Legados de largo plazo de la pandemia Covid-19

La historia de la humanidad arroja algunas luces de cómo nace y evoluciona el orden político global. Hay casos en los que ese orden global es consecuencia de una evolución gradual, de conflagraciones entre civilizaciones y colapsos de grandes potencias. A grosso modo así se explica el surgimiento de la Pax Romana o del orden político del medioevo.

Hay también momentos críticos en la historia política y económica, que provocan transformaciones aceleradas. Las guerras napoleónicas dejaron tras de sí el orden político del Congreso de Viena. La Segunda Guerra Mundial nos dejó como legado el sistema bipolar que dio paso a la Guerra Fría.

También encontramos casos en que eventos que trascienden lo político y social provocan transformaciones del orden global. La peste negra del siglo XIV dio paso al Renacimiento y al surgimiento de los Estados Modernos, que más tarde, consagrarían su propio orden en la Paz de Westfalia de 1648.

Todos los casos anteriores evidencian que hay momentos en que simplemente el viejo orden mundial colapsa, el sistema de valores tradicionales se ve trastocado y la humanidad queda a merced del vacío. Es entonces cuando surgen nuevas normas, acuerdos o instituciones que definen la forma en que los Estados interactúan entre sí y como los individuos se relacionan con el mundo que les rodea.

La pandemia del Covid-19 nos coloca entonces en una nueva encrucijada global. El sistema de cooperación mundial surgido a mediados del siglo pasado parece estar en jaque. Hoy, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en medio de un debate político entre las principales potencias mundiales. Las cadenas globales de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios fueron trastocadas seriamente como consecuencia de las medidas de supresión implementadas en varios Estados. Las fronteras -que poco a poco parecían ir encaminadas a desaparecer- retomaron su valor, incluso dentro de la Unión Europea -región pionera en desarrollar la libre movilidad de personas.

A nivel global, impera un sentido de desconfianza. El descontento de Occidente frente a la China crece día a día, no sólo por las dudas que genera el origen del SARS-CoV2, sino también, por la forma en que la potencia asiática limitó la información sobre la expansión de la pandemia.

Encontramos también una pugna entre potencias y recetas para hacer frente a la crisis. China apuesta al autoritarismo, a limitar la información y a transmitir la idea que “la normalidad ya retornó”. Estados Unidos se debate entre qué tanto retomar la cotidianeidad. Suecia y Alemania -por su parte- lideran los esfuerzos más liberales de enfrentar la pandemia. Silenciosamente, ese debate sobre qué medidas resulten más exitosas podría marcar el rumbo del liderazgo global en las décadas por venir.

En tanto, se aceleran cambios que venían configurándose gradualmente. Redefinición de los mercados laborales. Reevaluación de trabajos esenciales versus trabajos superfluos. Comercio electrónico a gran escala. Educación a distancia. Deportes sin aficionados.

Todo parece indicarnos que la vida social y económica después del Covid19 cambiará sustancialmente y que el orden mundial que sostenía las relaciones entre Estados y entre individuos y el mudo, también se verá modificada.

El viernes, 31 de julio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitó un antejuicio que se origina en una denuncia que promoviera Nimrod Israel Estévez contra el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Estévez fue candidato a diputado por el partido BIEN en las elecciones de 2019, pero no resulto electo. 

La denuncia es por nombramientos ilegales y lo discutible es que la Corte Suprema de Justicia haya resuelto tramitar el antejuicio y remitirlo al Congreso. A continuación, expongo mi reflexión legal para entender mejor el asunto. 

¿Por qué la denuncia?

Todo tiene que ver con la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed). Esta es la entidad encargada de velar por el manejo de los bienes que han caído en extinción de dominio. El titular de la Senabed, Oscar Conde, renunció al cargo recientemente porque el 4 de junio fue juramentado como segundo viceministro de gobernación. 

El periodo de 3 años por el que Conde fue designado vencía el 7 de agosto (en unos días). La ley de extinción de dominio manda a que la designación del titular de la Senabed se haga “por oposición”. En este momento, ya existe una nómina de 10 candidatos para el periodo que irá del 7 de agosto de 2020 a 7 de agosto de 2023 según lo anunciado.

Debido a la vacancia que dejó Oscar Conde en junio, el vicepresidente designó de manera interina a Ángela Marina Figueroa Molina. No es la primera vez se designa a un titular interino. En 2016 fue removido el entonces titular de la Senabed, Luis Coronado Tobar, y fue nombrado de manera interina Marvin Duarte hasta que se agotó el proceso de oposición y se designó a Oscar Conde.

Por alguna razón que no está clara, el denunciante, Nimrod Estévez, plantea que el nombramiento de la titular interina, Ángela Figueroa, es ilegal. El delito de nombramientos ilegales (artículo 32 CP) tiene una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de diez mil a veinticinco mil quetzales.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su discutible resolución

El antejuicio contra el vicepresidente lo conoce en última instancia el Congreso. Pero como hemos comentado en otro momento, la ley en materia de antejuicio ordena al juez que reciba la denuncia a remitir el expediente a la CSJ. Luego, es este tribunal quien lo remite al órgano que corresponda (en este caso al Congreso) si es que no le toca conocerlo directamente. El artículo 16 de esta ley dice:

Cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada en contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, según lo estipulado por la ley, se inhibirá de continuar instruyendo y en un plazo no mayor de tres días hábiles, elevará el expediente a conocimiento de la Corte Suprema de justicia para que ésta, dentro de los tres días hábiles siguientes de su recepción, lo traslade al órgano que deba conocer del mismo, salvo que ella misma le correspondiere conocer. El juez no podrá emitir en la nota de remesa juicios de valor, ni tipificar el delito. (resaltado propio)

Ahora bien, por desarrollo jurisprudencial (expedientes 2041-2003, 634-2005 y 2040-2003), la Corte de Constitucionalidad ha sentado doctrina legal y ha establecido que, en el momento de conocer el expediente del antejuicio, la Corte Suprema de Justicia:

…no es un simple tramitador de los asuntos en los que se dirima las diligencias de antejuicio en contra de los funcionarios que gocen de ese derecho, debiendo calificar y depurar los procesos que sean instados por motivos espurios, políticos o ilegítimos, (…), entendiendo que ello le faculta para que, de concurrir tales situaciones, pueda acordar el rechazo liminar de la denuncia, y de no ocurrir estas, declarar que lo denunciado merece el posterior agotamiento del procedimiento que regula la Ley en Materia de Antejuicio. (resaltado propio)

En pocas palabras, y a falta de que la Corte Suprema de Justicia haga pública su resolución, salta a la vista que debieron hacer un examen pormenorizado de la denuncia previo a mandarla al Congreso. 

Las razones por las cuales se comete el delito de nombramientos ilegales van por dos vías: o se hizo en violación del procedimiento que manda la ley o la persona designada no reúne las calidades para ocupar el cargo.

Hasta ahora, no se ha reportado que la señora Figueroa no reúna las calidades para ocupar el cargo. Tampoco se ha reportado que se haya nombrado en infracción del procedimiento bajo el entendido que al ser interina, el proceso del titular definitivo debe hacerse esta semana.

Algunas fuentes no oficiales refieren que la denuncia podría deberse al "plazo" del nombramiento de la titular interina. Si fuera verdad, sería absurdo instar una denuncia por nombramientos ilegales por tal motivo dado que la designación conforme al proceso de ley está en curso.

Por tal motivo, el amparo que interpuso el vicepresidente contra la Corte Suprema de Justicia tiene fundamento. Este ya lo conoce la Corte de Constitucionalidad y ya ha otorgado amparo provisional al vicepresidente.

Llama la atención que esta votación haya sido tan cerrada en la Corte Suprema. En los últimos dos años, este tribunal se ha ganado una mala reputación por rechazar antejuicios contra funcionarios acusados de corrupción.

Consistentemente quienes han votado en diferente sentido han sido las magistradas María Eugenia Morales y Delia Dávila. Esta vez, ambas votaron en contra de tramitar el antejuicio contra el vicepresidente. Sin embargo, en este caso concreto, han votado en contra, además, los magistrados Felipe Baquiax y José Pineda Barrales.

Muchos sostienen hoy en día que la región centroamericana se ha convertido en una molestia para nuestros vecinos desarrollados del norte por los problemas de narcotráfico y migración ilegal. Sin embargo, la preocupación de los Estados Unidos por la región del istmo no es nueva y data, por lo menos, de hace más de un siglo.

A inicios del siglo XX, la política exterior estadounidense dio un viraje prácticamente inédito desde su independencia y sus inicios republicanos con la llamada “Doctrina Monroe”, que básicamente defendía el aislacionismo y la neutralidad en sus relaciones internacionales. Esta política exterior funcionó (con excepciones) durante prácticamente todo el siglo XIX, pero gracias a la segunda revolución industrial y a la consolidación de la expansión al oeste, Estados Unidos se terminó de establecer como una potencia emergente en el concierto de naciones y viejos imperios europeos que dominaron el mundo hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial.

La agresiva diplomacia de Theodore Roosevelt permitió, en 1903, el acuerdo sobre la construcción del Canal de Panamá, que significó para Estados Unidos alcanzar una importancia comercial y estratégica y una ventaja económica sobre el resto de potencias[1]. De manera que el contexto histórico de este período es la llamada “política del garrote”, propuesta en el “Corolario Roosevelt”, y elaborada por el 26º presidente de los Estados Unidos durante su discurso del Estado de la Unión en 1904, y que era básicamente una enmienda a la Doctrina Monroe, pues proponía que los territorios de América Latina y el Caribe, formaban parte del área de interés de los Estados Unidos[2].

En este contexto, Centroamérica vivía un período de gran inestabilidad política, producto de las constantes rebeliones armadas y golpes de Estado de caudillos de todo signo que deponían y erigían presidencias efímeras a lo interno de los países. Pero también, entre las propias naciones del istmo, ocurrieron enfrentamientos armados como la incursión del presidente salvadoreño Tomás Regalado en Guatemala en 1906 denominada “Guerra del Totoposte”[3] que fue disuadida exitosamente por el régimen de Manuel Estrada Cabrera.

En un intento por apaciguar a la región centroamericana y procurar cierta gobernabilidad,  se llevaron a cabo los pactos de Washington de 1907, a través del Sistema de convivencia e integración de los países centroamericanos (propiciados también por México), que comprometieron a Centroamérica a una serie de medidas para preservar la paz en la región.

Desde ese entonces, puede afirmarse que la inestabilidad política y el caos de la vecindad centroamericana constituyen una preocupación para el país del norte. Los logros más importantes de la Conferencia de Washington de 1907[4] fueron, en primer orden, la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, y en menor orden, el compromiso de las naciones centroamericanas que, a través del Tratado General de Paz y Amistad, acordaron no reconocer gobiernos surgidos de golpes o revoluciones. Y finalmente, la creación del Instituto Pedagógico de Centroamérica para dar formación a los maestros de la región.

A pesar de que estos mecanismos no fueron del todo operantes, muchos historiadores sostienen que marcaron el fin de las guerras intestinas entre las naciones del istmo[5]. Adicionalmente, aunque el compromiso de 1907 también incluyó cláusulas para evitar las reelecciones y lograr la instauración de gobiernos electos democráticamente, eso no evitó que en Guatemala, por ejemplo, se estableciera una de las tiranías más largas de su historia republicana como lo fue la de Manuel Estrada Cabrera que pudo perpetuarse sin mayores problemas en el poder hasta su derrocamiento en 1920.

Como era de esperarse con este tipo de “recetas” institucionales impuestas desde afuera, a partir de 1914, este sistema de integración entró en crisis y en 1923 se hizo una revisión al Tratado General de Paz y Amistad[6], donde se mantenían las cláusulas principales, pero no se estimuló un compromiso fuerte y sincero por parte de las naciones centroamericanas para cumplirlas, es decir, no se subsanó la debilidad del sistema para efectuar los acuerdos en la práctica, lo que la llevó inexorablemente a su extinción.

Posteriormente ha habido otros intentos de los Estados Unidos en subsanar los problemas institucionales de la región centroamericana, como por ejemplo la “Alianza para el Progreso” (ALPRO) durante el gobierno de John F. Kennedy a inicios de los sesenta, como un intento de contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana en la región. Y, por supuesto, en la década de los ochentas durante la administración de Ronald Reagan la llamada “Iniciativa de la Cuenca Caribe” y el célebre “Informe Kissinger” que se planteaban objetivos aún más ambiciosos como la integración de las economías regionales al mercado norteamericano, así como una agenda global hacia Centroamérica que contara con el consenso político estadounidense que frenara la violencia política en el istmo producto de los conflictos armados[7].

En el presente muchos creen que el hecho de que la migración ilegal pasó a ser un tema central de la política interna de los Estados Unidos en los últimos años y que varios políticos latinoamericanos como Ricardo Martinelli, Mario Estrada, Manuel Baldizón, Genaro García Luna, Alejandro Toledo, Diosdado Cabello, entre otros; sean sancionados, solicitados, aprehendidos y procesados por la justicia estadounidense (al igual que sus testaferros y familiares implicados en corrupción y narcotráfico); es un signo unívoco de una intención del país del norte por “sanear” las instituciones y los sistemas políticos latinoamericanos, caen en un inmenso error.

Si no hay una intención concertada por parte de nuestras propias élites latinoamericanas en apegarse a una agenda de reforma institucional que garantice la independencia judicial, el fortalecimiento del Estado de derecho y (parece mentira que aún haya que decirlo) el respeto a las reglas del juego democráticas, no habrá salida posible al subdesarrollo.

Los grandes cambios históricos raras veces vienen dados por designios o por imposiciones top-down de agentes externos, sino por un cambio en las condiciones sociales y materiales que definen el espíritu de un tiempo.

¿Seremos capaces los latinoamericanos de este generación de asumir el reto de transformar nuestras instituciones o seguiremos esperando que vengan otros a ordenarnos la casa?

[1] Pérez Brignoli, Héctor. Breve historia de Centroamérica. Madrid. Alianza Editorial. 1990. Pp. 253-254

[2] El interés de los EEUU por América Latina y el Caribe no tuvo que ver exclusivamente con el Canal de Panamá, sino también con la Guerra de Independencia de Cuba frente a España (1895-1898) y el Bloqueo Naval a Venezuela por potencias europeas en 1902-1903. De manera que también era una forma de “impedir” la hegemonía europea en esta parte del hemisferio.

[3] Luján Muñoz, Jorge. Breve historia contemporánea de Guatemala. Guatemala. Fondo de Cultura Económica. 2018. Pp. 177

[4] “Conferencia de la Paz Centroamericana. 1907” https://www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/con_20121907.pdf

[5] Luján Muñoz, Jorge. Ídem.

[6] “Las Convenciones de Washington. Tratado de Paz y Amistad. Aprobado el 3 de marzo de 1923” https://www.sica.int/cdoc/publicaciones/union/pac_28051927.pdf

[7] Pérez Brignoli, Héctor. Ob Cit. Pp. 160

El pecado de la actual magistratura constitucional

En reiteradas ocasiones, he sostenido la hipótesis que a lo largo de la historia reciente, Guatemala ha sido un país sin la institucionalidad necesaria para canalizar y resolver conflictos por la vía política. Esta falencia genera la necesidad de un “árbitro de última instancia”: un actor que juega el rol de mediador, filtro político, garante del orden y salvaguarda final del sistema. Hasta 1993, ese rol lo jugó el Ejército. Pero con la transición democrática, dicha función se trasladó gradualmente a la Corte de Constitucionalidad (CC).

No obstante, con el paso de los años, y ante la incapacidad de las élites de apostar por el fortalecimiento de la institucionalidad, la función pretoriana de un “arbitro de última instancia” sólo se ha profundizado.

Por ello, fácilmente podemos reseñar como, desde 1993 a la fecha, pero particularmente, a partir de desde 2001, la CC ha estado en el epicentro de todos los procesos y momentos políticos más relevantes del país. Desde discusiones sobre inscripciones de candidatos electorales, procesos de elección de funcionarios de segundo grado (magistrados, contralor, Fiscal General), pasando por discusiones de reformas tributarias, la aplicación de convenios internacionales en materia de derechos humanos, procesos de antejuicio, la prohibición para comercializar cachinflines, hasta casos penales de alto impacto, en todos, la Corte de Constitucionalidad ha sido el árbitro final del conflicto político en el país.

Argumentar que existe una “extralimitación” de parte de la CC resulta discordante a la luz de la experiencia reciente; y más si se considera que desde el diseño del ordenamiento político vigente se dejó en claro que “No hay ámbito que no sea susceptible de amparo” (Art. 265 de la Constitución). A ello sumemos que entre 2009 y 2010 (hace dos magistraturas), la CC amplió la legitimación activa para presentar acciones de control de constitucionalidad contra los actos de la administración pública.

Vale la pena preguntarse, ¿qué ha cambiado de 2016 a la fecha? ¿Por qué tanta animadversión hacia la actual magistratura constitucional?

Sencillo. Lo que ha cambiado ha sido el balance de fuerzas. Durante décadas, los fallos de la Corte de Constitucionalidad en aquellos casos de trascendencia política se alineaban más con la visión e intereses de los estamentos político, económico y militar. En 2003, la CC se alineó con el poder político de turno y ordenó la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. En 2007, suspendió la extradición de autoridades militares señaladas de violaciones a los Derechos Humanos, reclamadas por España bajo el principio de la “jurisdicción universal”. En 2011, la CC acuerpó la posición de una gran parte del sector privado y ordenó no inscribir a Sandra Torres como aspirante a la presidencia. En 2013, acogió las demandas de actores privados y militares, y anuló el juicio por Genocidio contra Efraín Ríos Montt. A lo largo de los años, la Corte ha anulado reformas tributarias o se ha convertido en un contrapeso ante interpretaciones discrecionales de la administración tributaria en casos fiscales.

Por estos, y otros casos más, es que a la CC se le ha considerado como una salvaguarda final del sistema.

No obstante, en un proceso que aún debe estudiarse, la designación de magistrados del 2016 arrojó un resultado atípico: La integración de Corte con una mayoría que no necesariamente resultaba afín a los actores de poder. Esta es quizá, la primera Corte de Constitucionalidad con una mayoría “Contra-Poder”.

Esta dinámica se ha materializado en los casos relacionados con la aplicación del Convenio 169 de la OIT; las resoluciones que obligan a repetir las designaciones de gobernadores durante la administración Morales; las suspensiones de actuaciones legislativas del Congreso en relación con las reformas al Código Penal del 2017, la Ley de Aceptación de Cargos en 2019 o la Ley de ONG’s del 2020; los casos sobre decisiones de política exterior en la crisis Gobierno-CICIG entre 2017 y 2019; y las resoluciones que han anulado y reconducido el proceso de elección de magistrados Apelaciones y CSJ a lo largo del último año. En todos, la CC ha resuelto en contra de la visión imperante de grupos de poder.

Ese es el pecado capital de la actual magistratura. La función pretoriana sigue siendo la misma de los últimos 25 años. La amplitud del marco de actuación, también. Lo que ha cambiado ha sido el sentido de las resoluciones. De ser suplementos del poder, la Corte es hoy un órgano “contra-poder”.

El pasado viernes, 24 de julio, la CC resolvió en sentencia (expedientes acumulados 2187, 2189 y 2190-2020) el caso referente a la denuncia que se había planteado contra cuatro magistrados de la CC y que expliqué a detalle en otra entrada el 29 de junio.

La sentencia consta de 105 páginas en total. Quizás la Corte pudo resolver la cuestión en un espacio menor a considerar los temas centrales del conflicto. Las dos tesis que fundan la sentencia son: la independencia judicial del tribunal constitucional y la garantía del juez natural.

Primer punto: la independencia judicial

Sobre el primer punto ha corrido mucha tinta. Quizá las explicaciones ofrecidas hace días por los juristas Eduardo Mayora y Gabriel Orellana sean más didácticas que lo expresado en la CC.

En síntesis, lo resuelto por la CC se resume en que este tribunal tiene a su cargo la defensa del orden constitucional y en consecuencia es el intérprete último de esta. Por lo tanto, es inviable su enjuiciamiento por el mero criterio expresado en sus resoluciones. Al fin y al cabo, ¿quién habrá de conocer el caso y “determinar” el criterio vertido por el último intérprete constitucional se “adecuado” o no? ¿Un juez penal? Naturalmente, no.

Dicho esto, la CC recalca la jurisprudencia en materia de que, por las opiniones expresadas en las sentencias o resoluciones, no pueden ser perseguidos los magistrados de la CC. Esto parte de la interpretación que se ha hecho del artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC). Sobre el particular ya se ha formado doctrina legal y hace más de un año lo abordé en este espacio.

Ciertamente nuestra Constitución establece (artículo 165, h) que corresponde al Congreso retirar la inmunidad, entre otros, a los magistrados de la CC. Tal momento se da cuando la Corte Suprema de Justicia remita la denuncia que motive abrir un expediente de antejuicio contra los magistrados de la CC.

Sin embargo, por desarrollo jurisprudencial (a partir de los expedientes 2041-2003, 1188-2003 y 634-2005) la Corte Suprema debe rechazar las denuncias infundadas.  Eso debió hacer en el presente caso, pero no fue así. De modo que el acto de remitir esta denuncia al Congreso fue arbitrario por las razones expuestas.

La Corte de Constitucionalidad no dedica espacio a su sentencia a explicar (o justificar) su intervención teniendo en cuenta que los magistrados de este tribunal tienen un interés directo en la causa. No es la primera vez que tal situación ocurre.

El primer precedente en la materia lo constituye el expediente 313-1995 donde se denunció a los magistrados titulares y suplentes de la CC y finalmente un amparo promovido por un magistrado (Mynor Pinto) del mismo tribunal y resuelto por el mismo tribunal acabó enterrando la cuestión (fue el prmier “autoamparo”, como le llaman algunos).

Es claro que no existe otro tribunal competente para conocer un amparo contra un acto arbitrario de la Corte Suprema de Justicia. Podía haberse abordado la doctrina de la necesidad como se expuso en otro espacio o desarrollar algún hilo argumentativo al respecto, pero la Corte no lo hizo.

Segundo punto: la integración de la CSJ en el caso concreto

El segundo punto, referente a la garantía de juez natural, se relaciona con la forma irregular con la que se integró la CSJ al conocer el expediente en discusión. Resulta que los 12 magistrados titulares de la CSJ (son 13, pero por el caso Blanca Stalling actualmente solo hay 12) se inhibieron.

La Ley del Organismo Judicial, en su artículo 77 establece que en ese caso “serán llamados a integrarla [CSJ] los Presidentes de las Salas de Apelaciones o Tribunales de similar categoría, principiando con los establecidos en la capital de la República en su orden numérico; en su defecto, los vocales de dichos tribunales y por último, a los suplentes de éstos”.

Al leer la resolución de la Corte Suprema de Justicia se puede notar que el proceso no se respetó. En la capital hay 27 salas de Corte de Apelaciones, de modo que tuvo que llamarse a los 27 presidentes de estas salas y, en caso de su inhibitoria, llamar a los de la provincia.

Sin embargo, en el expediente del antejuicio no hay prueba de que tal cosa hubiere sucedido. La Corte se integró con magistrados de salas de la provincia irrespetando el proceso señalado en la ley. Una ilegalidad bastante burda.

Conclusión

Lo anterior resume de la forma más breve posible la cuestión jurídica. Pero el caso tiene implicaciones políticas, ya que esto trae como consecuencia que todo lo actuado desde que la Corte Suprema de Justicia remitiera el antejuicio al Congreso sea inválido. De este modo, el conflicto entre el Congreso y la CC debería bajar de decibeles.

Existe la posibilidad de que algunas voces irresponsablemente que clamen por desobedecer lo resuelto por la CC. Ya hemos pasado por ahí en tiempos recientes. Los clásicos argumentos formalistas decionómicos sugieren algunas lecturas para ir en esta vía.

Por el bien del país, esperemos que la cuestión quede zanjada como razonablemente lo hace la sentencia de la CC y que la atención vuelva a la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones que deben ser prioridad en estos momentos.

La derecha no es única ni existe un monopolio discursivo...

No. Apoyar la lucha contra la corrupción, o en su momento, a la CICIG, no es una categoría para diferenciar a la “derecha” de la “izquierda”. Tampoco es decir que la Corte de Constitucionalidad se extralimitó en su auto-amparo. Ni si quiera el debate de si las cortes deben ser electas ya o si el Congreso es soberano para definir el procedimiento para elección de las altas cortes.

Por si fuera poco, la dicotomía “fachos” y “chairos” sólo ha servido para banalizar aún más una discusión que de por sí ya era superficial y falta de argumentos. Tampoco se puede plantear la dicotomía desde términos personalistas. Ser de derecha no es estar de acuerdo con Felipe Alejos o Roberto Arzú; como ser de izquierda no es estar de acuerdo con CODECA o Mario Roberto Morales.

Créanme. Es un poquito más complicado que eso. 

La “derecha” ni siquiera es una categoría ideológica única. Dentro del concepto caben conservadores tradicionalistas, conservadores liberales, liberales clásicos, libertarios, anarco-capitalistas, liberales sociales, ordo-liberales, demócratas-cristianos o social-cristianos. Y aquí me limito a enlistar familias de ideologías políticas. Si agregamos las escuelas económicas, las permutaciones se vuelven infinitas.

Tampoco es una categoría sobre valores generales. Por ejemplo, los conservadores tienden a ser más organicistas que individualistas. Los liberales son individualistas ante todo. Los liberales-sociales han matizado el individualismo absoluto con el interés por el colectivo. Mientras que los demócratas-cristianos tratan de encontrar el balance entre el individuo y la sociedad.

La creencia en el mercado es quizá una característica común; pero tampoco es absoluta. Algunos conservadores creen que antes de libertad de mercado es mejor un poco de mercantilismo, es decir, protección del Estado de sectores estratégicos. Los liberales clásicos, los libertarios y anarco-capitalistas creen en el absolutismo de mercado y propugnan un sistema económico donde las regulaciones sean mínimas o inexistentes. Los ordo-liberales creen en el mercado, pero con regulaciones para corregir sus falencias, entre ellas, la promoción activa de la competencia o la prestación estatal de algunos servicios públicos. Mientras que los demócratas-cristianos matizan el absolutismo de mercado con conceptos como la solidaridad o subsidiariedad, que se traducen en sistemas fiscales más agresivos.

Los conservadores y liberales chocan en la dicotomía entre orden y libertad; mientras los primeros creen en el orden primero y libertad después, los segundos -en cambio- están dispuestos a sacrificar un poco de orden por el valor supremo de la libertad. Para muestra, la disyuntiva que mejor evidencia esta diferencia es la seguridad en los aeropuertos después del 11 de septiembre. Quienes creían que las medidas de revisión y registro de pasajeros eran muy invasivas, probablemente respondían a valores más liberales; quienes em cambio creían que las medidas eran necesarias para garantizar la seguridad, probablemente respondían a valores más conservadores de orden.

La influencia de los valores religiosos también es otra fuente de dicotomía. El conservadurismo y el demo-cristianismo tienen como base filosófica una fuerte raíz religiosa, aunque también con diferentes grados y matices. Los liberales, en cambio, propugnan el laicismo y la libertad religiosa como valor supremo.

Y luego, no podemos obviar que derechas e izquierdas están muy relacionadas con las condiciones contextuales propias del lugar. Por ejemplo, en los países musulmanes, donde el radicalismo islámico es una variable transversal, las derechas propugnan mayor influencia de la religión en política, mientras que los liberales que propugnan la separación de Iglesia y Estado, son considerados como de izquierda.

Esta es quizá una pequeña muestra que el debate sobre ideologías es un poco más complejo de lo que algunos quieren presentar. Y sobre todo, sirve para evidenciar que quien limita la discusión a temas coyunturales como CICIG, cortes o visión de relaciones internacionales, quizá necesita antes educarse un poco sobre la riqueza y diversidad detrás de la discusión de ideologías.

Aún no está claro si este conflicto institucional llegará a su fin

El Congreso, en cumplimiento a la sentencia de amparo de dictada por la Corte de Constitucionalidad, dentro del expediente 1169- 2020, ha convocado para el día de hoy a sesión legislativa extraordinaria para iniciar el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

Menuda noticia. El impasse de más de ocho meses en el proceso de elección de las altas cortes del país parece próximo a llegar a su fin. Sin embargo, las alternativas de posibles desenlaces para este tortuoso proceso institucional parecen ser diversas. De ahí, la necesidad de explorar algunos escenarios.

En la sentencia del amparo aludido, la Corte de Constitucionalidad ordenó que el Congreso de la República conociera el informe circunstanciado del Ministerio Público sobre la posible manipulación de la elección de cortes. Y si bien la CC no ordenó tajantemente que se excluyera a los candidatos mencionados en el mismo, sí dejó entrever que los diputados debían calificar la honorabilidad e idoneidad de los candidatos, tomando en consideración el citado informe.

Escenario # 1: El Congreso acata a cabalidad lo dispuesto por el máximo tribunal constitucional y procede a excluir a los candidatos mencionados en el informe del Ministerio Público al tiempo en que procede a realizar un análisis a viva voz de la idoneidad y honorabilidad del resto de candidatos. Asimismo, el pleno del Congreso solicita a los diputados que tuvieron contacto con Gustavo Alejos que se abstengan de participar en la elección final. Cumpliendo con el fondo y la forma de lo dispuesto por la CC, se procede a elegir magistrados de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia, poniendo fin así a este conflictivo proceso institucional.

Escenario # 2: El Congreso incumple con los criterios establecidos por la CC, ya sea de no excluir a los candidatos señalados, no votar a viva voz sobre la honorabilidad e idoneidad de los mismos, o sencillamente, no califica con rigurosidad los requisitos profesionales y éticos de cada candidato. En el acto, procede con la elección de magistrados de apelaciones y CSJ. Sin embargo, dado el incumplimiento de los requisitos de fondo y forma de la sentencia de la CC, se abre la puerta para que el mismo Ministerio Público (como accionante en el amparo) solicita una debida ejecutoria ante la CC, lo que podría generar -nuevamente- una suspensión de la elección y mayor retraso en el proceso institucional, sin olvidar las repercusiones legales y penales por el imposible incumplimiento de la sentencia.

Escenario # 3: Los actores interesados en ejercer control político y cooptar las altas cortes del país entienden que el mayor freno a sus designios es la actuación de la Corte de Constitucionalidad, que en este caso nuevamente ha jugado el rol de “árbitro político de última instancia.” A sabiendas que el período de la actual magistratura culmina en abril 2021, y alegando la complejidad de realizar una evaluación pormenorizada de la idoneidad y honorabilidad de cada uno de los 270 aspirantes a magistraturas de apelaciones y los 26 para Corte Suprema de Justicia, inician un proceso de “retraso malicioso” de la elección. Dado que el retraso en la elección de cortes no ha generado el “escenario apocalíptico” predicho por algunos, y dado que las actuales altas cortes responden a los designios de algunos de estos actores, el cálculo es apostar por la continuidad hasta que concluya el período de la Corte de Constitucionalidad. Una vez el alto tribunal constitucional cambie su integración y -en la apuesta de estos actores- sea más amigable a sus causas, podrán elegir altas cortes ad hoc a sus intereses.

Lo más grave es que nos está pasando lo mismo que otros países subdesarrollados, en donde estamos pagando un alto costo económico y la pandemia continúa su curso inexorable. ¿Estamos en un callejón sin salida?

La pandemia está fuera de control en Guatemala. Atrás quedaron las primeras 8 semanas de contagios, en donde parecía que íbamos a ser de los países menos afectados del continente. Hoy estamos en una situación crítica en la que la curva de contagios está creciendo a un ritmo que parece imparable y nuestro frágil sistema de salud está colapsando rápidamente ¿Qué opciones tenemos antes esta realidad? ¿Debemos cerrar por completo el país?

Las políticas de cierre fueron exitosas en los países desarrollados. Luego de dos meses de confinamiento lograron controlar la pandemia y comenzaron a abrir sus economías con todas las medidas de seguridad. El daño a sus economías fue muy fuerte, pero por el momento ganaron la batalla. Y digo por el momento, porque existe una alta probabilidad que enfrenten una segunda y hasta una tercera ola.

La situación en los países subdesarrollados es muy diferente. La India cerró su economía por dos meses en lo que ha sido catalogado como el mayor confinamiento de la historia, dado que ese país cuenta con más de mil trescientos millones de habitantes. Sin embargo, luego de ese período, este país tuvo que abrir nuevamente su economía, dado que más de 120 millones de personas habían perdido sus empleos para entonces y lo que es peor, el esfuerzo parece haber sido inútil, ya que la curva de contagio sigue creciendo de forma imparable.

Perú es el otro caso en el cual se cerró la economía y los contagios no menguaron. El centro de la pandemia se trasladó a los países subdesarrollados y a diferencia de los países avanzados, estamos perdiendo la batalla estrepitosamente. La razón es muy simple. Tenemos Estados ineficientes y no se cuentan con los recursos necesarios para garantizarle a las personas una red de apoyo si pierden sus empleos o sus pequeños negocios. Se debe salir a trabajar si se quiere evitar morir de hambre.

En el caso de Guatemala, el gobierno tomó medidas inmediatas ante los primeros casos registrados, lo cual fue aplaudido en su momento. Sin embargo, luego de tres meses de medidas erráticas, la situación esta fuera de control y la economía esta en picada. La recaudación fiscal cayó 24% en el mes de mayo y el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) cayó 5.2% en marzo y 10.2% en abril. Estamos en la mayor crisis económica desde los años ochenta y si se cumplen los peores escenarios, la situación podría ser incluso peor que la que se vivió en aquel entonces.

Lo más grave es que nos está pasando lo mismo que otros países subdesarrollados, en donde estamos pagando un alto costo económico y la pandemia continúa su curso inexorable. ¿Estamos en un callejón sin salida?

A estas alturas, los pocos ahorros con los que contaban muchas familias se están esfumando y muchas empresas están luchando por sobrevivir. Varias empresas ya cerraron para siempre. La expectativa era que esta situación iba a durar dos o tres meses, pero ahora tenemos claro que la pandemia estará rondando el mundo por lo menos dos años más. ¿Podríamos permanecer encerrados todo ese tiempo?

La única opción que tenemos en estos momentos es aprender a vivir con la pandemia. Y eso implica tratar de retomar las actividades, tomando todas las medidas de seguridad del caso. El gobierno tiene que duplicar el esfuerzo por fortalecer el sistema de salud y mantener bien pagados a todo el personal de salud, brindándoles todo el equipo de protección, porque aún falta lo más grave. También se tienen que incrementar sustancialmente el número de pruebas y el monitoreo de los casos activos.

Pero no podemos darnos el lujo de cerrar completamente el país, como ha quedado evidenciado en decenas de países subdesarrollados que lo han intentado y han fracasado. Debemos ser creativos, enfrentar nuestra realidad y tratar de evitar que miles de familias sigan sufriendo la tragedia del desempleo y la perdida de sus medios de subsistencia. Se debe cuidar la salud y la economía de las familias guatemaltecas.

Unión económica de Centroamérica

Los centroamericanos somos gente valiente, hemos aprendido a resistir y vamos a triunfar. Panameños, ticos, nicas, catrachos, guanacos y chapines; palabras que en otras latitudes quieren decir otras cosas, en nuestra región significan hermandad, pura vida, voluntad y alegría. Somos gente con fuerza.

Si la historia se debe entender como el relato del progreso de la humanidad, Centroamérica, esta pequeña región en la mitad del continente americano, da cuentas de un pasado fuerte y turbulento, pero tiene gran futuro. No somos parte del Sur y mucho menos del Norte. Nuestros índices y problemas sociopolíticos nos definen como una de las regiones más atrasadas, pobres y violentas del planeta.

Los centroamericanos somos gente valiente, hemos aprendido a resistir y vamos a triunfar. Panameños, ticos, nicas, catrachos, guanacos y chapines; palabras que en otras latitudes quieren decir otras cosas, en nuestra región significan hermandad, pura vida, voluntad y alegría. Somos gente con fuerza.

Los centroamericanos sabemos de nuestra historia, sus dramas y sus números. Sabemos de la insolvencia moral y financiera de nuestros Estados, y a veces, de la indiferencia de nuestras élites. Sabemos de la corrupción que nos avergüenza, de la pobreza que nos lastima, de la violencia que nos mata. Y sabemos también de la tristeza que nos embarga cuando senos niega el futuro.

En los últimos meses, discutiendo con economistas y expertos en temas de desarrollo, confirmamos lo que siempre hemos sabido. Cada país de Centroamérica, por su tamaño y circunstancias, enfrenta serias dificultades para alcanzar el desarrollo.

Por eso, la región necesita un Modelo de Desarrollo fundado en su integración económica. Ese Modelo tiene tres ejes: el primero es la plataforma institucional que garantiza el Estado de Derecho en cada país. El segundo eje lo forman condiciones de libertad, respeto a la pro­ piedad y confianza en la inversión para que la economía de la región tenga un crecimiento robusto y sea capaz de crear oportunidades para todos. Y como cada país en lo individual no tiene la masa crítica o la escala para crecer a la velocidad que necesitamos, el tercer eje, indispensable, es la integración económica de Centroamérica.

Los presidentes pueden abrir  las fronteras y declarar las cuatro libertades como en Europa, para que personas, mercancías, servicios y capitales se muevan libremente en el Istmo; y tendrían que armonizar, homologar y actualizar legislación fiscal, migratoria, financiera, sanitaria y ambiental para que Centroamérica inicie, de una vez por todas, el camino al desarrollo.

Somos 50 millones de seres humanos que compartimos historia y destino, tenemos la misma cultura y hablamos el mismo idioma. Queremos ser ciudadanos de una patria grande; y por qué no, de la nación Centroamericana.

La fuerza que ha hecho avanzar al mundo está en la iniciativa individual y la acción política que dignifica a la persona y enaltece la libertad, !a justicia y la democracia.

Las mayores transformaciones sociales y económicas en la historia de la humanidad no nacieron de las marchas, las huelgas y las arengas, sino del ingenio, la industria, el comercio; y hoy más que nunca, de la tecnología.

El ábaco, la máquina de vapor, la ciencia, la computadora, el Internet y la Inteligencia Artificial han hecho avanzar a la humanidad más que cualquier manifestación, protesta, cabildo o comité.

Los centroamericanos sabemos que la confianza y la justicia dependen tanto una de la otra como la economía de la migración. Si no hay justicia la confianza se pierde y si la economía no funciona la gente se va.

No ha sido fácil; por eso, nuestra historia y nuestros dramas nos enseñaron a luchar juntos, a llorar juntos ya soñar juntos. Somos gente solidaria y estamos siempre dispuestos a dar hasta la vida por defender y sacar adelante a nuestra familia, a nuestro país y a nuestra región.

Los centroamericanos necesitamos volver a creer  en la política, en nuestros gobiernos y en el Estado. Necesitamos saber que hay un futuro por el que merece la pena luchar. Un futuro en el que hay espacio, promesa y porvenir para todos.

La respuesta es la unión económica de Centroamérica.

Un tema ausente en la discusión política nacional

Durante los años noventa, los Estados de América Latina vivieron un proceso de rediseño, bajo el paraguas del “Consenso de Washington”. Las propuestas apuntaban hacia la construcción de Estados más pequeños, que se limitaran a ejercer un control regulatorio y financiero. Mientras que las funciones de administración y prestación de servicios debían delegárseles a entes distintos de sí mismos, ya sea a entidades descentralizadas, autónomas o privadas.

En Guatemala, esta receta la encontramos en la Ley del Organismo Ejecutivo, que establece que el Estado debe apostar por dos principios: 1) Subsidiariedad, según la cual “el Estado no se arroja funciones que pueden ser ejecutadas por los ciudadanos individual o libremente asociados”; y 2) Descentralización, según la cual el Gobierno “delega la ejecución y control administrativo de ciertas funciones a entes distintos de sí mismo o a sus entidades autónomas y descentralizadas, reteniendo las funciones reguladora, normativa y de financiamiento.”

La materialización del principio de subsidiariedad resulta evidente en varias instituciones. En Salud se apostó por la subcontratación de ONGs para la prestación de servicios de salud, a través del Programa de Extensión de Cobertura (PEC). En Educación, se organizaron las juntas de padres para la autogestión y la ejecución descentralizada de los recursos educativos, a través del Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE). En agricultura, se suprimió el programa de extencionismo rural y las instituciones asociadas. En comunicaciones, Caminos (unidad que operaba cual empresa de construcción pública) fue sustituida por el fideicomiso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.

La política de descentralización cobró forma en el 2002 con la aprobación de la Ley de Descentralización. La idea era que el Gobierno iniciara un proceso de traslado de funciones (tales como educación, salud, seguridad, economía, etc.) hacia los gobiernos municipales.

Sin embargo, con los años el modelo entró en impasse. La política de subsidiariedad fue víctima del patrimonialismo de Estado, particularmente en Covial o en el PEC. O fue sujeta de presiones por grupos de interés, como el caso de la oposición sindical al PRONADE. Mientras que la política de descentralización ha quedado abortada por las limitaciones financieras de la mayoría de gobiernos municipales.

Durante la última década, varios de los casos expuestos han sido desbaratados: PRONADE en el 2008, el PEC en el 2013, y Covial que está programado a fenecer en un corto plazo. En agricultura, se ha buscado retomar el diseño institucional pre-Acuerdos de Paz. El problema es que mientras se revisa el modelo subsidiario de Estado, hace falta un debate sobre el modelo de Estado a construir. No sólo eso, sino que la readecuación de funciones estatales se realiza sobre el diseño de un Estado pensado bajo los esquemas de los noventas, lo que genera un desfase entre ordenamiento jurídico y funcionamiento institucional.

En este sentido, un tema pendiente ha sido plantear la discusión sobre el diseño estatal que se busca construir. ¿Reformamos el diseño de los noventa? ¿Desbaratamos el modelo del Consenso de Washington? ¿Construimos uno nuevo? ¿Qué modelo implementamos? Esa discusión está ausente en el debate político en Guatemala