La Corte de Constitucionalidad debe cumplir su función
La Comisión de Postulación del Fiscal General ya terminó su labor y el presidente Arévalo ya tiene en sus manos la nómina de seis aspirantes, de los cuales debe elegir a uno para ser el próximo Fiscal General.
No fue un proceso fácil y estuvo bastante accidentado, pero ya se finalizó y, por el bien del país, se debe respetar el plazo para el cambio de fiscal el próximo 17 de mayo.
Hay varios amparos y recursos judiciales pendientes de definir. Muchos de esos recursos pretenden entorpecer el proceso y que se repita todo nuevamente. El interés es impedir el cambio de fiscal o poner a alguien que le dé continuidad a la actual gestión.
Sin embargo, como en procesos anteriores, la ley establece plazos que deben respetarse. La Corte de Constitucionalidad tiene la obligación de darle certeza y estabilidad a los procesos de cambio de autoridades. En ese sentido, debe rechazar todos los recursos espurios y malintencionados.
Se ha llegado al extremo ridículo de pretender impedir que el presidente elija dentro de la nómina de seis aspirantes. Esa es una facultad que le otorga la Constitución y que nadie más puede asumir.
La Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos terminar de una vez por todas con la incertidumbre y garantizar que se respeten los procesos y los plazos que establece la Constitución.
La lista de seis aspirantes puede que no guste y no satisfaga a todos, pero al final es el resultado de los procesos establecidos en la ley y debe respetarse.
Por último, en la comisión hubo personas que demostraron independencia de criterio y no se ajustaron a ninguna agenda oscura. A ellos el reconocimiento por sus principios éticos. Y otros, que la vergüenza los acompañe siempre.
*Columna publicada originalmente en Nuestro Diario
