Se sabe que una dictadura está en su ocaso cuando la gente finalmente pierde el miedo.

Y pareciera que así le está sucediendo a la dictadura más larga del continente (con más de 60 años en el poder), tras la irrupción de un movimiento de artistas que con sus manifestaciones han llamado la atención del mundo y han perturbado los cimientos de las altas esferas del régimen castrista, que otrora fuese conocido por su inmensa propaganda a la que muchos “intelectuales” del siglo XX se prestaron a difundir en todo el mundo.

Se trata del Movimiento San Isidro (MSI), de oposición y disidencia a la dictadura cubana, conformado por artistas e intelectuales que combinan sus manifestaciones de activismo político con intervenciones artísticas.

El movimiento surgiría hacia 2018, como una respuesta al Decreto 349, que regula y controla la actividad artística y pretende definir desde el Estado qué es arte. Sin embargo, sería conocido mundialmente hacia finales del año pasado cuando uno de sus líderes y fundadores, el rapero Denis Solís, fue detenido por las fuerzas de seguridad del régimen, procesado por “desacato” y condenado a prisión, lo cual desató una serie de protestas y huelgas de hambre de varios artistas y otras figuras públicas de la isla (con una movilización muy intensa y prácticamente sin antecedentes recientes), que a su vez provocó una fuerte represión por parte del régimen cubano con prácticas como el “baneo” de redes sociales, la censura a la libertad de expresión, la vigilancia y hostigamiento a los manifestantes y periodistas que han cubierto los eventos.

Estas prácticas represivas hacia las expresiones culturales no son nuevas. Los gobiernos revolucionarios de izquierda son conocidos por lo que ellos llaman “el control de la hegemonía cultural” y por mucho tiempo en la isla se intervino fuertemente la producción artística e intelectual. Lo cual trae a la memoria el famoso “Caso Padilla”, en 1971, en el que se le acusó al poeta Heberto Padilla de “posiciones contrarrevolucionarias incentivadas por enemigos del extranjero” y se le obligó en un acto humillante a que se disculpara públicamente (y a la vista del mundo) con la nomenklatura cubana, lo cual hizo que muchos intelectuales (entre ellos Mario Vargas Llosa) rompieran definitivamente con Fidel Castro y la “revolución”. 

Hoy en día la situación de control de la hegemonía cultural parece haber dado un giro inesperado. Regresándonos al presente, a mediados de febrero de 2021, un grupo de artistas (Yotuel, Gente De Zona​, Maykel Osorbo, El Funky), que viven dentro y fuera de Cuba, lanzaron el tema “Patria y Vida” —en contraposición al slogan necrofílico de Fidel Castro y la guerrilla en los años sesenta: “Patria o Muerte”—, y que rápidamente se hizo viral en redes sociales y ha sido catalogado como un himno a la libertad en Cuba. Con frases contundentes como: “No más mentiras. El pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte sino Patria y Vida” y también: “Se acabó... tu cinco nueve, yo doble dos”, en referencia al año en que comenzó la revolución, 1959, y al 2020, el año en que el pueblo salió a clamar libertad.

Como era de esperarse, la reacción del régimen fue predecible. Díaz-Canel ha calificado a estas manifestaciones como “un acto de reality show imperial. El espectáculo imperial para destruir nuestra identidad y volvernos a someter”, apelando como siempre al gastado discurso ideológico anti-imperialista que ya tiene 62 años.

Mientras tanto, los demócratas del mundo observamos expectantes los acontecimientos, que hasta el momento son inciertos. Si bien los Estados Unidos, bajo la administración demócrata, parecieran haber cambiado el garrote por la zanahoria, esto podría en el largo plazo marcar el comienzo del final para la dictadura castrista porque lo que pareciera estarse fraguando en la isla es un cambio cultural en las nuevas generaciones, que ya tienen muy lejos de su horizonte temporal la épica vetusta de Sierra Maestra y de Playa Girón.

Al parecer, el soft power[1] está haciendo varias grietas en la tiranía.

[1] Soft power, o “poder blando” es un concepto acuñado por Joseph Nye para referirse al poder de la cultura o de las ideas, frente a otras formas más coercitivas de ejercer presión como acciones de tipo militar o condicionamientos de tipo económicos.

Desde el año 2000, Guatemala se ha adentrado en un camino tenebroso: la simbiosis entre la política, la corrupción y el crimen organizado.

El financiamiento ilícito abrió la puerta para que grupos interesados en el saqueo accedieran a las joyas de la corona. El IGSS, el MICIVI, el Ministerio de Salud, las Aduanas, las Gobernaciones y el sistema de COCODES se convirtieron en los botines a repartir entre financistas y sus operadores. Paralelo a ello, la invasión del narco abrió otro frente: carteles interesados en tomar control de territorios estratégicos. En las munis fronterizas, en costas, puertos y corredores de trasiego, los operadores -primero- y los capos -después- empezaron a resultar ganadores de las alcaldías. Ya en control del poder local, afianzaban el poder sobre las fuerzas de seguridad, juzgados locales, etc.

Ambos mundos se fusionaban bajo la sombrilla de la política partidaria. En la búsqueda de fondos para sufragar campañas, o liderazgos locales con capacidad de movilización, los partidos abrieron el dique para que la corrupción y el narco invadieran al sistema. Así vimos el surgimiento de barones de la droga muy vinculados al poder. La relación de las hermanas Torres y Chamalé; Roxana Baldetti y los Zetas; o Mario Estrada y su negociación con Sinaloa, fueron las primeras luces rojas de esta tenebrosa historia.

Pero olvidamos un factor. El capo guatemalteco, al mismo estilo que el colombiano, sigue el modelo del “narco-benefactor”. Suple el vacío territorial del Estado. Apoya a la comunidad. Sufraga fiestas, bautizos, casorios y velorios. Es el “hombre fuerte” de la localidad. Monta caballo y usa pistola a la vista. Algunos, bendecidos con carisma y don de palabra, se convierten en íconos del caudillo moderno. Aquellos con más visión construyen redes de abajo hacia arriba. Se vinculan con alcaldes de municipios aledaños. Apoyan candidaturas de diputados. Movilizan votantes para elecciones presidenciales o manifestaciones confeccionadas a la carta. Cooptan los COCODES, o incluso, inciden en designaciones de gobernadores.

Esa es la historia de Erick Zúñiga o los Navarijo en San Marcos; los huista en Huehuetenango y los Ipala en Chiquimula. Todos, liderazgos locales atractivos para cualquier partido político en tiempo de elecciones.

De ahí que la reciente vinculación del alcalde Esduin Jerson Javier Javier, el Tres Kiebres, con el Cartel de Ipala, no haya sorprendido a nadie. Ni siquiera a los incautos.

El modus operandi del Cartel de Ipala ya había sido perfilado por agencias antinarcóticas. Básicamente son transportistas. Reciben la droga en la frontera con Honduras y proveen el servicio de embodegamiento, embalaje y transporte hacia México. Incluso, el New York Times resaltó sus métodos innovadores, al recurrir a caramelos, sopas y galletas para transportar la droga. En ese esquema, el control de las municipalidades resulta estratégico para su operación. De ahí la vinculación del Tres Kiebres.

Lo anecdótico de todo es la forma como se descubre esa relación, en el marco de una investigación criminal. La trama no es distinta a cómo decenas de personajes políticos de alcurnia resultaron vinculados a casos penales. Hallazgos inevitables en interceptaciones telefónicas contra el líder de la red, Carlos Alexander Guerra, develó que existía una relación de colaboración entre el grupo criminal y el alcalde.

Sin embargo, las escuchas revelaron un elemento más, digno de una novela surrealista: la misma noche en que un país entero celebraba el precoz knouckout del Tres Kiebres contra IronBran, la red coordinaba el asesinato de tres opositores, quienes -por cierto- no eran del agrado del jefe edil.

La información recabada en los más de treinta allanamientos, y de proceder el antejuicio en contra de Javier Javier, permitirá profundizar la investigación para conocer su grado de relación o participación en la red. Pero independiente de cómo evolucione el caso, las lecciones políticas son más que evidentes.

Ya desde 2015, la CICIG habría señalado el vínculo del alcalde con estructuras locales de la droga. Y aún así, en 2019, Javier Javier fue reelecto con un aplastante 78% de los votos. Peor aún, saltó a la palestra con la famosa pelea contra Neto Bran, y ya en diferentes círculos políticos, no faltaban los partidos que veían en el Tres Kiebres una opción potencial para candidato presidencial. Así entonces la degradación moral de la política. Aunque el río suene, nadie voltea a ver las piedras, puesto que el dinero para el financiamiento de campañas o el liderazgo local son los activos preciados en el juego electoral.

Mientras esa simbiosis entre política, corrupción y narco no se rompa, sobrarán los Tres Kiebres. En el peor de los casos, alguno de ellos -quizá- resulte electo Presidente de la República. No estamos muy lejos.

Una proyección sobre estabilidad social de corto plazo

El 2020 trajo consigo la peor crisis humana de los últimos ochenta años. Y aparejada, la peor crisis económica global de la última centuria. Los 2.5 millones de fallecidos y una caída de 3.5% del PIB global nos dan una pequeña lectura del recuento de los daños.

Encontrar solución a este período de incertidumbre humana y de la “Gran Interrupción Económica” recayó entonces en manos de la ciencia. Menuda tarea. Laboratorios médicos de por lo menos diez países arrancaron la mayor carrera de investigación científica en la historia de la humanidad. Y a menos de un año de haberse decodificado el genoma del Covid-19, existen ya por lo menos 12 vacunas listas para administración. Podemos decir entonces que la ciencia se anotó una gran victoria.

Sin embargo, la distribución y administración masiva de la vacuna a nivel global depende más de procesos de carácter social y político que de los científicos mismos. Ahí entonces el meollo del debate subsiguiente.

Superar la pandemia y regresar a la “nueva normalidad” requiere entonces de un enorme esfuerzo en materia de gestión política, asignación de recursos públicos y privados y de administración sanitaria.

En este contexto, la variable clave para los Estados ya ni siquiera es disponibilidad de recursos científicos o financieros. El problema ahora se vuelve institucional.

Por ello, no debe de extrañarnos que los países más rezagados de América Latina en cuanto a sus respectivos procesos de vacunación sean Paraguay, Honduras y Guatemala. El costo de la débil institucionalidad pública se paga también en un proceso de esta naturaleza.

Los problemas de los tres países son comunes: retrasos en la aprobación política de presupuestos públicos y procedimientos administrativos para adquisición masiva de vacunas; limitaciones de infraestructura (sobre todo la cadena en frío) para iniciar con la administración masiva de ciertas vacunas; y debilidad de la institucionalidad sanitaria para encaminar una logística masiva de vacunación.

Si el problema entonces es político, el riesgo potencial también es político. Al final, en un mundo sin fronteras para la información, las expectativas adquiridas de la ciudadanía se aceleran exponencialmente.

O dicho de forma más sencilla. Mientras en Guatemala la primera oleada de vacunas ha dependido exclusivamente de donaciones de los Gobiernos de Israel y de la India, países como El Salvador y -hasta- Venezuela nos llevan algunos kilómetros de ventaja en cuanto a la adquisición de vacunas. Esa comparación natural con vecinos (ya sea inmediatos o a quienes consideramos como referentes de fracasos social) acarrea un efecto de descontento, molestia e incertidumbre.

A nivel ciudadano, el rechazo hacia las autoridades se exacerba con el paso del tiempo y la percepción que la vacuna aún está lejos de venir. A nivel empresarial, la incertidumbre se mantiene en el firmamento, dado que la expectativa de vacunación masiva de trabajadores de industrias esenciales (como precondición para agilizar el retorno a la normalidad) también se percibe como muy lejana.

Lo peor del caso, es que ante las debilidades institucionales, los problemas seguramente no se limitarán a la mera adquisición de vacunas. ¿Qué ocurrirá el día que se echen a perder lotes de vacunas por mala administración de cadena de frío o limitada infraestructura para el efecto? ¿Qué ocurrirá el día que se descubra que personajes con poder político tuvieron acceso preferente a vacunas en detrimento de trabajadores de primera línea o personas en situación de riesgo? O peor aún, ¿qué pasará el día que inevitablemente se presenten efectos médicos adversos por la administración de una determinada vacuna? Estos y otros más son problemas naturales que podemos esperar en las semanas por venir.

De ahí entonces la importancia de agilizar el proceso. Ante la realidad de descontento que vimos en noviembre 2020, en donde claramente quedó evidenciado que el caldo de cultivo para un estallido social está a la orden del día, todo parecería indicar que la estabilidad política y social de corto plazo dependerá en gran medida de la capacidad institucional de administrar la vacunación contra el Covid-19.

No digan después que no se los advertimos.

Tres casos penales y un sistema agotado

Desde 2018, CICIG y FECI han venido develando -en actos de una ópera tragicómica- la realidad de un sistema de comisiones de postulación que se ha agotado en su totalidad.

Recordemos. Con la Constitución del 85, pero particularmente luego de la Reforma Constitucional de 1993, se estableció un sistema de tipo corporativista para designar a las altas autoridades del Organismo Judicial. Ese modelo corporativista llamaba a que rectores, decanos de derecho, representantes del Colegio de Abogados y pares dentro del sistema de justicia, se encargaran de la elaboración de las nóminas de candidatos de la cual el Congreso designaría a los magistrados de las altas cortes.

La lógica parecía impecable: si la élite académica y profesional del gremio de juristas elaboraba un listado de candidatos con las más altas credenciales académicas y profesionales, los diputados quedaban amarrados de manos para cooptar las cortes del país. De esa forma, las comisiones de postulación debían de constituir la salvaguarda de que el sistema de justicia sería independiente con magistrados honorables, idóneos y electos mediante la evaluación del mérito.

Todo eso empezó a cambiar a partir del 2000. Personajes como Roberto López Villatoro (el rey del tenis), Gustavo Herrera, Estuardo Gálvez y una nueva generación de operadores entendieron los entretelones del sistema. Mediante la organización de redes clientelares de abogados, que les permitieran ganar las elecciones en el CANG, podían acceder a espacios de influencia en las postuladoras. Una vez ahí, ganaban cuotas de poder para repartir espacios en las listas de nominados. Accedían a prebendas, al asegurar que candidatos propuestos por poderes externos accedieran al listado. Y obtenían prebendas en el proceso.

El caso Comisiones Paralelas 2020, fase I, recién develado por FECI, revela una parte de la realidad. Operadores como Gálvez, Luis Fernando Ruiz o Murphy Paiz, que tienen acceso directo o indirecto a escaños en la postuladora (Gálvez y Ruiz mediante grupos gremiales que les permiten obtener un número de asientos en las comisiones) se reparten cuotas de cuántos candidatos pueden colar al listado final. Por ejemplo, el grupo de Gálvez tenía 4 representantes en la Comisión, por lo que tenía derecho a 40 candidatos; Ruiz tenía 2 representantes, por lo que tenía derecho a 20 candidatos; y así sucesivamente. Una vez repartidas las cuotas, los operadores acordaban los listados de candidatos que debían integrar la nómina. Y en un ejemplo de disciplina gremial, los comisionados votaban -casi de forma íntegra- por los candidatos acordados por sus padrinos.

La razón detrás de esa disciplina (difícil de explicar desde una perspectiva de Public Choice o de asimetrías de información) se explica con la realidad develada en el Caso Comisiones Paralelas 2014, develado por CICIG-FECI en febrero 2018. Para la elección de Cortes 2014, el Rey del Tenis (un operador de ese proceso) sufragó los gastos de campaña de un grupo gremial, incluyendo fiestas, cenas, desayunos, salones de hotel, etc. Más relevante aún, López Villatoro habría obsequiado un apartamento al entonces magistrado Eddy Orellana Donis, quien fungía como Comisionado en la postuladora. Es decir, la lealtad de los postuladores hacia los operadores es consecuencia de financiamiento de campaña o prebendas ilícitas. Eso explica la razón por la que los comisionados votan por los listados encargados por sus padrinos.

Más importante aún es conocer cómo los operadores se convierten en puentes con poderes externos. La denuncia de Comisiones Paralelas 2014, fase II, presentada por CICIG en 2019, revela la forma en que Gustavo Herrera y López Villatoro tenían contacto con dos personajes claves del entonces mundo político: Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi. Es decir, el listado acordado no sólo seguía una lógica clientelar del operador hacia su red, sino además, respondía a solicitudes y demandas de poderes superiores. Sinibaldi y Baldizón -por cierto- acordarían más delante la elección final de magistrados por el Congreso.

Caso similar se evidenció en el caso del viernes pasado. Gustavo Alejos, el pulpo de la captura del Estado, sabía que para colocar candidatos en la nómina final se requería del voto de 24 comisionados. Para ello, prefirió interactuar con operadores y no necesariamente con los comisionados en lo individual. De esa forma Galvez, Paíz y Ruiz actuaban como puentes entre la Postuladora y el interés criminal de Alejos.

Del nombre del caso del viernes pasado se deduce que habrá más fases en la investigación sobre el intento de grupos criminales y políticos de cooptar la elección de altas cortes del 2019. Pero sólo con estos hallazgos, más el aprendizaje del proceso 2014, la realidad del sistema ha quedado desnudada. Las comisiones de postulación son una gran farsa, donde la evaluación del mérito, credenciales académicas y profesionales de los candidatos es irreal. Por el contrario, donde se negocian cuotas de poder, entre grupo gremiales clientelares y poderes externos (sean políticos, económicos o criminales).

Bajo esa realidad, el sistema de justicia en Guatemala no es ni independiente, ni probo, ni meritocrático. Al final, las cortes son un botín más al servicio de las mafias. Y eso, nos vuelve un Estado fallido.

El sistema electoral es la puerta de entrada al sistema político. Cuando tenemos un sistema electoral diseñado a la medida de los grupos de interés o de quienes pueden beneficiarse de manera directa para tener cuotas de poder, nuestro sistema político será un reflejo de esa misma dinámica. 

El Tribunal Supremo Electoral presentó una propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las modificaciones surgen luego del proceso de revisión de la normativa a través de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral que incluyó a varios sectores de sociedad civil. La propuesta pretende reformar 44 artículos e  incluye algunos puntos que podrían mejorar la calidad del proceso electoral. Sin embargo, uno de los cambios  despierta los fantasmas del pasado respecto al transfuguismo. 

La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que se hizo en 2016 pretendía responder a las demandas de las protestas ciudadanas del año anterior. Uno de los grandes males que buscaba contrarrestar era efectivamente el transfuguismo. De acuerdo con los cambios incorporados en aquel entonces, se considera transfuguismo cuando un diputado renuncia a su partido. Cuando eso sucede, el diputado pasa a ser de  “segunda categoría”, los otros partidos tienen prohibido incluirlo dentro de su bloque legislativo. Es decir, pierde una serie de privilegios a los que puede optar siendo parte de un bloque legislativo, tales como presidir una comisión dentro del Congreso o ser parte de la Junta Directiva.

Pero, ¿qué sucede cuando ese partido se cancela? ¿qué pasa cuando hay una fragmentación del partido? Esos puntos no estaban incluídos en la normativa y con ese espíritu probablemente se intentó modificar la ley para que no exista ese vacío legal que antes había. La propuesta pretende modificar y excluir de la prohibición a los diputados en casos de expulsión, escisión, suspensión o cancelación de los partidos. Pero, ¿es el TSE el encargado de encaminar estos cambios? ¿Por qué se presenta ahora? ¿A quiénes podría beneficiar? 

Esta propuesta debe analizarse a la luz del contexto político pues algunos diputados podrían beneficiarse de manera directa con los cambios propuestos en esta materia. 

Actualmente hay dos bancadas a cuyos diputados una reforma en esta vía les permitiría mantener sus privilegios: la UNE y la UCN. La UNE por estar en proceso de cancelación y la UCN por ser cancelada recientemente. La UNE y la UCN tienen en conjunto la presidencia de más de 10 comisiones dentro del Congreso y puestos dentro de la Junta Directiva. De ser considerados tránsfugas, perderían sus cuotas de poder. 

Los más de 80 diputados de esos dos partidos que actualmente integran el legislativo podrían sumar la cantidad suficiente de votos para aprobar los cambios, sin debate y sin contrapesos suficientes como se ha visto en procesos anteriores con la aprobación del presupuesto en noviembre de 2020 o la juramentación a Mynor Moto en enero de este año. 

El transfuguismo en sí mismo no es algo “malo”. Sin embargo, en Guatemala los ciudadanos escogemos a nuestros diputados al votar por el listado propuesto por el partido político. Por tanto, cuando un diputado se cambia de partido, constituye una traición a la intención del votante. Más allá de eso, es importante mencionar que los partidos políticos en nuestro país no constituyen grupos ideológicos, con visión y estrategias de largo plazo, sino que  son meros vehículos electorales para acceder a puestos dentro del gobierno. Cambiarse de un partido a otro, es “más de lo mismo”.

El sistema electoral es la puerta de entrada al sistema político. Cuando tenemos un sistema electoral diseñado a la medida de los grupos de interés o de quienes pueden beneficiarse de manera directa para tener cuotas de poder, nuestro sistema político será un reflejo de esa misma dinámica. 

La reforma electoral es importante, porque permitirá construir un sistema electoral que responda al ciudadano. En la propuesta se incluyen varios puntos importantes que pueden mejorar la calidad del proceso como el posible sistema integrado del RENAP con el TSE, la franja electoral, los listados desbloqueados, entre otros aspectos que merece la pena evaluar. Sin embargo, la reforma sobre la materia del transfuguismo despierta malestar y varios fantasmas del pasado. 

Los ciudadanos debemos estar atentos a lo que pueda o no aprobarse de la propuesta de reforma a la LEPP que presentó el TSE. Los cambios que se hagan en la ley  electoral deben procurar construir un sistema electoral más transparente y representativo, a la medida del ciudadano.

Desarrollar un país en democracia y libertad es difícil y desordenado, pero mucho más satisfactorio y potencialmente sostenible que el falso orden y progreso que vienen de sacrificar las libertades y derechos fundamentales en una dictadura.

Hablar hoy del riesgo autoritario que representa una figura como Nayib Bukele es un tema escabroso pues el presidente salvadoreño se encuentra en su pico de popularidad. En noviembre de 2020, la encuestadora Cid Gallup publicó que Bukele disfrutaba de un 96% de aprobación, un número sin duda inaudito para cualquier mandatario latinoamericano, particularmente en el contexto de la pandemia que ha puesto en jaque a muchos gobiernos del mundo.

A pesar de su popularidad, varias actitudes autoritarias del presidente salvadoreño comienzan a llamar la atención. En abril del 2020, el periodista salvadoreño Óscar Martínez publicó en el New York Times una columna de opinión llamada Bukele, el autoritario, en esta el periodista hace un recuento de las principales alertas del autoritarismo en ciernes del gobierno de Nayib Bukele, a quien señala de haber tomado el Congreso (en donde no tenía diputados de su partido) con el ejército y la policía para obligar a los diputados de oposición a negociar un préstamo que necesitaba; en palabras del propio gobernante, detuvo el desmantelamiento del Congreso porque, luego de orar, “Dios le pidió que tuviera paciencia”.

La toma violenta del Congreso fue probablemente la muestra más clara del carácter autoritario de Bukele, pero no la única. Martínez también le señala de gobernar a punta de decretos improvisados en Twitter, a los que sus funcionarios responden públicamente con ciega obediencia. En uno de estos decretos durante el confinamiento de la pandemia, Bukele ordenó a los militares detener arbitrariamente a cualquier persona que violara la cuarentena domiciliar, sin tener una excusa que pudiera convencer a quien le detuvo. También motivaba a las fuerzas de seguridad a entrar de manera arbitraria en los hogares de personas sospechosas de estar contagiadas y a decomisar vehículos de personas que estuvieran en la calle. La Sala Constitucional de El Salvador emitió declaraciones declarando improcedentes las normas de Bukele, cosa que el presidente pasó por alto cuando decidió desobedecerlas.

Su relación con la prensa también ha levantado muchas alertas. Desde amenazas, acoso, ataques de sus seguidores a periodistas, hasta el extremo de abrir una investigación con el Ministerio de Hacienda en contra de El Faro, Bukele ha demostrado que no está dispuesto a permitir el trabajo de la prensa independiente en El Salvador, algo que comienza a llamar la atención de la comunidad internacional también.

Sin embargo, nada de esto parece afectar la popularidad del presidente salvadoreño, cosa que no debería extrañar demasiado. Bukele logrará mantener esta popularidad mientras pueda seguir dando la imagen a su votante que está cumpliendo lo que ofrece, aunque esto signifique pasar encima de los Derechos Humanos, desobedecer órdenes judiciales o perseguir a quienes le fiscalizan.

Por su actualidad y relevancia, el caso de Nayib Bukele en El Salvador es útil para hablar sobre el estado de la democracia y la libertad en América Latina y particularmente Centroamérica. Las grandes oleadas democratizadoras del siglo pasado trajeron gran esperanza a la región, se creía que vendrían acompañadas de desarrollo, pero no fue así en todos los casos.

En muchos países, los gobiernos de la era democrática demostraron ser corruptos y poco eficientes, la vida en libertad no les sentó bien a los políticos que fueron criados en dictaduras y vieron esto como una oportunidad para enriquecerse y no para construir Estados que resolvieran los problemas de las grandes mayorías. Es verdad en El Salvador con el bipartidismo ARENA-FMLN que vino a romper Bukele y es verdad para Guatemala con un sistema atomizado de partidos que no tienen una clara línea ideológica.

Los resultados de la ineficiencia gubernamental y la falta de desarrollo son el desencanto con la democracia y la consecuente búsqueda de líderes carismáticos, populistas y abusivos pero eficientes. Eso es Bukele, es lo que admira la gente que le da ese 96% de popularidad y lo que admiran también muchos guatemaltecos cuando ven la consistente ineficiencia de sus políticos. Los reclamos ante la crítica que se puede hacer al autoritarismo en ciernes de Bukele son constantes “es eficiente”, “resuelve”, “ya quisiéramos aquí”. Todo se repite en un canto desesperado por encontrar solución a los miles de problemas que aqueja a este territorio.

Todo esto puede empeorar, para 2018 el desencanto con la democracia en América Latina ya alcanzaba niveles preocupantes, el informe de Latinobarómetro reportaba que el 71% de las personas en la región están insatisfechos con la democracia en sus países. Un preocupante resultado de años de corrupción e ineficiencia, que llevan estos países a una deriva autoritario, algunos antes que otros.

La libertad y la democracia son bienes que se valoran más cuando se han perdido, es el caso de esos países latinoamericanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua que han caído en espirales autoritarias de las que no se puede salir fácilmente. Si el resto de países latinoamericanos no se ven en el espejo de esos países, si Guatemala no se ve en el espejo de El Salvador y de Nicaragua, más temprano que tarde podrían estar experimentando la pérdida total o parcial de su libertad y sus imperfectas democracias.

Desarrollar un país en democracia y libertad es difícil y desordenado, pero mucho más satisfactorio y potencialmente sostenible que el falso orden y progreso que vienen de sacrificar las libertades y derechos fundamentales en una dictadura.

Una pandemia es una prueba de gobernanza

Hay momentos en la vida de las naciones, como una grave crisis, un acontecimiento extraordinario, una decisión de Estado o una elección, que pueden cambiar el curso de la historia y definir el destino de una generación.

En las últimas semanas vimos cómo una de las democracias más respetadas y admiradas del planeta puso a prueba sus instituciones, puso a prueba su Sistema de Justicia, puso a prueba a sus líderes y ciudadanos que creen en la democracia y a quienes respetan y defienden la ley y los valores que heredaron de los padres fundado- res de esa gran nación.

Los Estados Unidos de América demostró una vez más la fuerza y la confianza que les da la libertad, su valor principal, y el corazón y la razón de su éxito como nación. Estados Unidos demostró una vez más que el Estado de Derecho es la columna y el fundamento sobre el que luchan cada día para resolver sus problemas, aliviar sus diferencias; enfrentar los desafíos que presenta la fragilidad inherente a la democracia, precisamente por su naturaleza democrática, fundada en la libertad.

Estos son los valores y los sacrificios, la condición para construir una nación de oportunidades en libertad; una nación donde gobernantes y gobernados respetan la ley, y quien no lo hiciera, enfrenta la justicia.

En medio del drama y la expectativa mundial sobre el desenlace de un extraño paréntesis en el Faro Liberal de Occidente, como lo anunciaron los pronósticos, estamos enfrentando la segunda ola de una pandemia.

Para los habitantes de esta tierra, que estamos viviendo estos tiempos, a pesar de los capítulos difíciles de nuestra historia, sin duda, ésta es la crisis más severa y dolorosa de nuestras vidas.

En América Central, al virus, a nuestro subdesarrollo político, a la pobreza y a la debilidad estructural de nuestros Estados, se sumaron más hambre y la pérdida de oportunidades, que ya eran  escasas antes de la pandemia.

Una pandemia es una prueba de gobernanza, no la que intentan, o no, los gobiernos sin recursos humanos y financieros suficientes; una pandemia es una prueba de gobernanza personal.

El sentido de responsabilidad individual y sacrificio por los de- más, virtudes como el valor y la disciplina con que actuamos para cuidarnos unos a otros, la solidaridad, el equilibrio perfecto para preservar la economía, fuente de sobrevivencia, son la ecuación indispensable para llegar al otro lado de este valle de lágrimas con la mayor cantidad de vidas salvadas y con los ánimos fuertes para seguir luchando.

El 2021 será el año en que los países  desarrollados se vacunarán y empezarán el camino que los llevará al mundo que les tocará vivir después de una pandemia, con los cambios en el diario vivir, el trabajo desde casa, las novedades tecnológicas, la nueva realidad en los modelos de empresa y negocio, con los que sobrevivieron porque se adaptaron y los que se quedaron en el campo de batalla, porque ese era su destino. Esperamos que antes de 2022 tengamos el mismo plan para la América Latina.

Una de las grandes lecciones que dejará esta pandemia es la importancia de la economía. Ésta no puede ser instrumento o excusa de conflicto ideológico. La economía solo puede funcionar y florecer en un marco de libertad y certeza jurídica. La inversión, la creación de oportunidades y el mercado son los instrumentos que desarrollan naciones.

Cuidando la vida de los demás cuidaremos la nuestra, trabajando duro aliviaremos el dolor que provocan la pobreza y la falta de esperanza. Y si confiamos en nosotros mismos, practicamos un optimismo inteligente y somos ciudadanos presentes y defensores de la Libertad, la Democracia, la República y un modelo de desarrollo inteligente y estratégico, conquistaremos el futuro que merece la región que habitamos.

Esta es la prueba de nuestras vidas y el único camino para rescatar la senda del progreso.

El Congreso de la República debe designar un magistrado titular con su respectivo suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC). En la lista de aspirantes, que se hizo pública hace poco, figuran dos diputados del Congreso: Luis Rosales (VALOR) y José Alejandro de León Maldonado (PODEMOS).

Es cierto que la Constitución dispone que los órganos respectivos los “designan” (artículo 260) y que hay unos requisitos (artículo 270). Pero eso no es una carta en blanco y ni cualquier proceso de designación debe ser válido ni cualquier persona que reúna esos requisitos mínimos debe ser designada para ocupar la magistratura.

Los órganos nominadores no son monarcas absolutos, de ahí la crítica al sistema cerrado y secreto por el que parece haber optado el presidente. Pero eso da para otra columna.

Recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece en el artículo 14 que toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente “independiente e imparcial…” y la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) también refiere que tenemos derecho a ser oídos con las debidas garantías “por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.” 

¿Qué implica esto? Que, si las designaciones que hagan los órganos nominadores no cumplen con evaluar el mérito, la capacidad y reconocida honorabilidad (artículos 113 y 270 constitucionales, además) y nos garantizan que se instalará un tribunal imparcial e independiente, se pone en entredicho nuestro derecho al debido proceso y a un juicio justo.

¿Conclusión que yo saco en abstracto? No. El Comité de Derechos Humanos ha expresado respecto del artículo 14 de la PIDCP que “El requisito de independencia se refiere, en particular, al procedimiento y las cualificaciones para el nombramiento de los jueces” (Resaltado propio). Más adelante, dice la Comisión, “Los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial, y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento” (Resaltado propio). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos va más lejos y ha establecido que es “necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento” (Resaltado propio).

Dicho lo anterior, ¿no constituye un conflicto de interés insalvable designar a un diputado como magistrado al tribunal constitucional? Considere el lector que el o los diputados aspirantes tienen la capacidad de negociar los votos para su designación, con lo cual ésta sería profundamente política y carente de cualquier consideración técnica y de criterios objetivos para su designación.

Algunos invocarán la designación de Alejandro Maldonado Aguirre en el año 2006 cuando era diputado al Congreso por el Partido Unionista como un precedente a esta cuestión. No cabe duda de que merece un debate más profundo aquel suceso, pero tampoco cabe duda de que hay diferencias importantes.

Maldonado Aguirre tenía unas credenciales que dan más crédito a su designación. En primer lugar, fue uno de los arquitectos de la actual Constitución como diputado constituyente y miembro de la Comisión de los 30 y como magistrado de la primera y tercera magistratura de la Corte de Constitucionalidad (1986-1991 y 1996-2001).

No cabe duda de que la situación hoy es muy distinta y entra en riña con los estándares en materia de Derechos Humanos que he citado antes. Una eventual designación de alguno de estos diputados daría lugar, sin duda, a un cuestionamiento en la vía constitucional.

Sí, el artículo 156 de la Ley de Amparo establece que la designación que haga el Congreso no es “impugnable”, pero ¿es acaso el amparo un medio de impugnación? No. Se trataría de una discusión referente a derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución en virtud de tratados internacionales en la materia.

Cuando el transfuguismo es una ruptura del espíritu de una elección

En el mundo de los sistemas políticos, existen dos grandes familias de modelos de representación. Por un lado, encontramos el modelo de representación “como delegación”, según el cual se designa a un representante (o representantes) para que actúen como “delegados” del cuerpo social. Por otro lado encontramos el modelo de “representación social”, según el cual se busca que el órgano de toma de decisiones sea una representación lo más exacto y proporcional al cuerpo social.

A modo de ejemplo. Asumamos que en un colegio o universidad se busca integrar un Consejo Estudiantil como órgano de representación. Bajo un modelo de “delegación”, cada clase elegiría a su delegado, que por sus características personales (liderazgo, capacidad, etc.) llevaría sobre sus hombros la representación individual de sus electores. En cambio, bajo el modelo de “representación social”, se buscaría que en ese Consejo quede representado, de la forma más proporcional posible, las diferentes visiones, intereses y demandas del cuerpo estudiantil. 

Aunque no es del todo exacto, se asocia el sistema de elección uninominal o por persona con los modelos de representación como delegación; mientras que los modelos de “representación social” están asociados con sistemas de representación de carácter proporcional o con elección por listados. 

Esta discusión teórico-conceptual es clave para abordar el debate sobre sistemas de elección y transfuguismo desde una perspectiva más integral. 

En un modelo de “representación social”, donde el elector vota por listados elaborados por partidos políticos a través de un sistema de representación proporcional de minorías, el transfuguismo constituye una transgresión absoluta al resultado electoral, puesto que el diputado no fue electo a título personal, sino como parte de un “partido” o un “listado”. 

En cambio, cuando el sistema de votación es de carácter uninominal, el bloque o listado partidario pierde relevancia, puesto que el votante está individualizando su voto en la persona a quien delegará su representación. Esto implica que si el diputado renuncia (o es expulsado) de su partido político, el daño a la voluntad popular es menor, puesto que el elector votó por la persona mas no por un listado o partido.

Esa es la razón por la que en Guatemala el transfuguismo históricamente ha constituido una completa aberración a la representatividad electoral. Hasta 2016 la Ley Orgánica del Legislativo reconoció la figura del “bloque independiente” (11 o más diputados independientes) o no generaba costos a diputado que renunciaba a su partido y se integraba al otro. Esto incentivaba que los diputados constantemente se separaran del partido que les eligió en un interés por buscar mejor posición en los listados electorales o como mecanismo para acceder a prebendas político-financieras. 

Sin embargo, la reforma del 2016 permitió alinear el espíritu de la Ley Electoral con la Ley Orgánica del Legislativo. Al suprimir la figura del bloque independiente, y al establecer costos a los diputados que renunciaban a sus bloques (como no poder integrar Junta Directiva o Presidir Comisiones Legislativas), se logró reducir el margen de maniobra de diputados que rompían de sus partidos electores, y por ende, que se alejaban de la voluntad del elector.  

La clave de toda discusión es ¿Qué pasa si se introduce un sistema de elección de carácter uninominal? La integralidad de la reforma implicaría entonces que el diputado en lo individual tendría más valor que el bloque en sí mismo, y por ende, se debiera conceder mayor flexibilidad dentro del hemiciclo. 

Según Naciones Unidas, “la pandemia del COVID-19 ha causado uno de las más grandes disrupciones de la educación en la historia, habiendo tenido un impacto prácticamente universal en estudiantes y docentes alrededor del mundo”. 

Durante los primeros meses de la pandemia, el cierre de los establecimientos educativos afectó al 94% de los estudiantes del mundo, cerca de 1,500 millones de niños y jóvenes desde preprimaria hasta educación superior en más de 200 países.

La mayoría de países han visto efectos en la educación a raíz de la pandemia, sin embargo para los países en vías de desarrollo los efectos han sido más preocupantes pues sus sistemas educativos se encontraban menos preparados para un desafío de esta magnitud. Para mediados del 2020, el 86% de los niños en educación primaria de países en desarrollo dejaron de asistir completamente a la escuela. En contraste, solo el 20% de los niños dejaron de asistir del todo a la escuela en países desarrollados, estos sistemas educativos más avanzados permitían continuar con un aprendizaje estructurado.

La implementación de la educación a distancia tampoco ha funcionado como una respuesta viable para todos los contextos. En Guatemala por ejemplo, familias de clase media con acceso a ciertos recursos han tenido que invertir, con algunas dificultades, en equipo de cómputo que no tenían y gastos adicionales en conexión a internet. Esto en el mejor de los casos, pero una gran mayoría de estudiantes y educadores siguen sin tener acceso continuo a internet. Según UNICEF, 1 de cada 3 niños y adolescentes aún no reciben educación a distancia de calidad en América Latina y el Caribe. 

Abandono escolar en Guatemala 

Datos preliminares del Ministerio de Educación indican que hasta 160 mil niños están abandonando la escuela en 2020. El 40% de estos se encuentran en sector privado, otro efecto más de la crisis económica provocada por la pandemia. Muchos de estos niños podrían integrarse al sector público, provocando un problema de sobrecarga en el sistema educativo público, que ya se encuentra en condiciones precarias. 

Actualmente, la mayoría de establecimientos educativos públicos y privados se encuentran cerrados. Muchos están implementando la educación a distancia, siendo obviamente el sector público el que se ha encontrado con la mayor cantidad de barreras para poder hacerlo eficientemente.

La educación a distancia en el sector público se ha implementado principalmente a través de hojas de trabajo, utilizando herramientas como servicios de mensajería tipo Whatsapp o mensajes de texto para comunicarse con los alumnos. Sin embargo, las barreras tecnológicas son aún demasiado grandes para ser superadas, especialmente en medio de una crisis de esta envergadura.  

El reto para el país en 2021 y los años siguientes será recuperar a los alumnos que salieron del sistema educativo y seguir luchando para mejorar las tasas de escolaridad, que ya presentaban un rezago importante antes de la pandemia. 

El esperado regreso a clases

Uno de los principales retos del 2021 para todos los países es la reapertura de las escuelas, principalmente debido al riesgo epidemiológico que representan los centros educativos y la intensa movilización de personas que implica retomar las clases presenciales. Varios países latinoamericanos han presentado sus protocolos para la reapertura segura de las escuelas; sin embargo, los principales retos a superar son carencias estructurales, como la falta de infraestructura adecuada y es difícil pensar que estos problemas, que datan de muchos años, serán superados en medio de la crisis. 

La clave para asegurar un regreso a clases aceptablemente seguro es implementar medidas sanitarias mínimas. Está claro que una buena parte de establecimientos educativos privados podrán cumplir con estos requisitos, pero el problema está en el sector público, el cual alberga a la mayor cantidad de estudiantes. La cuarta parte de las escuelas públicas del país no tienen condiciones mínimas adecuadas de agua, según Carlos Carrera, representante de UNICEF en Guatemala. 

A nivel latinoamericano, la OMS indica que el 16% de las escuelas no tiene servicios de agua, 12% no cuentan con lavamanos y 28% tienen servicios limitados para el lavado de manos. Resolver estos problemas de infraestructura se convertirá en los próximos meses en la clave para asegurar la implementación de medidas sanitarias mínimas.  

Efectos de largo plazo 

Mientras más tiempo permanezcan cerradas las escuelas, menos probable es que aquellos niños en mayor situación de vulnerabilidad regresen a estudiar. Las proyecciones de UNESCO para América Latina no son nada alentadoras, se espera que 3.1 millones de niños y adolescentes abandonen completamente las escuelas debido a la pandemia. La segunda región con el mayor retroceso del mundo. 

Este retroceso tendrá sin duda efectos de largo plazo en la educación, pero también en la capacidad de generar ingresos y el bienestar general de esta generación. Según datos de UNICEF, América Latina y el Caribe podrían perder hasta US$1.2 billones de dólares en ingresos durante el ciclo de vida de la generación de estudiantes que vivieron la gran pausa provocada por la pandemia del COVID-19.

Los países tendrán que hacer esfuerzos extraordinarios para aplacar los efectos sociales de la gran pausa e implementar estrategias que permitan mejorar la efectividad de la educación a distancia, por si volviera a ser necesario en el futuro cercano. 

1. UNICEF 2020 https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/covid-19-mas-del-95-por-ciento-de-ninos-y-ni%C3%B1as-esta-fuera-de-las-escuelas 
2. UNDP 2020 http://hdr.undp.org/sites/default/files/covid-19_and_human_development_0.pdf
3. UNICEF 2020 https://www.unicef.org/lac/media/18251/file/Educacion-en-pausa-web-1107.pdf