El martes, 17 de noviembre, sesionaba en pleno el Congreso de la República. A las 4:30 p.m. la Comisión de Finanzas repartía el dictamen favorable al proyecto de presupuesto para 2021. Era un documento de 127 páginas. Lo normal era que cada diputado tuviera tiempo para leer el dictamen y conocer la aprobación del presupuesto en otra sesión.

Sin embargo, ese mismo martes a las 6:10pm el diputado Jorge García del bloque Prosperidad Ciudadana presentaba una moción privilegiada para solicitar cambiar la agenda de la sesión. ¿El motivo? Agendar ese mismo día conocer el presupuesto de la nación. El pleno aprobó dicha moción y entró a conocer el presupuesto.

A las 11pm el diputado Julio Longo del bloque FCN presentó moción privilegiada para conocer de urgencia nacional el presupuesto. ¿Qué significa esto? Que de declararse de urgencia nacional el decreto de presupuesto se aprobaría en UNA lectura en el pleno. El proceso normal consiste en tres lecturas en tres sesiones distintas. Necesitaban 107 votos para aprobar la declaratoria de urgencia nacional y tuvieron 110 votos.

A partir de ahí se consumó la traición a los guatemaltecos. El Congreso aprobaría en cuestión de horas un presupuesto de Q99.7 mil millones de los cuales casi Q34 mil millones serían financiados por deuda pública. En términos tanto absolutos como relativos era el presupuesto más alto que jamás hubiera aprobado el Congreso.

Las finanzas públicas quedan en vilo. En 2019 la deuda pública comparada con el Producto Interno Bruto (PIB) era de 26.6%. En marzo el Congreso había aprobado Q20 mil millones de endeudamiento para financiar los programas de ayuda por la pandemia. Pero ahora, con este presupuesto, los niveles de endeudamiento llegarían al 36% sobre el PIB.

Quizás todo mundo salga con la cantaleta de “es un nivel de deuda menor que el de otros países de la región”. Lo que no dicen es que lo importante es saber cuál es la capacidad de pago del Estado de Guatemala. Como es un Estado que recauda menos impuestos que sus pares, resulta que el nivel de deuda relativo a los ingresos tributarios llegaría a un 355%. Los expertos dicen que cuando esta cifra llega al 250% un país está en una situación delicada. Guatemala ya estaba en ese punto antes de aprobar este presupuesto.

Quizás estas cifras sean muy técnicas y aburridas para el lector. Prensa Libre publicaba la cifra siguiente: con los niveles de deuda de 2019 si dividíamos la deuda del país entre el número de habitantes, cada guatemalteco “debía” Q.9,600. Con la deuda aprobada en marzo de este año cada guatemalteco ya “debería” Q.11,224 y con el presupuesto aprobado por el Congreso el martes pasado, cada guatemalteco “debería” Q.13,152.

¿Qué hacer ahora? Los principales enemigos son la apatía ciudadana y el tiempo. La apatía ciudadana porque los políticos tienen que escuchar nuestra voz y dar marcha atrás. El presidente tiene el poder de vetar el decreto del presupuesto de 2021 y eso obligaría a que el Congreso vuelva a conocerlo. La ciudadanía debe exigir al Congreso que apruebe un presupuesto más bajo y ajustado a la realidad del país.

¿Por qué el enemigo es el tiempo? Porque la Constitución establece la fecha límite para aprobar el presupuesto cada año: el 30 de noviembre. Si el presidente veta el decreto de presupuesto demasiado tarde, no habrá tiempo de que el Congreso aprueba un nuevo presupuesto. ¿Qué pasaría? Continuaría el presupuesto vigente que es más alto (Q107 millardos) que el aprobado para 2021 por los préstamos que autorizó el Congreso en marzo para los programas de “ayuda” por la pandemia.

Así que la hoja de ruta está clara, pero no hay tiempo: el presidente debe vetar el decreto del presupuesto de 2021 cuanto antes y el Congreso debe aprobar un nuevo decreto de presupuesto antes del 30 de noviembre. Hagamos escuchar nuestra voz. #BastaYa

Esta columna resume un análisis más detallado que puede encontrar aquí.

Quizá el ciudadano medio no lo tenga tan presente, pero la aprobación en el año 2008 del decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información (LAIP), marcó un avance importantísimo en materia de transparencia para nuestro país.

La opacidad ha sido la regla en nuestro Estado y aquella ley reconoció el derecho de todos los guatemaltecos a pedir información y declaró la obligación de los órganos y entidades estatales de proveer esta información pública cuando se le requiriera y a hacerla disponible de oficio en sus portales web.

A partir de entonces todos los órganos y entidades estatales tienen la obligación de tener una unidad de acceso a la información pública y cualquier ciudadano puede solicitar información de forma relativamente simple. Aún hay desafíos. Algunas entidades autónomas como el IGSS no lo ponen tan fácil y lo mismo se puede decir de varias municipalidades. 

Sin embargo, se puede decir que la transparencia y la rendición de cuentas han visto un antes y un después desde que se aprobó la LAIP. Por supuesto que toda ley es una mera lista de deseos si no tiene mecanismos que la hagan valer y la LAIP encomendó a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) velar por el cumplimiento de la ley.

Ahora en el Congreso se discute la Iniciativa de ley 5792 que pretende hacer cambios a la LAIP. El más llamativo es que pretenden quitar como órgano rector a la PDH y pasarlo a una “Oficina Nacional de Acceso a la Información” (ONAIP).

Es frecuente que las leyes de acceso a la información establezcan órganos especializados para supervisar el cumplimiento de estas. El vicio fundamental de la iniciativa que se discutirá en el Congreso es que se propone que la ONAIP esté a cargo de un director que sería nombrado por el Congreso por mayoría simple de una nómina que generaría la Comisión de Probidad y Transparencia del propio Congreso.

En pocas palabras, pretenden crear un órgano profundamente vulnerable a la influencia política. Y precisamente eso destruye la iniciativa completa. Por ejemplo, La Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública de la OEA recomienda que los órganos garantes de estas leyes de acceso a la información sean órganos colegiados de al menos cinco miembros.

También se recomiendan procesos de designación que los hagan menos permeables a la influencia política. Recordemos que lo que está en juego es nuestro derecho fundamental de tener acceso a la información pública y eso requiere que el estándar de independencia del órgano garante sea alto.

En resumen, querido lector, esta iniciativa es profundamente deficiente y pone en riesgo los avances en materia de acceso a la información que hemos logrado como país. Si bien es legítimo discutir si es la PDH el órgano que necesitamos para garantizar la aplicación de la ley, la oficina propuesta en esta iniciativa solo empeora las cosas.

La Ley de Acceso a la Información es mejorable, pero las últimas dos legislaturas nos han dejado claro que el Congreso se parece al Rey Midas, pero al revés. El Rey Midas convertía en oro todo lo que tocaba. El Congreso, al revés.

Esperemos que el Congreso no toque la LAIP si no es fruto de un consenso amplio y a partir de bases técnicas. Pero resulta sospechoso que una iniciativa así avance tan rápido y que en menos de dos meses obtenga dictamen favorable y sea agendada en el pleno. Huele a podrido.

Al borde de llegar al Estado fallido

Cuando el 13 de marzo pasado se presentó el primer caso oficial de Covid-19, Guatemala contaba con el sistema de salud más raquítico de América Latina. Indicadores como 1.1% de inversión en salud pública sobre PIB; o la disponibilidad de 0.6 camas por cada 1,000 habitantes eran tan solo el reflejo de un mal mayor: durante décadas la salud pública fue objeto de saqueo y abandono.

La historia se repitió a principios de noviembre cuando el huracán Eta tocó suelo centroamericano, y aunque debilitado, sus lluvias impactaron el territorio nacional. Aquí nuevamente quedó evidenciada la debilidad histórica del Estado de Guatemala. Desde las limitaciones operativas para implementar medidas de prevención y evacuación, hasta el impacto sobre la infraestructura y la red vial del país, nuevamente salió a la luz el efecto de décadas de saqueo en la obra gris y en los dragados.

El mismo ejercicio podríamos hacer con la tragedia del volcán de Fuego de 2018; la tragedia de Cambray de 2015; el terremoto de San Marcos de 2012; la temporada de tormentas tropicales del año 2010 y así sucesivamente en la historia reciente del país.

Lo anterior no es más que el fiel reflejo de la realidad de un sistema político al borde del Estado fallido.

Por cierto, el concepto de Estado fallido sobará familiar. En un sentido amplio, el término se usa para describir un Estado que se ha hecho ineficaz, teniendo sólo un control nominal sobre su territorio; no hacer cumplir sus leyes debido a las altas tasas de criminalidad, a la corrupción extrema, a un extenso mercado informal, a una burocracia impenetrable, a la ineficacia judicial y a la interferencia de poderes paralelos en la política.

El círculo vicioso que provoca esa realidad es sencillo de describir. Cada cuatro años, grupos político-económicos -lícitos e ilícitos- junto a actores del crimen organizado se organizan bajo el paraguas de los partidos políticos, para acceder a puestos de autoridad. Desde el ejercicio de poder, se toma control de las principales agencias públicas: la salud pública, la infraestructura, la seguridad social, el poder local, los consejos de desarrollo, las aduanas, etc., son las grandes joyas de la corona.

El control de estas y otras joyas de menor envergadura permite negociar con el presupuesto del Estado. Satisfacer las ansias patrimoniales de los actores que tomaron el poder. Pagar deudas de campaña a financistas. Colocar a activistas, amigos y achichincles en diversos cargos dentro de la administración pública. En fin, hacer de lo público una piñata.

Ese modelo se complementa con la cooptación de los órganos de control. Una Contraloría insípida que llega tarde o voltea a ver a otro lado. Un Ministerio Público tímido. Y cortes de justicia que garantizan impunidad. Con esa realidad, el saqueador se asegura que sus fechorías quedarán impunes.

Tristemente, tragedias, pandemias o desastres naturales ponen en evidencia el nivel tan raquítico que ha alcanzado la debilitada institucionalidad del Estado.

Un parteaguas en la historia de organizaciones políticas en Guatemala

Durante la última década, ha existido un consenso entre los estudiosos de la ciencia política que el sistema de partidos guatemaltecos reúne una serie de características propias. En primer lugar, el sistema puede catalogarse como un multipartidismo fragmentado, concepto que hace referencia al elevado número de agrupaciones, aunado a la incapacidad de esas agrupaciones de gestar alianzas o coaliciones entre partidos con esquemas programáticos similares.

Una segunda característica hace referencia a la volatilidad del sistema, la cual permite explicar dos fenómenos. Por un lado, la incapacidad de los partidos de ganar elecciones de forma consecutiva, o por lo menos, de alcanzar resultados significativos en dos o más eventos electorales. También, hace referencia a un sistema de partidos cuyas agrupaciones tienen una vida promedio de 12 años, y cuyo recambio institucional es excesivamente alto. 

La tercera característica permite explicar la debilidad territorial de las agrupaciones políticas. Tal y como lo conceptualizaran los colegas Hugo Novales y Jonatán Lemus, los partidos en Guatemala operan cual franquicia comercial: en lugar de establecer organización formal y legítima en los diferentes municipios y departamentos, los partidos “encargan” su marca a un cacique local, a cambio de que éste ejerza control absoluto de la organización en un territorio. Naturalmente, esta dinámica tiende a fortalecer el poder de esos liderazgos locales unipersonales, y debilidad la construcción de organización institucional de los partidos.

Pero en los últimos cuatro años, atestiguamos una aceleración en la crisis del sistema de partidos, producto de factores tan diversos como los casos judiciales que empujan el MP y la CICIG, las disputas de poder a lo interno de los partidos, la circulación generacional de liderazgos, la incapacidad de los partidos de definir su actuación en el marco de la dicotomía “vieja política vs nueva política”, y el rechazo ciudadano a todo referente  del antiguo régimen.

Los casos del MP y CICIG han contribuido a depurar el sistema. Veamos. Las dos agrupaciones más relevantes del 2014 (Líder y el Partido Patriota) han sido canceladas por anomalías en cuanto a financiamiento de campañas. Los otros dos partidos relevantes del 2015, UNE y FCN-Nación enfrentan procesos administrativos también por anomalías financieras.

Pero al mismo tiempo, los casos contra diputados y alcaldes, muchos de ellos caciques territoriales, como Arístides Crespo de Escuintla, Julio López Villatoro de Huehuetenango, Baudilio Hichos de Chiquimula, Marcelino García Chutá de Sololá o Arnoldo Medrano de Chinautla –por mencionar algunos casos paradigmáticos-, ponen en entredicho el modelo del partido franquicia: ya no resulta tan eficiente para una agrupación “delegar” en un cacique la administración de la marca, más si ese cacique puede ser involucrado en un caso judicial.

A lo anterior agreguemos las disputas internas propias de toda organización partidaria. Vale recordar que experiencias anteriores en el PAN en el 2000, el FRG en el 2005, o la UNE en el 2011, demuestran que la incapacidad de los partidos de generar circulaciones generacionales ordenadas, provoca fragmentaciones. Del conflicto interno del PAN, surgió el Unionismo y la GANA; del conflicto interno del FRG surgió la UCN; y del conflicto interno de la UNE en el 2009 surgió Líder y en el 2011, surgió TODOS. En otras palabras, la incapacidad para atender los conflictos internos o generar recambios dirigenciales de forma ordenada e institucionalizada provoca la fragmentación y multiplicación partidaria.

Y por si fuera poco, todos los partidos restantes se enfrentan a una disyuntiva mayor: ¿cómo responder a una ciudadanía que rechaza la vieja política y que demanda nuevas actuaciones de su dirigencia política? Por el momento, ninguna de las agrupaciones existentes parece encontrar la solución a la disyuntiva a menos de un año de las elecciones generales 2019.

Lo que vemos en Perú es la cara oscura, el caso no exitoso, de cuando se intenta “depurar” al sistema político por vías judiciales utilizando la “lucha contra la corrupción”, pero sin tener un sistema de justicia verdaderamente independiente e imparcial, y sin un Estado de derecho fortalecido. Por eso, el resultado no ha sido creíble (como sí lo fue en Brasil y hasta cierto punto en Guatemala), pues en Perú este proceso ha resultado en la instrumentalización de la justicia para quitar del camino a los adversarios políticos de ambos lados.

Para entender la situación política de Perú en los últimos días hay que remontarse a varios años atrás con la conmoción social que causaría el Caso Lava Jato (y su ramificación en prácticamente todos los gobiernos de Suramérica a través de los sobornos de la constructora brasileña Oderbretch), que desató una ola de inestabilidad y de ingobernabilidad en ese país, que terminaría catalizando una suerte de “depuración” del sistema político por la vía de juicios por casos de corrupción a la clase política tradicional peruana[1].

Con la destitución de Martín Vizcarra de la presidencia de la república por parte del Congreso en días recientes, se terminaría repitiendo la historia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, o “PPK”, a quien el Congreso le aprobó dos vacancias, en 2017 y una segunda en 2018, por la cual terminaría renunciando al cargo, tras el escándalo de corrupción de los llamados “kenjivideos” y posteriormente, también por su involucramiento en el caso Lava Jato, que ya alcanza a cuatro expresidentes procesados por la justicia junto con sus gabinetes.

Recordemos que en 2019, en una acción polémica, el expresidente Martín Vizcarra clausuró al Congreso y convocó a nuevas elecciones (también para evitar una vacancia en su contra), pero lamentablemente en el nuevo Congreso tampoco contaba con una bancada poderosa y ni siquiera con un partido político fuerte que respaldara sus ejecuciones, a pesar de que sí contaba con una buena aceptación en la opinión pública. Por su parte, a pesar de su disolución y de la conformación de un nuevo pleno en 2019, el Congreso de la República sigue siendo uno de los organismos más desprestigiados del sistema democrático peruano y tiene un alto número de desaprobación entre la ciudadanía. A esto hay que sumarle que, a la luz de la pandemia y la crisis del Covid-19, según datos de varios organismos, Perú es el país de América Latina con más fatalidades y más pérdida del PIB. Sin olvidar tampoco que Perú es el segundo país (después de Colombia) en haber asumido los mayores costos de la tragedia humanitaria venezolana al recibir a casi un millón de refugiados venezolanos en las condiciones más extremas y con grandes necesidades que han requerido la protección, respuestas de emergencia e inclusión económica y social por parte del Estado.

Dentro de la Constitución peruana existe la posibilidad de decretar la incapacidad moral permanente del Presidente de la República. La incapacidad moral sería una especie de juicio político o de “responsabilidad”. Y de los 130 diputados que componen el pleno, 109 decidieron que Vizcarra está incapacitado moralmente para gobernar por una supuesta implicación del ahora expresidente en casos de corrupción[2].

Sobre la composición actual del Congreso, lo integran mayoritariamente partidos no tradicionales, como el Frepap, partido cristiano fundamentalista que terminó sirviendo de bisagra para la aprobación de la vacancia; también la vacancia fue aupada por la UPP, que es el partido de Antauro Humala y que es un partido etnocentrista, nacionalista y militarista; y también Acción Popular, el partido histórico de centro-derecha del expresidente Belaúnde Terry.

En su momento, hace más o menos un año, se celebró que la “vieja política corrupta”, representada en el APRA, no llegó al nuevo Congreso y que el fujimorismo perdió gran cantidad de escaños. De hecho la gente votó por muchas de las fuerzas independientes y “outsiders”, que paradójicamente hoy están en el Parlamento y articularon esta operación para declarar la vacancia a Vizcarra.

A cinco meses de las elecciones generales en ese país y del bicentenario de su independencia, el panorama no pareciera aclararse. Y por si fuera poco, de nuevo el fujimorismo pareciera ser la fuerza política que tenderá a imponerse y ya el sistema político ha quedado sin anticuerpos para detenerlo.

Lo que vemos en Perú es la cara oscura, el caso no exitoso, de cuando se intenta “depurar” al sistema político por vías judiciales utilizando la “lucha contra la corrupción”, pero sin tener un sistema de justicia verdaderamente independiente e imparcial, y sin un Estado de derecho fortalecido. Por eso, el resultado no ha sido creíble (como sí lo fue en Brasil y hasta cierto punto en Guatemala), pues en Perú este proceso ha resultado en la instrumentalización de la justicia para quitar del camino a los adversarios políticos de ambos lados.

[1] El problema es que esta depuración del sistema político por la vía judicial a través de juicios por casos de corrupción, con los años, se ha convertido (como es de esperarse cuando el sistema de justicia tiene serias falencias) en un arma política para eliminar adversarios del camino. Es decir, se trata del conocido dilema de “quién vigila al vigilante”, donde los que acusan a la “vieja política” de actos de corrupción, también han resultado implicados en manejos indebidos.

[2] Al parecer hay indicios de que Vizcarra colocó a familiares y allegados a la administración pública y también gracias a la confesión de unos colaboradores eficaces, se le ha implicado en un posible soborno en el caso conocido como el "Club de la construcción". Véase https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54896219

Lo que vemos en Perú es la cara oscura, el caso no exitoso, de cuando se intenta “depurar” al sistema político por vías judiciales utilizando la “lucha contra la corrupción”, pero sin tener un sistema de justicia verdaderamente independiente e imparcial, y sin un Estado de derecho fortalecido. Por eso, el resultado no ha sido creíble (como sí lo fue en Brasil y hasta cierto punto en Guatemala), pues en Perú este proceso ha resultado en la instrumentalización de la justicia para quitar del camino a los adversarios políticos de ambos lados.

Para entender la situación política de Perú en los últimos días hay que remontarse a varios años atrás con la conmoción social que causaría el Caso Lava Jato (y su ramificación en prácticamente todos los gobiernos de Suramérica a través de los sobornos de la constructora brasileña Oderbretch), que desató una ola de inestabilidad y de ingobernabilidad en ese país, que terminaría catalizando una suerte de “depuración” del sistema político por la vía de juicios por casos de corrupción a la clase política tradicional peruana[1].

Con la destitución de Martín Vizcarra de la presidencia de la república por parte del Congreso en días recientes, se terminaría repitiendo la historia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, o “PPK”, a quien el Congreso le aprobó dos vacancias, en 2017 y una segunda en 2018, por la cual terminaría renunciando al cargo, tras el escándalo de corrupción de los llamados “kenjivideos” y posteriormente, también por su involucramiento en el caso Lava Jato, que ya alcanza a cuatro expresidentes procesados por la justicia junto con sus gabinetes.

Recordemos que en 2019, en una acción polémica, el expresidente Martín Vizcarra clausuró al Congreso y convocó a nuevas elecciones (también para evitar una vacancia en su contra), pero lamentablemente en el nuevo Congreso tampoco contaba con una bancada poderosa y ni siquiera con un partido político fuerte que respaldara sus ejecuciones, a pesar de que sí contaba con una buena aceptación en la opinión pública. Por su parte, a pesar de su disolución y de la conformación de un nuevo pleno en 2019, el Congreso de la República sigue siendo uno de los organismos más desprestigiados del sistema democrático peruano y tiene un alto número de desaprobación entre la ciudadanía. A esto hay que sumarle que, a la luz de la pandemia y la crisis del Covid-19, según datos de varios organismos, Perú es el país de América Latina con más fatalidades y más pérdida del PIB. Sin olvidar tampoco que Perú es el segundo país (después de Colombia) en haber asumido los mayores costos de la tragedia humanitaria venezolana al recibir a casi un millón de refugiados venezolanos en las condiciones más extremas y con grandes necesidades que han requerido la protección, respuestas de emergencia e inclusión económica y social por parte del Estado.

Dentro de la Constitución peruana existe la posibilidad de decretar la incapacidad moral permanente del Presidente de la República. La incapacidad moral sería una especie de juicio político o de “responsabilidad”. Y de los 130 diputados que componen el pleno, 109 decidieron que Vizcarra está incapacitado moralmente para gobernar por una supuesta implicación del ahora expresidente en casos de corrupción[2].

Sobre la composición actual del Congreso, lo integran mayoritariamente partidos no tradicionales, como el Frepap, partido cristiano fundamentalista que terminó sirviendo de bisagra para la aprobación de la vacancia; también la vacancia fue aupada por la UPP, que es el partido de Antauro Humala y que es un partido etnocentrista, nacionalista y militarista; y también Acción Popular, el partido histórico de centro-derecha del expresidente Belaúnde Terry.

En su momento, hace más o menos un año, se celebró que la “vieja política corrupta”, representada en el APRA, no llegó al nuevo Congreso y que el fujimorismo perdió gran cantidad de escaños. De hecho la gente votó por muchas de las fuerzas independientes y “outsiders”, que paradójicamente hoy están en el Parlamento y articularon esta operación para declarar la vacancia a Vizcarra.

A cinco meses de las elecciones generales en ese país y del bicentenario de su independencia, el panorama no pareciera aclararse. Y por si fuera poco, de nuevo el fujimorismo pareciera ser la fuerza política que tenderá a imponerse y ya el sistema político ha quedado sin anticuerpos para detenerlo.

Lo que vemos en Perú es la cara oscura, el caso no exitoso, de cuando se intenta “depurar” al sistema político por vías judiciales utilizando la “lucha contra la corrupción”, pero sin tener un sistema de justicia verdaderamente independiente e imparcial, y sin un Estado de derecho fortalecido. Por eso, el resultado no ha sido creíble (como sí lo fue en Brasil y hasta cierto punto en Guatemala), pues en Perú este proceso ha resultado en la instrumentalización de la justicia para quitar del camino a los adversarios políticos de ambos lados.

[1] El problema es que esta depuración del sistema político por la vía judicial a través de juicios por casos de corrupción, con los años, se ha convertido (como es de esperarse cuando el sistema de justicia tiene serias falencias) en un arma política para eliminar adversarios del camino. Es decir, se trata del conocido dilema de “quién vigila al vigilante”, donde los que acusan a la “vieja política” de actos de corrupción, también han resultado implicados en manejos indebidos.

[2] Al parecer hay indicios de que Vizcarra colocó a familiares y allegados a la administración pública y también gracias a la confesión de unos colaboradores eficaces, se le ha implicado en un posible soborno en el caso conocido como el "Club de la construcción". Véase https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54896219

*Imagen y artículo originalmente publicados en El Periódico el 8 de noviembre de 2020: https://elperiodico.com.gt/domingo/2020/11/08/presupuesto-2021-cual-es-el-mal-menor/

El Congreso de la República debe aprobar un nuevo Presupuesto de Estado para el 2021 y para ello cuenta solamente con tres semanas, antes que llegue el plazo fatal del 30 noviembre. El presupuesto planteado por el ejecutivo ha generado muchas críticas, no solo por el monto propuesto, sino por las prioridades que ha asignado. Sin embargo, la alternativa, que es dejar vigente el presupuesto que ha regido en el 2020, puede resultar mucho peor.

En primer lugar, el presupuesto de egresos totales vigente en 2020 es de Q107.7 millardos, en tanto que el propuesto por el ejecutivo es de Q99.7 millardos. El déficit fiscal contemplado en el presupuesto vigente es de Q35 millardos, el contemplado en el propuesto por el ejecutivo es Q30.1 millardos. Si lo que queremos es contención del gasto público, dejar vigente el presupuesto de 2020, no parece la mejor idea.

En segundo lugar, las prioridades que se establecieron para el 2020 a través de modificaciones a medio camino, fue enfrentar la pandemia a través de programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo Social con un presupuesto de Q7.5 millardos; y programas de estímulo económico y protección al empleo a cargo del Ministerio de Economía, con un presupuesto de Q2.8 millardos. Ambos Ministerios tuvieron presupuestos históricamente altos, que en el contexto de 2021 podrían resultar totalmente inadecuados.

En el Proyecto de Presupuesto elaborado por el ejecutivo se regresa el presupuesto del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desarrollo Social a niveles parecidos a los de años anteriores, pero se incrementa sustancialmente el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones de Q6.7 millardos (vigente en 2020) a Q10.2 millardos. La propuesta del ejecutivo es la construcción de infraestructura como uno de los ejes de la recuperación económica. Sin duda alguna, este es uno de los puntos más controversiales de la propuesta del ejecutivo, y con razones de sobra, hay que decirlo.

La infraestructura, junto con la compra de medicina, han sido de los botines más apetecidos por las personas que viven de la corrupción. La indignación que causó el hallazgo de Q122 millones en efectivo, que supuestamente pertenecían al exministro de comunicaciones, José Luis Benito, hace que la propuesta de inyectar Q10.2 millardos en infraestructura levante demasiadas sospechas y rechazo.

Pero tenemos que reconocer que la infraestructura del país está por los suelos y en parte se debe a que hemos dejado de invertir y dedicamos los recursos a aumentar la burocracia. Entre 2001 y 2010, la inversión pública representó 4.4% PIB; pero entre 2011 y 2019, representó solamente el 2.8% del PIB. En los mismos períodos de comparación, las remuneraciones del sector público pasaron de representar 3.5% a 4.1% del PIB. La corrupción y la falta de inversión pública hace que tengamos una infraestructura tan precaria.

Por esta razón, dedicar recursos a infraestructura resulta urgente. Pero al mismo tiempo se debe garantizar transparencia. Para ello no es suficiente con cambiar las reglas de la contracción de la obra pública. Se debe dar prioridad a la reforma del Sistema de Justicia para que los corruptos paguen por sus crímenes. Y debemos exigir al Ejecutivo y al Congreso que no posterguen más esta reforma vital para el Estado de Derecho y la gobernanza del país.

Por último, se debe bajar aún más el gasto que propone el ejecutivo para el próximo año. Un déficit fiscal de 4.9% del PIB, como esta propuesto actualmente, representa una amenaza para la estabilidad de las finanzas públicas, sobre todo porque la deuda pública ya supera el 33% del PIB actualmente. El Congreso debe ajustar el gasto público para que el déficit fiscal no supere el 3% del PIB el próximo año.

El tiempo corre y debe aprobarse un nuevo Presupuesto Público para el 2021. Dejar el presupuesto actual, vigente para el próximo año, significa mayor riesgo macroeconómico y menor control del gasto público. El Congreso debe actuar.

*Imagen y artículo originalmente publicados en Sociedad de Plumas, El Periódico, el 8 de noviembre de 2020: https://elperiodico.com.gt/domingo/2020/11/08/presupuesto-2021-cual-es-el-mal-menor/

El Congreso de la República debe aprobar un nuevo Presupuesto de Estado para el 2021 y para ello cuenta solamente con tres semanas, antes que llegue el plazo fatal del 30 noviembre. El presupuesto planteado por el ejecutivo ha generado muchas críticas, no solo por el monto propuesto, sino por las prioridades que ha asignado. Sin embargo, la alternativa, que es dejar vigente el presupuesto que ha regido en el 2020, puede resultar mucho peor.

En primer lugar, el presupuesto de egresos totales vigente en 2020 es de Q107.7 millardos, en tanto que el propuesto por el ejecutivo es de Q99.7 millardos. El déficit fiscal contemplado en el presupuesto vigente es de Q35 millardos, el contemplado en el propuesto por el ejecutivo es Q30.1 millardos. Si lo que queremos es contención del gasto público, dejar vigente el presupuesto de 2020, no parece la mejor idea.

En segundo lugar, las prioridades que se establecieron para el 2020 a través de modificaciones a medio camino, fue enfrentar la pandemia a través de programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo Social con un presupuesto de Q7.5 millardos; y programas de estímulo económico y protección al empleo a cargo del Ministerio de Economía, con un presupuesto de Q2.8 millardos. Ambos Ministerios tuvieron presupuestos históricamente altos, que en el contexto de 2021 podrían resultar totalmente inadecuados.

En el Proyecto de Presupuesto elaborado por el ejecutivo se regresa el presupuesto del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desarrollo Social a niveles parecidos a los de años anteriores, pero se incrementa sustancialmente el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones de Q6.7 millardos (vigente en 2020) a Q10.2 millardos. La propuesta del ejecutivo es la construcción de infraestructura como uno de los ejes de la recuperación económica. Sin duda alguna, este es uno de los puntos más controversiales de la propuesta del ejecutivo, y con razones de sobra, hay que decirlo.

La infraestructura, junto con la compra de medicina, han sido de los botines más apetecidos por las personas que viven de la corrupción. La indignación que causó el hallazgo de Q122 millones en efectivo, que supuestamente pertenecían al exministro de comunicaciones, José Luis Benito, hace que la propuesta de inyectar Q10.2 millardos en infraestructura levante demasiadas sospechas y rechazo.

Pero tenemos que reconocer que la infraestructura del país está por los suelos y en parte se debe a que hemos dejado de invertir y dedicamos los recursos a aumentar la burocracia. Entre 2001 y 2010, la inversión pública representó 4.4% PIB; pero entre 2011 y 2019, representó solamente el 2.8% del PIB. En los mismos períodos de comparación, las remuneraciones del sector público pasaron de representar 3.5% a 4.1% del PIB. La corrupción y la falta de inversión pública hace que tengamos una infraestructura tan precaria.

Por esta razón, dedicar recursos a infraestructura resulta urgente. Pero al mismo tiempo se debe garantizar transparencia. Para ello no es suficiente con cambiar las reglas de la contracción de la obra pública. Se debe dar prioridad a la reforma del Sistema de Justicia para que los corruptos paguen por sus crímenes. Y debemos exigir al Ejecutivo y al Congreso que no posterguen más esta reforma vital para el Estado de Derecho y la gobernanza del país.

Por último, se debe bajar aún más el gasto que propone el ejecutivo para el próximo año. Un déficit fiscal de 4.9% del PIB, como esta propuesto actualmente, representa una amenaza para la estabilidad de las finanzas públicas, sobre todo porque la deuda pública ya supera el 33% del PIB actualmente. El Congreso debe ajustar el gasto público para que el déficit fiscal no supere el 3% del PIB el próximo año.

El tiempo corre y debe aprobarse un nuevo Presupuesto Público para el 2021. Dejar el presupuesto actual, vigente para el próximo año, significa mayor riesgo macroeconómico y menor control del gasto público. El Congreso debe actuar.

El 2 de noviembre se publicó un acuerdo ministerial (231-2020) mediante el cual el Ministerio de Gobernación autorizaba la operación y personalidad de “Planned Parenthood Global Guatemala LLC” como una sucursal de Planned Parenthood.  Esta organización se dedica a temas de salud reproductiva y planificación familiar. Dos días después, sin mayor explicación, el Ministerio de Gobernación derogó (acuerdo 385-2020) el acuerdo por el cual autorizaba sus operaciones.

Esto es un fuerte golpe al derecho fundamental a la libre asociación reconocido tanto por el artículo 34 de la Constitución, así como por el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Sé que para muchos guatemaltecos el aborto es un tema muy importante. Una encuesta hecha por Fundación Libertad y Desarrollo en 2019 con ocasión de las elecciones reflejó que hasta el 90% de guatemaltecos está en desacuerdo con legalizar el aborto. Y naturalmente, aunque Planned Parenthood suministre abortos en Estados Unidos, donde esta práctica es legal, su establecimiento en Guatemala no lo faculta para efectuar dicha práctica.

La ley penal de Guatemala castiga el aborto con prisión, excepto en el caso del aborto terapéutico (artículo 137 Código Penal) en casos muy excepcionales donde peligre la vida de la madre. Por lo tanto, Planned Parenthood puede establecerse en Guatemala y prestar otros servicios que sí son permitidos por la ley tales como pruebas de embarazo, de enfermedades de transmisión sexual, educación sexual, etc., pero claramente el reconocimiento de su personalidad no le autoriza practicar abortos. Y el punto es justamente ese: aún no lo ha hecho y por tanto nadie puede ser castigado por algo que aún no ha hecho.

Lo grave es que el gobierno de Guatemala ya había reconocido la personalidad jurídica a dicha entidad y, sin mediar explicación, decidió arrancarle el derecho previamente reconocido. Esto es grave y debe importarle tanto a usted como a mí independientemente de la opinión que cada uno pueda tener sobre Planned Parenthood.

¿Por qué? Porque avalar esta actuación sienta un terrible precedente mediante el cual el gobierno puede revocar derechos previamente reconocidos sin pasar por el control de un juez y sin justificar debidamente su decisión. En pocas palabras, su derecho y mi derecho a la libre asociación quedan completamente desprotegidos y a merced del capricho del gobierno.

La resolución de la derogatoria se limita a decir que se ejecuta por “no convenir a los intereses del estado de Guatemala”. Una decisión absolutamente arbitraria y una de las más grandes violaciones al Estado de Derecho que podamos concebir. 

Naturalmente ningún derecho es absoluto y el Ministerio de Gobernación tiene la tarea de aprobar los estatutos de las personas jurídicas no lucrativas. Sin embargo, un principio fundamental del derecho administrativo es que las decisiones sujetas a discrecionalidad de un funcionario deben estar debidamente motivadas y justificadas. Lo contrario convierte a la decisión en cuestión en arbitraria. Y lo arbitrario es por definición lo contrario al Estado de Derecho.

No sorprende esta decisión. Para ser justos, lamentablemente, es una práctica frecuente en nuestro país. Tristemente vivimos en un país con un derecho administrativo de la prehistoria donde el ciudadano no tiene mecanismos de garantía y defensa frente a la administración pública. 

La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública establece que uno de los derechos del ciudadano es:

“Derecho a la motivación de las actuaciones administrativas: todas las actuaciones de la Administración Pública deberán estar amparadas en razonamientos inteligibles para todo ciudadano acreditándose la objetividad que preside su entero y completo quehacer.”

Esta Carta es importante porque recopila una buena doctrina sobre el Derecho Administrativo iberoamericano. El párrafo en cuestión ilustra el retraso de nuestro marco normativo para garantizar al ciudadano el respeto de sus derechos. Ojalá casos como estos sirvan para abrirnos los ojos y esperamos que la decisión sea impugnada por su arbitrariedad.

El 2 de noviembre se publicó un acuerdo ministerial (231-2020) mediante el cual el Ministerio de Gobernación autorizaba la operación y personalidad de “Planned Parenthood Global Guatemala LLC” como una sucursal de Planned Parenthood.  Esta organización se dedica a temas de salud reproductiva y planificación familiar. Dos días después, sin mayor explicación, el Ministerio de Gobernación derogó (acuerdo 385-2020) el acuerdo por el cual autorizaba sus operaciones.

Esto es un fuerte golpe al derecho fundamental a la libre asociación reconocido tanto por el artículo 34 de la Constitución, así como por el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Sé que para muchos guatemaltecos el aborto es un tema muy importante. Una encuesta hecha por Fundación Libertad y Desarrollo en 2019 con ocasión de las elecciones reflejó que hasta el 90% de guatemaltecos está en desacuerdo con legalizar el aborto. Y naturalmente, aunque Planned Parenthood suministre abortos en Estados Unidos, donde esta práctica es legal, su establecimiento en Guatemala no lo faculta para efectuar dicha práctica.

La ley penal de Guatemala castiga el aborto con prisión, excepto en el caso del aborto terapéutico (artículo 137 Código Penal) en casos muy excepcionales donde peligre la vida de la madre. Por lo tanto, Planned Parenthood puede establecerse en Guatemala y prestar otros servicios que sí son permitidos por la ley tales como pruebas de embarazo, de enfermedades de transmisión sexual, educación sexual, etc., pero claramente el reconocimiento de su personalidad no le autoriza practicar abortos. Y el punto es justamente ese: aún no lo ha hecho y por tanto nadie puede ser castigado por algo que aún no ha hecho.

Lo grave es que el gobierno de Guatemala ya había reconocido la personalidad jurídica a dicha entidad y, sin mediar explicación, decidió arrancarle el derecho previamente reconocido. Esto es grave y debe importarle tanto a usted como a mí independientemente de la opinión que cada uno pueda tener sobre Planned Parenthood.

¿Por qué? Porque avalar esta actuación sienta un terrible precedente mediante el cual el gobierno puede revocar derechos previamente reconocidos sin pasar por el control de un juez y sin justificar debidamente su decisión. En pocas palabras, su derecho y mi derecho a la libre asociación quedan completamente desprotegidos y a merced del capricho del gobierno.

La resolución de la derogatoria se limita a decir que se ejecuta por “no convenir a los intereses del estado de Guatemala”. Una decisión absolutamente arbitraria y una de las más grandes violaciones al Estado de Derecho que podamos concebir. 

Naturalmente ningún derecho es absoluto y el Ministerio de Gobernación tiene la tarea de aprobar los estatutos de las personas jurídicas no lucrativas. Sin embargo, un principio fundamental del derecho administrativo es que las decisiones sujetas a discrecionalidad de un funcionario deben estar debidamente motivadas y justificadas. Lo contrario convierte a la decisión en cuestión en arbitraria. Y lo arbitrario es por definición lo contrario al Estado de Derecho.

No sorprende esta decisión. Para ser justos, lamentablemente, es una práctica frecuente en nuestro país. Tristemente vivimos en un país con un derecho administrativo de la prehistoria donde el ciudadano no tiene mecanismos de garantía y defensa frente a la administración pública. 

La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública establece que uno de los derechos del ciudadano es:

“Derecho a la motivación de las actuaciones administrativas: todas las actuaciones de la Administración Pública deberán estar amparadas en razonamientos inteligibles para todo ciudadano acreditándose la objetividad que preside su entero y completo quehacer.”

Esta Carta es importante porque recopila una buena doctrina sobre el Derecho Administrativo iberoamericano. El párrafo en cuestión ilustra el retraso de nuestro marco normativo para garantizar al ciudadano el respeto de sus derechos. Ojalá casos como estos sirvan para abrirnos los ojos y esperamos que la decisión sea impugnada por su arbitrariedad.