El desenlace de este segundo fraude está en manos de la Corte de Constitucionalidad.
Guatemala enfrenta un problema que trasciende lo coyuntural: la captura de instituciones clave por redes de poder que operan al margen de la legalidad. El pasado 8 de abril, el país presenció otro episodio de captura institucional en la Universidad de San Carlos. Este no es un hecho aislado, sino la repetición de un patrón.
Walter Mazariegos no es, ni ha sido nunca, el rector de la USAC. Su proclamación responde a un proceso viciado que perpetúa el deterioro de la única universidad pública del país.
Este guion no es nuevo. Mazariegos usurpó la rectoría de la USAC por primera vez en 2022 con el respaldo del Gobierno de Giammattei, del Ministerio Público de Consuelo Porras y de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes entregarán el cargo el 14 de abril de 2026.
Para dimensionar la gravedad del caso, es necesario explicar el sistema que se utiliza para elegir en la universidad. La USAC no elige a su rector por voto directo, sino mediante "cuerpos electorales" integrados por representantes de facultades, colegios profesionales, docentes y estudiantes. Estos cuerpos eligen a 170 electores, quienes, junto con el rector, conforman el padrón de 171 votos que decide la rectoría ante el Consejo Superior Universitario (CSU).
Durante este proceso, la oposición a Mazariegos logró victorias en aproximadamente 22 de los 34 cuerpos electorales, evidenciando un rechazo mayoritario a la actual administración. Este dato es clave, pues demuestra que, incluso bajo condiciones adversas y denuncias de irregularidades, la correlación de fuerzas no favorecía al grupo usurpador.
Al no poder controlar el resultado de las urnas, Mazariegos y su estructura activaron una segunda fase: la manipulación a través del CSU, órgano que controlan. Mediante decisiones discrecionales, el Consejo anuló o se negó a acreditar a la mayoría de los cuerpos electorales opositores bajo argumentos arbitrarios, mientras validaba sin cuestionamientos a los afines al oficialismo.
El efecto fue determinante. De los 76 electores acreditados, solo 73 participaron en la sesión de elección. Con un quórum mínimo de 39, el proceso avanzó a pesar de que la oposición intentó romper el quórum retirándose. El resultado fue previsible: Mazariegos se declaró ganador con 50 votos en un proceso diseñado a su medida.
Esto es más que una disputa universitaria; es un caso de manual sobre la captura de órganos de decisión y de tortura de la legalidad para legitimar resultados definidos de manera fraudulenta.
Las implicaciones de este fraude trascienden las aulas de la universidad. La USAC no solo forma profesionales, sino que administra una cantidad significativa de recursos públicos (no menos del 5 % del presupuesto nacional según la CPRG) y posee representación en múltiples organismos y oficinas del Estado. Su captura política afecta directamente la institucionalidad del país.
Nuevamente el desenlace de este segundo fraude está en manos de la Corte de Constitucionalidad. Su fallo no solo determinará la validez de este proceso, sino que enviará una señal sobre la capacidad de las instituciones guatemaltecas para corregir desviaciones graves del Estado de derecho. No se trata solo de quién dirige la universidad, sino de si las reglas pueden torcerse con total impunidad.
Guatemala está en un punto de inflexión. Permitir la consolidación de estos procesos equivale a seguir normalizando la captura institucional como método de acceso al poder. La USAC es un caso emblemático y el país no puede permitirse ignorarlo.
