% y 24%

REPRESENTAN LAS EXPORTACIONES A CHINA DEL TOTAL DE EXPORTACIONES DE BRASIL, CHILE Y PERÚ

Sobre todo es importante poner atención a lo que está sucediendo en China. El motor que sostuvo a la economía latinoamericana en la última década fue la expansión del gigante asiático, ya que fue el principal demandante de las materias primas que produce la región. Y ha sido evidente cómo a medida que la economía china se ha enfriado, el desempeño de la economía latinoamericana también ha desmejorado. En el caso de Brasil, Chile y Perú las exportaciones a China representan entre 17% y 24% del total de sus exportaciones, lo que les hace bastante vulnerables a las condiciones económicas de China.

Las perspectivas de crecimiento de China en el corto y mediano plazo no son del todo positivas. Las principales bolsas de valores de éste país han experimentado una crisis severa en las últimas semanas, lo que podría detonar una crisis de confianza en su economía en general. Por muchos años se ha señalado que existe una burbuja inmobiliaria en China que ha sido promovida por la intervención de los bancos gubernamentales de éste país, la que podría “estallar” en cualquier momento. En todo caso, aun cuando esta economía no experimente una crisis severa, la expectativa es que tendrá un crecimiento mucho más moderado que el registrado en las últimas décadas y eso implicará menos demanda de materias primas para América Latina.

Como se señaló anteriormente, dentro de los factores internos que están afectando a algunos países de la región se encuentra el desbalance de las cuentas fiscales y la inflación fuera de control. En el tema fiscal, muchos países que implementaron políticas contra-cíclicas no han sido capaces de retomar el balance en sus finanzas públicas. Según estimaciones del FMI, El Salvador incrementó la deuda pública de 39% a 56% del PIB entre 2008 y 2015; Costa Rica de 25% a 40% del PIB y Honduras de 23% a 46% del PIB, durante el mismo período. Este incremento se debe a los altos déficits fiscales que han registrado estos países en los últimos siete años, que han llegado incluso a 7% del PIB en Honduras en el año 2013 y a 6% del PIB en Costa Rica en el año 2014.

“Moody’s rebajó la nota a Costa Rica en 2014, quitándole la calificación de grado de inversión y dejando la deuda soberana en la categoría de especulativa.”

En el caso de Costa Rica, la agencia de calificación de deuda pública Moody’s le rebajó la nota en septiembre del 2014, quitándole el grado de inversión y dejando la deuda soberana de este país en la categoría de especulativa. Recientemente las tres principales agencias de calificación le advirtieron a este país que si no ajusta su déficit fiscal en un plazo de 18 meses reducirán nuevamente la nota de su deuda soberana.

En el Istmo centroamericano, El Salvador es el caso más preocupante, no sólo por el déficit fiscal promedio arriba de 4% del PIB que ha registrado en los últimos siete años, sino además por el estancamiento económico en el que se encuentra desde hace casi una década.

En cuanto a desequilibrios monetarios, Argentina y Venezuela registran inflaciones sumamente altas, de 20% y 93%, respectivamente, según el FMI. Las monedas de estos países están enfrentando severas devaluaciones y si continúan con esta tendencia, terminaran destruyendo completamente sus monedas. La crisis más grave la enfrenta Venezuela, ya que a los ciudadanos se les dificulta encontrar productos alimenticios, de higiene y salud.

En conclusión, las economías de América Latina enfrentan varios desafíos. Algunos países se encuentran en situaciones realmente preocupantes y es posible que enfrenten crisis fuertes en el mediano plazo. Otros países, como Venezuela y Argentina, ya están en medio de situaciones sumamente difíciles para sus ciudadanos.

En el caso de Guatemala, el crecimiento económico per cápita ha estado por debajo del crecimiento promedio de América Latina en la última década. El principal desafío para el país en estos momentos es la debilidad fiscal que ha mostrado en los últimos años y las inversiones que pudieran estar detenidas o que podrían ser pospuestas debido a la crisis política que actualmente estamos viviendo. América Latina en su conjunto enfrenta tiempos difíciles.

La corrupción es un fenómeno complejo que ha afectado de forma persistente  a la región latinoamericana desde sus orígenes.  No importando el régimen político o la tendencia ideológica de los gobiernos, América Latina parece atrapada en un sistema que permite y alimenta la corrupción. Guatemala no es ajena a esta realidad y la actual crisis política que atraviesa el país se encuentra íntimamente relacionada con este flagelo. 

Desde el año 1995 la organización Transparencia Internacional viene midiendo la corrupción alrededor del mundo.  Esta tarea no es sencilla, debido a que la corrupción  se trata de mantener oculta y además se manifiesta de formas diversas: sobornos para obtener contratos o favores gubernamentales, el robo de recursos públicos, el nepotismo, el pago para agilizar trámites oficiales, la utilización de información privilegiada,  entre otros.  

De esta forma es imposible conocer con exactitud la magnitud de la corrupción. Debido a esta dificultad Transparencia Internacional recurre a  la realización de encuestas para medir la percepción que se tiene sobre qué tanta  corrupción  ocurre en los gobiernos de los distintos países. Es una estimación subjetiva, pero se considera que es la mejor forma de evaluar la incidencia de este fenómeno alrededor del mundo. 

Los resultados de esta evaluación  son una vergüenza  para la región Latinoamericana.  La máxima calificación en este índice es 100, indicando que al gobierno de un país se le percibe transparente; y la menor calificación es 0, indicando que al gobierno de un país se le percibe altamente corrupto.  Tan solo Chile y Uruguay obtienen una calificación arriba de  70 puntos, ubicándose ambos en la posición 21 de 175 países.  Luego está Costa Rica, en una posición mucho más baja con una calificación de 54 puntos. El resto de países obtiene una calificación menor a 50 puntos.  

En el caso de Guatemala es evaluada desde el año 1998. Siempre ha obtenido una calificación por debajo de 35 puntos. En la última medición realizada en el año 2014, obtuvo una calificación de 33 puntos, por debajo del promedio de la región que es 38 puntos.  Se ubicó entre las últimas seis posiciones, tan sólo por arriba de Honduras, Nicaragua, Paraguay, Haití y Venezuela. 

El resultado para Guatemala en este índice coincide con la percepción que pareciera tener la ciudadanía sobre la corrupción que ha cooptado el Estado de Guatemala y que se manifiesta en todos los niveles de la función pública. 

Los efectos de la corrupción son realmente lamentables. Para empezar es clara la relación entre el nivel de transparencia de un país y su grado de desarrollo económico y social. A más transparencia del Estado, mejores los niveles de vida de las personas. Esto queda claro si se considera que los países que tienen los indicadores más altos en el Índice de Desarrollo Humano, son precisamente los que tienen los gobiernos más transparentes. Dentro de estos se puede listar a Singapur, Dinamarca, Noruega y los Países Bajos. De igual forma, varios de los países que reportan los Índices de Desarrollo Humano más bajos, también reportan los niveles más bajos de transparencia, como Haití, Sudán y Angola.

Si se considera solo América Latina el resultado es similar. Los países más transparentes de la región son precisamente los que tienen un mayor grado de desarrollo económico y social: Chile y Uruguay. Y los que tienen un menor desarrollo, también tienen los gobiernos menos transparentes: Honduras, Nicaragua y Paraguay. Guatemala se encuentra dentro de este último grupo de países.

La relación entre estas dos variables es muy clara. Los países que cuentan con Estados poco transparentes difícilmente puedan articular políticas públicas exitosas. Usualmente los gobiernos de estos países están más concentrados en como saquear las arcas estatales y en hacer negocios con fondos públicos, que en desarrollar un plan de gobierno que mejore considerablemente el nivel de vida de los ciudadanos.

Y no se trata de ideologías. En varios de los países que reportan los peores indicadores sociales y de transparencia han experimentado con distintos modelos de desarrollo, pero lo único que se ha mantenido constante es el alto nivel de depredación de los fondos públicos. En varios países de América Latina fracasaron diversos procesos de privatización precisamente por la opacidad con el que se implementaron. Y muchas políticas sociales solo han servido para fines clientelares. Sin transparencia en el Estado, es imposible lograr un modelo de desarrollo exitoso.

El otro punto relevante es el efecto que la corrupción puede tener sobre la desigualdad persistente en algunos países. En el caso de Chile, es interesante notar que aunque es un país más desigual que Nicaragua, goza de mejores condiciones de vida y además es considerado más transparente. Al comparar estos dos países, pareciera que no existe una relación entre desigualdad y corrupción. Chile es un país con altos niveles de desigualad y a la vez se encuentra entre los 21 países más transparentes del mundo.

Sin embargo, también es cierto que en algunos países coincide un alto grado de corrupción, con bajos niveles de desarrollo humano y una desigualdad bastante alta. Tal es el caso de Honduras y Guatemala, que además son azotados por niveles de violencia exorbitantes.

La tragedia en estos dos países, es que los recursos públicos son ejecutados con opacidad y difícilmente llegan a la población más necesitada. Sin la transparencia en el Estado, las políticas públicas fracasan una y otra vez, debido a que no son diseñadas para el beneficio de la sociedad sino para satisfacer el interés particular de los gobernantes de turno.

Claramente esto resulta en un crecimiento económico anémico que no permite la creación de fuentes de empleo formal que integren a la población al sector productivo del país. Al final, la mayoría de lo población tiene que recurrir a la informalidad para subsistir, lo cual es un serio impedimento para incrementar los ingresos y subir en la escala social. En este caso, la corrupción y la desigualdad están íntimamente ligadas, con el resultado trágico que está a la vista de todos.

¿Qué determina que unos países sean más transparentes que otros? Sin duda existen diversos factores en juego. Pero claramente tiene que ver con el funcionamiento del Sistema de Justicia y el establecimiento del Estado de Derecho. No es ninguna casualidad que los países que son considerados más transparentes son precisamente los que lideran el Índice de Estado de Derecho. De nuevo, en esta lista se encuentran los países nórdicos, junto con Alemania, Singapur y Nueva Zelanda, entre otros.

Pero ¿Cómo se logra establecer un auténtico Estado de Derecho? Esa es una interrogante compleja. Existen diversas teorías al respecto, algunas más válidas que otras. Lo cierto es que en la actualidad, mucho tiene que ver con el grado de tolerancia de las sociedades a los actos de corrupción. Las sociedades que son pasivas ante el desfalco que se realizan de los fondos públicos, difícilmente lograran salir del pozo profundo de la corrupción. La clase política aprovechará la pasividad de los ciudadanos para seguir aprovechándose del Estado.

Para lograr construir un gobierno transparente, se requiere que los ciudadanos rechacen enérgicamente cualquier acto de corrupción y además que se destierre por completo la cultura del soborno. Requiere además concentrar todas las energías en construir un Sistema Judicial auténticamente independiente y funcional; así como un sistema de partidos políticos que realmente responda al interés de la población. Cualquier discusión ideológica carece de sentido, si no se cuenta con un Estado transparente que permita la implementación de políticas públicas exitosas. Guatemala está un momento crítico para realizar estas reformas ¿Aprovecharemos la oportunidad?

La deuda pública del país se ha incrementado fuertemente en las últimas dos décadas. De 1995 a 2014, la deuda del Gobierno Central se multiplicó por nueve, al pasar de Q 11,900 millones a más de Q 110,000 millones. ¿Es esto sostenible?

La deuda pública del país se ha incrementado fuertemente en las últimas dos décadas. De 1995 a 2014, la deuda del Gobierno Central se multiplicó por nueve, al pasar de Q 11,900 millones a más de Q 110,000 millones. Este aumento no sólo ha sido en términos nominales, sino también en términos relativos. En 1995 la deuda gubernamental representaba el 15.4% del PIB, mientras que para finales de 2014 representaba el 24% del PIB. Esto significa que, en promedio, en las últimas dos décadas el crecimiento de la deuda pública ha sido mayor que el crecimiento del PIB.

Este aumento que ha registrado la deuda pública del país debe hacernos reflexionar sobre la sostenibilidad que tendría en el mediano o largo plazo. Los países no pueden incrementar la deuda de forma indefinida, debido a que tarde o temprano se les dificultará hacer frente a sus obligaciones. A lo largo de las últimas cuatro décadas, varios países de América Latina han caído en serias crisis económicas debido a que los gobiernos no pudieron pagar las abultadas deudas que contrajeron. Por su parte, la Eurozona aún no se recupera completamente de la crisis de deuda que enfrentaron varios de sus países miembros, luego del déficit fiscal desmedido que implementaron para salvar su sistema financiero y/o para paliar los efectos de la crisis mundial de finales de la década pasada.

“De 1995 a 2014, la deuda del Gobierno Central se multiplicó por nueve, al pasar de Q 11,900 millones a más de Q 110,000 millones”

Cuando un gobierno no puede pagar la deuda contraída, los flujos de capitales e inversión se paralizan, dando paso a una crisis económica que provoca una caída de la producción y un incremento del desempleo. Los ajustes fiscales que se necesitan para pagar la deuda provocan una mayor contracción de la economía, lo que al final resulta en una crisis de grandes dimensiones. Esta es la historia abreviada de lo que han experimentado varios países europeos en los últimos cinco años. En el caso de Guatemala, no hemos experimentado crisis de deuda pública en las últimas cinco décadas, desde que finalmente se terminó de pagar la llamada “Deuda Inglesa”. En este sentido, el récord crediticio del país es impecable en el último medio siglo. Sin embargo, resulta interesante que las agencias que evalúan las deudas soberanas se rehúsan a otorgarle a Guatemala una calificación de “grado de inversión”. Es decir, consideran que invertir en la deuda soberana del país implica cierto nivel de riesgo.

Ante el incremento de la deuda del país en las últimas dos décadas y las reservas que expresan las agencias crediticias sobre la calidad de la deuda gubernamental, cabe preguntarse si los niveles de deuda en el país están sobrepasando los niveles prudenciales y han alcanzado niveles críticos.

Como se indicó anteriormente, el nivel de deuda actual del país alcanza el 24% del PIB y se ha mantenido alrededor de este número en los últimos cinco años. Algunos estudios señalan que un nivel de deuda de entre 35% y 40% del PIB representa un peligro para la estabilidad macroeconómica de los países. Sin embargo, hay algunos otros estudios que señalan que en el caso de las economías emergentes, este límite empieza a partir del 25% del PIB. De hecho el FMI publicó en el año 2003 un estudio en el que señala que el 35% de las economías que cayeron en impago entre 1970 y 2002, presentaban un nivel de deuda de entre 20% y 40% del PIB el año previo a la crisis. Contrario a la opinión de muchos analistas que consideran que Guatemala todavía tiene un amplio espacio para endeudarse, la evidencia muestra que ya estamos alcanzando un límite peligroso.

“En Guatemala la deuda sobrepasa 2.2 veces los ingresos que se obtienen cada año”

Esta idea se refuerza si se consideran otros dos indicadores importantes. El primero es el saldo de la deuda sobre el total de ingresos. Este indicador señala cuántas veces sobrepasa la deuda los ingresos que se obtienen cada año. Como se puede observar en la gráfica número 2, este indicador se deterioró considerablemente a partir del año 2009 y no ha retornado a los niveles previos. Esto se debió a la caída de los ingresos tributarios y a la expansión del gasto público que se registró en aquel año. En los últimos seis años este indicador ha tenido un valor aproximado de 2.2 veces, muy cercano al valor crítico de 2.5.

Por último es importante considerar qué proporción del ingreso total del gobierno es dedicado al pago de intereses. Este indicador se incrementó ligeramente a partir de 2009 y ha estado entre 12.6% y 13.3% en el último quinquenio; lo que implica que más del 10% de los ingresos totales que percibe el gobierno son dedicados al pago de intereses. Para poner en contexto esta cifra, en el año 2014 se pagaron Q6,583.2 millones en intereses, lo que representa Q936 millones más que el presupuesto del Ministerio de Salud vigente en el presente año, que es de Q5,647.2 millones. Sin duda alguna, el pago de intereses representa un alto costo para el país, ya que absorbe una parte importante del presupuesto público.

Los indicadores analizados nos sugieren que los niveles de deuda del país han alcanzado niveles preocupantes. Si a esto le sumamos la opacidad en el gasto público, podríamos cuestionar la contribución de dicha deuda al bienestar general de los ciudadanos. Al final tenemos que hacer frente a una deuda de más de Q110,000 millones que va en aumento, sin tener la certeza que han sido invertidos en las necesidades prioritarias de la población y con la transparencia debida.

Esto daría margen a los gobiernos para implementar una política anticíclica en caso de desastres naturales o de crisis mundiales extremas.

Algunos países como Chile, han experimentado con reglas fiscales que les permiten ahorrar en tiempos de crecimiento económico alto, y “desahorrar” en momentos de crisis. Esta estrategia le permitió a este país sudamericano reducir de forma dramática sus niveles de deuda pública. En el año 2007 la deuda del gobierno central representaba solamente el 3.9% del PIB. Cuando se desencadenó la crisis mundial el año siguiente pudieron realizar una exitosa política anticíclica, debido a sus ínfimos niveles de endeudamiento.

En el caso de Guatemala sería difícil pensar que el gobierno alcance un superávit fiscal en el corto plazo. Esto representaría un ajuste demasiado fuerte. Sin embargo, si se logra establecer un déficit fiscal cercano al 1% del PIB, la deuda comenzaría a experimentar una reducción gradual en relación al PIB. Esto permitiría alejarnos paulatinamente de la zona de riesgo en el que estamos actualmente y dar margen de maniobra ante futuras eventualidades.

Lo importante es que se implemente una estrategia de Estado de sostenibilidad de deuda pública en el mediano y largo plazo; y que el presupuesto público sea conducido con criterios técnicos y no políticos.

¿Cómo medir el bienestar de una sociedad? Por mucho tiempo el crecimiento económico y el PIB per cápita fueron indicadores irrefutables del desarrollo de un país. Sin embargo, en la medida en la que algunos países parecían avanzar económicamente pero no presentaban mejoras significativas en materia social, este supuesto comenzó a ser cuestionado.

¿Cómo medir el bienestar de una sociedad? Esta es una pregunta que ha rondado por varias décadas en el debate público y académico de todas las regiones del mundo. Por mucho tiempo el crecimiento económico y el PIB per cápita fueron indicadores irrefutables del desarrollo de un país. Sin embargo, en la medida en la que algunos países parecían avanzar económicamente pero no presentaban mejoras significativas en materia social, este supuesto comenzó a ser cuestionado.

Surgió entonces en la década de los noventa el Índice de Desarrollo Humano, en un intento por medir el bienestar de una forma más amplia. Este índice toma en cuenta tres dimensiones del desarrollo: una vida larga y saludable, medido por la esperanza de vida al nacer; el acceso a conocimiento, medido por los años promedio de escolaridad; y un estándar de vida decente, medido por el PIB per cápita.

“A medida que los países tienen un PIB per cápita más alto, presentan un mejor Índice de Desarrollo Humano”

Los resultados del Índice de Desarrollo Humano son interesantes. Como era de esperarse, existe una alta correlación positiva entre el PIB per cápita y este indicador. A medida que los países tienen un PIB per cápita más alto, presentan un mejor Índice de Desarrollo Humano. La tabla 1 ilustra muy bien esta realidad. Los países con un desarrollo humano muy elevado, tienen un PIB per cápita promedio de $43,669; mientras que los países con un desarrollo humano bajo, tienen un PIB per cápita promedio de sólo $2,469. En general, los países que producen más en términos per cápita, son los que gozan de mejores condiciones de vida. La correlación no es perfecta, pues claramente hay países que cuentan con un PIB per cápita alto y sin embargo cuentan con un desarrollo humano relativamente bajo. Tal es el caso de Guinea Ecuatorial, un país petrolero del centro de África, que tiene un PIB per cápita de $32, 557, pero se encuentra en la posición 144 de 187 países en el Índice de Desarrollo Humano; un puesto por debajo de Bangladesh que cuenta con un PIB per cápita de tan sólo $3,385. Esta es una característica de la mayoría de países con abundantes recursos naturales – principalmente petroleros -, pero que notienen instituciones sólidas. Al contar con una institucionalidad tan precaria, no se desarrollan otros sectores de la economía y los ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales se convierten en un auténtico botín para quienes gobiernan.

Fuente: PNUD, FMI

Si bien el Índice de Desarrollo Humano presenta un gran avance en la medición del bienestar de los países, no deja de incorporar dentro de su metodología el PIB per cápita. Es decir, no es un índice que esté midiendo solamente el desarrollo social, sino que también tiene un componente económico. De allí que la relación positiva entre el Índice de Desarrollo Humano y el PIB per cápita, que se indicó con anterioridad, podría estar sesgada.

También mide la sostenibilidad del ecosistema y el acceso a internet. Este es un índice mucho más amplio que el Índice de Desarrollo Humano y lo más relevante es que excluye por completo el PIB per cápita.

Al llevar a cabo el mismo ejercicio de correlación que se realizó con el Índice de Desarrollo Humano, se obtienen resultados muy similares. Los países con un Índice de Progreso Social muy alto tienen en promedio un PIB per cápita de $46, 672; mientras que aquellos con un índice muy bajo tiene en promedio un PIB per cápita de solamente $2,647. Y de nuevo, esta relación no es perfecta. Arabia Saudita tiene un PIB per cápita de $53, 935, pero presenta un Índice de Progreso Social más bajo que Filipinas, que tiene un PIB per cápita de $6,985. Como se indicó con anterioridad, la calidad de las instituciones juega un rol importante en la diferencia de los resultados.

De cualquier forma, ya sea que el bienestar social se mida a través del Índice de Desarrollo Humano o bien a través del Índice de Progreso Social, lo cierto es que éste se encuentra altamente correlacionado con el PIB per cápita. La lógica detrás de estos resultados es muy simple. Proveer servicios básicos, como centros educativos y de salud de alta calidad, requiere de recursos financieros que solo pueden obtenerse de una economía sólida y dinámica. En los países en donde el crecimiento económico es modesto y se cuenta con pocas empresas, el Estado no puede obtener los recursos suficientes para financiar políticas de salud y educación exitosas.

Esta idea se refuerza si se considera que ninguno de los diez primeros países en el Índice de Progreso Social o el Índice de Desarrollo Humano tiene un PIB per cápita menor a $34,900. Si se amplía a los primeros veinticinco países, el PIB per cápita mínimo en el Índice de Desarrollo Humano es de $29,300 y en el Índice de Progreso Social, de $20,400. En estos países se cuenta con una clase media fuerte que puede acceder a bienes educativos y de salud de alta calidad.

Fuente: IPS 2015, FMI

Los indicadores sociales de Guatemala son sumamente preocupantes. La mayoría de guatemaltecos se encuentra en una situación de pobreza y una proporción importante vive en la miseria. Ocupamos los últimos lugares de la región latinoamericana en cuanto a progreso social.

“No existe una diferencia sustancial entre el desempeño económico y el desarrollo social de Guatemala”

La pregunta fundamental es si nuestro país tiene un desarrollo social muy por debajo de su desarrollo económico, o bien si el pobre desempeño social es reflejo de nuestra precariedad económica. Las cifras nos inclinan por la segunda opción, aunque es claro que se pueden utilizar de forma más eficiente los pocos recursos con los que contamos para lograr mejoras en nuestro desarrollo social.

Según el Índice de Desarrollo Humano, Guatemala se encuentra catalogado dentro de las naciones con Desarrollo Humano Medio. La tabla 3 muestra que nuestro país tiene un desempeño muy similar al promedio del resto de 41 países que se encuentran dentro de su categoría. En este sentido, podría decirse que no existe una diferencia sustancial entre el desempeño económico y el desarrollo social de Guatemala. No obstante, es importante mencionar que aunque Guatemala ocupa la posición 125 en el Índice de Desarrollo Humano, de acuerdo a su PIB per cápita ocupa la posición 116. Esta última cifra indicaría que con nuestro nivel de desarrollo económico, se podría lograr mejores indicadores sociales. Sin duda alguna nuestras políticas públicas necesitan ser evaluadas y reformadas para que sean más efectivas.

Fuente: PNUD, FMI

Lo interesante es que al considerar el Índice de Progreso Social se da una situación inversa. Guatemala ocupa la posición 79 de 133 en este índice, pero la posición 84 de acuerdo al PIB per cápita. En este sentido, se podría decir que es falso que en Guatemala la política social sea inexistente. Aún con sus grandes deficiencias, se han logrado ciertos avances sociales, de acuerdo a su desarrollo económico. Aunque claramente esto no exime que se tengan que hacer mejoras en la calidad de las políticas públicas, como ya se mencionó con anterioridad.

En conclusión, el desarrollo económico y el progreso social están íntimamente ligados. Sin crecimiento económico no existen recursos financieros para sufragar políticas públicas de alta calidad. Ningún país del mundo ha logrado un alto desarrollo social con una economía precaria. Sin embargo, también es necesario diseñar e implementar sistemas de educación y salud eficientes para que el crecimiento económico impacte positivamente a toda la población. Al final son variables que deberían complementarse y retroalimentarse mutuamente. En el caso de Guatemala, necesitamos lograr niveles de crecimiento económico exponencialmente más altos, pero también se requiere implementar políticas públicas exitosas y eficaces.

Guatemala pareciera estar enfrascada en una trampa de pobreza, en la que no es capaz de generar ahorro interno ni atraer inversión extranjera. El problema es que sin inversión, es imposible que un país salga de la miseria. ¿Cómo lograrlo?

Guatemala es actualmente el país que reporta la menor tasa de inversión en América Latina. En los últimos dos años la inversión total representó alrededor de 14.2% del PIB, mientras que el promedio de la región fue de 21.2%. En países como Colombia, Perú y Panamá la inversión se encuentra hoy en día entre 25% y 29.8% del PIB. Incluso El Salvador, que atraviesa un estancamiento económico crónico, supera ligeramente la inversión en Guatemala.

En general, la inversión en el país ha sido menor que el promedio de la región en los últimos treinta y cuatro años. De forma excepcional, a partir de finales de los años noventa y la primera mitad de la década pasada, la inversión en el país estuvo muy cerca del promedio de la región. Sin embargo, esta situación se revirtió a raíz de la crisis económica mundial, que provocó que la inversión total cayera abruptamente de 20.8% en 2007 a 13.1% en 2009. Desde entonces la inversión no ha logrado recuperarse y tiene más bien un crecimiento vegetativo.

Fuente: FMI

La caída que experimentó la inversión en Guatemala fue tanto en el sector privado como en el público. La inversión privada pasó de representar el 17% del PIB en el año 2006 a tan solo 12.4% en el año 2013; en tanto que la inversión pública pasó de 3.8% en 2009 a 1.8% en el 2013. En el caso del sector público la caída estuvo relacionada a un proceso de ajuste presupuestario. En el año 2009 el déficit fiscal se ubicó en 3.1% del PIB, mientras que en el año 2014 éste se redujo a 1.9%. También fue causado por un incremento en los gastos corrientes, que pasaron de 9.2% del PIB en 2008 a 10.5% en 2014. En el sector privado la caída se debió a una reducción en la construcción, pero también a una menor compra de maquinaria y equipo, como proporción del PIB.

Fuente: Banguat

El bajo nivel de inversión que reporta Guatemala se debe, principalmente, a que se tiene poca capacidad de ahorro. Para que exista inversión, debe haber recursos que no sean consumidos y que sean dedicados para fundar más empresas o para hacer crecer a las ya existentes. Sin embargo, en promedio, en la última década, el país ha sido el cuarto de América Latina con la tasa de ahorro más baja, después de Belice, El Salvador y Nicaragua. Actualmente el ahorro del país representa el 12.2% del PIB y en América Latina el promedio es de 17.4%. La baja tasa de ahorro que reporta Guatemala no es de extrañar si se considera los pocos ingresos que reciben las personas. La mayoría de la población vive con el día a día, gastando la mayor parte de sus ingresos en cubrir necesidades básicas y sin posibilidades de ahorrar. También influye que sólo el 22.8% de la población económicamente activa se encuentra afiliada al IGGS. Esto implica que más del 75% de la población no está realizando provisiones para retirarse en la vejez. En otros países de América Latina, como Chile o Uruguay, más del 60% de los trabajadores realizan aportes mensuales para su retiro, lo cual contribuye a que aumente la tasa de ahorro de esto países.

Lo cierto es que en la medida que los países experimentan una transición demográfica y la mayoría de su población se encuentra en edad productiva, esto es entre 15 y 64 años, en esa medida aumentan sus posibilidades de generar ahorro y por tanto de tener recursos disponibles para la inversión. En el caso de Guatemala, su composición demográfica limita su capacidad de ahorro.

Es difícil aumentar la tasa ahorro de Guatemala con los precarios niveles de vida de la población y el actual contexto demográfico. Ni siquiera con una urgente reforma del sistema previsional del país se lograría generar la cantidad de ahorro necesario para impulsar la inversión de forma significativa. Tampoco se lograría a través del gobierno, ya que implicaría mayores impuestos o niveles superiores de deuda pública, lo que tarde o temprano terminaría afectando la inversión privada.

Bajo estas circunstancias, la única salida en el corto o mediano plazo es la atracción masiva de inversión extranjera directa. Ante la imposibilidad de generar ahorro interno, se tiene que recurrir al ahorro generado en otros países y que puede ser invertido en nuestras fronteras. El problema es que tampoco somos capaces de atraer grandes cantidades de inversión extranjera. Si bien ésta ha crecido nominalmente en años recientes, en la última década tan solo ha representado el 2.2% del PIB, en promedio. En Costa Rica, Nicaragua y Honduras la inversión extranjera directa ha representado entre 5.2% y 6.2% del PIB en los últimos diez años. En Panamá ha llegado incluso a 10% del PIB. En el año 2013, Centroamérica recibió $10,691 millones en inversión extranjera, de los cuales Guatemala solo logró atraer $ 1,309 millones. Los mayores receptores fueron Costa Rica y Panamá.

Al final, Guatemala pareciera estar enfrascada en una trampa de pobreza, en donde no es capaz de generar ahorro interno y tampoco atrae inversión extranjera. El problema es que sin inversión, es imposible que un país salga de la miseria. Los países de América Latina más dinámicos, son aquellos que reportan altas tasas de inversión. Panamá, Perú y Uruguay son los países que crecieron más en la última década, en términos per cápita, y su tasa de inversión se encuentra entre 21% y 25% del PIB. También redujeron la pobreza de forma significativa. Perú redujo la pobreza de 52% a 23% entre 2003 y 2012; mientras que Panamá la redujo de 36% a 25% en el mismo período.

Y qué se puede decir de los países de Asia Oriental, que ha sido la región más exitosa del mundo en las últimas cinco décadas. Las tasas de inversión en estos países han superado el 35% de forma continuada en los últimos treinta años, llegando en algunos períodos a más del 40%. El resultado ha sido un crecimiento económico sin precedentes en la historia moderna del mundo y la transformación total de sus sociedades. En la década de los sesenta esta región era más pobre que América Latina y hoy en día varios de estos países son considerados desarrollados. En Guatemala se necesita discutir de forma profunda sobre los niveles actuales de inversión. Si no somos capaces de imitar a nuestros vecinos más exitosos de América Latina y a los países de Asia Oriental, estaremos varias décadas más en medio de la pobreza y el subdesarrollo. Sin inversión no hay desarrollo. Es un hecho demostrado por la evidencia empírica. La pregunta es ¿Cómo lograr salir de esta trampa de pobreza? ¿Cómo lograr generar y atraer las cantidades masivas de inversión que el país necesita? Es una discusión que debe iniciar cuanto antes y que debe ser ajena a cualquier extremismo ideológico.

Fuente: OECD, SAT, MINFIN *Información disponible para el año 2012 **Información del año 2014. Incluye el pago de ISO.

Al considerar la tasa de ISR que se aplica a las empresas en Guatemala y compararla con las tasas vigentes en los países desarrollados, la tabla A muestra que la tasa de ISR de 25% que se aplica en Guatemala es similar al promedio que aplican los países de la OECD, que es de 25.3%. De hecho, nuestro país tiene una tasa impositiva superior a la que aplican en 17 de los 34 países que conforman la OECD. Lo que llama poderosamente la atención es que varios países nórdicos, conocidos por su política de igualdad, también tienen una tasa de impuesto corporativo inferior al vigente en Guatemala. Es importante hacer notar que en el caso de Irlanda la tasa de ISR a empresas es de tan solo 12.5%, la mitad de la que se aplica en Guatemala. Este país aplicaba en los años ochenta una tasa de ISR de 50%, pero a partir de la década de los noventa la redujo de forma continuada, hasta que en el año 2003 estableció la tasa vigente de 12.5%. Lo interesante de notar es que hoy en día este país recauda casi el doble de lo que recaudaba en los años ochenta en impuestos directos a las empresas, como proporción del PIB. Esto demuestra que una tasa más baja no implica necesariamente menos recaudación. La mayor actividad económica que provoca una reducción impositiva, puede incluso incrementar la recaudación fiscal. En ese sentido no existe una contradicción entre una política fiscal que promueve la inversión y los recursos disponibles para realizar política social. Otro factor que también merece reflexión es la recaudación de impuestos corporativos como proporción del PIB. Usualmente se argumenta que la tasa impositiva es poco relevante, si al final el “esfuerzo” que realizan las empresas es “mínimo” en relación a la actividad económica total. La tabla B presenta el total que pagan las empresas en impuestos directos en los países miembros de la OECD, como proporción del PIB. Lo que revela estas cifras es que en Guatemala las empresas pagan más impuestos directos que en veintisiete de los treinta y cuatro países miembros de la organización antes mencionada.

Las empresas ubicadas en nuestro territorio pagan más impuestos directos, como proporción del PIB, que en todos los países nórdicos, exceptuando Noruega; y más que en otros países desarrollados como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia. Este dato demuestra de forma contundente que las empresas en Guatemala sí pagan impuestos, y que de hecho realizan un mayor esfuerzo fiscal que sus similares ubicadas en varios países desarrollados.