El cambio es por necesidad; ya ni siquiera por convicción

En 2015, CICIG encaminó un esfuerzo por cuantificar los aportes relativos a las campañas electorales por tipo de capital. El Informe sobre el Financiamiento de la Política concluyó que el 50% de los recursos que ingresan a las campañas proviene de la corrupción; otro 25% del crimen organizado; mientras que tan solo la cuarta parte restante proviene de los financistas privados de origen lícito y legítimo.

Lamentablemente, no contamos con estudios o aproximaciones similares para años anteriores para hacer un análisis comparado. Pero sin duda, es un secreto a sotto voce que con el paso de los años, y especialmente a partir del 2000, el peso relativo de los capitales emergentes (corrupción y crimen organizado) ha venido aumentando. Ello, en detrimento de los intereses de los capitales tradicionales.

Si bien hasta ahora se ha hablado de coexistencia al definir la relación entre los intereses tradicionales y los emergentes, la realidad es que cada día resulta más notorio el desplazamiento de los primeros a manos de los segundos. La forma de evaluarlo es sencilla, simplemente evaluemos a quién responde el sistema.

El sistema de corrupción se nutre gracias a las asignaciones presupuestarias para los bolsones de corrupción, de la mano con la continuidad de un disfuncional sistema de compras y contrataciones públicas. De esa manera, la construcción de infraestructura, la proveeduría de salud pública o el sistema de consejos de desarrollo han sido las grandes joyas de la corona. Año con año, los presupuestos se incrementan, pero la eficiencia institucional, no. Las reformas a la Ley de Contrataciones se quedan en proyectos engavetados en el Congreso; los esfuerzos por transparentar la elaboración de las bases de contratación también caen en saco roto. Por el contrario, las asignaciones a dedo, los favoritismos en las licitaciones o los recursos wizachescos para favorecer a unos en detrimento de otros, están a flor de piel.

De esa forma, el sistema favorece a los Gustavo Alejos que saquean la salud pública; o a los Guillermo Samayoa que hacen fiesta de la construcción de obra gris; o a cientos de beneficiarios del sistema. El episodio de la golpeada aprobación del Presupuesto 2021, los innumerables ejemplos de negocios públicos asignados al financista de campaña o a los amigos de la rosca son el reflejo fiel de cómo el sistema responde a sus patrocinadores y nutre las fuentes de donde brota el 50% del financiamiento electoral.

El 25% proveniente del narcotráfico es retribuido por otros caminos. Nombramientos ad hoc en puestos clave en puertos, instituciones de seguridad y justicia; cuotas de poder en la Junta Directiva del Congreso o en Comisiones legislativas relacionadas con la seguridad nacional. Al final no olvidemos que a diferencia del capital emergente de la corrupción que necesita de la acción del Estado para alimentar sus bolsillos, el crimen organizado únicamente requiere de laissez faire y un Estado que voltee a ver a otro lado.

¿Dónde queda el restante 25%? Sencillo. Esperando cruzado de brazos a que le aprueben la Ley de Infraestructura, o el paquete de reactivación económica, o la Ley de Zonas Francas, etcétera y un largo etcétera. Y la espera ha sido eterna. Porque el sistema simplemente ya no responde sus intereses.

Esta es la historia que el capital tradicional debe empezar a ver. En su visita reciente, el enviado especial para el triángulo norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, insistió en la necesidad que el sector privado asuma su papel como aliado estratégico de Estados Unidos en encaminar el rescate institucional del país. Como bien dijo Hegel en el siglo XIX, si no es por convicción, quizá ha llegado el momento de entender que la persistencia de este sistema ya es una amenaza a sus propios intereses. Alinearse con el espíritu del cambio es ya cuestión de supervivencia.

La literal “h” del artículo 30 de la Ley de la Carrera Judicial dice expresamente que la calidad de juez o magistrado termina “Si transcurrido el plazo de excedencia otorgado, el juez o magistrado no retoma su cargo”. Es decir, de no presentarse el 14 de abril, perdería definitivamente su calidad de juez y por tanto toda posibilidad de recuperar su inmunidad

Antecedentes

En diciembre, el entonces juez de primera instancia, Mynor Moto, decidió postularse como candidato a llenar la vacante que dejó Bonerge Mejía como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) cuyo plazo expiraba el 14 de abril de 2021 en el Colegio de Abogados.

El 18 de enero, Mynor Moto resultó electo magistrado titular en una polémica elección. Por ser juez, Moto solicitó la excedencia del cargo como juez de primera instancia hasta el 14 de abril, plazo en que vencería su hipotético cargo como magistrado de la CC.

La excedencia es una figura por la cual un juez deja de prestar el cargo y de cobrar un salario por el mismo en un plazo que no exceda de dos años. En tal sentido, Moto entregó el cargo como juez.

Pese a que Moto no podía asumir porque existían varios recursos en contra de su elección, el Congreso decidió juramentarlo con la complicidad de una cuestionable Sala de Apelaciones el 26 de enero. En esta entrada expliqué ese episodio.

El 1 de febrero, el juzgado de mayor riesgo “D” giró orden de captura contra Moto por el delito de conspiración para la obstrucción de justicia bajo el entendido que ya no era juez y por tanto había perdido su inmunidad. Desde ese día, Moto se encuentra prófugo.

El 4 de febrero, la CC, en un amparo provisional dictado dentro de los expedientes acumulados 426-2021, 430-2021, 436-2021 Y 455-2021 dejó sin efecto la juramentación que hiciera el Congreso de Mynor Moto como magistrado de la CC. Esto frustró su intento por asumir como magistrado de la CC, cargo que también le daría inmunidad.

Ante esto, Moto solicitó al Consejo de la Carrera Judicial dejar sin efecto la excedencia con el objetivo de retomar su puesto y recuperar su inmunidad. No lo consiguió. Hace pocos días se dio a conocer que el Consejo de la Carrera Judicial argumenta, en una resolución, que Moto podría retomar su cargo como juez de primera instancia el próximo miércoles, 14 de abril, porque ese día vence el plazo por el cual solicitó su excedencia.

¿Puede recuperar su cargo y su inmunidad? ¿o puede ser detenido?

Llegado este punto podemos responder la interrogante. Formalmente el Organismo Judicial dice que el 14 de abril Moto puede retomar su puesto. Pero hay que tener presente que para recuperar su inmunidad debe tomar posesión del cargo.

De acuerdo con el artículo 24 del Reglamento General de Tribunales, el secretario del juzgado debe levantar acta de toma de posesión. Esto quiere decir que Mynor Moto puede ser detenido si se presenta al juzgado, pues tiene una orden de aprehensión en su contra y previo a tomar posesión puede ser detenido.

¿Y si no se presenta al juzgado el 14 de abril? La literal “h” del artículo 30 de la Ley de la Carrera Judicial dice expresamente que la calidad de juez o magistrado termina “Si transcurrido el plazo de excedencia otorgado, el juez o magistrado no retoma su cargo”. Es decir, de no presentarse el 14 de abril, perdería definitivamente su calidad de juez y por tanto toda posibilidad de recuperar su inmunidad.

El próximo miércoles, 14 de abril, deberá asumir la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026. De momento está confirmada la designación de 4 magistrados titulares y 4 magistrados suplentes.

* Designación impugnada mediante recursos de apelación interpuestos en contra del tribunal electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Como podrá ver el lector, las únicas designaciones que no están firmes son la de Néster Vásquez y Claudia Paniagua. Varias organizaciones presentaron recursos de apelación contra esta elección. El artículo 20 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria establece que esos recursos de apelación los conocerá la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala.

¿Qué pasa con la elección hecha por el Colegio de Abogados?

Hasta hoy (9 de abril) la asamblea no ha resuelto los recursos planteados contra la elección hecha en el Colegio de Abogados. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 156 de la Ley de Amparo, ni Néster Vásquez ni Claudia Paniagua pueden asumir como magistrados de la Corte de Constitucionalidad y “(…) mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos”.

En este caso, deberá continuar en el ejercicio del cargo la magistrada María Cristina Fernández hasta que se resuelva en definitiva la situación de la elección efectuada en el Colegio de Abogados. Hay que añadir que Néster Vásquez es actualmente magistrado de la Corte Suprema de Justicia y hasta hoy (9 de abril) no ha presentado su renuncia, misma que debe ratificar el Congreso. Ese motivo es un obstáculo más para que pueda asumir como magistrado de la CC.

Ahora el Congreso

Dicho esto, la Ley de Amparo, en su artículo 157, manda al Congreso emitir el decreto de integración de la Corte de Constitucionalidad y establece que los magistrados que deban asumir presten juramento de fidelidad a la Constitución ante este órgano.

En tal sentido, el Congreso aprobó el decreto 3-2021 (que aún no ha sido publicado) que en su artículo 1 detalla el nombre de los 8 magistrados que integrarán la CC. Se trata de los mismos nombres detallados en la tabla anterior restando los de Vásquez y Paniagua.

No es la primera vez que ocurre algo así. En 2006, el Congreso emitió el acuerdo 23-2006 donde únicamente integró a 4 magistrados titulares y 5 suplentes. Esto en virtud de que se encontraba pendiente de impugnaciones la designación de magistrado titular por la Universidad de San Carlos.

Finalmente, en el expediente 1207-2006, la CC resolvió en apelación de amparo dejar en firme la designación de Mario Pérez Guerra como magistrado titular de la CC. Fue hasta julio de 2006 que, mediante decreto 22-2006, se procedió a completar la integración de la CC integrando al magistrado Pérez Guerra.

Lo que ha generado dudas es la inusual redacción del artículo 2 del decreto 3-2021 que dispone sujetar la juramentación de los magistrados titulares y suplentes en la medida que “… existan acciones o incidencias legales que modifique cada caso particular”.

¿Por qué levanta sospechas esta redacción? En primer lugar, porque en ninguno de los acuerdos o decretos de integración de las anteriores magistraturas de la CC encontraremos una provisión similar. En segundo lugar, porque va en contra de lo dispuesto por la Ley de Amparo que en el artículo 156 establece:

“No es impugnable el procedimiento interno para la designación de los Magistrados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por el pleno del Congreso de la República y por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

La designación de Magistrados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala podrán ser impugnadas conforme a la ley, pero mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos.” (Resaltado propio)

¿Cuál es el sentido de ese artículo? De momento las únicas impugnaciones existentes, de conformidad con la ley, son las que previenen a Néster Vásquez y Claudia Paniagua ser elegidos. Afirmar que cualquier “incidencia” legal “modifique” la designación del resto de magistrados electos es contrario a la ley.

El 26 de marzo, el bloque UNE presentó objeciones contra dicho artículo. El pasado 6 de abril, sin embargo, no fueron aprobadas al recibir únicamente 42 votos a favor y 78 en contra.

En cualquier caso, el Congreso deberá juramentar a los magistrados que integrarán la magistratura 2021-2026 antes del 14 de abril, a no ser que la CC resuelva otorgar amparo provisional que suspenda alguna designación dentro de las múltiples acciones de amparo que se han interpuesto en contra de los nombramientos hechos por la Corte Suprema de Justicia, Organismo Ejecutivo y Congreso. Parece poco probable que esto ocurra y en consecuencia el Congreso debe juramentar a los 8 magistrados antes aludidos.

No era nada difícil prever lo que iba a pasar.

El 2021 sería el año de la vacunación. De eso estábamos claros todos.  Superar la pandemia y generar las condiciones para retornar a la “normalidad” requiere de un masivo proceso de vacunación que permita inmunizar a porcentajes significativos de la población. Ese es el reto de todos los Estados a nivel mundial.

Para un país como Guatemala el desafío resultaba titánico. Entre las limitaciones de recursos para adquirir las vacunas, la rigidez del sistema de compras públicas, los problemas de gestión y las muy acostumbradas prácticas de amiguismos y favoritismos, era fácil prever que el Estado tendría dificultades para adquirir las dosis, distribuirlas a nivel nacional o ejecutar las diferentes fases del plan de vacunación.

Dicho y hecho. Primero fue el Congreso, que con sus altos niveles de fragmentación y disfuncionalidad tardó semanas en aprobar un marco normativo para obviar los procesos públicos de compras que permitiera incorporarnos al mecanismo COVAX. Desde ahí, ya veníamos atrasados en la carrera global por el acceso a las vacunas. En ese contexto, las donaciones de Israel e India sumaron al escarnio: Guatemala apenas logró arrancar con la vacunación solo por obra y gracia de la beneficencia internacional.

La siguiente debacle fue la serie de chambonadas en las primeras fases del proceso. Retrasos en la implementación del registro. Limitada capacidad institucional para descentralizar las vacunas. Saturación de los centros de salud por deficiencias en la planificación y comunicación de las campañas, etc.

Por si fuera poco, conforme las semanas avanzaban, afloraron los pelos en la sopa. Alcaldes que se auto-nombran como coordinadores municipales de salud para vacunarse a sí mismos. Personal administrativo del Ministerio de Salud o estudiantes universitarios que no caben dentro de la categoría de “primera línea de respuesta” siendo inmunizados. O qué decir de los más de 15,000 vacunados cuya categorización como “otros” naturalmente genera dudas sobre si hay amiguismos o favoritismos políticos en el proceso.

Estos retrasos, desaciertos, favoritismos no son accidentes aislados. Son reflejos evidentes de un sistema de salud debilitado, cooptado y sujeto a presiones políticas. Y no es por ser ave de mal agüero, pero es muy probable que conforme las semanas avancen, afloren más deslices.

El problema está en el impacto político y social de esta debacle. Para Guatemala resulta imposible si quiera compararse con un vecino como El Salvador, donde el mismo Bukele se presenta como el paladín de la inmunización. Conforme la brecha de comparación se amplíe, el descontento social también agudizará.

El siguiente capítulo de esta trama será el debate por la liberalización de las vacunas. Si bien la opción de la venta privada contribuirá a reducir la presión sobre el sistema, hay que ser realistas. Para el 90% de la población la única alternativa de acceso a vacuna pasa por la gratuidad de la salud pública o del IGSS. Y luego como obviar el efecto económico. El turismo, el comercio informal asociado a ferias y actividades socioculturales o algunos mercados de servicios requieren de la inmunización colectiva para una verdadera reactivación. A más retraso en el proceso de vacunación, más pérdidas económicas focalizadas.

La pregunta del millón es cuándo se romperá la cuerda. ¿En qué momento la falta de reactivación de sectores específicos genera focos de descontento en el sector privado? ¿En qué momento la percepción de debacle genera molestia social? ¿Será suficiente para otro estallido tipo noviembre 2020?

¿Qué tienen en común el triángulo norte de Centroamérica, Rusia y Ucrania, Corea del Norte, China y la zona del Medio Oriente que aglutina a Iraq, Siria y el Levante?

Sencillo. Las seis zonas son consideradas como los principales focos de atención para la seguridad nacional de Estados Unidos. China y Rusia, por la competencia geopolítica internacional y la expansión de sus respectivas esferas de influencia; Corea del Norte por su capacidad nuclear; y el Levante por haberse convertido en un “agujero negro” en donde las células terroristas nacen, crecen y se reproducen.

Entre tanto, el triángulo norte atrae la atención por su proximidad. A 500 km de Miami y la frontera sur, la existencia de tres Estados que rozan la calificación de narcoestado o Estados fallidos representa un riesgo de seguridad. ¿Acaso las mismas redes de contrabando y narcotráfico no podrían utilizarse para transportar armas ilegales a territorio norteamericano? ¿O acaso no será posible que terroristas islámicos utilicen los servicios del coyotaje desde Centroamérica para entrar ilegalmente a Estados Unidos? 

Ahí la primera bandera roja; la que preocupa a los expertos en seguridad. 

Si esto no fuera suficiente, el triángulo norte se ha convertido en una fábrica de pobres: países sin capacidad de generar oportunidades, un ambiente seguro y estable, con estados funcionales para brindar una mínima calidad de vida para sus habitantes. En ese contexto, la supervivencia de cientos de miles de personas pasa necesariamente por la migración ilegal. 

Ahí la segunda bandera roja. La que preocupa políticamente. Recordemos. Desde el 2010, la xenofobia anti-migrante ha crecido en Estados Unidos, particularmente en las zonas rurales. La razón es sencilla: hoy el migrante ilegal compite por el puesto de trabajo de obreros de “cuello azul”. De ahí la explicación de por qué en esos segmentos demográfico, el hostil discurso anti-migración de Trump caló tan profundo. 

La lectura aguda sobre la región la comparten republicanos y demócratas. La diferencia sustancial está en la fórmula de unos y otros para atender el problema. Los primeros (sobre todo durante la administración Trump) prefieren cerrar las fronteras, presionar a los vecinos del sur para limitar la migración y dejar a los países centroamericanos navegar a la deriva. Los segundos -en cambio- consideran que para detener la migración irregular se requiere atender las causas estructurales de la problemática, dígase la inseguridad, la pobreza, la debilidad institucional, y particularmente, la corrupción.

De ahí nació el “Plan de la Prosperidad” de la era Obama y ahora el Plan Biden para Centroamérica. 

Pero como dirían las abuelitas, del dicho al hecho hay un gran trecho. La ejecución se vuelve ahora la clave del proceso. Para ello, Biden reclutó a dos halcones del servicio exterior, Roberta Jacboson (ex Embajadora en México y Sub Secretaria para el hemisferio occidental) y Juan Sebastián Guevara (Asesor del Consejo de Seguridad Nacional y Asistente del Subsecretario para el hemisferio occidental). 

Jacobson y Guevara, acompañados de Ricardo Zúñiga (uno de los gestores de la reapertura diplomática entre Cuba y Estados Unidos) tendrán la tarea de recordarle amablemente a las autoridades, élites y actores políticos relevantes de la región sobre los intereses norteamericanos. Y los mismos son bastante sencillos: apoyar a ultranza el combate a la corrupción; salvaguardar la independencia de las fiscalías y las cortes; fortalecer la institucionalidad pública; mejorar la seguridad y generar oportunidades. 

De tal manera que las reuniones con autoridades del Ejecutivo, sector privado, sociedad civil, además de operadores de justicia reconocidos por Estados Unidos, resultarán clave para la agenda de corto plazo. Pero más importante aún, será leer entre líneas. ¿Con qué actores simplemente deciden no reunirse? En 2015, la comitiva del entonces Vicepresidente Biden solicitó que Roxana Baldetti no estuviera presente en las reuniones de cortesía. Cinco meses más tarde, Baldetti dormía en una plancha de concreto. De ahí que no nos extrañe si algunos presidentes de organismos de Estado no se toman la foto con la comitiva.

Tras bambalinas, la clave será convertir el discurso diplomático en acciones de poder real. Investigaciones y casos penales; decisiones expresas de autoridades institucionales; consensos para empujar puntos de interés de agenda. De lo contrario, que no nos extrañe si se viene una oleada de designaciones y una pequeña flexión de pectorales. 

Hace unos días la Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitió un antejuicio al Congreso de la República por una denuncia que instaron algunos miembros de la Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN). Esta es una denuncia que surgió en 2019.

Antecedentes

Como lo expliqué en enero de 2019, la denuncia se basa en lo siguiente: la Corte de Constitucionalidad (CC) dictó una resolución en contra de la decisión del entonces presidente Jimmy Morales de pedir al Reino de Suecia que retiraran al entonces embajador, Anders Kompass. 

En opinión de la ADN, esta resolución constituye prevaricato que de acuerdo con el artículo 462 del Código Penal es un delito que comete un juez que “…a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos…”. El prevaricato, según ellos, ocurre porque la CC “viola” la Constitución al interpretarla de ese modo porque restringe las atribuciones del presidente de acuerdo con el artículo 183 literal “o” reconoce como una de ellas “dirigir la política exterior y las relaciones internacionales…”.

Obviamente esta es una denuncia inviable porque no se puede perseguir penalmente a los magistrados de la CC sencillamente porque alguien más considera que el criterio expresado en una resolución es “equivocado”. Esto por el artículo 167 de la Ley de Amparo (“No podrán [los magistrados] ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio del cargo”) y porque la CC ha sido lo ha establecido en la jurisprudencia que que mencioné en otra ocasión. (Para una reflexión más profunda puede leers eeste interesante artículo del profesor Juan Pablo Gramajo. Y para comprender mejor el punto relativo al derecho constitucional de las relaciones internacionales, ver la columna que publicó el profesor Arturo Villagrán en 2018).

En 2019, la Corte Suprema de Justicia dictó una resolución por la que decidió enviar el antejuicio contra los magistrados que firmaron la anterior resolución al Congreso. Sin embargo, en enero de 2019 se interpuso un amparo a favor de dichos magistrados y la CC otorgó un amparo provisional que ordenó suspender el trámite del antejuicio. 

Mucho tiempo después, en octubre de 2020, la CC dictó la sentencia correspondiente y ordenó a la Corte Suprema de Justicia “(…) dictar nueva resolución congruente con lo aquí considerado”. Es decir, congruente con la jurisprudencia de que no se puede perseguir a los magistrados por las opiniones expresadas en sus resoluciones.

¿Qué ocurre ahora?

De forma sorpresiva, la Corte Suprema de Justicia decidió, en sus términos, “cumplir” y dictar una “nueva resolución” en el expediente de antejuicio que se seguía contra los magistrados Gloria Porras y Francisco de Mata (Bonerge Mejía estaba denunciado también, pero ya falleció). En esta nueva resolución, básicamente repite mayoritariamente lo que resolvió en 2019 y vuelve a considerar que la denuncia por prevaricato debe continuar su trámite y resuelve enviar el antejuicio al Congreso para que continúe su trámite.

Esto evidentemente no es congruente con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Al respecto, caben dos posibles salidas. En primer lugar, que quienes interpusieron el amparo soliciten medidas para el cumplimiento de la sentencia de octubre de 2020 al ser evidente que la Corte Suprema incumple lo ahí resuelto al fallar en el mismo sentido que en 2019 en contra de la jurisprudencia ya sentada.

En segundo lugar, que el antejuicio continúe su trámite en el Congreso. En este aspecto, vale la pena recordar que la Ley en Materia de Antejuicio (artículo 17) establece que para que el Congreso resuelva retirar la inmunidad de un funcionario hace falta mayoría calificada. No existen 107 votos para retirar el antejuicio a Gloria Porras y Francisco de Mata ante una denuncia tan espuria y débil.

Aún así, la lectura política es que tanto la Corte Suprema de Justicia como un grupo de diputados pretenden una vez más arremeter contra magistrados de la CC que han dictado resoluciones que han puesto claros límites a los excesos del poder público. No hay otra forma de leerlo. 

Se sabe que una dictadura está en su ocaso cuando la gente finalmente pierde el miedo.

Y pareciera que así le está sucediendo a la dictadura más larga del continente (con más de 60 años en el poder), tras la irrupción de un movimiento de artistas que con sus manifestaciones han llamado la atención del mundo y han perturbado los cimientos de las altas esferas del régimen castrista, que otrora fuese conocido por su inmensa propaganda a la que muchos “intelectuales” del siglo XX se prestaron a difundir en todo el mundo.

Se trata del Movimiento San Isidro (MSI), de oposición y disidencia a la dictadura cubana, conformado por artistas e intelectuales que combinan sus manifestaciones de activismo político con intervenciones artísticas.

El movimiento surgiría hacia 2018, como una respuesta al Decreto 349, que regula y controla la actividad artística y pretende definir desde el Estado qué es arte. Sin embargo, sería conocido mundialmente hacia finales del año pasado cuando uno de sus líderes y fundadores, el rapero Denis Solís, fue detenido por las fuerzas de seguridad del régimen, procesado por “desacato” y condenado a prisión, lo cual desató una serie de protestas y huelgas de hambre de varios artistas y otras figuras públicas de la isla (con una movilización muy intensa y prácticamente sin antecedentes recientes), que a su vez provocó una fuerte represión por parte del régimen cubano con prácticas como el “baneo” de redes sociales, la censura a la libertad de expresión, la vigilancia y hostigamiento a los manifestantes y periodistas que han cubierto los eventos.

Estas prácticas represivas hacia las expresiones culturales no son nuevas. Los gobiernos revolucionarios de izquierda son conocidos por lo que ellos llaman “el control de la hegemonía cultural” y por mucho tiempo en la isla se intervino fuertemente la producción artística e intelectual. Lo cual trae a la memoria el famoso “Caso Padilla”, en 1971, en el que se le acusó al poeta Heberto Padilla de “posiciones contrarrevolucionarias incentivadas por enemigos del extranjero” y se le obligó en un acto humillante a que se disculpara públicamente (y a la vista del mundo) con la nomenklatura cubana, lo cual hizo que muchos intelectuales (entre ellos Mario Vargas Llosa) rompieran definitivamente con Fidel Castro y la “revolución”. 

Hoy en día la situación de control de la hegemonía cultural parece haber dado un giro inesperado. Regresándonos al presente, a mediados de febrero de 2021, un grupo de artistas (Yotuel, Gente De Zona​, Maykel Osorbo, El Funky), que viven dentro y fuera de Cuba, lanzaron el tema “Patria y Vida” —en contraposición al slogan necrofílico de Fidel Castro y la guerrilla en los años sesenta: “Patria o Muerte”—, y que rápidamente se hizo viral en redes sociales y ha sido catalogado como un himno a la libertad en Cuba. Con frases contundentes como: “No más mentiras. El pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte sino Patria y Vida” y también: “Se acabó... tu cinco nueve, yo doble dos”, en referencia al año en que comenzó la revolución, 1959, y al 2020, el año en que el pueblo salió a clamar libertad.

Como era de esperarse, la reacción del régimen fue predecible. Díaz-Canel ha calificado a estas manifestaciones como “un acto de reality show imperial. El espectáculo imperial para destruir nuestra identidad y volvernos a someter”, apelando como siempre al gastado discurso ideológico anti-imperialista que ya tiene 62 años.

Mientras tanto, los demócratas del mundo observamos expectantes los acontecimientos, que hasta el momento son inciertos. Si bien los Estados Unidos, bajo la administración demócrata, parecieran haber cambiado el garrote por la zanahoria, esto podría en el largo plazo marcar el comienzo del final para la dictadura castrista porque lo que pareciera estarse fraguando en la isla es un cambio cultural en las nuevas generaciones, que ya tienen muy lejos de su horizonte temporal la épica vetusta de Sierra Maestra y de Playa Girón.

Al parecer, el soft power[1] está haciendo varias grietas en la tiranía.

[1] Soft power, o “poder blando” es un concepto acuñado por Joseph Nye para referirse al poder de la cultura o de las ideas, frente a otras formas más coercitivas de ejercer presión como acciones de tipo militar o condicionamientos de tipo económicos.

Desde el año 2000, Guatemala se ha adentrado en un camino tenebroso: la simbiosis entre la política, la corrupción y el crimen organizado.

El financiamiento ilícito abrió la puerta para que grupos interesados en el saqueo accedieran a las joyas de la corona. El IGSS, el MICIVI, el Ministerio de Salud, las Aduanas, las Gobernaciones y el sistema de COCODES se convirtieron en los botines a repartir entre financistas y sus operadores. Paralelo a ello, la invasión del narco abrió otro frente: carteles interesados en tomar control de territorios estratégicos. En las munis fronterizas, en costas, puertos y corredores de trasiego, los operadores -primero- y los capos -después- empezaron a resultar ganadores de las alcaldías. Ya en control del poder local, afianzaban el poder sobre las fuerzas de seguridad, juzgados locales, etc.

Ambos mundos se fusionaban bajo la sombrilla de la política partidaria. En la búsqueda de fondos para sufragar campañas, o liderazgos locales con capacidad de movilización, los partidos abrieron el dique para que la corrupción y el narco invadieran al sistema. Así vimos el surgimiento de barones de la droga muy vinculados al poder. La relación de las hermanas Torres y Chamalé; Roxana Baldetti y los Zetas; o Mario Estrada y su negociación con Sinaloa, fueron las primeras luces rojas de esta tenebrosa historia.

Pero olvidamos un factor. El capo guatemalteco, al mismo estilo que el colombiano, sigue el modelo del “narco-benefactor”. Suple el vacío territorial del Estado. Apoya a la comunidad. Sufraga fiestas, bautizos, casorios y velorios. Es el “hombre fuerte” de la localidad. Monta caballo y usa pistola a la vista. Algunos, bendecidos con carisma y don de palabra, se convierten en íconos del caudillo moderno. Aquellos con más visión construyen redes de abajo hacia arriba. Se vinculan con alcaldes de municipios aledaños. Apoyan candidaturas de diputados. Movilizan votantes para elecciones presidenciales o manifestaciones confeccionadas a la carta. Cooptan los COCODES, o incluso, inciden en designaciones de gobernadores.

Esa es la historia de Erick Zúñiga o los Navarijo en San Marcos; los huista en Huehuetenango y los Ipala en Chiquimula. Todos, liderazgos locales atractivos para cualquier partido político en tiempo de elecciones.

De ahí que la reciente vinculación del alcalde Esduin Jerson Javier Javier, el Tres Kiebres, con el Cartel de Ipala, no haya sorprendido a nadie. Ni siquiera a los incautos.

El modus operandi del Cartel de Ipala ya había sido perfilado por agencias antinarcóticas. Básicamente son transportistas. Reciben la droga en la frontera con Honduras y proveen el servicio de embodegamiento, embalaje y transporte hacia México. Incluso, el New York Times resaltó sus métodos innovadores, al recurrir a caramelos, sopas y galletas para transportar la droga. En ese esquema, el control de las municipalidades resulta estratégico para su operación. De ahí la vinculación del Tres Kiebres.

Lo anecdótico de todo es la forma como se descubre esa relación, en el marco de una investigación criminal. La trama no es distinta a cómo decenas de personajes políticos de alcurnia resultaron vinculados a casos penales. Hallazgos inevitables en interceptaciones telefónicas contra el líder de la red, Carlos Alexander Guerra, develó que existía una relación de colaboración entre el grupo criminal y el alcalde.

Sin embargo, las escuchas revelaron un elemento más, digno de una novela surrealista: la misma noche en que un país entero celebraba el precoz knouckout del Tres Kiebres contra IronBran, la red coordinaba el asesinato de tres opositores, quienes -por cierto- no eran del agrado del jefe edil.

La información recabada en los más de treinta allanamientos, y de proceder el antejuicio en contra de Javier Javier, permitirá profundizar la investigación para conocer su grado de relación o participación en la red. Pero independiente de cómo evolucione el caso, las lecciones políticas son más que evidentes.

Ya desde 2015, la CICIG habría señalado el vínculo del alcalde con estructuras locales de la droga. Y aún así, en 2019, Javier Javier fue reelecto con un aplastante 78% de los votos. Peor aún, saltó a la palestra con la famosa pelea contra Neto Bran, y ya en diferentes círculos políticos, no faltaban los partidos que veían en el Tres Kiebres una opción potencial para candidato presidencial. Así entonces la degradación moral de la política. Aunque el río suene, nadie voltea a ver las piedras, puesto que el dinero para el financiamiento de campañas o el liderazgo local son los activos preciados en el juego electoral.

Mientras esa simbiosis entre política, corrupción y narco no se rompa, sobrarán los Tres Kiebres. En el peor de los casos, alguno de ellos -quizá- resulte electo Presidente de la República. No estamos muy lejos.

Una proyección sobre estabilidad social de corto plazo

El 2020 trajo consigo la peor crisis humana de los últimos ochenta años. Y aparejada, la peor crisis económica global de la última centuria. Los 2.5 millones de fallecidos y una caída de 3.5% del PIB global nos dan una pequeña lectura del recuento de los daños.

Encontrar solución a este período de incertidumbre humana y de la “Gran Interrupción Económica” recayó entonces en manos de la ciencia. Menuda tarea. Laboratorios médicos de por lo menos diez países arrancaron la mayor carrera de investigación científica en la historia de la humanidad. Y a menos de un año de haberse decodificado el genoma del Covid-19, existen ya por lo menos 12 vacunas listas para administración. Podemos decir entonces que la ciencia se anotó una gran victoria.

Sin embargo, la distribución y administración masiva de la vacuna a nivel global depende más de procesos de carácter social y político que de los científicos mismos. Ahí entonces el meollo del debate subsiguiente.

Superar la pandemia y regresar a la “nueva normalidad” requiere entonces de un enorme esfuerzo en materia de gestión política, asignación de recursos públicos y privados y de administración sanitaria.

En este contexto, la variable clave para los Estados ya ni siquiera es disponibilidad de recursos científicos o financieros. El problema ahora se vuelve institucional.

Por ello, no debe de extrañarnos que los países más rezagados de América Latina en cuanto a sus respectivos procesos de vacunación sean Paraguay, Honduras y Guatemala. El costo de la débil institucionalidad pública se paga también en un proceso de esta naturaleza.

Los problemas de los tres países son comunes: retrasos en la aprobación política de presupuestos públicos y procedimientos administrativos para adquisición masiva de vacunas; limitaciones de infraestructura (sobre todo la cadena en frío) para iniciar con la administración masiva de ciertas vacunas; y debilidad de la institucionalidad sanitaria para encaminar una logística masiva de vacunación.

Si el problema entonces es político, el riesgo potencial también es político. Al final, en un mundo sin fronteras para la información, las expectativas adquiridas de la ciudadanía se aceleran exponencialmente.

O dicho de forma más sencilla. Mientras en Guatemala la primera oleada de vacunas ha dependido exclusivamente de donaciones de los Gobiernos de Israel y de la India, países como El Salvador y -hasta- Venezuela nos llevan algunos kilómetros de ventaja en cuanto a la adquisición de vacunas. Esa comparación natural con vecinos (ya sea inmediatos o a quienes consideramos como referentes de fracasos social) acarrea un efecto de descontento, molestia e incertidumbre.

A nivel ciudadano, el rechazo hacia las autoridades se exacerba con el paso del tiempo y la percepción que la vacuna aún está lejos de venir. A nivel empresarial, la incertidumbre se mantiene en el firmamento, dado que la expectativa de vacunación masiva de trabajadores de industrias esenciales (como precondición para agilizar el retorno a la normalidad) también se percibe como muy lejana.

Lo peor del caso, es que ante las debilidades institucionales, los problemas seguramente no se limitarán a la mera adquisición de vacunas. ¿Qué ocurrirá el día que se echen a perder lotes de vacunas por mala administración de cadena de frío o limitada infraestructura para el efecto? ¿Qué ocurrirá el día que se descubra que personajes con poder político tuvieron acceso preferente a vacunas en detrimento de trabajadores de primera línea o personas en situación de riesgo? O peor aún, ¿qué pasará el día que inevitablemente se presenten efectos médicos adversos por la administración de una determinada vacuna? Estos y otros más son problemas naturales que podemos esperar en las semanas por venir.

De ahí entonces la importancia de agilizar el proceso. Ante la realidad de descontento que vimos en noviembre 2020, en donde claramente quedó evidenciado que el caldo de cultivo para un estallido social está a la orden del día, todo parecería indicar que la estabilidad política y social de corto plazo dependerá en gran medida de la capacidad institucional de administrar la vacunación contra el Covid-19.

No digan después que no se los advertimos.

Tres casos penales y un sistema agotado

Desde 2018, CICIG y FECI han venido develando -en actos de una ópera tragicómica- la realidad de un sistema de comisiones de postulación que se ha agotado en su totalidad.

Recordemos. Con la Constitución del 85, pero particularmente luego de la Reforma Constitucional de 1993, se estableció un sistema de tipo corporativista para designar a las altas autoridades del Organismo Judicial. Ese modelo corporativista llamaba a que rectores, decanos de derecho, representantes del Colegio de Abogados y pares dentro del sistema de justicia, se encargaran de la elaboración de las nóminas de candidatos de la cual el Congreso designaría a los magistrados de las altas cortes.

La lógica parecía impecable: si la élite académica y profesional del gremio de juristas elaboraba un listado de candidatos con las más altas credenciales académicas y profesionales, los diputados quedaban amarrados de manos para cooptar las cortes del país. De esa forma, las comisiones de postulación debían de constituir la salvaguarda de que el sistema de justicia sería independiente con magistrados honorables, idóneos y electos mediante la evaluación del mérito.

Todo eso empezó a cambiar a partir del 2000. Personajes como Roberto López Villatoro (el rey del tenis), Gustavo Herrera, Estuardo Gálvez y una nueva generación de operadores entendieron los entretelones del sistema. Mediante la organización de redes clientelares de abogados, que les permitieran ganar las elecciones en el CANG, podían acceder a espacios de influencia en las postuladoras. Una vez ahí, ganaban cuotas de poder para repartir espacios en las listas de nominados. Accedían a prebendas, al asegurar que candidatos propuestos por poderes externos accedieran al listado. Y obtenían prebendas en el proceso.

El caso Comisiones Paralelas 2020, fase I, recién develado por FECI, revela una parte de la realidad. Operadores como Gálvez, Luis Fernando Ruiz o Murphy Paiz, que tienen acceso directo o indirecto a escaños en la postuladora (Gálvez y Ruiz mediante grupos gremiales que les permiten obtener un número de asientos en las comisiones) se reparten cuotas de cuántos candidatos pueden colar al listado final. Por ejemplo, el grupo de Gálvez tenía 4 representantes en la Comisión, por lo que tenía derecho a 40 candidatos; Ruiz tenía 2 representantes, por lo que tenía derecho a 20 candidatos; y así sucesivamente. Una vez repartidas las cuotas, los operadores acordaban los listados de candidatos que debían integrar la nómina. Y en un ejemplo de disciplina gremial, los comisionados votaban -casi de forma íntegra- por los candidatos acordados por sus padrinos.

La razón detrás de esa disciplina (difícil de explicar desde una perspectiva de Public Choice o de asimetrías de información) se explica con la realidad develada en el Caso Comisiones Paralelas 2014, develado por CICIG-FECI en febrero 2018. Para la elección de Cortes 2014, el Rey del Tenis (un operador de ese proceso) sufragó los gastos de campaña de un grupo gremial, incluyendo fiestas, cenas, desayunos, salones de hotel, etc. Más relevante aún, López Villatoro habría obsequiado un apartamento al entonces magistrado Eddy Orellana Donis, quien fungía como Comisionado en la postuladora. Es decir, la lealtad de los postuladores hacia los operadores es consecuencia de financiamiento de campaña o prebendas ilícitas. Eso explica la razón por la que los comisionados votan por los listados encargados por sus padrinos.

Más importante aún es conocer cómo los operadores se convierten en puentes con poderes externos. La denuncia de Comisiones Paralelas 2014, fase II, presentada por CICIG en 2019, revela la forma en que Gustavo Herrera y López Villatoro tenían contacto con dos personajes claves del entonces mundo político: Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi. Es decir, el listado acordado no sólo seguía una lógica clientelar del operador hacia su red, sino además, respondía a solicitudes y demandas de poderes superiores. Sinibaldi y Baldizón -por cierto- acordarían más delante la elección final de magistrados por el Congreso.

Caso similar se evidenció en el caso del viernes pasado. Gustavo Alejos, el pulpo de la captura del Estado, sabía que para colocar candidatos en la nómina final se requería del voto de 24 comisionados. Para ello, prefirió interactuar con operadores y no necesariamente con los comisionados en lo individual. De esa forma Galvez, Paíz y Ruiz actuaban como puentes entre la Postuladora y el interés criminal de Alejos.

Del nombre del caso del viernes pasado se deduce que habrá más fases en la investigación sobre el intento de grupos criminales y políticos de cooptar la elección de altas cortes del 2019. Pero sólo con estos hallazgos, más el aprendizaje del proceso 2014, la realidad del sistema ha quedado desnudada. Las comisiones de postulación son una gran farsa, donde la evaluación del mérito, credenciales académicas y profesionales de los candidatos es irreal. Por el contrario, donde se negocian cuotas de poder, entre grupo gremiales clientelares y poderes externos (sean políticos, económicos o criminales).

Bajo esa realidad, el sistema de justicia en Guatemala no es ni independiente, ni probo, ni meritocrático. Al final, las cortes son un botín más al servicio de las mafias. Y eso, nos vuelve un Estado fallido.