El sistema electoral es la puerta de entrada al sistema político. Cuando tenemos un sistema electoral diseñado a la medida de los grupos de interés o de quienes pueden beneficiarse de manera directa para tener cuotas de poder, nuestro sistema político será un reflejo de esa misma dinámica. 

El Tribunal Supremo Electoral presentó una propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las modificaciones surgen luego del proceso de revisión de la normativa a través de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral que incluyó a varios sectores de sociedad civil. La propuesta pretende reformar 44 artículos e  incluye algunos puntos que podrían mejorar la calidad del proceso electoral. Sin embargo, uno de los cambios  despierta los fantasmas del pasado respecto al transfuguismo. 

La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que se hizo en 2016 pretendía responder a las demandas de las protestas ciudadanas del año anterior. Uno de los grandes males que buscaba contrarrestar era efectivamente el transfuguismo. De acuerdo con los cambios incorporados en aquel entonces, se considera transfuguismo cuando un diputado renuncia a su partido. Cuando eso sucede, el diputado pasa a ser de  “segunda categoría”, los otros partidos tienen prohibido incluirlo dentro de su bloque legislativo. Es decir, pierde una serie de privilegios a los que puede optar siendo parte de un bloque legislativo, tales como presidir una comisión dentro del Congreso o ser parte de la Junta Directiva.

Pero, ¿qué sucede cuando ese partido se cancela? ¿qué pasa cuando hay una fragmentación del partido? Esos puntos no estaban incluídos en la normativa y con ese espíritu probablemente se intentó modificar la ley para que no exista ese vacío legal que antes había. La propuesta pretende modificar y excluir de la prohibición a los diputados en casos de expulsión, escisión, suspensión o cancelación de los partidos. Pero, ¿es el TSE el encargado de encaminar estos cambios? ¿Por qué se presenta ahora? ¿A quiénes podría beneficiar? 

Esta propuesta debe analizarse a la luz del contexto político pues algunos diputados podrían beneficiarse de manera directa con los cambios propuestos en esta materia. 

Actualmente hay dos bancadas a cuyos diputados una reforma en esta vía les permitiría mantener sus privilegios: la UNE y la UCN. La UNE por estar en proceso de cancelación y la UCN por ser cancelada recientemente. La UNE y la UCN tienen en conjunto la presidencia de más de 10 comisiones dentro del Congreso y puestos dentro de la Junta Directiva. De ser considerados tránsfugas, perderían sus cuotas de poder. 

Los más de 80 diputados de esos dos partidos que actualmente integran el legislativo podrían sumar la cantidad suficiente de votos para aprobar los cambios, sin debate y sin contrapesos suficientes como se ha visto en procesos anteriores con la aprobación del presupuesto en noviembre de 2020 o la juramentación a Mynor Moto en enero de este año. 

El transfuguismo en sí mismo no es algo “malo”. Sin embargo, en Guatemala los ciudadanos escogemos a nuestros diputados al votar por el listado propuesto por el partido político. Por tanto, cuando un diputado se cambia de partido, constituye una traición a la intención del votante. Más allá de eso, es importante mencionar que los partidos políticos en nuestro país no constituyen grupos ideológicos, con visión y estrategias de largo plazo, sino que  son meros vehículos electorales para acceder a puestos dentro del gobierno. Cambiarse de un partido a otro, es “más de lo mismo”.

El sistema electoral es la puerta de entrada al sistema político. Cuando tenemos un sistema electoral diseñado a la medida de los grupos de interés o de quienes pueden beneficiarse de manera directa para tener cuotas de poder, nuestro sistema político será un reflejo de esa misma dinámica. 

La reforma electoral es importante, porque permitirá construir un sistema electoral que responda al ciudadano. En la propuesta se incluyen varios puntos importantes que pueden mejorar la calidad del proceso como el posible sistema integrado del RENAP con el TSE, la franja electoral, los listados desbloqueados, entre otros aspectos que merece la pena evaluar. Sin embargo, la reforma sobre la materia del transfuguismo despierta malestar y varios fantasmas del pasado. 

Los ciudadanos debemos estar atentos a lo que pueda o no aprobarse de la propuesta de reforma a la LEPP que presentó el TSE. Los cambios que se hagan en la ley  electoral deben procurar construir un sistema electoral más transparente y representativo, a la medida del ciudadano.

Desarrollar un país en democracia y libertad es difícil y desordenado, pero mucho más satisfactorio y potencialmente sostenible que el falso orden y progreso que vienen de sacrificar las libertades y derechos fundamentales en una dictadura.

Hablar hoy del riesgo autoritario que representa una figura como Nayib Bukele es un tema escabroso pues el presidente salvadoreño se encuentra en su pico de popularidad. En noviembre de 2020, la encuestadora Cid Gallup publicó que Bukele disfrutaba de un 96% de aprobación, un número sin duda inaudito para cualquier mandatario latinoamericano, particularmente en el contexto de la pandemia que ha puesto en jaque a muchos gobiernos del mundo.

A pesar de su popularidad, varias actitudes autoritarias del presidente salvadoreño comienzan a llamar la atención. En abril del 2020, el periodista salvadoreño Óscar Martínez publicó en el New York Times una columna de opinión llamada Bukele, el autoritario, en esta el periodista hace un recuento de las principales alertas del autoritarismo en ciernes del gobierno de Nayib Bukele, a quien señala de haber tomado el Congreso (en donde no tenía diputados de su partido) con el ejército y la policía para obligar a los diputados de oposición a negociar un préstamo que necesitaba; en palabras del propio gobernante, detuvo el desmantelamiento del Congreso porque, luego de orar, “Dios le pidió que tuviera paciencia”.

La toma violenta del Congreso fue probablemente la muestra más clara del carácter autoritario de Bukele, pero no la única. Martínez también le señala de gobernar a punta de decretos improvisados en Twitter, a los que sus funcionarios responden públicamente con ciega obediencia. En uno de estos decretos durante el confinamiento de la pandemia, Bukele ordenó a los militares detener arbitrariamente a cualquier persona que violara la cuarentena domiciliar, sin tener una excusa que pudiera convencer a quien le detuvo. También motivaba a las fuerzas de seguridad a entrar de manera arbitraria en los hogares de personas sospechosas de estar contagiadas y a decomisar vehículos de personas que estuvieran en la calle. La Sala Constitucional de El Salvador emitió declaraciones declarando improcedentes las normas de Bukele, cosa que el presidente pasó por alto cuando decidió desobedecerlas.

Su relación con la prensa también ha levantado muchas alertas. Desde amenazas, acoso, ataques de sus seguidores a periodistas, hasta el extremo de abrir una investigación con el Ministerio de Hacienda en contra de El Faro, Bukele ha demostrado que no está dispuesto a permitir el trabajo de la prensa independiente en El Salvador, algo que comienza a llamar la atención de la comunidad internacional también.

Sin embargo, nada de esto parece afectar la popularidad del presidente salvadoreño, cosa que no debería extrañar demasiado. Bukele logrará mantener esta popularidad mientras pueda seguir dando la imagen a su votante que está cumpliendo lo que ofrece, aunque esto signifique pasar encima de los Derechos Humanos, desobedecer órdenes judiciales o perseguir a quienes le fiscalizan.

Por su actualidad y relevancia, el caso de Nayib Bukele en El Salvador es útil para hablar sobre el estado de la democracia y la libertad en América Latina y particularmente Centroamérica. Las grandes oleadas democratizadoras del siglo pasado trajeron gran esperanza a la región, se creía que vendrían acompañadas de desarrollo, pero no fue así en todos los casos.

En muchos países, los gobiernos de la era democrática demostraron ser corruptos y poco eficientes, la vida en libertad no les sentó bien a los políticos que fueron criados en dictaduras y vieron esto como una oportunidad para enriquecerse y no para construir Estados que resolvieran los problemas de las grandes mayorías. Es verdad en El Salvador con el bipartidismo ARENA-FMLN que vino a romper Bukele y es verdad para Guatemala con un sistema atomizado de partidos que no tienen una clara línea ideológica.

Los resultados de la ineficiencia gubernamental y la falta de desarrollo son el desencanto con la democracia y la consecuente búsqueda de líderes carismáticos, populistas y abusivos pero eficientes. Eso es Bukele, es lo que admira la gente que le da ese 96% de popularidad y lo que admiran también muchos guatemaltecos cuando ven la consistente ineficiencia de sus políticos. Los reclamos ante la crítica que se puede hacer al autoritarismo en ciernes de Bukele son constantes “es eficiente”, “resuelve”, “ya quisiéramos aquí”. Todo se repite en un canto desesperado por encontrar solución a los miles de problemas que aqueja a este territorio.

Todo esto puede empeorar, para 2018 el desencanto con la democracia en América Latina ya alcanzaba niveles preocupantes, el informe de Latinobarómetro reportaba que el 71% de las personas en la región están insatisfechos con la democracia en sus países. Un preocupante resultado de años de corrupción e ineficiencia, que llevan estos países a una deriva autoritario, algunos antes que otros.

La libertad y la democracia son bienes que se valoran más cuando se han perdido, es el caso de esos países latinoamericanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua que han caído en espirales autoritarias de las que no se puede salir fácilmente. Si el resto de países latinoamericanos no se ven en el espejo de esos países, si Guatemala no se ve en el espejo de El Salvador y de Nicaragua, más temprano que tarde podrían estar experimentando la pérdida total o parcial de su libertad y sus imperfectas democracias.

Desarrollar un país en democracia y libertad es difícil y desordenado, pero mucho más satisfactorio y potencialmente sostenible que el falso orden y progreso que vienen de sacrificar las libertades y derechos fundamentales en una dictadura.

Una pandemia es una prueba de gobernanza

Hay momentos en la vida de las naciones, como una grave crisis, un acontecimiento extraordinario, una decisión de Estado o una elección, que pueden cambiar el curso de la historia y definir el destino de una generación.

En las últimas semanas vimos cómo una de las democracias más respetadas y admiradas del planeta puso a prueba sus instituciones, puso a prueba su Sistema de Justicia, puso a prueba a sus líderes y ciudadanos que creen en la democracia y a quienes respetan y defienden la ley y los valores que heredaron de los padres fundado- res de esa gran nación.

Los Estados Unidos de América demostró una vez más la fuerza y la confianza que les da la libertad, su valor principal, y el corazón y la razón de su éxito como nación. Estados Unidos demostró una vez más que el Estado de Derecho es la columna y el fundamento sobre el que luchan cada día para resolver sus problemas, aliviar sus diferencias; enfrentar los desafíos que presenta la fragilidad inherente a la democracia, precisamente por su naturaleza democrática, fundada en la libertad.

Estos son los valores y los sacrificios, la condición para construir una nación de oportunidades en libertad; una nación donde gobernantes y gobernados respetan la ley, y quien no lo hiciera, enfrenta la justicia.

En medio del drama y la expectativa mundial sobre el desenlace de un extraño paréntesis en el Faro Liberal de Occidente, como lo anunciaron los pronósticos, estamos enfrentando la segunda ola de una pandemia.

Para los habitantes de esta tierra, que estamos viviendo estos tiempos, a pesar de los capítulos difíciles de nuestra historia, sin duda, ésta es la crisis más severa y dolorosa de nuestras vidas.

En América Central, al virus, a nuestro subdesarrollo político, a la pobreza y a la debilidad estructural de nuestros Estados, se sumaron más hambre y la pérdida de oportunidades, que ya eran  escasas antes de la pandemia.

Una pandemia es una prueba de gobernanza, no la que intentan, o no, los gobiernos sin recursos humanos y financieros suficientes; una pandemia es una prueba de gobernanza personal.

El sentido de responsabilidad individual y sacrificio por los de- más, virtudes como el valor y la disciplina con que actuamos para cuidarnos unos a otros, la solidaridad, el equilibrio perfecto para preservar la economía, fuente de sobrevivencia, son la ecuación indispensable para llegar al otro lado de este valle de lágrimas con la mayor cantidad de vidas salvadas y con los ánimos fuertes para seguir luchando.

El 2021 será el año en que los países  desarrollados se vacunarán y empezarán el camino que los llevará al mundo que les tocará vivir después de una pandemia, con los cambios en el diario vivir, el trabajo desde casa, las novedades tecnológicas, la nueva realidad en los modelos de empresa y negocio, con los que sobrevivieron porque se adaptaron y los que se quedaron en el campo de batalla, porque ese era su destino. Esperamos que antes de 2022 tengamos el mismo plan para la América Latina.

Una de las grandes lecciones que dejará esta pandemia es la importancia de la economía. Ésta no puede ser instrumento o excusa de conflicto ideológico. La economía solo puede funcionar y florecer en un marco de libertad y certeza jurídica. La inversión, la creación de oportunidades y el mercado son los instrumentos que desarrollan naciones.

Cuidando la vida de los demás cuidaremos la nuestra, trabajando duro aliviaremos el dolor que provocan la pobreza y la falta de esperanza. Y si confiamos en nosotros mismos, practicamos un optimismo inteligente y somos ciudadanos presentes y defensores de la Libertad, la Democracia, la República y un modelo de desarrollo inteligente y estratégico, conquistaremos el futuro que merece la región que habitamos.

Esta es la prueba de nuestras vidas y el único camino para rescatar la senda del progreso.

El Congreso de la República debe designar un magistrado titular con su respectivo suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC). En la lista de aspirantes, que se hizo pública hace poco, figuran dos diputados del Congreso: Luis Rosales (VALOR) y José Alejandro de León Maldonado (PODEMOS).

Es cierto que la Constitución dispone que los órganos respectivos los “designan” (artículo 260) y que hay unos requisitos (artículo 270). Pero eso no es una carta en blanco y ni cualquier proceso de designación debe ser válido ni cualquier persona que reúna esos requisitos mínimos debe ser designada para ocupar la magistratura.

Los órganos nominadores no son monarcas absolutos, de ahí la crítica al sistema cerrado y secreto por el que parece haber optado el presidente. Pero eso da para otra columna.

Recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece en el artículo 14 que toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal competente “independiente e imparcial…” y la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) también refiere que tenemos derecho a ser oídos con las debidas garantías “por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.” 

¿Qué implica esto? Que, si las designaciones que hagan los órganos nominadores no cumplen con evaluar el mérito, la capacidad y reconocida honorabilidad (artículos 113 y 270 constitucionales, además) y nos garantizan que se instalará un tribunal imparcial e independiente, se pone en entredicho nuestro derecho al debido proceso y a un juicio justo.

¿Conclusión que yo saco en abstracto? No. El Comité de Derechos Humanos ha expresado respecto del artículo 14 de la PIDCP que “El requisito de independencia se refiere, en particular, al procedimiento y las cualificaciones para el nombramiento de los jueces” (Resaltado propio). Más adelante, dice la Comisión, “Los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial, y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento” (Resaltado propio). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos va más lejos y ha establecido que es “necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento” (Resaltado propio).

Dicho lo anterior, ¿no constituye un conflicto de interés insalvable designar a un diputado como magistrado al tribunal constitucional? Considere el lector que el o los diputados aspirantes tienen la capacidad de negociar los votos para su designación, con lo cual ésta sería profundamente política y carente de cualquier consideración técnica y de criterios objetivos para su designación.

Algunos invocarán la designación de Alejandro Maldonado Aguirre en el año 2006 cuando era diputado al Congreso por el Partido Unionista como un precedente a esta cuestión. No cabe duda de que merece un debate más profundo aquel suceso, pero tampoco cabe duda de que hay diferencias importantes.

Maldonado Aguirre tenía unas credenciales que dan más crédito a su designación. En primer lugar, fue uno de los arquitectos de la actual Constitución como diputado constituyente y miembro de la Comisión de los 30 y como magistrado de la primera y tercera magistratura de la Corte de Constitucionalidad (1986-1991 y 1996-2001).

No cabe duda de que la situación hoy es muy distinta y entra en riña con los estándares en materia de Derechos Humanos que he citado antes. Una eventual designación de alguno de estos diputados daría lugar, sin duda, a un cuestionamiento en la vía constitucional.

Sí, el artículo 156 de la Ley de Amparo establece que la designación que haga el Congreso no es “impugnable”, pero ¿es acaso el amparo un medio de impugnación? No. Se trataría de una discusión referente a derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución en virtud de tratados internacionales en la materia.

Cuando el transfuguismo es una ruptura del espíritu de una elección

En el mundo de los sistemas políticos, existen dos grandes familias de modelos de representación. Por un lado, encontramos el modelo de representación “como delegación”, según el cual se designa a un representante (o representantes) para que actúen como “delegados” del cuerpo social. Por otro lado encontramos el modelo de “representación social”, según el cual se busca que el órgano de toma de decisiones sea una representación lo más exacto y proporcional al cuerpo social.

A modo de ejemplo. Asumamos que en un colegio o universidad se busca integrar un Consejo Estudiantil como órgano de representación. Bajo un modelo de “delegación”, cada clase elegiría a su delegado, que por sus características personales (liderazgo, capacidad, etc.) llevaría sobre sus hombros la representación individual de sus electores. En cambio, bajo el modelo de “representación social”, se buscaría que en ese Consejo quede representado, de la forma más proporcional posible, las diferentes visiones, intereses y demandas del cuerpo estudiantil. 

Aunque no es del todo exacto, se asocia el sistema de elección uninominal o por persona con los modelos de representación como delegación; mientras que los modelos de “representación social” están asociados con sistemas de representación de carácter proporcional o con elección por listados. 

Esta discusión teórico-conceptual es clave para abordar el debate sobre sistemas de elección y transfuguismo desde una perspectiva más integral. 

En un modelo de “representación social”, donde el elector vota por listados elaborados por partidos políticos a través de un sistema de representación proporcional de minorías, el transfuguismo constituye una transgresión absoluta al resultado electoral, puesto que el diputado no fue electo a título personal, sino como parte de un “partido” o un “listado”. 

En cambio, cuando el sistema de votación es de carácter uninominal, el bloque o listado partidario pierde relevancia, puesto que el votante está individualizando su voto en la persona a quien delegará su representación. Esto implica que si el diputado renuncia (o es expulsado) de su partido político, el daño a la voluntad popular es menor, puesto que el elector votó por la persona mas no por un listado o partido.

Esa es la razón por la que en Guatemala el transfuguismo históricamente ha constituido una completa aberración a la representatividad electoral. Hasta 2016 la Ley Orgánica del Legislativo reconoció la figura del “bloque independiente” (11 o más diputados independientes) o no generaba costos a diputado que renunciaba a su partido y se integraba al otro. Esto incentivaba que los diputados constantemente se separaran del partido que les eligió en un interés por buscar mejor posición en los listados electorales o como mecanismo para acceder a prebendas político-financieras. 

Sin embargo, la reforma del 2016 permitió alinear el espíritu de la Ley Electoral con la Ley Orgánica del Legislativo. Al suprimir la figura del bloque independiente, y al establecer costos a los diputados que renunciaban a sus bloques (como no poder integrar Junta Directiva o Presidir Comisiones Legislativas), se logró reducir el margen de maniobra de diputados que rompían de sus partidos electores, y por ende, que se alejaban de la voluntad del elector.  

La clave de toda discusión es ¿Qué pasa si se introduce un sistema de elección de carácter uninominal? La integralidad de la reforma implicaría entonces que el diputado en lo individual tendría más valor que el bloque en sí mismo, y por ende, se debiera conceder mayor flexibilidad dentro del hemiciclo. 

Según Naciones Unidas, “la pandemia del COVID-19 ha causado uno de las más grandes disrupciones de la educación en la historia, habiendo tenido un impacto prácticamente universal en estudiantes y docentes alrededor del mundo”. 

Durante los primeros meses de la pandemia, el cierre de los establecimientos educativos afectó al 94% de los estudiantes del mundo, cerca de 1,500 millones de niños y jóvenes desde preprimaria hasta educación superior en más de 200 países.

La mayoría de países han visto efectos en la educación a raíz de la pandemia, sin embargo para los países en vías de desarrollo los efectos han sido más preocupantes pues sus sistemas educativos se encontraban menos preparados para un desafío de esta magnitud. Para mediados del 2020, el 86% de los niños en educación primaria de países en desarrollo dejaron de asistir completamente a la escuela. En contraste, solo el 20% de los niños dejaron de asistir del todo a la escuela en países desarrollados, estos sistemas educativos más avanzados permitían continuar con un aprendizaje estructurado.

La implementación de la educación a distancia tampoco ha funcionado como una respuesta viable para todos los contextos. En Guatemala por ejemplo, familias de clase media con acceso a ciertos recursos han tenido que invertir, con algunas dificultades, en equipo de cómputo que no tenían y gastos adicionales en conexión a internet. Esto en el mejor de los casos, pero una gran mayoría de estudiantes y educadores siguen sin tener acceso continuo a internet. Según UNICEF, 1 de cada 3 niños y adolescentes aún no reciben educación a distancia de calidad en América Latina y el Caribe. 

Abandono escolar en Guatemala 

Datos preliminares del Ministerio de Educación indican que hasta 160 mil niños están abandonando la escuela en 2020. El 40% de estos se encuentran en sector privado, otro efecto más de la crisis económica provocada por la pandemia. Muchos de estos niños podrían integrarse al sector público, provocando un problema de sobrecarga en el sistema educativo público, que ya se encuentra en condiciones precarias. 

Actualmente, la mayoría de establecimientos educativos públicos y privados se encuentran cerrados. Muchos están implementando la educación a distancia, siendo obviamente el sector público el que se ha encontrado con la mayor cantidad de barreras para poder hacerlo eficientemente.

La educación a distancia en el sector público se ha implementado principalmente a través de hojas de trabajo, utilizando herramientas como servicios de mensajería tipo Whatsapp o mensajes de texto para comunicarse con los alumnos. Sin embargo, las barreras tecnológicas son aún demasiado grandes para ser superadas, especialmente en medio de una crisis de esta envergadura.  

El reto para el país en 2021 y los años siguientes será recuperar a los alumnos que salieron del sistema educativo y seguir luchando para mejorar las tasas de escolaridad, que ya presentaban un rezago importante antes de la pandemia. 

El esperado regreso a clases

Uno de los principales retos del 2021 para todos los países es la reapertura de las escuelas, principalmente debido al riesgo epidemiológico que representan los centros educativos y la intensa movilización de personas que implica retomar las clases presenciales. Varios países latinoamericanos han presentado sus protocolos para la reapertura segura de las escuelas; sin embargo, los principales retos a superar son carencias estructurales, como la falta de infraestructura adecuada y es difícil pensar que estos problemas, que datan de muchos años, serán superados en medio de la crisis. 

La clave para asegurar un regreso a clases aceptablemente seguro es implementar medidas sanitarias mínimas. Está claro que una buena parte de establecimientos educativos privados podrán cumplir con estos requisitos, pero el problema está en el sector público, el cual alberga a la mayor cantidad de estudiantes. La cuarta parte de las escuelas públicas del país no tienen condiciones mínimas adecuadas de agua, según Carlos Carrera, representante de UNICEF en Guatemala. 

A nivel latinoamericano, la OMS indica que el 16% de las escuelas no tiene servicios de agua, 12% no cuentan con lavamanos y 28% tienen servicios limitados para el lavado de manos. Resolver estos problemas de infraestructura se convertirá en los próximos meses en la clave para asegurar la implementación de medidas sanitarias mínimas.  

Efectos de largo plazo 

Mientras más tiempo permanezcan cerradas las escuelas, menos probable es que aquellos niños en mayor situación de vulnerabilidad regresen a estudiar. Las proyecciones de UNESCO para América Latina no son nada alentadoras, se espera que 3.1 millones de niños y adolescentes abandonen completamente las escuelas debido a la pandemia. La segunda región con el mayor retroceso del mundo. 

Este retroceso tendrá sin duda efectos de largo plazo en la educación, pero también en la capacidad de generar ingresos y el bienestar general de esta generación. Según datos de UNICEF, América Latina y el Caribe podrían perder hasta US$1.2 billones de dólares en ingresos durante el ciclo de vida de la generación de estudiantes que vivieron la gran pausa provocada por la pandemia del COVID-19.

Los países tendrán que hacer esfuerzos extraordinarios para aplacar los efectos sociales de la gran pausa e implementar estrategias que permitan mejorar la efectividad de la educación a distancia, por si volviera a ser necesario en el futuro cercano. 

1. UNICEF 2020 https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/covid-19-mas-del-95-por-ciento-de-ninos-y-ni%C3%B1as-esta-fuera-de-las-escuelas 
2. UNDP 2020 http://hdr.undp.org/sites/default/files/covid-19_and_human_development_0.pdf
3. UNICEF 2020 https://www.unicef.org/lac/media/18251/file/Educacion-en-pausa-web-1107.pdf

Reflexiones sobre criminalidad y castigos

No. No pretendo abordar la discusión sobre la pena de muerte desde la perspectiva moral, utilitaria o de derechos humanos. Para eso están los seminarios de ética, las clases de historia y de derecho internacional humanitario. O más sencillo aún, las anodinas discusiones en Twitter. 

El plan hoy es remembrar las enseñanzas de Emile Durkheim y analizar su aplicabilidad a la discusión sobre la pena capital. Recordemos. Durkheim fue uno de los primeros sociólogos en estudiar comportamientos criminales, patologías que rompen la integración social y algunos mecanismos para contener dichos comportamientos.

El francés esbozó una sencilla teoría para entender las tres razones por las que una persona cumple con una norma social: 1) Utilitarismo; 2) Miedo al castigo; o 3) por pura ética individual

Quizá el mejor ejemplo es aplicarlo al tránsito vehicular. ¿Por qué respeto yo el alto mientras estoy manejando? Sencillo. Durkheim diría que es por una de estas tres razones: 1) Respetar el alto trae consigo un valor utilitario; si no lo hago, es posible que sufra de un accidente con consecuencias materiales y humanas. 2) Si no respeto el alto, y la policía de tránsito o una cámara me descubre, tendré una multa de tránsito que generará un costo económico. O 3) Respetar el alto simplemente es lo “correcto”.

Apliquemos esas enseñanzas a la pena de muerte. Asumamos que la misma se aplicará a aquellas personas que cometan delitos peligrosos, como el asesinato, la violación, el secuestro, con los agravantes particulares por razones de edad, uso de la fuerza, etc. Eso automáticamente invalida la tercera taxonomía del modelo Durkheim. El asesino simplemente no ve el valor ético-moral de “no matar”. 

Una lógica similar aplica con la primera clasificación. Al final el asesino, violador o secuestrador calcula su utilidad en función a los beneficios potenciales de cometer el crimen. 

El único desincentivo para no cometer el delito entonces es el “miedo al castigo”. Y ojo, aquí las dos variables en juego son la probabilidad de ser castigado junto con la severidad de este. De aquí entonces que la dureza de la pena tenga poco impacto si el sistema resulta incapaz de procesar al delincuente. 

El paradigma de lo anterior son los grandes casos de corrupción del último sexenio. Pérez Molina, Baldetti, Gustado Alejos y compañía enfrentan -cada uno- acusaciones que en caso de ser declarados culpables, conllevan penas de varias décadas en prisión. Sin embargo, por falencias propias del sistema (retardos maliciosos, sobrecarga de fiscalías y juzgados, uso excesivo del amparo, mal diligenciamiento de la prueba, amedrentamiento de denunciantes y testigos, etc.) los casos no llegan a su debida conclusión.

Y ojo. Muchas pensarán que es un mal propio de los casos vinculados con delitos de cuello blanco. Sin embargo, hagamos un repaso rápido a casos vinculados con pandilleros, que a pesar de tener decenas de ingresos a los penales del país, incluso varios homicidios en su historial, los procesos eventualmente caen presa de los males del sistema. 

Dicho esto, la conclusión es evidente: sin una mejora en el sistema de justicia, sin una mejoría sustantiva en los procesos de investigación, procesos judiciales y dinámicas procesales, que permitan aumentar la posibilidad de castigo, la gravedad de la pena -por sí sola- no es suficiente para desincentivar conductas delictivas. La respuesta no es la pena de muerte en sí mismo; sino la reforma judicial. 

Cuando The Economist lanzó la primera edición del Democracy Index en el año 2006, calificó a Guatemala como una “Democracia Defectuosa” y nos colocó en la posición 77 de 167 países evaluados, con una calificación de 6.07 sobre un máximo posible de 10 puntos. Las cuatro categorías de este índice son: Democracia Plena, Democracia Defectuosa, Régimen Híbrido y Régimen Autoritario. Considerando estas categorías, la evaluación que se hacía de Guatemala era “aceptable”, tomando en cuenta que para entonces sólo teníamos 20 años de haber iniciado nuestro período democrático. Hubiese sido poco realista aspirar a ser una “Democracia Plena” en tan corto período de tiempo.

¿Qué ha sucedido desde aquella primera evaluación? Lamentablemente hemos experimentado un fuerte deterioro. En la edición de 2011, The Economist comenzó a considerarnos un Régimen Híbrido, que se define como una combinación de democracia con ciertos rasgos autoritarios. Lo que provocó la reducción de categoría fue el detrimento en el proceso electoral de ese año.  Quedaba claro que las campañas electorales en Guatemala costaban cientos de millones de quetzales, financiadas en su mayoría por la corrupción y el narcotráfico. ¿Qué calidad democrática puede tener un país en donde el crimen es el principal financista de los partidos políticos?

Entre el 2015 y el 2016 se tuvo una mejora en la calificación, producto de los movimientos ciudadanos y la lucha contra la corrupción que se impulsaba en aquellos días. Si bien seguíamos siendo considerados un “Régimen Híbrido”, por lo menos mejoramos en participación política, dado que la ciudadanía estaba más activa y menos tolerante con la impunidad.

Lamentablemente, desde ese entonces hemos descendido de forma considerable, al pasar de la posición 79 en 2016, a la posición 97 (de 167 países) en el último reporte publicado recientemente. La caída más dramática ha sido en Funcionamiento del Gobierno, pero también se registró un deterioro considerable en Cultura Política y en Libertades Civiles.

Preocupa sobremanera que estemos en la misma categoría de Honduras, Bolivia, El Salvador y Haití; y peligrosamente cercanos a Nicaragua, Cuba y Venezuela que son considerados regímenes completamente autoritarios. ¿Hasta donde llegará el deterioro de nuestra democracia? ¿Nos convertiremos en un régimen autoritario?

El problema fundamental de Guatemala es que nunca se ha logrado que el poder político le rinda cuentas a la ciudadanía, y el Estado de Derecho ha sido sólo una quimera. El deterioro en nuestro sistema entre 2006 y 2014 fue tal, que las principales figuras políticas de aquel entonces exhibían sin ningún pudor la riqueza que habían “logrado” producto de la corrupción y los negocios con el Estado, con la certeza que jamás serían llevados a la justicia. 

En la elección de Corte Suprema de Justicia de 2014, los principales partidos políticos de aquel entonces se encargaron de poner a “sus magistrados” para garantizarse total impunidad. Estaban seguros de que controlaban todo el sistema de justicia y hablaban con cinismo y altanería ante los medios de comunicación, sin respeto alguno por la ciudadanía. Cuando se exhibió la podredumbre de nuestro sistema en los siguientes años, la ciudadanía salió a las calles manifestado su rechazo a esa clase política inescrupulosa que había saqueado al país, con la esperanza de que por fin iba terminar el reino de la impunidad.  Pero ese sueño por lograr un país con justicia pronto descarriló y hoy estamos ante un escenario similar al de 2014, en donde las mafias están por tomar control de las altas Cortes del país.

En las próximas semanas se elegirán magistrados para Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Las fuerzas criminales quieren cooptar el sistema de justicia. Si lo logran, se pavimentaría el camino hacia la consolidación de un Estado criminal. ¿De qué democracia hablaríamos entonces?

Este artículo y la imagen fueron originalmente publicados por El Periódico en Sociedad de Plumas: https://elperiodico.com.gt/noticias/domingo/2021/02/14/estamos-atestigua...

Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, tiene 39 años. Es uno de los primeros presidentes  “millenial”. Desde que asumió el poder el 1 de de junio de 2019, ha sorprendido a muchos, pero no precisamente por las mejores razones. En su discurso de toma de posesión aseguró: “nuestro país (refiriéndose a El Salvador) es como un niño enfermo, nos toca ahora a todos cuidarlo, nos toca a todos tomar medicina amarga, sufrir un poco de dolor”. Una clara y evidente referencia a la visión paternalista de los estados latinoamericanos para con sus ciudadanos. 

Desde ahí -y aún antes, en su campaña electoral- se empezaban a hacer evidentes los síntomas de su populismo y lo que sería un complicado camino para la democracia en El Salvador. En 2019 fueron muchos los escándalos que acompañaron su primer año de gobierno. Pasaron poco más de 6 meses desde su toma de posesión, cuando Bukele ordenó al Ejército salvadoreño irrumpir en la Asamblea Legislativa para presionar la aprobación de financiamiento para su plan de seguridad y no siendo suficiente, se sentó en la silla del presidente de un poder ajeno al suyo, violando el principio republicano de la división de poderes. Muchos catalogan aquel evento como un intento de golpe de Estado. Ahora se conmemora un año de aquel 9 de febrero, que será recordado como uno de los más desafortunados episodios de la democracia salvadoreña.

Con la pandemia, el discurso autoritario se intensificó. Las medidas sanitarias en El Salvador fueron algunas de las más agresivas en la región.  Una de las características principales de los populistas es que mientras arrebatan las libertades individuales, muchos les aplauden. 

La popularidad de Bukele se ha mantenido en números altos. Una encuesta de Mitofsky en julio de 2020 le concede el primer puesto en el top ranking de mandatarios con un 84% de aprobación. Un ejercicio de CID Gallup en noviembre de 2020 asegura que Bukele es el mejor presidente rankeado en la región con un 90% de aprobación. Todo esto sucede a pesar de que las medidas decretadas por el presidente provocaron la destrucción de 82 mil empleos formales y el PIB en El Salvador se desplomó  8.6% en 2020; sin agregar el componente de los múltiples escándalos de malversación de fondos que surgieron.

El pasado 9 de febrero Bukele viajó a Washington en una visita no oficial. Intentó reunirse con funcionarios del gobierno de Joe Biden, quienes rechazaron sus solicitudes. Algunas fuentes aseguran que el mensaje era un llamado de atención para atender a las normas básicas de la democracia y el Estado de Derecho. Otras, aseguran que se quería evitar que las reuniones fueran utilizadas con fines electorales previo a los comicios que se celebrarán el próximo 28 de febrero cuando serán las elecciones para la Asamblea Legislativa en el El Salvador. Con su partido recién creado, Nuevas Ideas, parece que el “bukelismo” podría tomar control de uno más de los poderes del estado salvadoreño convirtiéndose en la segunda fuerza política en el legislativo. 

En el ambiente político en El Salvador, se puede cortar la tensión con un cuchillo. A un año del 9F, un diputado de oposición del partido Arena solicitó que se aplicara el procedimiento constitucional a Bukele para determinar su incapacidad mental. 

No cabe duda que los salvadoreños, aquellos que no le aplauden, hoy por fin pueden ver la amenaza real, populista y autoritaria del mandatario. ¿Serán las instituciones salvadoreñas lo suficientemente fuertes para contrarrestarlo?

¿Por qué un guatemalteco en Ciudad de Guatemala se atraviesa un semáforo en rojo, conduce por encima del límite de velocidad o deja caer la basura en la calle sin mucha preocupación? ¿por qué un guatemalteco en Los Ángeles o en Chicago no se comporta del mismo modo? La respuesta es sencilla: si un chapín comete esas infracciones en Chicago o Los Ángeles sabe que es altamente probable que lo castiguen.

Esto resume una idea fundamental que planteó el Premio Nobel de Economía, Gary Becker (1930-2014). De acuerdo con el modelo de Becker, un criminal sopesará los “beneficios” de cometer un crimen en función de los costos esperados de su conducta. Dicho esto, ¿cuál es el “costo” de cometer un crimen? El castigo que recibiría el delincuente.

El castigo, sin embargo, depende de dos factores: la probabilidad de que el criminal sea castigado y, en segundo lugar, la severidad del castigo. En Guatemala se estima que la tasa de impunidad alcanza el 97%.

En el modelo de Becker esto explica perfectamente por qué hay altos índices de delincuencia: el costo de cometer un delito en Guatemala es bajísimo. Los delincuentes saben que, casi con total seguridad, saldrán impunes luego de cometer un delito. No interesa que la hipotética pena sea alta porque dado que la probabilidad de recibir un castigo es casi nula.

Por eso la idea de sugerir la pena de muerte como una solución a nuestros problemas es absurda. ¿Cómo resuelve el problema imponer sanciones más severas si la probabilidad de ser castigado sigue siendo baja?

No pretendo convencer a la gente que defiende la pena de muerte en una columna. Lo que sí intento es mostrar que en términos prácticos abrir el debate de la pena de muerte es una pérdida de tiempo. A las personas que defienden la pena de muerte también debería convencerles el argumento: de poco sirve decretar la pena de muerte si la probabilidad de castigo es casi nula.

Por otra parte, aplicar la pena de muerte es inviable por razones legales. Esto lo abordé en esta entrada hace unos años. Lo que debemos hacer es voltear a ver a la solución de fondo: arreglar el sistema de justicia.

De acuerdo con el Global Impunity Index, Guatemala califica como uno de los países con “alta impunidad”, lo cual confirma la tesis de que es la impunidad la causa de nuestros altos índices de violencia y delincuencia. 

No extraña cuando vemos que Guatemala tiene una media de 6 jueces por cada 100,000 habitantes cuando el promedio latinoamericano es de 16 jueces por cada 100,000 habitantes; cuando Guatemala tiene 1.6 defensores públicos por cada 100,000 habitantes. Costa Rica, un país con tasas de delincuencia más bajas tiene 23 jueces por cada 100,000 habitantes y 8 defensores públicos por cada 100,000 habitantes, por ejemplo.

Eso sin entrar a valorar la “calidad” de los operadores de justicia. De acuerdo con el Índice de Competitividad Global que publica el Foro Económico Mundial, Guatemala clasifica en el puesto 100 en términos de independencia judicial. Nuestra calificación es comparable a la de países como Camerún, Mali, Zimbabue o México. 

Así que hago una sugerencia: en lugar de plantear sandeces, exijamos a los diputados que inicien una discusión sobre la necesaria reforma al sistema de justicia. De paso exíjanosles que nombren magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Corte de Apelaciones, ya que no lo han hecho porque pretenden subordinar a los tribunales a sus intereses criminales. Eso sí que nos lleva a la raíz del problema central: la impunidad.