Razón de Estado realiza un programa especial a propósito de los eventos ocurridos en la manifestación del día sábado 21 de noviembre. Para ello, abordamos diferentes perspectivas y posturas tanto con los actores políticos, como con analistas de la sociedad civil.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a la aprobación de un presupuesto irresponsable por parte de la clase política nacional que provocó los acontecimientos de las últimas horas: “El presupuesto de la mafia, aprobado con poca vergüenza, desprecio, cinismo e irresponsabilidad, y la reacción de un pueblo harto de los políticos, provocaron los acontecimientos de las últimas horas; en los que vimos, desde un grupo de delincuentes violentos destruyendo un edificio que es patrimonio nacional y uso excesivo de fuerza policial, hasta la incompetencia de las autoridades para prevenir la crisis o manejarla con efectividad”.   

Además, denunció el uso excesivo de la fuerza contra la ciudadanía por parte de los organismos de seguridad: “Los abusos de la fuerza policial no se dieron precisamente contra los delincuentes violentos, sino, en varios casos, contra ciudadanos que protestaban pacíficamente, y que, incluso levantaban sus manos en señal de rendición”.

También, hizo un llamado a reconstruir la institucionalidad del país y promover las reformas del Estado: “Por eso la importancia de restituir, fortalecer y hacer respetables las instituciones de la democracia; empezando por el Congreso de la República. Por eso la importancia de hacer realidad las 4 reformas que el Estado necesita”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó al ex candidato presidencial, Edmond Mulet; a los diputados en el Congreso de los partidos Semilla y CREO, Bernardo Arévalo y Rodolfo Neutze; y a los analistas políticos, Marielos Chang y Christians Castillo, sobre el descontento ciudadano y sus repercusiones para la gobernabilidad del país.

Sobre los errores de liderazgo en el Ejecutivo al no vetar y revisar el presupuesto, Mulet señaló: “Fue un error estratégico y táctico del presidente Giammattei que lo va a pagar muy caro porque se trataba de una petición general de la población y ahora estamos en una crisis muy seria. La verdad él es cómplice de este Congreso, que es la única base política que tiene y al vetar el presupuesto los deja sin los recursos que intentaban apropiarse, entonces, para él deslindarse era muy peligroso”.

A propósito de su posición individual en contra de la aprobación del presupuesto 2021, el diputado Rodolfo Neutze refirió: “En el caso de mi bancada, a veces toca escoger entre un mal menor y a algunos diputados les beneficiaba votar a favor para ayudar a sus distritos. Mi posición fue clara por el modo de cómo se estaba aprobando, eso de hacerlo en una sola lectura y de madrugada. Realmente era un presupuesto que no estaba tan mal porque peor era seguir con el que tenemos actualmente”.

Sobre la posición de toda su bancada en contra del Presupuesto, el diputado de Semilla, Bernardo Arévalo afirmó: “En nuestro caso hubo temas de forma por los cambios de último minuto que eran imposibles de conocer. Nosotros pedimos 24 horas para conocer el proyecto y no se dieron; y, en segundo lugar, también creemos que hay serios problemas de fondo, sobre todo en bolsones donde se esconden herramientas clientelares del Estado y donde no hay áreas de protección para el guatemalteco en medio de esta crisis”.

A propósito de las denuncias del uso excesivo de la fuerza para reprimir la manifestación, Marielos Chang comentó: “Este escenario ya era posible y se discutió en varios espacios, sobre el uso de la fuerza por parte del presidente Alejandro Giammattei, tanto por su carácter  como por sus aliados. Tenemos un Vicepresidente que dice que no se puede lograr una conversación con él, ni siquiera una negociación, entonces qué podemos esperar los ciudadanos. No veo una salida inmediata sino tardía, pero sí necesitamos un liderazgo por parte de la sociedad civil para encontrar una salida”.

Sobre las repercusiones que tienen los hechos del día de ayer para la estabilidad del país, Christians Castillo explicó: “Es un cuadro lamentable, que nos recuerda 30 años atrás cuando todavía estábamos en un conflicto armado interno y cuando las fuerzas de seguridad se iban en contra de los derechos ciudadanos. En los últimos años hemos tenido protestas mucho más masivas y ni siquiera en ese momento se hizo presente la violencia que vimos ayer. La salida debe ser dentro del marco constitucional y de forma dialogada. La sociedad guatemalteca siempre ha perdido cuando enfrenta las fuerzas de seguridad del Estado”.

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En el programa de hoy abordamos las reformas del Estado desde el ángulo electoral y de partidos políticos; además de insistir en la reforma al sistema de justicia y su urgencia en el marco de la reactivación económica del país.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez hizo un llamado a buscar consensos y resolver las diferencias para buscar soluciones al país: “La naturaleza de las sociedades libres está en la diferencia de opiniones y visiones sobre la solución a los problemas y las formas de aprovechar mejor las oportunidades, sobre los mecanismos para resolver los conflictos. El fundamento de las sociedades libres está en ser, vivir y participar de un estado que garantiza los valores, los derechos y el cumplimiento de obligaciones que son inherentes a una sociedad libre. Esto sólo es posible si el Estado es democrático, republicano y de derecho”.

Además, hizo un llamado a los tomadores de decisión y a las élites para que encaminen las reformas que el Estado necesita: “Los responsables de los poderes del Estado deben encauzar los deseos de cambio de la nación y responder a las expectativas de superación del ciudadano. Pero si lejos de eso profundizan la corrupción política, se burlan del ciudadano y engañan a una sociedad que clama por soluciones y oportunidades, seguiremos perdidos en el laberinto del subdesarrollo y la miseria humana, seguiremos perdidos en la ambigüedad y la irrelevancia”.

También, señaló que la reactivación económica sólo se puede lograr si se fortalecen las instituciones: “Si vamos a hablar de crecimiento económico de verdad, éste sólo es posible en un ambiente de estabilidad política, certeza jurídica y políticas públicas que lo permiten y lo promueven. Esto sólo es posible si existen instituciones que facilitan, garantizan y protegen la democracia, el Estado de derecho y la libertad”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Roberto Ardón, director ejecutivo de Cacif y Richard Aitkenhead, presidente de IDC, sobre las reformas que el Estado de Guatemala necesita como condición indispensable para la reactivación económica.

Sobre la urgencia de un plan de reformas institucionales profundas en simultáneo con la reactivación económica, Aitkenhead refirió: “Es como querer reparar el carro al mismo tiempo que el carro está andando a 60 o 70 km por hora. La respuesta del guatemalteco fue clara durante la pandemia, ya que no tenía otra opción más que salir a trabajar y eso nos permitió que el daño económico no fuese tan grave en relación con la región. Se necesita avanzar con los servicios públicos, Guatemala no puede seguir teniendo la ruralidad que tiene y pretender proveerles servicios a todos; se necesita urbanizar, desarrollar ciudades intermedias y que los servicios no los provea solamente el Estado. Hay que ir por la reforma del Estado porque el deterioro pone cada vez más en peligro la parte económica, que por suerte ha sobrevivido a la política pero quien sabe por cuánto tiempo más”.

Sobre la necesidad de generar consensos y los acuerdos que ya existen en torno a las reformas, Ardón comentó: “Cuando hay sociedades que operan bajo inercia, ya dejan de tomar decisiones y son sociedades que envejecen con instituciones que se debilitan. Estos son temas en los que tenemos que tomar decisiones como sociedad y están vinculados a cuatro preguntas: ¿Cómo participo? ¿Cómo gobierno? ¿Cómo rindo cuentas y cómo me juzgan? Estos son los aspectos claves que tienen que ver con la vida pública y en los que hemos dejado de tomar decisiones. Voy a tomar la analogía de Richard del carro que va a distintas velocidades y lo voy a pintar de taxi para explicar que nadie se sube en un taxi en su sano juicio si no sabe hacia dónde va. Tenemos que tener un consenso claro sobre cuáles son las reformas y hacia dónde debemos dirigirnos. Algunos quieren reforma pero no saben a dónde ir y otros, simplemente, no quieren reformar”.

Por último, en el segmento final de debate, Edgar Ortiz moderó el panel entre Phillip Chicola, director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo y Jesús María Alvarado, abogado y profesor universitario, donde abordaron la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la actuación del TSE, la necesidad de institucionalizar a los partidos políticos y fomentar la participación.

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En el programa de hoy abordamos las reformas que el Estado necesita en materia electoral, sistema de justicia, servicio civil y contrataciones del Estado. Además de la importancia de la lucha contra la corrupción en instituciones clave como el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría General de Cuentas.

En el marco del Encuentro Interamericano “Transparencia, innovación y competitividad”, organizado por el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, Dionisio Gutiérrez moderó el panel titulado “Transparencia, fiscalización y lucha contra la corrupción” donde ofreció un mensaje de introducción a los asistentes al evento.

Señaló los retos que tenemos como sociedad para reconstruir y fortalecer a los partidos políticos: “Imaginen partidos políticos que son instituciones democráticas de largo plazo y que tienen como misión llevar al poder a los mejores ciudadanos de la sociedad para construir una nación libre, solidaria, democrática y exitosa. Partidos políticos que lleven ciudadanos al poder de forma transparente y por méritos con el mandato de representar al ciudadano que votó por ellos”.

Prosiguió refiriéndose a las transformaciones que requiere el sistema de justicia para que en el país impere la ley y el Estado de Derecho: “¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo sería Guatemala si la justicia fuera pronta, cumplida e igual para todos? Justicia de verdad, donde el que la hace la paga. Justicia que garantiza y da certeza a la libertad, la vida, la propiedad y la convivencia en sociedad”.

También hizo un llamado a los actores que encabezan las instituciones públicas y a los sectores del país para que juntos emprendan una agenda de reformas que ayuden a mitigar el saldo negativo acumulado por décadas y la crisis coyuntural de la pandemia: “Si Guatemala tiene la oportunidad de salir adelante y dejar atrás los números sociales de oprobio y vergüenza que tenemos. Si Guatemala puede resolver y superar la corrupción y la impunidad que la mantienen encadenada y condenada. Si Guatemala puede diseñar un modelo de desarrollo que tiene como fundamento la revalorización de la política, la decencia y la transparencia en la administración del Estado. Si Guatemala es capaz de alinear estas estrellas, podemos aspirar a un futuro de promesa y bienestar”.

Posteriormente, en el panel integrado por la Fiscal General,  Consuelo Porras; el Superintendente de la SAT, Marco Díaz Reyes y el Sub-contralor de la Contraloría General de Cuentas, José Ramírez Crespín, se abordó el fortalecimiento de la FECI, la necesidad de promover reformas al Estado y la presencia de estas instituciones en el combate a la corrupción.

Sobre los efectos de la corrupción en la democracia y en el Estado de Derecho, la fiscal Porras argumentó: “Estoy totalmente de acuerdo con las reformas. Todo lo que sea necesario reformar, hay que hacerlo. Realmente la Constitución nos da tanto marco valoratorio para que podamos desarrollar (y en muchas leyes ya está desarrollado);lo que falta es la debida aplicación por parte de los operadores del sistema. Entonces yo también soy de la opinión que lo que hay que cambiar verdaderamente es a las personas, aunque tengamos muy buenas normativas y regulaciones y hagamos nuestro mejor esfuerzo, realmente lo que hay que cambiar es la cultura de respeto de la sociedad frente a sus leyes”.

Sobre las estructuras criminales que se hallan en las aduanas, en las fronteras porosas y la consiguiente evasión fiscal, como un tema de seguridad nacional, el superintendente Díaz Reyes refirió: “Ha habido una depuración interna muy grande ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos avanzado muchísimo. Ya tenemos acceso a todas las cámaras en los puertos y rampas que no existían; el puerto graba la información en nuestro web service, ordenamos el movimiento de contenedores en nuestros principales puertos y pusimos un control de contenedores con cámaras desde que bajan del buque, se les toma una foto y se hace un inventario.  Además, los puertos tienen que entregarnos inventariados los contenedores que entran y salen y ya hemos logrado auditorías con cero diferencias. También tenemos los puestos de control con apoyo del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Defensa que revisan la mercancía después de la salida de los puertos”.

Sobre por qué se percibe que la Contraloría siempre llega tarde a fiscalizar los casos de corrupción o llega cuando el robo de fondos públicos ya se produjo, el Sub-Contralor afirmó: “Creo que se percibe eso porque nuestra auditoría es una auditoría ex post, en ese sentido, siempre va a ser posterior a la realización de las acciones. Por eso nosotros estamos cambiando el enfoque de la auditoría, es decir, ahora lo estamos viendo desde la función del riesgo. Una fiscalización basada en riesgo para que nosotros seamos más efectivos. Pero ahora en 2020 hemos programado las auditorías de desempeño, donde se evalúa la gestión que están realizando las entidades y lo que hacen con los fondos destinados a algunos programas. Esta auditoría de desempeño sí nos está sirviendo para que al finalizarla le vamos a enviar a la entidad fiscalizada el informe con las recomendaciones, no exactamente sanciones económicas ni hallazgos de denuncias, pero sí vamos a evaluar la gestión de las entidades fiscalizadas”.

Finalmente, en el segmento de debate, Paul Boteo moderó el panel integrado por Christians Castillo, analista político, Daphne Posadas y Luis Miguel Reyes, de Fundación Libertad y Desarrollo, sobre las reformas en materia electoral, elección de cortes, servicio civil y contrataciones del Estado, y la necesidad de construir un consenso de élites para llevarlas a cabo.

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En el programa de hoy analizamos la reactivación económica desde la perspectiva de las instituciones y del funcionamiento del Estado de Guatemala. Abordamos las reformas que necesita el país en materia judicial, electoral y de servicio civil, como condición indispensable para que funcione cualquier plan de reactivación económica.

Dionisio Gutiérrez comenzó su editorial refiriéndose a las disfuncionalidades en las instituciones de Guatemala y el declive de la política, que impiden alcanzar consensos mínimos: “El fracaso de las naciones, las dictaduras, los Estados fallidos, la polarización de la sociedad, la pobreza, la corrupción, la violencia y la impunidad son consecuencias de la erosión, el debilitamiento y el fracaso de las instituciones”.

Además hizo un análisis sobre los problemas que tiene el país para hacer crecer su economía y las insatisfacciones que eso causa en las clases medias: “El modelo de desarrollo está fallando, y con la pandemia, se aceleraron las consecuencias de algo que ya venía torcido. Falta audacia y liderazgo en las élites para diseñar, proponer y ejecutar un modelo de desarrollo exitoso”.

Adicionalmente, señaló que si las élites nacionales no se abocan a promover las grandes reformas que el Estado necesita para funcionar, cualquier intento de reactivación económica será en vano: “Hablamos de reactivar una economía que, realmente, nunca ha despegado; una economía que ha servido a pocos, y que, precisamente, no da más, por las 3 heridas que no queremos curar. Vivimos en el engaño y la contradicción. La consistencia no es una de nuestras virtudes”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó, en la primera parte, a Juan Carlos Paiz, presidente de FUNDESA, y a Juan Carlos Tefel, ex presidente de CACIF, sobre la reactivación económica y la necesidad de impulsar las reformas del Estado. Y en la segunda parte, entrevistó a Paul Boteo y Phillip Chicola, de Fundación Libertad y Desarrollo, sobre la disfuncionalidad de nuestras instituciones y las amenazas que corre el país si las élites no realizan acciones audaces.

Sobre los pasos que se están dando desde el sector privado junto con el gobierno para impulsar una agenda de reactivación económica, el ingeniero Paiz comentó: “La semana pasada tuvimos un momento especial cuando junto con el gobierno, la municipalidad y el sector privado se presentó un plan de reactivación económica. Tenemos una nueva agenda de competitividad basada en infraestructura y negocios. Esta es solo una parte del plan, que es la parte económica y de competitividad para aumentar 800 mil empleos para los guatemaltecos. Obviamente, también tenemos pendiente el tema institucional y de reforma de justicia, pero esto es un comienzo”.

Sobre el rol que ha tenido el sector privado en el país ante la ausencia de partidos políticos institucionales, el licenciado Tefel explicó: “Tanto la reactivación económica como las reformas se tienen que hacer en paralelo. El sector privado ha tenido por 30 ó 40 años que llenar ese vacío que han dejado los partidos que no han sabido cumplir su función. Tiene que haber un acuerdo de élites en el país para el siguiente paso que hay que dar que son las reformas”.

En este punto coincidió también Paul Boteo: “Son necesarias las dos agendas, por una parte tenemos una crisis que arrastramos desde hace 30 años y tenemos la crisis de este año. No hemos podido ejecutar esas propuestas que se han hecho porque tenemos un Estado famélico y porque solo pensamos en el corto plazo. Sin instituciones fuertes que operativicen los planes y estrategias económicas, no vamos a ningún lado. Vamos a tener un presupuesto desfinanciado este año, con déficit. Esos recursos se van a malgastar y podríamos  llegar a un nivel de endeudamiento peligroso que nos lleve en el mediano plazo a un escenario como el que está viviendo Costa Rica”.

También, sobre la necesidad de priorizar las reformas del Estado antes de pensar en estrategias ambiciosas de crecimiento, Phillip Chicola argumentó: “Es la lógica de echarle más agua a la cubeta agujerada. Si no se hacen reformas profundas, podemos ampliar presupuesto y darle más recursos a las instituciones, pero eso se va a ir a corrupción. Si vemos la historia de Ecuador con Correa, Bolivia con Evo o la Venezuela antes de Chávez, esos países tenían poco crecimiento económico e instituciones débiles. Aquí ya se dio el primer campanazo con el MLP y su voto en las clases medias en 2019. Si no se atienden esos problemas eso va a crear un caldo de cultivo para que las opciones populistas den el campanazo definitivo en las elecciones de 2023”.

Finalmente, en el segmento de debate, Edgar Ortiz moderó la discusión entre Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de FUNDESA, y Xavier Soria, analista político y empresario, sobre la necesidad de fortalecer las instituciones, las reformas pendientes y la importancia de un liderazgo político que abandere ese proceso.

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En el programa de hoy analizamos la seguridad ciudadana, los retrocesos que ha habido en esta materia durante gobiernos anteriores, los indicadores de violencia y percepción de inseguridad; y los retos que tiene esta nueva administración de resolver los problemas de narcotráfico y crimen transnacional. 

En su editorial, Dionisio Gutiérrez se refirió a los graves problemas de institucionalidad que azotan al país y que le impiden concretar los principios democráticos de nuestra Constitución: “Los expertos aseguran que las causas por las que unos pueblos alcanzan desarrollo y prosperidad y otros se quedan atrapados en la miseria, la incompetencia y la corrupción se explican en su nivel de institucionalidad democrática. Dicho en palabras más directas, el éxito de las naciones depende de la integridad, la fuerza y la independencia de sus instituciones”.

Además, señaló la necesidad de construir un Estado de Derecho y fortalecer un Sistema de Justicia independiente para alcanzar el desarrollo y el crecimiento económico: “Sabemos que el desarrollo necesita un marco de leyes y garantías que lo permiten y lo promueven. Necesita Instituciones que ofrecen la certeza jurídica y las seguridades que requiere un pueblo para prosperar; entre las que están el respeto a la propiedad, el libre intercambio de bienes y servicios, la efectividad en los servicios públicos y la igualdad de oportunidades”.

También, hizo un llamado a las élites para que reconozcan los graves problemas institucionales y lideren las reformas que la ciudadanía demanda: “Este es el soberano acto de hipocresía de las élites de nuestro país. La traición de los que están bien; que son los menos. Unos por razones ideológicas, otros por corruptos y otros por ultraconservadores. Que nada cambie. Ellos están bien. Obviamente, la élite política es la más rancia y apestada”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a los ex ministros de Gobernación, Francisco Rivas y Francisco Jiménez, sobre los retos en materia de seguridad que enfrenta Guatemala, los avances y retrocesos de gobiernos anteriores y la cooperación con organismos internacionales para el combate del crimen transnacional.

Sobre el retroceso que ha sufrido el país en materia de seguridad y el impacto en la Policía Nacional Civil, el ex ministro Rivas comentó: “El esfuerzo que la PNC tiene por delante es inmenso por el desmantelamiento que sufrió en los últimos dos años del gobierno anterior. Ha habido un esfuerzo por restablecer la institucionalidad que se perdió esos dos últimos años y aún falta mucho, porque el retroceso ha sido importante. También, en relación a la situación de la falta de capacidad de reclutamiento de la PNC, en los últimos años no hubo academia de la PNC; por eso el crecimiento mermó y se detuvo. Hoy la moral de la institución policial está caída y entiendo que hay una nueva dinámica para restablecer esa moral y ese orgullo;  queda de parte del gobierno dignificar el papel de la PNC”.

Sobre los intentos por reformar la policía el ex funcionario Jiménez afirmó: “El problema fundamental con la reforma fue que no hubo las condiciones de apropiación del mando estratégico con la policía. Se generaron algunas propuestas que están pendientes y se deben retomar los elementos positivos. También hay que replantearnos las condiciones salariales y de servicio para sostener a la policía, sobre todo el tema de salud y de vivienda. Por ejemplo, pensemos en el problema que tiene un oficial de policía para comprar una casa por tener una profesión de alto riesgo”.

Finalmente, en el último segmento de debate, Paul Boteo moderó el panel entre Phillip Chicola, director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo, y Daniel Núñez, investigador de Diálogos GT, sobre los indicadores de violencia durante los meses de pandemia y la percepción de inseguridad en la ciudadanía.

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En el programa de hoy analizamos la actuación del Congreso tras un año sin elección de Cortes, las irregularidades e intentos de cooptación del proceso y las implicaciones para el Estado de Derecho que tendría una eventual crisis política producto de este vacío institucional.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez criticó la inacción del Congreso para nombrar las altas cortes de justicia y los intereses oscuros que confluyen en ese poder público: “Razón de Estado dedica este programa a las Cortes de Justicia; o, mejor dicho, a la ausencia de Cortes de Justicia; y queremos dirigir un mensaje al grupo de diputados que tienen secuestrada nuestra Democracia Republicana; esa democracia que todavía no somos, la misma a la que aspira ser Guatemala”.

Posteriormente, se refirió al grave daño al Estado de Derecho que provocan los diputados del Congreso, al retrasar la elección de Cortes: “El daño profundo y de graves consecuencias que provocan ustedes, señores diputados, a la democracia, a la separación de poderes y a la Justicia, solo es comparable a la devastación causada por las dictaduras criminales de los últimos 100 años en América Latina”.

También, señaló que aunado a la grave crisis económica y de salud que afecta al país, y al mundo entero, los diputados del Congreso quieren sumar una crisis institucional al no nombrar Cortes: “Un año de retraso en la elección de Cortes de Justicia, después de los escándalos y las mentiras, después de una orden del máximo tribunal constitucional incumplida, encima de la crisis económica y social que sufre nuestro país, solo confirma el insulto y la vergüenza que son ustedes, diputados, para la democracia y para el pueblo”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Phillip Chicola y Edgar Ortiz sobre la dinámica en el Congreso, los intereses e incentivos de las diferentes bancadas y el retraso en la elección de Cortes. 

Dionisio Gutiérrez comenzó la entrevista precisando que originalmente se había invitado al Presidente del Congreso, Allan Rodríguez, pero que declinó la entrevista: “Para esta entrevista invitamos al señor Allan Rodríguez, presidente del Congreso. Después de múltiples conversaciones con miembros del equipo de nuestra Fundación, decidió no venir. Lamentamos que el presidente del Congreso se haya negado a tener una discusión seria sobre los graves problemas de nuestro país. Si hubiera aceptado, aquí se le iba a tratar con firmeza, pero con respeto. Nos queda claro que se siente más cómodo si está rodeado de su tribu”.

Sobre la cuestionable actuación del Congreso, la dinámica de la bancadas y la correlación de intereses dentro del pleno, Phillip Chicola detalló: “Lamentablemente están ahí porque hemos votado por ellos. La alianza mayoritaria del Congreso la integran partidos como UCN, partido cuestionado en EEUU por sus vínculos de su Secretario General con el narcotráfico. También la integran diputados como Felipe Alejos. Igualmente la integran los diputados que operan para personajes como Sandra Torres e incluso políticos reciclados del “FRGismo”. Y tenemos también otros diputados de bancadas minoritarias que prefirieron unirse a las mafias para mover sus intereses”.

Sobre el retraso en la elección de cortes, Edgar Ortiz comentó: “¿Por qué se interrumpe la elección de cortes? Por una investigación que demostró que Gustavo Alejos estaba interfiriendo en la elección de cortes. Y esto pasa porque todos quieren impunidad. Los hechos hablan por sí solos. Si tan siquiera estuviésemos en proceso de elegir cortes, yo entendería esos argumentos. Pero la realidad es que no han tenido ni una sola sesión. La sentencia de esta corte no es muy diferente a la de 2009 y en ese momento, a través de una opinión consultiva y de un diálogo inter-institucional entre el Congreso y la Corte de Constitucionalidad, se logró elegir cortes; pero ahora no ha pasado eso”.  

Finalmente, en el último segmento, Paul Boteo moderó el debate entre Pedro Trujillo, profesor universitario y analista político, y Andy Javalois, analista jurídico de la Fundación Myrna Mack, sobre las denuncias al fiscal Juan Francisco Sandoval que dio trámite el Ministerio Público y que provocaron la condena de un alto funcionario de los Estados Unidos.

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En el programa de hoy abordamos la reapertura del país y evaluamos el impacto que esto tendrá en la reactivación económica, pero también en una posible segunda ola de contagios por COVID-19.

En su editorial, Dionisio Gutiérrez hizo un balance de la situación de Guatemala tras siete meses de pandemia y de medidas de confinamiento, en comparación con otros países de la región: “El 13 de marzo, hace siete meses, inició la emergencia sanitaria en Guatemala, donde hasta hoy, hemos perdido 3,310 vidas. Nuestra economía está sufriendo daños sin precedentes y como nación hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Para la realidad socioeconómica de nuestro país, los números de la crisis son comparables con los de la región o incluso mejores”.

Además, Gutiérrez explicó que la fatalidad del Covid-19 ha descendido a nivel mundial y señaló que se debe a que ya hemos aprendido a convivir con el virus: “Con el paso de los meses, desde la ciencia y la medicina del planeta, sus mejores exponentes, usando su herramienta más efectiva: la prueba y error, afirman que el Covid-19 está dejando de ser una enfermedad letal; que cada día, a pesar de que el contagio aumenta por la necesaria e inevitable reapertura, muere menos gente. Los hechos confirman que la medicina está aprendiendo a tratarlo; y esperan que, en poco tiempo, este virus se comporte como otros con los que hace años vivimos”.

También, hizo un llamado a la clase política y a la élite económica para que se pongan a la altura de las circunstancias y emprendan las reformas del Estado: “Este esfuerzo impostergable tiene como punto de partida que el pueblo valiente y luchador que es Guatemala ponga en orden a los matarifes del congreso que evaden y se hacen los tontos, tirando los proyectos de reformas que el Estado necesita, al cajón de los asuntos irrelevantes”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó al Dr. Luis Pedro Villanueva, médico internista y especialista en enfermedades infecciosas, miembro de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y de la American Medical Association; fellow del Hospital John Hopkins y del Massachusetts School of Medicine y médico titular en los hospitales Esperanza, El Pilar y Herrera Llerandi; donde analizaron los datos más recientes que se tienen sobre la pandemia del COVID-19, el descenso en la mortalidad a nivel mundial y los avances en el tratamiento y en los medicamentos.

Sobre el dilema entre salud y economía que llevó a cierres y confinamientos severos, el doctor indicó: “Mi opinión es que no puede divorciarse el tema de la economía y la salud y más en un país como Guatemala donde la gente come por la tarde lo que produce en la mañana. Lo que se ha visto es que el daño para la economía con encierros muy largos no baja la mortalidad, más bien aumenta la angustia, la ansiedad y los despidos. Ya creo que el momento de los encierros terminó”.

Adicionalmente, se refirió al descenso en la tasa de mortalidad del virus a nivel mundial: “Al hablar de tasa de mortalidad tenemos que tener cuidado porque los muertos no son números sino personas. Yo he tenido alrededor de 15 a 18 pacientes que han fallecido y que son hijos, padres, hermanos y tíos de alguien. Pero sí sabemos que hoy está muriendo menos gente porque estamos más preparados y ya sabemos cómo se previene. Según la OMS, hay 700 millones de personas infectadas, entonces tal vez puede haber algún tipo de inmunidad de rebaño. También tenemos tratamientos más efectivos”.

Posteriormente, comentó su experiencia personal, tras haber padecido COVID-19: “Negarlo sería mentir, sí es una sensación compleja, y más cuando uno se da cuenta que se contagió por una persona que falleció. Entonces hay estrés y angustia. Yo tuve el apoyo del personal de salud, pero sí tuve angustia y miedo de morir. No es lo mismo haberse enfermado hace cinco meses que ahorita, mientras uno más tarde se enferme, mejor. Pero ya lo superé y estoy de regreso atendiendo a pacientes con COVID-19 de moderado a severo”.

Finalmente, en el último segmento, Edgar Ortiz moderó el panel entre Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, y Rodolfo Mendoza, director de Diestra, sobre el levantamiento de medidas estatales,  la reactivación económica  y  los escenarios para Guatemala tras una segunda oleada de contagios.

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En el programa de hoy analizamos la necesidad de las reformas del Estado que deben ser impulsadas desde el Ejecutivo, luego discutidas y aprobadas en el Legislativo, con el acompañamiento de la sociedad civil. 

En su editorial, Dionisio Gutiérrez analizó el declive y deterioro del sistema político guatemalteco: “Democracia, República, Justicia, Tribunal Electoral, Congreso, Presidencia; palabras pronunciadas en mayúscula que, con el tiempo, desde que nació nuestra democracia, se han quedado pequeñas y vacías. Con honrosas pero escasas excepciones, y con el paso de los años, llegamos a permitir y aceptar, con resignación e impotencia, que se colaran a la presidencia de la República, al Congreso, y a otras instituciones de nuestra democracia, los malandrines y los bandoleros de la sociedad. Gentuza sin clase, sin valores y sin escrúpulos que nos tiene al borde de Estado paria y fracasado”.

Además, se refirió a la pérdida de prestigio de instituciones que en momentos de crisis, salvaguardaron la democracia: “En los momentos críticos de los últimos 35 años, fueron las altas Cortes de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral quienes, en los momentos más graves y aciagos, salvaron el día. Salvaron la poca democracia que hemos construido. Importante pero insuficiente pues el deterioro continuó y nos trajo al presente de riesgo e incertidumbre que hoy vivimos. Un hoy sin garantías, un presente sin futuro”.

También, abordó las consecuencias de la disfuncionalidad del Estado y su impacto en el hecho de que no podamos alcanzar el desarrollo: “Los personajes oscuros que dominan el Estado han banalizado la política, contaminado las instituciones y comprometido el desarrollo. Por eso, en Guatemala, no hay condiciones para la inversión, el crecimiento económico o la creación de oportunidades; no hay condiciones para que su gente alcance desarrollo y bienestar. Las causas son el subdesarrollo político al que hemos llegado y las dinámicas perversas que hemos permitido, la indiferencia de las élites, el temor y la asfixia del ciudadano ausente, a quien solo queda tiempo y energía cada día para sobrevivir”.

Posteriormente, en el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a los diputados Bernardo Arévalo,  del partido Semilla, y Estuardo Rodríguez-Azpuru, del partido Humanista, sobre las reformas del Estado que se necesitan emprender desde el Congreso y de la correlación de fuerzas en la dinámica legislativa.

Sobre la necesidad de generar acuerdos mínimos y consensos entre bancadas que hagan viable un proceso de reformas en el Estado, el diputado Arévalo comentó: “Es un reto con el que llegamos nosotros como diputados de partidos nuevos. Dentro del plenario, nosotros venimos de distintas perspectivas y agrupaciones políticas pero muchos estamos orientados hacia una agenda compartida de nación, donde lo que tiene que prevalecer es el interés común frente a este proceso de des-democratización que estamos viviendo. Intentamos converger alrededor de algunos temas y convicciones, esto debe articularse hacia afuera con las organizaciones de la sociedad”.

A propósito de la reforma al Sistema de Justicia en relación a la elección de magistrados de altas cortes, el diputado Rodríguez-Azpuru señaló: “Necesitamos darnos cuenta de que el sistema de comisiones de postulación ha caducado. En este momento lo que nos queda es trabajar con lo que tenemos. Tenemos que hacer una revisión seria como partidos y bloques para empezar a ver cómo cambiar este sistema. Hay que fortalecer la carrera judicial”.

Sobre la articulación de una agenda de reformas en el Parlamento y la sociedad civil organizada, el diputado Arévalo afirmó: “Hay que generar una gran convergencia social y política, tenemos que empezar a atar voluntades dentro de la sociedad que nos lleve a una reforma constitucional y dejemos de tener un Estado cooptado para tener un Estado consolidado. Eso requiere un esfuerzo colectivo”.

Finalmente, en el segmento de debate, Edgar Ortiz moderó el panel entre los diputados Samuel Pérez Álvarez, de la bancada del partido Semilla, y Cristian Álvarez, de la bancada del partido CREO, donde también se abordaron las reformas del Estado, la dinámica dentro del Congreso y el liderazgo del Ejecutivo para llevarlas a cabo.

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En el programa de hoy hicimos un balance de los 199 años de vida independiente en términos institucionales, sociales y económicos. Abordamos las cuatro reformas del Estado que deben impulsarse de forma urgente y la responsabilidad de las élites de liderar el cambio institucional. 

En su editorial, Dionisio Gutiérrez hizo una revisión histórica de los últimos cien años y los retos y desafíos que trajo el nuevo milenio para la humanidad: “El siglo XX, sobre todo en las primeras seis décadas, marcó su historia con una pandemia que se llevó a más de 50 millones de seres humanos, una depresión devastadora, dos guerras mundiales y la imposición de numerosas dictaduras. Sin embargo, en las cuatro décadas finales de aquel lejano siglo, las democracias del mundo avanzaron como nunca, cayó el Muro de Berlín, los países de Occidente tuvieron un crecimiento económico extraordinario, la pobreza bajó y la expectativa de vida subió”.

Posteriormente, explicó que parte de la explicación de la crisis y disfuncionalidad modernas, se encuentra en la política: “Si se gestionan bien estos desafíos, se pueden superar. Pero el problema del siglo en que vivimos es la política y la forma en que quienes la practican están destruyendo las democracias, sus instituciones y los valores que protegen y garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos”.

Además, afirmó que las reformas son indispensables para que Guatemala alcance el desarrollo: “Que no quede duda, vivimos tiempos en los que se hacen indispensables el heroísmo cívico, la militancia política ejemplar y la ciudadanía presente y comprometida. Emprender las cuatro reformas del Estado y la integración económica de Centroamérica es el camino al futuro, el único que nos llevará al bienestar, al desarrollo y a la libertad”.

En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Richard Aitkenhead, presidente de IDC y columnista, y Phillip Chicola, director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo, sobre las razones por las que Guatemala no ha avanzado en su desarrollo en estos 199 años.

Sobre la variables que explican el subdesarrollo político y económico del país, el licenciado Aitkenhead refirió: “Estamos atrapados en la coyuntura y todas las discusiones son cómo sobrevivimos un año más y cómo logramos mejorar marginalmente algo que no funciona. Si tuviéramos una visión de mediano y largo plazo nos daríamos cuenta que este Estado no sobrevive 10 años más. Hay que empezar a hacer las reformas como si estuviéramos re-constituyendo al Estado. Sin una Ley electoral y de Partidos Políticos que reforme el sistema político y sin una Ley de servicio civil, que atienda el problema de la administración pública, no tendremos instituciones serias y fuertes”.

A propósito de los escenarios para Guatemala si no se corrige el camino y no se atacan los problemas de corrupción y captura del Estado, Chicola señaló: “Si Guatemala sigue por el camino de esta democracia fachada, de esta república disfuncional capturada por mafias, se nos presenta un escenario muy complicado. Miremos el caso haitiano que nunca superó el subdesarrollo político, o el caso de Guinea, que es un estado mafia. O incluso el caso de Venezuela, que es una sociedad que implosionó, además con un estado criminal y con un populismo político. Estamos ante una encrucijada del país de tratar de construir institucionalidad y no ser un Venezuela o un Haití”.

Sobre la necesidad de una integración económica centroamericana para alcanzar el desarrollo, Aitkenhead comentó: “No entenderlo es miopía, Centroamérica necesita la integración no para protegerse de los mercados de afuera ni para proteger los intereses de las élites, sino para catapultar el crecimiento económico y poder integrarnos a un mercado como el estadounidense. Eso cambiaría completamente el modelo y la dinámica de nuestros países”.

Finalmente, en el último segmento de debate, Paul Boteo moderó el panel entre Christians Castillo, investigador del IPNUSAC y Jesús María Alvarado, catedrático universitario, sobre el estado de las instituciones en el país, las reformas del Estado y la necesidad de fomentar acuerdos mínimos en las élites del país para generar desarrollo.

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En el programa de hoy analizamos y discutimos el proyecto de presupuesto para 2021 presentado por el Ministerio de Finanzas ante el Congreso de la República. 

Phillip Chicola, director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo, comenzó el editorial de esta semana haciendo un diagnóstico de estos seis meses de pandemia y de fuerte crisis económica: “Seis meses después, la economía nacional vive el momento más crítico de su historia reciente. Economistas de renombre estiman que el PIB caerá entre 3 y 5%. Más de 67,000 trabajadores formales perdieron su empleo. 174,000 más fueron suspendidos. Y eso sin contar a los cientos de miles de personas afectadas que laboran en la informalidad o en el autoempleo. Ante números de esta magnitud, Guatemala necesita políticas públicas audaces, innovadoras y agresivas, que encaminen al país por la ruta de la reactivación económica”.

Posteriormente, hizo un balance del proyecto de presupuesto presentado para el año 2021 y señaló sus debilidades: “El Presupuesto del Estado para el año 2021 es una oportunidad para que el Gobierno replantee sus prioridades luego de esta crisis. Sin embargo, nos topamos con que la propuesta entregada al Congreso no sigue los parámetros deseados de un Presupuesto encaminado a hacer posible la reactivación de la economía”.

Luego, criticó el endeudamiento y la poca capacidad de ejecución del Estado: “En lugar de pensar en endeudar más a nuestra generación, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos, deberíamos de pensar primero cómo mejorar la capacidad del Estado”.

En el siguiente segmento, Paul Boteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo, entrevistó al ministro de Finanzas Álvaro González Ricci sobre el proyecto de presupuesto 2021 presentado al Congreso, además de tocar temas como la reactivación económica, la adquisición de deuda, la eficiente ejecución del gasto y la transparencia en el Estado.

Sobre la racionalidad detrás del proyecto de presupuesto 2021, el titular de Finanzas comentó: “Este presupuesto no viene de un número frío, sino que viene de un análisis. El hecho de hacerlo virtual nos permitió llegar a mucha más gente y ser mucho más ágiles. Recordemos que estamos trabajando con el presupuesto del año anterior que no fue aprobado. Aquí se hizo un presupuesto orientado a la reactivación económica y social. Lo que tenemos para el año 2020 son 95mil millones y para 2021 tenemos un presupuesto que se puede partir en dos, y que suman 99mil millones. También, la parte destinada a reactivación económica tiene nombre y apellido para que esto no se vaya a usar en otra cosa que a lo que está destinado”.

Además, sobre las reformas y leyes que hacen falta para la reactivación económica, el funcionario detalló: “Hace falta un trabajo en el Congreso porque este presupuesto va amarrado a una agenda legislativa. Nosotros necesitamos una Ley de Zonas Francas porque eso nos va a permitir que empresas vengan a instalarse a Guatemala e iniciar procesos de industrialización y necesitamos una Ley de Trabajo Parcial. Estas leyes nos las han pedido los inversionistas. Recordemos que el presidente tiene iniciativa de ley y muchas se van a presentar en el Congreso en las próximas semanas; tenemos la Ley de Leasing, la Ley de Tasa Preferencial para Vivienda que va a subsidiar la tasa de vivienda social. Hay muchas leyes que tenemos en el tintero y que se van a presentar”.

También, con respecto a la deuda pública que acumula Guatemala y la recaudación fiscal, el ministro señaló: “A nadie le gusta la deuda, pero lo que pasa es que tenemos un Estado caro e ingresos tributarios muy bajos ¿Cómo podemos subir la carga tributaria? Podemos subir impuestos, lo cual está fuera de discusión. En segundo lugar, podemos ampliar la base, lo cual es lo deseable. Y tercero, sólo por temas matemáticos aunque también está fuera de discusión, que bajemos el PIB. La respuesta es entonces ampliar la base tributaria, tenemos que formalizar a los trabajadores informales. Necesitamos mejorar la función de la SAT y hacer eficiente la recaudación de impuestos y facilitar el pago de impuestos. Hay un gran esfuerzo para mejorar la recaudación”.

Finalmente, en el último segmento de debate, Edgar Ortiz, director del Área Jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo, moderó el debate entre el economista Olav Dirkmaat y el abogado Adrián Zapata Alamilla, donde discutieron en torno al proyecto de presupuesto, la eficiencia del gasto, la transparencia en el Estado y las deficiencias en la administración pública y en el servicio civil.

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