Una parte de la sociedad guatemalteca ve con mucha suspicacia y desconfianza el proceso que está atravesando el país. Su temor es que se caiga en una espiral de ingobernabilidad que podría dejarnos en una situación peor que la que históricamente hemos vivido. Además se cuestionan las motivaciones de los actores que están detrás de este proceso de cambio y por último se señalan ciertas irregularidades o errores que se han cometido. 

 

La primera reacción ante estos argumentos es obviarlos o bien tildarlos de formar parte del pacto de corruptos. Claro, no se puede negar que hay un pequeño grupo muy estridente que se dedica a desprestigiar la lucha contra la corrupción por intereses obscuros y perversos. Pero también hay personas que están genuinamente preocupadas por las repercusiones que podría traer este proceso, por lo que es importante establecer un diálogo constructivo entre éstos y quiénes apoyan decididamente la transformación del país.

 

El punto de partida debe ser visualizar la situación en la que se encontraría el país hoy en día, si no se hubiese renovado el mandato de CICIG en 2015. ¿Quién sería el presidente en estos momentos? En los meses previos a las elecciones de 2015, las encuestas daban como posibles ganadores a personajes que claramente pretendían aumentar la voracidad de la corrupción a niveles que nos hubiesen llevado rápidamente al colapso. De hecho estábamos muy cerca de ese punto, como lo han revelado los procesos judiciales actuales. Fue la intervención de CICIG lo que motivó un despertar cívico en la ciudadanía que impidió que estas personas alcanzaran el poder. ¿Podemos negar este hecho?

 

El segundo punto es reconocer que sin CICIG, hubiese sido imposible iniciar  la lucha contra la corrupción. Ningún sector o grupo de personas del país tenía (o tiene) la fuerza para enfrentarse a todo el entramado de corrupción que tenía (o sigue teniendo) cooptado al Estado. Es ilusorio e ingenuo decir que solo nosotros como sociedad podemos acabar con las mafias incrustadas en el Estado. ¿Acaso lo habíamos podido hacer antes? ¿Acaso no la corrupción había tomado control de todas nuestras instituciones, afectando a todos los sectores de la sociedad?

 

El tercer punto es también admitir que en este proceso se han cometido serios errores. Por ejemplo, no se puede negar que hay personas en prisión preventiva que no deberían estar allí. Son personas a las que difícilmente se les puede llamar criminales y que tuvieron el infortunio de no comprender los alcances de lo que estaban firmando. La justicia  también es saber diferenciar entre unos y otros. Pero muy distinto es tomar estos errores, que no son poca cosa, para tratar de frenar el proceso entero de transformación del país. Eso tampoco es válido. Se deben señalar los errores para que se corrijan, no para tratar de estropear la lucha contra la corrupción.

 

Por último, si logran sacar a CICIG. ¿Cuál será el futuro del país? Lo más probable es que se inicie un proceso de descomposición institucional que terminaría con grupos abiertamente mafiosos y criminales controlando todas las instituciones del Estado. Ante la comunidad internacional y los inversionistas quedaríamos como un país sin remedio, en donde el Estado de Derecho está totalmente ausente. ¿De verdad creemos que lograremos atraer la inversión y generar crecimiento económico con esa imagen del país? 

 

No cabe duda que el proceso que experimenta Guatemala genera incertidumbre. Esto hace que muchas personas bien intencionadas se opongan al cambio o incluso, que estén dispuestas a tolerar los actos desvergonzados de corrupción y opacidad que realizan actualmente varios funcionarios públicos en el Organismo Ejecutivo y en el Congreso. Pero se tiene que tener claro que la tolerancia a dichos actos, es lo que nos tiene sumidos en la miseria y en las crisis recurrentes. Como bien dice la sabiduría popular “no se pude hacer lo mismo y esperar resultados diferentes”. 

 

Artículo originalmente publicado en El Periódico.