La lucha por el futuro del sistema de justicia es la lucha por el país. Es imposible, e incluso poco deseable, impedir que las personas que ocupan los más altos cargos en el poder judicial se identifiquen con determinadas ideas políticas, pero sí debemos impedir que estas personas estén afiliadas a las mafias y que su trayectoria profesional esté impregnada de conflictos de interés que estorben la independencia judicial.

El conflicto desatado por la elección de magistrados para las más altas Cortes del país no es ideológico, aunque muchas personas estén empeñadas en hacerlo parecer así. Es claro que a la alianza criminal que busca dirigir el país no la mueve la ideología, sino la búsqueda de impunidad.

Hasta hoy, el conflicto ideológico ha sido la herramienta utilizada para mantener un ambiente de tensión entre distintos actores sociales. Esta tensión es útil para los intereses de la alianza criminal porque mantiene vivos los pleitos del pasado y nubla la posibilidad de ver el problema actual, mete mucho ruido en las conversaciones.

La ideología tiene total relevancia en la política y en la interminable tarea de construir un proyecto de país, pero en el contexto actual resulta superficial; el conflicto de fondo es una pugna sostenida por fuerzas oscuras que intentan tomar control total del sistema de justicia, para usarlo en su beneficio y evitar que se repita el extraordinario movimiento que llevó al país a discutir sobre la necesidad de luchar contra la corrupción, proceso que inició en 2014 y hoy se encuentra en pausa.

Actualmente el foco del problema es la Corte de Constitucionalidad, este órgano de naturaleza jurídico-política ha jugado un papel relevante e indispensable en distintos momentos de la historia política de este país. El breve período que duró el proceso de lucha contra la corrupción no fue la excepción.

El controversial rol de árbitro político adoptado por la Corte, la ha convertido en un apetecido botín de las fuerzas que quieren tomar el mando del país y apoderarse lentamente del presupuesto nacional. Lo fue cuando Ríos Montt logró impulsar exitosamente su candidatura inconstitucional y también cuando Sandra Torres fracasó en hacer lo mismo.

Hoy nuevamente estamos presenciando un intento desesperado por manipular el balance de la Corte, no para darle un enfoque político-ideológico distinto, como algunas personas creen, sino para impedirle ser un obstáculo para los objetivos de la alianza criminal.

Las pruebas de esto están a la vista. Primero, es bastante obvio que el inexcusable retraso del Congreso en la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, está relacionado a la necesidad de evitar que la CC impida que la alianza criminal coloque en puestos claves a personas señaladas por el MP en el caso Comisiones paralelas 2020. Segundo, la prisa de colocar a una persona señalada por varios delitos en una posición tan relevante como una magistratura en la Corte de Constitucionalidad, llevó al Congreso a cometer varios abusos y posibles ilegalidades que le restan cualquier legitimidad al proceso.

Hoy la alianza criminal apostó por el todo y quedó al descubierto con sus planes, generando reacciones bastante vocales de relevantes y diversos actores políticos internos y externos. También logró que la discusión ideológica quedara en segundo plano, al menos por un tiempo.

La lucha por el futuro del sistema de justicia es la lucha por el país. Es imposible, e incluso poco deseable, impedir que las personas que ocupan los más altos cargos en el poder judicial se identifiquen con determinadas ideas políticas, pero sí debemos impedir que estas personas estén afiliadas a las mafias y que su trayectoria profesional esté impregnada de conflictos de interés que estorben la independencia judicial.

Estamos en un momento de mucho riesgo.

Con 16 candidatos presidenciales, varias candidaturas en impugnación y profundas tensiones políticas, el país se divide entre los seguidores del ex presidente Rafael Correa, inhabilitado y con varios procesos por corrupción a cuestas,  y sus detractores, entre quienes se encuentran el actual presidente Lenín Moreno y la centro-derecha amalgamada en la figura del banquero Guillermo Lasso.

El próximo 7 de febrero Ecuador elige presidente y vicepresidente de la república. Además, en esa primera vuelta, los ecuatorianos elegirán Asamblea Nacional y Parlamento Andino.

Con 16 candidatos presidenciales, varias candidaturas en impugnación y profundas tensiones políticas, el país se divide entre los seguidores del ex presidente Rafael Correa, inhabilitado y con varios procesos por corrupción a cuestas,  y sus detractores, entre quienes se encuentran el actual presidente Lenín Moreno y la centro-derecha amalgamada en la figura del banquero Guillermo Lasso.

Rafael Correa, quien hace cerca de una década formó parte del coro de gobiernos populistas afines al Foro de Sao Paulo y al llamado “socialismo del siglo XXI”, ahora con la alianza de izquierda llamada Unión por la Esperanza, pretende aplicar la misma fórmula de Evo Morales para regresar al poder en Bolivia: postular a un delfín “moderado” con un background de “tecnócrata”, como es el caso del joven economista Andrés Arauz, quien promete recuperar la devastada economía del país a causa de desequilibrios fiscales y déficits que vienen arrastrando desde hace varios años y, además, de la crisis que trajo consigo la pandemia del Covid-19. Y quien según la encuestadora Market, no llega al 40% para ganar en primera vuelta, sin embargo, lidera la intención de voto con un 36%.

Por su parte, Guillermo Lasso, con una intención de voto del 30%, es el candidato de oposición por la centro-derecha y lo que algunos medios de comunicación han denominado la “alianza conservadora” entre su partido CREO y el Partido Social Cristiano, ofrece la misma receta de prácticamente toda la derecha latinoamericana que cree ingenuamente que al discurso populista se le ataca solamente con números fríos: un plan económico seguramente bien diseñado y con las mejores intenciones para hacer crecer la economía, pero que no conecta con la mayoría de la población que no ve solución concreta a sus problemas del día a día.

Además de Arauz y Lasso, otro aspirante está llamando la atención de la opinión pública y sobresaliendo entre los tantos nombres en campaña. Se trata de Yaku Pérez, del movimiento indígena, con un 13% de intención de voto. Detrás de él, tenemos una oferta política completamente fragmentada con candidaturas que no superan el 3% de intención de voto. Esto —como sabemos por experiencia en países como Guatemala— lo más seguro es que llevará a tener un Poder Legislativo profundamente atomizado sin una bancada fuerte, lo cual es poco favorable para quien termine ocupando la primera magistratura del Ejecutivo.

Por otra parte tenemos el curioso caso del candidato Álvaro Noboa, postulado por el movimiento Justicia Social, cuya candidatura surgió a mitad de la precampaña como una suerte de candidato de consenso, o tercera vía, alejada de las fuerzas del correísmo y de la derecha representada por Lasso. Al parecer, a pesar de la resolución favorable del CNE sobre su candidatura extemporánea, aún sigue en el limbo si correrá en las elecciones por lo ajustado de los plazos del cronograma electoral y la impresión de papeletas.

Ante tal fragmentación del sistema, las preferencias de los electores se inclinan hacia la total indecisión. Según otra encuesta presentada hace pocos días por la firma Cedatos, en el área rural es mayor la indecisión que llega al 70%, mientras que en el área urbana es del 60%. Además, si lo segmentamos por edad, la mayor indecisión se observa en los jóvenes menores de 25 años. El 67% dice que todavía está indeciso; de 25 años a 45 años la indecisión es del 62% y en los mayores de 46 años llega al 58%.

La encuesta de Cedatos es reveladora porque pone en relieve los graves problemas del sistema, como que a escasos 12 días de a elección, la población está muy poco informada sobre los binomios. Apenas conocen de tres a seis candidatos a las elecciones y sólo el 30% de los encuestados “al menos tuvo una idea” del debate presidencial y de los planes de gobierno de los aspirantes presentados al país en aquella oportunidad.

Toda esta descripción apunta a que el correísmo tiene altas —por no decir todas— las posibilidades de imponerse. La presidencia de Lenín Moreno (otrora también delfín de Correa, pero posteriormente apartado de su persona), habrá pasado sin pena ni gloria, sin haber podido dejar siquiera un sucesor y con la incapacidad de haber completado cambios necesarios en materia tributaria y laboral y sin haber podido mitigar los efectos devastadores de la pandemia en términos de mortalidad y caída de la economía.

Cinco órganos electores con cinco dinámicas diferentes

La madre de las batallas de este 2021 será la integración de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026. Vaya si no. La siguiente magistratura deberá resolver impugnaciones sobre la estancada elección de cortes (donde se juega la impunidad de cientos de personajes poderosos). También deberá resolver acciones constitucionales en casos penales; o amparos respecto de la cancelación de partidos políticos señalados por anomalías en financiamiento. O qué decir de la inscripción de candidatos para la elección 2023 (Zury Ríos siendo el caso paradigmático). Sin olvidar el rol de “árbitro de última instancia” que hace de la CC el actor que disipa -en última instancia- todos los conflictos políticos judicializados.

En este contexto, la reciente elección en el CANG para culminar el período de Bonerge Mejía (q.e.p.d.) fue una primera medición de fuerzas. Las alianzas, los apoyos extra-gremiales, el resultado de la votación y el cantado desenlace judicial son pequeños adelantos de lo que está por venir.

Del CANG he indicado las similitudes y semejanzas entre las elecciones político-partidarias y las elecciones gremiales. Aquí son tres variables que decidirán la elección: 1) las redes de movilización; 2) las alianzas gremiales; y 3) el apoyo de instituciones públicas que emplean a buen número de abogados. De ahí que resulte clave la capacidad de acercamiento con grupos que aglutinan egresados de la USAC y de las Universidades han facilitado la graduación de profesionales. En la elección de enero, vimos a las redes de abogados del interior decantarse por Estuardo Gálvez; mientras la mayoría de instituciones del sector público movieron sus piezas en apoyo de Mynor Moto.

En cuanto al Consejo Superior de USAC, aunque dividido en tres, la correlación de fuerzas dependerá de la articulación desde la Plaza de los Mártires. De ahí que se mantenga abierta la posibilidad de designar tanto a magistrados afines al poder político como a magistrados con una agenda de tipo “contra-poder”. La capacidad de las facciones independientes de acordar candidatos comunes y mantener el ejercicio del veto frente a Rectoría definirá el resultado de esta elección.

En el Congreso, la llave claramente está en manos de la alianza oficialista y sus 85 votos. Ahí la voz del oficialismo tendrá peso; pero también la de Valor que ve en la próxima CC el trampolín para la postulación de su candidata. Sin duda, la clave será el cumplimiento de forma y fondo. Con un Congreso que descaradamente desoye al poder norteamericano, la esfera de influencia de la Reforma parece limitada. Sin embargo, con el balance intacto en la CC saliente, las acciones de control de constitucionalidad servirán -aunque temporalmente- para bloquear designaciones de personajes impresentables.

En el Ejecutivo, la designación será una decisión unilateral del Presidente, refrendada por el Consejo de Ministros. Aquí es donde más pesará la demanda del “nuevo” Washington de asegurar designaciones de abogados independientes, honorables e idóneos. Aunque los corridos de pasillo aseguran que “los dados ya se jugaron”, esta elección es la que parece más abierta a sorpresas positivas.

Sobre la CSJ es difícil pronunciarse. En condiciones ceteris paribus, será el pleno saliente que designe. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la legalidad y legitimidad de nombramientos de segundo grado por una magistratura suprema “prorrogada” empiezan a ganar tracción en círculos académicos y de poder regional. Pensar que el Congreso acelere la elección de CSJ para viabilizar la integración de magistratura constitucional, suena a locura, pero aún no descartable. Tampoco es descartable que la Reforma tenga margen de maniobra en esta elección; paradójicamente con la magistratura suprema saliente, dado que algunos de sus miembros encabezan listados potenciales para quedarse sin el privilegio de visitar a Mickey. Todo ello deja demasiadas variables por resolver, y por ende, muy abierta la puerta a sorpresas.

El proceso de designación de magistrados en 2021 debe ser distinto si los actores involucrados quieren dar oxígeno y legitimidad el tribunal constitucional. Es indispensable que la ciudadanía le exija al presidente y demás órganos un proceso de designación serio, basado en evaluación de mérito, transparente y público.

El 14 de abril deberá instalarse la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC). Para mediados de marzo dicha elección debe estar definida por los órganos que designan a los cinco magistrados titulares y sus respectivos suplentes.

Los órganos que designan a los magistrados del tribunal constitucional son: 1) el pleno de la Corte Suprema de Justicia; 2) El pleno del Congreso de la República; 3) el Presidente en Consejo de Ministros; 4) el Consejo Superior Universitario de la USAC y 5) la Asamblea del Colegio de Abogados.

Ni la Constitución ni la Ley de Amparo establecen procedimientos concretos para la selección de magistrados a la CC. La Constitución se limita a establecer requisitos que para ser magistrado: 1) ser guatemalteco de origen, 2) ser abogado colegiado activo, 3) ser de reconocida honorabilidad y 4) tener por lo menos quince años de graduación profesional.

Por supuesto, estos son los requisitos para ser magistrado, pero no quiere decir que deban ser los únicos parámetros para designar a los magistrados de tan importante tribunal. Por eso es importante que todos los órganos que tienen la capacidad de designar magistrados implementen procesos de selección adecuados.

No olvidemos que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14) como la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8) establecen que todos tenemos derechos a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un “tribunal competente, independiente e imparcial”. En igual sentido va nuestra Constitución.

De este modo, nuestros derechos no pueden estar garantizados y ni protegidos si el Estado guatemalteco no nos garantiza tribunales independientes e imparciales. Y no cabe duda de que la única manera de lograr esos objetivos es adoptar procesos de selección que garanticen que los magistrados designados reúnan condiciones de mérito e idoneidad suficientes.

En el año 2016 algunos órganos intentaron implementar procesos que iban en esta dirección. El Congreso, por ejemplo, creó una comisión especial conformada por un diputado de cada bloque legislativo para evaluar los expedientes de los aspirantes bajo los principios de la Ley de Comisiones de Postulación y proponer una nómina final sobre la cual el pleno eligió a los magistrados titular y suplente.

La Corte Suprema de Justicia hizo algo muy parecido. Organizó un proceso de postulación pública, evaluaron los expedientes de los aspirantes a partir de una serie de requisitos que se listaron en la convocatoria, se hicieron pruebas psicométricas, entrevistas, se asignó un punteo a cada aspirante y se procedió a votar.

En el Colegio de Abogados se limitaron a inscribir candidatos y organizar la elección entre agremiados. El entonces presidente, Jimmy Morales, fue una de las notas negativas de la designación, pues fue el único que hizo la designación de forma secreta y unilateral.

En medio de todo, el proceso de 2016 representó un avance en comparación con procesos anteriores al menos en cuanto a la publicidad del proceso. En el fondo, se repitió el vicio de las comisiones de postulación en cuanto a que la evaluación de fondo consiste en dar punteo a una colección de diplomas que no nos dicen mucho sobre las aptitudes de los aspirantes.

Por eso el proceso de designación de magistrados en 2021 debe ser distinto si los actores involucrados quieren dar oxígeno y legitimidad el tribunal constitucional. Es indispensable que la ciudadanía le exija al presidente y demás órganos un proceso de designación serio, basado en evaluación de mérito, transparente y público. Es la única manera de arrojar un poco de luz en medio de la oscuridad en la que se encuentra el país a nivel institucional.

Estados Unidos hoy es una sociedad profundamente dividida.

Durante los últimos veinte años, los centros urbanos y las costas han vivido una revolución de progresismo político y social. El laicismo, el reconocimiento de los derechos civiles de minorías sexuales y el creciente rechazo a la agenda de intervención exterior norteamericana son quizá los hitos de cambio social que caracterizan la transición de la Generación X a los Milenials urbanos. En gran medida, empujado por una generación que en su mayoría ha pasado por las aulas universitarias. Mientras tanto, la discusión sobre la materialización de la desigualdad ha llevado a este mercado demográfico a presionar por una agenda más agresiva en relación con la salud pública universal y el sistema de seguros o la administración de la deuda estudiantil de esa generación que pasará años el crédito universitario.

Entretando, los suburbios o las zonas rurales del centro y centro-oeste mantienen su carácter eminentemente conservador. En su mayoría, encontramos a familias de granjeros, trabajadores de “cuello azul”, operarios industriales y pequeños comerciantes. Es un mercado demográfico que reciente la migración ilegal, en gran medida, porque fácilmente pueden ser desplazados de sus puestos de trabajo por ese ejército de ilegales venidos de la frontera sur. Este núcleo sigue teniendo en las fuerzas armadas un referente de valores cívicos y un hito aspiracional de elevador social (vía el acceso a educación superior gratuita). La oleada de laicismo urbano no ha llegado a estas latitudes, por lo que los valores cristianos siguen muy arraigados. De tal manera, el rechazo a la agenda de género es latente.

Dos mundos, dos formas de entender el entorno y dos visiones distintas sobre lo que aspiran del poder coexisten en el país que durante años ha sido el referente global de las ideas de república, democracia, economía de mercado y respeto a los derechos civiles. Esos dos mundos asumen dos colores en las elecciones: el azul demócrata de los centros urbanos y el rojo republicano de los suburbios y la ruralidad. 

A nivel de Estados, la relación es evidente. Aquellos más urbanos (California, Nueva York, Massachussets, Pennsylvania) son totalmente azules; aquellos más rurales (Montana, las Dakotas, Oklahoma, Idaho, Wyoming, Kentucky, Tennessee) son totalmente rojos. Pero la brecha urbano rural destaca incluso en Estados bisagra. Por ejemplo, Florida tiene zonas urbanas por excelencia (Miami, Orlando, Tampa Bay, Jacksonville) donde los demócratas ganan sin problema; mientras en el resto de los suburbios se concentra el apoyo republicano. Caso similar ocurre con Texas, donde a pesar de ser Estado bastión republicano, las ciudades como Dallas, Houston y San Antonio son áreas de incidencia demócrata.

Esa realidad describe la política de los últimos 15 años en Estados Unidos. Barack Obama fue un Presidente urbano-céntrico. Su agenda enfocada en la reforma de salud, en el reconocimiento de los derechos de minorías y una actitud más liberal frente a la migración sirvió al primer público. Trump fue un Presidente de los suburbios. Su actitud más restrictiva frente a la migración, el rechazo a un plan uniforme de salud o una visión más conservadora de la sociedad agradaron al público número dos, quien por cierto (como ocurre tanto en América Latina) le agrada esa forma propia de los populismos autoritarios.

Y así, a un día de llegar Joe Biden a la Casa Blanca, el reto no es menor: compaginar dos visiones del mundo. Una, con 74 millones de voces, que percibe el resultado de noviembre pasado como un gran fraude contra el bastión del tradicionalismo. El otro mundo, con 81 millones de expresiones, se percibe como el referente interno de la modernidad, sin reconocer que a unos pocos kilómetros, existe otro norteamericano con una visión diametralmente opuesta de la realidad. Como no ocurría desde los años sesenta, el reto de la democracia más antigua del mundo, es encontrar la receta institucional para hacer encontrar a estos dos mundos que hoy son Estados Unidos.

Habrá que ver si el ethos liberal occidental saldrá bien librado de los retos (y amenazas) que se ciernen sobre quienes creemos en la moderación y la construcción de consensos como base de la democracia y como actitud clave en la política.

El título de esta entrega es un “guiño” a la celebérrima frase que expresó hace un siglo el periodista estadounidense Lincoln Steffens al visitar la Unión Soviética.

Estamos presenciando un momento donde pareciera que los miedos que muchos tenían, desde hace más o menos una década atrás, advirtiéndonos con respecto a las redes sociales y su impacto en el desgaste de las democracias liberales occidentales; están concretándose finalmente en la realidad.

Podemos ubicar los orígenes de esta “reinvención de la política”[1] —o más bien colusión entre el poder político y los grandes conglomerados digitales— en los años 2007 y 2008, durante la campaña presidencial en Estados Unidos, que llevaría a Barack Obama al poder. La campaña de Obama representó una ruptura con respecto a la forma de hacer política tradicional ya que fue el primer candidato en comenzar su “peregrinaje” en los medios de comunicación en las oficinas de Google, en Palo Alto, California, y no con el acostumbrado board editorial del New York Times o del Washington Post. 

Hoy en día, es incuestionable que las redes sociales son el ágora, el vehículo, el medio, en el que se expresan las demandas políticas y el descontento social de la ciudadanía; a diferencia de las democracias tradicionales donde prácticamente las únicas vías de expresión ciudadana eran el voto y la protesta. También es innegable que el ejercicio del poder se ha transformado con este fenómeno porque ahora los líderes del mundo dan la impresión de gobernar, dirimir conflictos, pactar acuerdos con aliados, o hasta amenazar adversarios por ésta vía.

Además hoy, gracias a las redes, somos testigos en tiempo real de todo lo que pasa en cualquier rincón del mundo, con el añadido de que ya no contamos con mediadores ni expertos en análisis de opinión, que de alguna manera editorialicen la información. Toda esta avalancha informativa la encontramos al alcance de nuestro dispositivo móvil. En cualquier día normal podemos presenciar en vivo y directo la ejecución de un general iraní, una explosión en Beirut, el asesinato de un afroamericano a manos de un policía en Minneapolis y la irrupción de manifestantes violentos al capitolio de los Estados Unidos.

A esta híper-conectividad o “infoxicación”, sumémosle la disrupción en los lazos comunitarios, gracias a la existencia de algoritmos que filtran información de acuerdo a las preferencias e intereses de los usuarios; que nos aíslan y encierran en “burbujas” de cada polo del espectro político, donde han comenzado a proliferar teorías conspirativas y opiniones cada vez más inflamatorias, que prácticamente anulan cualquier sentido de tolerancia y de respeto hacia quien “no piense como yo”.

Ya lo advertía Giovanni Sartori cuando describía el empobrecimiento en la capacidad de entender y la atrofia del pensamiento abstracto y conceptual que estaba generando la televisión y la comprensión del mundo sólo a través de imágenes y no de palabras[2].

Otra barrera que impide la comprensión de la realidad es la rapidez con que circula una información. El tiempo de vida de lo que en las aulas de periodismo o redacciones solía llamarse “hecho noticioso”, no pasa de unas cuantas horas, e incluso, minutos. Esto ha hecho que pasemos a un paradigma distinto al habitual, algo que el filósofo Zygmunt Bauman ha denominado “modernidad líquida”[3], en la que la continuidad de las estructuras sociales no se mantienen en el tiempo, sino que se quedan en proyectos simultáneos de corto alcance, con millones de valoraciones muy volátiles que se entrecruzan entre sí. Esto no sólo impide la compresión sino la capacidad de acción individual.

Lo que pensadores desde Polibio, Tocqueville y Ortega y Gasset, temieron como el gobierno de la masa irracional, pareciera estar materializándose en la realidad. Eso indica el espíritu de los tiempos. Habrá que ver si el ethos liberal occidental saldrá bien librado de los retos (y amenazas) que se ciernen sobre quienes creemos en la moderación y la construcción de consensos como base de la democracia y como actitud clave en la política.

[1] Beas, Diego. La reinvención de la política. Caracas. Ediciones Puntocero. 2010

[2] Sartori, Giovanni. Homo videns. La sociedad teledirigida. Madrid. Taurus. 1999

[3] Bauman, Zygmunt. Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. Barcelona. Tusquets. 2008

Similitudes deleznables entre la política partidaria y la política gremial

El pasado 4 de enero, la Asamblea General del Colegio de Abogados realizó la primera vuelta para elegir magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. El resultado fue un fiel reflejo del sistema político nacional. Los dos finalistas, Mynor Moto y Estuardo Gálvez, han sido cuestionados en cuanto al cumplimiento de los requisitos constitucionales de idoneidad y honorabilidad para optar al cargo.

Esta realidad no es muy distinta de lo que ocurre con las elecciones político-partidarias. En demasiadas ocasiones, los candidatos electos a cargos de elección popular, no necesariamente destacan por sus méritos éticos, académicos o profesionales. Por el contrario, sobran los ejemplos de candidatos vinculados a grupos de corrupción o crimen organizado que terminan ganando una alcaldía o diputación. Para muestra, en 2019, la UCN alcanzó 13 diputaciones meses después de que su presidenciable fuese sorprendido negociando con el Cartel de Sinaloa. O en 2015, cuando el Partido Líder obtuvo más de 45 diputaciones, a pesar de que su binomio presidencial había sido señalado por actos de corrupción.

La realidad gremial no es muy distinta de la partidaria. La política en Guatemala, sin importar si los electores son ciudadanos de a pie o profesionales del derecho, está capturada por intereses corruptos o abiertamente criminales. En ambos, se replican las mismas prácticas cuestionables de acceso al poder.

El primer problema es el financiamiento de campañas. Así como en la política partidaria se desconoce sobre los verdaderos financistas de campaña, lo mismo ocurre en el CANG. ¿Acaso ya se solventó la duda sobre quién sufragó los gastos de avioneta y call center de Mynor Moto? Que no nos sorprenda entonces si aquella proporción de fuentes de financiamiento de la política, que indicaba que el 50% de las campañas electorales se financian por la corrupción y 25% por el narcotráfico, se replique también a nivel gremial.

Otra realidad del sistema electoral y de partidos es el clientelismo. En toda elección vemos cómo los grupos partidarios buscan comprar votos mediante rifas, entrega de alimentos y demás prebendas. Lo mismo ocurre en el CANG, quizá con un grado superior de sofisticación. Los “desayunos” gremiales, los cursos, las carnitas del día de votación o las fiestas tienen como fin la búsqueda de votos gremiales. Así como el votante en pobreza compromete su voto por un pan; el abogado lo hace por unas carnitas.

El fenómeno de la empleomanía también se replica en ambos mundos. A nivel partidario, cuantos activistas dedican horas-hombre a la campaña bajo la aspiración de acceder a una “plaza” una vez se llegue al poder. No es muy distinto lo que ocurre a nivel de agrupaciones gremiales en el CANG.

O qué decir del acarreo, fenómeno que elección tras elección caracteriza la dinámica del Día-D. A nivel gremial también vemos cómo instituciones públicas con alto número de abogados, “invitan” o directamente “movilizan” a sus profesionales para apoyar a determinada planilla o candidato.

Las mismas críticas que esbozamos cada cuatro años sobre las prácticas cuestionables de los partidos políticos en año electoral se replican, en un micro-cosmos, en el CANG. A una escala menor o con un poco más de sofisticación, la opacidad en el financiamiento, el clientelismo y el acarreo son el común denominador tanto en elecciones partidarias como en las gremiales. La similitud de prácticas entre el mundo partidario y gremial, o entre sectores desfavorecidos y profesionales, denota que el clientelismo y la opacidad son medios socialmente aceptados para acceder al poder, sea político o judicial.

El 6 de enero de 2020 será una fecha para recordar. El día en que el palacio secular de la democracia de los Estados Unidos fue asaltado por un grupo de manifestantes violentos que rechazaban la legitimidad de Joe Biden como presidente electo. Un evento que sucede con poca frecuencia en la historia de ese país y que en magnitud no se había visto desde hace más de 200 años. 

Lejos de simpatizar con las ideas de Joe Biden y la agenda que propone el partido Demócrata para los Estados Unidos, lo cierto es que no hay evidencia sobre fraude electoral. Luego de su ratificación, el mismo 6 de enero después de los desafortunados eventos, los resultados fueron más que contundentes, 306 votos del colegio electoral para Biden y Harris frente a los 232 de Trump y Pence. 

Ya varios habían alertado sobre los peligros que corría la democracia en los Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza.  Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en “Cómo mueren las Democracias” aseguran que la primera prueba se falló en las elecciones de 2016 cuando se escogió a un presidente con una dudosa lealtad a las normas democráticas. Hoy vemos los efectos de aquella advertencia.  

En una entrevista para la BBC, Levistsky  incluso asegura que comparando este fenómeno con otros procesos similares en América Latina, esto podría muy bien catalogarse como una intentona de autogolpe que fracasó dada la solidez de las instituciones estadounidenses.

La lección de este fenómeno es que el populismo es capaz de penetrar hasta los sistemas políticos más exitosos y estables del mundo. La institución de transferencia de poder pacífica en los Estados Unidos fue violentada. Este día quedará marcado en la historia como el día en que el presidente falló a sus votos de honor de “sostener, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos al máximo de sus facultades”.

Lo cierto es vienen años complejos para la política norteamericana, pero Estados Unidos y sus instituciones republicanas y democráticas sanarán. La solidez del sistema político y sus normas permanecerá vigente mientras los eternos vigilantes de la libertad, sus ciudadanos, sigan atentos ante estas amenazas.

La región latinoamericana presenta retos, amenazas y oportunidades de tal calibre para este año 2021, que no es alocado afirmar que se encuentra en una encrucijada, como tal vez no se le había presentado en varias décadas. Hoy más que nunca, estamos en un momento histórico y definitorio en muchos sentidos: o se toma la vía de la anti-política y el populismo radical, o se toma la vía moderada de las reformas institucionales y económicas para encaminarse definitivamente al sendero del desarrollo.

El saldo que ha dejado 2020 para América Latina ha sido devastador. A los problemas sanitarios y económicos que ha dejado a su paso la pandemia del Covid-19, se le deben sumar los problemas estructurales e históricos que el subcontinente viene arrastrando desde hace varias décadas. En su momento, la Cepal indicó que esta es la peor crisis que la región ha enfrentado en los últimos 100 años e incluso proyectaron una caída del PIB regional del 9.4%. De manera que afrontamos una crisis económica profunda que probablemente no veíamos desde los años 80, con la llamada crisis de la deuda, y a eso sumémosle el tema de la pandemia, que no se ha logrado contener del todo. De hecho, ahora vemos cómo muchos países atraviesan segundas y terceras olas de contagio, y cómo todo apunta a que la ansiada vacuna llegará, con suerte, en el segundo trimestre del año; tal vez con la excepción de Chile que sí pareciera tenerla antes.

En lo político, se abre un nuevo ciclo electoral y tenemos varios comicios a los que hay que prestarles atención, siendo uno de los más importantes el caso de Chile, que recordemos, viene arrastrando una inestabilidad desde el estallido social de 2019 y posteriormente con la aprobación de la Constituyente; es posible que los chilenos se decanten por una opción populista radical, ya que el candidato comunista va a la cabeza. Luego tenemos a Perú, donde recordemos lo que se vivió hace meses en el Congreso con las vacancias presidenciales y la crisis de gobernabilidad que se vivió por varios días; por ende, es probable que el fujimorismo o la izquierda radical tomen fuerza en estas elecciones, ya que las encuestas muestran gran dispersión entre un gran espectro de casi veinte opciones que no suman ni el 10% de las preferencias. Posteriormente está Ecuador, donde el correísmo aplicará la misma fórmula del moralismo en Bolivia en 2020, postulando a un “economista moderado”, pero siempre afín a las ideas del Foro de Sao Paulo. En la región Centroamericana están Honduras, donde recordemos que en 2017 tuvo unas elecciones cuestionadas, ante la vista de una comunidad internacional que se quedó de brazos cruzados. Y luego también están pautadas elecciones presidenciales en Nicaragua, donde lo más probable es que Daniel Ortega siga apelando al fraude para eternizarse en el poder, de hecho, se corre el rumor de que postulará a su esposa, Rosario Murillo, quien también ejerce el poder en conjunto con él desde hace varios años.

En resumen, lo que se vislumbra es más crisis y descontento social, que pueden desatar más estallidos contra la clase política, como ocurrió en Guatemala en noviembre de 2020. Lamentablemente en América Latina todas las opciones que se presentan son igual de malas: o se escoge entre un populismo de izquierda chavista o entre una derecha inmovilista y corrupta; y ambas opciones, recordemos, están infiltradísimas por el crimen organizado.

En ese sentido, el cisne negro o el factor determinante puede ser el viraje que se avizora con la nueva administración Biden-Harris en los Estados Unidos y el abordaje que planean para la región, ya que sus ejes parecieran girar en torno a lo económico e institucional. Se le prestará especial atención a la promoción del desarrollo en la región centroamericana, en conjunto con México, para evitar los flujos migratorios ilegales hacia el país del norte, y también se le prestará especialmente atención al problema de la corrupción, reactivando y fortaleciendo las famosas comisiones internacionales contra la corrupción. También se promete trabajar con el gobierno colombiano para reducir la exportación de cocaína, que no sólo es un tema de salud pública en EEUU por el alto consumo de ese país, sino que es un flagelo que erosiona la institucionalidad de la región, ya que el narcotráfico corrompe la política de todos los países que son parte del trasiego de la droga.

Tal vez el punto débil de este viraje lo veremos con respecto a Venezuela y Cuba, ya que la política Biden-Harris no pareciera enfocarse hacia un cambio de régimen, sino hacia una normalización de relaciones con estos países, al estilo de la administración Obama y su apertura con el régimen cubano, que el año pasado demostró una especial violencia hacia sus opositores. También se habla de una propuesta de aprobación de Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos en los Estados Unidos y la promoción de una “negociación de buena fe” entre la narcotiranía madurista con la oposición venezolana, lo cual apunta hacia una "tolerancia" con el régimen y una "resignación" hacia su continuidad en el poder; a pesar de que el año pasado se presentaron varios informes de la ONU y otros organismos multilaterales señalando a Nicolás Maduro como un criminal de lesa humanidad y que la Corte Penal Internacional también afirmó a finales del año pasado que hay indicios fuertes de que en Venezuela se han cometido violaciones graves a los Derechos Humanos.

A esta débil (para no decir fallida) política hacia Venezuela sumémosle que desde su campaña, Biden y Kamala han dicho que en su gobierno regularán fuertemente el “fracking”, por el tema del cambio climático. Las consecuencias indeseadas de esa noble causa pueden ser que probablemente veremos una subida en el barril OPEP y eso significa que quizá veremos en un futuro no muy lejano en acción una nueva “petro-diplomacia” del régimen venezolano. La chequera infinita que tuvo Hugo Chávez en su momento, ahora puede tenerla Nicolás Maduro. Eso tal vez signifique otra “marea rosada” en América Latina y más desestabilización a los proyectos democráticos de la región.

Y no dejemos de lado un último detalle, que es la creciente influencia que va ganando China en la región. Con un panorama de economías deficitarias y en crisis, y el cambio en las supply chains; los préstamos chinos serán una forma de “soft power” , que llenará cada vez más espacios que EEUU ha dejado vacíos y desatendidos por años en nuestros países.

En conclusión, la región latinoamericana presenta retos, amenazas y oportunidades de tal calibre para este año 2021, que no es alocado afirmar que se encuentra en una encrucijada, como tal vez no se le había presentado en varias décadas. Hoy más que nunca, estamos en un momento histórico y definitorio en muchos sentidos: o se toma la vía de la anti-política y el populismo radical, o se toma la vía moderada de las reformas institucionales y económicas para encaminarse definitivamente al sendero del desarrollo.

Será interesante ver cuál será el abordaje que dé el tribunal constitucional (de ser el caso) a los alcances del artículo 152 antes mencionado. Mientras tanto, la elección demuestra la crisis en que se encuentran las instituciones públicas de nuestro país.

La Corte de Constitucionalidad (CC) está conformada por cinco magistrados titulares con sus respectivos suplentes designados por la Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, presidente de la República en Consejo de Ministros, Consejo Superior Universitario de la USAC y por el Colegio de Abogados.

Al fallecer el magistrado Bonerge Mejía, designado por el Colegio de Abogados, surgió una vacante que debe llenarse. La actual magistratura termina su periodo el 14 de abril próximo de modo que quien sea designado en dicha elección fungirá en el cargo hasta esa fecha.

El pasado 4 de enero se llevó a cabo la elección y los candidatos más votados fueron el juez Mynor Moto y el ex rector de USAC, Estuardo Gálvez. Dado que ninguno obtuvo mayoría absoluta de votos, debía celebrarse una segunda vuelta.

Sin embargo, surgieron una serie de impugnaciones. Un grupo de abogados interpuso un amparo contra el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y el abogado Alfonso Carrillo presentó un recurso de apelación ante la Junta Directiva del Colegio de Abogados y posteriormente un amparo en contra del mismo órgano.

En síntesis, todas las acciones que he descrito antes señalan que no se verificaron los requisitos de idoneidad y honorabilidad que establece el artículo 113 constitucional. El abogado Carrillo agrega a sus argumentos que no se respeta lo que establece el artículo 152 de la Ley de Amparo.

Primer argumento: la idoneidad

El artículo 113 constitucional que establece:

“Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.

La CC ha sentado jurisprudencia en el sentido de que las exigencias de dicho artículo requieren que quien ocupe un cargo público no esté sujeto a procesos de antejuicio o tenga denuncias pendientes de resolver o no haya sido condenado.

Esta jurisprudencia se sentó a partir del año 2015 y la inauguró Alfonso Porillo cuando intentó inscribirse como candidato a diputado. El TSE le negó la inscripción y cuando el caso llegó hasta la CC (Expediente 3986-2015) este tribunal estableció que no podía optar al cargo de diputado por no gozar a la idoneidad y honradez que requiere el artículo 113 constitucional. ¿La razón? Portillo fue condenado por conspiración para el lavado de dinero en EE. UU.. La Corte dijo:

“De tal manera que para acceder a ese cargo resulta necesario cumplir, no solo con los requisitos previstos en el artículo 162 constitucional y no incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo 164 del magno texto, sino que además, deben observarse, por virtud del principio de unidad de la Constitución antes estudiado, las previsiones establecidas en el artículo 113 constitucional que regula los requisitos intrínsecos que deben reunir las personas que aspiran a cualquier cargo o empleo público (sea electivo o no), los cuales, como lo señala el texto matriz, deben ser fundados en méritos de: a) capacidad; b) idoneidad; y c) honradez.” (resaltado propio)

Vale la pena mencionar que dicho criterio fue asentado por la magistratura anterior y dicha resolución fue firmada por los magistrados Gloria Porras, Mauro Chacón, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Carmen María Gutiérrez, Juan Carlos Medina Salas y Ricardo Alvarado.

Posteriormente al caso Portillo, llegaron hasta la CC cuatro casos parecidos. El TSE rechazó adjudicar cargos a cuatro diputados que resultaron electos por no llenar los requisitos del artículo 113 constitucional. Lo novedoso de estos casos es que se consideró que tener un antejuicio en curso era motivo suficiente para perder las condiciones exigidas en la norma constitucional antes mencionada.

La CC por tanto refrendó el criterio de que los requisitos de honorabilidad y honradez no se cumplen al existir antejuicios en trámite en los casos de Emillennee Mazariegos (Expediente 586-2016), Gudy Rivera (Expedientes acumulados 1158 y 1159-2016), Mirza Arreaga (Expediente 3436-2016) y Baudilio Hichos (Expediente 243-2016).

En el proceso electoral de 2019 la CC resolvió el Caso Victor Alvarizaes (Expediente 3410-2019) a quien se le revocó la inscripción como candidato a alcalde junto con otros candidatos a la corporación municipal porque se encontraban “…en proceso de investigación y ligados a proceso por delitos de acción penal pública”.

Yo he sido crítico con el abordaje desde la CC de dicha jurisprudencia. Lo que es innegable es que se trata de doctrina legal al existir más de tres fallos en igual sentido. Y eso nos lleva a la conclusión que bajo el mismo criterio jurisprudencial el juez Mynor Moto no cumple el requisito del artículo 113 constitucional al tener antejuicios pendientes.

A su vez, el ex rector de USAC, Estuardo Gálvez, quedó con una denuncia que dejara la extinta CICIG y de existir investigación en curso, siguiendo la jurisprudencia antes citada, también tendría impedimento.

Segundo argumento: el artículo 152 de la Ley de Amparo

El abogado Alfonso Carrillo presenta un interesante argumento. El artículo 152 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece:

“Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, además de los requisitos contemplados en el artículo anterior y que les son comunes a todos ellos, deberán ser escogidos preferentemente entre personas con experiencia en la función y administración pública, magistraturas, ejercicio profesional y docencia universitaria, según sea el órgano del Estado que los designe.” (Resaltado propio)

Sobre este punto no se ha sentado jurisprudencia, pero plantea una discusión muy interesante. La Ley plantea como requisitos “especiales” que los magistrados que designe cada órgano respondan “preferentemente” a personas con experiencia en el ámbito de sus entes designadores.

Al tratarse del Colegio de Abogados, la designación debería tratarse preferentemente de abogados en ejercicio antes que en jueces. Los jueces deberían tener preferencia en la designación que haga la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo.

Será interesante ver cuál será el abordaje que dé el tribunal constitucional (de ser el caso) a los alcances del artículo 152 antes mencionado. Mientras tanto, la elección demuestra la crisis en que se encuentran las instituciones públicas de nuestro país.