La mejor vía para resolver las diferencias será siempre a través del diálogo y la diplomacia

En los últimos años se ha insertado en las discusiones de coyuntura la obligación de las misiones diplomáticas de no intervenir en asuntos internos. En las redes sociales o incluso en las intervenciones de algunos políticos se habla de esta obligación de forma descuidada y quizás valga la pena intentar entender de qué se trata en realidad.

 El artículo 41, inciso 1, de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (CVRD) establece, para las misiones diplomáticas, la obligación de no intervenir en asuntos internos del Estado receptor, pero no ofrece una definición sobre el particular:

“Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.” 

Sin embargo, hace falta leer el texto completo de la CVRD para saber qué cuestiones caen dentro de la órbita de la interferencia en asuntos internos y cuáles son asuntos que conciernen a las relaciones diplomáticas y otras obligaciones de los Estados en el ámbito del derecho internacional.

Así, por ejemplo, el artículo 3, inciso 1, de la CVRD habla de cinco funciones de las misiones diplomáticas: de representación, de proteger los intereses del Estado acreditante, de negociar con el gobierno del Estado receptor, de enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor y de fomentar las relaciones amistosas y las relaciones económicas, culturas y científicas entre estado acreditante y receptor.

Funciones como proteger los intereses del Estado acreditante, la de observación y la de fomento de relaciones amistosas ofrecen un rango bastante amplio de actividades que constituyen el día a día de las relaciones diplomáticas. 

Estas funciones implican que las misiones diplomáticas tendrán relaciones con miembros de partidos políticos, diputados, funcionarios, etc. Significa que participarán como observadores en procesos políticos internos o incluso ofrecer colaboración.

El segundo aspecto importante, que vas más allá de la CVRD, es el del respeto a los derechos humanos. Los tratados aprobados por un Estado, en ejercicio de su soberanía, le obligan a tomar medidas que garanticen la protección a esos derechos.

En tal sentido, hay que tener en consideración lo establecido en instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y, la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre Estados, especialmente cuando esta última establece:

“Todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y la efectividad de tales derechos y libertades de conformidad con la Carta.”

Asimismo, no debemos olvidar que el artículo 149 de nuestra Constitución que establece que Guatemala normará sus relaciones internacionales “de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales”.

En ese sentido, debemos recordar que los ámbitos en que se desenvuelven las relaciones con otros Estados y organismos internacionales parten de un amplio set de obligaciones adquiridas soberanamente por nuestro Estado. La mejor vía para resolver las diferencias será siempre a través del diálogo y la diplomacia.

El sistema educativo de América Latina necesitará terapia de electroshock después de dos años de pandemia e inestabilidad en los establecimientos educativos.

Durante el primer trimestre del 2022, la mayoría de países de mundo cumplieron veinticuatro meses de encontrarse ante una emergencia sanitaria para la que muy pocos gobiernos tenían herramientas que les permitiera enfrentarla.

Durante estos dos años el mundo experimento la pérdida de 6.25 millones de personas que murieron por una enfermedad que en sus inicios no tenía tratamiento ni vacuna. Hoy el mundo parece haber encontrado una manera de vivir con la enfermedad, tenemos tratamientos y vacunas, pero también parecemos haber aceptado que no todo está bajo nuestro control y que necesitamos recuperar poco a poco la normalidad.

Una de las víctimas silenciosas de la pandemia fue la educación, la mayoría de países del mundo cerraron sus establecimientos educativos públicos y privados, mientras se migraba hacía sistemas de educación a distancia o virtual, una situación que los países menos desarrollados adoptaron lentamente y con bastante torpeza, particularmente aquellos países que nunca han invertido dinero y esfuerzo en robustecer sus sistemas educativos.

Las herramientas virtuales para la educación probaron ser muy útiles para no interrumpir del todo el trabajo y la educación, pero insuficientes, los países con sistemas educativos más precarios y con menor conectividad al internet no pudieron asegurar a todos sus estudiantes la tecnología necesaria para un proceso educativo exitoso, aumentando la desigualdad en el acceso a la educación.

Los países de América Latina y el Caribe han luchado por años contra el rezago educativo, pero la pandemia y el cierre de establecimientos educativos vino a complicar esta situación. Un estudio del Banco Mundial resaltaba que, en general, Latinoamérica ha aumentado su matrícula durante las últimas décadas y los resultados de aprendizaje seguían una tendencia positiva, pero lenta, sin embargo, todavía un 51% de los niños en la región no podía leer y entender un texto simple a los 10 años, una proporción ligeramente mayor al promedio global de 48% y similar al promedio de países con ingresos bajos y medios de 53%.

Es cierto que hoy todavía no podemos medir con tanta precisión los efectos de dos años de inestabilidad en el sistema educativo de la región, pero podemos darnos algunas ideas.

El primer efecto será sobre los avances en el aumento de la matrícula que había experimentado la región en los últimos años. Ya en 2020, Naciones Unidas urgía a los países a reabrir las escuelas porque UNESCO temía que 24 millones de estudiantes abandonaran por completo la educación en el mundo. El abandono escolar de un año más inestabilidad en los sistemas educativos todavía no ha sido contabilizado.

Adicionalmente, en 2021 la OECD publicó el informe de un estudio sobre calidad educativa en 30 países miembros, la conclusión más relevante fue que los estudiantes que presentan un menor nivel escolar, son aquellos de los países que más tiempo tuvieron cerradas las escuelas en 2020.

Expertos citados por un estudio del BID estiman que globalmente, el cierre de establecimientos educativos por la pandemia causará una pérdida de entre 0.3 y 0.9 años de escolaridad, esto ajustado por la calidad que tenga el sistema educativo de cada país. En un escenario pesimista, aseguran estos expertos, esto se traduce en una pérdida de U$1,400 dólares en ingresos anuales por persona, que equivalen a U$ 25,000 dólares en valor presente durante toda su vida, un 8% de sus ingresos laborales.

Este estudio también revela que el cierre de tan solo cuatro meses del sistema educativo, puede resultar en una pérdida de 2.5% en el salario futuro de la vida productiva de los estudiantes.

Los expertos aseguran que estas estimaciones difieren según el nivel de ingreso de cada país y no consideran las diferencias de la calidad de educación entre países, los países de ingreso bajo muestran una pérdida menor en salario futuro pero el cierre de establecimientos educativos haría que las posibilidades de mejorar su situación económica en el futuro sean menores.

Estos estudios concluyen que el uso de los sistemas híbridos o no presenciales tienen un impacto positivo, pero no es comparable con el impacto positivo que tienen las clases presenciales.

Desde hace años el mundo habla de la educación virtual como el futuro de la educación y sí bien la virtualidad es una herramienta útil para el sistema educativo, pues permite la interacción cuando la cercanía física es imposible, este plan piloto forzado en el que la pandemia puso al mundo demostró que muchos países todavía están bastante retrasados en la implementación de tecnología que permita utilizar la virtualidad como una ventaja y que no se convierta en un obstáculo más para la educación.

La presencialidad tiene ciertas virtudes, que no pueden ser sustituidas del todo con la virtualidad. Por ejemplo, ayuda a mejorar la comprensión porque permite al estudiante mayor cercanía con el docente, mayor acceso a sus expresiones corporales y mejor conexión; la presencialidad también desarrolla habilidades sociales, el estudiante tiene que interactuar físicamente con otras personas de distintos contextos, resolver conflictos y utilizar las herramientas sociales que recibió en casa; las clases presenciales ayudan a los estudiantes a sentirse motivados y acompañados en el proceso del estudio y desarrollan la capacidad de trabajar en equipo.

Guatemala es un buen ejemplo de un país que no estaba ni remotamente preparado para tener un sistema educativo público con modalidades semipresenciales o virtuales. La llegada de la pandemia en marzo de 2020 significó la interrupción casi total de la educación de más de tres millones de estudiantes.

El 21 de febrero de 2022, Guatemala reinició las clases presenciales en el sector público de manera oficial, sin embargo, hasta mayo todavía había establecimientos educativos públicos en los que los estudiantes asistían a clases presenciales solo uno o dos días a la semana, esto se debía a que ciertas medidas, como las restricciones de aforo, no permitían que las clases se puedan llevar de manera normal. Esto sucedía a pesar que las restricciones de aforo ya habían sido relajadas para otros espacios cerrados como restaurantes y comercios. Esta situación provocaba que los estudiantes vieran seriamente limitado su proceso educativo pues muchos no tenían las herramientas tecnológicas suficientes para dar seguimiento a sus clases en casa.

Esta falta de eficiencia con la que países en desarrollo como Guatemala retomaron la normalidad en sus sistemas educativos tendrá efectos permanentes en la vida de miles de personas. Lastimosamente Guatemala no cuenta con suficientes esfuerzos investigativos que permitan cuantificar los efectos de más de dos años de inestabilidad en el sistema educativo, particularmente en el sistema público.

Países como Guatemala necesitarían esfuerzos financieros y políticos extraordinarios para recuperar el tiempo perdido en la educación, sin embargo, este tema se aborda poco en la complicada coyuntura nacional, parece que el caótico presente se come la posibilidad de pensar en el futuro.

Dedicado a RAL

Colombia y Venezuela son dos hermanos especulares al norte de América del sur, separados imaginariamente por el desierto en la Península de la Guajira, por los caudales del Río Arauca en los llanos, por las montañas de la cordillera en los Andes y por la selva del Amazonas. Probablemente, estas imponentes barreras geográficas que separan a la élite cordillerana de Bogotá de la élite caribeña de Caracas, han influido en que ambas naciones tengan recorridos históricos opuestos y que sus destinos nunca parezcan coincidir por lo menos desde 1830.

Mientras en Colombia ha gobernado prácticamente la misma élite asociada a las familias cafetaleras desde el siglo XIX; Venezuela ha tenido rupturas abruptas en el poder (golpes de Estado, alzamientos, revoluciones y guerras civiles) y una mayor rotación de élites. En ese sentido, Colombia ha tenido una tradición muy acendrada de instituciones fuertes y de presidentes civiles electos por el voto desde la fundación de su república. Venezuela, por su parte, ha mantenido una práctica de caudillismos y militarismos con un interregno democrático en el siglo XX.

En los años sesenta, Venezuela alcanzó su época de mayor prosperidad económica (gracias a los precios del petróleo) y logró una estabilidad democrática que duraría cuatro décadas, convirtiendo a ese país en un caso de éxito en la región. En cambio Colombia, se sumergió en un conflicto armado que duraría más de cincuenta años, y además, en la década del setenta, comenzaría el flagelo del narcotráfico dejando profundas secuelas en esa sociedad.

A inicios del siglo XXI, Venezuela opta por el militarismo de corte socialista encarnado en la figura populista y autoritaria de Hugo Chávez, además de decantarse por una economía estatizada basada fuertemente en la dependencia de la renta petrolera. Pero Colombia comienza, en colaboración con los Estados Unidos, un período de reforma institucional gracias al “Plan Colombia” que rescata y moderniza al país, además de una serie de reformas de apertura económica que generan crecimiento, reducción de la pobreza y del desempleo.

En la actualidad, y luego de provocar la crisis humanitaria más dramática de la historia reciente, el régimen socialista de Nicolás Maduro en Venezuela comienza a levantar controles en la economía. Incluso ha habido acercamientos con la administración de Joe Biden en Estados Unidos y se habla de un posible levantamiento de sanciones al régimen chavista, a pesar de estar inmersos en graves delitos de corrupción, narcotráfico y violaciones a los Derechos Humanos.

Por su parte, Colombia arrastra una crisis económica que se profundizó con la pandemia y ha tenido varios estallidos de protestas en los últimos años. Además, su sistema político presenta un fuerte desgaste, haciendo que la candidatura del ex guerrillero e izquierdista radical Gustavo Petro cobre cada vez más preferencia entre los electores. Por si fuera poco, la histórica alianza entre la élite colombiana y el gobierno de los Estados Unidos está teniendo fracturas ya que la potencia del norte desde 2021 retiró a las FARC de su lista de grupos terroristas.

A pesar del sueño de Bolívar de un corredor unido, la trayectoria histórica de Colombia y Venezuela siempre ha sido divergente con respecto a la otra. Sus senderos bifurcados, como diría Borges, no se tocan nunca y la dirección de cada uno siempre parece estar en las antípodas del otro. Habrá que ver si en el futuro ambas naciones mantendrán esa histórica bifurcación o si finalmente se empalmarán en un frente común con gobiernos socialistas en Nariño y en Miraflores.

Un modelo nefasto. Urge cambiar las cosas.

Culminó el proceso de designación de fiscal general y en las próximas horas o días el presidente designará a quien ocupe el cargo por los próximos cuatro años.

Por eso es momento para revisar, una vez más, los mecanismos mediante los cuales designamos a funcionarios de importancia como al propio fiscal general, magistrados a sala de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, Contralor General de Cuentas, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, entre otros. 

Y es que el mecanismo de las comisiones de postulación se ha vuelto el mecanismo estándar para hacerlo. Las comisiones de postulación son órganos temporales y ad-hoc. Se instalan por un corto periodo de tiempo para confeccionar una lista de elegibles que luego deben remitir a otro funcionario para que de ahí elija al funcionario y funcionarios que corresponda.

Si comparamos nuestro modelo de comisiones de postulación con el de otros países, veremos que se trata de un diseño bastante peculiar. Si bien en varios estados de EE. UU. existen comisiones nominadoras, su conformación, duración y funcionamiento es distinto a lo que tenemos nosotros. 

Nuestro modelo de comisiones de postulación se ensayó por primera vez en la designación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de la transición, el que organizó las elecciones para Asamblea Nacional Constituyente.

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral (decreto ley 36-83) estipulaba que el TSE sería designado por la Corte Suprema de Justicia a partir de una nómina de veinte candidatos que elaboraría una comisión de postulación. Ésta se integraba por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un representante de los rectores de las universidades privadas que funcionaban en el país, un representante designado por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales y por los decanos de las facultades derecho de cada una de las universidades del país.

Sabemos por experiencia que el experimentó salió muy bien en aquella oportunidad. También sabemos que las condiciones del país eran completamente distintas. En ese momento probablemente era razonable confiar la designación de tan importantes cargos a la discreción de un grupo de personas que gozaba de la credibilidad necesaria para hacerlo.

Sin embargo, el tiempo demostró que el diseño no era el óptimo. Por más de dos décadas las comisiones de postulación funcionaron con autorregulación. Decidían a lo interno cómo evaluar a los aspirantes hasta que en 2009 se creó la Ley de Comisiones de Postulación.

Muchos pensaron que esa normativa sería la panacea a las críticas que se vertían respecto del alto grado de discreción con que se evaluaba a los aspirantes. Lo cierto es que el único gran logro de la Ley fue la publicidad del proceso, algo no menor.

Dejando ese aspecto a un lado, lo que hemos visto es una mecanización absurda de la evaluación de perfiles. Los aspirantes saben que por tener una mayor cantidad de años de ejercicio profesional o un doctorado de quién sabe qué universidad lograrán puntear alto y quizá colarse en la nómina final. 

Los comisionados están atados de manos al evaluar el perfil. Y no están teóricamente “atados” al momento de evaluar si un aspirante tiene o no “reconocida honorabilidad”. Pero, siendo sinceros, ¿cómo pedir a un comisionado que se pronuncie a secas y con base a su leal saber y entender sobre la honorabilidad de un aspirante? Para comenzar, los comisionados no gozan de irresponsabilidad por sus opiniones. Cualquier juicio u opinión en tal sentido podría ser objeto de acciones legales.

Por otra parte, ¿no se intentaba depender menos de la discreción de los comisionados y más de parámetros objetivos definidos en ley? Precisamente esa es la paradoja del actual marco normativo: los parámetros nominalmente “objetivos” de evaluación sirven para poco y la presión recae sobre el leal saber y entender de los comisionados. Un modelo nefasto. Urge cambiar las cosas.

Qué cierto es aquel refrán que dice que los seres humanos no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos.

En los últimos 40 años, América Latina vio nacer 20 Constituciones que dieron vida a 16 democracias. Cuba, Nicaragua y Venezuela siguen pendientes. Hoy peligra el Perú y en mayo podría sumarse Colombia si su pueblo elige mal. Otras naciones del continente también corren peligro.    

Con el paso de los años, el ciudadano latinoamericano ha descubierto que tener elecciones libres no es suficiente pues sigue igual de pobre, pero con más desorden, y escucha que vive en democracia, pero ésta, no le da seguridad, trabajo ni comida.

Este es un sentimiento común en la mayor parte de la América Latina; una región que por momentos ha tenido políticos más o menos democráticos, pero están muy lejos de ser hombres de Estado.

Hemos tenido épocas de crecimiento y entusiasmo, pero no logramos ritmo y continuidad. No tenemos un modelo de desarrollo.

El Siglo XXI está presentando obstáculos y desafíos formidables. La democracia necesita presencia y compromiso ciudadano. La democracia necesita de mucho trabajo y dedicación. No es perfecta, pero es el menos malo de los sistemas conocidos.  

Los defectos de la democracia, a los que se suma la forma en que los políticos la adulteran, la falsean y la desfiguran, convirtieron a los jóvenes, que son la mayoría, en los grandes ausentes de la política. Su desencanto con la democracia es una peligrosa amenaza que abre espacio a propuestas populistas y autoritarias.

Con los tiempos recios que vive el mundo, con la devastación económica que están dejando las letras del alfabeto griego en América Latina y con la pobre gestión que hacen los políticos de las democracias y sus instituciones, a los ciudadanos, solo nos va quedando reinventarnos y rescatar los valores perdidos en nuestras sociedades, iniciar una revolución educativa, redimir la ética del trabajo, formar una tecnocracia honesta y capaz, hablar en serio de integrar comunidades económicas regionales y fortalecer los valores liberales y republicanos.

Así es; para que la democracia funcione, debe ser liberal, debe respetar la división de poderes para llamarse república y debe observar un riguroso respeto al Estado de Derecho.

Este es el camino a la redención de la América Latina. Su verdadero problema es político y la solución depende del ciudadano presente y activo. La solución depende de que los ciudadanos rescaten la política.

La solución está en comprender que la pobreza se combate creando empleo y riqueza, y que ello solo es posible si hay una política que incentive las inversiones y la apertura de nuevas empresas, generando igualdad de oportunidades sin la cual la democracia es letra muerta.

¿Alguna vez se han preguntado ustedes, por qué el mundo árabe y la mayoría de los africanos quieren emigrar a la Europa Occidental y gran parte de la América Latina a Estados Unidos?

La respuesta es que esas naciones se gobiernan con los valores del Liberalismo en la política, en la economía y en la vida social. Y la justicia es digna de su nombre.

Ese sistema, esa forma de vida se llama Liberalismo. Es un programa político que define el orden social, promueve el crecimiento económico; y donde ha gobernado, las sociedades alcanzaron los más altos niveles de bienestar. El liberalismo está fundado en los valores que permitieron el surgimiento del mundo moderno; los mismos que han dado al occidente libre, desde hace más de dos siglos, éxito, desarrollo y bienestar.

Gloria a Ucrania

Una invasión ilegal, la muerte de inocentes, el asalto a una democracia europea y el secuestro de la libertad de un pueblo son los crímenes por los que será juzgado el tirano asesino del Kremlin.

El 24 de febrero de 2022, el mundo volvió a cambiar para siempre.

Las locuras de un psicópata que pretende reescribir la historia y cambiar el balance de fuerzas a la fuerza no es cosa nueva. La historia tiene en su sitio a los peores. Nerón, Mao Zedong, Stalin, Hitler y otros. Ahora se suma ese tal Putin.

Las tres razones por las que el dictador de Moscú terminará derrotado y en el basurero de la historia son, la primera, los invasores jamás pensaron encontrar ese valor admirable y la ejemplar determinación del pueblo ucraniano para defender su hogar y su libertad; un pueblo que esta dispuesto a todo para hacer realidad la leyenda de David contra Goliat. La segunda razón es que el occidente desarrollado, liderado por USA, le plantó cara al hijo de Putin. Y la tercera es que el déspota sobrestimó a su ejército.

Esta es la primera agresión militar a gran escala que vive un planeta totalmente conectado. Hasta el último ciudadano decente del mundo civilizado está haciendo sentir su protesta y su condena

Kharkiv, ciudad importante de Ucrania, en la frontera con Rusia, conocida por tener docenas de museos, teatros y universidades que están llenas de gente joven. Su punto de reunión más importante lleva el nombre de “La plaza de la libertad”.

Kharkiv fue atacada con odio por Putin, el tirano, pues cada día, más jóvenes rusos descubrían en esa ciudad la libertad, la coherencia social y la oportunidad que no encuentran en su país.

Putin desprecia las sociedades libres y democráticas. Es un dictador intoxicado por la vida y aislado, que mal gobierna una potencia pobre, con un pueblo envejecido, deprimido y empobrecido. Solo le quedan el gas, su petróleo, los oligarcas que invierten su botín en países libres; y un Ejército capaz de destruir, pero sin propósito ni convicción.

Su arrogancia no tiene límites. La economía rusa es más pequeña que las de Texas, Italia y Canadá; y con las severas sanciones económicas que el mundo le está imponiendo, sumadas al merecido aislamiento político de occidente, además de arruinar su ya deteriorada economía, Rusia quedará convertida en un país paria.  

Desde 1945, las naciones ya no se definen por raza, sino por la voluntad de convivir en espacios políticos libres y comunes. Es falso que la geografía de una nación debe coincidir con la raza. Los argumentos putinianos no tienen legitimidad científica ni histórica. El Occidente Libre lo debe saber. Putin es una copia vulgar de Hitler. Y este es el problema. El desquiciado del Kremlin podría llevar su locura a la locura, y hacer pagar al mundo lo inimaginable con su inevitable derrota. No hay que olvidar el peligro que representan 6000 ojivas nucleares en manos de un tirano enloquecido.    

El mundo está presenciando algo mucho más grande que la invasión a una nación libre y democrática. Ésta es una guerra europea entre la libertad y el autoritarismo. Es la batalla entre el nacionalpopulismo y la democracia liberal, los dos grandes proyectos políticos que se disputan el mundo de nuestro tiempo.

El desafío del Occidente democrático es seguir construyendo una fuerza global suficiente para estar a la altura y para llevar esta crisis a las últimas consecuencias para detener al tirano y para liberar y proteger al valiente, digno y luchador pueblo ucraniano.

Las democracias solo son débiles en apariencia. Crecen cuando están amenazadas y por eso aliadas. Esto, el dictador no lo entiende; y aunque es difícil negociar con un déspota que ha perdido la razón, éste es el momento de Occidente para hacer valer los valores de la democracia, la Justicia y la Libertad.

Hoy, Ucrania entera es “La Plaza de la Libertad”. Como debe ser. Gloria a Ucrania.

¿Qué pueden hacer los pueblos si la política, hoy más que nunca, se ha convertido en un desagüe de trúhanes, tiranos y matones?

AMLO (Andrés Manuel López Obrador) en México, el retorno del Kirchnerismo a Argentina, de Evo Morales a Bolivia, la caída del Perú, la dictadura en Nicaragua, lo que viene en Honduras y Chile antes de Navidad, y lo que puede suceder en Colombia y en Brasil en 2022 son la realidad que vive América Latina en el marco de una década de mediocridad política, decaimiento económico y deterioro social; y encima, llega la pandemia.

Ya es hora de que descubramos que América Latina está en llamas y su democracia bajo ataque. Pero las élites no se enteran. Siguen “business as usual” y creen que el derrumbe político regional no les tocará.

La concepción de la política para las responsabilidades de Estado asume que ésta se basa en leyes, honradez, liderazgo, regulaciones técnicas y presupuestos, en un marco constitucional, respetable, respetado, para gobernar por el bien de las naciones.  

Se supone que las políticas públicas que genera esa forma de hacer política se manifiestan en las decisiones y las acciones que toman quienes ostentan el poder político del Estado en beneficio de la gente.

Se suponen muchas cosas que no son y se acumulan promesas que no se cumplen. Con demasiada frecuencia “el bien común” es lo último que importa, no a la política sino a los políticos.  

América Latina tiene graves problemas sociales y económicos, pero nuestro verdadero problema es político. Nuestras desgracias se deben a nuestro subdesarrollo político. No hemos aprendido a gobernarnos ni a escoger políticos que nos gobiernen con honradez y excelencia. Esto no tiene excusa, pero sí tiene explicación, y es que los ciudadanos no hemos logrado construir una cultura societaria fundada en valores, que produzca dirigentes, tecnócratas, estadistas, capaces de gestionar y dirigir la sístole y la diástole de las naciones.  

¿Qué pueden hacer los pueblos si la política, hoy más que nunca, se ha convertido en un desagüe de trúhanes, tiranos y matones?

¿Qué debe hacer la sociedad para motivar a su mejor gente, la más capaz, la más honorable, para que acepte las posiciones en los poderes del Estado?

A través de la historia de la humanidad, es la política la que ha promovido y facilitado el desarrollo de las naciones y el bienestar de su gente; pero también es cierto que cuando la política está en las manos equivocadas, ha destruido países y ha hecho pueblos miserables cuando no prisioneros.

Platón y Aristóteles, 4 siglos antes de la era cristiana, fueron los primeros en estudiar la política como ciencia, como instrumento; como la disciplina que determina la vida de las naciones.

Platón propuso el concepto de La República para ofrecer equilibrio al poder a través de la división de poderes y Aristóteles se consagró al afirmar que la ciencia política es la que define el carácter y la dinámica de las otras ciencias que impactan la vida de los pueblos; y que, por eso, la ciencia política es la más importante.  

Si la política es la ciencia que determina el bienestar de la gente, uno se pregunta, por qué, con tanta frecuencia, en demasiados países, la política está en manos de incapaces y criminales, siempre con la complicidad de los ciudadanos, y siempre ante la indiferencia de las élites.

¿Es ingenuidad, componenda o ignorancia creer que los países mal gobernados pueden salir adelante?

Si la política, en realidad, tiene tal grado de importancia; y de la política dependen el bienestar, la estabilidad y la sobrevivencia de las Repúblicas Democráticas, ¿no cree usted que hacemos muy poco para que la política esté mejor tripulada?

Si tuviéramos que identificar la misión más importante de las actuales generaciones de ciudadanos, ésta sería rescatar los valores en la política y formar una nueva generación de tecnócratas y dirigentes políticos dignos que estén dispuestos a proteger y preservar la democracia republicana y la libertad para América Latina.  

La crisis les enseñó que se puede vivir la vida con menos y que el objetivo de vivirla puede estar más allá de las ambiciones materiales.

Una de las costumbres que tenemos los seres humanos en el amanecer de cada año, es que hacemos un inventario de los problemas que queremos resolver y de los proyectos de vida que deseamos explorar y ejecutar.  

Me parece que podemos coincidir en que, hasta los primeros días de 2020, la vida iba a una velocidad que parecía imparable; y de repente, llegó esa crisis a la que ponen nombres con las letras del alfabeto griego. 

Dos años han pasado; el mundo cambió y también cambió la forma de verlo, enfrentarlo y disfrutarlo. De alguna manera reorganizamos las prioridades de la vida; y hoy, damos más valor a la salud, al tiempo, a la familia. Damos más valor a la libertad.

En ese mundo al que llaman desarrollado porque ha alcanzado niveles de bienestar que en el nuestro solo vemos en las alegorías del discurso político o en las películas, millones de seres humanos están renunciando a sus trabajos y buscando nuevas formas de vivir.

La crisis les enseñó que se puede vivir la vida con menos y que el objetivo de vivirla puede estar más allá de las ambiciones materiales. Y también, la crisis abrió opciones y oportunidades. El mercado laboral, como le llaman, lo permite.

Claro, este es un lujo que se pueden dar lo ciudadanos de naciones que ofrecen los servicios y las certezas que permiten escoger.  

Un amigo latino que vive en el norte del continente, en los días más aciagos de la crisis, con miedo a perder su trabajo, tuvo a su mujer enferma de gravedad y no le dieron permiso para cuidarla. Días más tarde, su abuela, quien lo cuidó desde niño, murió cuando se encontró con una de las letras del alfabeto griego; y tampoco le dieron permiso para ir a su funeral.

Este amigo, triste y con su autoestima lastimada, decidió renunciar y buscar una forma diferente de vivir. El país donde vive se lo ofrece, y encontró algo que le gusta y que le permite ser dueño de su tiempo. Gana menos, dice, pero es más feliz. Claro, gana menos, pero le alcanza. Y hoy sus prioridades tienen un orden diferente.

Ejerció su libertad y siguió siendo consecuente con su responsabilidad individual. Confió en su capacidad creativa, tomo el riesgo y no me extraña que, en poco tiempo, además de llevar una vida más satisfactoria, habrá superado hasta sus ingresos anteriores.

El alfabeto griego está dejando lecciones que debemos aprender. En la América Latina, la región del planeta más golpeada y adolorida, tenemos tareas pendientes que se deben resolver. La primera, exigir honor y honradez al Estado; y la segunda, revivir al ciudadano consciente del valor de su libertad.   

Dicen que la madurez la dan los años, pero en realidad es cuestión de información y aprendizaje; y más en el mundo de hoy.

En estos primeros días de 2022 hagamos el compromiso de seguir buscando la fórmula de la vida; pero que tenga los ingredientes para que seamos consecuentes con nuestros valores, para responder a nuestras prioridades. Y veremos que la salud, el tiempo, la familia y la libertad serán esos valores, esas prioridades que enseñan el camino a ese otro escurridizo, abstracto y subjetivo valor al que llaman felicidad.

Hoy resulta impensable que la élite salga a denunciar -o si quiera acompañe- demandas de transparencia o denuncias periodísticas sobre corrupción gubernamental.

Como he venido reseñando, en los últimos meses del 2016 y los primeros del 2017, encontramos la génesis de muchas de las posiciones que, hasta hoy, sostienen gran parte de la decadente agenda política de la élite local. A partir del día que el financiamiento de campañas entró en la mira de fiscales e investigadores, el proceso anti-corrupción empezó a juzgarse en términos ideológicos. Con ello, se rompió el consenso sobre la necesidad de continuar con la depuración del sistema y avanzar la reforma del Estado.

La votación del 2 de diciembre de 2016, en la que el Congreso rechazó el artículo sobre pluralismo jurídico, marcó el final del hiato reformista. Desde ese día, la discusión de otras reformas (como servicio civil o contrataciones públicas) pasó a segundo plano. Incluso, quienes intentaban rescatar la reforma constitucional para el sector justicia se hacían acreedores del oprobio favorito de los muchachos: “chairo”.

Así como en 1942 Midway marcó el inicio de la imperfecta contraofensiva en el Pacífico, esa votación marcaría el inicio de una serie de eventos y procesos de una imperfecta remontada, pero que ha dejado como resultado ulterior un sistema patrimonialista más rapaz, con mayores niveles de impunidad, sin frenos ni contrapesos, y mayor autoritarismo. Y al igual que en 2015, la élite acomodó sus posturas para alinearse con la agenda anti-corrupción y reformista, a partir de 2017, la élite se ha reacomodado para alinearse con el zeitseist -hoy imperante- de patrimonialismo rapaz, impunidad y autoritarismo.

Veamos algunos casos. En 2014, aún después de pedir permiso, la élite cuestionaba la opacidad y falta de transparencia de la administración PP. Un sentimiento generado a raíz de publicaciones periodísticas e información vox populi sobre actos de corrupción. Hoy, en cambio, resulta impensable que la élite salga a denunciar -o si quiera acompañe- demandas de transparencia o denuncias periodísticas sobre corrupción gubernamental. Cual aplicación moderna del modelo sociológico sobre las élites de Wilfredo Pareto (1916), este sentido tribal de acuerparse con otros actores con quienes comparte batallas e intereses, mas no necesariamente fuentes de capital ni formas de actuación, es una clara muestra de decadencia.

Asimismo, a partir de 2017, las formas y la legitimidad discursiva también han dejado de importar. El caso paradigmático ocurrió hace un par de meses, cuando la élite -sin reparo alguno- abanderó la lucha por la soberanía y cuestionó el apoyo internacional a una togada, en cuyo juzgado se conocían casos complejos de corrupción o cooptación judicial (incluyendo de varios Engels), casos contra personajes vinculados a los Huistas (cuya designación OFAC fue producto de la Operación Guerrilla Unit, la mayor investigación federal sobre operaciones de droga en Guatemala), o casos de financiamiento ilícito de campañas. Eso sí, al igual que con Hayek y las teorías de la conspiración, a Jean Bodino se le recuerda cuando conviene y se le olvida cuando no, puesto que el padre del concepto de la soberanía también decía que para construir un Estado moderno soberano, había que empezar por someter a la nobleza al poder del monarca (ouch!).

De la misma forma, el emplazado respeto por la soberanía tampoco ha sido bilateral, dado que, desde el mismo período, se incrementó el flujo de recursos provenientes de empresas, entidades empresariales, asociaciones y fundaciones locales que encontraron su destino en la política interna norteamericana. Hasta ese momento, la mayor parte del contacto con DC ocurría a través de tanques de pensamiento y organizaciones como el Inter-American Dialogue o el Council of the Americas. Pero a partir de entonces, aumentó la contratación directa de agencias de lobistas. El cambio de táctica respondía a la idea que “al pagar tus propios mariachis, es más fácil pedir tus canciones”. Algunas de ellas, con fines tan simples como gestionar procesos en el marco de CAFTA o contrapesar a las voces en The Hill que apoyan la lucha contra la corrupción o la agenda pro-Derechos Humanos en Guatemala. Así se explica la cercanía de la élite con un ala muy particular -y familiar diría Netflix- del Grand Ol’ Party. Otras canciones han tenido dedicatorias más al estilo de los viejos trucos y bromas: asediar desde DC el trabajo de la Embajada o intentar bloquear designaciones ejecutivas. Y en algunos casos más extremos, encontramos valientes kamikazes que recurrieron al apoyo directo a candidatos alternos en ciertos distritos (CA-35). (Continuará…)

Es momento de que se abra un debate serio respecto de los límites que se han impuesto al ejercicio de los derechos políticos. ¿Lo tendremos?

El pasado 4 de mayo de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un informe de una solución amistosa (SA) a la que se arribó entre el Estado de Guatemala y Zury Ríos, su hija y su entonces candidato vicepresidencial. El reclamo de Ríos deriva de su no inscripción como candidata presidencial en las elecciones generales de 2019. El comunicado de prensa sobre la SA puede leerse aquí y el informe de la SA aquí. Me propongo señalar algunos puntos clave de la SA y preguntar cuáles deben ser los alcances de ésta más allá del caso concreto.

En 2019, Ríos buscó su inscripción como candidata presidencial, pero el Registro de Ciudadanos negó su inscripción. Impugnó esa decisión, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la negativa. A partir de entonces, interpuso una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que la amparó y ordenó su inscripción. Sin embargo, el TSE apeló esa sentencia de amparo y finalmente la Corte de Constitucionalidad (CC) dio la razón al TSE y se canceló su inscripción como candidata presidencial en las elecciones de 2019.

El argumento para negarle la inscripción fue lo establecido en el inciso c) del artículo 186 de nuestra Constitución. La CC, en la resolución de fecha 13 de mayo de 2019, expediente 1584-2019, consideró que:

“Es importante tener en consideración que la prohibición establecida en la literal c) en relación con la literal a) del artículo 186 del Máximo Texto Legal, es clara en su alcance

y contenido, el cual, no es incompatible con el derecho a ser electo conforme a los instrumentos internacionales de los cuales Guatemala forma parte, sino más bien, reafirma los valores democráticos de la forma de gobierno adoptada por Guatemala en congruencia con los principios internacionales.”

La SA no aborda directamente este asunto. Sin embargo, deja varias cuestiones declarativas que tienen efectos más allá del caso concreto de Ríos. Se afirma en la SA:

“4.1.2. En este sentido, el Estado de Guatemala reconoce el derecho humano de participación política de las solicitantes, mismo que se encuentra regulado y protegido por la Constitución Política de la República de Guatemala, Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ende el ejercicio de dicho derecho universal no puede limitarse o restringirse por ningún motivo, partiendo de la igualdad de derechos que le asiste a los hombres y mujeres para participar en (sic) involucrarse en la vida política de la Nación, siempre y cuando se cumplan los requisitos habilitantes que deberán ser calificados por las entidades correspondientes, previo a participar a un cargo de elección popular.”

Más adelante, la SA establece en el apartado IV, párrafo 15: 

“La Comisión Interamericana valora la cláusula declarativa cuarta, específicamente en su numeral 4.1.2., en el cual se reconoce el derecho humano de participación política de las solicitantes y la improcedencia de limites o restricciones al mismo en observancia a lo regulado y protegido por la Constitución Política de la República de Guatemala, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana particularmente, en sus artículos 23 (derechos políticos) y 24 (igualdad ante la ley).”  (Resaltado propio)

Dicho esto, queda claro que Guatemala se compromete a respetar los derechos políticos y a no establecer restricciones que vulneren la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso concreto de Ríos, esto invita a pensar si es posible una interpretación conforme del artículo 186 inciso c), si (como algunos sugieren) la Convención está “por encima” de nuestra Constitución vía artículo 46 (la jurisprudencia de la Corte ha sostenido lo contrario hasta hoy) o si es necesaria una reforma constitucional (aunque el 186 es cláusula pétrea conforme al 281).

Pero también deja otras interrogantes abiertas sobre otras restricciones a los derechos políticos que son comunes en nuestro país. Es el caso de la exigencia del mal llamado finiquito (constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos). Desde 2011 (expedientes acumulados 3123-2011, 3124-2011 Y 3149-2011) la CC sentó jurisprudencia sobre la exigencia del “finiquito” para poder optar a cargos públicos, idea que ganó fuerza en 2016 cuando se incluyó como requisito en el artículo 214, inciso f) como un requisito de inscripción de candidaturas.

El mal llamado “finiquito” no es más que un documento que hace constar si existe o no un proceso de cuentas en curso o si Contraloría ha instado alguna denuncia penal como resultado de una auditoría. No es producto de una condena, sino constancia de que puede haber algún reparo o denuncia “en trámite”. ¿Sería esto compatible con la Convención Americana a la luz de lo resuelto en los casos López Mendoza v Venezuela o Petro Urrego v. Colombia? Lo dudo. 

Lo mismo vale para la jurisprudencia que ha sentado la CC sobre la “idoneidad” como requisito de inscripción. A raíz de una muy cuestionable interpretación del artículo 113 constitucional, la CC a partir de 2015 se avaló rechazar la inscripción de candidaturas por haber sido condenado en el extranjero pese a haber cumplido la condena (Expediente 3986-2015, sentencia de fecha 21 de enero de 2016). El estándar de idoneidad se amplió y se rechazaron candidaturas por tener trámites de antejuicio en curso (Expediente 586-2016, Expedientes acumulados 1158-2016 y 1159-2016 y Expediente 3436-2016). ¿Es esto compatible con la Convención? Nuevamente, lo dudo. Es momento de que se abra un debate serio respecto de los límites que se han impuesto al ejercicio de los derechos políticos. ¿Lo tendremos?