En el programa de esta semana, analizamos las recientes protestas en Europa y los desafíos que enfrentan las democracias liberales para defender el Estado de derecho.
Dionisio Gutiérrez inició señalando que es importante no confundir la tolerancia democrática: “Hay una peligrosa confusión en nuestro tiempo y es creer que una democracia, por ser tolerante, debe tolerarlo todo. Incluso a quienes incendian sus calles, destruyen sus instituciones, atacan a sus ciudadanos y pretenden utilizar las libertades de una sociedad abierta para acabar con la libertad misma”.
Como ejemplo, mencionó las recientes protestas en Europa: “En demasiados países desarrollados hemos visto aparecer grupos radicalizados que han sustituido el argumento por la furia, la discrepancia por la intimidación y la protesta legítima por la violencia”. Afirmó que la protesta, el disentir y expresar ideas “profundamente equivocadas” deben ser reconocidos y protegidos por una democracia liberal. Sin embargo, aseguró que hay una frontera inequívoca: la violencia. “Cuando comienza el incendio, la agresión, el saqueo o la destrucción deliberada, termina la protesta pacífica y comienza la responsabilidad penal. Y en ese momento, el Estado tiene no solamente el derecho, sino el deber de actuar”, añadió.
Gutiérrez expresó que los gobiernos sometidos a la Constitución, “poseen el monopolio legítimo de la fuerza precisamente para impedir que lo ejerzan las turbas, las mafias, las organizaciones violentas o cualquier grupo que pretenda imponer por intimidación aquello que no consigue mediante las urnas”. Señaló que esa fuerza debe ejercerse dentro de la ley y rendición de cuentas.
Para finalizar, Gutiérrez destacó que “la democracia debe tener límites para el poder, pero también debe tener instrumentos para defenderse”. Subrayó que cuando un Estado de derecho renuncia a cumplir la ley, “deja el terreno libre a quienes no creen ni en el derecho, ni en la democracia, ni en la libertad”.
En el siguiente segmento, Dionisio Gutiérrez entrevistó a Juan Diego Molina, historiador y politólogo, y a José Carlos Rodríguez, periodista y socio fundador del Instituto Juan de Mariana, sobre las recientes protestas en Europa y la crisis que atraviesan sus democracias.
Molina inició señalando que las protestas que han atravesado Europa en las últimas semanas son llamativas: “En Francia las protestas iniciaron como reclamos por la calidad de la educación pública, pero luego se transformó en puro vandalismo”. Señaló que grupos violentos se organizaron a través de redes sociales y que se replicó luego en otros países como Italia y Portugal. También señaló que hay informes del Centro Nacional de Inteligencia de España que indican la presencia de grupos vinculados al Estado Islámico que llaman a atentar “en contra de los manifestantes y contra las Fuerzas Armadas e incluso a la inmolación”.
Agregó que en el caso de Europa y su descontento, sus sociedades están “organizadas de una manera que ya no responde a los tiempos”. Indicó que después de la II Guerra Mundial, se tuvo un crecimiento importante, pero que hoy no se tiene el crecimiento poblacional necesario para mantener el estado de bienestar.
Por otro lado, Molina estuvo de acuerdo en que este tipo de protestas es una herramienta utilizada por la izquierda para “ganar lo que no gana en las urnas”: “Esto lo hemos visto también en Colombia, donde Iván Cepeda, después de perder las elecciones, rechazó su curul en el Senado y dijo que iba a ser oposición desde la calle”. También mencionó la huelga general convocada en España previo a las elecciones generales: “Responde a intereses puramente partidistas y no a los reclamos de la gente que ellos mismos dicen representar”.
Respecto a cómo lidió Meloni con las protestas en Italia, el entrevistado considera que es un caso interesante, pues aplicó mano dura, pero dentro del marco del Estado de derecho.
Para finalizar, Molina señaló que las élites políticas en Europa “están pateando el problema hacia adelante” y que “alguien tendrá que solucionar en algún momento esto”. Sin embargo, añadió que “nadie quiere asumir el costo político” para hacerlo.
Por su parte, al referirse al caso de Francia, Rodríguez señaló que el Estado tiene una presencia enorme en la economía, pero que los servicios públicos no alcanzan las expectativas de los ciudadanos.
Respecto a la crisis de vivienda en España, Rodríguez explicó que construir nuevas casas es cada vez más difícil debido a las restricciones administrativas y ambientales. Además, indicó que las políticas de protección a los inquilinos y a quienes ocupan viviendas o dejan de pagar la renta provocan que “la oferta se retraiga”.
Respecto a la huelga general de los sindicatos españoles, cuestionó su representatividad y su cercanía con el Gobierno sanchista. Señaló que estas organizaciones “tienen cada vez menos representatividad dentro de los trabajadores” y que, pese al estancamiento de los salarios y al aumento de los precios, no habían organizado protestas contra el actual Gobierno. En ese sentido, destacó que resulta llamativo que hayan convocado una huelga que el propio Ejecutivo reconoce que es contra la oposición: “Normalmente las huelgas no deben ser políticas, pero las huelgas que son de carácter político son contra el gobierno”.
En cuanto a los desafíos de los gobiernos de centro derecha en Europa, Rodríguez consideró que pueden implementar reformas sin quedar atrapados en el discurso de la izquierda, siempre que sean capaces de explicar sus decisiones a la ciudadanía. Advirtió que, si la derecha acepta el marco teórico de la izquierda, “no tendrá más remedio que enfrentarse a una creciente protesta social”.
Finalmente, al referirse a las medidas que debería adoptar un nuevo gobierno español, Rodríguez destacó la necesidad de liberalizar el mercado de alquileres y garantizar la seguridad de los propietarios. Consideró que combatir la ocupación ilegal permitiría aumentar la oferta de vivienda y que también es necesario avanzar en la desregulación de la construcción y la liberalización del suelo.
Para finalizar, en materia laboral, señaló que España mantiene uno de los mercados más regulados y que sería conveniente avanzar hacia “un mercado laboral más favorable a la libertad de contrato”.
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