Tres académicos nos invitan a entender, con lentes diferentes, el papel de las instituciones en el mundo occidental.

Tres académicos en los últimos años han aportado al mercado de las ideas, sólidas obras académicas y de divulgación con una singular importancia para la comprensión de la civilización occidental. Los académicos referidos son: Ian Morris, Steven Pinker y Niall Ferguson. Morris es profesor Stanford University, Pinker es profesor en Harvard University, al igual que Ferguson.

Las credenciales de estos hombres son conocidas, pero quizás la sola mención de algunas de sus ideas de manera sucinta, pueden evidenciar, cuán importante es tomarlos en cuenta en el mundo actual, cuando se trata de comprender los problemas institucionales en largos períodos históricos, evitando con ello posiciones unilaterales.

Morris ha venido a plantear como la moral occidental ha variado a lo largo del tiempo, quedando condicionada al uso y extracción de la energía en determinada época. Partiendo de que existen tres grandes sistemas en la civilización occidental: i) valores de cazadores-recolectores, ii) valores agrícolas o campesinos y iii) valores de los combustibles fósiles, el autor disecciona cómo se dan las relaciones entre libertad, igualdad y coacción en estos estadios.

Dado que los tres estados civilizatorios dejan resquicios en nuestra civilización, se puede llegar a la conclusión que las tres pueden encontrarse en muchas partes del mundo, aun cuando la última a nivel general sea la predominante en occidente. De hecho, bastaría viajar por buena parte de la América latina para observar como aun encontramos “valores de cazadores-recolectores” y “valores agrícolas o campesinos”.

Ello explica en buena medida los contrastes abismales en nuestros propios países, cuando se trata de sistemas morales e institucionales que rivalizan entre sí.

El elemento político-institucional en Morris, aun no siendo su preocupación central, no deja de tener un lugar especial. De hecho muestra como la necesidad por preservar el poder ha llevado paradójicamente a que los gobiernos permitan la paz. Este elemento del papel decisivo del gobierno, se relaciona en parte con los otros autores que se mencionarán, dado el énfasis que colocan en el papel de las instituciones en occidente.

En lo que se refiere a Steven Pinker[1], vale destacar que ha abordado el tema de lareducción de la violencia en occidente, con datos significativos que persuaden como nuestra época está signada por una condena férrea a todo trato cruel e infamante en comparación con otros estados de la historia.

Morris y Pinker recuerdan, pese a las críticas que formulan, a la célebre obra de Thomas Hobbes, al punto de que coinciden con este en el hecho de que la necesidad del gobierno se da por el hecho de que el hombre abandona el “estado de naturaleza”precisamente por el miedo a la muerte prematura.

Pinker sugiere que el hombre moderno está impregnado de una “naturaleza humana”, la cual si bien está plagada de instintos violentos, no excluye que también tenga sus instintos "angelicales".

En el caso de Niall Ferguson[2], vale destacar que ha aportado con creces al debate contemporáneo en lo que se refiere al ascenso pero riesgoso proceso de decadencia de la civilización occidental. Ha mostrado la importancia que ha tenido para occidente el imperio de la ley, la competencia entre los países y dentro de los países, la revolución científica, el gobierno representativo, la medicina moderna, la sociedad de consumo y la ética del trabajo.

En The Great Degeneration (2014) el autor muestra algunas “cajas negras que han permanecido selladas durante largo tiempo”, a saber: “democracia”, “capitalismo”; “imperio de la ley” y “sociedad civil” como componentes centrales de la civilización que están en riesgo de degeneración.

Esta perspectiva pretende alertar cuán peligroso sería ese “estado estacionario” que hablaba Smith, entendido como un país anteriormente rico que deja de crecer. En el caso de América latina, el debate intelectual y político ha girado en torno a la pregunta de por qué somos países pobres en su gran mayoría. Sin embargo, la preocupación de Ferguson está en el hecho de qué hay países ricos que pueden volver a la pobreza.

La obra de estos tres pensadores nos invita con perspectivas singulares y fructíferas a mirar el papel de las instituciones en el mundo occidental con lentes diferentes. De la misma manera, nos muestran como ha sido ese largo proceso de gestación de instituciones, sus fundamentos, sus características, sus aportes e incluso los peligros que enfrentan en un mundo a veces alejado de la necesidad de conocer nuestro pasado.

Si bien el papel de las instituciones ha sido relevante en los tres, la perspectiva humana tiene un papel central en los autores. La idea de que las instituciones sociales o políticas pueden alterar los rasgos esenciales del ser humano sería rechazado por Pinker especialmente, pero los tres pueden dar cuenta como el ser humano con sus rasgos más intrínsecos se ven condicionados de cierta manera por el contexto histórico que les toca vivir.

Referencias:

[1] Autor de obras significativas como The blank slate: the modern denial of human nature (2003); The language instinct: how the mind creates language (2007); How the Mind Works (2009) y The better angels of our nature: why violence has declined (2012).

[2] Autor de obras significativas como The ascent of money: a financial history of the world (2009); Civilization: the west and the rest (2012); The great degeneration: how institutions decay and economies die (2014) y Kissinger: 1923-1968: the idealist (2016) entre otras.

Los desechos sólidos son un problema mundial y en distintos países son manejados de maneras totalmente opuestas.

La tragedia que sucedió en el Basurero Municipal de la zona 3 ha dejado un gran número de fallecidos y heridos. El manejo inadecuado de los residuos sólidos no solo trae consigo impactos negativos a la salud, sino que, si se lee entre líneas, es el reflejo de como una sociedad lidia con todo un conjunto de problemas sociales. A continuación se presentan dos realidades muy distintas en cuanto a cómo las municipalidades afrontan el tema del tratamiento de desechos sólidos.

SUIZA Y EL RECICLAJE EXHAUSTIVO DE BASURA

El método más efectivo que encontró Suiza para afrontar el problema de sus basureros fue la clasificación. Todas las personas que viven en el territorio suizo están obligadasa separar y clasificar su basura gracias a la ley del ambiente en donde se multa a cada ciudadano con hasta 10 mil francos (alrededor de 10 mil dólares) por no clasificar su basura[1].

Incluso, existe la “policía de la basura” que se encarga de revisar que la basura de las personas esté bien clasificada y que se utilicen las bolsas con etiquetas correspondientes al tipo de basura que debe ir dentro. Los trabajadores de este sector, responden directamente a la municipalidad de su ciudad o son empleados de las recicladoras, donde gozan de empleos formales

Para más información de cómo separa Suiza su basura ingresa AQUÍ.

Este tipo de sistemas son replicados en varios países desarrollados del mundo, pues cuentan con la capacidad económica de invertir en este sector. Por ejemplo, Japón obliga a sus ciudadanos a lavar y secar su basura para hacer la tarea de reciclaje a nivel nacional mucho más fácil. Se crearon incentivos para esta práctica donde se reciben puntos por la cantidad de basura que se recicla y que luego se pueden canjear por premios o servicios en comercios específicos[3].

GHANA EL BASURERO TECNOLÓGICO

Las prácticas de basureros sin regulación o sin tratamiento de deshechos es la realidad latente de países en vías de desarrollo. Ghana, al igual que Guatemala, cuenta con un basurero poco regulado en donde niveles socio económicos bajos aprovechan a participar de la economía informal. El basurero de Agbogbloshie, un suburbio de Accra, se ha convertido en un cementerio electrónico, ya que no existen leyes que prohíban la importación de los equipos electrónicos en mal estado. La chatarra llega como donación o declarada como producto usado para su reventa en el país. Las empresas electrónicas de Europa prefieren exportar su basura a ese país para evitar los costos de reciclaje.

Fuente: http://interactive.aljazeera.com

Comisionados de la ONU, Greenpeace y UNICEF no solo se preocupan por brindar insumos para la salud de los locales o defender sus derechos laborales, sino que intentan implementar una política pública para que no se reciban más electrónicos en el país sin la verificación de que puedan ser reutilizados.

Guatemala no se queda atrás con este tipo de realidad. Recientemente un alud de basura sepultó a trabajadores del relleno sanitario de la zona 3 por no contar con regulaciones básicas en cuanto al manejo de la basura. Se estima que alrededor de 5,000 personas trabajan dentro del basurero ganando al día Q60 y Q70 en productos que recogen y venden a recicladoras. Sin embargo, todos se encuentran laborando en la informalidad sin contar con un marco legal que los resguarde de los riesgos que existen alrededor de la basura.

Relleno Sanitario de la Zona 3 en la ciudad de Guatemala.

El camino parece largo para nuestro país. Es lógico que en nuestra realidad, la inversión pública que necesitemos actualmente se focalice en salud o educación dejando los desechos sólidos al final de la lista de prioridades. Sin embargo, cambiar nuestra cultura de basura incentivaría la operación de sistemas de gestión y de infraestructura apropiada para el tratamiento de desechos sólidos o líquidos; lo cual no solo impactaría a áreas aledañas a la zona 3, sino que haría ver a la basura como una industria con oportunidades de crecimiento económico.

Bibliografía:

[1] https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19830267/index.html

[2] http://trabajoypersonal.com/por-que-suiza-es-la-economia-mas-saludable-d...

[3] https://www.veoverde.com/2014/08/asi-es-la-cultura-de-la-basura-en-japon/

[4] http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/vertedero-tecnologi...

[5] http://interactive.aljazeera.com/aje/2015/ewaste/index.html

La izquierda se pregunta por qué es tan difícil para los empresarios hablar de desigualdad y política. Los empresarios se preguntan por qué a la izquierda le cuesta entender la economía.

Analistas e intelectuales de izquierda se preguntan frecuentemente por qué es tan difícil para los empresarios hablar con profundidad de desigualdad, pobreza y política, y más aún, por qué les cuesta tanto hacer propuestas que solucionen los graves problemas que tienen nuestros países en estos campos. Y los empresarios se preguntan por qué a la izquierda le cuesta tanto entender el proceso económico y por qué no logran aclarar la dicotomía entre crecimiento económico y desarrollo social, y el hecho de que uno no puede existir sin el otro.

En general, para los empresarios, de cualquier tamaño, es fácil analizar y discutir sobre inversión y crecimiento económico; y saben, más o menos, que los problemas de pobreza y desigualdad se resuelven por ese camino. Sin embargo, en nuestros países, especialmente en los tres del norte de Centroamérica y en la dictadura de la región (el régimen de Nicaragua, que al fin tiró el pedazo de disfraz que le quedaba de democracia), los problemas sociales y políticos son grandes y el crecimiento económico es a todas luces marginal e insuficiente. Hay crecimiento pero solo beneficia a los sectores de la sociedad que participan de él. Ese crecimiento no es capaz de aliviar el subdesarrollo a una velocidad suficiente para evitar la inestabilidad social y los constantes ciclones políticos y la violencia que provocan la pobreza y la desigualad. Esto se hace más grave por el hecho de que muchos dirigentes, en lugar de tratar estos problemas con seriedad y responsabilidad, escogen un discurso populista y de confrontación, y lejos de resolver, complican más la crisis; y los empresarios se esconden en sus trincheras. Este fenómeno y las graves consecuencias que provoca, lo hemos visto en varios países de América Latina a través de la historia. Algunos siguen pagando un altísimo costo que afectará a más de una generación de ciudadanos.

Las crisis políticas, la inestabilidad y la falta de certeza alejan la inversión y no permiten que las economías crezcan e integren de manera efectiva a un número mayor de personas, especialmente a quienes se quedaron atrás.

La desigualdad ha existido siempre, y aunque a nivel mundial bajó, en los países desarrollados ha aumentado, y por eso, se convirtió en tema de discusión mundial. Sin duda, es un problema al que se debe encontrar explicación y solución, pero con responsabilidad y sin carga ideológica. El objetivo es subir el nivel de vida y combatir la pobreza. Expertos en el tema de la desigualdad la comparan al colesterol. Hay de la buena y de la mala. La clave es preservar la motivación, la iniciativa, la excelencia y la competencia, virtudes esenciales para el crecimiento económico y el desarrollo. La igualdad de oportunidades es crucial. La igualdad ante la ley es indispensable. Y la libertad y el Estado de Derecho son condiciones imprescindibles para alcanzar el desarrollo.

Como siempre, las elites juegan un papel esencial. Tienen que enterarse del problema y de sus riesgos. Y aquí está el dilema. Los partidos políticos están desprestigiados, disminuidos y sin rumbo. Su ideología es vacía y oportunista. No tienen propuesta de Estado. La elite económica está demasiado concentrada en sus empresas y no ven que sus países se les vienen encima. La academia, encerrada en sus librerías y la sociedad civil, despersonalizada y sin dirigentes relevantes. América Latina vive años peligrosos, pero también son años en los que la juventud debe comprender que es su momento y que llegó la hora de que una nueva generación tome el poder político de sus países, corrija el rumbo y salve su futuro. Y para tener éxito, debe prepararse y rescatar los partidos políticos para refundar la política.

La discusión sobre las manifestaciones o bloqueos se ha convertido en parte de la eterna guerra política e ideológica que los guatemaltecos libramos en redes sociales y medios de comunicación.

El derecho a manifestar es vital para la democracia y la ciudadanía. Si tuviera que ordenar los derechos por importancia, sin pensarlo lo ubicaría bastantes puestos arriba del derecho a la libre locomoción. A pesar de su importancia, es bueno recordar que no existen derechos absolutos, todos los derechos tienen límites.

Los límites de ambos derechos son sutiles y difícilmente pueden delimitarse a la perfección en una ley. Por ejemplo, el derecho a manifestar o reunirse pacíficamente está garantizado en la Constitución y en tratados internacionales de Derechos Humanos, pero también existe legislación en el país que lo limita. El objetivo de esta legislación es procurar que todas las manifestaciones se lleven a cabo dentro de ciertos términos socialmente aceptados. Por supuesto que esto es subjetivo y estará sujeto a una diversidad de factores, como el momento político que atraviesa el país.

Una marcha o un plantón de cualquier tamaño pueden dificultar el paso por una o varias calles. Hay momentos en la vida política de un país en donde una manifestación puede crecer bastante y eso obstaculizará total o parcialmente el tránsito de vehículos o personas. En esos momentos las autoridades, que pueden estar bajo fuertes presiones, deben tomar decisiones para tratar de mantener el orden. Lo cual siempre es delicado pues cualquier movimiento mal calculado puede resultar en heridos.

#FotoDelDía | Multitudinaria manifestación denominada "Toma de Venezuela", organizada por la alianza opositora para protestar contra Maduro pic.twitter.com/GDEkE9tAsJ

— El Economista (@Eleconomistanet) 26 de octubre de 2016

Sin embargo es precisamente en estos casos en donde el derecho a la locomoción pierde frente al derecho a manifestar. En una manifestación de cualquier tipo, incluso las que son coordinadas con la autoridad y en donde es casi imposible mantener las vías totalmente despejadas, las personas tendrán que buscar alternativas de paso o unirse a la manifestación. En estos casos no hay mucho que hacer, a pesar de las buenas intenciones que tenga la autoridad de facilitar el paso “no queda otra que aguantarse”.

Hay momentos también en los que el derecho de manifestación se topa con los límites establecidos por la legislación y por lo que una sociedad está dispuesta a aceptar. Esto sucede cuando un grupo de personas, sin importar su procedencia o motivación, decide obstruir el paso en una o varias de las principales vías de comunicación del país por un importante período de tiempo. Esto es un abuso y un delito. Las autoridades están obligadas a reestablecer el orden público y para esto deben existir protocolos que permitan a las fuerzas de seguridad acercarse a los manifestantes sin recurrir a la violencia.

#OyenteEU reporta #TránsitoGT complicado en el km 22 de la ruta al Pacífico por bloqueo de transportistas. pic.twitter.com/NxWN495hcq

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) 27 de octubre de 2016

Las diferencias entre ambas “violaciones al derecho de locomoción” son sutiles pero importantes. En el primer caso la manifestación crece a tal punto que termina, sin intención o con previo aviso a los ciudadanos, obstaculizando el paso. En el segundo, la manifestación intencionalmente pretende afectar a los otros ciudadanos para llamar la atención sobre sus demandas; la protesta es en sí, un bloqueo malintencionado. Regular esto sin caer en arbitrariedades o cometer errores es complicado, pero necesario. Las autoridades no pueden hacerse de oídos sordos frente a la situación por el miedo a la opinión pública. La misma opinión pública y los manifestantes harían bien en diferenciar una manifestación pacífica, a un bloqueo abusivo en el que ni siquiera se permite el paso de una ambulancia.

Dicho esto, considero que lo importante es mantener un sano balance. Cualquier manifestación política, religiosa o cultural, por pequeña que sea, provocará molestias para alguien. Sin embargo, es necesario tener una actitud de tolerancia frente a lo que sucede porque algún día puede que seamos nosotros los que nos veamos en la necesidad de manifestar. No siempre vamos a estar de acuerdo con las demandas del otro, pero debemos respetar el derecho que tiene de gritarlas a los cuatro vientos.

La discusión sobre las manifestaciones o bloqueos se ha convertido en parte de la eterna guerra política e ideológica que los guatemaltecos libramos en redes sociales y medios de comunicación. Pero así como no se vale justificar ciertos bloqueos sistemáticos y abusivos porque “es la única forma que tienen para ser escuchados”, tampoco se vale criminalizar o ridiculizar cualquier protesta pacífica, por más descabelladas que puedan sonar sus peticiones. El tema de fondo es de respeto y empatía entre ciudadanos que deben comprender que existen diferentes realidades dentro del territorio guatemalteco.

Personalmente espero que algún día, las personas que utilizan medidas de hecho como estrategia desesperada para ser escuchadas, puedan ver sus problemas aliviados. Debemos aprender a resolver nuestros conflictos con inteligencia, dejar de dar largas a los problemas con las famosas “mesas de diálogo” que rara vez llegan a algún lado y prestar un poco de atención a lo que las personas nos están diciendo. Aún en la demanda más disparatada se puede encontrar una necesidad muy real que tiene años de esperar una respuesta de alguien.

Una de las soluciones de las municipalidades al tráfico han sido los pasos a desnivel, pero ¿son estos la mejor solución?

Los pasos a desnivel se crean para facilitar el flujo de vehículos en intersecciones importantes que podrían hacer más lento el tránsito de alguna zona. Para la mejor distribución de vehículos parecen ser la solución, pero en la ciudad de Guatemala han tomado un papel protagónico en la lucha del colapso de las vías principales a horas pico.

El problema del tránsito se relaciona con la centralización de comercio que existe en la ciudad de Guatemala, la forma en cómo esta creció horizontalmente y la falta de servicios y estructura vial para llegar a este foco de comercio de manera eficiente. Según el Instituto Nacional de Estadística, se estima que en la ciudad viven alrededor de 1.2 millones personas e ingresan diariamente dos millones más, provenientes de municipios y departamentos cercanos. En base a esto, la municipalidad calcula que circulan todos los días 645 mil vehículos, de los cuales, 350 mil son de personas que viven en la capital.

Como respuesta, las municipalidades han construido pasos a desnivel con la idea de que esto aminorará la carga vehicular. Sin embargo, ejemplos actuales como el paso a desnivel “Madre Teresa de Calcuta” demuestra que reducen el tráfico en cierta área, pero lo movilizan a la siguiente intersección. Otro ejemplo podrían ser los pasos a desnivel en carretera a El Salvador, que si bien ayudaron a hacer fluir mejor el tránsito en un inicio, no solucionaron la salida y entrada del municipio, pues cada vez hay más proyectos de vivienda y más carga vehicular.

El funcionamiento del viaducto Santa Madre Teresa de Calcuta, en zona 16, derrumba las expectativas de los vecinos ► https://t.co/aBZbu70inA pic.twitter.com/R7vJMUXCPE

— Prensa Libre (@prensa_libre) 12 de octubre de 2016

El precio de estos pasos a desnivel depende de la dimensión de la obra, pero en promedio una construcción de este tipo le costará a la municipalidad entre Q9 a Q13 millones, los cuales son financiados por empresas y comercios del sector. Esta misma inversión podría invertirse en otros proyectos, como ampliar el servicio del Transmetro a municipios aledaños (en su plan original, el Transmetro llegaba hasta Mixco) o bien continuar con circuitos de ciclovías en otros sectores de la ciudad.

Y con esta reflexión, no se pretende privar al guatemalteco que desea manejar su automóvil todos los días, sino brindar más opciones de movilización para quienes están dispuestos a dejar el volante. Esto descongestionaría las vías principales y permitiría utilizar el tiempo del tráfico en algo mucho más productivo.

El uso del automóvil, para quienes poseen uno, es algo incuestionable, incluso si la distancia a moverse es corta. Claro que esto tiene relación con la inseguridad de nuestras calles y transporte público, pero el Transmetro ha logrado incorporar a sus líneas a muchas personas que nunca antes habían utilizado un bus, gracias al buen servicio que brinda. Esto puede replicarse si la voluntad de los gobernantes e incluso de la misma ciudadanía, se encamina a este estilo de transporte. Un mejor servicio implica una fuerte inversión y pagar más que Q1 para hacerlo sostenible.

Neto Bran, alcalde de Mixco, está actualmente trabajando en el “Express Roosvelt”, que si bien es un proyecto piloto para la movilización de personas del municipio a El Trébol, podría demostrar resultados satisfactorios y ser replicado en otros lugares como Fraijanes o Villa Nueva. Implementar una red de transporte que permita salir a los guatemaltecos de los municipios donde viven para conectar a una central o paradas estratégicas, haría una gran diferencia. Pero una iniciativa aislada no tendrá resultados significativos; se necesita un plan de trabajo que coordine a varias municipalidades.

#Mixco Así será el recorrido del Express Roosevelt, según Neto Bran https://t.co/on03ApRbwl pic.twitter.com/iLqwttUsOb

— Soy 502 (@soy_502) 12 de octubre de 2016

Se discuten otras iniciativas como el cambio de horario en establecimientos académicos o regular el uso de los automóviles por el número de placa; pero estas propuestas podrían no tener un impacto a largo plazo. Mientras se deje de invertir en transporte seguro, espacio para peatones o para transporte alternativo, más carros se seguirán incorporando a la red vehicular de Guatemala. La única forma de detener que el tráfico año con año sea peor, es aminorando la cantidad de automóviles que transitan en la ciudad y brindando más espacios de movilización sostenible.

Referencias:

http://lahora.gt/quienes-construyen-los-pasos-desnivel/

http://contrapoder.com.gt/2015/08/20/tiene-solucion-el-trafico-en-la-ciu...

La exigencia de un referéndum constitucional ha sido considerada por la oposición del Gobierno venezolano, como un medio que posibilitaría aliviar la grave crisis existente e incluso revertirla.

El jueves 1 de septiembre de 2016 la oposición política al gobierno de Venezuela recorrió las calles de Caracas en una contundente protesta a las actuaciones del gobierno y demás instituciones del Estado. La grave situación política[1], social[2], económica[3] e institucional[4] que padece el país en todos los ámbitos, motivó a que sectores políticos objetaran sobre la persecución política, la carencia de los bienes y servicios, la falta de comida y medicina, la inseguridad, la ausencia de separación de poderes y el irrespeto a los derechos humanos.

La protesta pacífica fue bautizada como “TOMA DE CARACAS”; participaron más de medio millón de personas según estimaciones. Políticamente, la protesta tuvo por finalidad la exigencia de una convocatoria inmediata al referéndum revocatorio basándose en la previsión constitucional (art. 72) que permite revocar al Presidente de la República luego de transcurrido la mitad de su período constitucional[5]. No es una exigencia que se traduce en un golpe de estado, sino en una revocatoria de mandato prevista constitucionalmente, en una de las novedades del texto de 1999.

El referéndum solo podrá materializarse si se agilizan los procesos constitucionales y si no se obstaculizan los mismos. La “TOMA DE CARACAS”, devino en un rechazo manifiesto y multitudinario a toda la estructura del Estado cuyas actuaciones se alejan cada vez más de los principios y valores constitucionales; al punto incluso de boicotear el cumplimiento de la Constitución, haciendo más difícil el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. La exigencia de un referéndum constitucional ha sido considerada por la oposición política como un medio que posibilitaría aliviar la grave crisis existente e incluso revertirla, pues permitiría un cambio en la dirección de los asuntos de gobierno.

Fuente: Theworld Today

Sin embargo, la negativa a la realización del referéndum revocatorio por parte del gobierno de Maduro[6] ha sido manifiesta, lo cual ha agudizado la crisis, pese a que han sido los actores y protagonistas del mismo gobierno los que más han defendido una supuesta democracia «participativa» y «protagónica».

La ruptura con las normas constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos, el retiro de Venezuela del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el incumplimiento de las previsiones de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos entre otros textos, ha aislado al país de los principios y estándares internacionales en materia de democracia, de Estado de Derecho, y de derechos humanos, los cuales están previstos también en el ordenamiento jurídico nacional. De hecho, recientemente se ha discutido su condición de miembro en el Mercado Común del Sur (Mercosur), dado su constante incumplimiento al «Protocolo de Ushuaia Sobre Compromiso Democrático»[7].

El incumplimiento de los tratados, pactos o protocolos internacionales obligó recientemente a que la Organización de Estados Americanos (OEA) por medio de su Secretario General, sometiera al conocimiento de todos los estados miembros, conforme al artículo 20 de la Carta, «una apreciación colectiva de la situación en Venezuela» y eventualmente la posibilidad de que el Consejo Permanente de la OEA adoptara las decisiones que estimara convenientes. El informe en cuestión[8] presentado en junio de 2016, planteaba cómo en el país suramericano está en presencia de una situación atípica, evidenciada en el esfuerzo constante por parte de los poderes ejecutivo y judicial para desconocer e incluso invalidar el funcionamiento normal de la Asamblea Nacional. Esto a través de "intervenciones inconstitucionales en contra de la legislatura, con la complicidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia"[9].

La ruptura con los principios de la Carta Democrática Interamericana denunciada por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos e incluso reiteradamente por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA)[10], constituida por 36 ex Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, volvía a plantear un viejo problema bastante ignorado en la Declaración de Quebec de 2001: «Las amenazas contra la democracia, hoy en día, asumen variadas formas». Con ello, lo que se quería plantear es el hecho de que las violaciones a la Constitución y al orden democrático no son las mismas que en el pasado; aspecto que obliga a no olvidar que muchos actos del pasado son «heridas que todavía están abiertas, y que poco a poco vamos empezando a cicatrizar con memoria, verdad y justicia, y no repetición»[11]. Por ello, cada vez adquiere más importancia en la región, el énfasis de que el único camino para impedir errores del pasado es elevar la conciencia y responsabilidad internacional sobre lo que «debemos hacer como miembros de las comunidades políticas».

De hecho, es menester recordar que la fragilidad institucional en América Latina y su subdesarrollo hacen que subsistan problemas políticos, sociales y económicos «que pueden amenazar la estabilidad de los gobiernos democráticos»[12], por lo que si bien hoy es Venezuela, mañana podrá ser el resto de la región, si el precedente de violaciones constantes al orden constitucional quedan impunes con la complacencia internacional. Por ello, el Secretario General de la OEA, planteaba citando a Desmond Tutu que «si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor».

Referencias:

[1]http://www.rtve.es/noticias/20160531/claves-crisis-politica-venezuela/13...

[2] http://observatoriodeviolencia.org.ve/chavismo-desangra-a-venezuela-impu...

[3] http://economia.elpais.com/economia/2016/04/27/actualidad/1461768650_309...

[4] http://www.oas.org/documents/spa/press/OSG-243.es.pdf

[5] Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores que eligieron al funcionario hubieren votado a favor de la revocatoria, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley.

[6] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36509595

[7] http://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/CompilationDemocracy/Pages/MERC...

[8] http://www.oas.org/documents/spa/press/OSG-243.es.pdf

[9] http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-01...

[10] Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), Documentos para el diálogo en Venezuela, Fundación Editorial Jurídica Venezolana Internacional, Caracas-New York, 2016.

[11] http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-01...

[12] http://www.oas.org/juridico/spanish/res-1080.htm

Los análisis técnicos se los dejo a los técnicos, esto es un desahogo ciudadano sobre la reforma fiscal.

Ya sea porque los quieren subir, se los roban o no los pagan como debieran, pareciera que todo el tiempo estamos hablando de impuestos. Sin duda, el tema provoca reacciones diversas, algunos los alaban, otros los repudian, pero al final, y usando palabras del profesor Richard Murphy (director de Tax Research en el Reino Unido[1]), los impuestos no son más que una herramienta económica. No debemos sacar de proporción su importancia.

Según el profesor Murphy, al hablar de impuestos, como hacemos al referirnos a cualquier otra herramienta, debemos preguntarnos: ¿está siendo utilizada para hacer el trabajo correcto, en la forma y en el momento correcto? La respuesta a esta pregunta debiera ser el centro de la discusión. Si la respuesta es un rotundo no, ¿Acaso no tenemos derecho los ciudadanos de oponernos a un aumento de impuestos?

El problema es que la discusión sobre los impuestos pareciera ser siempre unilateral. El ciudadano que responsablemente paga sus impuestos, está bajo constante asedio con argumentos como: no se paga lo suficiente, usted es poco solidario y por su culpa (clase media privilegiada) existe la pobreza en este país. Pero casi nunca se habla del tipo de país que se está construyendo con los impuestos de ese ciudadano. Las propuestas son usualmente reformas tributarias a medias. Casi nunca están diseñadas para facilitar el pago de los impuestos y tampoco incluyen planteamientos concretos para combatir la evasión fiscal, mejorar la calidad del gasto y el destino de los fondos.

Y es que si la discusión del por qué pagar impuestos es moral, la discusión de por qué no pagar más impuestos también lo es. Su implementación tendrá irremediablemente un efecto sobre la calidad de vida de las personas que los pagan. ¿Es correcto pedirle a la gente que deposite más dinero si no podemos asegurar que efectivamente servirá para reducir las abrumadoras brechas sociales? ¿Se piensa en algún momento cómo impactará la reforma la economía de las personas de a pie, su capacidad de ahorro y por lo tanto sus planes a futuro? ¿Es correcto hacer una reforma tributaria y afectar a muchas personas para mejorar la capacidad de endeudamiento del país?

La actitud casi predatoria de quiénes recetan más impuestos es bastante intransigente. Están todo el tiempo buscando esquinas para recortar los ingresos de los ciudadanos y pareciera que nunca piensan en cómo hacer crecer el número de contribuyentes o de empresas que pagan impuestos. Hablemos seriamente de buscar una política económica integral. Dejemos de engañarnos, no vamos a tener el desarrollo y la política social de los países nórdicos con el crecimiento económico de Guatemala.

Hemos estado dando la respuesta equivocada a la pregunta correcta: ¿Cómo alcanzamos el desarrollo? La respuesta no puede ser simplemente: busquemos más y mejores formas de cobrarles impuestos a los de siempre. En algún momento tenemos que pensar en el crecimiento económico, preocuparnos por generar suficiente empleo formal y robustecer a la clase media, no debilitarla más. Seguir postergando esta tarea solo generará más pobreza. Podríamos llegar a tener una carga fiscal del 12, 15 o 20% del PIB y seguir sin tener una idea clara de cómo invertir bien ese dinero. Aumentar la carga fiscal, solo por cumplir con un estándar internacional, no puede ser un objetivo.

Que quede claro que no me opongo a una política social fuerte y a la necesidad de contar con instituciones públicas bien financiadas, especialmente en un país como Guatemala. Pero quiero algún tipo de certeza respecto al destino del dinero, y que alguien me diga qué estamos haciendo como país para mejorar sustancialmente el crecimiento económico mediocre que tenemos desde hace más de 30 años. Quiero alguna dirección, algún mensaje de buena fe. No espero grandes cambios de este gobierno, soy realista, lo que espero son buenos mensajes.

Cierro con una reflexión para nuestros diputados: grupos organizados de izquierdas y derechas se han expresado en contra del actual paquetazo tributario, muchos ciudadanos también nos estamos expresando en contra. Si los diputados lo aprueban sin chistar y no se comienza una discusión seria que permita generar una propuesta más integral ¿A quién representan realmente los diputados?

Referencias:

[1] Murphy, R. The morality of taxation, or David Cameron got this one wrong.

Cuando el poder ha despojado al ciudadano de sus libertades, ha pisoteado su dignidad y le ha forzado a llegar a extremos infrahumanos por la carencia de todo, los ciudadanos se levantan.

Es posible que cuando salgan estas letras a la luz pública, Nicolás Maduro ya no sea el dictador de Venezuela. Podría haber renunciado y huido al exilio a Cuba, Irán o Corea del Norte. Es también posible que le hayan dado un golpe de Estado y que le pongan en la cárcel para luego ser juzgado por los crímenes que ha cometido. O incluso, es posible que se dé un levantamiento popular, una revolución o incluso una guerra civil, en la que Maduro pierde o pierde.

No estoy pronosticando, auspiciando, anunciando, ni siendo ave de “buen o mal agüero". Simplemente estoy siendo consecuente con la historia. Así es, a través de la historia de la humanidad, cuando el poder político y militar ha despojado al ciudadano de sus libertades, ha pisoteado su dignidad y le ha forzado a llegar a extremos infrahumanos por la carencia de todo, los ciudadanos se levantan, el poder militar se divide y el poder del pueblo se hace sentir.

Cuando se han violentado todos los derechos naturales y legales del ciudadano se cumple aquel refrán que dice que “no hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo aguante”. Una y otra vez, las naciones se han sublevado, han reivindicado su dignidad y rescatado su libertad. Es cuestión de tiempo; y a Venezuela le llegó.

“-Solo el pueblo salva al pueblo- y esto, en la Venezuela de hoy, es mas verdad que nunca.”

Hoy en el mundo hay más naciones libres y democráticas que nunca en la historia. Y la tendencia es esa. Quedan algunos pueblos que viven bajo la bota de la tiranía, el crimen y la locura. Pero cada día esto es más absurdo e insostenible. Y después de 17 años del secuestro de la democracia en Venezuela, esto es evidente.

La historia reciente de Venezuela tendrá varios capítulos que serán la vergüenza del mundo occidental y una ofensa a los verdaderos valores democráticos. Se puede entender que un pueblo se equivoque, incluso varias veces; especialmente, cuando en una nación con altos niveles de pobreza, corrupción e incompetencia, como era la Venezuela antes del “chavismo”, aparece un gritón populista, de estos que mienten y ofrecen lo que saben que no cumplirán, y engañan al pueblo para llegar al poder.

Una vez en el poder, asfixian y capturan las instituciones y convierten al pueblo en prisionero, lo ponen de rodillas, lo humillan, lo reprimen y lo llevan a extremos como los que hoy vive Venezuela.

Lo que no se puede entender es la hipocresía, el silencio y la cobardía de las naciones del mundo occidental o la complicidad de organizaciones como la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que hasta ahora, tímidamente, empieza a reaccionar; y así, tantas otras que han dejado solo y a la deriva al pueblo venezolano. En un mundo ideal, debiéramos estar viendo un levantamiento internacional de naciones protestando por la profunda y grave crisis a la que Maduro ha llevado a Venezuela (el país rico más pobre del mundo), exigiendo una salida pacífica y democrática.

Los pronósticos hoy indican que el costo en vidas y derramamiento de sangre podría ser muy alto si se deja solo al pueblo venezolano. Un pueblo que, a pesar de la soledad, triunfará y rescatará su democracia y su libertad. Pero las vidas perdidas y la sangre derramada pesarán sobre las naciones que callaron.

Es cierto que en el mundo hay voces que se escuchan para protestar contra Maduro y su organización criminal pero son aisladas y escasas. La evidencia y la historia no perdonarán el silencio y la complicidad. Estamos a tiempo de que se escuche la voz de todos los que queremos libertad y democracia para Venezuela. Es posible que cuando salgan estas letras a la luz pública, no se haya dado el gran cambio en Venezuela, pero de que está cerca, no tengo duda alguna.

La libertad de expresión es un derecho incómodo para un gobierno corrupto y por lo tanto, es uno que debemos proteger en todo momento.

Con los casos de corrupción que están dirimiéndose en los tribunales, hay muchas discusiones en el ambiente sobre algunos derechos fundamentales, principalmente la presunción de inocencia y la libertad de expresión. Discutir sobre la importancia o pertinencia de estos derechos es una perogrullada en una sociedad occidental, como la guatemalteca, en donde la mayoría de las personas acepta y vive bajo ciertos valores considerados universales. Sin embargo, al parecer existen algunas confusiones sobre cuáles son los límites que tienen estos derechos porque, guste o no, ningún derecho es absoluto.

El tema de los límites a la libertad de expresión ha sido esgrimido por algunos de los acusados y sus allegados, como una forma de intentar que la prensa reduzca su cobertura de los detalles y nombres que salen a luz en las audiencias públicas y las conferencias de prensa del Ministerio Público por los casos de corrupción que están saliendo a luz desde el 2015. Si en algo tienen razón los acusados, es que la libertad de expresión tiene límites y estos límites están establecidos en la Constitución Política de la República, en la Ley de Emisión del Pensamiento (Decreto número 9), en el Código Penal y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El elemento más importante que comparte la legislación sobre el tema, es que el ejercicio del derecho a la expresión no puede estar sujeto a censuras previas sino a responsabilidades ulteriores. En el caso de Guatemala, cualquier persona que, haciendo uso de su derecho a expresarse, falte el respeto a la vida privada o a la moral, será sancionada de acuerdo a lo expresado en la ley y los agraviados tendrán el derecho a publicaciones de sus defensas o rectificaciones.

Dicho esto, debemos tener cuidado al momento de pedirle a la prensa que se censure o, peor aún, sugerir la creación de instituciones de control y monitoreo de medios de comunicación. La libertad de expresión es un derecho incómodo para un gobierno corrupto y por lo tanto, es uno que debemos proteger en todo momento, afrontando de forma responsable las consecuencias. Países como Guatemala pecan de exceso de legislación respecto a la libertad de expresión; además, es y ha sido peligroso ejercer el periodismo en el país, por lo que no es conveniente limitarla aún más.

En países como Estados Unidos el funcionario está totalmente expuesto a la crítica, tanto en lo privado como en lo público. Es la idea abstracta de mercado la que rige el actuar de los medios, a través del principio que afirma que el público preferirá aquellos medios que le proporcionan información más certera y descartará los que mienten o son inexactos. Un sistema que está lejos de ser perfecto pero que pareciera funcionar relativamente bien en el país del norte.

La legislación guatemalteca procura la construcción de un periodismo responsable y profesional estableciendo la idea de que existen consecuencias detrás de todo lo que se dice. Con esto, las fuentes de financiamiento o las características de los propietarios de los medios deberían ser irrelevantes, pues existe un acuerdo social asentado en la responsabilidad de las acciones. Para hacerlo, es necesario un sistema de justicia que pueda resolver de forma expedita y transparente los casos que conozca y esto, inevitablemente nos recuerda la importancia de fortalecer a todos los elementos de la cadena de justicia.

La libertad de expresión es pieza clave del sistema democrático y un valor fundamental de la vida en sociedad. Que la conveniencia del momento no se lleve nuestro deseo de defender siempre y a toda costa los derechos humanos más elementales.

El éxito de América Latina pasa por la reivindicación del ser humano y la redención de la política. Debemos rescatar el presente y asegurar el futuro.

Através de la historia de la humanidad, dos elementos lograron desarrollar naciones exitosas. El primero es un código individual de valores, que al ser compartido por un número suficiente de ciudadanos tiene un efecto multiplicador que hace la diferencia. El segundo elemento es la forma en que se gobiernan. La política, quienes participan en ella y los valores con que la ejercen, define la clase de sociedad que construyen.

El discurso que escuchamos en América Latina sostiene que con crecimiento económico alcanzaremos el desarrollo; no es tan sencillo. El mundo de hoy sufre un peligroso proceso de desvalorización y el ser humano está exteriorizando una serie de síntomas que, al proyectarlos en el tiempo y al analizar sus tendencias, hace evidente que, si no cambiamos la forma y el fondo en muchas de las cosas que hacemos hoy, llegaremos a situaciones muy negativas para la raza humana.

Hay descontento y desencuentro con la política y la democracia. Algunos países crecen económicamente bien unos años pero no tienen el fundamento institucional, ni la cultura para navegar en las crisis. Por eso los bandazos y la inestabilidad.

En lo que respecta al ser humano, la depresión se está convirtiendo en la epidemia del Siglo XXI. Hoy se suicida una persona – de 20 que lo intentan – cada 40 segundos y se estima que en el en el 2020 habrá un suicidio cada 20 segundos. Esta es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en el mundo. Los trastornos alimenticos y las enfermedades que estos provocan están desbordados, el consumo de drogas sigue aumentando. El estrés, crisis de identidad, inestabilidad laboral, ausencia de liderazgo y pérdida de respeto a la autoridad son fenómenos crecientes en las nuevas generaciones como lo es también el creciente descrédito a los valores e instituciones tradicionales. Y por si esto fuera poco, el sistema educativo del planeta está atrasado 10 años en el mundo desarrollado y 20 en el subdesarrollado. No formamos técnicos y profesionales para las demandas del mundo de hoy.

Esta realidad humana está provocando devastadores efectos en nuestras sociedades, a los cuales se suman otros problemas, como la incapacidad del mundo para generar suficientes oportunidades de trabajo a los jóvenes que llegan al mercado laboral cada año; o la reducción de las clases medias y medias altas que se están viendo afectadas y minimizadas por la situación económica del mundo.

Este complejo crucigrama está aumentando de forma desproporcionada la desigualdad y la conflictividad social. Y encima, los políticos y las elites económicas y académicas, no son parte de la solución. Los primeros son parte fundamental del problema, y los otros, con escasas excepciones, testigos pasivos y aislados, si no cómplices, de una realidad que se puede tornar explosiva en muchos países.

La corrupción de los políticos, la falta de una plataforma institucional de partidos políticos con cuadros técnicos y dirigentes honestos y capaces, la indiferencia de las élites y la poca participación ciudadana tienen a América Latina en riesgo de peligrosos retrocesos.

Nuestra región necesita menos partidos y más ciudadanos activos y comprometidos, exigentes con sus derechos e intolerantes con la corrupción y la incompetencia. Conscientes de que el buen gobierno y el éxito de las naciones pasan por los partidos políticos y que solo desde sus entrañas, se pueden construir los proyectos de Estado que América Latina necesita.

Para generar esta cultura, primero hay que reivindicar al ser humano. Abrir los espacios para que recupere la claridad y las herramientas que le devuelvan la fuerza innata y la confianza para rescatar su presente y asegurar su futuro.