Desde finales de los años noventa, los expertos en el combate contra la criminalidad organizada llegaron a una conclusión: para derrotar a los grupos de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas o de corrupción, hay que embargar los bienes y activos que hayan sido adquiridos, o utilizados por medio de actividades ilícitas. La idea es que al golpear el poder económico de las estructuras criminales, no sólo se limita su capacidad de operar, sino también, de acceder a poder de fuego, o de corromper a autoridades y operadores de justicia.

 

De esta filosofía, surge la legislación de extinción de dominio, como herramienta que permite a los Estados embargar y tomar control sobre los bienes de las estructuras criminales. En el caso de Guatemala, la Ley de Extinción de Dominio ha estado vigente desde el año 2010, pero ha sido gracias a la ola de casos de corrupción, que se ha generado mayor atención pública a los esfuerzos por tomar control de los bienes procedentes de estructuras ilícitas y de corrupción. En los últimos años, hemos visto cómo una infinidad de propiedades, bienes inmuebles y vehículos vinculados a Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón y otros más han pasado a manos del Estado.

 

Sin embargo, se ha presentado un problema en el esquema de la lucha anticorrupción. Si bien los procesos de extinción de dominio avanzan y empiezan a arrojar resultados, existe siempre la duda de qué ocurrirá con el dinero en efectivo guardado en caletas. Y si pareciera muy hollywoodesca esta afirmación, no olvidemos que en los allanamientos de Boutique Emilio, la sede operativa de La Línea, se incautaron 1 millón 600 mil quetzales; o que en la residencia de Alfonzo Castillo –ex-Intendente Jurídico de SAT– se incautaron casi Q3 millones de quetzales en efectivo.

 

Agreguemos algo más. La circulación de billetes de 200 quetzales en el mercado parece estar ralentizada. Pregúntese usted, ¿qué tan frecuentemente recibe usted un billete de dicha denominación? Si elimina las transacciones bancarias, ¿qué tan frecuente ve usted la circulación de los citados billetes en transacciones ordinarias? Este fenómeno hace pensar a expertos criminalísticos y estudiosos de procesos monetarios, que muchos de dichos billetes se encuentran encaletados.

 

De ser así, existen dos soluciones para atajar el fenómeno. La primera, que las autoridades logren hallar las caletas por medio de las investigaciones, para luego proceder con el decomiso y extinción de dominio. Pero ante la lentitud de dicha ruta, existe una alternativa que pasa por el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria: cambiar el diseño de los billetes de Q200 y dar un plazo para que los guatemaltecos cambien los billetes actuales por los nuevos, siempre bajo un registro personal, tal y como se ha implementado en el control cambiario de dólares.

 

Esta alternativa pondría en aprietos a los grupos criminales, que se verían obligados a cambiar con celeridad los billetes encaletados. Y al implementar el control respectivo, la Intendencia de Verificación Especial podrá levantar las alertas correspondientes cuando identifique patrones anómalos o excesivos de cambio de billetes. Y dichas alertas, a su vez, permitirían realizar investigaciones de inteligencia financiera que podrían servir como base para identificar estructuras de lavado vinculadas a los actores de la criminalidad organizada y la corrupción.