La legislación actual es deficiente, incongruente, está plagada de reformas que le han añadido inconsistencias, pero nada de lo que hoy está sobre la mesa legislativa corrige los vicios del actual sistema

La semana pasada avanzó en su primer debate la iniciativa 6065 que pretende hacer reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92. La iniciativa se presentó ante el pleno el 26 de abril de este año y hace pocos días, el 14 de noviembre, logró un dictamen favorable e hizo su paso a máxima velocidad hacia el pleno. 

¿Qué propone esta iniciativa? Básicamente elevar el techo de la compra por cotización para las municipalidades. Actualmente la Ley de Contrataciones (artículo 38) establece que la compra por cotización procede siempre que el precio de los bienes o servicios a adquirir este entre los Q90,000 y Q900,000. La iniciativa 6065 propone que, para las municipalidades, este montó pase a ser entre los Q200,000 y Q2 millones. 

Asimismo, propone modificar los rangos de precios para las modalidades de compra de baja cuantía y compra directa. La compra de baja cuantía consiste en una compra directa de bienes o servicios siempre que el monto no pase de los Q25,000. La iniciativa 6065 busca que este monto pase hasta los Q75,000 únicamente para las municipalidades.

La compra directa consiste en la compra de bienes o servicios a través de una oferta electrónica, pero sin aplicar los mecanismos de la adquisición por cotización o licitación. Actualmente esta modalidad procede en adquisiciones de montos que oscilen entre Q25,000 y Q90,000. La iniciativa 6065 busca que pasen de Q75,000 a Q200,000 para las municipalidades. 

¿Por qué importa? Básicamente porque lo que una ley de contrataciones debe buscar es que la adquisición de bienes o servicios ocurra con celeridad, pero también bajo un proceso competitivo que garantice el buen uso de los recursos públicos. Los procesos de compra de baja cuantía y compra directa son importantes, pero no incluyen los mecanismos de competencia que sí incluyen la cotización y la licitación.

Naturalmente la actual Ley de Contrataciones requiere cambios urgentes. Ya hice referencia antes a un estudio que lo aborda. Pero lo que llama la atención es que se trata del tercer intento del Congreso por parchar la ley en este sentido. 

En abril de 2021 el Congreso aprobó el decreto 4-2021. Este decreto buscaba prácticamente lo mismo: modificar los montos de cotización de Q200,000 a Q2 millones para cotización, aumentar monto de compra de baja cuantía hasta Q100,00 y el de compra directa de Q100,000 a Q200,000.

El presidente acabó vetando el decreto, pero dio dos razones. La primera, que a su juicio el monto debía incrementarse únicamente para las municipaliades y no para el resto de entidades públicas. Y dos, que le faltaba un artículo transitorio que abordara lo relativo a los eventos de adquisiciones en curso. El congreso aceptó entonces el veto. Teóricamente la 6065 los aborda, así que un eventual veto parece menos probable esta vez.

Pero luego hay que recordar que hace apenas unas semanas en el Congreso avanzaba a velocidad supersónica la iniciativa 64141, Ley de Adquisiciones. Esta iniciativa pretende reemplazar la actual Ley de Contrataciones por una nueva. Pero de nuevo tiene poco y parte de sus ejes centrales eran precisamente la ampliación de montos para cada modalidad.

Por ejemplo, la iniciativa 6141 busca ampliar la modalidad de baja cuantía hasta Q35,000, establecía la modalidad de compra simplificada para montos de Q35,000 a Q125,000 y la cotización pasaba a montos entre Q125,000 a Q2 millones (artículos 50 y 53 de la iniciativa). Varían los montos, pero la idea central es la misma. 

No quiero dejar de insistir en la necesidad de revisar y modificar la normativa de contrataciones. La legislación actual es deficiente, incongruente, está plagada de reformas que le han añadido inconsistencias, pero nada de lo que hoy está sobre la mesa legislativa corrige los vicios del actual sistema. Quizá, eso sí, sirvan para empeorar lo que ya tenemos.

Hoy el dictador se victimiza, y aduce que su gobierno ha soportado sanciones, bloqueos y amenazas de invasiones.

Desde mediados del 2021, la narcodictadura venezolana ha hecho todos los intentos posibles para lavar su imagen frente a la opinión pública internacional y sembrar la idea de “apertura” de un supuesto retorno a la gobernabilidad con la oposición y de estabilización económica.

Lamentablemente, en su cometido coadyuvaron varios factores geopolíticos que –tal vez por azar– se alinearon para limpiar la imagen internacional del dictador: el giro electoral hacia la izquierda que ha tenido la región desde 2021, sobre todo en Estados Unidos, Colombia y Brasil[1]; además de la subida del precio de los combustibles, producto de las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania a inicios de 2022.

Recordemos que en 2019, la mayoría de los países latinoamericanos (por aquel entonces gobernados en su mayoría por la derecha), y liderados por Luis Almagro en la OEA, conformaron el Grupo de Lima. Este grupo de países pedían una transición democrática en Venezuela, la celebración de elecciones libres, la liberación de presos políticos y el respeto a los Derechos Humanos. Pero como dice el popular refrán “las oportunidades las pintan calvas”, esta alineación geopolítica no duró para siempre. A partir de 2020 y hasta 2022, la correlación de fuerzas en la región cambió y Maduro supo soportar la presión que le pusieron más de 50 países del hemisferio que no reconocieron su mandato.

Así las cosas, y gracias al trabajo estratégico que hizo el Grupo de Puebla como contraparte al de Lima, integrado en un principio por los gobiernos socialistas de México y España y al que se incorporaron luego Argentina, Bolivia, Chile y más recientemente Colombia; el vecindario se ha llenado de gobiernos dispuestos a cohabitar con la dictadura en Caracas.

Uno de los principales aliados internacionales de Maduro en estos momentos es Gustavo Petro. Ambos se reunieron el pasado 1 de noviembre, después de haber reanudado relaciones diplomáticas tras siete años en que la frontera entre ambos países estuviera cerrada y se retiraran sus delegaciones diplomáticas.

El colombiano también invitó a Venezuela a reintegrarse en la Comunidad Andina de Naciones y reiteró su decisión de retirarse del grupo de países que ha pedido una investigación de la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad de Maduro. Petro también tiene especial interés en que Maduro reincorpore a Venezuela en el Sistema de Derechos Humanos, el cual se abandonó en tiempos de Chávez en 2013. El fin de todo este lavado de imagen de Petro a Maduro es que Venezuela participe como sede, anfitrión y garante (junto con la Iglesia católica, Cuba y Noruega) en las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla terrorista del ELN que comenzaron este 21 de noviembre en Caracas.

Estados Unidos también ha suavizado su postura con Maduro. En mayo de este año el gobierno de Joe Biden envió una delegación a Caracas, y anunció que levantaría algunas sanciones y en un acto de buena fe, liberaron a los “narcosobrinos” de la Primera Dama venezolana, Cilia Flores, presos en Estados Unidos desde 2017.

Actualmente la situación de Maduro es completamente diferente de lo que era hace unos años. Sólo basta con ver su debut, dándose la mano y saludando a líderes de Occidente como Emmanuel Macron y John Kerry en la Cumbre del Cambio Climático de Naciones Unidas. Hoy el dictador se victimiza, y aduce que su gobierno ha soportado sanciones, bloqueos y amenazas de invasiones.

Esto recuerda tristemente a comienzos de los años 2000 cuando el dictador libio Muamar Gadafi, luego de ser considerado un paria por los países de Occidente y de ser llamado "perro rabioso de Oriente Medio" por Ronald Reagan, lentamente comenzó a ser reintegrado a la comunidad internacional y a ser visto como un aliado de Estados Unidos y Europa luego de la invasión a Irak en 2003. Hasta que estallaron las protestas en Libia en 2010 y ya sabemos cómo terminó la historia.

La pregunta es si esta “gadafización” de Maduro y este lavado de imagen internacional, desembocará en lo que creen algunos ingenuos de que ahora sí se logren las condiciones para unas elecciones medianamente aceptables en 2024 que refrende toda la comunidad internacional.

El chavismo destruyó a la sociedad venezolana hasta sus cimientos y le arrebató el futuro a su gente, pero todo ese daño quedará atrás y sin castigo porque es más importante dar la imagen de que ya “Venezuela se arregló” y esconder el polvo debajo de la alfombra.

 [1] También entre 2021 y 2022 la izquierda ha ganado en Perú, Chile y Honduras. Sin contar que los otros dos países más grandes del continente después de Brasil: México y Argentina, están liderados por gobiernos de izquierda.

La existencia de nuestra democracia está en juego

Una nube gris se cierne sobre las elecciones de 2023. Por primera vez desde que se inauguró la democracia en los años ochenta, estamos en la antesala de un proceso electoral sumidos en una enorme incertidumbre por los cambios que el Tribunal Supremo Electoral pretende implementar en nuestro modelo de votación, lo que restaría transparencia y certeza al resultado de las próximas elecciones.

De forma inexplicable el TSE ha insistido en la compra de un equipo tecnológico que ha sido seriamente cuestionado en otros países en donde se ha implementado. La justificación brindada por el ente electoral es que nuestros procesos son demasiado arcaicos y que es urgente su actualización. Es cierto que nuestro sistema depende bastante del papel y que, en ese sentido, podría parecer atrasado. Pero las experiencias que se ha tenido en otros países que han implementado “tecnología más avanzada” han sido desastrosas, creando graves crisis sociales y políticas.

El sistema que funciona desde los años ochenta en Guatemala, ha sido bastante efectivo en brindar certeza a toda la sociedad sobre los resultados electorales. Esa certeza deriva de que todo el proceso está en manos de miles de ciudadanos comunes, que se encargan de verificar de forma descentralizada que el proceso de votación se hace en orden, luego realizan el conteo de votos a viva voz en cada mesa electoral y finalmente se aseguran de que los resultados sean correctamente enviados al Tribunal Supremo Electoral. Así se ha hecho durante nueve elecciones generales. ¿Por qué sería necesario modificar algo que ha funcionado bastante bien?

Se podría argumentar que este sistema “análogo” es demasiado lento para conocer los resultados electorales. Sin embargo, aun cuando parece un proceso desactualizado, en las elecciones anteriores los resultados han estado disponibles para la ciudadanía en cuestión de pocas horas.  De nuevo surge la pregunta entonces. ¿Por qué cambiar un sistema que ha funcionado casi a la perfección?

Por otra parte, la región latinoamericana esta pasando por un período complejo de inestabilidad y crisis políticas, en donde la confianza en las instituciones democráticas se encuentra en mínimos históricos.  Guatemala no es ajena a esa situación, por lo que cualquier duda que exista sobre la imparcialidad y la transparencia del proceso electoral nos podría hundir en la peor crisis política en décadas.

La democracia guatemalteca ha pasado por altibajos desde sus inicios, pero ha logrado sobrevivir hasta el momento. Somos aún una democracia bastante imperfecta y tenemos desafíos gigantescos en la consolidación del Estado de Derecho y de los principios republicanos. Pero lo que ha permitido la sobrevivencia de nuestra frágil democracia es la confianza en nuestro proceso electoral, lo que ha significado la transferencia pacífica del poder en nueve elecciones generales. ¿Qué escenarios podrían plantearse para el país si se pierde esa confianza?

Diversas organizaciones de la sociedad civil han planteado sus dudas al Tribunal Supremo Electoral. Son organizaciones serias, que tienen una larga tradición en la vida democrática del país. Lamentablemente, las respuestas del Tribunal hasta el momento no han logrado disipar dichas dudas.

Los primeros magistrados del Tribunal Supremo Electoral tuvieron una tarea titánica. Luego de décadas de inestabilidad política, golpes de estado y elecciones cuestionables, construyeron un ente electoral que gozó de mucho prestigio, al brindarle a los guatemaltecos la certeza de elecciones limpias, transparentes e imparciales. Aquellos magistrados han entrado a la historia del país con honor y prestigio.

La séptima magistratura tiene el deber ineludible de preservar el legado de aquellos primeros magistrados. Se debe preservar intacto el actual modelo electoral con el fin de brindar certeza y credibilidad a las próximas elecciones. La existencia de nuestra democracia está en juego.

Más allá de lo que reportan los medios, los hechos aún no están del todo claros

 

Este dos de noviembre hizo noticia una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena dar posesión a una planilla a los cargos que integran el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

Esto llama la atención porque Guatemala fue suspendida por el Comité Olímpico Internacional (COI) el pasado 15 de octubre de 2022. ¿La razón? Una disputa sobre la elección del Comité Ejecutivo del COG. Vayamos a los hechos.

El 9 de octubre de 2021, se celebraron unas elecciones en las que se presentó únicamente una planilla (los que interponen el amparo que comento hoy). Sin embargo, el 25 de octubre de 2021, el COI envió una carta al COG en la que hizo ver que estas elecciones “no fueron llevadas a cabo de manera libre y limpia, y por consiguiente, se debe considerar todo el proceso eleccionario como nulo y sin efecto”. 

A partir de esto, el COG procedió a aprobar nuevos estatutos que fueron publicados en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 2021. En marzo de 2022, se repitieron las elecciones y salió vencedora otra planilla.

Desde entonces, ambas planillas (la ganadora en la primera elección que luego fue anulada) y la que resultó vencedora en marzo de 2022 reclaman ser el Comité Ejecutivo auténtico. ¿Quién tiene la razón? Que lo deduzca el lector a partir de los argumentos que se dan dentro del expediente.

 Argumentos de la planilla que ganó en marzo de 2022. Ellos argumentan que el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) goza de reconocimiento constitucional. El artículo 91 garantiza su autonomía y el artículo 170 del decreto 76-97 establece lo siguiente: “En caso hubiere contradicción entre esta ley y cualquier estatuto con la carta olímpica, esta última [la Carta Olímpica] prevalecerá” (resaltado propio).

Bajo este argumento, afirman que su elección es la que cuenta porque el propio COI “reconoció” como válida la elección de marzo. Se refieren a una comunicación de fecha 8 de septiembre de 2022 donde el COI dijo: “… la Corte Constitucional de Guatemala decidió, en agosto de 2022, suspender provisionalmente una serie de disposiciones de los Estatutos y Reglamentos del CON, relacionados en particular con el proceso de elección del CON [Comité Olímpico Guatemalteco]… a pesar de las advertencias enviadas por el COI” y que “las elecciones del CON [COG] que se llevaron a cabo con éxito en marzo de 2022 de conformidad con los estatutos del CON aprobados por el COI y la Carta Olímpica. 

La planilla que ganó en octubre de 2021 tiene a su favor lo siguiente. Que, en otro fallo, de fecha 4 de agosto de 2022, expedientes acumulados 3113-2022 y 3275-2022, la CC dejó en suspenso provisional varias disposiciones de estos estatutos. Dentro de ellas, dejó en suspenso algunas disposiciones relativas a la “Comisión Electoral”, órgano que organizó las elecciones de marzo de 2022.

¿Qué resolvió la Corte? Que la planilla que resultó ganadora el año pasado (bajo los viejos estatutos) debe asumir en tres días, en buena parte, dado que varios de los “nuevos estatutos” (marzo 2022) no están en vigor por haber sido suspendidos por la propia CC como explico en el párrafo anterior. La resolución se tomó por mayoría de 4 a 1. El voto disidente lo pronunció el magistrado Roberto Molina. 

Mi opinión. Hay un aspecto procesal que vale la pena mencionar. Más allá de lo que reportan los medios, los hechos aún no están del todo claros. Por eso no comparto la decisión de la CC de ordenar la toma de posesión de una planilla en un amparo provisional. ¿Por qué? Pues porque aún no están esclarecidos los hechos dentro del proceso de amparo y esta decisión prácticamente deja sin materia el asunto de fondo.

 Por otra parte, no comparto la visión global de la Corte en ambos casos respecto de la prevalencia de la ley guatemalteca sobre la Carta Olímpica. Creo que tanto el artículo 91 de la Constitución como el decreto 76-97 dejan clara la preeminencia de la Carta Olímpica. Además, ¿qué naturaleza tiene la Carta Olímpica? ¿no es de observancia obligatoria acaso? Son asuntos sobre los que valdría la pena profundizar en foros de debate.

Las dos reformas a leyes ordinarias que el Congreso aprobó mediante el decreto legislativo 50-2022 son inconstitucionales


 

El 10 de octubre pasado el Presidente de la República, en consejo de ministros, declaró estado de calamidad por los efectos de la tormenta julia y para el efecto emitió el decreto gubernativo 5-2022. El Congreso, en sesión de fecha 11 de octubre, decidió ratificar el estado de calamidad mediante el decreto legislativo 50-2022.

Sin embargo, el decreto 50-2022 hizo varias modificaciones al estado de calamidad decretado por el presidente. Por una parte, modificó el artículo 4 del decreto gubernativo 5-2022 para excluir el derecho de tenencia y portación de armas durante el estado de calamidad, se reformó el artículo 7 para establecer el uso de la plataforma de Guatecompras dando como margen un periodo de 8 horas entre publicación del evento y recepción de ofertas, entre otras.

 Pero adicionalmente hizo dos cosas más. Primero, en el decreto legislativo 50-2022 donde aprueba el decreto gubernativo 5-2022, además, reforma dos leyes ordinarias. Mediante el artículo 5 reforma la ley de presupuesto del Estado para 2022 (decreto 16-2021) agregando el artículo 104 Quáter que asigna Q540 millones al Fondo de Emergencia; y, dos, el artículo 6 “modifica” el decreto 21-2022, aprobado en marzo y que dio Q3 millardos al Ministerio de Comunicaciones, para tomar de ahí los Q540 millones para el Fondo de Emergencia.

 Ahora bien, ¿cuál es el problema? En primer lugar, hay que recordar que el artículo 138 de nuestra Constitución establece que una vez que el ejecutivo declare un estado de excepción, debe dar aviso al Congreso para que “dentro del término de tres días, lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe”.

De este modo, el Congreso se reúne con el único propósito de emitir el decreto legislativo que determine la suerte del estado de excepción. No se reúne para otro propósito. Ahora bien, aunque el estado de calamidad se ratifique mediante un decreto legislativo, éste no es equiparable a un decreto legislativo ordinario.

 Ya dentro del expediente 919-2019 la Corte de Constitucionalidad argumentó que en virtud del artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos la ratificación de un estado de excepción debe hacerse mediante decreto legislativo y no mediante acuerdo legislativo en virtud de que se trata de una limitación de los derechos fundamentales. Sin embargo, nos recuerda que lo que está haciendo el decreto es aprobar un decreto gubernativo que emitió el presidente.

En tal sentido, si el decreto legislativo busca aprobar y/o modificar un decreto gubernativo (acto del ejecutivo), ¿puede el decreto gubernativo tener poder reformatorio sobre leyes ordinarias? Sería un peligroso precedente y una violación al principio de separación de poderes.

Recordemos un punto más. Prueba adicional de que los decretos legislativos que ratifican estados de excepción no son equiparables a las leyes en sentido estricto lo encontramos en la tan cacareada sentencia que ha invocado el pleno del Congreso en todos los estados de excepción que ha aprobado desde hace un año.

Me refiero al expediente 4466-2021, auto de aclaración y ampliación de fecha 23 de agosto de 2021. En esa oportunidad, la Corte de Constitucionalidad resolvió que el Congreso tenía a su alcance dos fórmulas para aprobar estados de excepción: en un solo acto por mayoría absoluta o en tres debates que deben ser en tres días distintos. En esta ocasión, un diputado presentó una moción privilegiada para que se aprobase en un solo debate.

Pero más importante aún, la Corte agrega: “es factible que el Congreso de la República, supletoriamente, emplee las formas que usualmente utiliza para la formación normativa a efecto de decidir si ratifica, modifica o imprueba…” (Resaltado propio). ¿Por qué “supletoriamente”? Porque la Corte está indicando que, de nuevo, no se trata de un decreto legislativo que apruebe una ley ordinaria. 

De este modo, las dos reformas a leyes ordinarias que el Congreso aprobó mediante el decreto legislativo 50-2022 son inconstitucionales. Un grupo de diputados presentó objeciones al decreto y también interpusieron un amparo. Ojalá esto se resuelva a la brevedad por el bien del orden constitucional.

La crisis multisistémica que vive el mundo afecta a cada persona, familia, sociedad y gobierno.

Si te preguntaran lo que más quieres y necesitas en la vida, las palabras que vendrían a tu mente son: salud, bienestar, seguridad y garantías mínimas.

Asumiendo que tienes razonablemente resueltos los temas del espíritu y las emociones, la salud y el bienestar te los da la economía; la seguridad y las garantías mínimas te las debe dar la política.

Tener ingresos suficientes para vivir y buen gobierno son las dos dimensiones que identifican a las naciones modernas y desarrolladas.

Hoy vivimos diversas crisis sociales – humanas, personales – en gran medida por razones económicas debido a malas decisiones políticas.

Hoy vivimos en un mundo en el que la economía global se hizo insuficiente, hay escasez de oportunidades y las expectativas tropiezan con la realidad. Esto provoca frustración y resentimiento.

Comprender el proceso económico y exigir responsabilidad política se hacen imprescindibles para entender y enfrentar los tiempos que vivimos. Tiempos de enfermedad, inflación, recesión, desempleo, inseguridad alimentaria, incertidumbre.  

A estos dramas se suma que las sociedades no estamos siendo capaces de digerir la era exponencial en la tecnología. Las prioridades del diario vivir no nos dejan tiempo ni espacio para aprender a interactuar con la hiperinformación y la mentira, con la biotecnología, la inteligencia artificial y otras maravillas.

Sin duda alguna, la tecnología ofrece oportunidades y soluciones indiscutibles, pero, también trajo peligros y amenazas.

El posible mal uso de la tecnológica no tiene precedentes en un mundo donde la conflictividad geopolítica, la decadencia cívica y la inestabilidad social tampoco los tienen.

Vivimos tiempos extraordinarios que demandan virtudes extraordinarias. Pareciera mentira, pero la humildad, el conocimiento, el respeto, la honradez, el compromiso, la responsabilidad, no debieran ser virtudes extraordinarias, pero, en el mundo de hoy, lo son. Lo deben ser.

Estas virtudes serán indispensables para aplacar las amenazas que hemos permitido y resolver los conflictos que hemos provocado.

Por el momento, lo responsable es preguntarnos si podremos manejar el mundo que construimos.

Al menos yo, no lo sé, pero, como dicen, cuando se tienen muchos problemas, hay que resolverlos de uno en uno y poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa.

La crisis multisistémica que vive el mundo afecta a cada persona, familia, sociedad y gobierno.

La racionalidad económica se debe aplicar a los 4 por igual. No se deben endeudar por arriba de sus posibilidades y no se puede gastar más de lo que ingresa.

Cuando no hay suficiente inversión hay pocas oportunidades y cuando los gobiernos abusan de la deuda pública y del déficit fiscal se pagan las consecuencias.

Parece mentira que los valores que construyeron y desarrollaron el mundo libre occidental se desprecien como a un relato antiguo. El problema es que se pretenden sustituir con el populismo, la incompetencia, el autoritarismo y la corrupción; cuando lo que habría que hacer es fortalecerlos.

Por eso la gente vota con los pies y emigra a Estados Unidos y Europa. O lo hacían a Chile y Colombia, antes de Boric y Petro. Nunca se escucha de pueblos que emigren a Cuba, Venezuela, Rusia o China, o a países gobernados por el narcotráfico y la corrupción.

Pretender, soñar con un futuro de salud, bienestar, seguridad y garantías mínimas, más que importante, es cuestión de sobrevivencia espiritual; por eso, lo primero que debemos hacer es volver a los valores y a las virtudes que construyeron esa parte del mundo a la que llamamos libre y desarrollada.

Harán falta compromiso y honestidad intelectual para reconocer que América Latina debe pagar el precio y sufrir los dolores que permiten alcanzar el desarrollo.

Ese camino solo pasa por la democracia institucional, la división de poderes, el respeto a la ley y la libertad.

¿Alguien conoce uno distinto?

Estas posturas radicales falsean la historia y buscan hacer encajar los hechos por la fuerza a las miradas presentistas del momento.

El tema del 12 de octubre se vuelve cada vez más espinoso de analizar para los historiadores, probablemente porque es una fecha que, en los últimos años, se ha salido de los linderos de la historia y ha entrado al terreno de la política y de la ideología, atravesando a todo el continente americano y también a España.

Mientras que del otro lado del Atlántico, la fecha es un festejo de ribetes nacionalistas y de reafirmación de la identidad hispana como imperio civilizador e instrumento de unidad nacional; de este lado vemos discursos por parte de jefes de Estado y grupos indigenistas que derriban estatuas de los conquistadores y alegan que aquello se trató de un genocidio. Ambos extremos se declaran como enemigos del otro, lo que dificulta el diálogo entre las partes y el entendimiento de nuestro pasado histórico común.

Todos recordamos hace un par de años cuando el presidente de México, declaró que el rey de España y el Papa tenían que “pedir disculpas” por la conquista de los pueblos originarios americanos. Y también, en respuesta a AMLO, las declaraciones de la alcaldesa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmando que “el indigenismo es el nuevo comunismo”. Si bien ambas posiciones se hallan en las antípodas de la otra, parecieran ser realmente dos gemelos especulares, dos reacciones extremas del mismo discurso refractario frente al hecho incontrovertible que representa la conquista de América. La constatación es que, en efecto, el tema del 12 de octubre dejó de ser un debate académico para pasar a tener un uso político al servicio de todo tipo de agendas ideológicas nacionalistas e identitarias.

De forma preocupante, la caricaturización del 12 de octubre y la conquista de América ha dejado de ser patrimonio exclusivo de los políticos, pues también la academia se ha salido del carril de la objetividad y del abordaje serio y riguroso del objeto de estudio. De hecho, muchas veces los intelectuales/activistas, en lugar de aplacar estas furias nacionalistas e identitarias, parecieran más bien echarle más leña al fuego de los extremos políticos.

Por un lado, hay una corriente de hispanofílicos[1] e hispanomaníacos[2] y toda suerte de propagandistas (de ningún modo hispanistas, una corriente académica de larga data y gran prestigio) que buscan re-semantizar conceptos como “conquista” y “colonia”, pues afirman que fueron implantados en la historiografía oficial con el fin de perpetuar la "Leyenda Negra". De tal suerte, argumentan que el 12 de octubre de 1492 no comenzó una "conquista", sino una "asimilación", ni tampoco los territorios de la América española fueron "colonias", sino que se trataban de una "extensión de los dominios de la Corona". A pesar de la jergonza que se busca imponer, la verdad es que los reyes, virreyes y gobernadores, e incluso, los propios cronistas de las Indias usaban esos términos (hoy casi vetados) al calor de los propios hechos, para describir y relatar lo que sucedía en el Nuevo Mundo. 

Igualmente sucede del lado de sus contrapartes, pues los indigenistas post-coloniales y decoloniales también tienen problemas con la terminología que se ha utilizado en la historiografía tradicional sobre el tema, ya que aducen que muchos términos no encajan con su propuesta desde la teoría crítica frente a la "modernidad eurocéntrica y europeizante" implantada por los imperialismos.

Ambas posiciones hispanofílicas e indigenistas, por cierto, tienen en común su animadversión (y muchas veces odio rotundo) al criollo pues los ven como los artífices del fracaso de los proyectos nacionales republicanos desde el siglo XIX hasta el presente. También tienen en común la añoranza a un pasado idílico perdido que es necesario “restaurar”, bien sea que se trate del viejo Imperio Español o de los extintos imperios prehispánicos.

En lugar de profundizar en el entendimiento de nuestra conformación histórica como hispanoamericanos (no como europeos ni indígenas), estas posturas radicales falsean la historia y buscan hacer encajar los hechos por la fuerza a las miradas presentistas[3] del momento.

Dirá el celebérrimo escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, a modo de zanjar la estéril discusión entre las viejas leyenda negra y leyenda dorada: «Ambas leyendas son, por descontado, falsas. Lo que pasó en América es bastante más complejo que una leyenda negra o que una leyenda dorada, es la complejidad del alma humana y de los hechos».

[1] Más allá del «Hispanismo», que es una corriente intelectual y académica interesada en el estudio de la cultura española; la hispanofilia es más bien la admiración, propagandística y justificadora, de lo español en su vertiente más nacionalista.

[2] La Hispanomanía es el relato, usualmente de los extranjeros curiosos y fascinados con la cultura española, que perpetúa estereotipos y tópicos sobre España.

[3] El presentismo es un vicio historiográfico que plantea juzgar el pasado bajo la óptica y los valores del presente sin tomar en cuenta el contexto y el momento del fenómeno histórico que se estudia.

Mientras más se deteriore la institucionalidad pública, más tragedias habrá que lamentar. 

 

Los eventos naturales extremos no pueden evitarse, pero las tragedias humanas sí pueden reducirse. 

Según la CONRED, “Guatemala es un territorio sometido a múltiples amenazas de origen natural como huracanes, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas, sismos, debido a su posición geográfica, geológica y tectónica. Es un territorio bioceánico, ubicado en el istmo centroamericano entre los océanos Pacífico y Atlántico, precisamente en la ruta de los huracanes y tormentas tropicales del Caribe de la zona de convergencia intertropical y en la zona de influencia de los fenómenos del Niño y de la Niña, lo que contribuye a la presencia de eventos extremos, tanto en términos de inundaciones, como de sequías y de variaciones extremas de temperatura.” 

Según el Foro Económico Mundial en su Global Risk Report 2022, las 6 amenazas actuales más importantes para Guatemala son: la proliferación de la actividad económica ilícita, el colapso del Estado como resultado de conflictos internos, la destrucción del Estado de Derecho, el deterioro institucional o la inestabilidad política; los eventos climáticos extremos, el fallo de la infraestructura pública, la erosión social provocada principalmente por las desigualdades, el aumento de la polarización y el resentimiento dentro de las sociedades; y el daño ambiental provocado por el ser humano. 

Todas estas condiciones físicas, sociales y políticas pintan un panorama complejo para un país de ingreso medio como Guatemala que parece no contar con las capacidades institucionales, políticas y económicas para plantearse una estrategia de gestión del riesgo seria. 

Muchos de los problemas anteriormente mencionados parecen no tener relación entre sí, o no tener relación con la gestión del riesgo y la prevención de tragedias humanitarias como producto de los eventos climáticos extremos pero la evidencia demuestra lo contrario. Si bien no es posible evitar la llegada de los eventos climáticos extremos, sí se pueden reducir sus efectos destructivos sobre la vida y la propiedad. 

Los expertos en gestión de riesgo señalan al crecimiento poblacional desordenado como una las principales causas de los llamados desastres naturales, refiriéndose a la escasa planificación urbana que existe en la mayor parte del país, una responsabilidad que tanto las municipalidades como el gobierno central eluden o apenas logran cubrir; también la formación de viviendas precarias o asentamientos alrededor de los urbanizaciones de mayor tamaño, particularmente la Ciudad de Guatemala, son un potencial foco de tragedias humanitarias ante las lluvias fuertes en ciertos meses del año o un eventual sismo de gran magnitud. 

La deforestación es otro problema serio para la prevención de desastres, todos los años miles de hectáreas de bosques se pierden en Guatemala por culpa de la tala ilegal de árboles y el uso de leña como combustible. Este problema ha sido incluso señalado en publicaciones como el Washington Post, denunciando a complejas mafias que extraen y exportan maderas de lujo como el granadillo, poniendo en riesgo la viabilidad de llamado corredor verde y la biodiversidad de la Selva Maya, corredor que atraviesa México, Guatemala y Belice. La deforestación deja secuelas irreparables en el medioambiente pues pone en peligro las fuentes de recarga hídrica, aumenta la temperatura, afecta a la fauna y provoca erosión en montañas y barrancos, lo que provoca peligrosos deslizamientos de tierra en temporadas de lluvias intensas. 

También la precaria inversión en infraestructura se ha convertido en un riesgo para los guatemaltecos. El estado de las carreteras, puentes y calles en todo el país ya no es solo un obstáculo para el transporte y el comercio, sino que también ha provocado la pérdida de vidas por falta de mantenimiento y obras mal construidas. Según datos de FUNDESA, el Estado de Guatemala invierte cerca del 1.5% del PIB en infraestructura vial, siendo una de las cifras de inversión más bajas de Latinoamérica, una cifra que además ha venido a la baja en los últimos 10 años. Actualmente Guatemala construye alrededor de 216 kms de infraestructura vial nueva al año, a esta velocidad la brecha actual de red vial sería cubierta en un período de 134 años. Esta es una responsabilidad que eluden tanto las municipalidades como el gobierno central, a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

La solución para estos problemas no es sencilla, se necesita resolver muchas de las condiciones estructurales del sistema político y la administración pública para comenzar a dar algunos pasos en la dirección correcta. La corrupción, la debilidad institucional y la falta de capacidades técnicas en el sector público provocan que el país no pueda gestionar adecuadamente los riesgos a los que se enfrenta y el costo humano y económico que esto tiene difícilmente puede calcularse.

 A pesar de los grandes problemas que derivan de la falta de prevención y la incapacidad de gestionar adecuadamente los riesgos, estos temas no generen interés en los políticos y los votantes. 

Resolver problemas como la tala ilegal de árboles o la corrupción que afecta la construcción de obra pública, pasan por reformar la institucionalidad del sistema de justicia y las instituciones de seguridad. También se necesitaría un servicio civil profesional y especializado para la tarea. La construcción de infraestructura es un enorme botín para políticos de distintos niveles del sistema y eso explica en parte la mala calidad de las obras que se licitan y construyen. Los trabajos de mantenimiento que se hacen bajo tierra, no son vistosos para los vecinos como una cancha de fútbol y por lo tanto no suelen ser de interés para los alcaldes que buscan la reelección. Así podemos nombrar uno por uno los problemas que no son atendidos y las carencias de un país que, además, es particularmente propenso a los eventos naturales extremos.

De ahí que los presupuestos asignados para estas necesidades difícilmente cubren lo mínimo necesario y los políticos no hablan de esto hasta que ya es demasiado tarde. Mientras más se deteriore la institucionalidad pública, más tragedias habrá que lamentar. De momento solo queda seguir exaltando la inagotable solidaridad del guatemalteco que siempre está dispuesto a ayudar cuando golpea la tragedia y la valentía de los rescatistas, que, contra viento y marea, realizan su labor sin mayor recompensa. Esto es importante, pero no suficiente.

Es inaceptable que una ley de semejante calibre e importancia haya recibido un dictamen en tan corto tiempo.

 

En el Congreso avanza a velocidad supersónica la iniciativa 6141, Ley de Adquisiciones del Estado. Se presentó al pleno el pasado 21 de septiembre y el pasado 5 de octubre pasó en “segunda lectura” sin discusión alguna. El proyecto busca sustituir a la actual Ley de Contrataciones del Estado (decreto 57-92).

No cabe duda de que la reforma al sistema de contrataciones públicas es uno de los cambios más importantes y urgentes. Pero la iniciativa en cuestión no es la respuesta. Esencialmente porque no cambia sustancialmente el modelo actual ni nos acerca a los estándares internacionales ni mejores prácticas.

Un sistema de contrataciones públicas debe garantizar la transparencia, la igualdad de condiciones para los oferentes y la eficiencia del gasto público. Está claro que bajo el esquema actual estas condiciones no se cumplen.

Sabemos que hoy el 40% de las contrataciones se hacen en modalidad de compra directa y baja cuantía, modalidades que no cuentan, en nuestro sistema, con mecanismos adecuados de transparencia ni garantizan la eficiencia del gasto. Vicios que no se corrigen con la ley propuesta.

Por otra parte, la 6141 prácticamente lo único que hace es modificar los montos de las modalidades de compra. Para compra de baja cuantía pasa de Q25,000 a Q35,000, la compra directa (ahora compra simplificada) pasa de Q25,000 a Q90,000 al rango de Q35,000 a Q125,000, la adquisición por proveedor único queda prácticamente igual y se agrega un esquema especial de adquisición de alimentos. 

Lo mismo ocurre con la cotización. Simplemente se cambia el rango de montos que hoy son los que exceden de Q90,000, pero alcanzan un máximo de Q900,000 y se modifica a un rango de Q125,000 y Q2,000,000. Todo esto es una versión light de lo establecido en el decreto 4-2021 que fue vetado en abril de 2021.

Hay otros aspectos que se han mencionado en varios pronunciamientos públicos que es importante reiterar. Por ejemplo, desaparece la exigencia del certificado de disponibilidad presupuestaria (hoy en artículo 3) y el arbitraje. 

Se trata de una ley compleja y sobre todo altamente técnica. La iniciativa de ley llegó al pleno el jueves, 21 de septiembre y para el martes, 26 de septiembre este cuerpo legal de 139 artículos ya había recibido un dictamen favorable de la comisión de finanzas públicas y moneda.

Es inaceptable que una ley de semejante calibre e importancia haya recibido un dictamen en tan corto tiempo. Aún peor es que en su segundo “debate” no haya recibido un solo comentario y discusión en el pleno. Se debe exigir al Congreso que tenga una discusión técnica y que no apruebe este texto a la carrera.

Por un lado, el mundo está en una recesión económica y por el otro, por primera vez en la historia más de dos tercios del subcontinente estarán gobernados por la izquierda radical.

Las elecciones presidenciales en Brasil son el culmen de un ciclo electoral en la región latinoamericana que comenzó en 2021 y que se caracterizó principalmente por el enfrentamiento entre los extremos del espectro político y la fragmentación en las cuotas de poder que estas opciones lograron alcanzar en sus resultados.

Los contendores en esta elección son los máximos representantes de los extremos políticos polarizados. Por un lado, el presidente en funciones Jair Bolsonaro, ex militar que llega al poder con un discurso de “mano dura” y de anti-corrupción, quien además ha expresado públicamente sus simpatías por líderes como Vladimir Putin, se ubica dentro de la derecha conservadora. También, el ex presidente Luis Inácio “Lula” Da Silva, fundador del Foro de Sao Paulo en los años noventas y quien fue destituido al final de su segundo mandato y encarcelado por el caso de corrupción de sobornos de la empresa Oderbretch denominado “Lava Jato”, considerado uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia.

Para la sociedad brasilera votación se ha visto como un conflicto existencial entre dos extremos. Los  episodios de violencia entre los simpatizantes de ambos candidatos han crispado y enrarecido el ambiente electoral en el contexto de la campaña. Para colmo, la ventaja arrolladora de hasta 10 puntos, que vaticinaban las encuestas a favor de Lula, resultó realmente en un margen bastante cerrado entre ambos candidatos de apenas 5 puntos y ninguno logró cruzar el umbral del 50% de votos para ganar en primera vuelta. Y además, la derecha conservadora logró la mayoría en el Congreso con 96 escaños. 

¿Qué escenarios plantean los resultados tan cerrados de la derecha ante la posibilidad de que el lulismo no logre tan fácil la victoria en el balotaje?

Luego de la primera vuelta y de la solidez que arrojaron los resultados de la derecha conservadora, que ha tenido un discurso a favor de las privatizaciones y de replantear el rol del Estado en la economía, los mercados brasileros han despertado en la mañana del 3 de octubre con perspectivas favorables. La moneda brasilera, el Real, se apreció en un 3% con respecto al dólar. También, las acciones de Banco do Brasil y de la petrolera Petrobras subieron ambas un 7,8%. En el último trimestre, la economía brasilera se encuentra en un proceso de recuperación, de hecho, así lo perciben cerca del 50% de los brasileros. Todo apunta a que 2022 cerrará con un crecimiento del PIB de 2,5% o más, cuando en el primer semestre se proyectaba un 1%. Y la inflación está bajando entre 7 y 8% luego de alcanzara entre el 10% y 11%. Recordemos que Brasil representa alrededor del 40% de PIB de América Latina y es la economía más grande de la región.

Por su parte, Lula apela a un deseo o añoranza en el electorado brasilero por un pasado en el que hubo crecimiento económico gracias al llamado “boom” de los commodities, lo que permitió grandes transferencias y subsidios a la población y varias reivindicaciones sociales. En lo económico, Lula promete proveer de combustible barato a la población brasilera con subsidios. Esto perjudicaría severamente a la industria energética brasilera, luego de que durante el gobierno de Bolsonaro la petrolera calificara según ciertas entidades como la undécima empresa más rentable del mundo y que aumentara sus utilidades en un 27%.

En términos regionales, esta segunda oleada de la llamada “marea rosada” de simpatizantes del “socialismo del siglo XXI” y del viejo Foro de Sao Paulo promete ser más devastadora económicamente que la primera de comienzos del milenio. Por un lado, el mundo está en una recesión económica y por el otro, por primera vez en la historia más de dos tercios del subcontinente estarán gobernados por la izquierda radical.