La incompetencia y la corrupción de esos grupos que se dicen de derecha, de los que cada día quedan menos al mando de gobiernos, está facilitando la consolidación del nacional – populismo, siempre autoritario y principalmente de izquierda; que es hoy, el verdadero enemigo de la democracia, del Estado de Derecho y del desarrollo. El verdugo de la libertad.  

El Siglo XXI está demostrando ser un tiempo distinto al que habíamos imaginado. En los apenas 22 años que lleva, vimos el brutal ataque terrorista en Estados Unidos, conocido como el 911. La gran recesión económica que explota en 2008. Las gravísimas y provocadas crisis humanitarias en Yemen, Siria, Venezuela, y ahora, Ucrania; regiones que están creando, también, las crisis de refugiados más severas desde la Segunda Guerra mundial. El cambio climático que, con sus tormentas, inundaciones y sequías está cambiando la faz de la tierra; y encima, aparece una pandemia que encontró al mundo con los calzones abajo; y mientras los subíamos, nos encerraron, con excepción de quienes trabajaban en la mañana para comer por la tarde, que no se dejaron.  

A lo que se debe poner atención es que, desde los primeros días del Siglo XXI, avanzaba en demasiados países del mundo, en especial, en la mayor parte de América Latina, una plaga de políticos y de gobiernos, de izquierda y de derecha, que, en realidad, eran y siguen siendo organizaciones criminales que encontraron en la política y en pueblos fácil de engañar, las formas perfectas para llegar al poder, mal gobernar, someter, saquear y destruir naciones, ilusiones y esperanzas.  

El eje transversal, el común denominador de los problemas que llegaron con el Siglo XXI está en la política; en la forma de gobernarnos y en la pérdida, casi total, de integridad, capacidades y valores. El sistema democrático, liberal y republicano por el que tanta sangre se derramó en los 80s y 90s no logra despegar.    

La incompetencia y la corrupción de esos grupos que se dicen de derecha, de los que cada día quedan menos al mando de gobiernos, está facilitando la consolidación del nacional – populismo, siempre autoritario y principalmente de izquierda; que es hoy, el verdadero enemigo de la democracia, del Estado de Derecho y del desarrollo. El verdugo de la libertad.  

Los ciudadanos del mundo debemos comprender que la gran batalla que se libra en los 5 continentes es entre dos sistemas: el de la democracia y la libertad, contra la cleptocracia autoritaria, de izquierda o derecha. Es una batalla entre el mercado libre, el respeto a la propiedad, la certeza jurídica y la oportunidad de superación en libertad, contra mafias delincuentes que organizan partidos políticos para ejecutar la captura criminal del Estado para convertir naciones de pueblos libres en naciones de esclavos.       

Los pueblos del mundo están hartos de estar hartos de Castro, Chávez, Putín, Maduro, Jinping, Ortega, Kim Jong-un, Lukashenko, Bashar al-Assad y tantos otros. La democracia no es perfecta, pero permite cambiar gobernantes. Estos maleantes se robaron los países que gobiernan a la fuerza e intentan regar su veneno en otras regiones.

Ucrania estaba limpiando su casa y modernizando sus instituciones para ser una democracia con las credenciales suficientes para ser parte de la Unión Europea. Esta es la verdadera razón de la invasión. Putin no podía permitir que el pueblo ruso, cada día más pobre y con menos libertad, viera a sus vecinos ucranianos convertirse en una nación próspera y desarrollada. Por eso, el tirano asesino del Kremlin intenta destruirla.

Las próximas elecciones en Colombia y Brasil definirán el rumbo del Siglo XXI para América Latina. En Colombia, el presidente Duque, hombre decente y de convicciones democráticas, ha gobernado contra la corriente y contra los enemigos de la democracia que quieren capturar Colombia también. Colombia merece una mejor opción que la que un tal Petro propone. Y Brasil, estaría mejor sin Bolsonaro; pero sin duda, merece algo mejor que Lula.

El populismo nacionalista, siempre corrupto y autoritario que practican tantos cínicos déspotas en el mundo es la amenaza más grande del Siglo XXI. Un Siglo que sin duda trajo sus dolores y tormentos; el más peligroso de todos, la plaga de criminales que dicen ser políticos.

Tardaré algunas semanas en procesar las experiencias, las vivencias y las emociones sentidas en este viaje a la tierra invadida por el déspota criminal ruso. Lo que me queda claro es que el respeto y la admiración que siento por el pueblo ucraniano, por su ejército y por su presidente, me acompañarán hasta el último de mis días.

Hace unas horas regresé de Ucrania a Madrid, después de 3 días de lo que será un viaje inolvidable, dramático y triste, pero con esperanza después de ver y entender el espíritu de los ucranianos con los que hablé y conviví más de 60 horas.  

Todo empezó con un viaje de Madrid a Varsovia con el grupo que organizó el viaje. A las 4 de la mañana del viernes volamos 40 minutos en varios helicópteros AS365 Dauphins de Varsovia a Chelm. Y de ahí nos subieron a un convoy militar para iniciar la travesía a Kyiv. Nos pusieron casco y chaleco de kevlar.

Llegamos a Kyiv al final de la tarde, después de parar en varios pueblos, dos de ellos totalmente destruidos por los rusos. No hay palabras para describir aquello. Gente enterrada en jardines y aceras de tierra. Gente por las calles todavía buscando seres queridos.

Recorrimos Kyiv y los alrededores. Me impresionaron de sobremanera las evidencias de los crímenes de guerra cometidos por los rusos en la ciudad de Bucha y no pude evitar una fuerte taquicardia cuando paramos en dos cementerios improvisados con cientos de fosas comunes.  

Nos llevaron a “dormir” a Irpin, al noroeste de Kyiv. Ciudad que los rusos dejaron destruida pero después de que los irpeños les dieran una paliza. La consideran una ciudad “segura” y lejos de las zonas donde se están librando las batallas de estos días. Por supuesto, no pegué un ojo las dos noches que pasamos en esa escuela abandonada que usamos de base para movernos por la región.

Algunos de los soldados ucranianos que nos acompañaron hablan razonablemente bien el inglés. Muchachos jóvenes la mayoría comandados por un capitán que perdió parte de su familia en un bombardeo. El drama que viven es brutal, pero están dispuestos a morir por la libertad de su país.  

Nos reunimos con dirigentes de sociedad civil, con técnicos de varios tanques de pensamiento y con el director general del National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute, desde el que piensan organizar el plan de reconstrucción de Ucrania después de que “saquen a los rusos de su país”. Palabras de ellos que celebré con emoción.

Fui testigo de las ofertas y planes de ayuda para que el NTUU KPI sea la base técnica e intelectual desde la que harán el diseño y la propuesta de políticas públicas para la Ucrania que quedará después de esta injusta, cobarde e innecesaria invasión. Ellos coordinarán con el gobierno democrático el plan de desarrollo para la nueva Ucrania. Su director expresó con lágrimas en los ojos que desean construir una nación europea moderna con división de poderes, Estado de Derecho y libertad.

En la agenda del viaje no estaba previsto que viéramos al Presidente Zelensky, pero hubo dos intentos del grupo organizador para que nos recibiera. Sin embargo, fue imposible. Estaban preparando la visita de alguien más importante. Hubiera sido un gran honor estrechar la mano de quien es ya uno de los grandes héroes del Siglo XXI.    

Por razones de seguridad nos dejaron prender el celular en dos ocasiones durante dos minutos para revisar mensajes y para avisar a quien quisiéramos que estábamos bien. La verdad es que fue un viaje con “radio silence” y mucha tensión. Así lo decidieron los organizadores por respeto a las víctimas. Y también, porque afirman que Putin está despachando a Ucrania bandas de mercenarios de varias nacionalidades para perseguir extranjeros que llegan a ayudar, destruir las operaciones de suministro y asesinar a quienes considere una amenaza a sus planes. Nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad para garantizar la seguridad de organizadores y miembros de la misión.

Tardaré algunas semanas en procesar las experiencias, las vivencias y las emociones sentidas en este viaje a la tierra invadida por el déspota criminal ruso. Lo que me queda claro es que el respeto y la admiración que siento por el pueblo ucraniano, por su ejército y por su presidente, me acompañarán hasta el último de mis días.

Tardaré algunas semanas en procesar las experiencias, las vivencias y las emociones sentidas en este viaje a la tierra invadida por el déspota criminal ruso. Lo que me queda claro es que el respeto y la admiración que siento por el pueblo ucraniano, por su ejército y por su presidente, me acompañarán hasta el último de mis días.

Hace unas horas regresé de Ucrania a Madrid, después de 3 días de lo que será un viaje inolvidable, dramático y triste, pero con esperanza después de ver y entender el espíritu de los ucranianos con los que hablé y conviví más de 60 horas.  

Todo empezó con un viaje de Madrid a Varsovia con el grupo que organizó el viaje. A las 4 de la mañana del viernes volamos 40 minutos en varios helicópteros AS365 Dauphins de Varsovia a Chelm. Y de ahí nos subieron a un convoy militar para iniciar la travesía a Kyiv. Nos pusieron casco y chaleco de kevlar.

Llegamos a Kyiv al final de la tarde, después de parar en varios pueblos, dos de ellos totalmente destruidos por los rusos. No hay palabras para describir aquello. Gente enterrada en jardines y aceras de tierra. Gente por las calles todavía buscando seres queridos.

Recorrimos Kyiv y los alrededores. Me impresionaron de sobremanera las evidencias de los crímenes de guerra cometidos por los rusos en la ciudad de Bucha y no pude evitar una fuerte taquicardia cuando paramos en dos cementerios improvisados con cientos de fosas comunes.  

Nos llevaron a “dormir” a Irpin, al noroeste de Kyiv. Ciudad que los rusos dejaron destruida pero después de que los irpeños les dieran una paliza. La consideran una ciudad “segura” y lejos de las zonas donde se están librando las batallas de estos días. Por supuesto, no pegué un ojo las dos noches que pasamos en esa escuela abandonada que usamos de base para movernos por la región.

Algunos de los soldados ucranianos que nos acompañaron hablan razonablemente bien el inglés. Muchachos jóvenes la mayoría comandados por un capitán que perdió parte de su familia en un bombardeo. El drama que viven es brutal, pero están dispuestos a morir por la libertad de su país.  

Nos reunimos con dirigentes de sociedad civil, con técnicos de varios tanques de pensamiento y con el director general del National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute, desde el que piensan organizar el plan de reconstrucción de Ucrania después de que “saquen a los rusos de su país”. Palabras de ellos que celebré con emoción.

Fui testigo de las ofertas y planes de ayuda para que el NTUU KPI sea la base técnica e intelectual desde la que harán el diseño y la propuesta de políticas públicas para la Ucrania que quedará después de esta injusta, cobarde e innecesaria invasión. Ellos coordinarán con el gobierno democrático el plan de desarrollo para la nueva Ucrania. Su director expresó con lágrimas en los ojos que desean construir una nación europea moderna con división de poderes, Estado de Derecho y libertad.

En la agenda del viaje no estaba previsto que viéramos al Presidente Zelensky, pero hubo dos intentos del grupo organizador para que nos recibiera. Sin embargo, fue imposible. Estaban preparando la visita de alguien más importante. Hubiera sido un gran honor estrechar la mano de quien es ya uno de los grandes héroes del Siglo XXI.    

Por razones de seguridad nos dejaron prender el celular en dos ocasiones durante dos minutos para revisar mensajes y para avisar a quien quisiéramos que estábamos bien. La verdad es que fue un viaje con “radio silence” y mucha tensión. Así lo decidieron los organizadores por respeto a las víctimas. Y también, porque afirman que Putin está despachando a Ucrania bandas de mercenarios de varias nacionalidades para perseguir extranjeros que llegan a ayudar, destruir las operaciones de suministro y asesinar a quienes considere una amenaza a sus planes. Nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad para garantizar la seguridad de organizadores y miembros de la misión.

Tardaré algunas semanas en procesar las experiencias, las vivencias y las emociones sentidas en este viaje a la tierra invadida por el déspota criminal ruso. Lo que me queda claro es que el respeto y la admiración que siento por el pueblo ucraniano, por su ejército y por su presidente, me acompañarán hasta el último de mis días.

La derogación del reglamento es una mala noticia para todos

El lunes, se publicó en el diario oficial un acuerdo gubernativo (151-2022) que dispone derogar el “Reglamento para la Contratación del Seguro de Responsabilidad Civil contra Terceros de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros y de Carga”. En pocas palabras, no será obligatorio para el transporte colectivo y de carga contratar un seguro por responsabilidad civil contra terceros.

Desde que se aprobó la Ley de Tránsito en 1996 se estableció en el artículo 29 la obligación de los propietarios de vehículos de contratar, como mínimo, un seguro de responsabilidad contra terceros y ocupantes. Pero, la Ley de Tránsito establece al final de ese artículo que esta contratación del seguro será “conforme las disposiciones reglamentarias de esta ley”.

Como siempre, por décadas las distintas administraciones interpretan que la ley es papel mojado y nunca se reglamentó lo referente al seguro de daños. Así que, conforme a la técnica de interpretación “güizachística”, “si no hay reglamento, no hay obligación”, se ha sostenido. Naturalmente una práctica delirante, pero ese es tema para otra ocasión.

En el 2001, mediante acuerdo gubernativo 265-2001, se reglamentó la contratación de seguro de responsabilidad civil, pero únicamente para el transporte extraurbano. Fue hasta 2020 que, el expresidente Morales, antes de dejar la presidencia, dejó aprobado el reglamento para el seguro de responsabilidad civil para transporte colectivo y de carga. 

La actual administración prorrogó cuatro veces la entrada en vigor del reglamento y finalmente el pasado lunes dispuso derogarlo. Todo motivado por la presión de algunos gremios de transportistas que se han opuesto ferozmente a esta disposición.

La necesidad de obligar a los trasportistas a contratar seguro de daños a terceros y pasajeros es crucial por razones económicas y legales. Si el mandato constitucional es que el Estado debe proteger la vida y la seguridad de las personas, está claro que tiene obligación de exigirlo. 

Por otra parte, económicamente también tiene sentido exigir a cualquier proveedor de servicios de transporte asegurarse. El transporte es una actividad que conlleva un riesgo para pasajeros y terceros. Si ocurre un accidente y resultan heridos y fallecidos pasajeros o terceros, en ausencia de un seguro de responsabilidad civil, serían el piloto y la empresa de transporte los responsables de indemnizar a las víctimas.

Sin embargo, está claro que el monto de las indemnizaciones correspondientes sería alto y ni el piloto ni la empresa estarían en la capacidad de responder con su patrimonio. Alguien podría pensar que un pasajero que elige voluntariamente viajar en un autobús que no cuenta con seguro asume el costo por conducirse en una unidad no asegurada a cambio de un precio más bajo (según las cifras disponibles entre Q0.03 y Q0.10 por pasaje).

Sin embargo, esto esconde dos problemas. Primero, que los costos de transacción son altos. Los costos de la información de saber si uno sube a un autobús que no está asegurado, pero que está en buenas condiciones (o malas), entre otros, son prohibitivos. Segundo, los accidentes de tránsito suelen afectar a terceros y estos no “aceptaron” entrar en una transacción. Simplemente son afectados. Por eso, la derogación del reglamento es una mala noticia para todos.

La derogación del reglamento es una mala noticia para todos

El lunes, se publicó en el diario oficial un acuerdo gubernativo (151-2022) que dispone derogar el “Reglamento para la Contratación del Seguro de Responsabilidad Civil contra Terceros de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros y de Carga”. En pocas palabras, no será obligatorio para el transporte colectivo y de carga contratar un seguro por responsabilidad civil contra terceros.

Desde que se aprobó la Ley de Tránsito en 1996 se estableció en el artículo 29 la obligación de los propietarios de vehículos de contratar, como mínimo, un seguro de responsabilidad contra terceros y ocupantes. Pero, la Ley de Tránsito establece al final de ese artículo que esta contratación del seguro será “conforme las disposiciones reglamentarias de esta ley”.

Como siempre, por décadas las distintas administraciones interpretan que la ley es papel mojado y nunca se reglamentó lo referente al seguro de daños. Así que, conforme a la técnica de interpretación “güizachística”, “si no hay reglamento, no hay obligación”, se ha sostenido. Naturalmente una práctica delirante, pero ese es tema para otra ocasión.

En el 2001, mediante acuerdo gubernativo 265-2001, se reglamentó la contratación de seguro de responsabilidad civil, pero únicamente para el transporte extraurbano. Fue hasta 2020 que, el expresidente Morales, antes de dejar la presidencia, dejó aprobado el reglamento para el seguro de responsabilidad civil para transporte colectivo y de carga. 

La actual administración prorrogó cuatro veces la entrada en vigor del reglamento y finalmente el pasado lunes dispuso derogarlo. Todo motivado por la presión de algunos gremios de transportistas que se han opuesto ferozmente a esta disposición.

La necesidad de obligar a los trasportistas a contratar seguro de daños a terceros y pasajeros es crucial por razones económicas y legales. Si el mandato constitucional es que el Estado debe proteger la vida y la seguridad de las personas, está claro que tiene obligación de exigirlo. 

Por otra parte, económicamente también tiene sentido exigir a cualquier proveedor de servicios de transporte asegurarse. El transporte es una actividad que conlleva un riesgo para pasajeros y terceros. Si ocurre un accidente y resultan heridos y fallecidos pasajeros o terceros, en ausencia de un seguro de responsabilidad civil, serían el piloto y la empresa de transporte los responsables de indemnizar a las víctimas.

Sin embargo, está claro que el monto de las indemnizaciones correspondientes sería alto y ni el piloto ni la empresa estarían en la capacidad de responder con su patrimonio. Alguien podría pensar que un pasajero que elige voluntariamente viajar en un autobús que no cuenta con seguro asume el costo por conducirse en una unidad no asegurada a cambio de un precio más bajo (según las cifras disponibles entre Q0.03 y Q0.10 por pasaje).

Sin embargo, esto esconde dos problemas. Primero, que los costos de transacción son altos. Los costos de la información de saber si uno sube a un autobús que no está asegurado, pero que está en buenas condiciones (o malas), entre otros, son prohibitivos. Segundo, los accidentes de tránsito suelen afectar a terceros y estos no “aceptaron” entrar en una transacción. Simplemente son afectados. Por eso, la derogación del reglamento es una mala noticia para todos.

Es necesario y urgente levantar la voz de alerta sobre esta crisis de hambre que pronto estará ocupando las portadas de los medios de comunicación.

El mundo se encuentra a las puertas de una crisis de hambre provocada por diversos factores como la invasión rusa en Ucrania y otros conflictos políticos, los fenómenos climáticos extremos que son consecuencia del cambio climático y los efectos económicos de la pandemia que han precarizado la situación económica de millones de personas y provocado el aumento generalizado en los precios de los alimentos y las materias primas. 

Como es de esperar, esta crisis de hambre golpeará de manera más fuerte a los países que ya tenían condiciones precarias de seguridad alimentaria, que son aquellos con más población en condiciones de pobreza y en donde existen mayores desigualdades. 

Según el Programa Mundial de Alimentos, en el mundo existen 2,300 millones de personas en situación se inseguridad alimentaria moderada y grave y el 11% están en América Latina y el Caribe, región que solo entre diciembre 2021 y marzo 2022 ha sumado más de medio millón de personas en situación de inseguridad alimentaria severa. 

También la Organización de la Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), publicó en mayo del 2022 un informe en donde alerta sobre esta inminente crisis alimentaria. Según el documento, de 2020 para hoy, se ha registrado un incremento de casi 40 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda o peor en 53 países. Según este informe, el número de personas en condiciones de inseguridad alimentaria prácticamente se duplicó entre 2016 y 2021.

Como se mencionó anteriormente, la invasión rusa en Ucrania está teniendo repercusiones en la seguridad alimentaria mundial. Esto se debe en parte a un alarmante aumento en los controles gubernamentales a las exportaciones de alimentos. Según un artículo del presidente del Banco Mundial, en pocas semanas el número de países que han impuesto restricciones a las exportaciones de alimentos aumentó en un 25%, llegando a un total de 35 países. Según los últimos datos, hasta fines de marzo, se habían puesto en marcha 53 nuevas intervenciones normativas que afectaban el comercio de alimentos: 31 restringían las exportaciones y 9 implicaban frenos a las exportaciones de trigo. El artículo mencionado recuerda que este tipo de restricciones provocaron hace una década un aumento de 30% en los precios del trigo, que tuvo un fuerte impacto en la situación alimentaria de millones de personas en todo el mundo.

Según la Global Network Against Food Crises, cuatro países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) y Haití tenían en 2020 más de 11.8 millones de personas en situación de crisis alimentaria media o alta, un incremento dramático desde las mediciones que se hacían en 2019. Esto significa que en un año común los hogares tienen déficits alimenticios que se extienden por 2 o 4 meses del año y consistentemente consumen alimentos de calidad muy pobre.

Sin embargo, 2020, 2021 y 2022 no fueron años comunes y en Guatemala algunas voces alertan ya sobre la llegada de una de las peores crisis de hambre que se ha visto en la historia reciente del país.

Está crisis está siendo provocada por factores como la precarización de la situación económica de miles de personas por efecto de la pandemia que en 2020 golpeó al empleo formal con la pérdida de 60,939 empleos y 17,400 empleos previstos que no se generaron, un retroceso de 5 años para la generación de empleo formal en el país, el cual ha luchado en los últimos años para recuperarse a los niveles prepandemia, que ya presentaba un déficit importante para poder cubrir a las más de 200 mil personas que se suman a la PEA todos los años. También el empleo informal y de subsistencia se vio golpeado por la pandemia debido a los cierres de actividades y los meses de restricción en ciertas actividades.

El segundo factor que contribuye a esta crisis de hambre que se cierne sobre la región y el país, es el precio de los fertilizantes y otros productos necesarios para la agricultura; desde 2020 los mercados ya reportaban un aumento de los precios de entre 60% y 100% dependiendo del tipo de fertilizante y la región en donde se tomara la muestra. Dos años de aumento en los precios están provocando escasez de fertilizantes e impidiendo que miles de pequeños agricultores puedan adquirir el producto que necesitan para los cultivos que venden y consumen.

El tercer factor que incide en la situación de inseguridad alimentaria de miles de personas son los eventos climáticos extremos. Un ejemplo reciente son las tormentas Eta e Iota que golpearon fuertemente al país en medio de la crisis sanitaria del COVID-19. En noviembre del 2020, el Ministerio de Agricultura publicaba que los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Petén, Quiché, Santa Rosa y Zacapa, reportaron daños en cultivos de granos básicos, hortalizas y cultivos industrializables debido a lluvias y vientos provocados por las tormentas. De estos, se estima un área dañada de 136,761.20 hectáreas, y 204,500 familias afectadas. La estimación de la pérdida económica asciende a Q 897,160,992.35. Los cultivos más afectados fueron maíz, frijol, plátano, banano, tomate, cebolla y brócoli, sumando daños en cardamomo y café. Esto ha provocado un incremento de precios en el mercado mayorista.

Los efectos de esta crisis alimentaria serán duraderos para un país como Guatemala que ya lucha con cifras alarmantes de desnutrición crónica y pobreza. El país está acumulado todos los ingredientes para una tormenta perfecta de crisis sociales que pueden desencadenar en crisis políticas en el futuro cercano.

Situaciones de crisis como estás solo pueden atenuarse con la acción certera e inmediata de los gobiernos, que necesitan dedicar esfuerzos y recursos para reducir los riesgos de una emergencia alimentaria y humanitaria de corto y mediano plazo, mientras se implementan políticas de largo plazo para combatir la desnutrición crónica y recuperar el sistema educativo que fue fuertemente golpeado por la emergencia sanitaria de los últimos años. 

De momento es necesario y urgente levantar la voz de alerta sobre esta crisis de hambre que pronto estará ocupando las portadas de los medios de comunicación. Todavía hay cosas que se pueden hacer para evitar una tragedia humanitaria que costará muchas vidas y significará un retroceso importante para los esfuerzos de desarrollo del país y la región.

Es necesario y urgente levantar la voz de alerta sobre esta crisis de hambre que pronto estará ocupando las portadas de los medios de comunicación.

El mundo se encuentra a las puertas de una crisis de hambre provocada por diversos factores como la invasión rusa en Ucrania y otros conflictos políticos, los fenómenos climáticos extremos que son consecuencia del cambio climático y los efectos económicos de la pandemia que han precarizado la situación económica de millones de personas y provocado el aumento generalizado en los precios de los alimentos y las materias primas. 

Como es de esperar, esta crisis de hambre golpeará de manera más fuerte a los países que ya tenían condiciones precarias de seguridad alimentaria, que son aquellos con más población en condiciones de pobreza y en donde existen mayores desigualdades. 

Según el Programa Mundial de Alimentos, en el mundo existen 2,300 millones de personas en situación se inseguridad alimentaria moderada y grave y el 11% están en América Latina y el Caribe, región que solo entre diciembre 2021 y marzo 2022 ha sumado más de medio millón de personas en situación de inseguridad alimentaria severa. 

También la Organización de la Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), publicó en mayo del 2022 un informe en donde alerta sobre esta inminente crisis alimentaria. Según el documento, de 2020 para hoy, se ha registrado un incremento de casi 40 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda o peor en 53 países. Según este informe, el número de personas en condiciones de inseguridad alimentaria prácticamente se duplicó entre 2016 y 2021.

Como se mencionó anteriormente, la invasión rusa en Ucrania está teniendo repercusiones en la seguridad alimentaria mundial. Esto se debe en parte a un alarmante aumento en los controles gubernamentales a las exportaciones de alimentos. Según un artículo del presidente del Banco Mundial, en pocas semanas el número de países que han impuesto restricciones a las exportaciones de alimentos aumentó en un 25%, llegando a un total de 35 países. Según los últimos datos, hasta fines de marzo, se habían puesto en marcha 53 nuevas intervenciones normativas que afectaban el comercio de alimentos: 31 restringían las exportaciones y 9 implicaban frenos a las exportaciones de trigo. El artículo mencionado recuerda que este tipo de restricciones provocaron hace una década un aumento de 30% en los precios del trigo, que tuvo un fuerte impacto en la situación alimentaria de millones de personas en todo el mundo.

Según la Global Network Against Food Crises, cuatro países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) y Haití tenían en 2020 más de 11.8 millones de personas en situación de crisis alimentaria media o alta, un incremento dramático desde las mediciones que se hacían en 2019. Esto significa que en un año común los hogares tienen déficits alimenticios que se extienden por 2 o 4 meses del año y consistentemente consumen alimentos de calidad muy pobre.

Sin embargo, 2020, 2021 y 2022 no fueron años comunes y en Guatemala algunas voces alertan ya sobre la llegada de una de las peores crisis de hambre que se ha visto en la historia reciente del país.

Está crisis está siendo provocada por factores como la precarización de la situación económica de miles de personas por efecto de la pandemia que en 2020 golpeó al empleo formal con la pérdida de 60,939 empleos y 17,400 empleos previstos que no se generaron, un retroceso de 5 años para la generación de empleo formal en el país, el cual ha luchado en los últimos años para recuperarse a los niveles prepandemia, que ya presentaba un déficit importante para poder cubrir a las más de 200 mil personas que se suman a la PEA todos los años. También el empleo informal y de subsistencia se vio golpeado por la pandemia debido a los cierres de actividades y los meses de restricción en ciertas actividades.

El segundo factor que contribuye a esta crisis de hambre que se cierne sobre la región y el país, es el precio de los fertilizantes y otros productos necesarios para la agricultura; desde 2020 los mercados ya reportaban un aumento de los precios de entre 60% y 100% dependiendo del tipo de fertilizante y la región en donde se tomara la muestra. Dos años de aumento en los precios están provocando escasez de fertilizantes e impidiendo que miles de pequeños agricultores puedan adquirir el producto que necesitan para los cultivos que venden y consumen.

El tercer factor que incide en la situación de inseguridad alimentaria de miles de personas son los eventos climáticos extremos. Un ejemplo reciente son las tormentas Eta e Iota que golpearon fuertemente al país en medio de la crisis sanitaria del COVID-19. En noviembre del 2020, el Ministerio de Agricultura publicaba que los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Petén, Quiché, Santa Rosa y Zacapa, reportaron daños en cultivos de granos básicos, hortalizas y cultivos industrializables debido a lluvias y vientos provocados por las tormentas. De estos, se estima un área dañada de 136,761.20 hectáreas, y 204,500 familias afectadas. La estimación de la pérdida económica asciende a Q 897,160,992.35. Los cultivos más afectados fueron maíz, frijol, plátano, banano, tomate, cebolla y brócoli, sumando daños en cardamomo y café. Esto ha provocado un incremento de precios en el mercado mayorista.

Los efectos de esta crisis alimentaria serán duraderos para un país como Guatemala que ya lucha con cifras alarmantes de desnutrición crónica y pobreza. El país está acumulado todos los ingredientes para una tormenta perfecta de crisis sociales que pueden desencadenar en crisis políticas en el futuro cercano.

Situaciones de crisis como estás solo pueden atenuarse con la acción certera e inmediata de los gobiernos, que necesitan dedicar esfuerzos y recursos para reducir los riesgos de una emergencia alimentaria y humanitaria de corto y mediano plazo, mientras se implementan políticas de largo plazo para combatir la desnutrición crónica y recuperar el sistema educativo que fue fuertemente golpeado por la emergencia sanitaria de los últimos años. 

De momento es necesario y urgente levantar la voz de alerta sobre esta crisis de hambre que pronto estará ocupando las portadas de los medios de comunicación. Todavía hay cosas que se pueden hacer para evitar una tragedia humanitaria que costará muchas vidas y significará un retroceso importante para los esfuerzos de desarrollo del país y la región.

El decreto 4-2020 era un instrumento restrictivo, que además complica muchísimo la inscripción y operación de las ONG

En abril acudió al Congreso de la República el director del Registro de Personas Jurídicas (REPEJU) para informar acerca de la implementación del polémico decreto 4-2020 que reformó a la ley de ONG.

En esa oportunidad, el registrador informó que en Guatemala operan 1,871 ONG y que únicamente 204 cumplieron con la obligación de actualización que impone el decreto 4-2020. Asimismo, informó que hay más de 15,000 asociaciones, fundaciones y federaciones y que “se estará analizando si funcionan como organizaciones no gubernamentales o cuál es su forma de operar en el país”.

Estos dos aspectos merecen atención. Por una parte, como se dijo en su momento, el decreto 4-2020 era un instrumento restrictivo, que además complica muchísimo la inscripción y operación de las ONG. Es bien conocido en el gremio, además, que ya antes de esta reforma el REPEJU era uno de los registros más complicados del país. 

La falta de cumplimiento de la mayoría de ONG a la actualización denota también la falta de difusión de la información, de la falta de guías y lineamientos por parte de las autoridades para que las entidades obligadas se prepararan oportunamente para su actualización. La regla general ha sido la incertidumbre. 

La necesidad de guías y lineamientos claros es especialmente importante teniendo en cuenta que, de momento, la Corte de Constitucionalidad tiene en suspenso varias disposiciones del decreto 4-2020.

Por otra parte, el anuncio que se hace desde el REPEJU del análisis de si otras entidades que no son ONG “funcionan como organizaciones no gubernamentales” añade todavía más incertidumbre al panorama. 

¿A qué se refieren con que “funcionen” como ONG? Quien ha constituido una fundación o una asociación, ¿puede considerarse ONG? Este es el tema que despierta mayores debates entre abogados.

El artículo 4 del decreto 4-2020 es un auténtico desastre porque acarrea una suerte de “fuero de atracción” dado que enumera una tipología de ONG. Por otra parte, he mencionado antes que el expediente 538-2003 estableció: 

“(…) en opinión de esta Corte, debe concluirse que son las personas que ejercen su libertad de asociación, a quienes compete la calificación y determinación si la entidad privada que constituyen es una “ONG”, y así deberán manifestarlo y sujetarse, por lo tanto, a la normativa en análisis, o bien si acuerdan crear otra clase o tipo de asociación civil que, aunque tenga intereses de los enumerados anteriormente, no encuadra en la calificación de “ONG”” (Resaltado propio) 

Ciertamente el artículo 4 de la Ley de ONG fue reformado, pero lo que ha hecho es una enumeración de lo que ya establecía el artículo anterior. En tal sentido, se sostendría el criterio de que son las personas que se asocian quienes eligen la denominación de su persona jurídica. Sería conveniente que el REPEJU diera aclaraciones en alguna guía oficial para evitar confusiones.

El decreto 4-2020 era un instrumento restrictivo, que además complica muchísimo la inscripción y operación de las ONG

En abril acudió al Congreso de la República el director del Registro de Personas Jurídicas (REPEJU) para informar acerca de la implementación del polémico decreto 4-2020 que reformó a la ley de ONG.

En esa oportunidad, el registrador informó que en Guatemala operan 1,871 ONG y que únicamente 204 cumplieron con la obligación de actualización que impone el decreto 4-2020. Asimismo, informó que hay más de 15,000 asociaciones, fundaciones y federaciones y que “se estará analizando si funcionan como organizaciones no gubernamentales o cuál es su forma de operar en el país”.

Estos dos aspectos merecen atención. Por una parte, como se dijo en su momento, el decreto 4-2020 era un instrumento restrictivo, que además complica muchísimo la inscripción y operación de las ONG. Es bien conocido en el gremio, además, que ya antes de esta reforma el REPEJU era uno de los registros más complicados del país. 

La falta de cumplimiento de la mayoría de ONG a la actualización denota también la falta de difusión de la información, de la falta de guías y lineamientos por parte de las autoridades para que las entidades obligadas se prepararan oportunamente para su actualización. La regla general ha sido la incertidumbre. 

La necesidad de guías y lineamientos claros es especialmente importante teniendo en cuenta que, de momento, la Corte de Constitucionalidad tiene en suspenso varias disposiciones del decreto 4-2020.

Por otra parte, el anuncio que se hace desde el REPEJU del análisis de si otras entidades que no son ONG “funcionan como organizaciones no gubernamentales” añade todavía más incertidumbre al panorama. 

¿A qué se refieren con que “funcionen” como ONG? Quien ha constituido una fundación o una asociación, ¿puede considerarse ONG? Este es el tema que despierta mayores debates entre abogados.

El artículo 4 del decreto 4-2020 es un auténtico desastre porque acarrea una suerte de “fuero de atracción” dado que enumera una tipología de ONG. Por otra parte, he mencionado antes que el expediente 538-2003 estableció: 

“(…) en opinión de esta Corte, debe concluirse que son las personas que ejercen su libertad de asociación, a quienes compete la calificación y determinación si la entidad privada que constituyen es una “ONG”, y así deberán manifestarlo y sujetarse, por lo tanto, a la normativa en análisis, o bien si acuerdan crear otra clase o tipo de asociación civil que, aunque tenga intereses de los enumerados anteriormente, no encuadra en la calificación de “ONG”” (Resaltado propio) 

Ciertamente el artículo 4 de la Ley de ONG fue reformado, pero lo que ha hecho es una enumeración de lo que ya establecía el artículo anterior. En tal sentido, se sostendría el criterio de que son las personas que se asocian quienes eligen la denominación de su persona jurídica. Sería conveniente que el REPEJU diera aclaraciones en alguna guía oficial para evitar confusiones.

El presidente tiene en sus manos vetar un proyecto que tiene posibles vicios de inconstitucionalidad y que no conviene a los intereses de la nación

El pasado miércoles, 1 de junio de 2022, el Congreso aprobó el decreto 30-2022 que reforma el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. Este decreto tiene tres aspectos importantes.

Por una parte, “garantiza” a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) que los fondos que no ejecute en 2022, se “acumularán” y podrán ejecutar en 2023 por ellos mismos.

En segundo lugar, se modificó el artículo 129 del referido decreto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 que destinaba Q290 millones para que los Codedes ejecutaran fondos en apoyo a la “Gran Cruzada Nacional por la Nutrición”, pero “específicamente” para “proyectos de agua, saneamiento, drenajes y otros proyectos relacionados”. La modificación añadió la palabra “infraestructura”. Algo que no se justifica. 

Tercero, se incluyó una enmienda que agrega un párrafo al artículo 82 del decreto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. Este artículo disponía que, para contribuir a la transparencia del gasto, las entidades respectivas debían incorporar coordenadas geográficas para cada obra, así como “colocar dispositivos de grabación digital para visualizar en línea el desarrollo integral de las obras a través de internet”.

Sin embargo, la enmienda incluye una excepción a esta disposición para “proyectos que por estar ubicados en área rural, no cuenten con los servicios adecuados para el funcionamiento”.

Como parte del proceso legislativo, este decreto llegará a manos del presidente quien puede sancionarlo o vetarlo. Ya varias organizaciones pidieron el veto de este decreto.

¿Hay razones de peso para vetarlo? Creo que sí y son al menos dos. Por una parte, nuestra Constitución, artículos 237 y 238, concibió que las reglas relativas al presupuesto constarán en la Ley Orgánica del Presupuesto (LOP). En tal sentido, los decretos de los presupuestos anuales no pueden contrariar las disposiciones de la LOP.

Al disponer el decreto 30-2022 que los fondos no ejecutados por Codedes estarán disponibles para su ejecución en 2023, se contraría lo dispuesto en el artículo 38 de la LOP que establece:

 “Los saldos de efectivo que permanecieren en las cajas de las dependencias del Estado al treinta y uno de diciembre de cada año y que no correspondieran a obligaciones pendientes de pago a esa fecha, deben ser reintegrados a la Tesorería Nacional.” 

Es decir, los fondos no ejecutados por los Codedes deberían regresar al fondo común por disposición de LOP y el decreto 30-2022 sería una forma de “saltarse” esta norma presupuestaria. Por eso sería inconstitucional esta disposición. 

El segundo argumento para vetar el decreto 30-2022, es que la enmienda al artículo 82 antes referida, va en detrimento de la transparencia de la ejecución presupuestaria. 

En tal sentido, el presidente tiene en sus manos vetar un proyecto que tiene posibles vicios de inconstitucionalidad y que no conviene a los intereses de la nación. El actual mandatario ha ejercido su derecho de veto en varias ocasiones. Solo en 2022 ya ha vetado la ley de vacunación (decreto 6-2022) y la Ley para la Protección de la Vida y la Familia (decreto 18-2022). Veremos cuál es su decisión sobre este particular.