A las puertas de una crisis alimentaria

A las puertas de una crisis alimentaria
35
Luis Miguel es Director del Área Social de Fundación Libertad y Desarrollo, catedrático universitario y tiene una maestría en Administración Pública de Escuela de Gobierno.
20 Jun 2022

Es necesario y urgente levantar la voz de alerta sobre esta crisis de hambre que pronto estará ocupando las portadas de los medios de comunicación.

 

El mundo se encuentra a las puertas de una crisis de hambre provocada por diversos factores como la invasión rusa en Ucrania y otros conflictos políticos, los fenómenos climáticos extremos que son consecuencia del cambio climático y los efectos económicos de la pandemia que han precarizado la situación económica de millones de personas y provocado el aumento generalizado en los precios de los alimentos y las materias primas. 

Como es de esperar, esta crisis de hambre golpeará de manera más fuerte a los países que ya tenían condiciones precarias de seguridad alimentaria, que son aquellos con más población en condiciones de pobreza y en donde existen mayores desigualdades. 

Según el Programa Mundial de Alimentos, en el mundo existen 2,300 millones de personas en situación se inseguridad alimentaria moderada y grave y el 11% están en América Latina y el Caribe, región que solo entre diciembre 2021 y marzo 2022 ha sumado más de medio millón de personas en situación de inseguridad alimentaria severa. 

También la Organización de la Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), publicó en mayo del 2022 un informe en donde alerta sobre esta inminente crisis alimentaria. Según el documento, de 2020 para hoy, se ha registrado un incremento de casi 40 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda o peor en 53 países. Según este informe, el número de personas en condiciones de inseguridad alimentaria prácticamente se duplicó entre 2016 y 2021.

Como se mencionó anteriormente, la invasión rusa en Ucrania está teniendo repercusiones en la seguridad alimentaria mundial. Esto se debe en parte a un alarmante aumento en los controles gubernamentales a las exportaciones de alimentos. Según un artículo del presidente del Banco Mundial, en pocas semanas el número de países que han impuesto restricciones a las exportaciones de alimentos aumentó en un 25%, llegando a un total de 35 países. Según los últimos datos, hasta fines de marzo, se habían puesto en marcha 53 nuevas intervenciones normativas que afectaban el comercio de alimentos: 31 restringían las exportaciones y 9 implicaban frenos a las exportaciones de trigo. El artículo mencionado recuerda que este tipo de restricciones provocaron hace una década un aumento de 30% en los precios del trigo, que tuvo un fuerte impacto en la situación alimentaria de millones de personas en todo el mundo.

Según la Global Network Against Food Crises, cuatro países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) y Haití tenían en 2020 más de 11.8 millones de personas en situación de crisis alimentaria media o alta, un incremento dramático desde las mediciones que se hacían en 2019. Esto significa que en un año común los hogares tienen déficits alimenticios que se extienden por 2 o 4 meses del año y consistentemente consumen alimentos de calidad muy pobre.

Sin embargo, 2020, 2021 y 2022 no fueron años comunes y en Guatemala algunas voces alertan ya sobre la llegada de una de las peores crisis de hambre que se ha visto en la historia reciente del país.

Está crisis está siendo provocada por factores como la precarización de la situación económica de miles de personas por efecto de la pandemia que en 2020 golpeó al empleo formal con la pérdida de 60,939 empleos y 17,400 empleos previstos que no se generaron, un retroceso de 5 años para la generación de empleo formal en el país, el cual ha luchado en los últimos años para recuperarse a los niveles prepandemia, que ya presentaba un déficit importante para poder cubrir a las más de 200 mil personas que se suman a la PEA todos los años. También el empleo informal y de subsistencia se vio golpeado por la pandemia debido a los cierres de actividades y los meses de restricción en ciertas actividades.

El segundo factor que contribuye a esta crisis de hambre que se cierne sobre la región y el país, es el precio de los fertilizantes y otros productos necesarios para la agricultura; desde 2020 los mercados ya reportaban un aumento de los precios de entre 60% y 100% dependiendo del tipo de fertilizante y la región en donde se tomara la muestra. Dos años de aumento en los precios están provocando escasez de fertilizantes e impidiendo que miles de pequeños agricultores puedan adquirir el producto que necesitan para los cultivos que venden y consumen.

El tercer factor que incide en la situación de inseguridad alimentaria de miles de personas son los eventos climáticos extremos. Un ejemplo reciente son las tormentas Eta e Iota que golpearon fuertemente al país en medio de la crisis sanitaria del COVID-19. En noviembre del 2020, el Ministerio de Agricultura publicaba que los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Petén, Quiché, Santa Rosa y Zacapa, reportaron daños en cultivos de granos básicos, hortalizas y cultivos industrializables debido a lluvias y vientos provocados por las tormentas. De estos, se estima un área dañada de 136,761.20 hectáreas, y 204,500 familias afectadas. La estimación de la pérdida económica asciende a Q 897,160,992.35. Los cultivos más afectados fueron maíz, frijol, plátano, banano, tomate, cebolla y brócoli, sumando daños en cardamomo y café. Esto ha provocado un incremento de precios en el mercado mayorista.

Los efectos de esta crisis alimentaria serán duraderos para un país como Guatemala que ya lucha con cifras alarmantes de desnutrición crónica y pobreza. El país está acumulado todos los ingredientes para una tormenta perfecta de crisis sociales que pueden desencadenar en crisis políticas en el futuro cercano.

Situaciones de crisis como estás solo pueden atenuarse con la acción certera e inmediata de los gobiernos, que necesitan dedicar esfuerzos y recursos para reducir los riesgos de una emergencia alimentaria y humanitaria de corto y mediano plazo, mientras se implementan políticas de largo plazo para combatir la desnutrición crónica y recuperar el sistema educativo que fue fuertemente golpeado por la emergencia sanitaria de los últimos años. 

De momento es necesario y urgente levantar la voz de alerta sobre esta crisis de hambre que pronto estará ocupando las portadas de los medios de comunicación. Todavía hay cosas que se pueden hacer para evitar una tragedia humanitaria que costará muchas vidas y significará un retroceso importante para los esfuerzos de desarrollo del país y la región.