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Overcome Scholasticism and Learn to Debate
30
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
10 Ago 2020

Dejar de repetir verdades y apostar por el debate

Durante la Edad Media, el escolasticismo fue el movimiento filosófico que sustentó las enseñanzas del cristianismo. Su metodología se basaba en el principio de autoridad: una premisa se aceptaba como válida solo por estar contenida en un texto sagrado. No había espacio para el cuestionamiento, mucho menos para debatir ideas contrarias. Todo el razonamiento y la construcción argumentativa se basaba en esa premisa incuestionable. Pero la premisa originaria no se debatía.

Pero esto cambió. La modernidad de Occidente devino a partir de los cuestionamientos a las verdades absolutas. El Renacimiento disputó la superioridad de la religión sobre el hombre; la Revolución Científica revisó las premisas aceptadas sobre la naturaleza. La Ilustración y las revoluciones liberales cuestionaron el statu quo y el absolutismo.

Pero en Guatemala nos quedamos en el medioevo. Somos una sociedad escolástica, puesto que rehuimos del debate. Esto refleja un modelo de enseñanza que privilegia el adoctrinamiento sobre el pensamiento crítico. Pero también refleja la intolerancia. Cuando los argumentos ya no dan, recurrimos a inferencias ad hominem (atacar a la persona y no sus ideas), ad verecundiam (aceptar una verdad por el prestigio de su locutor), o ad baculum (apelar a la fuerza por encima de la idea).

Con esta base intelectual, resulta surrealista imaginar que el debate político podría ser diferente. A nivel ideológico, creemos que nuestra visión de sociedad está escrita en piedra, y que las recetas antagónicas son expresiones de intereses ocultos. Cuando los argumentos se agotan, se descalifica al rival tachándolo de “oligarca retrógrado”, “neoliberal vendepatrias” o “vividor socialista”. A partir de ahí, discutir sobre la sociedad que queremos, el modelo de desarrollo al que aspiramos, o la forma de alcanzarlo, resulta imposible.

Más difícil es debatir propuestas partidistas. Quien aplaude una acción del poder político se convierte en apologista del “Pacto de Corruptos”; quien le critica, en un “golpista”. Bajo esta categorización escolástica, el análisis objetivo, la fiscalización ciudadana, o la prensa independiente se consideran herejías modernas.

A lo anterior se agrega una práctica recurrente en el debate: el incesto intelectual que genera el mundo de las redes sociales. Derivado de los algoritmos utilizados por Facebook y Twitter, que privilegian los contenidos que resultan afines a los patrones de consumo de los usuarios, es muy común que la información a la que cada persona tiene acceso es un reflejo de la “burbuja” en la que interactúa, por lo que pocas veces se produce una verdadera examinación de ideas y argumentos.

Quizá un primer paso para cambiar nuestra política pasa por superar el escolasticismo intelectual. Aprender a debatir propuestas y no a descalificar interlocutores; reconocer que debemos dejar de ser un país de suposiciones y prejuicios, para convertirnos en un país de ideas.

Superar la escolástica y aprender a debatir
30
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
10 Ago 2020

Dejar de repetir verdades y apostar por el debate

Durante la Edad Media, el escolasticismo fue el movimiento filosófico que sustentó las enseñanzas del cristianismo. Su metodología se basaba en el principio de autoridad: una premisa se aceptaba como válida solo por estar contenida en un texto sagrado. No había espacio para el cuestionamiento, mucho menos para debatir ideas contrarias. Todo el razonamiento y la construcción argumentativa se basaba en esa premisa incuestionable. Pero la premisa originaria no se debatía.

Pero esto cambió. La modernidad de Occidente devino a partir de los cuestionamientos a las verdades absolutas. El Renacimiento disputó la superioridad de la religión sobre el hombre; la Revolución Científica revisó las premisas aceptadas sobre la naturaleza. La Ilustración y las revoluciones liberales cuestionaron el statu quo y el absolutismo.

Pero en Guatemala nos quedamos en el medioevo. Somos una sociedad escolástica, puesto que rehuimos del debate. Esto refleja un modelo de enseñanza que privilegia el adoctrinamiento sobre el pensamiento crítico. Pero también refleja la intolerancia. Cuando los argumentos ya no dan, recurrimos a inferencias ad hominem (atacar a la persona y no sus ideas), ad verecundiam (aceptar una verdad por el prestigio de su locutor), o ad baculum (apelar a la fuerza por encima de la idea).

Con esta base intelectual, resulta surrealista imaginar que el debate político podría ser diferente. A nivel ideológico, creemos que nuestra visión de sociedad está escrita en piedra, y que las recetas antagónicas son expresiones de intereses ocultos. Cuando los argumentos se agotan, se descalifica al rival tachándolo de “oligarca retrógrado”, “neoliberal vendepatrias” o “vividor socialista”. A partir de ahí, discutir sobre la sociedad que queremos, el modelo de desarrollo al que aspiramos, o la forma de alcanzarlo, resulta imposible.

Más difícil es debatir propuestas partidistas. Quien aplaude una acción del poder político se convierte en apologista del “Pacto de Corruptos”; quien le critica, en un “golpista”. Bajo esta categorización escolástica, el análisis objetivo, la fiscalización ciudadana, o la prensa independiente se consideran herejías modernas.

A lo anterior se agrega una práctica recurrente en el debate: el incesto intelectual que genera el mundo de las redes sociales. Derivado de los algoritmos utilizados por Facebook y Twitter, que privilegian los contenidos que resultan afines a los patrones de consumo de los usuarios, es muy común que la información a la que cada persona tiene acceso es un reflejo de la “burbuja” en la que interactúa, por lo que pocas veces se produce una verdadera examinación de ideas y argumentos.

Quizá un primer paso para cambiar nuestra política pasa por superar el escolasticismo intelectual. Aprender a debatir propuestas y no a descalificar interlocutores; reconocer que debemos dejar de ser un país de suposiciones y prejuicios, para convertirnos en un país de ideas.

La inédita “Gran Pausa” de 2020
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Directora del área de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Es licenciada en Historia egresada de la Universidad Central de Venezuela.
09 Ago 2020

A pesar de que las epidemias y pandemias siempre han sido parte de nuestro devenir como humanidad prácticamente desde la Revolución del Neolítico, la idea de que se puede “detener la vida” nunca se había llevado a la práctica como se está concibiendo en 2020. Por esta razón, muchos intelectuales están afirmando que esta etapa quedará asentada en los anales de la historia como “La Gran Pausa de 2020”.

 

A principios del año, cuando comenzaban los encierros y las cuarentenas por los primeros brotes de COVID-19 y su rápida propagación en los cinco continentes de la Tierra, muchos resaltaron los beneficios de la “Gran Pausa”: la disminución de la polución en la atmósfera, el regreso de la vida animal a espacios urbanizados y el reverdecer de la vegetación, la purificación de ríos y océanos, además de mayor tiempo para la introspección y el crecimiento personal; todo gracias a la interrupción abrupta de los procesos industriales del mundo contemporáneo.

Como resultado de la pandemia, por primera vez en la historia, el mundo entero ha hecho una pausa en muchos aspectos de la vida de forma simultánea y general. Deliberadamente se ha tomado la decisión colectiva de “desconectar” grandes segmentos de la economía. Esta pausa global es inédita, o al menos no se tienen registros de algo similar en nuestro pasado reciente y remoto.

A pesar de que las epidemias y pandemias siempre han sido parte de nuestro devenir como humanidad prácticamente desde la Revolución del Neolítico, la idea de que se puede “detener la vida” nunca se había llevado a la práctica como se está concibiendo en 2020. Por esta razón, muchos intelectuales están afirmando que esta etapa quedará asentada en los anales de la historia como “La Gran Pausa de 2020”.

El momento histórico con el que podemos hacer las mayores equivalencias en el presente dado el nivel de globalización actual es, por supuesto, la pandemia de gripe española de 1918-1919. Sin embargo, encontramos que durante esos meses la vida no se detuvo sino que simplemente la gente adaptó su comportamiento individual para que las prácticas sociales continuaran (más o menos) de forma similar a como han sido siempre. Sabemos a partir de la prensa de la época, que en absoluto se detuvo la actividad económica y que sólo se sugerían las prácticas conocidas de higiene del lavado de manos y taparse la boca al toser. Solamente en algunos momentos de picos de contagio de las distintas oleadas, cerraron ciertos lugares públicos de esparcimiento. De hecho, se aprecia incluso un crecimiento de casi el 1% en el PIB de los Estados Unidos entre 1918 y 1919[1]. Del otro lado del Atlántico, la situación europea no es muy diferente, pues recordemos que salían de la Primera Guerra Mundial y necesitaban cumplir con las excesivas reparaciones estipuladas en el Tratado de Versalles y la gran mayoría de los devastados países requerían urgentemente reestructurar sus fronteras y mercados y recomponer sus economías nacionales sin ningún tipo de plan de ayuda para la reconstrucción, así que no podían darse el lujo de detenerse por la influenza.

De manera que no existe un sustento histórico que justifique el extraño experimento de la “Gran Pausa” de 2020. Nunca antes en ninguna epidemia o pandemia de la historia se había aplicado algo similar a lo que tenemos cinco meses viviendo. Así que la apología actual a la gran pausa global responde a justificaciones morales y racionales exclusivas de nuestros valores del presente como por ejemplo:

  • La adopción por todo el mundo del procedimiento de principios de año aplicado en Wuhan, China, con encierros, confinamientos severos a toda la población, prohibición de toda actividad pública y toques de queda.

  • La concepción de la salud como derecho universal, idea que no existía antes de 1920 y que se consolidaría en el Estado de bienestar de la posguerra en 1945.

  • La responsabilidad de los Estados dentro de la noción de Derechos Humanos a partir de 1948.

  • La idea de que los modelos matemáticos deterministas utilizados en la epidemiología son aplicables totalmente a la realidad.

  • La falta de memoria histórica ya que la última gran pandemia está muy lejos de nuestro horizonte temporal e incluso generacional (102 años).

  • La idea de que el avance de las telecomunicaciones (internet y otras tecnologías de la información), la sofisticación cada vez más vertiginosa de la mano de obra, la transición acelerada hacia economías de servicios y los mercados financieros; nos proporcionan actualmente las herramientas y la logística necesarias para mantener los servicios esenciales en funcionamiento aún en confinamiento, por una parte, y por otra parte, también para que los bancos centrales y los gobiernos gestionen el impacto económico resultante.

De manera que el abordaje actual a la crisis sanitaria y económica se arraiga mucho en la creencia errónea de que en 2020 nos hallamos en la cúspide civilizatoria y que esta vez la humanidad, dotada de los mayores avances científicos y tecnológicos, podía controlar una serie de variables que nos harían capaces de domar a la naturaleza. Una mezcla de lo que Hayek llamó la fatal arrogancia y lo que Ortega y Gasset denominó la altura de los tiempos. Sin embargo, la naturaleza nos ha dado nuevamente una lección de humildad y los consensos científicos se muestran cada vez más endebles, los gobiernos se muestran cada vez más impotentes para gestionar la crisis y las economías desarrolladas ya se muestran incapaces de sostener por más tiempo el shock de oferta y las consecuencias sociales de los cierres severos comienzan a crear problemas de gobernabilidad.

Por los momentos, lo único que sabemos es que a pesar de que la realidad nos golpea diariamente y evidencia nuestras limitaciones, los burócratas y planificadores insisten en seguir adelante con este experimento biopolítico de tintes cada vez más totalitarios.

 

[1] Louis Johnston and Samuel H. Williamson, "What Was the U.S. GDP Then?" MeasuringWorth, 2020. En https://www.measuringworth.com/datasets/usgdp/ 

 

The US Indictment Against the Rormer Economy Minister
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Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
06 Ago 2020

Este 5 de agosto el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó una denuncia (complaint) contra el exministro de economía, Acisclo Valladares Urruela (AVU). Los cargos que plantea la fiscalía son por conspiración para cometer lavado de dinero en violación del Título 18, del Código de los Estados Unidos, secciones 1956(h). La denuncia se puede leer aquí.

Me permito hacer un breve resumen de lo consignado en la denuncia para entender mejor el problema de fondo y provocar en el lector una reflexión sobre las implicaciones que podrían tener los cargos presentados por la fiscalía. La acusación se resume a que AVU habría requerido dinero en efectivo no rastreable para sobornar políticos locales.

La acusación parte de la información que brindaron 3 testigos que han declarado culpables en EE. UU. El testigo 1 es un empleado bancario guatemalteco que se declaró culpable por lavado de dinero; el testigo 2 es una persona que se declaró culpable por narcotráfico y el testigo 3 una persona que se declaró culpable de lavado de dinero con tráfico de narcóticos como delito relacionado. Cada uno brinda cierta información que da vida al planteamiento de la fiscalía. 

Al testigo 1 lo describen como el gran intermediario. Él era el encargado de recibir dinero de un “coconspirador” que tenía dinero proveniente de corrupción y de una persona que habría obtenido ganancias producto del narcotráfico. Ambos buscaban lavar su dinero. 

Por otra parte, AVU lo que requería era dinero en efectivo. ¿Con que fin? El testigo 1 dice que requería dinero en efectivo no rastreable para sobornar políticos. El testigo 1 le dijo que dados los montos tan altos que pedía, no era posible obtener esos fondos tan rápido de manera legal, sino únicamente de fuentes no lícitas como corrupción o narcotráfico.

De acuerdo con el testigo 1, inicialmente quien aportaba los fondos era un “coconspirador” (acusado por corrupción), pero eventualmente el dinero de éste se acabó. Es ahí cuando entra el dinero proveniente del narcotraficante, testigo 2, ante la necesidad de obtener más efectivo.

AVU es acusado por lavado de dinero en la acusación de la fiscalía estadounidense porque para obtener dinero en efectivo no rastreable, termina por convertirse en un “facilitador” de acuerdo con la acusación. ¿En qué sentido? AVU aportaba fondos de origen lícito que se bancarizaban y luego servían para que los otros dos personajes pudieran blanquear sus activos mediante los servicios del testigo 1.

El testigo 1, dice la denuncia, asegura que entregaba el dinero en efectivo directamente a AVU o alguien allegado a él. Dice que supervisó las entregas de dinero mensualmente por cuatro años. Afirma que usaban bolsas deportivas, maletines y a veces cajas de licor para entregarlo.

Una parte curiosa de la denuncia consigna que el testigo 1 afirma que durante esas entregas de efectivo a AVU, se encontraban “figuras políticas conocidas” que salían del salón con las bolsas de dinero que él había entregado recientemente. En algún momento el testigo 1 asegura que AVU le dijo, “perdón, estos políticos han de pensar que el dinero crece en los árboles”.

El testigo 2 (CW-2), que se declaró culpable por narcotráfico en EE. UU. sirve para documentar evidencia de las transacciones sospechosas. Según la denuncia, esta persona necesitaba US$1 millón para comprar una casa y además hacer pagos en Sudamérica a “proveedores”.

El testigo 3 (CW-3) es una persona que se declaró culpable por lavado de dinero en EE. UU. y que se “dedicaba a la política”. Esta persona dice que en 2012 conoció a AVU. La denuncia consigna que AVU le mostró interés en apoyar a su partido y le habría entregado una bolsa llena de efectivo.

El testigo 3 afirma que se trataba de un pago de US$1,500 para cada miembro del partido político. Según la denuncia, afirma que dedujo que se trataba de pagos mensuales y que en su partido hubo discusiones porque “se mencionó que en otros partidos los pagos eran mayores”. Este testigo habla que pudieron haberse entregado en total Q18 millones en sobornos.

Los señalamientos son relevantes para Estados Unidos porque se trata de una conducta que ha facilitado lavar dinero proveniente del narcotráfico.

 Pero para los guatemaltecos lo ahí expresado, de ser cierto, deja al descubierto un enorme esquema de sobornos a políticos. ¿Quiénes son esos políticos? ¿con qué fines recibieron los presuntos sobornos? Según lo reportado por testigo 1, la última transacción tuvo lugar en diciembre de 2018.

La acusación de EE. UU. contra el exministro de economía
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Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
06 Ago 2020

Este 5 de agosto el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó una denuncia (complaint) contra el exministro de economía, Acisclo Valladares Urruela (AVU). Los cargos que plantea la fiscalía son por conspiración para cometer lavado de dinero en violación del Título 18, del Código de los Estados Unidos, secciones 1956(h). La denuncia se puede leer aquí.

Me permito hacer un breve resumen de lo consignado en la denuncia para entender mejor el problema de fondo y provocar en el lector una reflexión sobre las implicaciones que podrían tener los cargos presentados por la fiscalía. La acusación se resume a que AVU habría requerido dinero en efectivo no rastreable para sobornar políticos locales.

La acusación parte de la información que brindaron 3 testigos que han declarado culpables en EE. UU. El testigo 1 es un empleado bancario guatemalteco que se declaró culpable por lavado de dinero; el testigo 2 es una persona que se declaró culpable por narcotráfico y el testigo 3 una persona que se declaró culpable de lavado de dinero con tráfico de narcóticos como delito relacionado. Cada uno brinda cierta información que da vida al planteamiento de la fiscalía. 

Al testigo 1 lo describen como el gran intermediario. Él era el encargado de recibir dinero de un “coconspirador” que tenía dinero proveniente de corrupción y de una persona que habría obtenido ganancias producto del narcotráfico. Ambos buscaban lavar su dinero. 

Por otra parte, AVU lo que requería era dinero en efectivo. ¿Con que fin? El testigo 1 dice que requería dinero en efectivo no rastreable para sobornar políticos. El testigo 1 le dijo que dados los montos tan altos que pedía, no era posible obtener esos fondos tan rápido de manera legal, sino únicamente de fuentes no lícitas como corrupción o narcotráfico.

De acuerdo con el testigo 1, inicialmente quien aportaba los fondos era un “coconspirador” (acusado por corrupción), pero eventualmente el dinero de éste se acabó. Es ahí cuando entra el dinero proveniente del narcotraficante, testigo 2, ante la necesidad de obtener más efectivo.

AVU es acusado por lavado de dinero en la acusación de la fiscalía estadounidense porque para obtener dinero en efectivo no rastreable, termina por convertirse en un “facilitador” de acuerdo con la acusación. ¿En qué sentido? AVU aportaba fondos de origen lícito que se bancarizaban y luego servían para que los otros dos personajes pudieran blanquear sus activos mediante los servicios del testigo 1.

El testigo 1, dice la denuncia, asegura que entregaba el dinero en efectivo directamente a AVU o alguien allegado a él. Dice que supervisó las entregas de dinero mensualmente por cuatro años. Afirma que usaban bolsas deportivas, maletines y a veces cajas de licor para entregarlo.

Una parte curiosa de la denuncia consigna que el testigo 1 afirma que durante esas entregas de efectivo a AVU, se encontraban “figuras políticas conocidas” que salían del salón con las bolsas de dinero que él había entregado recientemente. En algún momento el testigo 1 asegura que AVU le dijo, “perdón, estos políticos han de pensar que el dinero crece en los árboles”.

El testigo 2 (CW-2), que se declaró culpable por narcotráfico en EE. UU. sirve para documentar evidencia de las transacciones sospechosas. Según la denuncia, esta persona necesitaba US$1 millón para comprar una casa y además hacer pagos en Sudamérica a “proveedores”.

El testigo 3 (CW-3) es una persona que se declaró culpable por lavado de dinero en EE. UU. y que se “dedicaba a la política”. Esta persona dice que en 2012 conoció a AVU. La denuncia consigna que AVU le mostró interés en apoyar a su partido y le habría entregado una bolsa llena de efectivo.

El testigo 3 afirma que se trataba de un pago de US$1,500 para cada miembro del partido político. Según la denuncia, afirma que dedujo que se trataba de pagos mensuales y que en su partido hubo discusiones porque “se mencionó que en otros partidos los pagos eran mayores”. Este testigo habla que pudieron haberse entregado en total Q18 millones en sobornos.

Los señalamientos son relevantes para Estados Unidos porque se trata de una conducta que ha facilitado lavar dinero proveniente del narcotráfico.

 Pero para los guatemaltecos lo ahí expresado, de ser cierto, deja al descubierto un enorme esquema de sobornos a políticos. ¿Quiénes son esos políticos? ¿con qué fines recibieron los presuntos sobornos? Según lo reportado por testigo 1, la última transacción tuvo lugar en diciembre de 2018.

Global Changes and Transformations
30
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
03 Ago 2020

Legados de largo plazo de la pandemia Covid-19

La historia de la humanidad arroja algunas luces de cómo nace y evoluciona el orden político global. Hay casos en los que ese orden global es consecuencia de una evolución gradual, de conflagraciones entre civilizaciones y colapsos de grandes potencias. A grosso modo así se explica el surgimiento de la Pax Romana o del orden político del medioevo.

Hay también momentos críticos en la historia política y económica, que provocan transformaciones aceleradas. Las guerras napoleónicas dejaron tras de sí el orden político del Congreso de Viena. La Segunda Guerra Mundial nos dejó como legado el sistema bipolar que dio paso a la Guerra Fría.

También encontramos casos en que eventos que trascienden lo político y social provocan transformaciones del orden global. La peste negra del siglo XIV dio paso al Renacimiento y al surgimiento de los Estados Modernos, que más tarde, consagrarían su propio orden en la Paz de Westfalia de 1648.

Todos los casos anteriores evidencian que hay momentos en que simplemente el viejo orden mundial colapsa, el sistema de valores tradicionales se ve trastocado y la humanidad queda a merced del vacío. Es entonces cuando surgen nuevas normas, acuerdos o instituciones que definen la forma en que los Estados interactúan entre sí y como los individuos se relacionan con el mundo que les rodea.

La pandemia del Covid-19 nos coloca entonces en una nueva encrucijada global. El sistema de cooperación mundial surgido a mediados del siglo pasado parece estar en jaque. Hoy, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en medio de un debate político entre las principales potencias mundiales. Las cadenas globales de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios fueron trastocadas seriamente como consecuencia de las medidas de supresión implementadas en varios Estados. Las fronteras -que poco a poco parecían ir encaminadas a desaparecer- retomaron su valor, incluso dentro de la Unión Europea -región pionera en desarrollar la libre movilidad de personas.

A nivel global, impera un sentido de desconfianza. El descontento de Occidente frente a la China crece día a día, no sólo por las dudas que genera el origen del SARS-CoV2, sino también, por la forma en que la potencia asiática limitó la información sobre la expansión de la pandemia.

Encontramos también una pugna entre potencias y recetas para hacer frente a la crisis. China apuesta al autoritarismo, a limitar la información y a transmitir la idea que “la normalidad ya retornó”. Estados Unidos se debate entre qué tanto retomar la cotidianeidad. Suecia y Alemania -por su parte- lideran los esfuerzos más liberales de enfrentar la pandemia. Silenciosamente, ese debate sobre qué medidas resulten más exitosas podría marcar el rumbo del liderazgo global en las décadas por venir.

En tanto, se aceleran cambios que venían configurándose gradualmente. Redefinición de los mercados laborales. Reevaluación de trabajos esenciales versus trabajos superfluos. Comercio electrónico a gran escala. Educación a distancia. Deportes sin aficionados.

Todo parece indicarnos que la vida social y económica después del Covid19 cambiará sustancialmente y que el orden mundial que sostenía las relaciones entre Estados y entre individuos y el mudo, también se verá modificada.

Cambios y transformaciones globales
30
Director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo. Licenciado en Ciencia Política, catedrático y analista político en el programa Sin Filtro de Guatevisión.
03 Ago 2020

Legados de largo plazo de la pandemia Covid-19

La historia de la humanidad arroja algunas luces de cómo nace y evoluciona el orden político global. Hay casos en los que ese orden global es consecuencia de una evolución gradual, de conflagraciones entre civilizaciones y colapsos de grandes potencias. A grosso modo así se explica el surgimiento de la Pax Romana o del orden político del medioevo.

Hay también momentos críticos en la historia política y económica, que provocan transformaciones aceleradas. Las guerras napoleónicas dejaron tras de sí el orden político del Congreso de Viena. La Segunda Guerra Mundial nos dejó como legado el sistema bipolar que dio paso a la Guerra Fría.

También encontramos casos en que eventos que trascienden lo político y social provocan transformaciones del orden global. La peste negra del siglo XIV dio paso al Renacimiento y al surgimiento de los Estados Modernos, que más tarde, consagrarían su propio orden en la Paz de Westfalia de 1648.

Todos los casos anteriores evidencian que hay momentos en que simplemente el viejo orden mundial colapsa, el sistema de valores tradicionales se ve trastocado y la humanidad queda a merced del vacío. Es entonces cuando surgen nuevas normas, acuerdos o instituciones que definen la forma en que los Estados interactúan entre sí y como los individuos se relacionan con el mundo que les rodea.

La pandemia del Covid-19 nos coloca entonces en una nueva encrucijada global. El sistema de cooperación mundial surgido a mediados del siglo pasado parece estar en jaque. Hoy, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en medio de un debate político entre las principales potencias mundiales. Las cadenas globales de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios fueron trastocadas seriamente como consecuencia de las medidas de supresión implementadas en varios Estados. Las fronteras -que poco a poco parecían ir encaminadas a desaparecer- retomaron su valor, incluso dentro de la Unión Europea -región pionera en desarrollar la libre movilidad de personas.

A nivel global, impera un sentido de desconfianza. El descontento de Occidente frente a la China crece día a día, no sólo por las dudas que genera el origen del SARS-CoV2, sino también, por la forma en que la potencia asiática limitó la información sobre la expansión de la pandemia.

Encontramos también una pugna entre potencias y recetas para hacer frente a la crisis. China apuesta al autoritarismo, a limitar la información y a transmitir la idea que “la normalidad ya retornó”. Estados Unidos se debate entre qué tanto retomar la cotidianeidad. Suecia y Alemania -por su parte- lideran los esfuerzos más liberales de enfrentar la pandemia. Silenciosamente, ese debate sobre qué medidas resulten más exitosas podría marcar el rumbo del liderazgo global en las décadas por venir.

En tanto, se aceleran cambios que venían configurándose gradualmente. Redefinición de los mercados laborales. Reevaluación de trabajos esenciales versus trabajos superfluos. Comercio electrónico a gran escala. Educación a distancia. Deportes sin aficionados.

Todo parece indicarnos que la vida social y económica después del Covid19 cambiará sustancialmente y que el orden mundial que sostenía las relaciones entre Estados y entre individuos y el mudo, también se verá modificada.

Understanding the Complaint Against the Vicepresident
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
03 Ago 2020

El viernes, 31 de julio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitó un antejuicio que se origina en una denuncia que promoviera Nimrod Israel Estévez contra el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Estévez fue candidato a diputado por el partido BIEN en las elecciones de 2019, pero no resulto electo. 

La denuncia es por nombramientos ilegales y lo discutible es que la Corte Suprema de Justicia haya resuelto tramitar el antejuicio y remitirlo al Congreso. A continuación, expongo mi reflexión legal para entender mejor el asunto. 

¿Por qué la denuncia?

Todo tiene que ver con la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed). Esta es la entidad encargada de velar por el manejo de los bienes que han caído en extinción de dominio. El titular de la Senabed, Oscar Conde, renunció al cargo recientemente porque el 4 de junio fue juramentado como segundo viceministro de gobernación. 

El periodo de 3 años por el que Conde fue designado vencía el 7 de agosto (en unos días). La ley de extinción de dominio manda a que la designación del titular de la Senabed se haga “por oposición”. En este momento, ya existe una nómina de 10 candidatos para el periodo que irá del 7 de agosto de 2020 a 7 de agosto de 2023 según lo anunciado.

Debido a la vacancia que dejó Oscar Conde en junio, el vicepresidente designó de manera interina a Ángela Marina Figueroa Molina. No es la primera vez se designa a un titular interino. En 2016 fue removido el entonces titular de la Senabed, Luis Coronado Tobar, y fue nombrado de manera interina Marvin Duarte hasta que se agotó el proceso de oposición y se designó a Oscar Conde.

Por alguna razón que no está clara, el denunciante, Nimrod Estévez, plantea que el nombramiento de la titular interina, Ángela Figueroa, es ilegal. El delito de nombramientos ilegales (artículo 32 CP) tiene una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de diez mil a veinticinco mil quetzales.

 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su discutible resolución

El antejuicio contra el vicepresidente lo conoce en última instancia el Congreso. Pero como hemos comentado en otro momento, la ley en materia de antejuicio ordena al juez que reciba la denuncia a remitir el expediente a la CSJ. Luego, es este tribunal quien lo remite al órgano que corresponda (en este caso al Congreso) si es que no le toca conocerlo directamente. El artículo 16 de esta ley dice:

Cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada en contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, según lo estipulado por la ley, se inhibirá de continuar instruyendo y en un plazo no mayor de tres días hábiles, elevará el expediente a conocimiento de la Corte Suprema de justicia para que ésta, dentro de los tres días hábiles siguientes de su recepción, lo traslade al órgano que deba conocer del mismo, salvo que ella misma le correspondiere conocer. El juez no podrá emitir en la nota de remesa juicios de valor, ni tipificar el delito. (resaltado propio)

Ahora bien, por desarrollo jurisprudencial (expedientes 2041-2003, 634-2005 y 2040-2003), la Corte de Constitucionalidad ha sentado doctrina legal y ha establecido que, en el momento de conocer el expediente del antejuicio, la Corte Suprema de Justicia:

…no es un simple tramitador de los asuntos en los que se dirima las diligencias de antejuicio en contra de los funcionarios que gocen de ese derecho, debiendo calificar y depurar los procesos que sean instados por motivos espurios, políticos o ilegítimos, (…), entendiendo que ello le faculta para que, de concurrir tales situaciones, pueda acordar el rechazo liminar de la denuncia, y de no ocurrir estas, declarar que lo denunciado merece el posterior agotamiento del procedimiento que regula la Ley en Materia de Antejuicio. (resaltado propio)

En pocas palabras, y a falta de que la Corte Suprema de Justicia haga pública su resolución, salta a la vista que debieron hacer un examen pormenorizado de la denuncia previo a mandarla al Congreso. 

Las razones por las cuales se comete el delito de nombramientos ilegales van por dos vías: o se hizo en violación del procedimiento que manda la ley o la persona designada no reúne las calidades para ocupar el cargo.

Hasta ahora, no se ha reportado que la señora Figueroa no reúna las calidades para ocupar el cargo. Tampoco se ha reportado que se haya nombrado en infracción del procedimiento bajo el entendido que al ser interina, el proceso del titular definitivo debe hacerse esta semana.

Algunas fuentes no oficiales refieren que la denuncia podría deberse al "plazo" del nombramiento de la titular interina. Si fuera verdad, sería absurdo instar una denuncia por nombramientos ilegales por tal motivo dado que la designación conforme al proceso de ley está en curso.

Por tal motivo, el amparo que interpuso el vicepresidente contra la Corte Suprema de Justicia tiene fundamento. Este ya lo conoce la Corte de Constitucionalidad y ya ha otorgado amparo provisional al vicepresidente.

Llama la atención que esta votación haya sido tan cerrada en la Corte Suprema. En los últimos dos años, este tribunal se ha ganado una mala reputación por rechazar antejuicios contra funcionarios acusados de corrupción.

Consistentemente quienes han votado en diferente sentido han sido las magistradas María Eugenia Morales y Delia Dávila. Esta vez, ambas votaron en contra de tramitar el antejuicio contra el vicepresidente. Sin embargo, en este caso concreto, han votado en contra, además, los magistrados Felipe Baquiax y José Pineda Barrales.

Entendiendo la denuncia contra el vicepresidente
28
Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
03 Ago 2020

El viernes, 31 de julio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitó un antejuicio que se origina en una denuncia que promoviera Nimrod Israel Estévez contra el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Estévez fue candidato a diputado por el partido BIEN en las elecciones de 2019, pero no resulto electo. 

La denuncia es por nombramientos ilegales y lo discutible es que la Corte Suprema de Justicia haya resuelto tramitar el antejuicio y remitirlo al Congreso. A continuación, expongo mi reflexión legal para entender mejor el asunto. 

¿Por qué la denuncia?

Todo tiene que ver con la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed). Esta es la entidad encargada de velar por el manejo de los bienes que han caído en extinción de dominio. El titular de la Senabed, Oscar Conde, renunció al cargo recientemente porque el 4 de junio fue juramentado como segundo viceministro de gobernación. 

El periodo de 3 años por el que Conde fue designado vencía el 7 de agosto (en unos días). La ley de extinción de dominio manda a que la designación del titular de la Senabed se haga “por oposición”. En este momento, ya existe una nómina de 10 candidatos para el periodo que irá del 7 de agosto de 2020 a 7 de agosto de 2023 según lo anunciado.

Debido a la vacancia que dejó Oscar Conde en junio, el vicepresidente designó de manera interina a Ángela Marina Figueroa Molina. No es la primera vez se designa a un titular interino. En 2016 fue removido el entonces titular de la Senabed, Luis Coronado Tobar, y fue nombrado de manera interina Marvin Duarte hasta que se agotó el proceso de oposición y se designó a Oscar Conde.

Por alguna razón que no está clara, el denunciante, Nimrod Estévez, plantea que el nombramiento de la titular interina, Ángela Figueroa, es ilegal. El delito de nombramientos ilegales (artículo 32 CP) tiene una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de diez mil a veinticinco mil quetzales.

 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su discutible resolución

El antejuicio contra el vicepresidente lo conoce en última instancia el Congreso. Pero como hemos comentado en otro momento, la ley en materia de antejuicio ordena al juez que reciba la denuncia a remitir el expediente a la CSJ. Luego, es este tribunal quien lo remite al órgano que corresponda (en este caso al Congreso) si es que no le toca conocerlo directamente. El artículo 16 de esta ley dice:

Cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada en contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, según lo estipulado por la ley, se inhibirá de continuar instruyendo y en un plazo no mayor de tres días hábiles, elevará el expediente a conocimiento de la Corte Suprema de justicia para que ésta, dentro de los tres días hábiles siguientes de su recepción, lo traslade al órgano que deba conocer del mismo, salvo que ella misma le correspondiere conocer. El juez no podrá emitir en la nota de remesa juicios de valor, ni tipificar el delito. (resaltado propio)

Ahora bien, por desarrollo jurisprudencial (expedientes 2041-2003, 634-2005 y 2040-2003), la Corte de Constitucionalidad ha sentado doctrina legal y ha establecido que, en el momento de conocer el expediente del antejuicio, la Corte Suprema de Justicia:

…no es un simple tramitador de los asuntos en los que se dirima las diligencias de antejuicio en contra de los funcionarios que gocen de ese derecho, debiendo calificar y depurar los procesos que sean instados por motivos espurios, políticos o ilegítimos, (…), entendiendo que ello le faculta para que, de concurrir tales situaciones, pueda acordar el rechazo liminar de la denuncia, y de no ocurrir estas, declarar que lo denunciado merece el posterior agotamiento del procedimiento que regula la Ley en Materia de Antejuicio. (resaltado propio)

En pocas palabras, y a falta de que la Corte Suprema de Justicia haga pública su resolución, salta a la vista que debieron hacer un examen pormenorizado de la denuncia previo a mandarla al Congreso. 

Las razones por las cuales se comete el delito de nombramientos ilegales van por dos vías: o se hizo en violación del procedimiento que manda la ley o la persona designada no reúne las calidades para ocupar el cargo.

Hasta ahora, no se ha reportado que la señora Figueroa no reúna las calidades para ocupar el cargo. Tampoco se ha reportado que se haya nombrado en infracción del procedimiento bajo el entendido que al ser interina, el proceso del titular definitivo debe hacerse esta semana.

Algunas fuentes no oficiales refieren que la denuncia podría deberse al "plazo" del nombramiento de la titular interina. Si fuera verdad, sería absurdo instar una denuncia por nombramientos ilegales por tal motivo dado que la designación conforme al proceso de ley está en curso.

Por tal motivo, el amparo que interpuso el vicepresidente contra la Corte Suprema de Justicia tiene fundamento. Este ya lo conoce la Corte de Constitucionalidad y ya ha otorgado amparo provisional al vicepresidente.

Llama la atención que esta votación haya sido tan cerrada en la Corte Suprema. En los últimos dos años, este tribunal se ha ganado una mala reputación por rechazar antejuicios contra funcionarios acusados de corrupción.

Consistentemente quienes han votado en diferente sentido han sido las magistradas María Eugenia Morales y Delia Dávila. Esta vez, ambas votaron en contra de tramitar el antejuicio contra el vicepresidente. Sin embargo, en este caso concreto, han votado en contra, además, los magistrados Felipe Baquiax y José Pineda Barrales.

Sandra Torres a la carga
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Edgar Ortiz es el Director del Área Jurídica en Fundación Libertad y Desarrollo, es catedrático universitario y participa como analista político en diferentes medios de comunicación. 
30 Jul 2020

Torres ya ha impugnado el amparo provisional y quedará en manos de la Corte de Constitucionalidad decidir si mantiene el amparo provisional o no. Lo razonable sería que lo mantenga. Los cuestionamientos que ofrezco en esta reflexión, nos dejan ver que hay razones de peso para dudar de la juridicidad de la resolución del departamento de organizaciones políticas.

 

 

Antecedentes

La ex candidata presidencial Sandra Torres está procesada por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita desde octubre de 2019. Inicialmente fue enviada a prisión preventiva por la jueza Claudette Domínguez.

Sin embargo, durante la ausencia de la jueza Domínguez, Sandra Torres consiguió su arresto domiciliar en lugar de la prisión preventiva gracias a un fallo de la jueza Eva Recinos. Las condiciones de su arresto domiciliar incluían: prohibición de salir del departamento de Guatemala y del país, fianza de Q800,000, obligación de asistir periódicamente al Ministerio Público a registrar su huella y prohibición de mantener comunicación con la gente del partido UNE.

Busca el control del partido

Sandra Torres había sido elegida secretaria general del partido UNE en 2017 y su mandato expiraría en julio de 2020. No obstante, dado que desde marzo el Tribunal Supremo Electoral ha suspendido los plazos con motivo del estado de calamidad aún vigente, los partidos políticos no han celebrado sus respectivas asambleas para elegir a sus comités ejecutivos.

En octubre de 2019, el Comité Ejecutivo de la UNE había resuelto delegar temporalmente la secretaría general del partido en el diputado Oscar Argueta, secretario adjunto I. El movimiento tenía sentido dado que Sandra Torres estaba para entonces en prisión preventiva.

Lo que sorprende es ver que, pese a la prohibición que tiene Sandra Torres de sostener comunicaciones con la gente del partido UNE, enviara una solicitud al departamento de organizaciones políticas el 6 de mayo pasado para retomar la secretaría general del partido.

Inicialmente su solicitud fue rechazada por la dependencia antes referida bajo el argumento de que su agrupación estaba suspendida sanciones aplicadas por campaña anticipada. El 26 de mayo presentó una revocatoria contra dicha decisión argumentando que las sanciones impuestas al partido no estaban firmes y que debía procesarse su registro como secretaria general.

Una decisión cuestionable

Lo que causa sorpresa es una resolución del 12 de junio de 2020 del jefe del Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. En esa fecha, el referido funcionario decide hacer una “enmienda del procedimiento administrativo” aduciendo que se había cometido un “error sustancial”.

¿Cuál fue dicho error sustancial? De acuerdo con el funcionario, que la resolución que negó la petición de Sandra Torres fue suscrita por el Registro de Ciudadanos (ente superior al Departamento de Organizaciones Políticas), lo cual es incorrecto. Al respecto dice la resolución:

“En ese orden de ideas, el recurso de revocatoria (…) no podría ser conocido en alzada, de forma imparcial e independiente por la Dirección General del Registro de Ciudadanos, tomando en cuenta que esa Dirección ya fue parte en el asunto a quo, viciando su imparcialidad por haberse pronunciado con antelación”.

¿Se puede enmendar el procedimiento administrativo? Sin duda. Hay abundante jurisprudencia en la materia desde 1990. Lo cuestionable son los términos en que se da la enmienda en el caso concreto.

En primer lugar, la jurisprudencia que la propia dependencia cita (expediente 98-2014 de la Corte de Constitucionalidad (CC)) refiere que la enmienda puede producirse mientras el acto “…no haya sido consentido o que no esté sujeto a ningún recurso o procedimiento por medio del que se pretenda discutir su juridicidad”. En el caso bajo análisis, la señora Sandra Torres había interpuesto un recurso de revocatoria que debía resolver el Registro de Ciudadanos. No cabía la enmienda, sino esperar a que el recurso se ventilara.

En segundo lugar, como mencionamos antes, el jefe del departamento de organizaciones políticas afirma que la resolución que afecta a Sandra Torres fue suscrita “incorrectamente” por el Registro de Ciudadanos. Si es así, ¿qué competencias tendría el departamento de organizaciones políticas para enmendar una resolución de su superior jerárquico, el Registro de Ciudadanos?

Un amparo provisional mantiene todo en suspenso

Ante tal situación, otros interesados del Partido UNE interpusieron un amparo contra la enmienda del procedimiento antes mencionada. Desconozco los motivos de su impugnación, pero puedo suponer que por motivos similares a los que señalé.

El amparo lo conoció el juzgado tercero de primera instancia civil del departamento de Guatemala y otorgó amparo provisional. Esto de momento invalida la inscripción de Sandra Torres como secretaria general.

Torres ya ha impugnado el amparo provisional y quedará en manos de la Corte de Constitucionalidad decidir si mantiene el amparo provisional o no. Lo razonable sería que lo mantenga. Los cuestionamientos que ofrezco en esta reflexión, nos dejan ver que hay razones de peso para dudar de la juridicidad de la resolución del departamento de organizaciones políticas.