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Combatir la fragmentación y contrarrestar propuestas.

La sociedad política guatemalteca es bastante compleja. Para empezar, hay dos dimensiones de actores que coexisten en un mismo tiempo y espacio bajo lógicas e incentivos diferentes.

Por un lado, encontramos a los actores político-partidarios, que con honrosas excepciones, han sido los grandes participantes de esta juerga de 30 años de expoliación. Los actores partidarios se rigen bajo una lógica puramente patrimonialista: obtener rentas de la acción política. Para ellos, las campañas y el financiamiento político no son más que la inversión que permite participar de la repartición de utilidades de los negocios patrimonialistas. La actividad partidaria tampoco se caracteriza por ser ideológica o programática. Tan sólo piense cuándo fue la última vez que escuchó a un partido político sentar postura frente a los grandes temas del país, o en relación a los temas que más fisura social generan (modelo económico, justicia transicicional post-conflicto, el debate sobre la utilización de recursos naturales, etc.) Para terminarla de amolar, los partidos tampoco se preocupan por generar organización formal, sino que recurren al modelo de franquicias para tercerizar en caciques locales la administración de la marca. En pocas palabras, son meros vehículos organizados para acceder a la repartición del patrimonio del Estado.

Frente a esta dinámica, encontramos la segunda dimensión de actores en nuestra sociedad política: los actores no partidistas. Aquí encontramos una amalgama bastante amplia de sectores y actores. Desde el empresariado con sus cámaras y gremios, pasando por las organizaciones sociales, tanques de pensamiento, expresiones de la academia, medios de comunicación, pensadores, columnistas de prensa, por mencionar algunos. En este mundo la dinámica es diametralmente opuesta a los partidos. Aquí florece la ideología. Sin ir tan lejos: en Guatemala las universidades tienen más ideología que los mismos partidos políticos. También, aquí vemos mayor esfuerzo por generar propuesta programática. Y sobre todo, son los actores que rápidamente toman posturas ante las dinámicas estructurales y coyunturales del país.

Sin embargo, esta segunda dimensión de actores tiene un gran problema. Derivado de la historia reciente del país, de los traumas no sanados del conflicto armado, del modelo de educación escolástica que impera en el país - en dónde se fomenta la repetición de verdades y no el cuestionamiento y el pensamiento crítico - y como consecuencia de nuestra tradicional desconfianza, impera la fragmentación y la polarización. Esto hace muy complicado que diversos sectores puedan incluso sentarse en una misma mesa, aún si sus posiciones no son tan divergentes entre sí. También provoca que exista desconfianza y rencor mutuo a flor de piel: los empresarios no se sientan a dialogar con organizaciones sociales y viceversa; los académicos y profesionales de la Universidad liberal no se sientan con los de la Universidad pública y viceversa. Y así sucesivamente el mal se repite una y otra vez.

Todo lo anterior tiene dos efectos. Primero, una enorme anomia política que limita la capacidad de los grupos relevantes de la sociedad de plantear agendas en común. Y segundo, la incapacidad de los actores fragmentados y polarizados de actuar como contrapeso al poder de los actores partidarios que operan bajo lógicas patrimonialistas.

Por ello, y en un contexto de cambio político, resulta imperativo que los actores del segundo grupo guarden las espadas, dejen de lado los prejuicios y se atrevan a entrar en un proceso de discusión sobre los grandes temas urgentes para el país. Solamente mediante el esfuerzo de contrarrestar propuestas y reconocer que en los grandes ejes institucionales no existe mayor divisionismo, podremos establecer las bases para una agenda mínima de país.

En el 2002, dos de cada tres privados de libertad guardaba prisión preventiva. Para el 2016, la cifra habría caído a uno de cada dos.

Hace uns semanas se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del exdiputado Manuel Barquín, quien guardaba prisión preventiva por el caso “Lavado y Política”. Rápidamente varios diputados instrumentalizaron el hecho y culparon a la jueza que envió a prisión preventiva por la muerte del señor Barquín.

Y sí, querido lector: en Guatemala se abusa de la prisión preventiva. Existimos muchísimas personas que lo hemos repetido desde siempre. Pero a los políticos nunca les interesó. Peor aún, en el pasado reciente los propios diputados aprobaron leyes que obligan a los jueces a aplicar la prisión preventiva sin excepción.

En el 2002 (hace 16 años ya) MINUGUA recomendaba «aplicar sistemas que eviten el encarcelamiento por faltas y delitos menores o la prolongación innecesaria de la prisión preventiva», al tiempo que hacían ver su preocupación porque 2 de cada 3 privados de libertad guardaba prisión preventiva y no había condena. Para 2016 la cifra había caído a 1 de cada 2.«La prisión preventiva se utiliza ampliamente y no como una medida excepcional, inclusive por delitos menores», rezaba el informe que repite una frase que hoy sigue siendo tan válida como cuando se publicaba el informe.

Un informe de CEJA de 2013 titulado Prisión preventiva en América Latina también retrató la precaria situación de Guatemala en cuanto al abuso de la prisión preventiva. Finalmente, en 2016 la propia PDH publicaba su informe La aplicación de la prisión preventiva en Guatemala: un problema de derechos humanos en el cual se sumaba a las voces que denunciaban el abuso de la prisión preventiva en nuestro país.

¿Qué hizo la clase política entretanto? Dos cosas: 1. Poco o nada por revisar o mejorar la legislación que daba lugar al abuso de la prisión preventiva; y 2. Aprobar leyes que crean casos que obligan a los jueces a aplicar la prisión preventiva.

Es el caso más sangrante fue el decreto legislativo 17-2009 que en su artículo 27 pretendía que los jueces enviaran a los acusados a prisión preventiva, sin excepción, si el delito que se les imputaba tenía una pena inconmutable. Una medida que lesionaba directamente la presunción de inocencia y que fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 1994-2009.

En el 2008 aprobaron el decreto 22-2008 que establecía que todos los acusados por delito de femicidio no podían gozar de medida sustitutiva sino ser enviados sin excepción a prisión preventiva. En el 2013 aprobaron el decreto 6-2013 por medio del cual reformaron el artículo 264 del Código Procesal Penal y establecieron 10 delitos en los cuales obligaban a los jueces a enviar a los acusados a prisión preventiva. Naturalmente esto dio lugar a que aumentara notablemente el número de personas en prisión preventiva.

Por eso, querido lector, la clase política ha sido parte del problema del abuso de la prisión preventiva. Provoca escozor escuchar la hipocresía de algunos miembros de la clase política que hoy pretenden dar lecciones de derechos humanos y hasta entonces no movieron un dedo para cambiar las cosas.

El abuso de la prisión preventiva es un drama que viven miles de guatemaltecos. Nuestros diputados deberían estar trabajando por resolver el problema que legislaturas anteriores han creado en lugar de llenarse la boca con discursos oportunistas. La única iniciativa que han aprobado que podría mejorar el tema es el decreto 49-2016 que establece la implementación del “brazalete” como medida de sustitución a la prisión preventiva. Para colmo de males el Ministerio de Gobernación aun no compra los brazaletes y por eso no ha logrado implementar la medida. Quizá ese debería ser el foco de atención de los diputados antes que las diatribas que hemos escuchado en los últimos días.

Centroamérica es una región de contrastes y contradicciones, con una historia llena de víctimas y dolores, pero también repleta de sueños y esperanzas.

La región tiene en su haber dictaduras, golpes de Estado, guerras, fraudes electorales, corrupción, insuficiente crecimiento económico, falta de oportunidades y pobreza. En años más recientes se ha contaminado con el narcotráfico, el crimen organizado y un aumento en la conflictividad social; a lo que se suma la incapacidad de las élites, especialmente la política, para gobernar la región con más transparencia, mejores resultados, concepto de Estado y visión de largo plazo.

Resulta confuso escuchar a economistas, analistas y empresarios, cuando dicen que las cosas van bien y celebran que el crecimiento para este año podría ser de 4,2%.Centroamérica va bien para quienes hemos resuelto nuestra vida económica y social. Lo que no queremos ver son los millones de seres humanos que viven en pobreza permanente, lo poco que hacemos para reducirla y la inestabilidad política que esto genera.

Costa Rica y Panamá lo hacen mucho mejor que los otros cuatro; crecen con más facilidad, manejan mejor sus problemas políticos y podrían salir adelante. Los otros (Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala) se la pasan entre el caos y en una peligrosa cuerda floja.

Según CEPAL, los países de América Central lograron reducir la pobreza en los últimos 17 años, a excepción de Guatemala, donde se incrementó. Sólo Panamá logró reducir la pobreza al mismo ritmo que América Latina. Para los cuatro rezagados, los números confirman la gravedad del problema. Tienen niveles de pobreza del 42 al 74% y su lentitud para reducirla amenaza lo poco que avanzan.

De acuerdo al Banco Mundial, en los últimos 17 años, Nicaragua, Costa Rica y Panamá lograron tasas de crecimiento económico relativamente altas. Por el contrario, Guatemala, El Salvador y Honduras tuvieron un crecimiento económico insuficiente. El crecimiento de Nicaragua es relevante por su bajo punto de partida: tiene el segundo ingreso per cápita más bajo de América Latina. Solo Haití es más pobre.

En 1999 éramos 35 millones. Hoy somos 46 y en 2025 seremos 52. En cuatro de los seis países centroamericanos la economía no crece suficiente para atender el crecimiento de su población. No lo ha hecho en 30 años. Llegan al mercado laboral más jóvenes que las oportunidades que se generan.

“De cara al futuro, necesitamos lograr un crecimiento de al menos 7%, en el marco de una sólida institucionalidad.”

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua continúan siendo países con un Estado de Derecho sumamente frágil. Son naciones inestables, con mucha carga ideológica, con alta conflictividad social, escaso liderazgo, con el nivel educativo más bajo del continente y seguimos siendo la región más violenta del planeta.

No se trata de ver el vaso medio vacío o medio lleno, o de que se deba ser optimista por cultura. Dejémosle esos ejercicios a los terapeutas. Por supuesto que hay cosas buenas en la región pero son insuficientes. El problema de Centroamérica es que en cualquier momento puede caer en peores manos de las que está. En especial los cuatro países del norte.

Nuestra institucionalidad democrática es frágil y corruptible. Tenemos “elecciones libres” cada cierto tiempo –Nicaragua es caso aparte—pero eso no garantiza nada. En cada elección, dadas las características de la oferta política y del electorado, podríamos sufrir un grave retroceso que puede durar décadas.

El futuro de Centroamérica depende de que formemos una nueva clase dirigente y rescatemos la política; de que instituyamos un verdadero Estado de Derecho, logremos la integración regional y un crecimiento de 7%. De que combatamos la pobreza con efectividad y que la educación sea de verdad. Necesitamos Estados fuertes con visión de largo plazo. Estos son los pilares para construir nuestra región. Estamos a tiempo.

Una propuesta en el combate a la corrupción.

Desde finales de los años noventa, los expertos en el combate contra la criminalidad organizada llegaron a una conclusión: para derrotar a los grupos de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas o de corrupción, hay que embargar los bienes y activos que hayan sido adquiridos, o utilizados por medio de actividades ilícitas. La idea es que al golpear el poder económico de las estructuras criminales, no sólo se limita su capacidad de operar, sino también, de acceder a poder de fuego, o de corromper a autoridades y operadores de justicia.

De esta filosofía, surge la legislación de extinción de dominio, como herramienta que permite a los Estados embargar y tomar control sobre los bienes de las estructuras criminales. En el caso de Guatemala, la Ley de Extinción de Dominio ha estado vigente desde el año 2010, pero ha sido gracias a la ola de casos de corrupción, que se ha generado mayor atención pública a los esfuerzos por tomar control de los bienes procedentes de estructuras ilícitas y de corrupción. En los últimos años, hemos visto cómo una infinidad de propiedades, bienes inmuebles y vehículos vinculados a Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón y otros más han pasado a manos del Estado.

Sin embargo, se ha presentado un problema en el esquema de la lucha anticorrupción. Si bien los procesos de extinción de dominio avanzan y empiezan a arrojar resultados, existe siempre la duda de qué ocurrirá con el dinero en efectivo guardado en caletas. Y si pareciera muy hollywoodesca esta afirmación, no olvidemos que en los allanamientos de Boutique Emilio, la sede operativa de La Línea, se incautaron 1 millón 600 mil quetzales; o que en la residencia de Alfonzo Castillo –ex-Intendente Jurídico de SAT– se incautaron casi Q3 millones de quetzales en efectivo.

Agreguemos algo más. La circulación de billetes de 200 quetzales en el mercado parece estar ralentizada. Pregúntese usted, ¿qué tan frecuentemente recibe usted un billete de dicha denominación? Si elimina las transacciones bancarias, ¿qué tan frecuente ve usted la circulación de los citados billetes en transacciones ordinarias? Este fenómeno hace pensar a expertos criminalísticos y estudiosos de procesos monetarios, que muchos de dichos billetes se encuentran encaletados.

De ser así, existen dos soluciones para atajar el fenómeno. La primera, que las autoridades logren hallar las caletas por medio de las investigaciones, para luego proceder con el decomiso y extinción de dominio. Pero ante la lentitud de dicha ruta, existe una alternativa que pasa por el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria: cambiar el diseño de los billetes de Q200 y dar un plazo para que los guatemaltecos cambien los billetes actuales por los nuevos, siempre bajo un registro personal, tal y como se ha implementado en el control cambiario de dólares.

Esta alternativa pondría en aprietos a los grupos criminales, que se verían obligados a cambiar con celeridad los billetes encaletados. Y al implementar el control respectivo, la Intendencia de Verificación Especial podrá levantar las alertas correspondientes cuando identifique patrones anómalos o excesivos de cambio de billetes. Y dichas alertas, a su vez, permitirían realizar investigaciones de inteligencia financiera que podrían servir como base para identificar estructuras de lavado vinculadas a los actores de la criminalidad organizada y la corrupción.

El dictador “benevolente” es un mito que muy pocas veces sucede en la realidad.

América Latina ha sido una región de dictadores. Y lo que es peor, una región en la que la democracia ha sido muy poco valorada por los ciudadanos. Existe la percepción dentro de la población que la democracia no resuelve adecuadamente los problemas de su país y que un dictador “benevolente” sí tiene los arrestos para poner orden y tomar las decisiones que se necesitan. Es usual escuchar comentarios en los cuales se suspira por las épocas en la que los dictadores resolvían todo de forma ágil y efectiva.

Y este pensamiento es indistinto de la ideología que se profese. Cuando el chavismo tomó control de Venezuela, la izquierda latinoamericana defendió a capa y espada los “buenos resultados” que estaban registrando los programas sociales. Poco o nada les importó que Chávez estuviera destruyendo por completo la institucionalidad de ese país. Lo importante eran los supuestos resultados. Sin embargo, hoy en día es claro quesi no se basa en una democracia liberal, la reducción en la pobreza solo será temporal. Eventualmente el poder absoluto del dictador terminará destruyendo la vida de los ciudadanos, como ha sucedido en ese país.

Lo mismo ocurre en el caso de Nicaragua. Por un tiempo, muchos analistas económicos de derecha hablaron maravillas del modelo que estaba implementando Ortega. Se le colocaba como el ejemplo a seguir en Centroamérica. Pero de nuevo, obviaron por completo el hecho que estaba consolidando una dictadura al tomar el control de todas las instituciones del Estado. Al día de hoy, van más de 350 personas asesinadas por el régimen de terror de Ortega y la economía está por los suelos.

Tanto Venezuela como Nicaragua, demuestran que resulta un terrible error obviar el daño que se hace a las instituciones de un país, en busca de un resultado de corto plazo, sea éste crecimiento económico o desarrollo social. Un dictador siempre es malo, no importa si es de derecha o de izquierda, y los ciudadanos jamás debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos fundamentales.

Pero nunca falta quién diga que China, Singapur y Chile se desarrollaron gracias a una dictadura y que por tanto, ese debería ser el camino a seguir. Ante este argumento, solo queda decir que tanto África, como América Latina han estado plagadas de dictaduras a lo largo de su historia y sin embargo, seguimos siendo regiones subdesarrolladas. El dictador “benevolente” es un mito que muy pocas veces sucede en la realidad. Hay que recordar la célebre frase de Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Y esa ha sido la tragedia de América Latina. Hemos tenido gobiernos que han tenido poco o ningún límite y el resultado ha sido el subdesarrollo, además de un terrible saldo en cuanto a violaciones a los derechos humanos. Es el peor de los mundos: sin desarrollo y sin respeto a los derechos fundamentales. No obstante, seguimos suspirando por las dictaduras.

La pregunta en todo esto es, ¿por qué razón en América Latina seguimos fascinados con los dictadores y apreciamos tan poco la democracia liberal? Posiblemente porque nos encanta pensar que podemos tomar atajos al desarrollo. La izquierda quiere desarrollo social y la derecha quiere crecimiento económico tan pronto como sea posible, sin importar el costo para lograrlo. Alcanzar fines por cualquier medio. Una visión por demás cortoplacista y mezquina.

El desarrollo de occidente está íntimamente ligado al nacimiento paulatino de las democracias liberales. Poco a poco se fue consolidando el respeto a los derechos individuales, lo que permitió que los logros económicos y sociales perduraran en el tiempo. Aún con todos sus problemas, las sociedades occidentales continúan brindando el mejor nivel de vida a sus ciudadanos, comparado con el resto del planeta.

Quizá llegó el momento que América Latina deje de fascinarse por los dictadores y comience a tomar en serio esforzase por construir auténticas democracias liberales.

Columna publicada originalmente en El Periódico.

La lucha contra la corrupción puso a la sociedad guatemalteca frente a un espejo, nos enseñó las debilidades del sistema político y puso a una parte de la estructura de corrupción del Estado contra las cuerdas.

El concepto del “efecto CICIG” nació en redes sociales y ha sido esgrimido en distintos espacios por detractores de la Comisión, en un intento desesperado por hacer una relación de causa y efecto entre el trabajo de la lucha contra la corrupción y la situación económica que atraviesa el país.

Por fortuna, tenemos datos y argumentos más sólidos sobre el tema que nos ayudan a comprender la situación económica del país, no voy a profundizar en el tema económico pues prefiero ponerlo en manos de los economistas, dejo aquí un artículo con información sobre el tema.

En resumen, el artículo muestra que la desaceleración económica del país puede explicarse al analizar algunas variables importantes como: la caída del sector minero debido a la decisión de la Corte de Constitucionalidad sobre la Mina San Rafael; la caída de la inversión privada; una reducción de las exportaciones y del precio de los productos de exportación; el aumento de los precios en los productos de importación; la depreciación del peso mexicano que ha provocado un incremento del contrabando; la negligencia del gobierno respecto a la infraestructura nacional; una reducción significativa de la inversión pública; y una desaceleración en el crecimiento de las remesas.

Tomando en cuenta estos factores, es fácil concluir que el verdadero efecto CICIG no es económico sino más bien social, político e institucional. La lucha contra la corrupción puso a la sociedad guatemalteca frente a un espejo, nos enseñó las debilidades del sistema político y puso a una parte de la estructura de corrupción del Estado contra las cuerdas. Un esfuerzo loable pero insuficiente frente a los retos que todavía tenemos.

Hoy el tema de la lucha contra la corrupción parece haber generado un poco de cansancio en la opinión pública. Aun así, la Comisión sigue trabajando, aparentemente de la mano de la nueva administración del Ministerio Público y seguramente veremos más casos, muy pronto. Sin embargo, el futuro de la CICIG tambalea, pues es probable que su enemigo número uno, el Presidente Morales, sea quien tenga que confirmar el acuerdo con Naciones Unidas en 2019 y seguramente hará todo lo posible por sacarla del país, especialmente en un momento en el que apoyo de Estados Unidos a la Comisión puede cambiar.

En este contexto, los guatemaltecos debemos trascender de la discusión superficial sobre la lucha contra la corrupción. El verdadero “efecto CICIG” debe ser ese atisbo de esperanza sobre el futuro del país que se implantó en muchas personas. La Comisión logró poner temas muy importantes sobre la mesa y ojalá pueda seguir trabajando, pero de no ser así, es necesario comenzar a hablar de un futuro de combate a la corrupción desde el fortalecimiento de nuestras instituciones, la redignificación de la política y la construcción de un modelo de desarrollo.

La única manera de hacer realidad estos objetivos es a través del diálogo franco entre los actores sociales más importantes del país. Debemos buscar una tregua, romper las barreras invisibles que hemos formado a nuestro alrededor y definir una agenda de trabajo por los temas que pueden ayudarnos a salir de la crisis política e institucional en la que estamos.

Para esto necesitamos verdaderos líderes políticos, que no tengan miedo de fijar posturas claras y que puedan convocar a un diálogo por el país. ¿En dónde están?

Algunos argumentan que imponer restricciones restringe la libertad de asociación pues se “obliga” a un diputado a permanecer en un bloque legislativo determinado. ¿Importará más la libertad del diputado o el voto por partido de los ciudadanos?

En el Congreso de la República existe zozobra por el texto vigente del artículo 205 Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). De acuerdo con esta norma, los partidos políticos tienen prohibido recibir en sus bloques legislativos a los diputados “tránsfugas”, es decir, aquellos que se cambien de partido político una vez electos. Pero lo que más preocupa a los diputados es que el texto en discusión les impide correr en la elección del año entrante.

Ante esta situación los diputados han intentado dar marcha atrás a dicha reforma por dos caminos. Primero, el 11 de mayo pasado el diputado Linares Beltranena presentó una iniciativa de ley que pretendía reformar varios artículos de la LEPP (entre ellos el 205 Ter) debido a que los textos de 11 artículos que aprobaron en 2016 no fueron los que la Corte de Constitucionalidad (CC) dictaminó favorablemente.

Ciertamente la redacción del 205 Ter sobre la que dictaminó la CC guarda ciertas diferencias con la que se encuentra en vigor. El texto original establecía que la prohibición de los bloques legislativos para recibir diputados que decidieran cambiarse de partido político únicamente tendría vigencia dentro de los tres años posteriores a la elección. Dado que se trata de un posible vicio de procedimiento, lo propio sería que el Congreso someta a evaluación de la Corte de Constitucionalidad el texto antes que efectuar esta reforma.

Por otra parte, el diputado Hernández Azmitia presentó una iniciativa de ley para derogar el artículo 205 Ter de la LEPP. Dicha iniciativa es la 5442 y se presentó el pasado 11 de junio y aun no cuenta con el dictamen de la comisión de asuntos electorales del Congreso. De derogarse el artículo en discusión el transfuguismo volvería a ser permitido de forma irrestricta.

Ante esta disyuntiva es preciso someter a discusión el transfuguismo como tal. Algunos argumentan que imponer restricciones restringe la libertad de asociación pues se “obliga” a un diputado a permanecer en un bloque legislativo determinado. Sin embargo, el contraargumento es que en el modelo actual los diputados son elegidos por listas cerradas, por lo tanto el elector realmente elige al partido y no al diputado directamente. De hecho, cuando un diputado “tránsfuga” causa vacante le sustituye el siguiente en la lista del partido que lo eligió y no del partido al que se unió después de ser electo.

Por otro lado conviene hacer un examen más profundo de la conveniencia o no de la práctica del transfuguismo. Para algunos el transfuguismo dota de un poder excesivo al partido político en detrimento de las opiniones personales de los diputados del bloque legislativo. Lo cierto es que para otros el transfuguismo genera un mal incentivo para la consolidación de partidos políticos que canalicen las demandas de los electores. Por lo anteriormente dicho, conviene comenzar a tratar el tema con seriedad. El asunto da para muchos más análisis.

Ser dictador es fácil. Solo hay que saber usar la ignorancia y el miedo de los débiles y la ambición y el egoísmo de los poderosos.

Solo un criminal o un loco puede pretender quedarse en el poder porque le da la gana y a la fuerza, después de recibir el repudio colectivo y la exigencia general para que renuncie a un cargo al que llegó con trampas y en el que se quiere mantener por iluminado, por charlatán y por abusivo.

Deshonesto, corrupto y asesino son los señalamientos que se le hacen 24 horas al día desde todos los puntos cardinales. Usted nunca tuvo la intención de respetar ni siquiera las reglas retorcidas que le llevaron al poder, después de la oscura alianza que hiciera con otro igual que usted. Su naturaleza es ser dictador, deshonesto y, cuando se le antoja, homicida.

Esos números con los que presumía eran mentira. Cuando se viene desde tan abajo cualquier avance es positivo, pero siempre insuficiente. Y encima, no era gracias a usted sino a pesar de usted. Pero aún así, presumía con el esfuerzo de otros; un esfuerzo que hoy está destruyendo con su ambición, con su miedo y con su locura.

Sus aliados accidentales, los acomodados que no querían olas porque ellos estaban bien, la mayoría de sus socios y muchos de sus cómplices le están abandonando. Su título de comandante está llegando al final. Dentro de poco, ya no mandará ni en su casa, si es que alguna vez lo hizo.

Tal vez ahora, cuando ya no pueda usar de forma abusiva y prepotente el poder podrá ser juzgado con un debido proceso y en un juicio justo. Necesitará una buena defensa. Ser acusado de corrupto, violador y asesino no es cualquier cosa. Pero al menos, usted tendrá la oportunidad de defenderse. Una oportunidad que usted no dio a ninguna de sus víctimas.

Comandante, renuncie usted. La historia le juzgó desde el primer día que llegó al poder en la forma en que lo hizo. Por sus actos deshonrosos y sus crímenes solo le queda salir corriendo para que no le alcance la sed de justicia y el ansia de reivindicación de un pueblo al que usted ha condenado al ostracismo y la servidumbre.

Ser dictador es fácil. Solo hay que saber usar la ignorancia y el miedo de los débiles y la ambición y el egoísmo de los poderosos. Claro, no tan poderosos como usted.

Comandante, renuncie usted. Permita que la libertad y la democracia vuelvan a ser dignas de ese nombre. Permita que la gente de esa tierra a la que usted pretende convertir en su finca deje de sufrir. Ya hizo bastante daño. Ya causó suficiente sufrimiento. Llegó la hora de la libertad y la democracia.

Comandante, renuncie usted. Que haya por lo menos un acto en su vida que la gente de esa tierra pueda agradecerle.

Este texto pudo ser inspirado en las más crueles novelas negras de América Latina. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia.

Desde el 18 de abril de 2018 las ciudades de Managua, León, Granada, Masaya, Matagalpa, Estelis, Sébaco y Jinotega han sido los epicentros de diversas olas de protestas que estallaron luego de un intento por reformar el sistema de seguridad social.

El intento de reforma del gobierno de Daniel Ortega Presidente de Nicaragua[1], fue revertido el 22 de abril, cuando se anularon las reformas al sistema de pensiones causantes de la violencia en el país. Sin embargo, la brutal represión por parte de fuerzas policiales y de civiles aliados al gobierno desató la indignación de la sociedad civil que hasta mayo de 2018 no parece cesar.

Pese a la anulación de las medidas, las protestas no han descendido, debido a que en las manifestaciones públicas en contra de estas, la sociedad civil fue reprimida con furia por las fuerzas de seguridad. Desde el 18 de abril hasta el 25 de mayo, la cifra de fallecidos oscila en más de 80 muertos[2], 868 personas heridas y más de 438 personas detenidas; principalmente estudiantes, defensores de derechos humanos y periodistas como ha destacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[3].

En la represión gubernamental, las organizaciones de derechos humanos han denunciado al gobierno de Nicaragua por emplear medidas de censura contra la prensa, bloqueos y ataques al funcionamiento de medios de comunicación como Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Telenorte y Canal 51, este último de la Conferencia Episcopal. Precisamente, la Conferencia Episcopal, aceptó ser mediadora en un diálogo que pretendía superar la severa crisis política que por vez primera padece el «autoritarismo moderno»[4] más efectivo de la región centroamericana, distanciado por completo de los principios de la Carta Democrática Interamericana. Este diálogo se encuentra suspendido por falta de acuerdos entre las partes.

El 23 de mayo el canciller Denis Moncada sostuvo que la agenda de 40 puntos presentada por la Conferencia Episcopal «conduce a un golpe de Estado, violando así la Constitución y las leyes vigentes en el país». Por su parte, los sectores de la sociedad civil reclaman elecciones generales en el primer trimestre de 2019, un adelanto de las presidenciales previstas para 2021, una reforma parcial de la Constitución política, cambios a la ley orgánica del poder legislativo y una ley marco para la transición y gobernabilidad democrática.

El cese de actividad de la mesa de diálogo, se debió de igual modo, al recrudecimiento de amenazas de muerte a varios obispos nicaragüenses, lo que motivó el 25 de mayo, a que las escuelas católicas convocaran a todas las comunidades religiosas, educativas y a la población en general a una marcha para mostrar apoyo a la Conferencia Episcopal. De igual forma, antes del cese de actividades de la mesa, los obispos de Nicaragua condicionaron la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la mesa del diálogo nacional, a la presencia del secretario general del organismo Luis Almagro.

Sin embargo, el secretario general de la OEA dirigió en fecha 23 de mayo un mensaje crítico[5] sobre la situación en Nicaragua, especialmente, a algunos sectores opositores que cuestionan el papel de la OEA en la crisis. La razón de este mensaje se debió al cuestionamiento que hizo el Frente Amplio por la Democracia (FAD), la cual acusaba al secretario general de la OEA de parcialidad a favor del régimen de Daniel Ortega y de contradecir los principios de la Carta Democrática Interamericana[6].

La parte más activa en procurar la salida del poder del presidente Ortega, está en la Alianza Unidad Cívica por la Justicia y la Democracia. Recientemente un joven estudiante sostuvo que «Esta no es una mesa de diálogo. Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado»[7]. De igual modo, el Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, sostuvo que dedicaba su premio «a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando, sin más armas que sus ideales, porque Nicaragua vuelva a ser República»[8].

Referencias:

[1] ALVARADO ANDRADE, Jesús María «Democracia y Estado de Derecho en Nicaragua» en Fundación Libertad y Desarrollo, Guatemala, 2016 en http://www.fundacionlibertad.com/articulo/democracia-y-estado-de-derecho...

[2] Posterior al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continuaron las muertes y protestas.

[3] Véase «Observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua» de fecha 21 de mayo de 2018

[4] PUDDINGTON, Arch, Breaking Down Democracy: Goals, Strategies, and Methods of Modern Authoritarians, Freedom House, USA, 2018 en https://freedomhouse.org/report/special-reports/breaking-down-democracy-...

[5] https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/999396664786944000

[6] https://www.laprensa.com.ni/2018/05/23/politica/2423549-opositores-nicas...

[7] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44149601

[8] https://elpais.com/cultura/2018/04/23/actualidad/1524479702_299237.html

Probablemente nunca en la historia democrática del país llegamos a un punto de tanta cercanía al evento electoral con tantas dudas y tan pocas certezas sobre el escenario político.

En medio de la incertidumbre que reina en el ambiente político nacional, una pregunta recurrente aparece en prácticamente todos los foros y mesas de discusión: ¿cómo se vislumbra el panorama electoral de cara a 2019?

La respuesta es compleja. Probablemente nunca en la historia democrática del país llegamos a un punto de tanta cercanía al evento electoral (poco menos de 14 meses de la primera vuelta) con tantas dudas y tan pocas certezas sobre el escenario político.

La principal fuente de incertidumbre es el efecto que tendrá este proceso de transformación política y depuración judicial de élites sobre el mundo político-partidario. El carácter atípico de las elecciones 2015, tanto en su evolución como en sus resultados, fueron el primer efecto del proceso. La cancelación de los partidos Líder y Patriota –los dos más relevantes hace tan sólo un lustro- y los fantasmas que pesan sobre otras agrupaciones por anomalías en el financiamiento electoral constituye –sin duda- la variable central del análisis partidario hacia 2019.

Por si esto fuera poco, las agrupaciones partidarias también se enfrentan a un electorado bastante escéptico y desencantado con la oferta electoral. Una encuesta de marzo pasado reveló que los partidos políticos son los actores con menos nivel de confianza ciudadana (sólo por delante del Congreso), con un magro 14% de credibilidad. De ellos, sólo dos agrupaciones de base puramente urbana y con bancadas pequeñas, tienen niveles superiores al 15% de aceptación.

El problema no sólo es de aceptación social, también de estrategia. Los mismos partidos se enfrentan a la disyuntiva de cuál será la tónica del proceso electoral 2019. Y esto, como consecuencia de todos los paradigmas que se rompieron en el 2015. Por ejemplo, antes de 2015, existía una correlación –casi perfecta- entre el gasto de campaña y la victoria electoral. Ganar elecciones implicaba gastar mucho. También implicaba contar con apoyo irrestricto de la televisión abierta. Y más relevante aún, requería de maquinarias y organización territorial, generalmente aceitadas vía clientelismo.

Los partidos también se apegaban a una receta de crecimiento. Recurrían al modelo de franquicias para fortalecer sus marcas. Las agrupaciones en proceso de crecimiento fichaban (cuales equipos de fútbol en pretemporada) a los caciques municipales y distritales que les aseguraran mayor caudal electoral. Sin embargo, muchos de esos caciques hoy son sujetos de persecuciones judiciales, por lo que el mercado de fichajes y el modelo de franquicias, parece estar en aprietos.

Y por si fuera poco, la expectativa es que la campaña 2019 será austera. Dados los casos recientes de financiamiento electoral ilícito, las fuentes tradicionales de recursos serán más escasas. Y dada la ofensiva contra el modelo de saqueo patrimonialista, se esperaría que el componente de financiamiento proveniente de la corrupción también disminuya. Ello, aunado a un nuevo marco regulatorio y un Tribunal Supremo Electoral con mayor capacidad de fiscalización, seguramente llevará a una contracción en la disponibilidad de recursos para la campaña.

La sumatoria de todo lo anterior arroja una conclusión evidente. Para la campaña 2019 la capacidad de movilización “de tierra” quedará supeditada a la relevancia del candidato. Y dadas las limitaciones que se vislumbran sobre el acceso a recursos, la posibilidad de acrecentar el nivel de conocimiento de un candidato en lo individual, será baja. En este contexto, los candidatos que ya cuentan con un nivel de reconocimiento alto, con valoración positiva en términos de simpatía entre el electorado, entrarán con la mayor ventaja competitiva de cara a 2019.