Los políticos latinoamericanos se “venezolanizan” a pasos recargados. El problema es cuánto más va a durar la olla de presión calentándose antes de que nos estalle en la cara.

Alguna vez circuló en redes sociales, y en algunas pintas de la calle, un mensaje que rezaba más o menos así: “1984 es una novela, no un manual de instrucciones”. Y por más ingenioso y forzado que a algunos les suene, pareciera esconder una irrefutable verdad.

De hecho, hace días The Economist Intelligence Unit presentó su acostumbrado índice global de democracia para el año 2020 y los resultados no fueron alentadores. La democracia ha declinado en prácticamente todo el mundo. La encuesta anual, que califica el estado de la democracia en 167 países según cinco parámetros: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles; encuentra que solo el 8.4% de la población mundial vive en un democracia plena, mientras que más de un tercio vive bajo alguna variante de régimen autoritario.

En América Latina, los países peor rankeados en el índice global de democracia son obviamente Venezuela (143), Cuba (140) y Nicaragua (120); a los que le siguen Haití (106), Guatemala (97), Bolivia (94), Honduras (88) y El Salvador (77).

De acuerdo al informe, existe una tendencia de retroceso democrático en la región durante la última década, básicamente debido al aumento de las prácticas antidemocráticas en Bolivia y Centroamérica y al creciente autoritarismo en Venezuela y Nicaragua. Esta tendencia pareciera no ir a la baja, sino más bien expandirse ya que, de hecho, en 2020 El Salvador pasó de ser una “democracia defectuosa” a un “régimen híbrido”. Es evidente el deterioro de la región se focaliza principalmente en dos áreas: Proceso electoral y pluralismo y Libertades civiles. En el informe también se señala que:

“El desempeño en términos del funcionamiento de la categoría de gobierno también ha sido pobre, ya que si bien la región ha luchado para abordar los altos niveles de corrupción y violencia; la gobernanza ineficaz ha incrementado la insatisfacción, socavando la confianza en las instituciones políticas y la percepción de la democracia” [traducción propia] (pág. 37)

Fuente: The Economist Intelligence Unit

Los latinoamericanos ven diluidas sus probabilidades de prosperar y han perdido la confianza en las instituciones y en la clase política, lo cual les vuelve proclives a inclinarse por opciones populistas radicales e identitarias, como ha sido el caso de Ecuador con los resultados de su primera vuelta electoral este pasado 7 de febrero. Esta desconfianza se ve alimentada por la penetración cada vez más fuerte y escandalosa de la corrupción, el crimen organizado (y en algunos países, el narcotráfico) en la política.

Mientras este declive ocurre frente a nuestros ojos, la clase política de muchos países de la región pareciera cada vez más segura de que tendrá completa impunidad en su colusión con estas fuerzas emergentes del crimen organizado y no demuestra ningún tipo de temor frente a las posibles represalias y sanciones que pueden tomar contra ellos países como Estados Unidos. En ese sentido, la administración de Joe Biden ha prometido retomar la agenda de fortalecimiento del Estado de derecho y de lucha contra la corrupción, contrario a Trump, quien básicamente “dejó en paz” a muchos gobiernos latinoamericanos en la medida de que no permitieran que sus migrantes ingresaran a los Estados Unidos.

Esa exhibición de descaro que en otros años no veíamos en la clase política latinoamericana, tanto de derecha como de izquierda, recuerda más bien a la desfachatez de regímenes como el chavismo en Venezuela.

Por ejemplo, cuando en 2012, Hugo Chávez anunció que Venezuela abandonaría el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el estupor en la comunidad internacional fue contundente. Hoy en día, esta misma intención es una bandera política en varios países que, apelando a un discurso de “soberanía”, buscan eludir cualquier tipo de control y nadie parece inmutarse. Otro ejemplo pintoresco es que hace meses la hija de una ex diputada guatemalteca declaró “No me preocupa, existen otros países”, tras habérsele retirado la visa y prohibido la entrada a los Estados Unidos por actos de corrupción. Tal descaro no puede sino traer a la memoria a un Maduro en 2017 condecorando a los funcionarios de su régimen sancionados por Washington.

Como vemos, los políticos latinoamericanos se “venezolanizan” a pasos recargados. El problema es cuánto más va a durar la olla de presión calentándose antes de que nos estalle en la cara.

Los políticos latinoamericanos se “venezolanizan” a pasos recargados. El problema es cuánto más va a durar la olla de presión calentándose antes de que nos estalle en la cara.

Alguna vez circuló en redes sociales, y en algunas pintas de la calle, un mensaje que rezaba más o menos así: “1984 es una novela, no un manual de instrucciones”. Y por más ingenioso y forzado que a algunos les suene, pareciera esconder una irrefutable verdad.

De hecho, hace días The Economist Intelligence Unit presentó su acostumbrado índice global de democracia para el año 2020 y los resultados no fueron alentadores. La democracia ha declinado en prácticamente todo el mundo. La encuesta anual, que califica el estado de la democracia en 167 países según cinco parámetros: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política democrática y libertades civiles; encuentra que solo el 8.4% de la población mundial vive en un democracia plena, mientras que más de un tercio vive bajo alguna variante de régimen autoritario.

En América Latina, los países peor rankeados en el índice global de democracia son obviamente Venezuela (143), Cuba (140) y Nicaragua (120); a los que le siguen Haití (106), Guatemala (97), Bolivia (94), Honduras (88) y El Salvador (77).

De acuerdo al informe, existe una tendencia de retroceso democrático en la región durante la última década, básicamente debido al aumento de las prácticas antidemocráticas en Bolivia y Centroamérica y al creciente autoritarismo en Venezuela y Nicaragua. Esta tendencia pareciera no ir a la baja, sino más bien expandirse ya que, de hecho, en 2020 El Salvador pasó de ser una “democracia defectuosa” a un “régimen híbrido”. Es evidente el deterioro de la región se focaliza principalmente en dos áreas: Proceso electoral y pluralismo y Libertades civiles. En el informe también se señala que:

“El desempeño en términos del funcionamiento de la categoría de gobierno también ha sido pobre, ya que si bien la región ha luchado para abordar los altos niveles de corrupción y violencia; la gobernanza ineficaz ha incrementado la insatisfacción, socavando la confianza en las instituciones políticas y la percepción de la democracia” [traducción propia] (pág. 37)

Fuente: The Economist Intelligence Unit

Los latinoamericanos ven diluidas sus probabilidades de prosperar y han perdido la confianza en las instituciones y en la clase política, lo cual les vuelve proclives a inclinarse por opciones populistas radicales e identitarias, como ha sido el caso de Ecuador con los resultados de su primera vuelta electoral este pasado 7 de febrero. Esta desconfianza se ve alimentada por la penetración cada vez más fuerte y escandalosa de la corrupción, el crimen organizado (y en algunos países, el narcotráfico) en la política.

Mientras este declive ocurre frente a nuestros ojos, la clase política de muchos países de la región pareciera cada vez más segura de que tendrá completa impunidad en su colusión con estas fuerzas emergentes del crimen organizado y no demuestra ningún tipo de temor frente a las posibles represalias y sanciones que pueden tomar contra ellos países como Estados Unidos. En ese sentido, la administración de Joe Biden ha prometido retomar la agenda de fortalecimiento del Estado de derecho y de lucha contra la corrupción, contrario a Trump, quien básicamente “dejó en paz” a muchos gobiernos latinoamericanos en la medida de que no permitieran que sus migrantes ingresaran a los Estados Unidos.

Esa exhibición de descaro que en otros años no veíamos en la clase política latinoamericana, tanto de derecha como de izquierda, recuerda más bien a la desfachatez de regímenes como el chavismo en Venezuela.

Por ejemplo, cuando en 2012, Hugo Chávez anunció que Venezuela abandonaría el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el estupor en la comunidad internacional fue contundente. Hoy en día, esta misma intención es una bandera política en varios países que, apelando a un discurso de “soberanía”, buscan eludir cualquier tipo de control y nadie parece inmutarse. Otro ejemplo pintoresco es que hace meses la hija de una ex diputada guatemalteca declaró “No me preocupa, existen otros países”, tras habérsele retirado la visa y prohibido la entrada a los Estados Unidos por actos de corrupción. Tal descaro no puede sino traer a la memoria a un Maduro en 2017 condecorando a los funcionarios de su régimen sancionados por Washington.

Como vemos, los políticos latinoamericanos se “venezolanizan” a pasos recargados. El problema es cuánto más va a durar la olla de presión calentándose antes de que nos estalle en la cara.

Y al mismo tiempo, se come el alimento de los demás

En 2015, en su informe sobre el financiamiento de la política, CICIG cuantificó -por primera vez- los aportes relativos a las campañas electorales por tipo de capital. A raíz de ello, durante años hemos repetido hasta la saciedad que el 50% del financiamiento partidario proviene de la corrupción; 25% del narcotráfico y del crimen organizado; y tan sólo la cuarta parte restante de financistas privados con origen legítimo.

Al no contar con estimaciones similares para los años de la apertura democrática o de finales del siglo XX, es imposible hacer las comparaciones del caso. Sin embargo, el secreto a sotto voce es que con el paso de los años, los capitales emergentes vinculados a la corrupción y el crimen organizado han tomado por asalto al sistema. Y si bien hasta ahora se ha hablado de coexistencia al definir la relación entre los intereses tradicionales y los emergentes, la realidad es que cada día resulta más notorio el desplazamiento de los primeros a manos de los segundos.

Hagamos un repaso de Ciencia Política 101: Como en cualquier democracia republicana y poliárquica, los sistemas políticos responden a las demandas. Actores organizados, con recursos y poder, tienen más capacidad de incidencia en la toma de decisiones públicas. Eso pasa en todo el mundo, hasta en las mejores democracias. Esas demandas se traducen en outputs del sistema: leyes, políticas públicas, regulaciones más benignas, programas gubernamentales, etc.

Lo que la teoría no me dice es qué ocurre cuando un sistema deja de responder las demandas de actores con intereses legítimos (o por lo menos lícitos) y por el contrario, atiende a una nueva casta de intereses emergentes, vinculados ahora con actuaciones ilícitas, corruptas o abiertamente criminales.

La respuesta es sencilla: ocurre un Guatemala. Es decir, un sistema donde año con año se alimenta las válvulas de la corrupción. El abortado presupuesto 2021 era quizá un fiel ejemplo de ello. La construcción de obra gris, el sistema de consejos de desarrollo, los mismos gastos operativos del Congreso recibían incrementos presupuestarios. Mientras que para el combate a la desnutrición, los hospitales o la misma seguridad pública, el presupuesto se mantenía congelado, o peor aún, decrecía.

Sin necesidad de lecturas muy finas, lo ocurrido en noviembre 2021, no fue más el sistema respondiendo a sus patrocinadores: nutriendo las fuentes de donde brota el 50% del financiamiento partidario.

El 25% proveniente del narcotráfico es retribuido por otros caminos. Nombramientos ad hoc en puestos clave en puertos, instituciones de seguridad y justicia; cuotas de poder en la Junta Directiva del Congreso o en Comisiones legislativas relacionadas con la seguridad nacional. Al final no olvidemos que a diferencia del capital emergente de la corrupción que necesita de la acción del Estado para alimentar sus bolsillos, el crimen organizado únicamente requiere de laissez faire y un Estado que voltee a ver a otro lado.

¿Dónde queda el restante 25%? Sencillo. Esperando cruzado de brazos a que le aprueben la Ley de Infraestructura, o el paquete de reactivación económica, o la Ley de Zonas Francas, etcétera y un largo etcétera. Y la espera ha sido eterna. De años en algunos casos. Porque el sistema simplemente ya no responde a estos intereses.

Así la historia del animal que no sólo se alimenta a sí mismo. Peor aún, dado que los recursos de poder son finitos, desplaza a los intereses tradicionales como recipiendarios de los outputs públicos. De ahí entonces que el interés del cambio ya no sólo es ético o idealista; debe ser un plan de pura supervivencia.

Y al mismo tiempo, se come el alimento de los demás

En 2015, en su informe sobre el financiamiento de la política, CICIG cuantificó -por primera vez- los aportes relativos a las campañas electorales por tipo de capital. A raíz de ello, durante años hemos repetido hasta la saciedad que el 50% del financiamiento partidario proviene de la corrupción; 25% del narcotráfico y del crimen organizado; y tan sólo la cuarta parte restante de financistas privados con origen legítimo.

Al no contar con estimaciones similares para los años de la apertura democrática o de finales del siglo XX, es imposible hacer las comparaciones del caso. Sin embargo, el secreto a sotto voce es que con el paso de los años, los capitales emergentes vinculados a la corrupción y el crimen organizado han tomado por asalto al sistema. Y si bien hasta ahora se ha hablado de coexistencia al definir la relación entre los intereses tradicionales y los emergentes, la realidad es que cada día resulta más notorio el desplazamiento de los primeros a manos de los segundos.

Hagamos un repaso de Ciencia Política 101: Como en cualquier democracia republicana y poliárquica, los sistemas políticos responden a las demandas. Actores organizados, con recursos y poder, tienen más capacidad de incidencia en la toma de decisiones públicas. Eso pasa en todo el mundo, hasta en las mejores democracias. Esas demandas se traducen en outputs del sistema: leyes, políticas públicas, regulaciones más benignas, programas gubernamentales, etc.

Lo que la teoría no me dice es qué ocurre cuando un sistema deja de responder las demandas de actores con intereses legítimos (o por lo menos lícitos) y por el contrario, atiende a una nueva casta de intereses emergentes, vinculados ahora con actuaciones ilícitas, corruptas o abiertamente criminales.

La respuesta es sencilla: ocurre un Guatemala. Es decir, un sistema donde año con año se alimenta las válvulas de la corrupción. El abortado presupuesto 2021 era quizá un fiel ejemplo de ello. La construcción de obra gris, el sistema de consejos de desarrollo, los mismos gastos operativos del Congreso recibían incrementos presupuestarios. Mientras que para el combate a la desnutrición, los hospitales o la misma seguridad pública, el presupuesto se mantenía congelado, o peor aún, decrecía.

Sin necesidad de lecturas muy finas, lo ocurrido en noviembre 2021, no fue más el sistema respondiendo a sus patrocinadores: nutriendo las fuentes de donde brota el 50% del financiamiento partidario.

El 25% proveniente del narcotráfico es retribuido por otros caminos. Nombramientos ad hoc en puestos clave en puertos, instituciones de seguridad y justicia; cuotas de poder en la Junta Directiva del Congreso o en Comisiones legislativas relacionadas con la seguridad nacional. Al final no olvidemos que a diferencia del capital emergente de la corrupción que necesita de la acción del Estado para alimentar sus bolsillos, el crimen organizado únicamente requiere de laissez faire y un Estado que voltee a ver a otro lado.

¿Dónde queda el restante 25%? Sencillo. Esperando cruzado de brazos a que le aprueben la Ley de Infraestructura, o el paquete de reactivación económica, o la Ley de Zonas Francas, etcétera y un largo etcétera. Y la espera ha sido eterna. De años en algunos casos. Porque el sistema simplemente ya no responde a estos intereses.

Así la historia del animal que no sólo se alimenta a sí mismo. Peor aún, dado que los recursos de poder son finitos, desplaza a los intereses tradicionales como recipiendarios de los outputs públicos. De ahí entonces que el interés del cambio ya no sólo es ético o idealista; debe ser un plan de pura supervivencia.

Entre el sentido de urgencia y la desesperación

Desde hace semanas, el Pacto de Corruptos ha dejado de lado las formas. La prisa y el sentido de urgencia revela que detrás hay también un poco de desesperación. La razón es sencilla: juegan contra el reloj de una burocracia norteamericana en reorganización tras el interregnum Trump.

Los eventos de los últimos días reflejan el “estira y encoge” de ese pulso entre una mafia desenfrenada y un poder geopolítico en proceso de reconstruir espacios de influencia y poder real.

Entre 2018 y 2020, el Pacto de Corruptos dejó de temer al poder norteamericano. Entre una Casa Blanca menos comprometida con la agenda anti-corrupción, el apoyo local a las políticas irracionales de Trump, junto al lobby con congresistas conservadores, la capacidad de poder real de la Embajada Americana en Guatemala quedó atada de manos y gradualmente se erosionó. Los mensajes de altos funcionarios del State, los comunicados oficiales o las solicitudes formales e informales caían en oídos sordos. Para muestra, las reiteradas solicitudes al Congreso para elegir cortes nunca fueron atendidas por el poder político local. Incluso, llegamos al extremo de ver a una designada Delia Back responder despreocupada que “hay otros países que visitar”, luego que le revocaran el privilegio de poder visitar a Mickey Mouse.

Sin embargo, en el radar de las mafias, el 20 de enero constituía un punto de inflexión. Entre el Presidente que mejor conoce la realidad centroamericana y la llegada de Juan González al Consejo de Seguridad Nacional, era esperable que el poder del coloso americano volviera a hacerse presente en la región. Bueno, sin olvidar tampoco que para algunos actores locales, el haber jugado abiertamente política partidaria en Washington entre 2017 y 2020 acarreará otros costos en el futuro.

Por eso la urgencia de tomar control de la Corte de Constitucionalidad a la brevedad. Mynor Moto, electo por el CANG a base de financiamiento opaco, clientelismo y acarreo, es el peso que mueve la balanza en el tribunal constitucional. Con una correlación “más amigable” en CC, los órganos electores tendrían carta blanca para designar impresentables al tribunal constitucional para el período 2021-2026. Capturando la CC, la mafia política, patrimonialista y cleptocrática podría elegir cortes a su sabor y antojo, anular casos penales de alto impacto y, finalmente, poner los últimos clavos al ataúd de la lucha contra la corrupción

De ahí se entiende entonces la necesidad de apresurar la juramentación y toma de posesión de Moto.

Para ello, recurrieron a algunos viejos confiables. Una Sala de Apelaciones integrada por el Magistrado Wilber Castellanos, bajo antejuicio por el caso Comisiones Paralelas II; y por el Magistrado Suplente, César Najarro. Este último, por cierto, ha participado de otras resoluciones descaradas: El 31 de diciembre, resolvió anular el caso contra Armando Escribá, ex diputado y protagonista del saqueo sistemático a COVIAL durante la última década; y recién el viernes, anuló el Caso Fénix, donde se procesaba a Gustavo Herrera, procesado por el desfalco de Q300 millones en el IGSS y conocido operador para capturar cortes.

Por si fuera poco, el mismo Congreso donde las leyes de reactivación económica están estancadas, procedió a juramentar a Moto en cuestión de minutos, evidenciando así la burda operación política.

Sin embargo, a diferencia de la gestión republicana, la reacción del coloso americano se hizo sentir. Entre comunicaciones de Departamento de Estado y una aguda entrevista de González, quedó muy claro que Washington no quiere a Moto en el máximo tribunal constitucional.

Y no es para menos. En casos de corrupción, Moto ha beneficiado a personajes como José Luis Benito, a la exdiputada Mirza Arreaga, además de anular el caso Botín Bufete de la Impunidad. O qué decir de su esfuerzo por hacerse del control del caso Comisiones Paralelas II, por el cual hoy pesa una orden de captura en su contra. Pero también para los pelos algunas de sus resoluciones en causas de narcotráfico, específicamente beneficios otorgados a miembros de la banda de Marvin Alvaro, alias Stuart (en proceso de extradición) y otro caso de una narco-avioneta en la costa sur.

Estados Unidos ha dejado claro que quiere una CC independiente. Y en días recientes, ha decidido mostrar nuevamente el músculo del poder. La pregunta es si aún dará tiempo para revertir la estrategia de una mafia desesperada por terminar de consolidar el reino de la eterna corrupción e impunidad.

Entre el sentido de urgencia y la desesperación

Desde hace semanas, el Pacto de Corruptos ha dejado de lado las formas. La prisa y el sentido de urgencia revela que detrás hay también un poco de desesperación. La razón es sencilla: juegan contra el reloj de una burocracia norteamericana en reorganización tras el interregnum Trump.

Los eventos de los últimos días reflejan el “estira y encoge” de ese pulso entre una mafia desenfrenada y un poder geopolítico en proceso de reconstruir espacios de influencia y poder real.

Entre 2018 y 2020, el Pacto de Corruptos dejó de temer al poder norteamericano. Entre una Casa Blanca menos comprometida con la agenda anti-corrupción, el apoyo local a las políticas irracionales de Trump, junto al lobby con congresistas conservadores, la capacidad de poder real de la Embajada Americana en Guatemala quedó atada de manos y gradualmente se erosionó. Los mensajes de altos funcionarios del State, los comunicados oficiales o las solicitudes formales e informales caían en oídos sordos. Para muestra, las reiteradas solicitudes al Congreso para elegir cortes nunca fueron atendidas por el poder político local. Incluso, llegamos al extremo de ver a una designada Delia Back responder despreocupada que “hay otros países que visitar”, luego que le revocaran el privilegio de poder visitar a Mickey Mouse.

Sin embargo, en el radar de las mafias, el 20 de enero constituía un punto de inflexión. Entre el Presidente que mejor conoce la realidad centroamericana y la llegada de Juan González al Consejo de Seguridad Nacional, era esperable que el poder del coloso americano volviera a hacerse presente en la región. Bueno, sin olvidar tampoco que para algunos actores locales, el haber jugado abiertamente política partidaria en Washington entre 2017 y 2020 acarreará otros costos en el futuro.

Por eso la urgencia de tomar control de la Corte de Constitucionalidad a la brevedad. Mynor Moto, electo por el CANG a base de financiamiento opaco, clientelismo y acarreo, es el peso que mueve la balanza en el tribunal constitucional. Con una correlación “más amigable” en CC, los órganos electores tendrían carta blanca para designar impresentables al tribunal constitucional para el período 2021-2026. Capturando la CC, la mafia política, patrimonialista y cleptocrática podría elegir cortes a su sabor y antojo, anular casos penales de alto impacto y, finalmente, poner los últimos clavos al ataúd de la lucha contra la corrupción

De ahí se entiende entonces la necesidad de apresurar la juramentación y toma de posesión de Moto.

Para ello, recurrieron a algunos viejos confiables. Una Sala de Apelaciones integrada por el Magistrado Wilber Castellanos, bajo antejuicio por el caso Comisiones Paralelas II; y por el Magistrado Suplente, César Najarro. Este último, por cierto, ha participado de otras resoluciones descaradas: El 31 de diciembre, resolvió anular el caso contra Armando Escribá, ex diputado y protagonista del saqueo sistemático a COVIAL durante la última década; y recién el viernes, anuló el Caso Fénix, donde se procesaba a Gustavo Herrera, procesado por el desfalco de Q300 millones en el IGSS y conocido operador para capturar cortes.

Por si fuera poco, el mismo Congreso donde las leyes de reactivación económica están estancadas, procedió a juramentar a Moto en cuestión de minutos, evidenciando así la burda operación política.

Sin embargo, a diferencia de la gestión republicana, la reacción del coloso americano se hizo sentir. Entre comunicaciones de Departamento de Estado y una aguda entrevista de González, quedó muy claro que Washington no quiere a Moto en el máximo tribunal constitucional.

Y no es para menos. En casos de corrupción, Moto ha beneficiado a personajes como José Luis Benito, a la exdiputada Mirza Arreaga, además de anular el caso Botín Bufete de la Impunidad. O qué decir de su esfuerzo por hacerse del control del caso Comisiones Paralelas II, por el cual hoy pesa una orden de captura en su contra. Pero también para los pelos algunas de sus resoluciones en causas de narcotráfico, específicamente beneficios otorgados a miembros de la banda de Marvin Alvaro, alias Stuart (en proceso de extradición) y otro caso de una narco-avioneta en la costa sur.

Estados Unidos ha dejado claro que quiere una CC independiente. Y en días recientes, ha decidido mostrar nuevamente el músculo del poder. La pregunta es si aún dará tiempo para revertir la estrategia de una mafia desesperada por terminar de consolidar el reino de la eterna corrupción e impunidad.

Luego de las protestas del 21 de noviembre  de 2020, el presidente Alejandro Giammattei invocó la Carta Democrática Interamericana. Esto lo hizo, luego de asegurar que la estabilidad política e institucional del país “estaba en riesgo” y que se buscaba “forzar un golpe de Estado”. En respuesta, la Organización de Estados Americanos, cuyo Secretario General es Luis Almagro, dispuso una Misión Especial para evaluar la situación. 

Desde el 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2020, los miembros de la Misión Especial, encabezada por Fulvio Pompeo, exSecretario de Asuntos Estratégicos de Argentina, se reunieron con miembros de diferentes sectores para evaluar la situación política, social e institucional del país. El 12 de enero de 2021 se remitió un informe que recoge las observaciones. 

En 14 páginas, el jefe de la Misión Especial presenta las principales preocupaciones y recomendaciones para Guatemala en materia de instituciones, seguridad, justicia y corrupción. ¿Qué dice el informe? 

En resumidas cuentas, el informe detalla la debilidad de las instituciones políticas en nuestro país. Desde la percepción de corrupción e impunidad, la falta de transparencia en el gasto público, la preocupación que existe por las instituciones encargadas de garantizar Justicia en el país; hasta temas puntuales sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades en las protestas del 21 y 28 de noviembre de 2020. 

Una de las aristas que explora el informe es respecto al estado del sistema de justicia en el país. La no renovación de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia es una lamentable violación al Estado de Derecho. Pero más allá de eso, expone con preocupación la futura renovación de la Corte de Constitucionalidad y hace un llamado a la transparencia en el proceso. 

Con este informe es poco probable que la forma en la que se hace política en Guatemala se modifique. Mucho menos que los principales responsables del estado de las cosas se sientan aludidos. Pero lo cierto es que expone ante las Américas y el mundo el lamentable estado de las instituciones y la necesidad de hacer cambios profundos de manera urgente; entre ellos la Reforma a la Ley Electoral y la Ley de Servicio Civil. Ojalá que las autoridades de gobierno lean las palabras como un llamado de atención para asumir su responsabilidad de representar y responder a los ciudadanos. 

En el corto plazo es probable que el presidente Alejandro Giammattei evite de manera directa hacer declaraciones en relación al informe. El Canciller, Pedro Brolo, por su parte aseguró que se “tomó nota de las recomendaciones” y que se trabajará en una agenda conjunta con la OEA para resolver los problemas que nos persiguen desde hace décadas. 

El reto que enfrentamos autoridades, ciudadanos y sociedad civil es grande. En el largo plazo, el continuo detrimento de las instituciones políticas tiene por consecuencia la no garantía de nuestros derechos y libertades. Lo que es peor aún, que pone al país la bajo amenaza del populismo del Siglo XXI.

Al invocar la Carta Democrática Interamericana el gobierno del presidente Alejandro Giammattei pretendía justificar la terrible y lamentable forma en la que se ha hecho política en el país. Sin embargo, el informe terminó -no solo revelando los profundos daños institucionales que tiene el sistema- sino recetando varias medicinas para corregir el rumbo del país. 

No lo olvidemos: 82 diputados rompieron la ley para juramentar a marchas forzados a un cuestionado juez como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué intereses tan poderosos movieron a estos 82 diputados a hacerlo? Saque usted sus conclusiones. No hace falta darle muchas vueltas al asunto.

El martes, 26 de enero de 2021 es una fecha que debe quedar en la memoria de los guatemaltecos. Ese día, 82 diputados al Congreso de la República consumaron una ilegalidad grosera y dieron un golpe a la poca institucionalidad que aún queda en el país. Repasemos los hechos.

Mynor Moto resultó ganador en una elección para ser magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad para completar el periodo que vence el 14 de abril próximo. Sin embargo, esa elección recibió al menos 6 impugnaciones en el Colegio de Abogados y que aún se deben resolver.

El artículo 156 de la Ley de Amparo nos dice que en cuanto a la elección del Colegio de Abogados que “mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos”. En tal sentido, el Colegio aún no enviaba los resultados de la elección de Moto al Congreso porque las impugnaciones no están aun resueltas.

No obstante, toda la operación del 26 de enero fue fruto de un plan muy bien orquestado. Primero, una Sala de Apelaciones otorgó un amparo a favor de Moto y le ordenó al Congreso que en un plazo de 4 horas enviara los resultados de la elección al Congreso.

Esta Sala se integró por personajes cuestionables, un magistrado que tuiteó a favor de Mynor Moto hace unos meses con lo cual debió abstenerse de conocer el caso y un magistrado suplente que “misteriosamente” integra todos los tribunales que revocan los casos que lleva la FECI contra personajes corruptos.

Mientras corría el plazo para que el Colegio de Abogados enviara los resultados de la elección al Congreso, los diputados se encontraban reunidos para celebrar una sesión en la que debían interpelar al Ministro de Gobernación por la brutalidad policial que empleó durante las protestas de noviembre.

Al llegar los resultados, la Junta Directiva del Congreso decidió anteponer la juramentación de Mynor Moto a la interpelación del Ministro de Gobernación. Encima, para evitar “molestias”, resolvieron por mayoría limitar a 5 minutos el uso de la palabra para evitar que existiera debate sobre la juramentación de Moto.

La ilegalidad no se agota ahí. El oficio que remitió el Colegio de Abogados efectivamente reflejaba los resultados de la elección, pero también hacía ver que había 6 impugnaciones que aún no eran resueltas. La Junta Directiva hizo caso omiso de lo que se le informó y de forma ilegal procedió a abrir a votación el acuerdo que resolvía juramentar a Mynor Moto como magistrado de la CC.

82 diputados votaron a favor de dicho acuerdo cometiendo una ilegalidad manifiesta y descarada y a marchas forzadas consumaron su fechoría. Si fuésemos un país decente, en primer lugar, los miembros de la Junta Directiva ya estarían procesados por cometer semejante y crasa ilegalidad.

Mientras tanto sobre Moto pesan muchas sombras. Como juez ha favorecido a personajes de la corrupción como Felipe Alejos. Resolvió archivar un caso contra Mirza Arreaga pese a que existía un video donde ella misma confesaba sus crímenes y se rehúso a dictar una orden de captura contra el ex ministro Benito permitiendo su fuga para que luego el Ministerio Público hallara caletas con Q122 millones.

El juez Moto además apoya abiertamente al abogado Mario Cano para su elección como presidente del Colegio de Abogados. Esto constituye una falta grave a la ética si tomamos en cuenta que Cano es abogado defensor y puede tener interés en casos que se ventilan en el juzgado de Moto. Sin dejar del lado que Cano está imputado por lavado de dinero. Para colmo de males, sobre Moto pesan 3 solicitudes de antejuicio por imputaciones como prevaricato y obstrucción de justicia.

No lo olvidemos: 82 diputados rompieron la ley para juramentar a marchas forzados a un cuestionado juez como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué intereses tan poderosos movieron a estos 82 diputados a hacerlo? Saque usted sus conclusiones. No hace falta darle muchas vueltas al asunto.

No lo olvidemos: 82 diputados rompieron la ley para juramentar a marchas forzados a un cuestionado juez como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué intereses tan poderosos movieron a estos 82 diputados a hacerlo? Saque usted sus conclusiones. No hace falta darle muchas vueltas al asunto.

El martes, 26 de enero de 2021 es una fecha que debe quedar en la memoria de los guatemaltecos. Ese día, 82 diputados al Congreso de la República consumaron una ilegalidad grosera y dieron un golpe a la poca institucionalidad que aún queda en el país. Repasemos los hechos.

Mynor Moto resultó ganador en una elección para ser magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad para completar el periodo que vence el 14 de abril próximo. Sin embargo, esa elección recibió al menos 6 impugnaciones en el Colegio de Abogados y que aún se deben resolver.

El artículo 156 de la Ley de Amparo nos dice que en cuanto a la elección del Colegio de Abogados que “mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos”. En tal sentido, el Colegio aún no enviaba los resultados de la elección de Moto al Congreso porque las impugnaciones no están aun resueltas.

No obstante, toda la operación del 26 de enero fue fruto de un plan muy bien orquestado. Primero, una Sala de Apelaciones otorgó un amparo a favor de Moto y le ordenó al Congreso que en un plazo de 4 horas enviara los resultados de la elección al Congreso.

Esta Sala se integró por personajes cuestionables, un magistrado que tuiteó a favor de Mynor Moto hace unos meses con lo cual debió abstenerse de conocer el caso y un magistrado suplente que “misteriosamente” integra todos los tribunales que revocan los casos que lleva la FECI contra personajes corruptos.

Mientras corría el plazo para que el Colegio de Abogados enviara los resultados de la elección al Congreso, los diputados se encontraban reunidos para celebrar una sesión en la que debían interpelar al Ministro de Gobernación por la brutalidad policial que empleó durante las protestas de noviembre.

Al llegar los resultados, la Junta Directiva del Congreso decidió anteponer la juramentación de Mynor Moto a la interpelación del Ministro de Gobernación. Encima, para evitar “molestias”, resolvieron por mayoría limitar a 5 minutos el uso de la palabra para evitar que existiera debate sobre la juramentación de Moto.

La ilegalidad no se agota ahí. El oficio que remitió el Colegio de Abogados efectivamente reflejaba los resultados de la elección, pero también hacía ver que había 6 impugnaciones que aún no eran resueltas. La Junta Directiva hizo caso omiso de lo que se le informó y de forma ilegal procedió a abrir a votación el acuerdo que resolvía juramentar a Mynor Moto como magistrado de la CC.

82 diputados votaron a favor de dicho acuerdo cometiendo una ilegalidad manifiesta y descarada y a marchas forzadas consumaron su fechoría. Si fuésemos un país decente, en primer lugar, los miembros de la Junta Directiva ya estarían procesados por cometer semejante y crasa ilegalidad.

Mientras tanto sobre Moto pesan muchas sombras. Como juez ha favorecido a personajes de la corrupción como Felipe Alejos. Resolvió archivar un caso contra Mirza Arreaga pese a que existía un video donde ella misma confesaba sus crímenes y se rehúso a dictar una orden de captura contra el ex ministro Benito permitiendo su fuga para que luego el Ministerio Público hallara caletas con Q122 millones.

El juez Moto además apoya abiertamente al abogado Mario Cano para su elección como presidente del Colegio de Abogados. Esto constituye una falta grave a la ética si tomamos en cuenta que Cano es abogado defensor y puede tener interés en casos que se ventilan en el juzgado de Moto. Sin dejar del lado que Cano está imputado por lavado de dinero. Para colmo de males, sobre Moto pesan 3 solicitudes de antejuicio por imputaciones como prevaricato y obstrucción de justicia.

No lo olvidemos: 82 diputados rompieron la ley para juramentar a marchas forzados a un cuestionado juez como magistrado de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué intereses tan poderosos movieron a estos 82 diputados a hacerlo? Saque usted sus conclusiones. No hace falta darle muchas vueltas al asunto.

La lucha por el futuro del sistema de justicia es la lucha por el país. Es imposible, e incluso poco deseable, impedir que las personas que ocupan los más altos cargos en el poder judicial se identifiquen con determinadas ideas políticas, pero sí debemos impedir que estas personas estén afiliadas a las mafias y que su trayectoria profesional esté impregnada de conflictos de interés que estorben la independencia judicial.

El conflicto desatado por la elección de magistrados para las más altas Cortes del país no es ideológico, aunque muchas personas estén empeñadas en hacerlo parecer así. Es claro que a la alianza criminal que busca dirigir el país no la mueve la ideología, sino la búsqueda de impunidad.

Hasta hoy, el conflicto ideológico ha sido la herramienta utilizada para mantener un ambiente de tensión entre distintos actores sociales. Esta tensión es útil para los intereses de la alianza criminal porque mantiene vivos los pleitos del pasado y nubla la posibilidad de ver el problema actual, mete mucho ruido en las conversaciones.

La ideología tiene total relevancia en la política y en la interminable tarea de construir un proyecto de país, pero en el contexto actual resulta superficial; el conflicto de fondo es una pugna sostenida por fuerzas oscuras que intentan tomar control total del sistema de justicia, para usarlo en su beneficio y evitar que se repita el extraordinario movimiento que llevó al país a discutir sobre la necesidad de luchar contra la corrupción, proceso que inició en 2014 y hoy se encuentra en pausa.

Actualmente el foco del problema es la Corte de Constitucionalidad, este órgano de naturaleza jurídico-política ha jugado un papel relevante e indispensable en distintos momentos de la historia política de este país. El breve período que duró el proceso de lucha contra la corrupción no fue la excepción.

El controversial rol de árbitro político adoptado por la Corte, la ha convertido en un apetecido botín de las fuerzas que quieren tomar el mando del país y apoderarse lentamente del presupuesto nacional. Lo fue cuando Ríos Montt logró impulsar exitosamente su candidatura inconstitucional y también cuando Sandra Torres fracasó en hacer lo mismo.

Hoy nuevamente estamos presenciando un intento desesperado por manipular el balance de la Corte, no para darle un enfoque político-ideológico distinto, como algunas personas creen, sino para impedirle ser un obstáculo para los objetivos de la alianza criminal.

Las pruebas de esto están a la vista. Primero, es bastante obvio que el inexcusable retraso del Congreso en la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, está relacionado a la necesidad de evitar que la CC impida que la alianza criminal coloque en puestos claves a personas señaladas por el MP en el caso Comisiones paralelas 2020. Segundo, la prisa de colocar a una persona señalada por varios delitos en una posición tan relevante como una magistratura en la Corte de Constitucionalidad, llevó al Congreso a cometer varios abusos y posibles ilegalidades que le restan cualquier legitimidad al proceso.

Hoy la alianza criminal apostó por el todo y quedó al descubierto con sus planes, generando reacciones bastante vocales de relevantes y diversos actores políticos internos y externos. También logró que la discusión ideológica quedara en segundo plano, al menos por un tiempo.

La lucha por el futuro del sistema de justicia es la lucha por el país. Es imposible, e incluso poco deseable, impedir que las personas que ocupan los más altos cargos en el poder judicial se identifiquen con determinadas ideas políticas, pero sí debemos impedir que estas personas estén afiliadas a las mafias y que su trayectoria profesional esté impregnada de conflictos de interés que estorben la independencia judicial.

Estamos en un momento de mucho riesgo.