En términos de la candidatura presidencial, la decisión crucial es si la apelación al amparo provisional es admitida o no

Una de las situaciones que ha captado la atención en el ámbito político guatemalteco es la descalificación de Carlos Pineda, quien lidera en algunas encuestas, de la competencia electoral. ¿Cuál es la razón? Intentaré explicarlo de manera simple y con la mayor imparcialidad para que cada uno pueda formarse su propia opinión.

El núcleo de este asunto se encuentra en una acción legal (un 'amparo') presentada por el partido político CAMBIO, liderado por Manuel Baldizón. Su reclamo se dirige contra la asamblea ordinaria del partido Prosperidad Ciudadana, celebrada el 20 de noviembre de 2022 y registrada oficialmente el 12 de diciembre del mismo año.

La controversia que CAMBIO plantea se centra en supuestas irregularidades legales que, argumentan, invalidarían dicha asamblea. Cuestionan varios aspectos, entre ellos, supuestos problemas de quórum, supuesta ausencia de firmas de los delegados, y la supuesta falta de un informe financiero del Comité Ejecutivo.

La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue la encargada de conocer este amparo. En respuesta, solicitaron un informe detallado al Registro de Ciudadanos y concedieron un amparo provisional. ¿Qué significa esto? En esencia, que la asamblea en cuestión se encuentra "en suspenso" mientras continúa el caso (amparo).

El proceso del amparo transita desde la presentación inicial hasta la sentencia final. Este amparo provisional actúa como una suerte de “medida cautelar” que pone todo en suspenso la asamblea antes mencionada durante el desarrollo del amparo, proceso que puede extenderse por semanas o incluso meses.

Tras recibir la notificación del tribunal, el Registro de Ciudadanos decidió acatarla y por ende concluyó que, si la reunión de noviembre de 2022 se invalidaba, todas las acciones realizadas por Prosperidad Ciudadana después de este evento también se invalidarían. Como resultado, todas las candidaturas de Prosperidad Ciudadana a cargos electorales para el año 2023 se han suspendido.

En respuesta, Carlos Pineda, a través de sus abogados, apeló el amparo provisional. Ahora, el desafío recae en la Corte de Constitucionalidad, que debe determinar si mantiene o revoca el amparo provisional.

La trama se enreda un poco más. Este martes 23 de mayo, se informó que la diputada Lilian García, secretaria general del partido, renunció a la apelación mencionada en nombre del partido (presentó un desistimiento). Es decir, el partido Prosperidad Ciudadana decidió no continuar con dicha apelación.

No obstante, no fue la única apelación presentada. Carlos Pineda, de manera personal, y otro sujeto que no logré identificar, también apelaron. La Corte de Constitucionalidad deberá resolver estas apelaciones y determinar si poseen "legitimación activa". Es decir, si tienen derecho a intervenir dentro del amparo o si esto solo correspondía al partido como entidad interesada. Si estos obstáculos se superan, pasaremos al siguiente elemento.

Si la Corte decide mantener el amparo provisional, Carlos Pineda y los demás candidatos quedan fuera de la carrera electoral. Si, en cambio, optan por revocarlo, Pineda y su partido tendrán vía libre para continuar en la contienda. Claro está, existen otros escenarios que requieren un análisis más detenido sobre si esto debiese afectar a todas las candidaturas a diputaciones y corporaciones municipales, y es probable que sea un tema de debate.

Como se mencionó antes, en términos de la candidatura presidencial, la decisión crucial es si la apelación al amparo provisional es admitida o no. Aunque esta no es la última etapa del proceso legal, lo más probable es que la sentencia final llegue después del 25 de junio, acorde a las prácticas comunes de nuestros tribunales.

Este punto requiere de un profundo debate en la comunidad jurídica.

El pasado viernes 26 de mayo, se dio a conocer que la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió ratificar un amparo provisional de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esta resolución excluye al partido Prosperidad Ciudadana (PC) de las próximas elecciones. Este significativo caso nos deja varias conclusiones.

Principalmente, subraya el caos originado por ciertas disposiciones de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y su interpretación por los órganos competentes. El PC se encontraba en el precipicio de su desaparición en 2022, en parte debido a la desintegración de su Comité Ejecutivo Nacional.

El artículo 31 de la LEPP establece que el Comité Ejecutivo Nacional debe contar con un mínimo de 15 y un máximo de 21 miembros. PC contaba con un número de miembros inferior al mínimo establecido. Para designar un nuevo comité, era necesaria la celebración de una asamblea nacional. Sin embargo, este procedimiento presentaba un problema: caía en un absurdo legal. El Comité Ejecutivo incompleto no contaba con el número mínimo de integrantes para convocar una asamblea nacional y designar un nuevo comité. Se encontraba en una situación similar a la del "pez que se muerde la cola".

Este dilema legal se resolvió con un amparo provisional concedido por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el 16 de julio de 2022. Otros partidos políticos, como la UNE, también recurrieron a esta medida por motivos similares.

El núcleo de la controversia del viernes residía en la apelación del amparo provisional concedido por la Sala Sexta. Se argumentó que el PC no cumplió con los requisitos esenciales de la asamblea nacional de noviembre de 2022. Según el expediente, no presentaron la documentación con las firmas de los 81 delegados de 48 municipios presentes y representados en la asamblea; no se presentó un informe económico para su aprobación; tampoco se proporcionó un informe financiero nacional; no se aplicó el sistema de distribución de minorías para la elección del comité ejecutivo nacional; y se propuso un delegado sin especificar o identificar el municipio al que pertenecía.

A pesar de las supuestas ilegalidades denunciadas, la asamblea se inscribió el 12 de diciembre de 2022 en el Registro de Ciudadanos. Cabe señalar que estas asambleas deberían ser públicas y estar disponibles para consulta en el portal del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, este no es el caso.

Esto nos lleva al último punto de reflexión. La CC, en su resolución, enfrentaba una situación (inscripción de la asamblea) en la que se actuó con evidente ilegalidad, según lo expuesto por la propia CC.

Sin embargo, había que superar dos argumentos. En primer lugar, que la mencionada asamblea no fue impugnada en su momento. En segundo lugar, que el amparo que desató todo este asunto llegó más de cinco meses después de su registro respectivo.

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) establece que antes de presentar el amparo se deben agotar todos los recursos ordinarios y que, por lo general, la petición de amparo debe hacerse dentro de los treinta días desde que se tiene conocimiento o notificación del acto que se reclama (artículos 19 y 20).

La CC evitó el análisis de estas premisas fundamentales y optó por resolver que, dado que el caso "trasciende" el ámbito particular y amenaza "las instituciones fundamentales del sistema democrático", se podría omitir la discusión de los supuestos procesales antes mencionados.

Este es un precedente alarmante ya que abre la puerta a que la Corte pueda obviar los supuestos básicos bajo los cuales la ley le permite conocer casos, poniendo en riesgo la seguridad jurídica (artículo 2 constitucional). Este punto requiere de un profundo debate en la comunidad jurídica.

Este punto requiere de un profundo debate en la comunidad jurídica.

El pasado viernes 26 de mayo, se dio a conocer que la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió ratificar un amparo provisional de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esta resolución excluye al partido Prosperidad Ciudadana (PC) de las próximas elecciones. Este significativo caso nos deja varias conclusiones.

Principalmente, subraya el caos originado por ciertas disposiciones de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y su interpretación por los órganos competentes. El PC se encontraba en el precipicio de su desaparición en 2022, en parte debido a la desintegración de su Comité Ejecutivo Nacional.

El artículo 31 de la LEPP establece que el Comité Ejecutivo Nacional debe contar con un mínimo de 15 y un máximo de 21 miembros. PC contaba con un número de miembros inferior al mínimo establecido. Para designar un nuevo comité, era necesaria la celebración de una asamblea nacional. Sin embargo, este procedimiento presentaba un problema: caía en un absurdo legal. El Comité Ejecutivo incompleto no contaba con el número mínimo de integrantes para convocar una asamblea nacional y designar un nuevo comité. Se encontraba en una situación similar a la del "pez que se muerde la cola".

Este dilema legal se resolvió con un amparo provisional concedido por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el 16 de julio de 2022. Otros partidos políticos, como la UNE, también recurrieron a esta medida por motivos similares.

El núcleo de la controversia del viernes residía en la apelación del amparo provisional concedido por la Sala Sexta. Se argumentó que el PC no cumplió con los requisitos esenciales de la asamblea nacional de noviembre de 2022. Según el expediente, no presentaron la documentación con las firmas de los 81 delegados de 48 municipios presentes y representados en la asamblea; no se presentó un informe económico para su aprobación; tampoco se proporcionó un informe financiero nacional; no se aplicó el sistema de distribución de minorías para la elección del comité ejecutivo nacional; y se propuso un delegado sin especificar o identificar el municipio al que pertenecía.

A pesar de las supuestas ilegalidades denunciadas, la asamblea se inscribió el 12 de diciembre de 2022 en el Registro de Ciudadanos. Cabe señalar que estas asambleas deberían ser públicas y estar disponibles para consulta en el portal del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, este no es el caso.

Esto nos lleva al último punto de reflexión. La CC, en su resolución, enfrentaba una situación (inscripción de la asamblea) en la que se actuó con evidente ilegalidad, según lo expuesto por la propia CC.

Sin embargo, había que superar dos argumentos. En primer lugar, que la mencionada asamblea no fue impugnada en su momento. En segundo lugar, que el amparo que desató todo este asunto llegó más de cinco meses después de su registro respectivo.

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) establece que antes de presentar el amparo se deben agotar todos los recursos ordinarios y que, por lo general, la petición de amparo debe hacerse dentro de los treinta días desde que se tiene conocimiento o notificación del acto que se reclama (artículos 19 y 20).

La CC evitó el análisis de estas premisas fundamentales y optó por resolver que, dado que el caso "trasciende" el ámbito particular y amenaza "las instituciones fundamentales del sistema democrático", se podría omitir la discusión de los supuestos procesales antes mencionados.

Este es un precedente alarmante ya que abre la puerta a que la Corte pueda obviar los supuestos básicos bajo los cuales la ley le permite conocer casos, poniendo en riesgo la seguridad jurídica (artículo 2 constitucional). Este punto requiere de un profundo debate en la comunidad jurídica.

En términos de la candidatura presidencial, la decisión crucial es si la apelación al amparo provisional es admitida o no

Una de las situaciones que ha captado la atención en el ámbito político guatemalteco es la descalificación de Carlos Pineda, quien lidera en algunas encuestas, de la competencia electoral. ¿Cuál es la razón? Intentaré explicarlo de manera simple y con la mayor imparcialidad para que cada uno pueda formarse su propia opinión.

El núcleo de este asunto se encuentra en una acción legal (un 'amparo') presentada por el partido político CAMBIO, liderado por Manuel Baldizón. Su reclamo se dirige contra la asamblea ordinaria del partido Prosperidad Ciudadana, celebrada el 20 de noviembre de 2022 y registrada oficialmente el 12 de diciembre del mismo año.

La controversia que CAMBIO plantea se centra en supuestas irregularidades legales que, argumentan, invalidarían dicha asamblea. Cuestionan varios aspectos, entre ellos, supuestos problemas de quórum, supuesta ausencia de firmas de los delegados, y la supuesta falta de un informe financiero del Comité Ejecutivo.

La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue la encargada de conocer este amparo. En respuesta, solicitaron un informe detallado al Registro de Ciudadanos y concedieron un amparo provisional. ¿Qué significa esto? En esencia, que la asamblea en cuestión se encuentra "en suspenso" mientras continúa el caso (amparo).

El proceso del amparo transita desde la presentación inicial hasta la sentencia final. Este amparo provisional actúa como una suerte de “medida cautelar” que pone todo en suspenso la asamblea antes mencionada durante el desarrollo del amparo, proceso que puede extenderse por semanas o incluso meses.

Tras recibir la notificación del tribunal, el Registro de Ciudadanos decidió acatarla y por ende concluyó que, si la reunión de noviembre de 2022 se invalidaba, todas las acciones realizadas por Prosperidad Ciudadana después de este evento también se invalidarían. Como resultado, todas las candidaturas de Prosperidad Ciudadana a cargos electorales para el año 2023 se han suspendido.

En respuesta, Carlos Pineda, a través de sus abogados, apeló el amparo provisional. Ahora, el desafío recae en la Corte de Constitucionalidad, que debe determinar si mantiene o revoca el amparo provisional.

La trama se enreda un poco más. Este martes 23 de mayo, se informó que la diputada Lilian García, secretaria general del partido, renunció a la apelación mencionada en nombre del partido (presentó un desistimiento). Es decir, el partido Prosperidad Ciudadana decidió no continuar con dicha apelación.

No obstante, no fue la única apelación presentada. Carlos Pineda, de manera personal, y otro sujeto que no logré identificar, también apelaron. La Corte de Constitucionalidad deberá resolver estas apelaciones y determinar si poseen "legitimación activa". Es decir, si tienen derecho a intervenir dentro del amparo o si esto solo correspondía al partido como entidad interesada. Si estos obstáculos se superan, pasaremos al siguiente elemento.

Si la Corte decide mantener el amparo provisional, Carlos Pineda y los demás candidatos quedan fuera de la carrera electoral. Si, en cambio, optan por revocarlo, Pineda y su partido tendrán vía libre para continuar en la contienda. Claro está, existen otros escenarios que requieren un análisis más detenido sobre si esto debiese afectar a todas las candidaturas a diputaciones y corporaciones municipales, y es probable que sea un tema de debate.

Como se mencionó antes, en términos de la candidatura presidencial, la decisión crucial es si la apelación al amparo provisional es admitida o no. Aunque esta no es la última etapa del proceso legal, lo más probable es que la sentencia final llegue después del 25 de junio, acorde a las prácticas comunes de nuestros tribunales.

La pregunta de fondo es ¿quién tendrá el control de tanto poder? ¿Los gobiernos, o sea, los políticos, o las grandes tecnológicas? 

Si la historia se entiende como el relato del progreso de la humanidad, es posible que, con la Inteligencia Artificial, estemos viviendo el capítulo más disruptivo desde la era de los cavernícolas. 

El progreso humano se ha construido sobre grandes dosis de trabajo, riesgo y sufrimiento; sobre millones de vidas sacrificadas en el nombre de Dios, la Justicia, la Paz, la gloria de algún Faraón y otras palabras con mayúscula.

Con las maravillas que traerá la Inteligencia Artificial, entre ellas la facilidad y rapidez para casi todo, también vendrán problemas de privacidad y desinformación, riesgos de control autoritario, discriminación y represión.

Hay consenso sobre que la Inteligencia Artificial tiene más ventajas y ofrece más beneficios que las amenazas que pueda representar. Lo importante es asegurarnos de que así sea.

Eso que llaman Hermano Mayor, la red, la nube, el algoritmo; o, como cada quien le quiera poner,  tiene suficientes datos de todos nosotros; desde gustos personales, finanzas, compras y enfermedades, hasta qué videos vemos, con quién hablamos, y de qué.

La pregunta de fondo es ¿quién tendrá el control de tanto poder? ¿Los gobiernos, o sea, los políticos, o las grandes tecnológicas? 

Las bajas pasiones y la capacidad de maldad de los hombres son similares a las del siglo pasado, pero, con herramientas como las que trae la era digital, así como la construcción de cosas buenas será exponencial, también lo puede ser la destrucción.  

Con demasiada frecuencia, hay gente inclinada a delinquir o a elegir lo peor. Vean la abeja y la mosca. Mientras la primera escoge como alimento las flores, la segunda prefiere…, otra cosa.

Por eso, crear el marco normativo para proteger nuestra privacidad y preservar nuestros derechos y libertades individuales es una tarea imprescindible.

Para ser las naciones exitosas que anhelamos, los humanos debemos reconocer con humildad que jamás podremos competir con la capacidad de interconexión de los computadores inteligentes ni con su velocidad para mantenerse, más que al día, al segundo, sobre la información global de cualquier tema; pero, al principio y al final, nunca  olvidemos que la inteligencia que debe prevalecer y florecer es la inteligencia humana, la que viene del sentido común, de la ética, de la decencia; del honor y la búsqueda del bien.   

La Inteligencia Artificial es una maravilla de la ciencia creada por la mente humana; La Mente Humana, esa fuerza maravillosa que tiene capacidad, valores y virtudes que las máquinas jamás podrán alcanzar. O al menos, eso esperamos.

La pregunta de fondo es ¿quién tendrá el control de tanto poder? ¿Los gobiernos, o sea, los políticos, o las grandes tecnológicas? 

Si la historia se entiende como el relato del progreso de la humanidad, es posible que, con la Inteligencia Artificial, estemos viviendo el capítulo más disruptivo desde la era de los cavernícolas. 

El progreso humano se ha construido sobre grandes dosis de trabajo, riesgo y sufrimiento; sobre millones de vidas sacrificadas en el nombre de Dios, la Justicia, la Paz, la gloria de algún Faraón y otras palabras con mayúscula.

Con las maravillas que traerá la Inteligencia Artificial, entre ellas la facilidad y rapidez para casi todo, también vendrán problemas de privacidad y desinformación, riesgos de control autoritario, discriminación y represión.

Hay consenso sobre que la Inteligencia Artificial tiene más ventajas y ofrece más beneficios que las amenazas que pueda representar. Lo importante es asegurarnos de que así sea.

Eso que llaman Hermano Mayor, la red, la nube, el algoritmo; o, como cada quien le quiera poner,  tiene suficientes datos de todos nosotros; desde gustos personales, finanzas, compras y enfermedades, hasta qué videos vemos, con quién hablamos, y de qué.

La pregunta de fondo es ¿quién tendrá el control de tanto poder? ¿Los gobiernos, o sea, los políticos, o las grandes tecnológicas? 

Las bajas pasiones y la capacidad de maldad de los hombres son similares a las del siglo pasado, pero, con herramientas como las que trae la era digital, así como la construcción de cosas buenas será exponencial, también lo puede ser la destrucción.  

Con demasiada frecuencia, hay gente inclinada a delinquir o a elegir lo peor. Vean la abeja y la mosca. Mientras la primera escoge como alimento las flores, la segunda prefiere…, otra cosa.

Por eso, crear el marco normativo para proteger nuestra privacidad y preservar nuestros derechos y libertades individuales es una tarea imprescindible.

Para ser las naciones exitosas que anhelamos, los humanos debemos reconocer con humildad que jamás podremos competir con la capacidad de interconexión de los computadores inteligentes ni con su velocidad para mantenerse, más que al día, al segundo, sobre la información global de cualquier tema; pero, al principio y al final, nunca  olvidemos que la inteligencia que debe prevalecer y florecer es la inteligencia humana, la que viene del sentido común, de la ética, de la decencia; del honor y la búsqueda del bien.   

La Inteligencia Artificial es una maravilla de la ciencia creada por la mente humana; La Mente Humana, esa fuerza maravillosa que tiene capacidad, valores y virtudes que las máquinas jamás podrán alcanzar. O al menos, eso esperamos.

Mi objetivo es explicar dos puntos clave: en primer lugar, qué constituye el voto nulo y, en segundo lugar, qué condiciones deben darse para que el voto nulo "triunfe" y conduzca a una repetición de las elecciones

Desde las reformas de 2016 a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en Guatemala, el voto nulo ha adquirido la capacidad de forzar la repetición de una elección si supera la mitad de los votos válidamente emitidos, según lo establece el artículo 203Bis de la LEPP.

En este artículo, mi objetivo es explicar dos puntos clave: en primer lugar, qué constituye el voto nulo y, en segundo lugar, qué condiciones deben darse para que el voto nulo "triunfe" y conduzca a una repetición de las elecciones.

Primero, aclaremos un concepto a menudo malinterpretado. El voto en blanco y el voto nulo no son lo mismo. Durante el día de las elecciones, se nos proporcionarán cinco boletas para diferentes elecciones: 1) binomio presidencial; 2) diputados de lista nacional; 3) diputados distritales; 4) corporaciones municipales; 5) diputados al PARLACEN.

Cada boleta presentará una lista de partidos políticos junto a sus candidatos postulados. El votante debe marcar claramente a un candidato: una equis, un círculo, o cualquier otro signo que indique claramente la intención de votar por un partido político determinado. Según la LEPP, un voto en blanco es aquel en el que no se marca ninguna señal o signo en la boleta.

Pero ¿qué es un voto nulo? El voto nulo es distinto. Se considera voto nulo cuando la boleta tiene una marca que no expresa claramente una intención de voto, por ejemplo, si se marca a más de un candidato o si se escribe un mensaje en la boleta.

Es importante tener claro que los votos en blanco no tienen efecto, mientras que los votos nulos pueden incidir en el resultado de la elección. Esto nos lleva a la segunda cuestión: ¿qué condiciones deben darse para que un voto nulo obligue a la repetición de las elecciones?

Aquí, las cosas pueden ser menos obvias de lo que parecen a primera vista. En primer lugar, los votos nulos deben constituir más de la mitad de los votos válidamente emitidos. ¿A qué nos referimos con votos válidamente emitidos? Son el total de los votos emitidos a favor de los distintos candidatos (votos válidos), más los votos en blanco y los votos nulos. Veamos un ejemplo.

En las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de 2019, los votos válidos (emitidos a favor de los distintos binomios) sumaron 4,378,271. A esto se sumaron 452,708 votos en blanco y 208,444 votos nulos, lo que totaliza 5,040,423 votos válidamente emitidos.

Para constituir la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos (la mitad más uno), habrían sido necesarios 2,520,213 votos nulos en 2019. Es importante destacar que hubo más votos en blanco (452,708) que votos nulos (208,444), probablemente debido a que muchas personas no conocen la diferencia entre ambos.

Esto resulta particularmente interesante si consideramos que, en elecciones anteriores, los votos nulos solían superar a los votos en blanco. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2011, se registraron 58,202 votos en blanco y 124,934 votos nulos, y en las elecciones de 2015, los votos en blanco fueron 69,705, mientras que los votos nulos fueron 106,102. Personalmente, en su momento, argumenté que fue un error validar el voto nulo en lugar del voto en blanco, como sucede en otras jurisdicciones.

Entonces, ¿es útil el voto nulo? Creo que, con la información presentada, cada lector puede llegar a su propia conclusión.

El populismo de izquierdas o derechas sólo termina hundiendo más a los países en el largo plazo. Ojalá los guatemaltecos comprendamos esta realidad y elijamos bien el próximo 25 de junio.

Con veintitrés binomios presidenciales, estas son las elecciones con mayor número de opciones políticas desde la apertura democrática. El máximo habían sido diecinueve candidatos en las elecciones de 1995 y de 2019. Todavía quedan recursos pendientes en la Corte de Constitucionalidad que podrían hacer cambiar el número de candidatos, pero sin importar las resoluciones judiciales pendientes, estas serán las elecciones con más binomios presidenciales.

Con una gran cantidad de opciones, los votantes tienen un enorme desafío en examinar cada una de ellas. Para el votante promedio es simplemente imposible. Algunas organizaciones de sociedad civil han desarrollado aplicaciones para conocer de una forma relativamente sencilla las diferentes opciones. Pero al final, será una proporción pequeña de votantes quienes recurran a un voto informado. Como sucede en todas partes, el voto resulta siendo un ejercicio más emocional que racional.

Ante la dificultad de diferenciarse dentro de tantas opciones, los candidatos parecen tener una carrera frenética por quién ofrece más. Los planteamientos no surgen de un sólido marco ideológico y de un plan de gobierno bien estructurado, sino parecieran ocurrencias aisladas que lanzan al aire con la esperanza de enganchar al votante. El problema es que, en la desesperación, esas ocurrencias parecieran ser cada vez más surrealistas y de llegar a ejecutarse, supondrían un desastre para las finanzas públicas.

Por supuesto que no es la primera vez que vemos una discusión política tan pobre, pero el populismo pareciera haberse exacerbado en estas elecciones como mecanismo para darse a conocer entre la diversidad de opciones y también por ser una campaña electoral tan corta. De los mayores ridículos de la reforma a la ley electoral de 2016, es que los candidatos deben guardar silencio sobre los problemas del país durante cuatro años y solo tienen tres meses para presentar sus propuestas. La única opción para darse a conocer es ser lo más “disruptivos” posible, por lo que el populismo resulta bastante útil.

Por supuesto, el populismo es un fenómeno creciente a todas las geografías, incluso en las democracias más desarrolladas del planeta. En América Latina, el modelo a seguir parece ser Bukele y es bastante obvio que muchos candidatos locales pretenden imitarle.

El problema con el populismo es que no se resuelven los problemas de fondo y en el largo plazo, provoca un profundo daño en las instituciones democráticas y republicanas. En el caso de Guatemala, el principal problema es su diseño institucional y no la aplicación de una política pública específica. El Estado es incapaz de cumplir sus funciones básicas porque las reglas del juego favorecen la concentración del poder, el enriquecimiento ilícito y la arbitrariedad de los funcionarios públicos. El Estado es saqueado cada cuatro años por el grupo que logra llegar al poder.

Lamentablemente, la discusión de cómo mejorar nuestras instituciones y construir una auténtica república democrática, está totalmente ausente en la actual campaña electoral. Para terminar con la corrupción, los candidatos prometen castigos ejemplares para quiénes incurran en ella, pero lo cierto es que, sin reformas en nuestro sistema de justicia y la ley de contrataciones, difícilmente se logrará construir un Estado más transparente, que rinda cuentas al ciudadano.

En América Latina, los populistas que han llegado al poder están aprovechando su popularidad para destruir las frágiles instituciones democráticas y pretenden quedarse gobernado por mucho tiempo. Acumulan tal nivel de poder, que destruyen a sus críticos y adversarios políticos.

Al final tenemos que comprender que nuestros problemas históricos persistirán si no construimos una democracia republicana. El populismo de izquierdas o derechas sólo termina hundiendo más a los países en el largo plazo. Ojalá los guatemaltecos comprendamos esta realidad y elijamos bien el próximo 25 de junio.

Artículo publicado originalmente en ElPeriodico por la Sociedad de Plumas. 

El populismo de izquierdas o derechas sólo termina hundiendo más a los países en el largo plazo. Ojalá los guatemaltecos comprendamos esta realidad y elijamos bien el próximo 25 de junio.

Con veintitrés binomios presidenciales, estas son las elecciones con mayor número de opciones políticas desde la apertura democrática. El máximo habían sido diecinueve candidatos en las elecciones de 1995 y de 2019. Todavía quedan recursos pendientes en la Corte de Constitucionalidad que podrían hacer cambiar el número de candidatos, pero sin importar las resoluciones judiciales pendientes, estas serán las elecciones con más binomios presidenciales.

Con una gran cantidad de opciones, los votantes tienen un enorme desafío en examinar cada una de ellas. Para el votante promedio es simplemente imposible. Algunas organizaciones de sociedad civil han desarrollado aplicaciones para conocer de una forma relativamente sencilla las diferentes opciones. Pero al final, será una proporción pequeña de votantes quienes recurran a un voto informado. Como sucede en todas partes, el voto resulta siendo un ejercicio más emocional que racional.

Ante la dificultad de diferenciarse dentro de tantas opciones, los candidatos parecen tener una carrera frenética por quién ofrece más. Los planteamientos no surgen de un sólido marco ideológico y de un plan de gobierno bien estructurado, sino parecieran ocurrencias aisladas que lanzan al aire con la esperanza de enganchar al votante. El problema es que, en la desesperación, esas ocurrencias parecieran ser cada vez más surrealistas y de llegar a ejecutarse, supondrían un desastre para las finanzas públicas.

Por supuesto que no es la primera vez que vemos una discusión política tan pobre, pero el populismo pareciera haberse exacerbado en estas elecciones como mecanismo para darse a conocer entre la diversidad de opciones y también por ser una campaña electoral tan corta. De los mayores ridículos de la reforma a la ley electoral de 2016, es que los candidatos deben guardar silencio sobre los problemas del país durante cuatro años y solo tienen tres meses para presentar sus propuestas. La única opción para darse a conocer es ser lo más “disruptivos” posible, por lo que el populismo resulta bastante útil.

Por supuesto, el populismo es un fenómeno creciente a todas las geografías, incluso en las democracias más desarrolladas del planeta. En América Latina, el modelo a seguir parece ser Bukele y es bastante obvio que muchos candidatos locales pretenden imitarle.

El problema con el populismo es que no se resuelven los problemas de fondo y en el largo plazo, provoca un profundo daño en las instituciones democráticas y republicanas. En el caso de Guatemala, el principal problema es su diseño institucional y no la aplicación de una política pública específica. El Estado es incapaz de cumplir sus funciones básicas porque las reglas del juego favorecen la concentración del poder, el enriquecimiento ilícito y la arbitrariedad de los funcionarios públicos. El Estado es saqueado cada cuatro años por el grupo que logra llegar al poder.

Lamentablemente, la discusión de cómo mejorar nuestras instituciones y construir una auténtica república democrática, está totalmente ausente en la actual campaña electoral. Para terminar con la corrupción, los candidatos prometen castigos ejemplares para quiénes incurran en ella, pero lo cierto es que, sin reformas en nuestro sistema de justicia y la ley de contrataciones, difícilmente se logrará construir un Estado más transparente, que rinda cuentas al ciudadano.

En América Latina, los populistas que han llegado al poder están aprovechando su popularidad para destruir las frágiles instituciones democráticas y pretenden quedarse gobernado por mucho tiempo. Acumulan tal nivel de poder, que destruyen a sus críticos y adversarios políticos.

Al final tenemos que comprender que nuestros problemas históricos persistirán si no construimos una democracia republicana. El populismo de izquierdas o derechas sólo termina hundiendo más a los países en el largo plazo. Ojalá los guatemaltecos comprendamos esta realidad y elijamos bien el próximo 25 de junio.

Artículo publicado originalmente en ElPeriodico por la Sociedad de Plumas. 

A pesar de que Petro niega ser un mediador para el lavado de cara internacional de Venezuela, sus acciones reflejan que prácticamente se está desempeñando como el canciller informal de Nicolás Maduro.

En entregas anteriores, hemos analizado cómo desde inicios del 2022, Nicolás Maduro ha hecho enormes esfuerzos para “lavar” su imagen internacional y hacer ver que poco a poco la crisis venezolana se normaliza y retoma los cauces institucionales.

Con gestos internos como permitir que se desarrollen las primarias de la oposición este año y la purga interna de elementos radicales dentro del chavismo, Maduro pareciera dar señas de “moderación”, que han creado la percepción de una especie de apertura por parte del régimen. 

A esta “gadafización” de Maduro, se han prestado el propio presidente Joe Biden enviando varias delegaciones diplomáticas a Caracas, liberando detenidos y levantando varias sanciones, pero quizá el colaborador más militante de esta causa, no ha sido otro que el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La semana pasada, Petro visitó Estados Unidos para reunirse con Biden y conversar expresamente sobre la situación de Venezuela. El presidente colombiano declaró a la prensa internacional que se había discutido sobre la posibilidad de levantar las sanciones económicas a Venezuela. Al cabo de pocos días de esta visita, Petro se reunió con una parte de la oposición venezolana para “apoyar el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela”. Interesantemente, a estas conversaciones no fue invitada María Corina Machado, quien se encuentra liderando la intención de voto de las primarias de la oposición. 

De hecho, este lunes 24 de abril, Petro convocó a una Cumbre sobre Venezuela en la ciudad de Bogotá, y frente a varias delegaciones diplomáticas de países acompañantes, pronunció un discurso en su acostumbrado estilo sentimental sobre la necesidad de llegar a un acuerdo sobre el tema Venezuela. Desde comenzar haciendo una referencia sexual sobre Simón Bolívar y Manuelita Sáenz, elaborar un recuento de las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado, expresar su deseo de que Venezuela regrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hasta pedir el levantamiento de sanciones al país por parte de Estados Unidos; Petro hizo derroche de su elocuencia y vehemencia en su monserga sin apenas recurrir a un solo apunte. 

En una nota tan lamentable como patética, a esta cumbre intentó ingresar Juan Guaidó, quién hasta enero de este año todavía fungía de presidente encargado de Venezuela, y le fue negada la entrada al recinto por haber ingresado al país de forma irregular y fue básicamente deportado. Guaidó, quien hasta el día anterior se encontraba haciendo campaña en Venezuela para las primarias opositoras, terminó aterrizando en la ciudad de Miami, Florida, en donde se especula que finalmente se exiliará. 

A pesar de que Petro niega ser un mediador para el lavado de cara internacional de Venezuela, sus acciones reflejan que prácticamente se está desempeñando como el canciller informal de Nicolás Maduro. De hecho, el dictador tuvo el gesto de desearle “suerte” a Petro en el encargo. 

Por su parte, Maduro ha dejado muy claras sus condiciones para siquiera molestarse en hacer un mínimo esfuerzo de retomar conversaciones y que “el panorama electoral transcurra con normalidad”: 

• Levantamiento de todas las sanciones económicas de Estados Unidos
• Cerrar el proceso en su contra en la Corte Penal Internacional por violación a Derechos Humanos
• Que la oposición le transfiera 3,200 millones de dólares 

Los resultados de la cumbre están por verse, aunque no se ven prometedores. Maduro ha puesto sus cartas sobre la mesa, lo que no parece tan claro es si la comunidad internacional y la oposición negociante estarán conscientes de que no hay forma en estos momentos de que el tirano ceda en nada. Tal vez Petro con su lirismo verborreico se los puede hacer entender.