¿Qué cambió para que hoy el país enfrente una nueva crisis de inseguridad?
Lo ocurrido en Guatemala el segundo fin de semana de enero no puede entenderse como un hecho aislado ni como una simple escalada de violencia coyuntural. Es, más bien, la manifestación visible de una crisis de inseguridad que se ha venido incubando durante años, alimentada por decisiones políticas cuestionables y un proceso de debilitamiento institucional intencional.
En 2009, Guatemala figuraba entre los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios de 46 por cada 100 mil habitantes. Para 2025, esa cifra se redujo a 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta caída no convirtió a Guatemala en un país seguro, pero sí evidenció que durante más de una década hubo cambios que contuvieron, al menos parcialmente, la violencia homicida.
Hasta el momento no existe un consenso entre expertos sobre las causas de esa reducción, pero la evidencia encontrada sugiere cinco factores clave:
La reforma policial implementada entre 2010 y 2015, que avanzó en la profesionalización de mandos y procedimientos.
Golpes sostenidos a estructuras criminales, producto de una mejor investigación criminal y mayor coordinación entre la fiscalía y el Ministerio de Gobernación.
Los programas de prevención de la violencia impulsados a nivel municipal y gubernamental.
La cooperación internacional continua, orientada a fortalecer al Ministerio Público y al sistema de justicia.
Y una reconfiguración del crimen organizado, que redujo las disputas de territorio y optó por operar de forma más estratégica y menos visible.
Estos elementos no erradicaron del todo la violencia, pero sí se percibió una leve reducción de la impunidad en ciertos delitos y una mayor capacidad del Estado para investigar y desarticular redes criminales.
Una pregunta relevante es qué cambió para que hoy el país enfrente una nueva crisis de inseguridad. La respuesta es que muchos de esos avances mencionados anteriormente fueron desmontados en años recientes.
Entre 2018 y 2019, se desarticuló la cúpula policial formada durante los años de la reforma, bajo el argumento de depurar vínculos con la CICIG. Con ello, no solo se removieron personas, sino también capacidades técnicas, experiencia acumulada y redes de coordinación interna.
En paralelo, según datos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), desde la llegada de la actual administración, el Ministerio Público entró en un proceso de debilitamiento sostenido. Estudios recientes muestran una caída drástica en su capacidad para ofrecer respuestas de calidad y una tasa de impunidad que supera el 90% en delitos de alto impacto social como homicidios, femicidios, secuestros, extorsiones y otros. A esto se suma un patrón alarmante: una proporción significativa de los casos reportados como “resueltos” corresponde, en realidad, a desestimaciones o engavetamiento de las denuncias.
El mensaje que se ha dado recientemente a las estructuras criminales es claro: el riesgo de ser investigado, procesado y condenado es mínimo.
Este escenario se agrava con un sistema de justicia cooptado, un sistema penitenciario frágil y subfinanciado, y decisiones recientes en materia de seguridad mal gestionadas. Episodios como fugas masivas de privados de libertad, el manejo errático de líderes criminales que están en prisión o pactos oscuros con estos mismos en busca de una supuesta tregua, son señales de un Estado que perdió capacidad de control.
No extraña que las organizaciones criminales prueben límites, envíen mensajes y ajusten cuentas sabiendo que la respuesta institucional será lenta, débil o inexistente.
La violencia no aparece de la nada. Se construye, se tolera y se normaliza. Donde el Estado es débil y la justicia es selectiva o inexistente, la violencia no es la excepción, es la regla.
