*Este artículo fue originalmente publicado en el Instituto Fé y Libertad: https://feylibertad.org/2020/12/el-inmovilismo-no-es-opcion/

En el 2015 los guatemaltecos salieron masivamente a manifestar a las plazas del país pidiendo que se terminara con los altos índices de corrupción e impunidad. Los ciudadanos expresaron  su cansancio  de ver cómo, de forma cínica y descarada, los políticos de aquel entonces se robaban nuestros impuestos y se hacían millonarios de la noche a la mañana. Fue un momento histórico para el país que nos colocó en las portadas de todo el mundo.

Pero aquel descontento ciudadano descarriló en una fuerte polarización social y el sistema quedó intacto, para que estuviera de nuevo al servicio de la corrupción.

En las últimas semanas fuimos testigos de nuevas protestas que rechazaron el mal manejo de los recursos públicos. Aun cuando no hay estimaciones del número  de asistentes, en la primera y más “exitosa” manifestación, la plaza central se llenó al 50%, y también hubo manifestaciones en ciertas cabeceras departamentales como Quetzaltenango, Antigua Guatemala y Huehuetenango, algo que no veíamos desde hacía cinco años. Eso tomando en cuenta que la pandemia pudo desanimar a muchos ciudadanos a asistir a estas manifestaciones.

La mayor parte de la protesta del 21 de noviembre fue pacífica y transcurrió sin incidentes. Pero en esta ocasión, vimos dos elementos que no sucedieron en 2015. Por una parte, un grupo minoritario de manifestantes violentos que prendieron fuego al Congreso y provocaron caos; y por otra, un grupo de policías que se dedicaron a golpear y reprimir a algunos manifestantes pacíficos que no tuvieron nada que ver con la quema del Congreso. La contradicción de la policía es que dejaron quemar el Congreso, pero luego atacaron a manifestantes pacíficos. Del total de 33 personas detenidas por la PNC en la primera protesta, 32 fueron dejadas libres por falta de mérito. Se debe investigar lo sucedido ese día y deducir responsabilidades, tanto para los manifestantes violentos, como para los policías que actuaron con brutalidad.

Estos eventos deben hacernos reflexionar profundamente sobre el sistema que impera en este país. Guatemala se encuentra entre los seis países con peor Estado de Derecho en América Latina, junto con México, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. ¿Qué tienen en común estos países? Son países con altos niveles de pobreza, poco desarrollo humano y democracias corroídas.  Según el Democracy Index de  The Economist, Venezuela y Nicaragua son regímenes autoritarios; Guatemala, Honduras y Bolivia son regímenes híbridos (entre democracia y autoritarismo) y México es considerado una democracia defectuosa (aunque con una calificación que lo acerca al régimen híbrido). Además, todos estos países tienen alta penetración del narcotráfico. ¿Podría caer Guatemala en la situación de Nicaragua o Venezuela, y convertirse en un régimen abiertamente autoritario?

Estar en este club de países en donde básicamente impera la ley del más fuerte y el poder político tiene una alta discrecionalidad para cometer actos de corrupción nos aleja más del sueño preciado del crecimiento económico y la prosperidad.  La inversión extranjera se aleja de países en donde el Estado de Derecho es precario y en Guatemala, cada vez vienen menos recursos del exterior a invertir por la falta de institucionalidad (y también por décadas de políticas públicas erróneas). En 2013 se recibieron $1,479.3 millones en inversión extranjera y en 2019 apenas se recibieron $998 millones.

Guatemala no puede apostar por seguir con el actual Sistema de Justicia y de partidos políticos. Nuestro subdesarrollo económico y social se debe a que hemos sido incapaces de construir una institucionalidad fuerte, que brinde certeza jurídica, respecto a la propiedad privada y a los derechos individuales, y que ponga límites al ejercicio de poder, a través de un Sistema de Justicia independiente (aislado de cualquier presión criminal, política o ideológica) que castigue los actos de corrupción.

Continuar con el sistema actual solo tiene dos destinos. El primero es continuar un proceso de decadencia institucional que abrirá más espacios de poder a la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Esto significará que las empresas serias querrán dejar el país y vendrá menos inversión extranjera. O bien, la desesperación de las personas y la indignación por el sistema político darán paso a movimientos populistas extremos, que podrían conducirnos a escenarios caóticos.

¿Cómo lograr cambios institucionales en un escenario tan complejo? A través de la presión ciudadana responsable, que de forma pacífica, pero constante y contundente, le recuerde a la clase política que debe asumir su responsabilidad. Los tanques de pensamiento y las organizaciones de sociedad civil deben proponer y discutir cambios estratégicos al sistema. No se trata de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente o querer cambiar por completo la Constitución. Ese planteamiento no nos llevará a puerto seguro. Los cambios deben ir concentrados en  el Sistema Justicia, para garantizar la independencia de las Cortes del país. Un cambio fundamental, por ejemplo, es que no se renueven las cortes por completo cada cuatro años. Deben elegirse de forma escalonada y por un período más largo, para evitar que un grupo político tome control absoluto.

Pero la discusión debe ser madura y responsable. Hay grupos que quieren promover agendas que no tienen nada que ver con el tema de corrupción o impunidad, sino con temas ideológicos que claramente traerán discordia y división. No está en discusión si debemos nacionalizar la energía eléctrica, subir impuestos o hacer una reforma agraria. El tema fundamental es cómo construir un Sistema de Justicia independiente que nos brinde un Estado  con funcionarios públicos que estén sujetos a sistemas de control más efectivos, con lo cual se reduciría la corrupción y la impunidad.

El reto que tenemos es muy grande. Hay sectores interesados en sacar provecho del descontento ciudadano para promover sus propias agendas. Pero también es cierto que jugar a la estrategia del inmovilismo tiene grandes riesgos para el país. Debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde como sociedad en estos momentos. El inmovilismo no es opción.

En los meses posteriores a la peor crisis económica de las últimas tres décadas, los resultados del Congreso hablan por sí solos: 3 decretos legislativos, dos de ellos prórrogas de Estados de Calamidad, y el último, un Presupuesto que reactivó el rechazo ciudadano.

A principios de agosto pasado, Guatemala enfrentaba el quinto mes de la pandemia. Estaba vigente el toque de queda a las 9:00 pm; y salvo algunos sectores particulares, el proceso de reapertura había iniciado con la publicación del tablero de alertas sanitarias o “semáforo” por parte de la Coprecovid.

Para entonces, la devastación económica ya era de conocimiento popular. El Ministerio de Economía reportaba más de 170,000 trabajadores cuyos contratos habían sido suspendidos. El número de afiliados al seguro social presentaba una caída de más de 50,000 trabajadores menos en comparación con 2019. Los análisis macroeconómicos nos revelaban como el IMAE había caído entre 8 y 10% en el segundo trimestre 2019; mientras la recaudación tributaria había caído a niveles históricos en mayo y junio.

La conclusión era sencilla de extraer: la economía guatemalteca había sufrido significativamente por culpa de la pandemia y las medidas de contención sanitaria.

Las voces más agudas señalaban que el fenómeno económico escondía realidades más preocupantes: el incremento en el desempleo traería consigo un aumento en los niveles de pobreza urbana. La contracción económica afectaría a sectores vulnerables y el porcentaje de pobreza en el país habría de aumentar.

El llamado a la acción era claro. Las políticas de apertura y retorno a la normalidad debían facilitar la reactivación del sector privado. Pero como cualquier sociedad luego de un desastre, se necesitarían acciones extraordinarias para generar condiciones propicias para una rápida reactivación.

Gobierno, CACIF y tanques de pensamiento presentaron sus propuestas ideas para acelerar la reactivación. En caso todas las propuestas, había un elemento en común: la necesidad de impulsar una agenda legislativa que favoreciera medidas tendientes a la reactivación.

El Congreso empezaba el segundo período ordinario de sesiones, y con una mayoría que en el papel era afín al oficialismo, todo parecía indicar que la “agenda económica” habría de caminar.

La Ley de Leasing, la reforma a la Ley de Zonas Francas, la regulación del empleo a tiempo parcial, la ratificación de la Alianza Público-Privado para la Carretera a Puerto Quetzal, o la Ley de Tasa de Interés para facilitar el acceso a vivienda aparecían al frente de la lista. Medidas, todas, que contribuirían a estimular la inversión privada, a flexibilizar el mercado laboral o a hacer más competitivo a Guatemala.

Sin embargo, los meses pasaron y el Congreso quedó a deber. Atorado en discusiones anodinas o utilizando la justificación que no se quería elegir cortes, la legislatura pasó cuatro meses sin generar mayores resultados. Eso sí, el día que hubo que aprobar el Presupuesto 2021, los diputados alcanzaron consensos y suficientes votos para aprobar el paquete de urgencia nacional.

En los meses posteriores a la peor crisis económica de las últimas tres décadas, los resultados del Congreso hablan por sí solos: 3 decretos legislativos, dos de ellos prórrogas de Estados de Calamidad, y el último, un Presupuesto que reactivó el rechazo ciudadano.

Cierre los ojos, imagine a diputados actuales al Congreso que tanto malestar le generan. Imagine que diputados de similares características redactarían artículos de su Constitución.  Enfoquémonos en cambios concretos y optemos por hacer los cambios puntuales que nuestra Constitución necesita para avanzar.

El descontento ciudadano se ha hecho escuchar en estas últimas semanas. La forma oscura en que se aprobó un presupuesto deficitario y opaco fueron el detonante de algunas manifestaciones.

Las consignas de las manifestaciones son diversas, pero hay una que merece especial atención: la petición de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Para muchas personas la consigna tiene sentido, pero vale la pena detenerse un momento a reflexionar qué implicaciones tiene tal petición.

Permítaseme abordar el tema en un lenguaje menos técnico del que acostumbramos a utilizar los abogados para que el público general comprenda mejor el asunto (bajo el inevitable riesgo de perder precisión y rigor). La Constitución se puede modificar. Sin embargo, cambiarla requiere de un proceso más complejo del que es habitual para modificar una ley ordinaria como la ley del presupuesto o el Código Penal.

Nuestra Constitución prevé dos mecanismos para su modificación. El primero, la Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para cambiar lo relativo a los derechos individuales. Es decir, la constituyente podrá modificar cuestiones relacionadas con el derecho a la vida, a la propiedad privada, a la libertad de expresión, a la libre locomoción, entre otros.

¿Es eso lo que necesitamos? Claramente no. Los derechos individuales reconocidos en la Constitución son fruto de los consensos del momento y ese apartado tiene avances importantes como el reconocimiento de que los tratados sobre derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno. El problema real es que no existe un aparato institucional que garantice esos derechos. Eso nos lleva al segundo mecanismo para reformar la Constitución.

Pero además hay un aspecto práctico que es vital. ¿Cómo se elige a la constituyente? Al final del día la constituyente es un cuerpo legislativo muy parecido al Congreso de la República con la gran diferencia que técnicamente se reúne exclusivamente para reformar los puntos que se acordaron someter a reforma en el decreto de convocatoria a la misma. (Es el Congreso quien debe convocar a la constituyente por mayoría de 2/3 de votos)

Los diputados constituyentes se elegirían de la misma forma como elegimos a los diputados al Congreso de la República. (Si no recuerda cómo se eligen acá les dejo un artículo donde lo explico y acá un video). Eso quiere decir que saldríamos a votar por candidatos a diputados constituyentes postulados por los partidos que ya tienen mayoría en el Congreso y precisamente quienes generan el rechazo ciudadano. A decir, partidos como TODOS de Felipe Alejos, UCN de Mario Estrada (en prisión en EE.UU.), FCN, etc.

Ahora bien, no todo son malas noticias. El segundo mecanismo para reformar la Constitución nos permite reformar los artículos relacionados con el funcionamiento del Estado. Y ese procedimiento consiste en reformas a la Constitución hechas por una mayoría calificada en el Congreso (2/3 del total de diputados) y con una posterior ratificación en una consulta popular donde se preguntará a los ciudadanos guatemaltecos si aceptan o no los cambios a la Constitución.

¿Qué cambios concretos se deben hacer? Es impostergable una reforma al sistema de justicia que cambie ciertos aspectos que generan malos incentivos tales como el periodo de duración de los jueces, la renovación total y cada 5 años de las altas cortes, las comisiones de postulación, etc. También cambios relacionados a las bases del sistema de distritos electorales para elegir diputados para permitir fórmulas electorales más representativas.

Estas reformas no son suficientes. Debe haber otros cambios a nivel de leyes ordinarias. Pero si nos enfocamos en exigir a los diputados reformas concretas será más fácil que consigamos nuestro objetivo.

Una constituyente, primero, tiene capacidad limitada de hacer modificaciones y no tiene potestades (al menos sin poner fin a la actual Constitución) de redactar una nueva Constitución. Y aunque esto fuera posible, no cabe duda de que es el peor momento político para algo así. Tampoco cabe duda de que no hay peor idea que ceder a los actuales “partidos políticos” dominantes semejante tarea.

Cierre los ojos, imagine a diputados actuales al Congreso que tanto malestar le generan. Imagine que diputados de similares características redactarían artículos de su Constitución.  Enfoquémonos en cambios concretos y optemos por hacer los cambios puntuales que nuestra Constitución necesita para avanzar.

Aunque se resuelva la causal inmediata de la crisis y se archive el Presupuesto 2021, los ingredientes del coctel siguen ahí. Un coctel que estallará vía movilización social o que resultará propicio para que el populismo lo explote en 2023. La solución es impulsar una agenda de reformas que dé salida a la presión social. Sin ello, Guatemala camina cual sonámbulo rumbo al precipicio.

El descontento con el sistema político ha estado ahí, desde hace mucho tiempo. Encontrar los orígenes es difícil; casi tanto como acordarse de cómo empieza un sueño. Quizá todo arrancó cuando la corrupción empezó a afectar directamente al ciudadano. Pudo ser entre 2013 y 2014, cuando la corrupción en el Programa de Extensión de Cobertura o la compra sobrevalorada de medicamentos llevó al colapso del sistema de salud pública. O entre 2014 y 2015, cuando empezó a sentirse el colapso de la infraestructura vial, como consecuencia de la corrupción crónica que durante décadas caracterizó al MICIVI.  

Cuando en 2015 MP y CICIG evidenciaron la podredumbre del sistema, se confirmó una realidad a sotto voce. Un sistema donde el que paga campañas multiplica su inversión vía negocios con el Estado. Donde la obra gris, la salud, las aduanas, los servicios públicos son las joyas de la corona. Donde la contratación de personal es foco de saqueos. Y donde la justicia es la guinda que corona con impunidad la corrupción. 

El efecto directo de la corrupción y los obscenos niveles de riqueza acumulados por los Baldettis y Baldizones, hizo despertar a una ciudadanía adormecida. Miles salieron a las calles y así nació la plaza. Una plaza esperanzada en que la justicia le llegaría al corrupto y que los cambios estaban por llegar.

Sin embargo, la esperanza poco a poco languideció. Jimmy Morales, el outsider que debía representar la alternativa a la vieja política, se convirtió en el principal operador del sistema. Los últimos dos Congresos, con renovaciones de más de la mitad de sus integrantes, evidenciaron que el problema no son las personas, sino el sistema. La realidad mitológica de hidra echa política en Guatemala: un monstruo al que se le corta la cabeza, sólo para que se le regeneren dos más.

Si bien el despertar ciudadano también decayó como consecuencia de la aparición de los viejos fantasmas de las “derechas e izquierdas”, la decapitación de la lucha contra la corrupción ahogó una de las pocas válvulas de escape de esa olla de presión, que es el rechazo social al sistema político.

La señal de alerta se hizo sentir en junio 2019, cuando el Movimiento de Liberación de los Pueblos alcanzó 10% de votos. En un país donde la izquierda nunca había obtenido más de 3%, ese resultado reflejaba que el discurso “anti-sistema” ganaba terreno. Y no, el caudal del MLP no provino de las zonas donde opera CODECA, sino de territorios rur-urbanos a lo largo del eje de la Carretera Interamericana.

El 2020 trajo un ingrediente nuevo. El descontento económico y social. La pandemia Covid-19 trajo consigo la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas. Más de 170,000 trabajadores suspendidos; otros 70,000 perdieron sus empleos. Un estimado de 25% de la población perdió parte de sus ingresos, y con ello, decayó su nivel de vida. A diferencia de la pobreza tradicional, que se concentra particularmente en áreas rurales, la crisis económica de Covid-19 afectó con severidad a las clases medias urbanas.

La mecha que encendió el fuego provino de un suceso insospechado. La aprobación del Presupuesto 2021. Extraño la verdad, dado que la discusión presupuestaria es compleja y pasa relativamente desapercibida. El carácter atípico de este fosforazo hace pensar que el evento particular fue lo de menos. Los ingredientes de la crisis ya se habían cocinado, y el Presupuesto fue la excusa que hizo estallar el descontento social.

De ser así, la perspectiva es compleja. Aunque se resuelva la causal inmediata de la crisis y se archive el Presupuesto 2021, los ingredientes del coctel siguen ahí. Un coctel que estallará vía movilización social o que resultará propicio para que el populismo lo explote en 2023. La solución es impulsar una agenda de reformas que dé salida a la presión social. Sin ello, Guatemala camina cual sonámbulo rumbo al precipicio.

A lo largo de la historia contemporánea, las revoluciones han sido el resultado de sociedades inmovilistas, que se resisten al cambio, que no leen el espíritu de los tiempos, que ignoran los síntomas de desgaste social y que son incapaces de encausar las demandas de la población porque cierto estado de cosas les favorece.

Las revoluciones violentas e irreversibles, brotan en aquellas sociedades que piensan que las reformas políticas concedidas bajo la presión popular serán interpretadas como una señal de debilidad y que —aprovechadas por los radicales— contribuirán a profundizar el deterioro de la autoridad del Estado.

Por ejemplo, hacia el siglo XVII, los “parlamentos”[1] franceses sirvieron de contrapeso al poder monárquico de los borbones y entre sus funciones se hallaba la capacidad de “amonestar” los decretos del rey y no registrarlos, lo cual funcionaba como una suerte de “veto”. En medio de la guerra civil en Inglaterra, el Parlamento de París comenzaría a emitir las mismas ideas del parlamentarismo inglés, al expresar su rechazo a los crecientes poderes de la monarquía. Ante este conflicto, el joven rey Luis XIV tuvo que refugiarse momentáneamente fuera de la ciudad y como consecuencia, durante su largo y poderoso reinado absolutista, los parlamentos perdieron sus derechos. A la muerte del Rey Sol, los parlamentos volvieron a unirse para limitar las prerrogativas reales, lo que condujo a que el Parlamento de París tuviera que exiliarse varias veces en las segunda mitad del siglo XVIII. Finalmente, el punto de ebullición serían los problemas financieros que atravesó el reinado de Luis XVI. La corona intentó hacer frente a las deudas a través de medidas aún más represivas a las que las Cortes soberanas se opusieron, generando una crisis profunda que obligó finalmente a Luis XVI a convocar a los Estado Generales en 1789, que iniciarían la Revolución y pondrían fin a la monarquía y terminarían desatando una violencia y un terror sin precedentes.

También, hacia finales del siglo XIX, la Rusia zarista se hallaba paralizada por el letargo social y una atmósfera conservadora renuente a la innovación, además con una derrota moral humillante por la Guerra de Crimea que ganaron los Otomanos. Ante esta crisis, comenzaría un período reformista y modernizador liderado por el zar Alejandro II. Estas reformas hallaron una oposición férrea por parte de la élite dominante, que las terminaría revirtiendo después de su asesinato por un grupo revolucionario extremista en 1881. Este suceso sería en adelante la excusa perfecta de la burocracia zarista para evitar aquello que temían más: la participación de la sociedad en la toma de decisiones y de allí que el sucesor, Alejandro III, no entregara más concesiones sino que endureciera las medidas de represión. En ese esquema agonizante entra Rusia al siglo XX, y de nuevo el zar Nicolás II, ignorando y escondiendo bajo la alfombra las claras señales de declive del sistema y de malestar social, prefirió seguir concentrando el poder autocrático y unirse a la Gran Guerra europea y se rehusó a ceder poder político a la Duma Imperial (especie de parlamento o Asamblea consultiva). Cuando las presiones populares derivaron en violencia revolucionaria y terrorismo, fue forzado a renunciar y llegó, junto con su familia, a un violento final a manos de los bolcheviques.

Por lo general, la élite dominante reacciona cuando ya es muy tarde y la revolución es inminente. Después de la negación, la excesiva auto-confianza y la falta de visión para ceder cuotas y llegar a acuerdos y concertaciones con los reformistas (quienes todavía respetan las reglas del juego y desean operar dentro del marco existente para impulsar las transformaciones); le terminan sirviendo el camino a los revolucionarios, que siempre están al acecho y que quieren arrasarlo todo desde sus cimientos. El temor a los radicales se termina convirtiendo en profecía auto-cumplida.

[1] Se llamaban parlamentos o cortes soberanas, pero sus funciones no eran las de un parlamento moderno, por no haber distinción en ese momento entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Básicamente actuaban como Cortes de apelación final de las querellas que venían de las cortes menores y actuaban como una suerte de tribunales en los casos que involucraban a la nobleza.

Combatir la captura del Estado es la precondición a cualquier agenda económica o fiscal

Desde la toma de posesión, las bancadas que conforman la alianza mayoritaria en el Congreso se presentaron como los promotores del conservadurismo, de la derecha, de la vida y la familia, y de los valores antagónicos a lo que sea que ellos entienden como izquierda, socialismo o comunismo. La careta, cual mascara veneciana, resultaba funcional para participar en el jolgorio de la repartición de prebendas, privilegios, cuotas de poder y negocios que ocurre en el Congreso. Al fin y al cabo, actores relevantes de la sociedad política nacional y las mismas élites han enviado el mensaje que está bien ser corrupto, lavador de dinero o narcotraficante, siempre y cuando sea “de derecha”.

Sin embargo, en uno de esos giros de trama digno del mismo realismo mágico, esa alianza mayoritaria decidió tirar a la basura la tradición de prudencia fiscal que históricamente ha imperado en Guatemala, al aprobar un presupuesto inflado, desfinanciado y sin prioridades de gasto. La escena digna de macondo ha sido ver al Presidente del Congreso y a diputados insignia de esa alianza defender en medios el instrumento presupuestario. Una de las justificaciones es que Guatemala necesita ampliar el gasto público como mecanismo para generar reactivación luego de la crisis económica provocada por el Covid-19.

Vaya sorpresa. Después de meses de ser presentarse como baluartes de un supuesto conservadurismo, los muchachos ahora se volvieron keynesianos.

Quizá lo que ningún proponente de la economía keynesiana ha reflexionado es qué ocurre cuando se aplican esas recetas fiscales en un Estado fallido, donde las instituciones brillan por su ausencia, donde el sistema de justicia responde a intereses políticos y donde la corrupción es la moneda de cambio diaria.

La respuesta es sencilla: se magnifica la realidad de un sistema patrimonial extractivo.

El New Deal de Franklin Roosevelt, una política expansiva de gasto público luego de la Gran Depresión, permitió que Estados Unidos construyera obras de infraestructura, ferrocarriles, autopistas, la presa hoover, por mencionar algunas. En Guatemala, en lugar de presas Hoover tendríamos decenas de “libramientos de Chimaltenango” o monumentos a la corrupción. Las grandes obras de infraestructura servirían para atiborrar los bolsillos de ministros, diputados, alcaldes, o llenar nuevas “Tamaletas”.

De los últimos 5 Gobiernos, los Ministros de Comunicaciones del FRG (Luis Rabbé), UNE (Luis Alejos), Patriota (Alejandro Sinibaldi y Victor Corado) y del FCN (José Luis Benito) se encuentran detenidos, prófugos o pendientes de extradición por delitos de corrupción. ¿A ese sistema le quisiera usted entregar más recursos fiscales? ¿A ese sistema le quisiera usted encargar la tarea de reactivar la economía?

Ese es el problema de pensar en recetas de primer mundo sin antes resolver la problemática propia del Estado guatemalteco. Si antes no se hace un esfuerzo por depurar al Estado de las grandes estructuras de corrupción; si antes no se hace un esfuerzo por combatir las redes de captura criminal en los partidos políticos; o si antes no se reforma el sistema electoral, el sistema de justicia, el sistema burocrático y de gestión pública, cualquier política de ampliar el gasto público será como echar más agua en una cubeta agujerada. Sin combatir la captura del Estado, poco se puede hacer mediante una agenda económica.

El martes, 17 de noviembre, sesionaba en pleno el Congreso de la República. A las 4:30 p.m. la Comisión de Finanzas repartía el dictamen favorable al proyecto de presupuesto para 2021. Era un documento de 127 páginas. Lo normal era que cada diputado tuviera tiempo para leer el dictamen y conocer la aprobación del presupuesto en otra sesión.

Sin embargo, ese mismo martes a las 6:10pm el diputado Jorge García del bloque Prosperidad Ciudadana presentaba una moción privilegiada para solicitar cambiar la agenda de la sesión. ¿El motivo? Agendar ese mismo día conocer el presupuesto de la nación. El pleno aprobó dicha moción y entró a conocer el presupuesto.

A las 11pm el diputado Julio Longo del bloque FCN presentó moción privilegiada para conocer de urgencia nacional el presupuesto. ¿Qué significa esto? Que de declararse de urgencia nacional el decreto de presupuesto se aprobaría en UNA lectura en el pleno. El proceso normal consiste en tres lecturas en tres sesiones distintas. Necesitaban 107 votos para aprobar la declaratoria de urgencia nacional y tuvieron 110 votos.

A partir de ahí se consumó la traición a los guatemaltecos. El Congreso aprobaría en cuestión de horas un presupuesto de Q99.7 mil millones de los cuales casi Q34 mil millones serían financiados por deuda pública. En términos tanto absolutos como relativos era el presupuesto más alto que jamás hubiera aprobado el Congreso.

Las finanzas públicas quedan en vilo. En 2019 la deuda pública comparada con el Producto Interno Bruto (PIB) era de 26.6%. En marzo el Congreso había aprobado Q20 mil millones de endeudamiento para financiar los programas de ayuda por la pandemia. Pero ahora, con este presupuesto, los niveles de endeudamiento llegarían al 36% sobre el PIB.

Quizás todo mundo salga con la cantaleta de “es un nivel de deuda menor que el de otros países de la región”. Lo que no dicen es que lo importante es saber cuál es la capacidad de pago del Estado de Guatemala. Como es un Estado que recauda menos impuestos que sus pares, resulta que el nivel de deuda relativo a los ingresos tributarios llegaría a un 355%. Los expertos dicen que cuando esta cifra llega al 250% un país está en una situación delicada. Guatemala ya estaba en ese punto antes de aprobar este presupuesto.

Quizás estas cifras sean muy técnicas y aburridas para el lector. Prensa Libre publicaba la cifra siguiente: con los niveles de deuda de 2019 si dividíamos la deuda del país entre el número de habitantes, cada guatemalteco “debía” Q.9,600. Con la deuda aprobada en marzo de este año cada guatemalteco ya “debería” Q.11,224 y con el presupuesto aprobado por el Congreso el martes pasado, cada guatemalteco “debería” Q.13,152.

¿Qué hacer ahora? Los principales enemigos son la apatía ciudadana y el tiempo. La apatía ciudadana porque los políticos tienen que escuchar nuestra voz y dar marcha atrás. El presidente tiene el poder de vetar el decreto del presupuesto de 2021 y eso obligaría a que el Congreso vuelva a conocerlo. La ciudadanía debe exigir al Congreso que apruebe un presupuesto más bajo y ajustado a la realidad del país.

¿Por qué el enemigo es el tiempo? Porque la Constitución establece la fecha límite para aprobar el presupuesto cada año: el 30 de noviembre. Si el presidente veta el decreto de presupuesto demasiado tarde, no habrá tiempo de que el Congreso aprueba un nuevo presupuesto. ¿Qué pasaría? Continuaría el presupuesto vigente que es más alto (Q107 millardos) que el aprobado para 2021 por los préstamos que autorizó el Congreso en marzo para los programas de “ayuda” por la pandemia.

Así que la hoja de ruta está clara, pero no hay tiempo: el presidente debe vetar el decreto del presupuesto de 2021 cuanto antes y el Congreso debe aprobar un nuevo decreto de presupuesto antes del 30 de noviembre. Hagamos escuchar nuestra voz. #BastaYa

Al borde de llegar al Estado fallido

Cuando el 13 de marzo pasado se presentó el primer caso oficial de Covid-19, Guatemala contaba con el sistema de salud más raquítico de América Latina. Indicadores como 1.1% de inversión en salud pública sobre PIB; o la disponibilidad de 0.6 camas por cada 1,000 habitantes eran tan solo el reflejo de un mal mayor: durante décadas la salud pública fue objeto de saqueo y abandono.

La historia se repitió a principios de noviembre cuando el huracán Eta tocó suelo centroamericano, y aunque debilitado, sus lluvias impactaron el territorio nacional. Aquí nuevamente quedó evidenciada la debilidad histórica del Estado de Guatemala. Desde las limitaciones operativas para implementar medidas de prevención y evacuación, hasta el impacto sobre la infraestructura y la red vial del país, nuevamente salió a la luz el efecto de décadas de saqueo en la obra gris y en los dragados.

El mismo ejercicio podríamos hacer con la tragedia del volcán de Fuego de 2018; la tragedia de Cambray de 2015; el terremoto de San Marcos de 2012; la temporada de tormentas tropicales del año 2010 y así sucesivamente en la historia reciente del país.

Lo anterior no es más que el fiel reflejo de la realidad de un sistema político al borde del Estado fallido.

Por cierto, el concepto de Estado fallido sobará familiar. En un sentido amplio, el término se usa para describir un Estado que se ha hecho ineficaz, teniendo sólo un control nominal sobre su territorio; no hacer cumplir sus leyes debido a las altas tasas de criminalidad, a la corrupción extrema, a un extenso mercado informal, a una burocracia impenetrable, a la ineficacia judicial y a la interferencia de poderes paralelos en la política.

El círculo vicioso que provoca esa realidad es sencillo de describir. Cada cuatro años, grupos político-económicos -lícitos e ilícitos- junto a actores del crimen organizado se organizan bajo el paraguas de los partidos políticos, para acceder a puestos de autoridad. Desde el ejercicio de poder, se toma control de las principales agencias públicas: la salud pública, la infraestructura, la seguridad social, el poder local, los consejos de desarrollo, las aduanas, etc., son las grandes joyas de la corona.

El control de estas y otras joyas de menor envergadura permite negociar con el presupuesto del Estado. Satisfacer las ansias patrimoniales de los actores que tomaron el poder. Pagar deudas de campaña a financistas. Colocar a activistas, amigos y achichincles en diversos cargos dentro de la administración pública. En fin, hacer de lo público una piñata.

Ese modelo se complementa con la cooptación de los órganos de control. Una Contraloría insípida que llega tarde o voltea a ver a otro lado. Un Ministerio Público tímido. Y cortes de justicia que garantizan impunidad. Con esa realidad, el saqueador se asegura que sus fechorías quedarán impunes.

Tristemente, tragedias, pandemias o desastres naturales ponen en evidencia el nivel tan raquítico que ha alcanzado la debilitada institucionalidad del Estado.

Esta columna resume un análisis más detallado que puede encontrar aquí.

Quizá el ciudadano medio no lo tenga tan presente, pero la aprobación en el año 2008 del decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información (LAIP), marcó un avance importantísimo en materia de transparencia para nuestro país.

La opacidad ha sido la regla en nuestro Estado y aquella ley reconoció el derecho de todos los guatemaltecos a pedir información y declaró la obligación de los órganos y entidades estatales de proveer esta información pública cuando se le requiriera y a hacerla disponible de oficio en sus portales web.

A partir de entonces todos los órganos y entidades estatales tienen la obligación de tener una unidad de acceso a la información pública y cualquier ciudadano puede solicitar información de forma relativamente simple. Aún hay desafíos. Algunas entidades autónomas como el IGSS no lo ponen tan fácil y lo mismo se puede decir de varias municipalidades. 

Sin embargo, se puede decir que la transparencia y la rendición de cuentas han visto un antes y un después desde que se aprobó la LAIP. Por supuesto que toda ley es una mera lista de deseos si no tiene mecanismos que la hagan valer y la LAIP encomendó a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) velar por el cumplimiento de la ley.

Ahora en el Congreso se discute la Iniciativa de ley 5792 que pretende hacer cambios a la LAIP. El más llamativo es que pretenden quitar como órgano rector a la PDH y pasarlo a una “Oficina Nacional de Acceso a la Información” (ONAIP).

Es frecuente que las leyes de acceso a la información establezcan órganos especializados para supervisar el cumplimiento de estas. El vicio fundamental de la iniciativa que se discutirá en el Congreso es que se propone que la ONAIP esté a cargo de un director que sería nombrado por el Congreso por mayoría simple de una nómina que generaría la Comisión de Probidad y Transparencia del propio Congreso.

En pocas palabras, pretenden crear un órgano profundamente vulnerable a la influencia política. Y precisamente eso destruye la iniciativa completa. Por ejemplo, La Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública de la OEA recomienda que los órganos garantes de estas leyes de acceso a la información sean órganos colegiados de al menos cinco miembros.

También se recomiendan procesos de designación que los hagan menos permeables a la influencia política. Recordemos que lo que está en juego es nuestro derecho fundamental de tener acceso a la información pública y eso requiere que el estándar de independencia del órgano garante sea alto.

En resumen, querido lector, esta iniciativa es profundamente deficiente y pone en riesgo los avances en materia de acceso a la información que hemos logrado como país. Si bien es legítimo discutir si es la PDH el órgano que necesitamos para garantizar la aplicación de la ley, la oficina propuesta en esta iniciativa solo empeora las cosas.

La Ley de Acceso a la Información es mejorable, pero las últimas dos legislaturas nos han dejado claro que el Congreso se parece al Rey Midas, pero al revés. El Rey Midas convertía en oro todo lo que tocaba. El Congreso, al revés.

Esperemos que el Congreso no toque la LAIP si no es fruto de un consenso amplio y a partir de bases técnicas. Pero resulta sospechoso que una iniciativa así avance tan rápido y que en menos de dos meses obtenga dictamen favorable y sea agendada en el pleno. Huele a podrido.

Un parteaguas en la historia de organizaciones políticas en Guatemala

Durante la última década, ha existido un consenso entre los estudiosos de la ciencia política que el sistema de partidos guatemaltecos reúne una serie de características propias. En primer lugar, el sistema puede catalogarse como un multipartidismo fragmentado, concepto que hace referencia al elevado número de agrupaciones, aunado a la incapacidad de esas agrupaciones de gestar alianzas o coaliciones entre partidos con esquemas programáticos similares.

Una segunda característica hace referencia a la volatilidad del sistema, la cual permite explicar dos fenómenos. Por un lado, la incapacidad de los partidos de ganar elecciones de forma consecutiva, o por lo menos, de alcanzar resultados significativos en dos o más eventos electorales. También, hace referencia a un sistema de partidos cuyas agrupaciones tienen una vida promedio de 12 años, y cuyo recambio institucional es excesivamente alto. 

La tercera característica permite explicar la debilidad territorial de las agrupaciones políticas. Tal y como lo conceptualizaran los colegas Hugo Novales y Jonatán Lemus, los partidos en Guatemala operan cual franquicia comercial: en lugar de establecer organización formal y legítima en los diferentes municipios y departamentos, los partidos “encargan” su marca a un cacique local, a cambio de que éste ejerza control absoluto de la organización en un territorio. Naturalmente, esta dinámica tiende a fortalecer el poder de esos liderazgos locales unipersonales, y debilidad la construcción de organización institucional de los partidos.

Pero en los últimos cuatro años, atestiguamos una aceleración en la crisis del sistema de partidos, producto de factores tan diversos como los casos judiciales que empujan el MP y la CICIG, las disputas de poder a lo interno de los partidos, la circulación generacional de liderazgos, la incapacidad de los partidos de definir su actuación en el marco de la dicotomía “vieja política vs nueva política”, y el rechazo ciudadano a todo referente  del antiguo régimen.

Los casos del MP y CICIG han contribuido a depurar el sistema. Veamos. Las dos agrupaciones más relevantes del 2014 (Líder y el Partido Patriota) han sido canceladas por anomalías en cuanto a financiamiento de campañas. Los otros dos partidos relevantes del 2015, UNE y FCN-Nación enfrentan procesos administrativos también por anomalías financieras.

Pero al mismo tiempo, los casos contra diputados y alcaldes, muchos de ellos caciques territoriales, como Arístides Crespo de Escuintla, Julio López Villatoro de Huehuetenango, Baudilio Hichos de Chiquimula, Marcelino García Chutá de Sololá o Arnoldo Medrano de Chinautla –por mencionar algunos casos paradigmáticos-, ponen en entredicho el modelo del partido franquicia: ya no resulta tan eficiente para una agrupación “delegar” en un cacique la administración de la marca, más si ese cacique puede ser involucrado en un caso judicial.

A lo anterior agreguemos las disputas internas propias de toda organización partidaria. Vale recordar que experiencias anteriores en el PAN en el 2000, el FRG en el 2005, o la UNE en el 2011, demuestran que la incapacidad de los partidos de generar circulaciones generacionales ordenadas, provoca fragmentaciones. Del conflicto interno del PAN, surgió el Unionismo y la GANA; del conflicto interno del FRG surgió la UCN; y del conflicto interno de la UNE en el 2009 surgió Líder y en el 2011, surgió TODOS. En otras palabras, la incapacidad para atender los conflictos internos o generar recambios dirigenciales de forma ordenada e institucionalizada provoca la fragmentación y multiplicación partidaria.

Y por si fuera poco, todos los partidos restantes se enfrentan a una disyuntiva mayor: ¿cómo responder a una ciudadanía que rechaza la vieja política y que demanda nuevas actuaciones de su dirigencia política? Por el momento, ninguna de las agrupaciones existentes parece encontrar la solución a la disyuntiva a menos de un año de las elecciones generales 2019.