La idea del diálogo entre moderados era interesante porque invitaba a dejar de lado la estridencia de los extremistas.

El tímido llamado a la posibilidad de un diálogo entre moderados, levantó una pequeña polémica entre algunos grupos, analistas y comentaristas. Que a alguien le moleste un llamado a dialogar puede sonar extraño, pero no lo es tanto cuando se comprende el problema.

La molestia surgió en realidad de un malentendido en redes sociales. Lo que debiera interpretarse como una invitación a poner en pausa los temas irreconciliables, se entendió como un intento de excluir a aquellos que tienen ideas fuertes y las defienden.Pero el llamado a dialogar entre moderados, en estos momentos de crisis política, era importante; nos recordaba que hemos dejado pendiente la tarea de construir espacios de interacción social.

Generemos + espacios de diálogo entre moderados para darle rumbo al país y no permitir q el ruido de los radicales y mafias nos polarice + pic.twitter.com/asZgiwtfFI

— Salva Biguria (@sbiguria) 3 de octubre de 2017

Los moderados no son los tibios, tampoco son aquellos que se ubican en el centro del espectro político-ideológico, sino quienes comprenden que el momento político exige hacer algunas concesiones; que el diálogo es necesario, pero que jamás será posible sin la disponibilidad de querer hacerlo y la comprensión de que la ausencia de cohesión deja el camino libre para que gobierne la mafia.

La idea del diálogo entre moderados era interesante porque invitaba a dejar de lado la estridencia de los extremistas. Ser extremista en tiempos de crisis es peligroso porque estos momentos llaman a encontrar salidas de corto y mediano plazo. Esto es difícil cuando las posturas son diametralmente opuestas y casi imposible cuando los actores no están dispuestos, siquiera, a reunirse y hablar.

En el río revuelto los intereses espurios son los beneficiados. Estos han disfrazado su mezquindad de posturas extremas, simplificando el debate público y utilizando argumentos de fácil comprensión. Se esconden entre los extremistas porque saben que la postura radical es cómoda y fácil de entender. No requiere ningún esfuerzo estar encerrado en un círculo en donde jamás se me cuestiona lo que creo.

El momento histórico llama a que moderemos posturas. De nada sirve tener una sociedad civil dividida e ideologizada, mientras los políticos son totalmente pragmáticos. Discutir en los medios y las redes sociales es positivo, pero difícilmente tendrá algún efecto si la discusión no se traslada al Congreso y a la arena política.

Para que el Congreso sea el espacio en donde se discutan las ideas, primero hay que allanar el camino, tirando las barreras de entrada que montaron los corruptos. Este es un momento para acuerdos entre los grupos que no están comprometidos con las mafias; los temas difíciles podrán ser batallados cuando el sistema político deje de estar cooptado. Si se logra ese primer objetivo, las discusiones que vengan serán menos complicadas, porque habremos tendido algunos puentes para el futuro.

Necesitamos que más personas se ubiquen en el momento político actual. Que vean la necesidad de lograr acercamientos entre distintos sectores influyentes de la sociedad civil. Que se busquen acuerdos sobre los grandes temas que hoy nos ocupan: la lucha anticorrupción, la reforma al sistema de justicia y la reforma electoral; todos pilares de un proceso de fortalecimiento institucional que nos puede ayudar a salir del entumecimiento social.

Lo que hoy tenemos en Guatemala es un deterioro perceptible en todas las políticas públicas.

Lo que está en juego hoy en día en Guatemala es la oportunidad de convertirnos en un Estado con altos estándares de transparencia, similares a los países occidentales desarrollados; o bien quedarnos con un Estado disfuncional y plagado por la corrupción, que no tendría ni la intención, ni la capacidad de facilitar e impulsar el desarrollo económico y social del país.

El éxito de Occidente es que lograron construir Estados que respetan los derechos individuales, rinden cuentas a los ciudadanos comunes, el sistema de justicia es independiente de intereses políticos y no están cooptados por redes de corrupción, mafias o crimen organizado. Los estándares que se les exigen a los funcionarios públicos son tan altos, que el más mínimo atisbo de corrupción es motivo de rechazo de la ciudadanía. Eso es Occidente, que por supuesto tiene sus imperfecciones, pero es a lo que deberíamos aspirar si algún día queremos ser un país próspero.

Lo que hoy tenemos en Guatemala es un deterioro perceptible en todas las políticas públicas. Las carreteras están en pésimas condiciones por la corrupción y la incapacidad de los funcionarios públicos; la salud pública está en crisis permanente también por la corrupción que se ha dado en esa cartera; la educación pública está a merced de un sindicato acusado de venderse al mejor postor; los consejos de desarrollo y los listados geográficos de obras son el botín de alcaldes, gobernadores y diputados voraces e inescrupulosos, por poner algunos ejemplos.

Con un Estado en estas condiciones, es imposible que podamos articular un modelo de desarrollo que promueva tasas de crecimiento económico del 7 u 8 por ciento. Si lo que caracteriza al servicio público de Guatemala es la corrupción, la incapacidad y la búsqueda de rentas en general, jamás podremos implementar políticas públicas exitosas. Simplemente no existen atajos hacia el desarrollo. Tenemos que construir instituciones transparentes.

Algunas personas justifican que es posible lograr un alto crecimiento económico, aun cuando la corrupción es rampante y mencionan como ejemplo a Brasil o China. La cuestión es que son países tan grandes, que el riesgo que corren las empresas de operar en un ambiente corrupto, se ve “compensado” por la escala de las utilidades que esperan. Y por otra parte, hay que ver que Brasil no está pasando precisamente por su mejor momento y China es una enorme interrogante sobre si su modelo es sostenible.

Los países pequeños exitosos que cuentan con los mejores índices de desarrollo humano a nivel mundial, son precisamente los más transparentes. Es el caso de los países nórdicos. Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca se encuentran entre los más transparentes y con el Estado de Derecho más consolidado del mundo.

En América Latina, los tres países más desarrollados son Chile, Uruguay y Costa Rica, que precisamente cuentan con las mejores evaluaciones en cuanto a transparencia y Estado de Derecho de la región. Esto es evidencia suficiente para comprender que sin transparencia, no hay desarrollo.

Es interesante notar además, que muchos de estos países cuentan con mayor o menor participación del Estado en la vida de los ciudadanos, pero lo que tienen en común es la transparencia y el Estado de Derecho. Pareciera que estos dos factores, son los más relevantes para explicar el desarrollo. La calidad de las instituciones es la clave. De allí la relevancia de no claudicar en la lucha contra la corrupción en el país.

Construir un Estado transparente, con funcionarios capaces, que cuenten con altos estándares éticos es impostergable. Y eso solo será posible, si logramos hacer que la cadena de justicia funcione como en los países occidentales. Porque hasta hoy, con sus honrosas excepciones, la función pública y la actividad partidaria han atraído solamente a los más corruptos y voraces de nuestra sociedad. No hay futuro promisorio si continuamos en la misma situación.

Ninguna sociedad puede cambiar tanto, y tan rápido, sin ver surgir en su seno conflictos, revoluciones, insurrecciones, rivalidades.

La discusión en América española en torno a la necesidad de modernizar nuestras instituciones para alcanzar el «Estado de Derecho» (rule of law), la democracia y la economía de mercado, si bien insistente en la actualidad, es de vieja data y tropieza con varios escollos que impide el ansiado cambio. A este respecto, si bien en la actualidad algunos países conforme al WJP Rule of Law Index 2016 figuran más cerca de esos ideales, desde una perspectiva histórica en este terreno a veces ha pasado que los últimos países terminen siendo los primeros o los primeros devengan en los últimos[1], derivado de la inestabilidad de la región.

Así pues, los ejemplos institucionales de hoy no eran los ejemplos de ayer. La ausencia de límites al poder, de gobiernos democráticos transparentes y de economías pujantes en la región, se ha dicho que es el resultado de que en la larga marcha hacia la consecución de «auténticas instituciones» no hemos conseguido las instituciones formales apropiadas. Con el alegado de «auténticas» se ha pretendido comparar instituciones con otras, en las cuales si se han generado las consecuencias que queremos imitar: Estado de Derecho (rule of law), democracia y economía de mercado.

Así el debate en la región persiste en defender el credo de «ciertos buenos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano» como destacó BOLÍVAR en 1812, con su clara visión realista. Esta obsesión ajena a la convicción de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, escépticos de cualquier concepción «buenista» de la naturaleza humana, ha desembocado en la obsesión por la imitación acrítica, cuando no, en el claro pesimismo como destacó el presidente Gerardo BARRIOS, al igual que BOLÍVAR en 1830[2] al sostener que:

«[…] yo sé que como están ahora las repúblicas de Centroamérica están mal, porque no tienen medios de una existencia segura y digna; dígolo de una vez: son parodias de nación y sus gobiernos son parodias. Tengo derecho para decirlo porque soy jefe de estado y he andado medio mundo, tanto en Europa como en América, y sé muy bien lo que es nación y gobierno; por tanto, creo que somos el ridículo personificado ante aquellos seres políticos que ocupan el globo. Mucho ha hecho la providencia divina para salvarnos de los filibusteros, siendo visibles los milagros; temo que le canse nuestra inercia y que un día nos abandone y caigamos en el abismo».[3]

Con dicho pesimismo sistemático no exento de bases, los diversos países en América española, han reforzado dicha actitud con la persistente manía por construir instituciones por el tejado, evitando el tema más escabroso de todos: los valores. La renuncia a enfrentar el tema de los valores, se debe a la ausencia de «valores burgueses» que generaron riqueza en el mundo moderno, de allí la consabida corrupción que mina las repúblicas no virtuosas.

Obviando la importancia de la reflexión ética en política, el discurso latinoamericano ha oscilado en un marxismo cultural que insiste en que las causas de la riqueza[4] en los países desarrollados o la miseria o pobreza se deben únicamente a causas materiales, como el aprovechamiento de recursos naturales o la inexistencia de los mismos.

Esta idea defendida en la literatura, refleja el estado emocional de nuestros pueblos, reemplazando la historia como puede verse en Las venas abiertas de América Latina o el ensayo Patas arriba: Escuela del mundo al revés del escritor Eduardo Galeano. Con esta prédica unicausal y material centrada en la explotación de nuestros recursos asociados a riqueza por potencias extranjeras, se ha impedido superar la mentalidad pre-moderna existente, basada en la no asimilación de la responsabilidad de las acciones emprendidas.

Así pues, no es un secreto que fue el cambio drástico en las ideas relativas a la moral, comercio, derecho, economía e innovación lo que ocasionó un cambio radical en las condiciones materiales de las personas en occidente. La llamada «sociedad clerical militar» de orden cerrada y jerárquica dio paso a la llamada«sociedad comercial» cuando los hombre reprimieron la consigna moral tribal de que la «propiedad privada constituye un robo, y el comercio su instrumento»[5], como dan cuenta las distintas ciudades libres en expansión en Europa, Estados Unidos de América e incluso en Asia.

Con ese cambio moral, los hombres comunes comenzaron a transformar el mundo, naciendo con ello cambios, reformas o revoluciones de la cual somos deudores. Los inventos que proliferaron a partir del siglo XVIII permitieron enaltecer y cristalizar conceptos que prexistían a esos inventos, como los de dignidad[6] y libertad, los cuales fueron las palancas de la mejora en las condiciones materiales de la humanidad.

Enfocado en una visión materialista de la historia, se ha mutilado la comprensión de que la importancia de los valores de la dignidad, libertad humana, virtudes, límites del poder han sido motores de desarrollo.[7] Obviando ello, se ha insistido en imitar acríticamente instituciones del mundo moderno sin tomar en cuenta que dichas instituciones son el producto de un cambio moral en esas naciones, generándose una frustración constante producto de que no se consiguen ni las instituciones imitadas ni la prosperidad material deseada.

La distancia entre ideal y la realidad, aunada a la persistente imitación de instituciones sin tomar la moral que subyace a las mismas, ha acarreado la lamentable situación de observar que no llega el ansiado desarrollo. Así se ha descartado entender que los cambios materiales en los países prósperos fueron el resultado y no la causa del desarrollo.

Este cambio en los valores es trascendental, pues el caso de Venezuela permite comprender como pese al crecimiento económico vertiginoso –más que otros países actualmente- e incluso mayor al «milagro alemán», ocasionó un cambio fuerte en la sociedad pero con pies de barro. Por ello, un agudo observador destacó que desde el punto de vista sociológico«ninguna sociedad puede cambiar tanto, y tan rápido, sin ver surgir en su seno conflictos, revoluciones, insurrecciones, rivalidades»[9], mucho más si no están asentados determinados valores que frenen el caos.

Referencias:

[1] Para una perspectiva histórica del tema electoral y de la democracia en la región, véase Daniel ZOVATTO, Reforma Política-Electoral e Innovación Institucional en América Latina (1978-2016), Editorial Jurídica Venezolana Internacional, Caracas,-New-York, 2017.

[2] Carta de Bolívar al general Juan José Flores (1830) en la cual se afirma que: «Hágase la voluntad del Sur; y llene V. sus votos. Ese pueblo está en posesión de la Soberanía y hará de ella un saco, o un sayo, si mejor le parece. En esto no hay nada determinado aún, porque los pueblos son como los niños que luego tiran aquello porque han llorado. Ni V. ni yo, ni nadie sabe la voluntad pública. Mañana se matan unos a otros, se dividen y se dejan caer en manos de los más fuertes o más feroces […]. V. sabe que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. 1°. La América es ingobernable para nosotros. 2°. El que sirve una revolución ara en el mar. 3°. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. 4°. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razas. 5°. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos. 6°. Sí fuera posible que una parte del mundo volviera al caos- primitivo, este sería el último período de la América»

[3] Jorge Mario GARCÍA LAGUARDIA, «El Federalismo en Centroamérica. Integración y Desintegración» en VALADÉS, Diego y SERNA DE LA GARZA, José María (Coords.), Federalismo y regionalismo, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005, p. 228.

[4] Adam SMITH, An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, vol. I y vol. II, Liberty Fund, Indianapolis-USA, 1982.

[5] Antonio ESCOHOTADO. Los enemigos del comercio: Una historia moral de la propiedad, 3 vols., Espasa Calpe, Madrid, 2016.

[6] Deirdre N. MCCLOSKEY, Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain the Modern World, University of Chicago Press, USA, 2011.

[7] Deirdre N. MCCLOSKEY, The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce, University of Chicago Press, USA, 2007.

[8] Moisés NAÍM, «El caso Venezuela: treinta años después» en Debates IESA, Vol. XX, núm. 3, Julio-Septiembre, Caracas, 2015, p.50.

Desmenuzar la información y confirmar las fuentes de las que proviene cada mensaje en redes sociales y medios de comunicación, es clave en situaciones como la que vive Guatemala.

Los medios de comunicación tienen un papel importante en toda coyuntura. Son los encargados de difundir la “realidad” de lo que ocurre para que la ciudadanía conozca y se informe sobre los hechos. Sin embargo, en los tiempos que corren es cada vez más difícil distinguir la verdad de la mentira, la realidad de la apariencia.

Para que exista la “desinformación” como tal, es importante comprender que detrás habrá una intención para desacreditar, influir, etc. Es conocido que esta “estrategia de rumores” es utilizada por grupos criminales para dar golpes psicológicos. Guatemala ha sido testigo de cómo, en momento claves como el que vivimos en la actualidad, se genera información manipulada para desorientar y confundir a la ciudadanía. A través de mensajes se trata de provocar que el receptor cambie de opinión o de actitud para que esta sea favorable según la estrategia y el objetivo deseado.

La “veracidad” del mensaje se sustituye por la credibilidad subjetiva; los mensajes se repiten una y otra vez para que vayan calando y se normalicen como discurso.Con mensajes construidos hábilmente en diversas plataformas (información filtrada en medios de comunicación, net centers, videos y páginas dedicadas a desprestigiar personajes de izquierda y de derecha), el emisor consigue englobar al receptor en su sistema.

Una fotografía o una frase sacada de contexto en un tuit son suficientes para atacar la reputación de una persona. Y como usuarios de redes sociales es muy fácil caer en este juego del engaño.

Desmenuzar la información y confirmar las fuentes de las que se dice proviene el mensaje, es clave en circunstancias como estas. Algunas recomendaciones son ver la fecha en que se creó el perfil, revisar si ataca a personajes públicos específicos, la cantidad de sus seguidores y las interacciones que ha tenido con estos. Si el contenido involucra a alguna organización, también es importante buscar en su sitio y redes oficiales para asegurar que sea la postura oficial.

Las estructuras criminales dirán lo que sea para enfocar la opinión pública en aquellas personas que los incomodan, desprestigiarlos y ganar puntos a su favor para permanecer en el poder. Ser críticos con el contenido es un deber importante de la ciudadanía en estos momentos.

En Guatemala se cayeron las máscaras. El actual gobierno es más de lo mismo. Intentaron dar un golpe de Estado y les falló.

En Centro América tenemos varias décadas de estar construyendo Estados diseñados para la corrupción y la impunidad.

Desde Guatemala y Honduras, donde probablemente tenemos los Estados más criminalizados de la región, hasta Costa Rica que lo ha hecho de forma light, pero que también, tiene lo suyo, las causas de nuestro atraso social, político y económico tienen nombre y apellido: corrupción, incompetencia e indiferencia.

Empezando con políticos deshonestos y oportunistas, pasando por líderes sindicales de empresas públicas que lo que menos buscan es el bienestar de los trabajadores y de su país, y sumando a esto, élites desconectadas, indiferentes y en muchos casos ignorantes; nos hemos acostumbrado a vivir en la mediocridad política, sin visión de Estado para construir instituciones sólidas y garantes de la democracia y el Estado de Derecho, y sin un plan estratégico compuesto por políticas públicas de largo alcance que respondan a las legítimas aspiraciones de los pueblos de tener oportunidades y alcanzar bienestar.

El cono norte de Centro América vive con la vergüenza de ser una de las regiones más atrasadas, más violentas y peor gobernadas del mundo.

Recientemente, en Guatemala, su congreso, formado en su mayoría por el típico politiquero tercermundista, tramposo y sinvergüenza, intentó dar un golpe de Estado. Se recetaron dos decretos para seguir delinquiendo con total impunidad, rebajando penas a corruptos, mareros y violadores, y perdonando delitos que en cualquier país civilizado tendrían cárcel. Y esto lo hicieron burlándose del pueblo y pensando que pasarían desapercibidos.

La historia no termina ahí. Hay suficientes indicios e información que apuntan a que el plan perverso de estos diputados impresentables, en alianza con el mal aconsejado presidente, sería sacar del país a la CICIG (la comisión contra la impunidad de Naciones Unidas que opera en Guatemala, con buenos resultados desde el 2014), hacer renunciar a la valiente fiscal general, emitir una ley mordaza a la libertad de expresión y otras “gracias” que tendrían como objetivo que los grupos criminales que tienen secuestrado al Estado guatemalteco, recuperen el poder que han perdido.

En Guatemala se cayeron las máscaras. El actual gobierno es más de lo mismo. Intentaron dar un golpe de Estado y les falló. El pueblo reaccionó. La Corte Constitucional le corrigió la plana al congreso, y al presidente por segunda vez.

Sin embargo, el primer país centroamericano sigue en peligro de que las mafias criminales recuperen el control y sigan gobernando Guatemala, el país de la eterna impunidad.

Guatemala, como otros países de Centro América, no aguantan más esa cultura política rancia y torcida. Los ciudadanos que creen en la libertad, la democracia y la justicia deben asumir el liderazgo que les corresponde para rescatar y construir la región ejemplar que Centro América puede y debe ser.

Por el momento, tenemos el riesgo de que algunos de nuestros países sigan caminando hacia Estados criminales, narco-Estados, Estados fallidos o satélites del fracasado, dictatorial, corrupto y desastroso chavismo, que, al día de hoy, sigue destruyendo a Venezuela y llevándola a límites solo vistos en países como la Corea del Norte del sociópata Kim Jong-un.

Por eso, debemos seguir luchando contra la demagogia, la impunidad, el descaro, el cinismo y la soberbia; prácticas de la vieja política que se deben estrellar contra el corazón de pueblos valientes que no están dispuestos a seguir aguantando a una clase política corrupta e incapaz que solo piensa en sus intereses.

La Centro América que todos queremos debe formar dirigentes políticos capaces y honestos, debe convencer a la juventud de que participe en política; una política que se debe revalorizar y modernizar para convertirse en el verdadero instrumento de desarrollo para la región.

Debemos pasar la página de lo ocurrido en las últimas dos semanas en el país, tomando lecciones que nos permitan continuar de forma efectiva con el proceso de transformación en Guatemala.

No cabe duda que Guatemala es un país atascado en el subdesarrollo. La tasa de inversión es de las más bajas de América Latina, el crecimiento económico apenas alcanza para incorporar a una minoría al mercado laboral formal, los índices sociales son dramáticos, los niveles de violencia intolerables y el resultado es una migración masiva de guatemaltecos hacia Estados Unidos.

Nuestro sistema no funciona y muy pocos estarán en desacuerdo con esta lectura. La pregunta sigue siendo cómo construir nuevas instituciones, que realmente promuevan el crecimiento económico y el desarrollo social. El “cómo” sigue siendo la manzana de la discordia.

La CICIG ha dado un aporte sumamente importante en la transformación del país. Nos ha obligado como sociedad a cuestionarnos muchas acciones que antes considerábamos completamente normal y a discutir seriamente sobre cómo fortalecer nuestro sistema de justicia. Toda la cadena de justicia fue descuidada y olvidada por nuestra sociedad y el Organismo Judicial nunca jugó el papel de contrapeso real ante el Ejecutivo y el Legislativo. El resultado fue que nos convertimos en un reino de impunidad, con un Estado infiltrado por el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.

Por ello resulta sumamente importante continuar con este proceso iniciado en 2015, ya que representa una ventana de oportunidad única para la transformación del país. No cabe duda que se deben revisar y corregir los errores cometidos, incluidos aquellos que son más de percepción que reales. Las acciones deben ser tan cuidadosas, que no den lugar a críticas, sean éstas justificadas o no. Se debe cuidar el fondo y la forma.

Por otra parte, se debe velar porque el país no derive en rupturas constitucionales o en un escenario de ingobernabilidad y caos que nos termine asemejando más a los países de la Primavera Árabe, que a unpaís con instituciones transparentes. Cuando se apuesta por cambios institucionales, siempre existe el riesgo de que se presente un escenario indeseable. De allí que la prudencia y el bienestar del país deben guiar las acciones de todos los involucrados en este proceso. Se deben cumplir los fallos de las Cortes. Las decisiones intempestivas pueden resultar catastróficas para Guatemala.

La sociedad en su conjunto también debemos recapacitar. Tomar posiciones irreflexivas, poco informadas, dejándose llevar más por el sentimiento que por la razón, puede propiciar el caldo de cultivo perfecto para escenarios caóticos en el país. Muchos argumentos, promovidos por grupos extremistas de ambos bandos, carecían de fundamento y apelaban más a lo visceral que a un análisis balanceado. Incluso circuló mucha información falsa que contribuyó a incrementar la incertidumbre. En ese sentido, debemos asumir nuestra ciudadanía con mucha responsabilidad.

Al final, debemos pasar la página de lo ocurrido en las últimas dos semanas en el país, tomando lecciones que nos permitan continuar de forma efectiva con el proceso de transformación en Guatemala. Nosotros como guatemaltecos debemos ser los primeros interesados en construir un país diferente y no conformarnos con vivir por siempre en un país disfuncional.

Y sobre todo, debemos estar conscientes, que si no hacemos nada por construir instituciones transparentes y libres de corrupción, corremos el riesgo de que el narcotráfico y el crimen organizado se hagan con el control total del Estado, lo cual nos convertiría en un país inviable. Paradójicamente, conformarnos con el status quo podría ser más riesgoso que apostarle por un cambio de instituciones.

Guatemala pasó por una de las peores crisis políticas de su historia reciente. Es previsible cuando se está tratando de transformar un país. Lo importante ahora es retomar el rumbo y no claudicar en la lucha contra la corrupción. Sería trágico que pasemos a la historia, como la generación que dejó ir la oportunidad de construir un país distinto.

Es importante dejar de reproducir los mensajes de agentes desinformadores, ese es el reto en la era de la información.

La crisis provocada por el presidente Jimmy Morales, en un intento desesperado por quitar del camino a Iván Velásquez, jefe de la CICIG, ha sido apoyada con narrativas que pretenden desinformar y atacar el trabajo de la lucha contra la corrupción.

Dedico estas líneas a algunas de estas narrativas:

- No debemos permitir que vengan extranjeros a decirnos qué hacer con nuestro país.

La soberanía nacional no puede entenderse como se hacía a inicios del siglo pasado; prácticamente ningún país se encuentra aislado del mundo. La mayoría de países de esta región son parte del sistema de Naciones Unidas y firman tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, cooperación y comercio que usualmente les obligan a establecer ciertas políticas basadas en principios y valores universalmente aceptados.

Guatemala firmó en 2006 el Acuerdo que dio vida a la CICIG y ahora la comunidad internacional le invitará a respetarlo. Los países que no respetan los acuerdos y tratados internacionales son aislados por la comunidad internacional, sujetos de condenas y sanciones, un ejemplo cercano es Venezuela y su dictadura.

No se debe confundir soberanía con expresiones de nacionalismo exacerbado.

- La CICIG y el MP no han respetado la presunción de inocencia y han litigado en los medios de comunicación.

CICIG y MP han organizado conferencias de prensa para informar a la población sobre los casos de alto impacto que están desarrollando. La presunción de inocencia es un derecho inalienable y explicar a los medios de comunicación las razones por las cuales se acusa a una persona no viola este derecho. ¿Qué deben hacer MP y CICIG cuando los medios les preguntan sobre las capturas y los casos? ¿Quedarse callados y no aclarar?

En países desarrollados no es extraño ver conferencias de prensa en donde las autoridades presentan a la opinión pública los casos que pueden generar interés en los medios de comunicación.

- No hemos visto resultados de los casos de CICIG en tribunales.

Los casos avanzan lentamente, esto es correcto, sin embargo hay una explicación: el sistema de justicia en el país está sobrecargado y por lo tanto es ineficiente. Los jueces tienen a su cargo la resolución de múltiples casos y pocos recursos para resolverlos. La mora judicial es alta y cerca del 50% de las personas que están en las cárceles del país guardan prisión preventiva.

A esto debemos agregar las estrategias de litigio malicioso que las defensas de los acusados utilizan para retrasar los procesos. Citando dos ejemplos: Otto Pérez Molina ha interpuesto 6 acciones legales en contra de su proceso y Roxana Baldetti ha pasado algún tiempo en hospitales para evitar presentarse ante el juez. En este escenario, es difícil que veamos una rápida resolución de los casos y este problema no puede atribuirse a la CICIG o al MP.

- La justicia de Iván V. y Thelma A. es selectiva, solo gente de derecha está siendo acusada.

Esa afirmación difícilmente se sostiene, entre los casos presentados por CICIG y MP se puede ver a un variopinto grupo de personas que van desde quien fuera el secretario privado de Álvaro Colom, hasta el hijo del presidente Morales. Cada caso es distinto y con distintas implicaciones.

Es verdad que los casos más grandes y sonados, hasta hoy, involucran principalmente al gobierno “de derechas” del PP y la relación que tenía con empresarios contratistas del Estado y financistas de partidos políticos, pero esto no responde a una agenda ideológica, sino principalmente al momento en que Velásquez y Aldana comenzaron a trabajar, que coincide con el surgimiento de movimientos internacionales en contra de la corrupción.

Si no hemos visto mayores casos e investigaciones contra gobiernos anteriores, es válido deducir dos cosas: primero, mientras más lejano está el caso del momento de la investigación, más complejo es desenterrar la evidencia; segundo, las personas que dirigían la CICIG y el MP en esos momentos no hicieron esfuerzos suficientes por mover dichas investigaciones.

- Las personas pasan y las instituciones quedan. Hay que pelear por instituciones.

Las instituciones no funcionan en el vacío, no tan independientes de las personas, son normas jurídicas, pautas de comportamiento y organizaciones complejas que caminan y cambian al ritmo de las personas que operan en ellas. De allí que se insista tanto en la formación de capital humano para la función pública.

En ese sentido, hoy tenemos suficiente evidencia para demostrar que la CICIG de Iván Velásquez y el MP de Thelma Aldana han presentado resultados en contra de la corrupción, que sus predecesores nunca presentaron. Nada nos asegura que otras personas podrán mantenerse ajenas a los intentos de coacción del sistema político como Velásquez y Aldana. Tocará seguir muy de cerca el proceso de elección de Fiscal General en 2018.

- Jimmy Morales puede sacar a Iván Velásquez.

La discusión nunca debió ser el tema jurídico pues es más importante preguntarse cuáles fueron las razones que provocaron que el Presidente tomara la decisión de expulsar a Iván Velásquez. ¿Tendrá algo que ver que tanto él como su hermano y su hijo han sido acusados por distintos delitos?

Morales no nos ha dado una explicación convincente y es válido asumir que puso sus intereses personales por encima de los intereses nacionales.

Con estas líneas le invito a dejar de reproducir los mensajes de los agentes desinformadores, construir país pasa por hacer un esfuerzo por separar la información de la basura. Ese es el gran reto que tenemos en la era de la comunicación.

Lo único que el sicario digital realmente necesita, es insertar en su incauto receptor una duda lo suficientemente razonable sobre una persona o causa para lograr una reacción.

En la era de la información la batalla política se está librando también con la desinformación. Los victimarios son sicarios digitales, mercenarios o auténticos activistas; y las víctimas son reputaciones y causas. Sus efectos en países empobrecidos como Guatemala ciertamente aún no llegan a las masas, pero es que el objetivo no es necesariamente la masa, los objetivos suelen ser las élites.

Identificar al sicario no es difícil. No todos son anónimos, pero sí comparten características: tienden a ser muy insistentes con sus temas, reciben retroalimentación de cuentas anónimas, sus opiniones orbitan en torno a mensajes generados por cabezas visibles y suelen tener información rebuscada que, descontextualizada, apoya sus ataques.

Muchos los consideran todavía irrelevantes pero con suficiente esfuerzo y paciencia las balas de los sicarios digitales pueden penetrar hasta las cabezas preparadas y bienintencionadas. Las estrategias son variadas y van desde sutiles mensajes lanzados al aire, hasta sofisticadas campañas digitales que incluyen una minuciosa planificación, recursos y defensa frente a posibles retaliaciones legales.

Lo único que el sicario digital realmente necesita, es insertar en su incauto receptor una duda lo suficientemente razonable sobre una persona o causa para lograr una reacción. Con campañas de distintos alcances se han paralizado importantes discusiones de política pública y se han minado reputaciones.

Por supuesto que estas estrategias no son nuevas. Simplemente se han beneficiado de la tecnología para crecer exponencialmente en número y estridencia, además de ser cada día más difíciles de rastrear. Su existencia presenta un doble peligro, pues además de destruir, también dan razón a políticos oportunistas que saltan ante cualquier intento de callar a sus críticos.

La medicina puede salir más cara que la enfermedad sí permitimos que, en aras de callar a los sicarios, nos callen a todos.

Por eso la respuesta ante los mercenarios digitales no debe ser la censura sino la transparencia, los atacados no deben escudarse en el miedo sino enfrentar a los mentirosos y calumniadores dando la cara y desarmando el discurso simplón. Una foto sacada de contexto o editada, un parentesco incómodo o una mentira flagrante pueden enfrentarse, tomando una actitud honesta y valiente.

En el engaño quedará el “comodón” que prefiera creer al sicario; contra el incauto y crédulo no se puede hacer mucho. El honesto revisará fuentes, analizará mensajes y averiguará intenciones. Al final no hay mentira que aguante más de dos rounds contra el peso de la verdad.

El dedo acusador sobre los sicarios digitales no distingue colores o banderas. En muchos sectores de la sociedad hay deshonestos invirtiendo tiempo y recursos en preparar ataques digitales. Los netcenters son una realidad, se disfrazan de empresas formales y sus empleados usualmente son jóvenes sin malicia pero con ganas de trabajar.

Estas estrategias han llevado la discusión pública al suelo. Toca a los decentes recoger los pedazos del debate público y reconstruirlo en nuevos espacios de discusión,para que ya no se desperdicien esfuerzos y recursos en mercenarios digitales y se inviertan en espacios físicos o virtuales de convivencia que promuevan el debate político honesto.

Como espectadores nos toca distinguir la sátira política del ataque político; la discusión sana del acoso y la fiscalización del asesinato de reputaciones. No seamos reproductores del sistema insano que alimenta a los sicarios digitales. La nueva política tendrá que discutirse de frente, por más incómodos que sean los temas.

Texto original en: http://republica.gt/2017/07/27/sicariato-digital/

El discurso sobre la importancia de las «instituciones» no es falso, pero oculta algunos matices que conviene poner de manifiesto, como el descuido por la conceptualización de «instituciones» como tal, así como la importancia de la moral y la cultura.

Uno de los discursos predominantes en Guatemala y en algunos países de América española, es el de la inexistencia de instituciones modernas que permitan el «Estado de Derecho», la democracia política y la economía de mercado. La región en su mayoría no cuenta con países altamente industrializados derivado de que las estructuras económicas y políticas se conciben como en vías de desarrollo[1].

La eficacia de las «instituciones» depende de: códigos de conducta auto-impuestas; represalias (castigos) y; sanciones sociales o coercitivas impartidas por parte el Estado. Es la aplicación de estas sanciones efectivas, un paso importante para evitar la impunidad. Sin embargo, no todas las normas válidas se establecen de manera institucional.

Las «instituciones» formales e informales son un factor inevitable en el desempeño económico, social y jurídico de cualquier comunidad política, pues reducen los costos de las transacciones sociales[2], favoreciendo con ello mayor prosperidad material. Una nación con sólidas «instituciones» favorecerá el cultivo de las ciencias y las artes, que también son necesarias para propiciar la industrialización.

La cuestión está en asumir, que en América española, el discurso ha estado focalizado en las «instituciones» formales, no haciendo debido hincapié en otras relaciones, situaciones, condiciones y factores igual de importantes como las ciencias, las artes, la moral, la tecnología y la educación en general.

Dado que las «instituciones» formales son claves pero no suficientes, es menester destacar que la otra cara está en la necesaria internalización moral de las reglas por parte de los destinatarios. En efecto, más allá del hecho de que institucionalmente se prevén mecanismos de control al poder político, las mismas solo tendrán eficacia en la medida en que los actores del sistema asuman que la Constitución no es solamente un documento aspiracional, sino que encierra una decisión política y una intención normativa de control al poder.

Por ello, las normas de comportamiento, convenciones y códigos de conducta auto-impuestas socialmente revisten importancia. La no adopción de las premisas morales que subyacen a las «instituciones» formales ha generado todo tipo de trampas, como el discurso falaz según la cual no tienen sentido las instituciones occidentales, por lo que habría que inventarse otras o sencillamente que todas deben ser re-diseñadas desde cero.

La existencia de una institucionalidad pre-moderna en América española es un hecho. Existen normas jurídicas arcaicas, ineficaces, que no gozan del respaldo moral de los destinatarios, no se ajustan a las exigencias sociales, económicas y políticas del país y son imposibles normativas. Por ello, en el ámbito anglosajón, se ha sostenido que la región está signada por golpes de Estado, inseguridad, violencia generalizada, poca cultura del trabajo, malos gobiernos, poca cultura de lo público, corrupción administrativa, retraso económico y escasa industrialización[3].

En el desespero por cambiar las cosas sin comprenderlas previamente, se ha favorecido la improvisación como regla general. En este sentido, el problema capital no es la existencia de Constituciones racionalistas a la francesa, tampoco que no hayan sido conquistados los pueblos americanos por normandos, ingleses o escandinavos. El problema básico está en la cultura política, social y jurídica pre-moderna, sostenida por el escapismo consistente en eludir los hechos, la libertad y la individualidad.

Al margen del debate occidental, en América española, y en Guatemala en particular, el discurso predominante insiste lamentablemente en personalizar los problemas o de moralizar toda cuestión política. De lo que se trata es de comprender que las instituciones importan tanto como la educación, debido a que ésta última puede generar la imaginación necesaria para el porvenir. Por ello, resulta valioso fomentar la conversación como instrumento que favorece hábitos intelectuales y morales, requeridos en medio de una democracia ausente y por realizar; tal y como sucede en los países industrializados.

Ahora bien, decir que las «instituciones» importan es como decir que el sol sale de día.La cuestión está en realizar investigaciones que identifiquen aquellas «instituciones» (reglas) concretas, tanto formales como informales, que atentan contra el paradigma de instituciones políticas y económicas inclusivas.Son éstas últimas las que crean incentivos y oportunidades para la mayoría de la gente.

Por último, pese al voluntarismo irreflexivo de hacer sin saber qué hacer, luce importante apelar al arte de la política civilizada. Eludir que es el ámbito político donde se forjan las bases de la estructura económica de las sociedades, es tratar de construir la casa por el tejado. Una política pre-moderna genera instituciones pre-modernas(jurídicas, económicas y sociales). Una moral tribal sepulta los anhelos de libertad, responsabilidad, igualdad ante la ley y prosperidad material. De ahí la importancia del «cambio de guardia» y la asunción de valores en la sociedad .

El mensaje de mal funcionamiento que ofrecen las «instituciones» se ha hecho evidente en la crisis política, económica y social que atraviesa el país desde hace mucho tiempo. Frente a tal hecho, luce prioritario fomentar diagnósticos y evaluar posibles arreglos a la crisis. Es el tiempo de que las élites eleven su cabeza enterrada como el avestruz y puedan guiar en medio de la oscuridad, tomando en cuenta el margen de error significativo que toda acción política tiene, pues es una cuestión diferente a pensar que toda reforma es buena por el simple hecho de ser un cambio.

Referencias:

[1] Los neologismos son típicos en las discusiones económicas. Antes se hablaba en vías de desarrollo, ahora no se sabe cómo denominarlos y se va a buscar otrahttp://blogs.worldbank.org/opendata/2016-edition-world-development-indic...

[2] COASE, Ronald, «The Problem of Social Costs» en Journal of Law and Economics, n° 3. October, 1960, pp. 1-44.

[3] LANDES, David S., The Wealth and Poverty of Nations. Why Some Are So Rich and Some So Poor, W.W. Norton & Company New York, 1998, p. 313

Los guatemaltecos nos incomodamos por la existencia de los "cuida carros", pero olvidamos que son un efecto de la realidad en la que vivimos.

Cada vez que un guatemalteco tiene alguna diligencia en la ciudad de Guatemala, se enfrenta con varios problemas. Seguramente el primero será el tráfico, seguido por la inseguridad en las calles y el poco estacionamiento que hay en diversos sectores. Este último punto es aprovechado por varias personas que aparecen con trapos y silbatos en la vía pública, ofreciendo el servicio de “cuida carros”.

Este servicio no se encuentra regulado bajo ningún reglamento municipal. Ninguna persona está autorizada por la municipalidad para cobra u ofrecer espacio de estacionamiento en la calle (a diferencia de aquellos autorizados para brindar este servicio en propiedad privada). El problema es que los guatemaltecos hemos apoyado este tipo de transacciones informales por el miedo a que los mismos “cuida carros” nos dañen el vehículo o roben nuestras pertenencias. Incluso, hemos aceptado tarifas de hasta Q30 para reducir los daños a nuestra propiedad por la inseguridad de la zona.

Ahora bien, es importante entender la magnitud del problema de los “cuida carros”. Ellos son el efecto visible de una sociedad con una fragilidad institucional grande, que no ha podido ofrecer buenos servicios a nivel municipal y mucho menos fomentar la inversión para aumentar los empleos en Guatemala.

Por un lado, la municipalidad ha fallado en brindar calles con buena iluminación, espacios públicos dignos, seguridad y espacios para estacionarnos de manera ordenada. Y por el otro, la falta de ofertas laborales y de oportunidades hace que los “cuida carros” se refugien en la informalidad buscando una respuesta a su necesidad de ingresos.

A todo esto se le suma la ausencia de regulación sobre el uso de las vías. Es más, la única legislación en relación a la forma de cobro en las calles es el Acuerdo Municipal 46-2001[2] que regula el uso del espacio en la vía pública (especialmente aquel que tiene poca duración), en lugares autorizados, bajo el sistema de parquímetros por la Municipalidad de Guatemala. Sin embargo, también es un sistema que se encuentra rezagado y que sufre daños constantes por los mismos “cuida carros” o por los conductores para evitar pagar por el servicio.

Otras ciudades del mundo como Madrid y Washington han vuelto sofisticados los sistemas de parquímetros, con aplicaciones móviles que facilitan el pago al momento de estacionarse en la vía pública. Además, se implementaron políticas de seguridad para mejorar la experiencia en distintos sectores de estas ciudades; incentivando así, el uso correcto de este sistema.

En nuestro país falta mucho por alcanzar este tipo de tecnología y organización. Incluso se desconocen servicios como el marbete que ofrece la Municipalidad para parquearse frente al área de parquímetros el tiempo que se desee, pagando una cuota mensual. [3] Pero para que esto tenga el efecto esperado en la Ciudad de Guatemala, es importante que la Municipalidad tome acciones más fuertes para educar a los conductoressobre sus derechos en el espacio público, el uso del parquímetro y las áreas en donde es o no permitido parquearse. Además de brindar los servicios básicos que se necesitan en esos espacios.

Es un esfuerzo necesario para mejorar la experiencia de los conductores. Pero hasta que esto suceda, las calles seguirán teniendo las reglas del juego que conocemos: Personas sin trabajo formal, dedicadas a cuida carros, aprovechando el poco ordenamiento vehicular y la inseguridad de nuestra ciudad.

Referencias:

1. http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/salariominimo.html

2. http://old.congreso.gob.gt/Legislacion/Ver_acuerdo.asp?id=4979

3. http://diariodigital.gt/2016/08/estacionate-frente-parquimetros-sin-nece...