El pasado viernes 31 de agosto, el presidente Jimmy Morales anunció la no renovación del mandato de CICIG. ¿Cuáles son los escenarios políticos tras esta noticia?
El pasado viernes 31, el presidente Jimmy Morales –en conferencia de prensa acuerpado por el alto mando militar y policial- anunció que no renovaría el mandato de CICIG; decisión que ocurrió minutos después que vehículos artillados circularan en las afueras de la sede de CICIG y la Embajada Americana.
El presidente Morales tiene la facultad para solicitar la “no-ampliación” del Acuerdo de CICIG. Sin embargo, la comunicación del mensaje era innecesaria, puesto que como lo han mencionado los abogados Alexander Aizenstatd y Mario Fuentes Destarac, cuando un Acuerdo tiene una vigencia específica, no se hace necesaria la comunicación sobre la no-renovación del mismo.
Por ello, la lectura es que la conferencia de prensa tenía un trasfondo más allá de la decisión sobre la no renovación del Acuerdo. Sobre ello, existen tres teorías:
1. La operación del viernes pasado tenía más profundidad que un mero anuncio comunicacional. Mucho se ha especulado sobre la posibilidad que el Gobierno tenía preparada una expulsión del Comisionado, y que la circulación de vehículos artillados fuera de la sede de la Comisión, era parte de un equipo que escoltaría al Jefe de CICIG al aeropuerto. Dicha operación, de acuerdo a las fuentes informadas, habría sido detenida gracias a la gestión de la comunidad internacional. Esta teoría ha circulado de forma profusa en redes y fue recogida por ElPeriódico.
2. En diversos círculos antagónicos a la CICIG, circuló el argumento que el presidente Morales no era de fiar, puesto que no había logrado ponerle un alto a la CICIG. Por ello, varios diputados habrían tomado la decisión de sacrificar al Presidente. Eso iba a implicar que el Congreso le retiraría el antejuicio por el caso de Financiamiento Electoral Ilícito. En este sentido, la acción de Morales habría sido un esfuerzo por reposicionarse de cara al resto de aliados del bando anti-CICIG, y mostrar su fuerza como el articulador del esfuerzo por detener los avances judiciales.
3. Los eventos del viernes constituyeron una medición de fuerzas y reacciones. El anuncio sobre la no-renovación del mandato cayó justo en la línea gris de lo legal y legítimo (la decisión fue completamente legal; los actores que se oponen a la decisión la pueden cuestionar por razones de legitimidad mas no de legalidad). Por tal razón, vimos que actores institucionales como CACIF y Cámara de Industria reconocieron que el Presidente actuó de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo, y respaldaron lo actuado. Al respaldo de Sector Privado se sumaron diputados clave (Álvaro Arzú, Felipe Alejos) y el grupo Guatemala Inmortal. Frente a ello, la mayor parte de sociedad civil, el Frente Ciudadano contra la Corrupción, la comunidad internacional, algunos partidos pequeños manifestaron su rechazo. La división también se manifestó en Washington: congresistas y senadores demócratas manifestaron su rechazo a la acción de Gobierno, mientras el Secretario de Estado, Mike Pompeo publicó un mensaje que ha sido interpretado como un respaldo al presidente Morales.
La realidad parece una mezcla de las tres teorías. Sobre la base de la tercera, se esperaba que en días venideros el Gobierno realizara más acciones en contra de CICIG y el Comisionado Velásquez. Esa nueva batería de acciones se materializó el martes 4 de septiembre con el anuncio que el Gobierno no permitiría el ingreso al país del Comisionado (quien se encontraba en Estados Unidos por un viaje de trabajo).
Esta acción ya plantea un escenario legal más complejo que la decisión de no renovar el Acuerdo de CICIG. Primero, porque hay por lo menos cuatro amparos vigentes de agosto 2017 que suspendieron la declaratoria de “persona non-grata” del Comisionado y ordenaron al Gobierno a activar el artículo 12 del Acuerdo de CICIG (que establece que cualquier diferencia debe abordarse por medio de la negociación). En octubre 2017, derivado de una decisión de no renovar la visa del Comisionado, la CC emitió una ejecución de amparo, en la cual señalaba que la protección de los amparos estaba vigente, que el Gobierno debía suspender cualquier acción dirigida a impedir el funcionamiento de CICIG en Guatemala, y que en caso de no obedecer, ordenaría la destitución de los funcionarios que desacatasen la resolución.
Por tal razón, la decisión de hoy plantea un escenario más complejo, con varias alternativas:
1. Los interponentes de los amparos del 2017 pueden solicitar nuevamente a la Corte de Constitucionalidad una “ejecución de amparo”, y bajo la línea de lo resuelto en octubre 2017, la CC seguramente ordenaría que se deje sin efecto la orden de no dejar entrar al país al Comisionado.
2. Se podría presentar un nuevo amparo, con lo cual la CC entraría a conocer el caso como si fuera de cero. La expectativa es que de igual manera suspendería lo actuado por parte de Gobierno.
3. La CC no da con lugar el amparo y deja vigente la orden del Gobierno, con lo cual Velásquez no podría retornar al país. ONU estaría obligada a evaluar si dar seguimiento al Acuerdo de CICIG y enviar a un nuevo Comisionado, o darle terminación anticipada.
En los escenarios 1 y 2, existe la posibilidad que el Gobierno no acate la resolución, con lo cual la CC podría ordenar la destitución de los funcionarios que entran en desacato (incluyendo el Presidente). El desacato a la resolución implicaría un escenario de ruptura constitucional, sólo comparable con el Serranazo de 1993. Un escenario de ruptura constitucional podría traer efectos muy negativos en términos de imagen país, financiamiento internacional, calificación de riesgo crediticio, sanciones comerciales, etc. (similar a la situación que vivió Honduras en 2009 y 2010).
A diferencia de la noticia del 31 de agosto, esta decisión ha generado reacciones más duras por parte de Washington, medios internacionales y actores nacionales.
Fotografía: Embajada de Estados Unidos
