Guatemala necesita hacer cambios, pero no revoluciones.

Es innegable que la Revolución de Octubre trajo cambios al país. Guatemala adoptó tendencias que se estaban dando en todo el mundo. Por ejemplo, se estableció la seguridad social, que había sido adaptado por Estados Unidos una década antes, bajo el gobierno de Franklin D. Roosevelt. Además, la Constitución de 1945 reconoció el derecho de las mujeres a votar, lo que había sucedido en Inglaterra diecisiete años antes.

Y así podría citarse otros cambios que se dieron en Guatemala en el contexto de lo que sucedía a nivel mundial. El mismo derrocamiento de Jorge Ubico y de Ponce Vaides ocurrió en una ola democrática en América Latina.

La Revolución fracasó cuando Árbenz implementó la reforma agraria y expropió fincas, irrespetando la propiedad privada. Algunos indican que se estaba siguiendo el modelo de Taiwán, que había aplicado una reforma agraria a finales de los cuarenta. Pero en el caso de ese país, las tierras se las quitaron principalmente a los japoneses, que habían invadido la Isla durante décadas.

En ese sentido, los taiwaneses no pusieron resistencia, porque las tierras se las quitaron a los “invasores” japoneses y no a sus mismos ciudadanos. Pero en el caso de Guatemala, se les estaba quitando su propiedad a ciudadanos guatemaltecos, que tenían todo el derecho a la propiedad privada.

En Guatemala no necesitamos otra revolución, sino cambios al Sistema de Justicia para que funcione, lo que nos traería paz y prosperidad. Para ello, no es necesario convocar una Asamblea Constituyente y hacer una nueva Constitución. La que tenemos no es perfecta, pero funciona.

Los cambios a la Constitución vigente deben ser mínimos, solo para mejorar nuestro Sistema de Justicia y, que al fin, logremos tener un auténtico Estado de Derecho, la condición indispensable para el desarrollo.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 17 de octubre de 2024.

La inteligencia artificial y el uso de armas automatizadas están redefiniendo la guerra moderna.

La guerra siempre evoluciona, y hoy el uso de la inteligencia artificial (IA) en el campo de batalla marca un cambio radical. Sin embargo, este avance carece de la regulación internacional necesaria. El uso creciente de drones y el desarrollo de sistemas automatizados amplía las capacidades militares, pero también plantea serias preocupaciones.

Expertos advierten que la militarización de la IA recuerda la carrera armamentista nuclear de la Guerra Fría. El presidente ruso ha declarado que “la nación que lidere en IA dominará el mundo.” Actualmente, casi todos los miembros de la OTAN tienen capacidad para utilizar drones, y actores no estatales también pueden acceder a esta tecnología.

​​Beneficios y desventajas

El uso de armas automatizadas podría ofrecer ciertos beneficios, como operaciones más eficientes y menor riesgo para el personal militar. Sin embargo, los riesgos éticos son significativos. La incapacidad de estos sistemas para distinguir entre civiles y combatientes puede resultar en tragedias humanitarias. Además, la automatización elimina el juicio humano en decisiones letales, lo que plantea dilemas éticos graves.

La falta de regulación internacional permite que tanto Estados como grupos terroristas utilicen estas armas sin restricciones adecuadas. A pesar de que existen convenios que incluyen a grupos no estatales en conflictos, su eficacia se ve limitada por la dificultad de hacer cumplir estos principios contra estos.

Implicaciones legales y éticas

El vacío legal sobre el uso de armas automatizadas podría resultar en su uso desmedido. La ética varía entre países, complicando la creación de un marco regulatorio unificado. Aunque ha habido intentos de abordar el tema, como el informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Sistemas de Armas Letales Automatizadas, estos esfuerzos son insuficientes.

Mientras tanto, muchos países están aumentando sus presupuestos para investigar y desarrollar estas tecnologías, lo que intensifica las preocupaciones sobre una nueva carrera armamentista. La posibilidad de que la IA se utilice en la toma de decisiones sobre armas nucleares es especialmente inquietante. Estados Unidos, en 2022, indicó que en el caso de armas nucleares “siempre mantendrían a un humano al tanto” en sus decisiones, al igual que el Reino Unido. Sin embargo, Rusia y China han mostrado poca disposición a regular este aspecto.

Conclusión

La inteligencia artificial y el uso de armas automatizadas están redefiniendo la guerra moderna. Es urgente que la comunidad internacional colabore para establecer regulaciones que garanticen el uso responsable de estas tecnologías. Sin un marco regulatorio claro y efectivo, el riesgo de una catástrofe humanitaria aumenta, y la responsabilidad ética en su desarrollo es más crucial que nunca para evitar un futuro desastroso.

Los nuevos magistrados pueden cambiar el destino del país.

La semana pasada trascendió la noticia de que liberaron a los integrantes de una peligrosa estructura criminal, llamados “Los Oajaca”, que habían sido condenados a más de 200 años de prisión por asesinato y otros delitos graves.

Esto provocó una lluvia de críticas en redes sociales hacia el tribunal que tomó esta terrible decisión. A los pocos días de dejarlos en libertad, el líder de esta banda criminal fue detenido nuevamente cuando intentaba ingresar armas a la cárcel Pavoncito. ¿Alguna duda de la pésima decisión de este tribunal?

En los últimos años, el sistema de justicia de Guatemala ha dejado en libertad a una gran cantidad de personas acusadas de diversos delitos y crímenes. Pareciera que quienes tienen suficientes recursos económicos e influencia lograrán comprar impunidad.

Un sistema de justicia que está al servicio de la corrupción, la criminalidad y el narcotráfico solo provoca pobreza, violencia y conflictos sociales. No se puede vivir en paz si no se tiene un sistema de justicia que funcione, castigando a los malos y trayendo justicia a los buenos ciudadanos.

Ante este panorama desolador, los nuevos magistrados tienen la oportunidad de hacer historia y traer nueva esperanza de justicia al país.  Deben demostrar independencia de cualquier grupo de interés o de cualquier grupo político. Solo así lograrán emitir sentencias apegadas a derecho, que traigan paz a los guatemaltecos.

Pero, además, deben trabajar en aspectos prácticos, como aumentar la cantidad de tribunales a nivel nacional para reducir el tiempo de los juicios, entre otras medidas administrativas.

Existe la percepción que la justicia de Guatemala sirve para proteger criminales y perseguir inocentes. Ojalá esto cambie con los nuevos magistrados. La historia los juzgará.

 Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 10 de octubre de 2024.

Centroamérica debe evitar asociarse con dictadores

La semana pasada, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) aprobó que Rusia fuera agregado como observador permanente de este órgano regional. China y Venezuela también están como observadores permanentes que, al igual que Rusia, son gobernados por dictadores. Estas son pésimas noticias para Centroamérica, que está luchando por conservar su débil democracia.

El Parlacen fue fundado en 1991 y el objetivo es promover la integración de Centroamérica. Está conformado por diputados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá. En el caso de Costa Rica y Belice, decidieron no formar parte.

Las decisiones que se toman en el Parlacen no tienen efecto en ningún país y, en ese sentido, su papel ha sido irrelevante en el avance de la integración regional. Lamentablemente, esta institución es vista como refugio de expresidentes acusados de corrupción, y se percibe que los diputados que la conforman hacen poco o nada a cambio de jugosos sueldos. Son cuatro años de vacaciones pagadas por los tributarios de nuestros países.

El rechazo al Parlacen ha crecido en los últimos años, y en cada elección surgen las promesas de sacar a Guatemala de esta institución. Pero cuando llegan al poder, se olvidan, y los guatemaltecos seguimos gastando en una institución inútil. El colmo es que quienes prometieron en campaña cerrar el Parlacen hoy forman parte de este.

La integración regional es importante. Centroamérica debe avanzar en la libre circulación de productos, personas y capitales en la región. Es importante para el desarrollo económico y social. Pero el Parlacen no contribuye en nada a este objetivo.

La incorporación de China y Rusia al Parlacen es un gran peligro para nuestros países. Es el momento que Guatemala siga el ejemplo de Costa Rica y nos salgamos del Parlacen.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 3 de octubre de 2024.

El Congreso debe cumplir los plazos de ley.

Luego de varias semanas, las Comisiones de Postulación han terminado su trabajo y ya entregaron al Congreso de la República las listas de los aspirantes a las Altas Cortes del país.

Ahora queda en manos de los diputados elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los 260 magistrados de las Cortes de Apelaciones. El Congreso tiene la responsabilidad de elegirlos a más tardar el 12 de octubre, para que se cumpla con la renovación de las Cortes de Justicia el 13 de octubre.

Los plazos que establece la Constitución deben respetarse para garantizar que ni presidentes, diputados o magistrados pretendan quedarse en el poder. Los tres poderes del Estado deben renovarse cada cierto tiempo para que la Democracia Republicana funcione adecuadamente.

Desde 1985 hemos cumplido con los plazos constitucionales en el caso de presidentes y diputados. Sin embargo, en el 2019, se quebrantó la Constitución al prolongar por más de cuatro años el período de la Corte Suprema de Justicia que solo debía durar de 2014 a 2019. Esa Magistratura duró 9 años, lo cual fue totalmente inconstitucional.

En esta ocasión no debe repetirse el error de 2019. Las Comisiones de Postulación ya cumplieron con su labor y el Congreso debe actuar con prontitud.

Como en 2019, un grupo de abogados ya interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad para invalidar el trabajo de las Comisiones de Postulación. Lo más probable es que se interpongan más amparos en los próximos días.

Sin embargo, se esperaría que la actual Corte de Constitucionalidad sea diferente a la anterior y que no permita que se quebrante nuevamente la Constitución de la República.

Tanto el Congreso, como la Corte de Constitucionalidad tienen una responsabilidad histórica con los guatemaltecos. No nos fallen. 

_{Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 26 de septiembre.}

Recientemente, las comisiones de postulación concluyeron su labor, dejando el futuro de las cortes en manos del Congreso.

Agradezco a los comisionados que lucharon desde el principio por la transparencia, comenzando por definir la sede y excluir a candidatos cuestionados. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de la minoría, el proceso actual solo resalta las fallas de un modelo ya agotado.

Cada comisión estaba integrada por 37 miembros. Una debía seleccionar 312 candidatos para las Salas de Corte de Apelaciones (SdCdA) de una lista de más de 1,300 aspirantes, y otra, 26 para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre más de 300 candidatos.

Uno de los mayores problemas es el conflicto de interés dentro de las comisiones. Existen dos: una para la CSJ, compuesta por magistrados de las Salas de Apelaciones, y otra para las Salas de Apelaciones, integrada por magistrados de la CSJ.

Además, las limitaciones legales, el gran número de candidatos y el escaso tiempo disponible impiden una evaluación profunda. Una comisión ad honorem no puede revisar 1,300 aspirantes en solo unos días. Esta restricción compromete la calidad e integridad del proceso. Incluso con la mejor intención de los comisionados, sería imposible hacer más en estas condiciones. 

Para agravar el problema, el modelo de evaluación de perfiles es absurdo. El marco normativo premia a quienes presentan títulos de doctorado y más de 15 o 20 años de colegiación activa. El resultado: una proliferación de doctorados de dudosa calidad y el incremento automático de las “notas” por mera “existencia profesional”, no por calidad. Este mecanismo es, en esencia, inoperante y va más allá de lo que los comisionados pueden cambiar.

Urge una reforma constitucional que optimice el sistema de selección y distribución de magistrados, garantizando equilibrio de poder y mayor eficacia en el funcionamiento de la CSJ y las Salas de Apelaciones. Si Guatemala quiere recuperar su justicia, estas deben ser las últimas comisiones de postulación que tengamos para elegir las altas cortes.

En 2022, la producción económica de los latinos en Estados Unidos alcanzó los 3.6 billones de dólares. 

Con las elecciones en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, la emigración desde América Latina ha cobrado una gran relevancia. Aunque la emigración irregular puede representar un desafío, es crucial que Estados Unidos reconozca la contribución económica de la comunidad laina. Al mismo tiempo, los países latinoamericanos deben asumir su responsabilidad y crear las condiciones necesarias para que sus ciudadanos encuentren oportunidades en sus propias naciones. 

En 2022, la producción económica de los latinos en Estados Unidos alcanzó los 3.6 billones de dólares. Si este grupo demográfico fuera un país, se posicionaría como la quinta economía más grande del mundo, superando a India, Reino Unido y Francia.

Además, entre 2019 y 2022, los latinos fueron responsables del 41.4 % del crecimiento del PIB estadounidense, a pesar de representar solo el 19 % de la población total del país. 

Un estudio de UCLA y la Universidad Luterana de California identifica cuatro factores clave del rápido crecimiento económico de la comunidad latina en Estados Unidos:

1. Educación: Desde 2010, el número de latinos que cursan estudios superiores ha crecido tres veces más rápido que el de los no latinos. Esto incrementa el capital humano y, a su vez, las oportunidades económicas.
2. Crecimiento poblacional: Desde 2010, la población latina en Estados Unidos creció un 26.2 %, en comparación con un 4.1 % de la población no latina. Aunque los latinos constituyen el 19.2 % de la población total, fueron responsables de más del 50 % del crecimiento población entre 2010 y 2022. 
3. Participación en la fuerza laboral: Con una edad media de 30.7 años frente a los 41.1 años de los no latinos, los latinos tienen una mayor participación en la fuerza laboral. Desde 2010, la fuerza laboral latina creció un 34.1 %, en contraste con un 4.5 % en poblaciones no latinas, lo que representa el 58 % del crecimiento total de la fuerza laboral en Estados Unidos.
4. Participación activa en la búsqueda de empleo: Además de su mayor proporción en la población en edad laboral, los latinos también participan de manera más activa en el mercado laboral. En 2022, tenían un 6.3 % más de probabilidades de estar en búsqueda activa de empleo que sus contrapartes no latinas.

Los datos de Latino Donor Collaborative, UCLA y la Universidad Luterana de California demuestran que la comunidad latina tiene un inmenso potencial. Si bien es cierto que Estados Unidos enfrenta desafíos relacionados con la migración irregular y la capacidad de integrar a quienes desean ingresar al país, la migración es un fenómeno que perdurará. Sería más beneficioso que Estados Unidos reconozca y aproveche el potencial de la población latina en su economía.

Por otro lado, los gobiernos de América Latina deben implementar políticas públicas que generen las condiciones adecuadas para que sus ciudadanos no sientan la necesidad de emigrar. Fomentar un entorno donde puedan invertir en su capital humano y desarrollarse profesionalmente es fundamental para el crecimiento económico que la región tanto necesita.

A los policías se les respeta y valora en los países avanzados.

Actualmente se esta discutiendo una iniciativa de ley en el Congreso para fortalecer la Policía Nacional Civil, una de las instituciones más importantes para cualquier país, pero que en Guatemala se le ha descuidado.

En nuestro país se le tiene poco respeto a los policías. Muchas veces se les hace de menos y algunas personas los enfrentan ante la certeza de que los policías “no les harán nada”.

Esto podría cambiar si se aprueba esta nueva ley. Uno de los puntos en discusión es que los policías puedan activar sus armas con más libertad de lo que actualmente pueden hacerlo.

En Estados Unidos, si un sospechoso tiene un arma y amenaza a la policía, estos tienen la libertad de activar su armamento y defenderse. La fuerza policial es respetada en ese país y, en general, en los países desarrollados.

En el caso de Guatemala, con la legislación actual, si un policía activa su arma para defenderse, pasa por un proceso legal complejo, lo cual provoca que los policías no ejerzan la autoridad con determinación.

Esta nueva ley también contempla penas severas para las personas que falsifiquen los uniformes de la PNC y busca mejorar el salario y las condiciones laborales de los policías.

Una de las funciones más importantes que debe cumplir un Estado es brindar seguridad a sus ciudadanos. Para ello se requiere contar con policías bien pagados, altamente capacitados, en condiciones dignas, con equipo moderno y con la libertad suficiente para actuar en momentos de crisis.

Por supuesto, no debemos irnos al extremo en el cual los policías puedan actuar con total impunidad.  Se debe seguir los modelos de los países desarrollados que han demostrado funcionar bien.  No tenemos que inventar el agua azucarada.

Los diputados deben darle prioridad a esta ley.

_{Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 19 de septiembre.} 

Guatemala ha hecho avances importantes.

El mes de la independencia siempre nos hace reflexionar sobre nuestro país. El pasado que hemos construido juntos, el presente que nos preocupa y la esperanza de un mejor futuro.

En estos 203 años de independencia hemos avanzado bastante lento. Nos gustaría que fuera mucho más rápido, pero lo importante son los avances.

Por ejemplo, desde la caída de Jorge Ubico, en 1944, no hemos tenido un presidente que dure más de 5 años en la presidencia. Esto es muy importante, porque nadie debe quedarse en el poder más de 4 años, como lo establece nuestra constitución.

Algunos países están sufriendo dictaduras porque hay presidentes que se quieren quedar por siempre en el poder.

Otro avance fue el inicio de la democracia en 1985. Llevamos casi cuarenta años eligiendo presidentes, diputados y alcaldes en votaciones transparentes y confiables.

En nuestro sistema electoral es imposible hacer trampa, ya que los votos lo cuidan más de 125 mil guatemaltecos, que no son trabajadores o funcionarios del gobierno, sino ciudadanos comunes que dedican su tiempo a esta labor cívica.

También firmamos la paz en 1996 y pusimos fin a una guerra de 36 años que provocó enorme dolor y luto entre los guatemaltecos. Es una página de la historia que debemos superar, reconociendo lo que sucedió, pero construyendo un futuro diferente.

Por último, la violencia sigue siendo un grave problema, pero hace 16 años era muchísimo peor. Lentamente hemos logrado reducir la violencia en la última década.

No todos los países mejoran. Algunos están peor hoy que hace algunos años.

Por eso debemos luchar por conservar nuestros avances y trabajar por superar los problemas actuales, que son muchos. El futuro puede ser mejor si construimos sobre lo que hemos avanzado.

El Gobierno debe ser prudente con el gasto.

Esta semana el Gobierno presentó la propuesta de presupuesto para 2025 con un gasto de Q148 mil millones, lo que representaría el 15.9% del tamaño de la economía de Guatemala (PIB).

Todos los gobiernos aumentan o intentan aumentar el gasto público. Es parte de la naturaleza de los gobiernos desear tener más dinero a su disposición.

Sin embargo, el presupuesto que se propone para 2025 sería uno de los más altos de la historia del país. Si se mide en relación con el PIB de Guatemala, solo para la crisis mundial de 2008-2009 y para la pandemia de 2020 se tuvo un gasto tan alto.

El déficit fiscal sería 3.2% del PIB, uno de los más altos en los últimos 20 años. El país se endeudaría por Q27,987 millones, casi un 80% más que en años anteriores.

Esto debería hacer reflexionar al Gobierno. Aun cuando se tengan las mejores intenciones, mucho del gasto público termina desperdiciado o en corrupción en los distintos niveles de ejecución.

En ese sentido, mayor gasto público no significa mejores condiciones de vida para las personas. Al final, solo se incrementa la deuda y los guatemaltecos no vemos un beneficio real de ese gasto.

El Ministerio de Educación sería de los más beneficiados, con un incremento de Q 3,395.6 millones. ¿Serviría para contratar más maestros y ofrecer mejores condiciones a los alumnos? ¿O sería el costo de un nuevo pacto colectivo con el sindicato?

El Ministerio de Comunicaciones también tendría un aumento importante, comprensible con la crisis en infraestructura que estamos sufriendo. Pero ¿Cómo se garantizará que se ejecute de forma transparente?

No se han hecho reformas de fondo que garanticen mayor eficiencia y transparencia en el gasto público. En ese sentido, mayor gasto solo es mayor desperdicio.

Columna publicada originalmente en Nuestro Diario el 5 de septiembre de 2024.